Por Diego Carmona y Enzo Fiorentino

“Chile despertó”, decía la consigna que resonaba por las calles, se incluía en canciones y se rayaba en las paredes de Santiago y las principales ciudades del país a partir del 18-O. Miles; cientos de miles; millones de personas salían a las calles, gritaban, golpeaban cacerolas, enarbolaban banderas, marchaban y/o se manifestaban como podían por las causas que los movilizaban. La mayoría de forma pacífica, muchos otros con violencia y destrucción. Por sus frustraciones y sus necesidades insatisfechas, por las injusticias del sistema, las inequidades, las brechas de género y socioeconómicas, por el medioambiente, por la salud, por la educación, por el costo de la vida, por las carencias, por lo insuficiente, por derechos no garantizados y más. Por las fallas estructurales de un modelo que se venían arrastrando desde hacía tres décadas o incluso más tiempo, y que se habían acumulado y agrupado hasta explotar todas juntas y al mismo momento, como una olla de presión.

Lo espontáneo, inorgánico y transversal que fue el estallido también implicó que fuera, sobre todo al comienzo, un cúmulo de demandas sin forma ni dirección, sin unidad ni organización, y sin interlocutores ni líderes identificados ni validados con quienes sentarse a conversar y trabajar vías para darles respuesta y buscar soluciones desde la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019 ya se había alcanzado un acuerdo político para dar curso a un proceso constituyente y cambiar la Constitución vigente desde 1980, nacida en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero eso no calmó las aguas y las protestas y enfrentamientos seguían allá afuera. ¿Cómo se podía abordar políticamente y de forma efectiva algo tan amplio y desordenado si no se podía siquiera saber cuáles eran concretamente esas demandas?

Precisamente para dar respuesta a esa pregunta y tener algo sólido para establecer puntos de partida, fue que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida en ese entonces por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre de ese año una consulta ciudadana amplia para identificar, medir y encausar las diversas inquietudes que motivaban la revuelta social. Si bien no sería un instrumento vinculante, según decía Codina por esos días, pretendía ser un mecanismo para levantar información directamente desde las personas y así hacer que “La Moneda y el Congreso escuchen al pueblo”.

Participaron unos 225 municipios (el 65% de los que hay en el país) que implementaron el instrumento con libertad para adaptarlo a las características que más se adecúen a sus realidades. Había preguntas comunes y otras específicas para cada municipio, y podían participar personas desde los 14 años en adelante. Hubo durante esos días voto electrónico remoto y presencial, y en total fueron más de un millón de personas las que emitieron sus preferencias, entre adolescentes y adultos.

Los resultados mostraron una aplastante tendencia de la ciudadanía a favor de una nueva Constitución, con un 91% de los votos a favor. Como ya se sabía que habría un plebiscito de entrada que definiría si iba o no el proceso constituyente y cómo se haría, también se sondeó aquello: el 71% optó por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto; versus un 28% que prefería una Convención Mixta constitucional constituida en partes iguales por ciudadanos electos, y parlamentarios en ejercicio. El mensaje era claro: Chile necesitaba una nueva Carta Magna y que la hicieran las personas, no los políticos.

También se identificaron las principales prioridades de chilenos y chilenas para encausar el trabajo a realizar, ya sea por la vía constitucional, la política o la administrativa. Un 23,9% priorizó mejorar las pensiones para dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, seguido de un 24% que enfocó sus preferencias en mejorar el sistema de salud pública y su financiamiento. Un 16% se inclinó por un mayor acceso y calidad en la educación pública, mientras que otras preocupaciones importantes incluyeron la reducción de la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, y el acceso a viviendas de calidad, entre otros temas.

A cinco años del estallido, la esperanza de cambios profundos que había tras las masivas movilizaciones se ha diluido, y la percepción ciudadana de haber logrado con todo eso pareciera estar en su nivel más bajo, con la sensación de que hoy Chile está igual o incluso peor que el día antes del 18-O. Una encuesta de Cadem realizada en diciembre de 2019, señalaba que un 74% de los encuestados creía que Chile sería un mejor país después del estallido. Hoy, el 63% cree que ocurrió todo lo contrario y que el país está peor. ¿En qué quedó todo eso que la consulta de la AChM puso sobre la mesa? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no en las principales demandas ciudadanas que motivaron la revuelta?

Puroperiodismo revisó algunas de esas áreas para intentar responder esas preguntas, y lo que sigue es lo que encontramos.

Nueva Constitución: el cambio que no fue ni a la primera, ni a la segunda

«Un triunfo de la ciudadanía y la democracia», declaró el entonces presidente Sebastián Piñera tras el abrumador 78% de apoyo al «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con niveles de participación históricos, Chile elegía dar curso a un proceso constituyente a cargo de un órgano constituido exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas electas para redactar una nueva carta fundamental.

Parecía que la demanda de construir un nuevo pacto político nacido en democracia entraba en tierra derecha para concretarse. No era la primera vez que se intentaba redactar una nueva constitución. Al terminar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional, surgido de un proceso ciudadano amplio, en el que participaron de forma voluntaria y autogestionada más de 200 mil personas en encuentros y cabildos vecinales, provinciales y regionales, además de una consulta dirigida a los pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto entró al Congreso en las postrimerías de su período y luego, tras la llegada de Sebastián Piñera al poder por segunda vez, la decisión de La Moneda fue desestimarlo e impedir que avanzara.

Casi dos años después del estallido, el 4 de julio de 2021, se llevó a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, desarrollada por los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo de ese mismo año. Se configuró una mesa de trabajo con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y con un 64% de constituyentes independientes.

El proceso, eso sí, desde ese primer día, cuando el coro juvenil no pudo cantar el himno porque un grupo de convencionales protestaba, se empezó a desvirtuar de forma acelerada. Le siguió la salida anticipada y obligada de Rodrigo Rojas Vade cuando se supo que jamás tuvo cáncer, convencionales que llegaban disfrazados a las sesiones, otros que votaban desde la ducha, las supuestas versiones de fiestas y desbandes en sus salidas fuera de Santiago, las disputas internas por los grupos mayoritarios que, en vez de intentar consensos, buscaban pasar la aplanadora sobre sus contendores políticos que eran minoría; todo eso afectó la credibilidad y confianza de la ciudadanía en cómo se estaba trabajando en la Convención.

Portada de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Y a todo eso, se sumaba una cobertura mediática que se enfocaba más en las polémicas que en los avances y la fuerte campaña de desinformación que circuló durante todo el proceso por diversas plataformas y redes sociales y que desvió la atención de los temas de fondo. El trabajo culminó en una primera propuesta de nueva Constitución que no convenció a los votantes y que el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida que fue el proceso electoral más multitudinario de la historia democrática de Chile, se fue directo al tacho de basura con un aplastante 62% que eligió rechazar ese texto y volver a fojas cero.

Primer strike.

La contundente derrota del ‘Apruebo’ frente al ‘Rechazo’ fue un duro golpe para el movimiento “octubrista”. La sociedad, con el estallido y una pandemia a cuestas, ya estaba cansada y había comenzado a dar la espalda a las manifestaciones. “Algo que entendió la gente con el estallido, independiente de si se está a favor de la protesta o incluso del uso de la violencia en ciertas circunstancias, es que algunos actos no pueden ser justificados. Un ejemplo claro es la quema del metro”, dice Javiera Arce, politóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica.

Después vino un segundo intento, con el Consejo Constitucional de 2023. Aquí el trabajo partió con la base consensuada de una comisión de expertos, y se esperaba que el aprendizaje de lo ocurrido con la Convención allanara el camino para los acuerdos. Pero no sucedió. Esta vez, el proceso estuvo marcado por el desinterés de la ciudadanía, producto del agote por la intensidad que tuvo la experiencia anterior. La composición fue ahora mayoritariamente de derecha –con fuerte presencia de la ultraderecha–, que, al igual que hizo la izquierda en la Convención, renunció a buscar acuerdos y consensos para tratar de imponer su mayoría circunstancial. Su propuesta de nueva Constitución también fracasó en las urnas, con un 56% de electores que estuvieron en contra de darle curso.

Segundo strike.

Después de este segundo intento fallido, el presidente Gabriel Boric cerró la puerta para ir por una tercera vía constituyente, por lo que no se logró cambiar la Constitución de 1980, que sigue vigente en la actualidad.

Entonces, ¿todo lo relativo al debate constitucional quedó igual que antes del 18-O? En rigor, no, pues sí hubo un cambio importante antes de ese último plebiscito, y se dio en el Congreso: suprimir los quórums supramayoritarios mediante dos nuevas leyes.

La primera surgió del proyecto de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quórums necesarios para reformar la Constitución de 3/5 a 4/7, lo que disminuye la cantidad de votos requeridos para hacer cambios en la carta fundamental (ver ley). Si bien, este proyecto fue presentado con el fin de garantizar la victoria del Rechazo, significó un importante avance para futuras reformas constitucionales, las que antes eran casi imposibles debido al alto quórum.

Luego, a comienzos de 2023, se aprobó otra ley que redujo los quórums requeridos para modificar, esta vez, las leyes orgánicas constitucionales, eliminando el requisito de 4/7 y estableciendo el mínimo a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, igual que para las leyes de quórum calificado. Con ello, se baja la barrera fijada desde la dictadura que imposibilitaba cambios estructurales, aunque para que todo eso sirva de algo deben existir acuerdos que, con la composición actual del Congreso y la dispersión del sistema político, son difíciles de lograr.

Pensiones: La costumbre de discutir una reforma que no avanza, pero ahora está la PGU

En la lista de demandas prioritarias para la ciudadanía que surgieron con la consulta de la AChM en 2019, la que más selecciones tuvo fue “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”, es decir, el tema previsional.

Durante los primeros años post estallido hubo poco cambio en esta materia, salvo por un pequeño gran avance: la Pensión Garantizada Universal (PGU), presentada como proyecto de ley en diciembre de 2021 por el expresidente Piñera, cuando su segundo mandato ya se acercaba a su fin. Se tramitó de forma exprés y fue una de las últimas leyes importantes que alcanzó a promulgar.

Antes de la PGU, más del 50% de los jubilados en Chile recibía menos de $150 mil mensuales. El proyecto del exmandatario garantizaba una pensión mínima de $185 mil al mes, beneficiando al 90% más vulnerable de los pensionados. Posteriormente, en agosto de 2022, el presidente Boric presentó su Proyecto de Reforma de Pensiones, que busca incrementar la cobertura y el monto de la PGU a $250 mil. Además, incluía la creación de un Seguro Social, que contemplaba una cotización adicional gradual del 6%, destinada a un fondo común para mejorar las pensiones actuales, la cual sería cubierta por el empleador y no por el cotizante. Este enfoque busca establecer un sistema mixto que combine ahorro individual con un pilar solidario, garantizando así pensiones más dignas y sostenibles.

Adultos mayores manifestando en protestas posteriores al 18-O.

Es importante recordar que una de las principales promesas de campaña de Boric fue eliminar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existe desde 1981 y reemplazarlo por un modelo mixto que incluya administradoras públicas y privadas. La propuesta actual consiste en reemplazar las AFP y establecer un sistema Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), junto con otro sistema de Inversores de Pensiones Privados (IPP).

A pesar de los avances en el debate legislativo, que incluyen la firma de un protocolo de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la tramitación del proyecto y que el proyecto salga del Senado a comienzos de 2025, persisten desafíos significativos. La discusión se ha centrado en cómo implementar efectivamente el nuevo sistema y resolver dudas sobre aspectos como la heredabilidad de los fondos, el rol de las AFP y el destino de ese 6% extra. Recientemente, se han logrado consensos importantes gracias al trabajo de una Comisión Técnica que ha permitido acotar discrepancias, pero aún quedan incógnitas por resolver.

En ese sentido, los cambios concretos aún son insuficientes y la urgencia por reformar un sistema, que ha sido criticado por su ineficacia para garantizar pensiones adecuadas a la población, sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.

Educación: Nueva prueba para acceder a la educación superior y un proyecto para poner fin al CAE

Uno de los primeros cambios en el ámbito de la educación después del 18-O fue la eliminación definitiva de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU), criticada por ser una prueba altamente segregadora que favorecía a ciertos grupos debido a las brechas económicas existentes en el país. En 2020, se presentó la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT), que comenzó a funcionar en 2022 y, ese mismo año, se transformó en la PAES. Ambas pruebas tenían como objetivo «generar un sistema más equitativo y ofrecer mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria», según decía el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Una de las principales novedades fue la posibilidad de rendirla dos veces en un año.

Sin embargo, el tema más relevante en materia de educación ha sido el anuncio del proyecto que viene a cumplir una de las principales promesas de campaña del actual presidente, y quizás una de las que más ruido ha generado en el último tiempo: el fin al Crédito con Aval del Estado, el CAE.

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El proyecto fue anunciado el pasado lunes 7 de octubre e ingresado dos días después al Congreso, y propone eliminar el CAE como vía para solventar los estudios superiores para reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Uno de los aspectos más importantes de este nuevo mecanismo, y a diferencia del CAE, es que no es un crédito y los bancos no serán parte de la ecuación; será el Estado el que entregue los recursos directamente a las instituciones. En cuanto a la retribución, si la persona percibe menos del salario mínimo, no retribuirá ni se extenderá su deuda y si su ingreso es superior, no retribuirá más de un 8% mensual.

El proyecto contempla un sistema de reorganización y condonación de la deuda, que no será universal, y que se divide en tres: inicial, adicional por pago anticipado y progresiva mensual (más detalles del proyecto, aquí).

No ha habido grandes cambios en los otros niveles educativos.

Salud: Fin al copago en Fonasa y la universalidad de la atención primaria

A partir del 1 de septiembre de 2022, más de cinco millones de personas dejaron de pagar copagos en el sistema público de salud de Chile, gracias a una medida impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Los derechos no tienen que ser un negocio”, señaló el mandatario al anunciar la iniciativa que elimina los cobros adicionales por servicios, tratamientos y medicamentos para los afiliados a Fonasa.

Durante años, el copago ha sido una fuerte carga para miles de familias que, aunque accedían a servicios de salud pública, debían cubrir un porcentaje de los costos. Esta política había sido duramente criticada por sectores que denunciaban la exclusión de personas que, aun con Fonasa, no podían permitirse ciertos tratamientos médicos debido a los pagos adicionales.

Médicos manifestándose por mejoras en el área de la salud durante el estallido social.

Con la eliminación de estos cobros, se busca garantizar un acceso más equitativo y universal a la salud. La medida no solo responde a una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema público frente al aumento en la demanda que podría generar.

También se cuenta entre los avances la implementación del programa APSUniversal, que busca la universalización de la atención primaria de salud, ampliando su cobertura a personas afiliadas a Isapres o funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Este programa ha logrado expandir su cobertura de 7 a 21 comunas en todo el país, beneficiando a más de 49.000 personas con acceso equitativo a servicios de salud. Además, se ha priorizado la atención en salud mental, con más de 5,4 millones de atenciones registradas hasta marzo de 2024, incluyendo un apoyo significativo a través de la línea de prevención del suicidio.

Sin embargo, hoy, a cinco años del estallido, el sistema público de salud aún enfrenta varios de sus problemas estructurales, como largas listas de espera y críticas sobre la calidad y accesibilidad de las prestaciones.

De la ilusión a la decepción

Desde aquella agitada época de octubre, que rompió los paradigmas de la sociedad y la política chilena, muchas son las interrogantes que se han planteado al respecto para entender estas incongruencias de la población. ¿Cómo fue posible que una moción que contaba con 91,1% de apoyo terminara con un doble fracaso constitucional? ¿Que la esperanza de cambios en apenas cinco años se diluyera hasta casi haber olvidado lo sucedido con una narrativa que hoy pone la violencia y los destrozos ocurridos –que sí, existieron– como un manto que cubre la ilusión de una ciudadanía que salió en masa a manifestarse para mejorar su calidad de vida?

“Pasa que en lugar de priorizar el contenido y el fondo de las propuestas, muchas veces se dio más importancia a la performatividad y a gestos simbólicos. Esto alejó a las personas, ya que la falta de claridad y seriedad en algunos momentos generó desconfianza”, señala Javiera Arce.

Sin embargo, también hay que considerar que hubo una fuerte campaña del terror a través de desinformación en torno a la lucha política. “La fuerte campaña en contra, especialmente desde sectores de la derecha, aprovechó estas debilidades. A través de noticias falsas o tergiversaciones, se difundieron ideas alarmantes, como que se iban a expropiar propiedades para privilegiar ciertos grupos, como los mapuches”, cerró.

A dos años del plebiscito de 2022, solo un 19% de la población considera que se debería realizar un nuevo proceso constituyente. Existe una clara sensación de arrepentimiento social respecto al octubrismo. Como se mencionó antes, si un 74% de la población creía que Chile sería un mejor país después del Estallido, hoy un 63% cree que quedó peor.

Por Nicolás Espejo y Sofía Martínez

La pregunta se hizo a todo Chile el 25 de octubre de 2020, hace ya dos años y medio. Fue después de un estallido social y de los primeros meses de una pandemia que tenía al planeta entero encerrado y enmascarillado. La opción que ganó fue el “Apruebo” a la creación de una nueva Constitución, con el 78,31% de las preferencias en urna. Después vino la Convención Constitucional y un proceso constituyente colmado de polémicas, críticas y cuestionamientos –tanto de fondo como de forma–, el cual derivó en un borrador que se sometió a un plebiscito obligatorio y, en la elección más multitudinaria en la historia del país, fue rechazado por seis de cada 10 votantes; 7,9 millones de personas. Eso ocurrió el 4 de septiembre de 2022.

Y, entonces, todo quedó en nada, salvo por dos cosas: el acuerdo político transversal de que la Constitución vigente desde 1980 ya estaba “muerta”, y que Chile tendría otra oportunidad para cambiarla por una nueva.

A los pocos meses ya había en el Congreso un acuerdo para un segundo proceso constitucional, con nuevos mecanismos, reglas y actores. Y ya todo está en marcha: los y las parlamentarias seleccionaron a las 24 personas que pasaron a integrar la Comisión Experta, y ésta ya comenzó hace un par de meses su trabajo para redactar el anteproyecto de una nueva Carta Magna. Lo que viene, es lo que parte este domingo 7 de mayo, con la elección de quienes conformarán el Consejo Constitucional.

Exactamente un mes antes de los comicios, los televisores comenzaron a emitir la franja electoral para dar a conocer a las 352 personas que hoy compiten por ocupar los 50 puestos de la instancia que discutirá, dará forma y aprobará la propuesta constitucional. ¿Ya sabes quiénes son los y las candidatas que postulan a representarte en tu región? ¿Cómo se distribuyen según partidos o filiación política? ¿Sabes cómo operará el principio de paridad en estas elecciones y por qué no habrá tantos independientes en las papeletas como en 2021? ¿Recuerdas cuáles son los límites ya establecidos para la discusión constituyente? ¿Y sabes si eres o no vocal de mesa, o incluso si estás o no habilitado para votar?

Como el sufragio de este domingo es obligatorio, informarse es esencial. Es por esto que Puroperiodismo preparó esta breve Guía Constitucional con un completo catálogo con información de todas las candidaturas que estarán en las papeletas de cada local de votación del país, además de otros datos útiles para votar de forma responsable en esta segunda oportunidad para elegir a quienes redactarán la que –quizás, ahora sí que sí– llegue a ser la nueva Constitución para Chile.

Catálogo de candidatos/as

La lista definitiva de candidatos y candidatas para conformar el Consejo Constitucional fue publicada por el Servicio Electoral (Servel) a mediados de febrero. Allí aparecen 352 nombres repartidos en cinco listas para competir en las 16 circunscripciones senatoriales, pues hay que recordar que, a diferencia del proceso anterior en que el sistema electoral empleado se basó en el de la Cámara de Diputados, en esta ocasión el mecanismo es el del Senado. De ahí que sean 50 los asientos por llenar, y no 155.

Ese es uno de los factores que hicieron que la lista total de candidaturas fuera mucho menor que la vez anterior. Otro factor que incidió fue que, en esta ocasión, los independientes no podrían armar listas, generando una barrera para quienes quisieran postularse por fuera del sistema de partidos políticos. De hecho, sólo tres personas van como independientes fuera de lista: Jorge Sepúlveda, un ex militante del disuelto Partido Conservador Cristiano (PCC) que en 2021 intentó ser diputado y que ahora se postula como consejero por La Araucanía; Liset Quilodrán, quien se autodefine como “candidata regionalista”, también proviene del mundo cristiano y va por Aysén; y Claudio Barrientos, comunicador social y exasesor de Carlos Bianchi que busca representar a la Región de Magallanes.

No son, en todo caso, los únicos independientes, pues hay otras 69 candidaturas sin filiación directa a un partido político, aunque inscritas ante el Servel bajo sus listas y con su apoyo. Renovación Nacional (RN) y el Partido por la Democracia (PPD) son los conglomerados que más independientes llevan asociados, con una docena cada uno. Es por esa vía que el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el empresario Juan Sutil, va como carta de RN para la Región de O’Higgins; y bajo esa misma figura es que el vocalista de Sexual Democracia, Miguel Barriga, es candidato en Los Ríos por el PPD.

Otros personajes conocidos que van como independientes, aunque amparados por partidos políticos, son el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, y el ex alcalde de Santiago en los años de la Concertación y ministro de Defensa durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet, ambos por cupos de Evópoli. El ex rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, va como independiente por el Partido Socialista (PS).

En la lista también aparecen varias viejas figuras de la política, de derecha y de izquierda, como el ex senador Andrés Zaldívar, quien a sus 87 años va de nuevo a una elección como carta de la Democracia Cristiana (DC). Lo mismo que la ex senadora Carmen Frei y el ex diputado Andrés Palma. El PPD lleva al ex ministro Sergio Bitar y los ex diputados Marco Antonio Núñez y Guillermo Ceroni; y el PS convocó a dos ex diputados (Ricardo Núñez y Marcelo Schilling) y un ex alcalde (Sadi Melo). En la derecha, la UDI va a la competencia con los ex diputados Edmundo Eluchans, Jorge Ulloa y Carlos Recondo, y el último ministro del Interior que tuvo Piñera, Rodrigo Delgado; por Evópoli va su presidenta, la ex ministra de Transportes, Gloria Hutt; y por RN, quien fuera diputado por 16 años consecutivos, Germán Becker.

En todo caso, los partidos que más candidaturas llevan a nivel nacional son algunos de los más nuevos, aquellos que no hicieron ninguna alianza electoral y tienen lista propia: el Partido Republicano (PREP), con 71 candidatos y candidatas es el que más personas de sus filas tendrá en las papeletas del domingo; y le sigue el Partido de la Gente (PDG), que acabó con 62 postulantes en carrera, luego de tener que bajar a sus seis cartas para la Región de Valparaíso por errores en la documentación entregada al Servel.

¿No sabes todavía por quién votar? No eres el único o la única. Para fines de marzo, la encuesta Cadem arrojó que el 88% de las personas consultadas no sabían siquiera quiénes eran los candidatos que tendrían en la papeleta y que el 70% estaba poco o nada interesado en el nuevo proceso constituyente. El desinterés y la desafección han sido la tónica tras el triunfo del Rechazo en septiembre del año pasado y, de acuerdo con una nota del El Desconcierto, hasta hace muy poco era algo que todas las encuestas estaban evidenciando.

El problema es que, además, existe poca información sobre los futuros consejeros constitucionales. Es quizás una de las elecciones en las que menos propaganda se ha visto en las calles e incluso en Internet hay pocas fuentes donde informarse sobre las candidaturas y sus respectivas posturas y propuestas. Es por esto que Puroperiodismo consolidó en una base de datos a cada uno de los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional, buscó sus redes sociales, sitios web u otros enlaces con información útil para conocerlos, y elaboró una ficha individual para presentarlos en el siguiente catálogo interactivo a la ciudadanía.

A continuación, puedes revisar tu región y conocer a las personas que se postulan para representarte en la nueva instancia constituyente, revisar sus sitios web o perfiles de redes sociales y así entender quiénes son y cuáles son los puntos clave de sus candidaturas. Recomendamos ver todos los perfiles y visitar todas las plataformas de tu región para aprender más sobre sus ideas y propuestas, y así poder votar con más información sobre la mesa.

¿Cómo operarán la paridad y los escaños reservados en este proceso?

Uno de los principios que se instalaron con fuerza durante el proceso constituyente pasado fue el de paridad de género como una base para fomentar la participación equitativa de hombres y mujeres en la política. De ahí que en esta nueva aventura constituyente sea un concepto que lo atraviesa en todas sus partes, lo que quedó establecido en la reforma constitucional que le dio forma:

1. La Comisión Experta está compuesta de forma paritaria: 12 elegidos/as por la Cámara de Diputados y Diputadas, y 12 por el Senado; 12 mujeres y 12 hombres, en total.
2. Las postulaciones de candidaturas ante el Servel por parte de partidos y listas electorales fueron paritarias, con nóminas ordenadas según precedencia y alternadas por género, siempre comenzando por una mujer.
3. Las elecciones del Consejo Constitucional se rigen por dos reglas de reparto de escaños: el método D’Hont –en que se vota por listas y no por candidaturas individuales– y la paridad de género. Ambas normas se aplicarán de forma paralela para que, tras implementar un proceso de corrección, la instancia quede compuesta por 25 hombres y 25 mujeres.

A comienzos de mayo, el Servel puso a disposición un documento que explica de forma clara y paso a paso cómo se elegirá este domingo el Consejo Constitucional, de acuerdo con estos principios:

Tras la primera revisión de las candidaturas inscritas, el Servel rechazó tres postulaciones individuales por inconsistencias en la documentación presentada, lo que generó un desequilibrio en la disposición paritaria de sus respectivas listas. ¿Qué implicó aquella medida? Que, como efecto dominó, se cayeran todas las candidaturas presentadas por las listas Unidad para Chile en la Región de Tarapacá; de Chile Seguro en Valparaíso; y de Todo por Chile en la Región Metropolitana. Todas, en todo caso, hicieron ajustes dentro del plazo legal, reemplazaron algunas fichas y lograron reinscribirse sin problemas.

¿Y qué pasa ahora con los escaños reservados para representantes de pueblos originarios? Existen, pero bajo una figura que les entrega mucha menos incidencia a quienes los lleguen a ocupar.

Los pueblos indígenas se constituyeron como una circunscripción aparte, con cupos supranumerarios, es decir, que se sumarán a los otros 50 escaños. Y no hay un número determinado, sino que se repartirán de manera proporcional, de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan las candidaturas que van por esa vía. Eso quiere decir que, de acuerdo con este artículo de Ex-Ante, si se repitiera la participación del Padrón Indígena que se dio en la elección de convencionales de 2021, que alcanzó al 4,2% de la votación total nacional, podrían llegar a optar ahora por dos escaños.

La tarea se ve difícil. En la elección pasada eran 17 los cupos que tenían reservados de entrada los distintos pueblos originarios, para los cuales se presentaron 182 candidatos y candidatas. Ahora sólo se presentaron tres para estar en la papeleta, y uno de ellos, el atacameño Rudecindo Espíndola, quedó fuera al principio por no presentar todos los papeles exigidos por ley. Quedaron, entonces, dos candidatos en carrera, ambos hombres y mapuche: 1) el licenciado en Ciencias Jurídicas, miembro de la organización Trawün Puente Alto, ex vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y ex presidente del directorio de la extinta Universidad Arcis, Alihuen Antileo; y 2) el profesor y magíster en Educación que fue condenado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado tras ser vinculado con un ataque incendiario el año 2000 a un vehículo de una forestal en Collipulli, Julio Marileo. Cumplió una pena de libertad vigilada y firma mensual por 14 años.

Los límites ya definidos

Es bueno recordar que, a diferencia de los 154 convencionales que llevaron adelante el proceso anterior, los consejeros constitucionales no empezarán a escribir la propuesta de Constitución desde una hoja en blanco. Precisamente una de las trabas que dilataron el proceso tras el triunfo del Rechazo, fue el debate sobre los límites que tendrían la discusión constituyente. Tras argumentos, desencuentros y presiones de cada sector, las fuerzas políticas que se sumaron al debate llegaron en diciembre de 2022 al llamado “Acuerdo por Chile”, el documento que sentó las bases para la nueva oportunidad de cambio constitucional.

Uno de los puntos fuertes de este acuerdo es el que enumera las 12 bases que se deben respetar en la creación de una nueva Constitución: es decir, pase lo que pase en las elecciones de este domingo, todo lo que ahí se dice se debe mantener y no se podrá cambiar. Puedes descargar el documento original aquí o escucharlo a continuación:

Todos los límites establecidos en ese documento funcionan como el rayado de cancha para todo lo que vendría luego. Los candidatos y candidatas que sean electas este 7 de mayo partirán su trabajo un mes después, y enfocarán su labor alrededor de un “anteproyecto” o borrador que deberá respetar esos 12 límites y tendrá una estructura definida con capítulos y artículos ya delineados y pre-discutidos. Este documento está siendo redactado por la Comisión Experta que designó el Congreso. Su trabajo no acabará cuando el 6 de junio deban entregar el anteproyecto, sino que se unirán al debate junto a los consejeros constituyentes, y podrán tomar la palabra en la discusión cuando lo crean conveniente.

Para garantizar que el documento que llegue a discutirse por los consejeros y consejeras cumpla con lo establecido, otro grupo de personas fue convocado especialmente para supervigilar y fiscalizar que así suceda. Se denomina Comité Técnico de Accesibilidad, y está compuesto por 14 juristas destacados aprobados por el Senado. Su integración también es paritaria.

Otras preguntas y respuestas útiles para votar este domingo

1. ¿Por qué es obligatorio votar, en qué casos se permite la abstención y cómo debo proceder?

Si bien no estaba contemplado de forma explícita en la reforma constitucional que dio forma al nuevo proceso constituyente, sí se definió el carácter obligatorio de la elección de este domingo en el llamado Acuerdo por Chile, y lo mismo se estableció para el plebiscito de salida. Además, una semana después de que se definiera ese primer marco para el nuevo proceso, el Congreso aprobó una modificación legal que cambió en esa misma línea todos los procesos electorales que se vayan a realizar en el futuro en el país, salvo en primarias.

En este caso, la obligación es para todos los y las ciudadanas con derecho a sufragar y que tengan domicilio electoral en Chile. Quienes no lo hagan, se arriesgan a una multa de hasta 3 UTM (poco más de $187.000). Eso sí, se pueden eximir personas enfermas, que estén ese día fuera del país o a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, o que presenten otra situación grave que les impida acudir. Todo se deberá justificar después de la votación mediante documentos ante el Juzgado de Policía Local que corresponda, pues si no vas a votar, te llegará una citación. Para justificar que el motivo de abstención es por distancias, deberás ir el mismo día de la votación a dejar constancia en la unidad policial que tengas más cerca.

2. ¿Cómo sé si estoy habilitado/a para votar, cuál es mi local de votación asignado o si me tocó ser vocal de mesa?

Esas tres preguntas se pueden resolver fácilmente y a la vez. Sólo debes ingresar con tu rut a la página del Servel, en la sección de consulta de datos electorales, y allí aparecerá tu información personal vigente en el Padrón Electoral, como tu nombre completo, domicilio, local de votación asignado, si estás o no habilitado/a para participar en los comicios y si te corresponde o no ser vocal de mesa.

En caso de que hayas sido nominado para integrar tu mesa de votación, y no sepas cómo proseguir, el Servel ha dispuesto en su sitio web una página informativa donde indica cada paso a seguir y bajo qué situaciones podrías llegar a excusarte a cumplir con esa responsabilidad cívica.

3. ¿Qué debo llevar el día de la votación?

Tal como ha ocurrido en las últimas elecciones, el lápiz grafito fue reemplazado por el lápiz pasta o bolígrafo azul, y si bien habrá algunos disponibles en cada mesa, se recomienda a cada votante llevar el suyo propio.

Como documento de identificación sólo serán válidos el carnet de identidad o el pasaporte, incluso si están vencidos. Y si hasta hace poco no podían tener más de un año de vencimiento, hace sólo unos días el Servel extendió la fecha de caducidad hasta el 1 de enero de 2020, es decir, podrás votar con documentación expirada hace más de tres años. Eso implica que no se recibirá ningún otro tipo de identificación, como licencias de conducir, por ejemplo.

Si no cuentas con tu cédula o pasaporte, no podrás sufragar. Si ese es tu caso, te recomendamos acudir a la unidad policial más cercana para dejar constancia, pues te será requerida si te citan del Juzgado de Policía Local por no ir a votar.

Te recordamos que en estos procesos electorales suele haber mucha desinformación, por lo que te recomendamos informarte por los canales oficiales del Servel y por medios de comunicación establecidos.

Por Maryfe Concha y Franco Duarte

Es miércoles 31 de agosto por la noche y en las pantallas de televisión de todo el país aparece un grupo de mujeres sentadas a la mesa tomando once en el comedor de una casa cualquiera. De pronto, se oye un golpeteo en la puerta. Toc, toc, toc. Aparentemente, no esperaban a nadie. Una de ellas se levanta de su silla y va a abrir para ver quién podría ser.

–Señora Olga, ¿se puede? –se escucha decir a otra mujer que aún no aparece en escena.

–Sí, adelante.

Ingresa usando una mascarilla y la saluda de beso. Aún no se sabe quién es.

–¿Sabe quién soy?

–No.

–Soy Michelle Bachelet.

Y entonces todo explota. La señora Olga en la pantalla no lo puede creer y la abraza. “Tenía tantas de conocerla”, le dice y la hace pasar al comedor para compartir la once con ella y sus compañeras.

Tomar un té, comer un pan con palta y algunos pastelitos mientras conversan del Chile que quieren como mujeres. Muy cotidiano, como ha ocurrido en los últimos meses en tantos hogares de Chile.

En las redes sociales, la audiencia que observa en sus casas la secuencia comienza de inmediato a comentarlo. En Twitter y Facebook las impresiones aparecen como la ola de un tsunami y en pocos minutos el nombre de la ex Presidenta es trending topic. En los grupos de Whatsapp se empieza a compartir el video y la gente comienza a preguntarse entre sí: “¿ya la vieron?”. Los medios de comunicación hacen eco y lo replican como una noticia importante.

Después de 28 días de una intensa campaña electoral dividida en diversos frentes, la sorpresiva aparición de Bachelet en la franja televisiva fue el último gran golpe de quienes han promovido la opción Apruebo a la propuesta de nueva Constitución. Era su carta bajo la manga, una que tenían muy bien guardada pues sabían que generaría impacto, y por eso la dejaron para el final.

Hoy, los canales de difusión de propaganda electoral son distintos y variados: redes sociales, publicidad pagada de YouTube, páginas web y la acción de los comandos territoriales, pero a pesar de todos los cambios en las conductas de consumo de las personas, la modalidad que sigue siendo la más efectiva para la comunicación política por su masividad es la franja emitida por televisión abierta. Y una de sus características principales es el poder convencer mediante la emocionalidad, puesto que su mayor desafío es la audiencia que aún no se decide.

A eso precisamente apelaba la inclusión de Bachelet.

Michelle Bachelet en la franja televisiva.

Durante cada elección, el Consejo Nacional de Televisión –cuyo fin es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión– debe regular las franjas emitidas por “derecho de exhibición gratuita de su propaganda electoral” mediante normas explicitadas en el Diario Oficial. Para la campaña que acabó este jueves de cara al plebiscito del domingo 4 de septiembre, el documento contenía 25 artículos, aunque a modo de resumen, los más esenciales decían los siguientes:

• Se dispondrían 30 minutos en total, 15 minutos diarios para cada opción (7:30 por bloque).
• La transmisión sería entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre (ambos inclusive) en dos bloques: de 12:45 a 13:00 horas y de 20:45 a 21:00 horas.
• Su aparición sería rotativa, por sorteo inicial. El día uno el Apruebo salió primero, por lo tanto, en adelante le tocó aperturar al Rechazo, y así sucesivamente.
• Podrían hacer propaganda los partidos políticos legalmente constituidos con representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, organizaciones de la sociedad civil, y comunidades y asociaciones de los pueblos indígenas, cuya duración fue de 60% (9 minutos), 27% (4:03 minutos) y 13% (1:57 minutos), respectivamente.
• TVN, como el canal cabeza, pondría su señal a disposición de los demás. Cada transmisión quedaría registrada en acta para certificar su realización acorde a la normativa.

Efectivamente se cumplieron los parámetros técnicos, pero ¿qué pasó con su contenido creativo? ¿Qué peso tuvo en las distintas campañas lo emocional como herramienta de convencimiento y cómo se empleó a través de la propaganda audiovisual? Puroperiodismo revisó los spots de las franjas electorales tanto del Apruebo como Rechazo y conversó con expertos para conocer cómo influyeron distintos elementos en los estratégico y comunicacional de las franjas para poder convencer al votante apelando a la emoción. Y aunque se contactó a miembros del equipo creativo de ambas opciones, de ninguna contestaron.

“Esto me conmueve”

A grandes rasgos, se puede establecer que en las estrategias comunicacionales empleadas en los spots existen dos maneras de conseguir la persuasión o convencimiento del televidente o, en este caso, del elector: apelando a lo racional o a lo emotivo. Y en las franjas que se emitieron entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, predominó lo segundo; aquella reacción a situaciones en las que reina la emocionalidad y se apela a los sentimientos, deseos o estados de ánimo de las personas a las que se quiere convencer.

Isabel Puga, presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, explica a Puroperiodismo que así funcionan las franjas electorales, al igual que la publicidad, ya que comparten muchas similitudes. En primer lugar, no se considera tanto lo racional, ya que, en sus palabras, tiene relación al concepto de “sesgo confirmatorio”, un mecanismo que actúa como un “cinturón protector de ideas preconcebidas que están arraigadas a la persona y vienen a sostener o a reafirmar el punto de vista sobre un tema”.

Explotar lo racional no sería el mecanismo más efectivo si lo que se busca es conseguir nuevos votantes y no sólo afirmar a los que ya se tiene. Por eso las campañas audiovisuales son planificadas y creadas de determinada manera, ya que apuntan directamente al botín que todos se pelean: al público indeciso.

Según Puga, “si te vas a lo emocional, desde ahí puedes lograr que las personas cambien su percepción logrando que expresen ´Oh, esto es demasiado hermoso´ o ´esto me conmueve´, y debido a esa inquietud, podría optar por una de las dos opciones”.

La profesional reafirma que una buena campaña es la que logra llegar al punto emocional, y menciona como ejemplo la franja televisiva del NO para el plebiscito de 1988, cuando desde el punto de vista de la psicología, se logró construir un discurso y un relato en los que los conceptos de negatividad fueron asociados con algo positivo.

Los equipos creativos y estratégicos tras las franjas televisivas han tratado de replicar –y hasta imitar– esa fórmula ya probada y aprobada en el pasado, pero con poca efectividad, ya que los contextos son completamente distintos. Puga cree que, en ese sentido, al comienzo la campaña del Rechazo partió de buena manera utilizando como argumento el amor versus el odio, pero éste discurso –dice la profesional– se desvaneció con el avance de los días pasando a otro argumento: la exaltación al miedo y “todo es caos” si eligen la otra opción.

Por otra parte, se debe entender que el ser humano funciona por medio de “asociaciones”, que conectan con las emociones que, a su vez, influyen en aquello que ya se tiene familiarizado. Un ejemplo de ello puede ser la aparición de actores y actrices nacionales que la audiencia ha visto frecuentemente encarnando icónicos personajes en teleseries y novelas.

También se apeló a la nostalgia y los recuerdos con los remake de clásicos de TVN y Canal 13. Así fue cuando la franja del Apruebo mostró a la recordada familia del programa Los Venegas reunida luego de años, jugando Gran Santiago en la mesa de centro de una casa; mientras que el Partido de la Gente (PDG) hizo lo suyo a favor del Rechazo al emular en uno de sus spots la icónica escena de padres e hijos discutiendo de política durante la cena en la serie de época “Los 80”.

El líder y ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, defendió la pieza realizada por su comando, e indicó a través de su cuenta de Twitter que “una serie basada en los 80, hecha en los 2000 y que aún en 2022 el discurso es igual de válido”, descripción que después borró, aunque mantuvo el video.

Arriba: “Los Venegas” en la franja del Apruebo. Abajo: alusión a “Los 80” en la franja del Rechazo (PDG).

Jingles pegajosos

“Chile, la alegría ya viene”.

“Arturo Frei Bolívar, uno como usted”.

Cualquiera que lea esas frases muy probablemente las va a cantar en su cabeza, casi de forma de inconsciente. Esto es porque la música, en este tipo de mensajes, es un recurso esencial. Los ritmos, melodías y letras tienen el poder de acercar o enganchar a distintos tipos de públicos –votantes– objetivos, y en publicidad y marketing político, son una herramienta que casi nunca está ahí por azar. Renzo Martínez, músico, jinglista y compositor de la productora Supersónica, se refiere para este reportaje a la importancia sonora en las campañas electorales.

Martínez explica que “lo que más se quiere lograr es cautivar emocionalmente al auditor, dar un mensaje de esperanza, de ilusión, que la opción que se promueve pueda provocar eso en los auditores. Busca dejar bien en claro la opción tanto del número como la letra (o palabra) que fue asignada en la papeleta y no tiene que haber mucha información, es bien puntual”.

El compositor señala que en la producción de jingles con fines electorales se busca ser lo más cercano a la ciudadanía, incluyendo todos los instrumentos que puede utilizar una banda de pop, ya sea batería, bajos y guitarras, sonando inclusive melodías del género urbano. Pero no se trata sólo de canciones pegajosas, sino de sonidos que provoquen algo en quien los oye.

Puga se refirió también a las melodías “esperanzadoras y alegres”. ¿Existe eso? Sí. Martínez explica que la base de aquello está en las notas y escalas que se eligen para la música que acompañará el mensaje:

Una pincelada a la historia

En 1988 Chile se sometió al referéndum del SÍ y el NO para determinar si se daba continuidad o término a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Las campañas se desplegaron también por los medios de comunicación masiva de ese entonces; radio, periódico y televisión. Esas campañas han marcado la pauta desde entonces.

La campaña televisiva del SÍ estuvo a cargo de Marcelo López, un publicista trasandino que no da entrevistas. Según declaraciones de cercanos, como indica La Tercera, se le ofreció hacer una campaña que cambiase la imagen del gobierno. Su propuesta implicó un vuelco hacia lo emocional: optó por cambiar el discurso anticomunista y de caos por parte de la Unidad Popular.

A pesar de intentar humanizar al dictador Augusto Pinochet sacándole el uniforme ––idea a la cual su esposa, Lucía Hiriart, se oponía– no tuvo buenos frutos, ya que según la encuesta CEP-Adimark de aquel septiembre, solo un 37% de las preferencias fueron en apoyo al régimen, que luego bajaron a 32%. Y las estrategias cambiaron.

Les empezaron a llegar videos de quemas de autos durante manifestaciones, material que fue utilizado posteriormente para impulsar la denominada “campaña del terror” que, según indicaron cercanos de López, decía que “desvirtuaba” lo mostrado anteriormente como “logros” y cifras positivas durante el mandato.

Julio Matus, periodista de un diario que cubrió por completo la franja del NO, cuenta que tuvieron que pelear en tribunales para que hubiera franjas electorales de TV gratuitas, debido a la absoluta censura: “Todo lo que la televisión durante años negó, en esas franjas se mostró”, cuenta.

Agrega que al día de hoy ocurre algo muy parecido, porque la franja del NO tenía “un problema bien particular”: la necesidad de convertir algo negativo (el NO) en positivo, por lo tanto se asomó el famoso «Chile, la alegría ya viene».

“En la franja se exhibieron actores que nunca habían aparecido políticamente en ninguna parte, y a la gente le hizo ruido no solo porque estaban viendo lo que nunca habían visto en televisión, a pesar de que lo estaban viendo en televisión. Esa fue una de las armas más contundentes”, finalizó.

A quiénes llegan las campañas

De acuerdo con al noveno boletín del CNTV sobre la audiencia promedio en la franja electoral, tras 25 días de emisión, se dio a conocer que el segmento etario que más tiempo pasó viendo la franja corresponde al de los 18 a 34 años, el de mayor fidelidad.

El promedio de su sintonía marcó 20 puntos de rating al mediodía, mientras que en el bloque de las 20:45, subió a 35,5 puntos. La audiencia fue mayoritariamente femenina en ambos horarios, considerando que los hombres fueron incrementando su presencia en comparación con la semana anterior.

Los efectos provocados en la audiencia han sido múltiples, pues se han debido considerar factores sociopolíticos como la alta polarización que, al ser ésta una votación compleja que “implica un conocimiento de un texto complejo, largo, que tiene muchas aristas sobre las cuales es difícil que ninguna persona tenga una adherencia 100%”, obliga a las personas a tomar posición en uno de las opciones, y convierte al resto en “adversarios políticos”, dice la doctora en Comunicación Política, Ximena Orchard, directora del Departamento de Periodismo en la Universidad Alberto Hurtado.

–Siguiendo la línea del voto obligatorio y el alto número de personas que concurrirán a votar, quizás por primera vez, ¿considera que dentro del segmento juvenil o de adultez joven existiría una tendencia ya definida?

Una de las grandes interrogantes de este proceso es quién va a ir a votar, por lo tanto, es muy importante analizar las tendencias que se den una vez que se conozca la participación y su composición. Creo que eso va a explicar en gran medida el resultado que tengamos. Hoy parte de la incertidumbre que existe respecto al resultado –a pesar de que las encuestas tienden a mostrar un escenario más favorable al Rechazo–, se explica porque nadie tiene certeza de quién va a ir a votar. Y no hemos tenido estos últimos años votaciones que puedan tener el nivel de participación que estas elecciones podrían llegar a tener, sobre todo de la movilización de sectores jóvenes que, en general, son sectores que tienden a ser más progresistas o que en general contribuyeron en el triunfo de Boric.

–¿Cómo podemos entender el flujo de indecisos que marca, por ejemplo, la encuesta de Plaza Pública de Cadem?

Creo que tiene que ver en la complejidad del voto y también con las características que ha tenido la campaña. Ha sido una campaña muy dura, y eso también contamina un poco el ambiente y el discurso público. Entonces, eso hace más difícil en las personas tomar una decisión y una posición porque, efectivamente, nos hemos enfrentado a instancias donde circulan versiones completamente opuestas respecto de las interpretaciones de las mismas normas. Eso efectivamente puede que a algunas personas las confunda, las haga alejarse del proceso y no votar, o puede que al final algunas personas tomen una decisión respecto de su círculo de referencia o líderes de opinión.

–¿Cómo influye lo externo a las franjas en las y los indecisos? Por ejemplo, ¿la aprobación del Presidente Boric en las encuestas o la detención de Héctor Llaitul?

Yo separaría las dos cosas porque me parece que la vinculación entre el gobierno de Boric y la Convención Constitucional es evidente, o sea, es difícil separarlas. Si bien son cosas distintas, evidentemente hay una vinculación por historia, trayectoria política y la posición que el gobierno ha tenido sobre ese tema. Ahora, los incidentes Llaitul, Apruebazo, o las carretas en la recta final, a mi parecer, no deberían tener un efecto tan relevante en el resultado; me parece que a estas alturas la mayoría de las personas ya tienen decisiones tomadas y no creo que esas decisiones se modifiquen por esos hechos.

De todas formas, y como es tradicional en todos los sondeos de opinión previos a elecciones populares, la única encuesta 100% verídica será la misma elección.

Por Javiera Vergara y Álvaro Marchant

El barrio París-Londres destaca en el corazón de Santiago por su estilo europeo: estrechas calles de adoquines bordeadas por pequeñas veredas que de noche se iluminan con viejos faroles y grandes casonas entre las que se encuentran las sedes de dos tradicionales partidos políticos, el Radical (PR) y el Socialista (PS). Es un lugar que exuda historia. También ahí está Londres 38, un inmueble construido en 1925 en el que trasciende un pasado no olvidado: después del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, dejó de ser la sede comunal del PS para convertirse en un centro de tortura de la dictadura. Unas 98 personas fueron detenidas por la DINA y torturadas en su interior por motivos políticos. Hoy es una casa de la memoria y, frente a ella, cruzando la calle en cuyo empedrado se encuentran placas con los nombres de las víctimas de la represión, está Londres 43. Allí hoy se sigue escribiendo parte de lo que –pase lo que pase– más adelante se contará en los libros.

Londres 43 es una vieja casona entre azul y blanca de tres pisos, cuya arquitectura encaja a plenitud con el barrio. En su fachada, hoy tiene los muros rayados y un cartel que la identifica como La Casa del Apruebo. Se trata del inmueble que ha sido por estos días el cuartel central de Aprueba por Chile, iniciativa colectiva que ha coordinado a nivel nacional gran parte de la campaña por el Apruebo a la propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional y que se votará este domingo 4 de septiembre en el plebiscito de salida.

Ahí confluyen los partidos que conforman los bloques Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, además de otras 160 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FIMA, Asociación de Abogadas Feministas, Acción Gay, Amnistía Internacional, Movimiento Ukamau, la CUT y tantas más. Su coordinación y vocería ha estado a cargo de los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Karol Cariola (Partido Comunista) y, en conjunto con los comandos de Movimientos Sociales Constituyentes y el Partido Demócrata Cristiano, son los responsables del multitudinario cierre de campaña que anoche se vivió en la Alameda: el último y mayor de los Apruebazos, un masivo acto político-cultural en el que participaron –entre otros– artistas como Ana Tijoux, Illapu, Inti Illimani, Quilapayún, Los Vásquez, Ceaese, Santaferia y Francisca Valenzuela. Distintos actores y actrices subieron al escenario y leyeron en vivo artículos de la propuesta constitucional. Hubo también humoristas, dirigentes sociales y políticos, ex convencionales y personajes emblemáticos del estallido social con emotivos discursos a favor de la propuesta constitucional. Más de 220 mil de personas colmaron la principal arteria de la capital en lo que se convirtió en una masiva fiesta ciudadana.

Más de 220 mil personas acudieron al Apruebazo de cierre de campaña convocado por los principales comando que promueven la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. (FOTO: autor desconocido, obtenida en redes sociales)

Ese punto cúlmine fue el cierre de meses de trabajo en La Casa del Apruebo, donde se ha reunido el comando oficial de lunes a domingo desde las 8:00 am hasta el término de cada jornada. ¿Cómo se organizaron? Por comisiones. Allí idearon las distintas actividades y estrategias para promover su opción a lo largo y ancho del país.

Puroperiodismo estuvo en esa casona del barrio París-Londres en distintas oportunidades durante los últimos días de campaña. Recorrió su interior, estuvo en distintos actos de cierre –Apruebazos– y conversó con varios de quienes integran los comandos para conocer cómo se articuló y desplegó la que muy probablemente sea la campaña más importante desde el retorno de la democracia. Lo que sigue es la crónica de ese recorrido.

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Cruzando la arqueada puerta de Londres 43 y subiendo la escalera caracol que se impone en la entrada, hay un mesón casi completamente tapado con adhesivos, infografías, afiches y otros artículos de merchandising electoral por la opción Apruebo. Esa es la recepción, la escenografía de bienvenida a cualquiera que ingrese. A un metro colinda una gran habitación amoblada con sillas y una larga mesa de madera, tras cuya cabecera hay un mural estampado con la palabra Apruebo en rojo, blanco y azul. Tiene toda la pinta de que es ahí donde se toman las grandes decisiones.

Para el diputado Mirosevic, uno de los coordinadores de Aprueba por Chile, la campaña ha tenido un buen despliegue. Asegura que cuentan con muchos voluntarios a lo largo del país y destaca la buena organización y el empeño que cada uno y una han puesto, básicamente, porque creen en este proceso histórico. “Esperamos que estos últimos días de campaña sean bastante masivos, con mucha movilización, como ya lo hemos visto. Tenemos la convicción de que esta campaña se gana en la calle”, dijo unos pocos días del cierre del período de propaganda.

La estrategia de la campaña está en lo tradicional: desarrollar amplia difusión por medio de volantes, folletos y papelógrafos. El foco es trabajar en conjunto con las organizaciones territoriales y movimientos sociales, desplegar gente en los barrios; voluntarios en las calles entregando folletos y realizando puerta a puerta para explicar en simple las oportunidades que ofrece la propuesta de nueva Constitución. En lo que concierne a redes sociales, se intenta abarcar distintas plataformas: Instagram, Twitter, Facebook y también página web, cubriendo todos los espacios digitales con láminas, videos y textos explicativos.

Fachada del edificio ubicado en Londres 43, donde en los últimos meses ha operado la llamada Casa del Apruebo.

Durante el último mes se realizaron diferentes actividades, coordinadas tanto por Aprueba por Chile como por otras organizaciones, todas motivadas bajo la misma consigna. Movilizaciones, banderazos y los denominados Apruebazos, reconocidos por simular fiestas callejeras que han reunido a un gran número de adherentes en todo el país.

El sábado 20 de agosto se llevó a cabo una de esas fiestas en el frontis del Estadio Nacional, el Apruebazo por los Derechos Humanos. Partió a las 14:30 horas con puestos de emprendedores y banderines de colores que escoltaban el camino hacia el escenario donde los artistas harían sus actuaciones: Sol y Lluvia, Nano Stern, Equipaje, Ají chileno, Los 30 pesos, Imaginación y Daniela Millaleo, entre otros. El evento duró más de ocho horas. En las vallas papales que rodearon el escenario, se encontraban posters que contenían información de las más de 200 organizaciones que convocaron el evento, entre las que estaban la Red de Sitios de Memoria y las asociaciones de familiares de ejecutados y desaparecidos políticos.

Detrás del escenario, una estructura blanca albergaba al personal encargado de que todo saliera bien. Allí estaba Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional. “Esto partió hace más de un mes, donde nos hemos juntado con varias organizaciones de derechos humanos. Decidimos hacer dos hitos comunicacionales potentes: uno fue en Villa Grimaldi, donde leímos la declaración pública, y el segundo hito era este evento musical por los Derechos Humanos”, comentó a Puroperiodismo.

En paralelo, en la Plaza de La Pintana se realizó otro encuentro con la misma finalidad: informar y relevar las bases de la propuesta de un nuevo texto constitucional. Ante esto, desde Estadio Nacional Memoria Nacional señalan que han trabajado con el Movimiento Sociales Constituyentes –el segundo comando de campaña pro nueva Constitución más grande tras Aprueba por Chile– para que los eventos estén distribuidos de la mejor manera. Cuando finalizó la jornada que reunió a más de mil personas a lo largo de avenida Grecia, los organizadores del evento subieron al escenario para agradecer la asistencia y arengar por la opción Apruebo. Entre ellos estaba la senadora y víctima de violaciones a los derechos humanos tras el estallido social, Fabiola Campillai.

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A medida que pasaba el período de campaña, cada vez fueron más las iniciativas que emprendieron distintos sectores de la población para promover las ideas de cambio plasmadas en el texto que elaboró durante un año la Convención Constitucional.

En las calles se logró percibir el momento histórico que vive el país. Pancartas, afiches y volantes están repartidos por todas partes. También se realizaron múltiples cicletadas, encuentros informativos y caravanas territoriales, en los que destacan los cánticos, gritos y banderas. En estos se escuchan y leen demandas que desde hace muchos años han estado presentes en las calles: la educación y la salud como derechos, el agua como un bien de uso público, el reconocimiento a las mujeres y disidencias sexuales, entre otras tantas. Demandas que en este proyecto de nueva Constitución se intentan consagrar, enfatizando en la responsabilidad del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos sociales y humanos.

El texto que este domingo se someterá a consulta ciudadana obligatoria proviene de una serie de acuerdos democráticos. Primero, el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando las distintas fuerzas políticas acordaron dar curso a un proceso constituyente para enfrentar el caos social e institucional desatado tras el 18-O. Luego, el plebiscito de octubre de 2020, en el que participó el 51% de la ciudadanía. Entonces, el Apruebo arrasó con un 78,3% de las preferencias, de acuerdo con los datos disponibles en el Servel. A eso le siguió la conformación de la primera Convención Constitucional de la historia de Chile –la primera de composición de género paritaria del mundo– y el inédito trabajo que por un año realizaron sus integrantes con base en el edificio del ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira.

La propuesta descrita vive sus últimos días de incertidumbre antes de que se sepa cuál será su futuro.

La votación del domingo 4 de septiembre es catalogada transversalmente como la más importante desde que Chile decidió en las urnas poner fin a 17 años de dictadura militar. De ahí que las campañas por ambas opciones hayan llevado a cabo un arduo trabajo, aunque no hay claridad alguna de lo que sucederá.

Según los últimos datos disponibles en el Servel, hasta el jueves 1 de septiembre, los aportes totales de campaña declarados por los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil autorizados para realizar propaganda superan los $2.863 millones, aunque la distribución está lejos de ser equitativa: más de $2.220 millones (77,5%) fueron depositados en cuentas del Rechazo, mientras que el Apruebo recibió menos de $644 millones (22,5%) para financiar sus actividades de campaña.

Por otro lado, las distintas encuestas de opinión que periódicamente han buscado medir las tendencias ciudadanas durante los últimos meses, coinciden en que el Rechazo está varios puntos más arriba que el Apruebo. Sin embargo, mientras anoche la Alameda se encontraba colmada de personas por cuadras y cuadras, en la cima del cerro San Cristóbal, donde el Rechazo llevó a cabo su acto de cierre de campaña, los y las partícipes apenas superaron el medio millar.

El diputado Mirosevic asegura que será una elección que se definirá voto a voto y pone en la balanza las ventajas y desventajas que han tenido en comparación con el opción opositora:

“Desventajas: partimos muy tarde, tenemos poca plata y ellos han hecho una campaña de mentiras. Ventajas: tenemos mucha gente organizada, tenemos la capacidad de hacer una convocatoria masiva que reúna a miles de personas en cada acto y no hemos caído en una campaña sucia”, dice.

Los procesos electorales que siguieron al estallido social del 18-O han dado cuenta de un fenómeno que no se veía hace ya varios años en Chile: los jóvenes están cada vez más interesados en participar activamente en los procesos políticos del país.

Los datos del Servicio Electoral (Servel) lo demuestran. Si en la elección que llevó en 2017 a Sebastián Piñera por segunda vez a La Moneda apenas un 17,2% de los votantes tenía entre 18 y 29 años, para el Plebiscito de 2020 ese grupo aumentó a un 24,2%, casi un cuarto del total. Y la gran mayoría votó Apruebo por una nueva Constitución. Esa alta participación también se vio reflejada en la segunda vuelta presidencial de noviembre de 2021, cuando –según un análisis de Decide Chile– dos de cada tres personas menores de 30 años marcaron su preferencia por el ahora Presidente Gabriel Boric.

Si bien los expertos suelen vincular el voto joven con posturas más identificadas con la izquierda, Gonzalo Pinochet (27), actual presidente de Nuevas Generaciones de la UDI, explica en esta entrevista con Puroperiodismo que no lo ve tan así, aunque sí reconoce que son los de ese sector quienes “alzan más la voz y participan más”.

Al contrario de lo que indican los datos oficiales, Pinochet cuenta que tras el 18-O varios jóvenes se han inscrito a las filas del partido que fundó Jaime Guzmán, uno de los padres de la Constitución de 1980, cuya continuidad se determinará este domingo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía apruebe o rechace en las urnas la propuesta de nueva Constitución que elaboró durante el último año la Convención Constitucional.

A juicio del dirigente coquimbano y licenciado de derecho en la Universidad Católica del Norte –ferviente promotor del Rechazo a la propuesta de nueva Constitución–, Chile nunca tendrá una mejor Carta Magna que la que rige desde la dictadura militar, aunque asume que en 2020 el Apruebo ganó por paliza y que se debe respetar esa decisión.

A continuación, Pinochet se refiere al rol actual de la juventud en la UDI y se desmarca de la vieja guardia y los “coroneles” que dominaron el partido durante las últimas décadas. Habla de su papel en las campañas y asegura que, si gana el Rechazo, se debería iniciar un nuevo proceso constituyente. También menciona algunos de los pilares que le gustaría ver incluidos en el nuevo texto que pudiera surgir de esa instancia: sobre los pueblos originarios, descentralización, medioambiente y más. Y aunque dice que en la propuesta que se votará el domingo hay un 30% de cosas buenas y 70% de cosas malas, tiene claro que no rescataría nada de ahí y que para el proceso que vendría tras un eventual triunfo de su sector en el plebiscito, lo mejor sería partir de cero. “No utilizaría jamás como base el proyecto de la nueva Constitución”, sentencia.

Gonzalo Pinochet, presidente de Nuevas Generaciones de la UDI.

–Se estima que la mayor parte del voto joven se vincula con la izquierda. ¿Crees que es así?

No puedo decir que la mayor parte de los jóvenes son de izquierda; sí puedo decir que ellos alzan más la voz y participan más. Principalmente, por la influencia hegemónica cultural que impulsan los movimientos de izquierda y porque también hay una ideologización gigante en cada una de las federaciones de estudiantes y centros de alumnos, entre otros. Debido a la cultura de la cancelación, donde todo lo que no son sus ideales no está bien, se genera una censura hacia el otro lado, por donde hay una mayor dominación cultural, ellos alzan más la voz. Pero eso no quiere decir que no haya jóvenes que piensan diferente.

–¿Crees que es más fácil ser juventud de derecha o de izquierda en el contexto de polarización actual?

Ser joven de izquierda, en mi pensar. El joven de derecha es víctima de la cultura de la cancelación, cargando contra todo este avance cultural, por ende, aunque el joven piense distinto, tiende a esconderse. Para nosotros, es difícil contrarrestar esta cultura de la cancelación en las universidades. Yo les digo a los jóvenes que quieren empezar con estos movimientos o a los cuales formo para que sean buenos dirigentes estudiantiles, que nuestra gente está hasta en la universidad más de izquierda, pero no alzamos la voz debido a esta cultural de la cancelación, ni con la misma libertad que tiene la izquierda, debido que si todos dicen que sí y tú dices que no, es casi revolucionario.

–¿Cómo se manifiesta esa cultura de la cancelación a la que te refieres?

Yo lo he vivido: tengo amenazas de muerte en la universidad. Hace un tiempo una persona me tiró un escupo en la cara, insultándome y diciéndome “fascista de mierda”, para luego decirme que tiene una bala con mi nombre. Me han agredido… y claramente yo también me he defendido. Esto, en todo caso, no es nada comparado con lo que les ha pasado a otros dirigentes de mi sector. Pero entiendo que lo que me mueve a mí en la política y en la vida es algo trascendental, es una voz que nunca tiene que callarse, porque hasta en el lugar polarizado va a haber gente que vale la pena del mundo dar esta pelea. Inclusive a dar la vida por lo que uno cree.

–¿Cuál es actualmente la labor de los jóvenes en la UDI?

Mi directiva tiene distintas áreas. Está el área de formación, por ejemplo, donde se trabaja en cómo uno habla, los valores, etc. También está el área de formación intelectual, ya que nadie puede transmitir a otro lo que no tiene o sabe; estudiamos a muchos autores de distintas corrientes políticas. También está la de formación política, donde les enseñamos cómo ganar, así como también qué cosas son permitidas en una campaña y las que no, la historia del partido, qué estrategias usar… Y por otro lado, tenemos el departamento social, lo cual pongo énfasis en ponerlo en práctica en los sectores más vulnerables. Yo vengo de abajo, y en mi región el partido descansaba en los sectores más vulnerables.

–¿En qué se diferencia hoy la juventud UDI de la “vieja guardia”?

Lo primero que les digo a mis jóvenes es que no puede haber tabúes: tenemos que tener la capacidad de discutir y tratar todos los temas que sean necesarios. A veces los adultos se olvidan de cómo comenzaron y el sentido trascendental de la causa, muchas veces l juventud del partido piensa de manera muy distinta a la de los adultos. Claro, como todo partido que creen en la libertad, también de disentir cuando uno lo cree necesario.

–¿Ha aumentado o disminuido la participación y militancia de jóvenes UDI tras el estadillo social?

¡De todas maneras! Me sorprende gratamente que han llegado muchos jóvenes a firmar su ficha de militancia. Llegan porque nos ven en Instagram o porque nos han visto en la calle, entre otros. Lo único que rescato del estadillo social es la proliferación de la participación juvenil, sobre todo en nuestro sector. La izquierda siempre se ha caracterizado por gritar más, pero tratamos de darle batalla. Para nuestro sector, esto fue demasiado importante; mucha gente a la que no le importaba la política ahora participa, sale a la calle, se instruye. Estos jóvenes son los recambios, se trata de ir pasándole la posta a las nuevas generaciones.

–¿Qué impacto ha tenido el aumento del Rechazo en las encuestas de los últimos meses sobre la participación y adhesión juvenil del partido?

Evidentemente tenemos que entender que es la octava elección en un año y medio, y nos ha ido super mal. Por ejemplo, no ganamos el tercio en la Convención Constitucional, y es por eso que salió el texto que salió. El Rechazo es algo transversal; hay gente de derecha, de centro –los Amarillos por Chile, por ejemplo– y también gente de centro izquierda. Esto motiva a los jóvenes a seguir dando la pelea, a seguir yendo a campañas, los veo entusiasmados en eso y como de la nada nos piden más material para compartirlo con sus amigos. Esta elección está siendo una muy buena escuela formativa para nuestros jóvenes. Liderar esta juventud ha sido un gran desafío, pero también un gran honor.

“No vamos a tener nunca una mejor Constitución que ésta”

–Desde la misma UDI se ha planteado que la Constitución de 1980 “está muerta”. Si el Rechazo implica mantener ese texto, ¿a que aspiran si triunfa esa opción este domingo 4 de septiembre: reformar la vigente en el Congreso con el nuevo quorum de 4/7 o impulsar un nuevo proceso para definir un nuevo texto?

El Rechazo no implica necesariamente mantener la Constitución del ‘80. Por mucho que algunos de la derecha no lo pueden superar, la Constitución actual –la cual creo que es muy buena y que jamás va a haber una mejor Constitución que ésta– cayó en el plebiscito de entrada, y no con cualquier porcentaje, sino con un 80/20. No vamos a tener nunca una mejor Constitución que ésta, que sea capaz de, a través de sus atribuciones constitucionales, reducir la pobreza de un 50% a un 7,8%; es imposible, a mi pensar.

Me duele mucho, pero Chile dijo otra cosa: se pronunció y dijo que quería una nueva Constitución. Ahora, la izquierda falló ahí. Pensaron que querer una nueva Carta Magna iba a significar que los chilenos iban a querer cualquiera, y eso no es así, es por eso que el Rechazo sigue en aumento. Fue la UDI la primera en pronunciarse respecto a lo que se aprobó para rebajar los quorum de 2/3 a 4/7 para impulsar reformas y cambios y tener los quorum necesarios. Con 4/7 marginaste a los dos extremos y se puede hacer un acuerdo más transversal, eso es una prueba de confianza en que estamos por los cambios y que entendemos que la Constitución del ‘80 perdió en el plebiscito de entrada.

–¿Pero cómo seguir: comité de expertos, una nueva Convención Constitucional…?

La UDI está comprometida con cambios constitucionales, cambios serios y de manera transversal. Yo creo que los cambios se pueden impulsar en un nuevo proceso constituyente, la UDI está comprometida. Con el quorum de 4/7 podemos impulsar medidas que sean razonables, que respeten el estado de derecho y también la separación de poderes y, claro, que sea responsable.

–¿Qué cambios promoverían para un nuevo texto?

Creo que hay que avanzar en varias cosas. Para financiar un catálogo de derechos sociales necesitas que el Estado recaude más, pues no tiene ni más ni menos dinero que lo que tienen los contribuyentes, y cuando el estándar de vida de las personas está paralizado, evidentemente el Estado va a recaudar menos. Entonces, en primer lugar –diría yo–, crecimiento: el Estado debe incentivar este tipo de cosas. Las pymes, por ejemplo. El Estado debe recaudar y, cuando lo haga, puede financiar otras cosas como la salud o la educación.

La descentralización es súper importante. Las Regiones deben tener una voz más fuerte. Tenemos a los gobernadores regionales, pero ¿qué facultades tienen? También podríamos reforzar ciertas cosas que tienen que ver con el control de constitucionalidad.

Independiente de ello, Chile quiere una nueva Constitución, y creo que ésta debe tener un buen reconocimiento a la dignidad humana, a la libertad. También a la igualdad ante la ley. Debemos tener ciertos pilares, principio democrático, estado de derecho, poderes del estado autónomos, principio de separación de funciones, también se pueden modificar cosas como tener elecciones intermedias, alternas.

En cuanto a medioambiente, podemos innovar muchas cosas, sobre todo porque el Estado es el mayor atentatorio contra el medioambiente, y también las empresas. Entonces, creo que esa regulación es una deuda pendiente. Hay que impulsar esas reformas dentro del sentido común. Yo no desconozco que en esta propuesta hay buenas cosas, pero es un 30/70, a mi parecer.

–¿Qué mantendrías de la propuesta de nueva Constitución que hoy está sobre la mesa? ¿Algo que rescatar de ese 30%?

No utilizaría jamás como base el proyecto de la nueva Constitución, aunque si tuviera cosas más buenas que malas, de todas maneras. Pero siempre he pensado que es importante un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Nosotros tenemos muchos militantes que son mapuche, y cuando se habla de que todos los mapuche son terroristas, eso no es así: el problema en la macrozona sur no es una pelea de chilenos contra mapuche, es una pelea de chilenos y mapuche contra terroristas. Entonces, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es fundamental. Pero yo no usaría como base el actual proyecto.

–¿Cuál es tu postura ante la comentada franja del rechazo donde se ve a una persona trans decir que no denunció a su agresor como “un acto de amor”?

Yo me dedico al derecho y puedo entender que una persona decida perdonar, ese es un proceso personal. Pero cuando empezamos a confundir el perdonar con no hacer justicia, ahí tengo problemas. Está bien perdonar, hay gente que puede y gente que no, pero eso no tiene relación con no hacer justicia; el perdón no pasa por el “lo perdono, no denuncio”, no tiene relación. Uno tiene la obligación de hacer ese tipo de denuncia, por mucho que tú perdones, si a otra persona le cagan la vida y esa persona sigue suelta, está poniendo en riesgo a otras personas. Yo no me siento representado con esto, para nada. Ahora, el aprovechamiento político ha sido gigantesco, pero bueno…

–¿Cuál ha sido el rol que han asumido en esta campaña del Rechazo desde Nuevas Generaciones UDI?

Tanto nuestros ex constituyentes como las Nuevas Generaciones de la UDI, sobre todo en la Región Metropolitana, hemos sido decisivos para el funcionamiento de esta campaña. Hemos podido, en un mismo día sábado, desplegar a nuestra juventud en cinco distritos distintos. El rol ha sido bastante gravitante, tenemos un excelente equipo, las mujeres –me saco el sombrero ante ellas– son atómicas. Hemos podido movilizar, las campañas que valen más la pena se ganan en la calle. Es súper gratificante, te das cuenta de que hay gente que lleva toda una vida haciendo esta pega y otra para la que es su primera vez.

–¿Qué opinas respecto a la desinformación en las campañas de este plebiscito, ya sea de izquierda o de derecha? ¿Que han hecho para combatirla?

Siento que es bastante desafortunado. Desde que se disolvió la Convención, la mejor campaña para el Rechazo es, en primer lugar, el mismo texto. En segundo lugar, los bochornos de la Convención. La izquierda tiene hoy escondidos a sus ex constituyentes, quienes nos recuerdan esos bochornos. Todo esto, el reírse de los chilenos, es la mejor campaña para el Rechazo. Nosotros tenemos el deber de hacer campaña respecto de lo que no nos gusta del texto. Esto no es algo político, sino una cuestión humana. Entendemos que es perjudicial para Chile, es apagar un incendio con bencina respecto a los problemas que afectan a nuestro país.

–¿En qué se basa su campaña?

En movilizar, pero evidentemente hablar de los grandes problemas que tiene este texto, sus consecuencias: por ejemplo, la plurinacionalidad, la eliminación de libertad de enseñanza, las autonomías territoriales indígenas, los sistemas de justicia distintos. Tenemos el deber moral de exhibir este tipo de cosas, de exhibir lo que puede significar la eliminación del Senado, por ejemplo.

–A modo de resumen, ¿cuáles son las razones por las cuales llamas a votar Rechazo?

Cuando tratamos de tapar el sol con un dedo, las cosas nos salen mal. Principalmente, porque Chile se caracteriza por una tradición institucional y sobre todo estos últimos 30 años en los cuales se podían llegar a acuerdos en un contexto institucional, en un ambiente en el cual las cosas muchas veces costaban, pero se podía salir adelante. El proyecto que se nos propone atenta no solo contra el alma de nuestro país, también pretende crear ciudadanos de primera y segunda categoría, permite desconocer las tradiciones y realidad de nuestro país. Cuando la izquierda nos dice que quieren más poder para el pueblo, es más bien más poder del Estado sobre el pueblo. Y, sobre todo, atenta contra la unidad de los chilenos: es un proyecto no en los que nos une, sino en lo que nos divide, nos segrega, creando ciudadanos de primera y segunda categoría con derechos distintos. Pero lo más importante para votar Rechazo es que no podemos legitimar a quienes escribieron este proyecto, cómo se rieron de nuestro país, de nuestros emblemas patrios, cómo se le faltó el respeto a nuestro país y cómo se ninguneo a muchos chilenos.

–¿A qué te refieres con “ninguneo”?

Cuando tienes un proceso constituyente que nos prometía participación popular, pero cuando las iniciativas más votadas quedaron fuera de este borrador, porque la izquierda tenía mayoría absoluta en la Convención, te das cuenta de que te estaban engañando, fue una participación popular solo para el papel. Creo que la Convención Constitucional se rio de Chile. Pero lo más importante es la inmensa cantidad de chilenos que quedaron fuera de este texto, no podemos legitimar eso.

En el mismo período, las tomas ilegales de terreno y los campamentos se han vuelto a diseminar por el territorio de forma abrumadora. El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado por el Centro de Estudios Socioterritoriales (CES), dio cuenta de que son más de 81 mil las familias que viven en viviendas irregulares, la mayoría de las veces sin acceso a servicios básicos y habitando espacios que suelen convertirse en tierra de nadie, donde están a su suerte y la inseguridad campea. Hoy hay más campamentos y más personas que los habitan, casi el doble que hace tres años.

También están esos hogares que sí tienen una infraestructura sólida, pero insuficiente. «La casa es chica, pero el corazón grande» es, para millones de personas en Chile, la frase tranquilizadora ante la imposibilidad de acceder a la casa propia, obligándolos a vivir hacinados por años. Uno de cada cinco hogares convive con allegados. Pueden ser 10 o incluso más personas viviendo bajo un mismo techo, en espacios que con suerte albergarían cómodamente a una familia de cuatro integrantes.

Todo eso ya venía avanzando a un ritmo preocupante por serias deficiencias históricas en cuanto a políticas de vivienda (como ya lo señalamos en un reportaje el año pasado), pero el estallido social, la pandemia, la crisis económica, la alta migración y otros factores han hecho que ese avance de la crisis en materia de vivienda en Chile se acelere de forma arrolladora. Y aunque hay propuestas políticas y constitucionales sobre la mesa para abordar el tema y buscar soluciones, aún no bastan. El déficit de vivienda hoy supera el medio millón.

El problema es evidente y, en este especial de Puroperiodismo, un grupo de estudiantes de los últimos años de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado se propuso comprenderlo y retratarlo en distintas dimensiones y lenguajes: en reportajes que pueden leer, entrevistas que pueden oír y una historia que pueden ver. Revisaron informes y cifras, conversaron con expertos y expertas y con personas que a diario padecen el drama de estar en medio de todo, pero viven como si estuvieran al margen.

Por Josefa Pastenes y Jonathan Hernando*

*Este reportaje fue realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Taller de Reportajes y Perfiles, impartido por el profesor Franco Fasola.

En diciembre de 2021, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica y el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) realizaron un estudio que reveló por primera vez cifras en torno a la población canina y felina en Chile. Los resultados determinaron que hay al menos 4.049.277 animales que no tienen dueño en las 35 comunas censadas. Es decir, uno de cada cuatro animales catastrados estaría en abandono; por cada 2,4 perros con dueño hay uno sin tutor, mientras que de cada 7,1 gatos registrados en el censo, uno es callejero.

El tema de la tenencia responsable es relativamente nuevo, siendo uno de sus primeros antecedentes la Ley de Protección Animal promulgada en 2009, la cual nunca definió de forma explícita lo que se considera ‘maltrato’ y, si bien la menciona una vez, tampoco determina qué es la ‘tenencia responsable’. Así, la poca claridad de la ley ha hecho que la gente interprete que basta con mantener vivo a un animal para cumplir con tenencia responsable.

“Las causas de la tenencia irresponsable son principalmente legislativas. (…) No había política pública y, sin política pública, no hay acción de nada (…) entonces, esa falta ha provocado que el problema esté en abandono”, dice el subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), Rodrigo Morales.

Lo de las definiciones legales cambiaría varios años después, motivado por el brutal caso de maltrato en contra de un perro abandonado en la comuna de Recoleta.

Media hora duró el ataque contra el perro Cholito, en Patronato, el 6 de enero de 2017. Dos personas, por encargo de una locataria del sector, lo golpearon con palos hasta matarlo. Todo quedó grabado y las imágenes no tardaron en viralizarse.

La situación generó gran indignación ciudadana y una fuerte movilización por redes sociales, con una gran cantidad de peticiones exigiendo la condena de los agresores –una de las cuales logró reunir 194.522 firmas–. Además, miles de personas salieron a las calles a manifestarse en la capital, lo que terminó siendo el motor para acelerar la tramitación de un proyecto que desde 2009 se discutía en el Congreso: la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía o, como es popularmente conocida, la Ley Cholito.

La nueva ley estableció mecanismos para el registro, empadronamiento y esterilización de los animales de compañía, así como también obligaciones de cuidado para sus dueños y responsabilidades civiles en caso de que causen daños. Se determinó el abandono como maltrato, se reguló a los criaderos y, entre otras cosas, se dotó a las municipalidades y los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Salud y Educación de atribuciones para su fiscalización. Sin embargo, a cinco años de su promulgación y puesta en marcha, aún mantiene vacíos y críticas a cuestas que apuntan a deficiencias en su planificación e implementación.

Hace 5 años se promulgó la Ley Cholito. Desde entonces, autoridades y organizaciones animalistas han utilizado la ley en situaciones de maltrato y abandono. Sin embargo, el alza en la población canina y felina han expuesto otras problemáticas que la ley no abarca. (FOTO: Vivian Morales C.)

Un tema de salud, educación y fiscalización

“Tengo que ser muy honesto: no veía que el tema de la tenencia responsable era un tema de salud. No estaba puesto en ese tema, pero ahí apareció que sí, que hay que preocuparse porque éste es un problema que genera inseguridad y problemas de salud en las comunidades, y empezamos a reflexionar en la necesidad de avanzar en tener un control de un conjunto de animales que están muy abandonados en las ciudades y que, persistentemente, se siguen abandonando”, dice Tito Pizarro, médico que se especializa en entornos saludables y quien fuera jefe de políticas públicas del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Fue en esa calidad que participó de forma estrecha con otros ministerios y expertos durante la redacción de la Ley Cholito, proceso en el cual aparecieron otros temas preocupantes acerca del cuidado de los animales, abarcando temáticas de salud, educación y fiscalización.

Según Pizarro, que los territorios sean entornos saludables es determinante en el cambio de conducta de las personas, y eso solo se puede lograr si la toma de decisiones se hace en colaboración con las comunidades y las autoridades, en todos sus niveles. Así, en los diálogos entre los ministerios de Salud, Educación e Interior, durante la tramitación de la ley, el experto detalla que se percataron de la visión que tenía la ciudadanía respecto a los animales de compañía: éstos ya se consideraban como miembros de la familia, lo que forzó a la labor legislativa a incluir nuevos ejes sobre lo que se debe considerar maltrato animal y tenencia responsable.

“Hemos visto cómo los animales entran cada vez a ser más parte de la familia. Hay que poner normas para que no sea a criterio de muchas personas que no tienen las capacidades ni las competencias para poder tomar ciertas decisiones”, comenta la diputada Ximena Ossandón (RN), quien presentó en abril una iniciativa legislativa que busca establecer mayores penas para quienes roben, hurten, recepten y/o maltraten dando resultado de muerte a algún animal de compañía, así como también a quienes comercialicen a aquellos que estén registrados y a quienes los faenen y los vendan como alimento.

Como indica la diputada, existen problemas con la Ley Cholito y que llevan a buscar desde mayores sanciones para sus infractores hasta mejoras en las políticas públicas para manejar integralmente el tema. Su moción, que cuenta con el respaldo de otros seis parlamentarios y parlamentarias, no registra a la fecha movimientos desde su ingreso.

Políticas públicas y el cuidado para todos

“La Ley Cholito salió, para mi gusto, de lo peor. Dice que es responsabilidad de los municipios hacerse cargo de la salud de los animales comunitarios, pero tú no ves al municipio dándose vueltas o haciendo operativos para que la gente lleve a los perritos de calle, cero movilización con esa cuestión”, expresa Marcela Peña, fundadora del grupo animalista Alma de Kiltro, que realiza diversas acciones en ayuda a animales de la calle.

Sin los cuidados y resguardos que ofrece la tenencia responsable, estos animales no solo representan un riesgo para otros seres vivos, sino que además existe la posibilidad de que proliferen enfermedades dañinas tanto para animales como para las personas.

“Pero luego ya vienen problemas más grandes que son ya a nivel país, debido a que la tenencia responsable está asociada al nivel social de los territorios. Donde peor son mantenidos los animales, hay peor manejo de las responsabilidades comunales”, asegura Rodrigo Morales.

Así como existen deficiencias en políticas públicas para las personas, también ocurre con los animales de compañía y callejeros. Si bien algunas municipalidades cuentan con planes de vacunación y esterilización gratuitos o a muy bajo costo, no todas los mantienen a largo plazo.

“Creo que en eso hace falta un plan gratuito, contundente y efectivo. (…) Faltan recursos, es educación y recursos”, opina Carla Flores, médico veterinaria de una clínica privada en Independencia que ha trabajado de cerca en la comuna con el plan del Gobierno Regional Metropolitano “¡Cuidado con el Perro!”, además de prestar servicios veterinarios a un refugio en Pedro Aguirre Cerda.

A partir de su experiencia con el plan, la veterinaria considera que, junto con la falta de criterios para derivar casos por parte de la municipalidad, también existe poco interés y educación de parte de los dueños. Pero, es en los niños y gente más joven donde ve que la educación es más eficaz, generando mayor conciencia dentro las familias.

La deficiencia en algunos municipios es evidente al momento de expandir la visión de la tenencia responsable más allá de casos de abuso y maltrato, instancias donde muchas veces no hay suficientes recursos o mecanismos para seguir denuncias y tomar acciones correctivas.

“La política pública es esterilización, educación y sanción ciudadana y financiar a alguna ONG para que haga rescate dentro de muchas labores. Pero no podemos pretender que la política sea solo de rescates”, dice Morales, quien sostiene que las políticas públicas van por buen camino, aunque ve un problema con los vacíos en la Ley de Tenencia Responsable que en algunos casos ha llevado a que ciudadanos comunes y corrientes tengan que intervenir.

El rescate informal

Sin importar si se trata de grandes urbes o zonas rurales, la preocupación por los animales existe a lo largo de todo el territorio nacional. A casi una hora de Santiago, en Melipilla, Cristal Martínez, técnico en enfermería de profesión pero que actualmente se encuentra cesante, se dedica tiempo completo a ser rescatista de animales en la zona, labor que realiza hace 10 años.

La situación que relata Cristal se retrata en la videollamada que sostuvo con Puroperiodismo, en la que se podían ver a algunos de los 22 perros y gatos rescatados que conviven en su departamento. Mientras cuenta detalles sobre su vida, se puede ver a su lado a un perro galgo que es ciego y que ella misma rescató de un grupo de cazadores que lo utilizaban a pesar de su condición. Y no es el único, ya que Cristal se enfrenta a muchos casos similares de forma diaria.

“En realidad, en esto se corre peligro constantemente desde el minuto que tú sales a la calle. Los traficantes, los que ocupaban a los perros de raza para las cruzas, a los galgueros, o sea, son batallas diarias. Te puedo decir que me han amenazado de lincharme en mi propia casa”, dice la rescatista de 34 años que, por temas de salud mental, además del desgaste de su labor, ha considerado dejar de realizar rescates, ya que es una tarea que enfrenta de forma solitaria y sin respaldo de ninguna institución, sin más apoyo que las espontáneas contribuciones de sus seguidores en redes sociales.

En la Constitución vigente los animales no son mencionados siquiera una vez. Pero sí aparecen en el artículo 567 del Código Civil, bajo el capítulo “de las cosas corporales”, justo después de donde se establece que éstas “se dividen en muebles e inmuebles”. Entre las primeros están los animales, lo que implica que el sistema jurídico chileno no los considera como seres vivos con derechos, sino que los consagra como meras “cosas” y, por extensión, como propiedad.

“Como el animal es un bien mueble, a nosotros [los rescatistas] nos ha tocado irnos de mala, romper rejas y candados y entrar a buscar a los animales y salir corriendo. Tú estás entrando a robar algo, entonces más encima nos han echado los pacos”, explica Marcela Peña acerca de la labor que realiza durante los rescates.

#Nosonmuebles es la etiqueta que visibilizó la preocupación por el tema de los animales, haciendo llegar esta discusión hasta la convención constituyente, donde ahora son considerados como seres sintientes. (FOTO: Emilia Constanza, vía Comunidad Perruna Antofagasta)

Las acciones de grupos o personas que realizan rescates, aunque busquen un objetivo de protección en beneficio del animal, en muchos casos van en contra de la ley. Cada vez que estas personas “recogen” un animal, su principal fin es esterilizarlo para que no se reproduzca y no siga aumentando la cantidad de mascotas en situación de calle, además de buscar la posibilidad de encontrarle un hogar.

Las redes sociales son el medio por el cual las personas o los grupos rescatistas se movilizan y muestran su trabajo, además de obtener ayuda y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Solo de esa manera Martínez y Peña han podido continuar con los rescates.

El camino que queda por trazar

El pasado 28 de junio se dio por finalizado el proceso deliberativo para la redacción de una nueva Constitución y el 4 de julio se llevó a cabo la presentación oficial de la propuesta que el primer domingo de septiembre se someterá a plebiscito ciudadano. En el texto, los animales ahora sí aparecen mencionados y reconocidos como seres sintientes y con derecho a vivir una vida libre de maltrato.

Hasta que no se decida en las urnas si se aprueba o rechaza la propuesta en que trabajó por un año la Convención Constitucional, el camino que queda por trazar es largo y seguirá dependiendo de independientes, al igual que del trabajo del gobierno y de organizaciones a nivel local.

“Primero que todo, hay que ponerse a fiscalizar como locos, que es algo que falta mucho en las municipalidades. Porque los funcionarios municipales no cuentan con manos para mandar a gente a fiscalizar. Si bien nosotros no estamos facultados por la ley, jamás voy a permitir mientras esté aquí no hacer nada por un maltrato animal”, dice Carla Nilo, encargada del Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis de la comuna de Conchalí.

En general, las organizaciones y movimientos ciudadanos a favor de los derechos de los animales ven el proceso por una nueva Constitución como un avance positivo para resaltar la importancia del cuidado de los animales y mostrar de qué forma ésta es una materia vinculada estrechamente a las personas y sus acciones. E incluso desde sectores que apoyan la opción del Rechazo, la preocupación por buscar la protección de los animales y su resguardo como objetos de derecho es real.

“Puede ser que vaya variando en ese tipo de cosas; pueden salir muchas cosas y muy creativas, y nosotros la vamos a aceptar con felicidad”, dice la diputada Ossandón respecto a iniciativas que fortalezcan la tenencia responsable.

Asimismo, Tito Pizarro, que ha observado de cerca los avances y los retrasos sobre la tenencia responsable, observa con cierto optimismo el panorama futuro de esta problemática.

“Primero espero que se apruebe la nueva Constitución, y creo que tiene una mirada mucho más enfocada en el cuidado a los entornos y el planeta. Sí es responsabilidad de nosotros cuidar el planeta y en eso me parece una Constitución que va a dar más fuerza a derechos de los grupos humanos que levantan y defienden derechos de los animales de compañía a tener bienestar”, señala.

La campaña está desatada para el plebiscito del 4 de septiembre, cuando la ciudadanía deba aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución para Chile. El escrito, que en total cuenta con 178 páginas, incluye 21 artículos que aluden directamente a derechos sociales, reproductivos y políticos de las mujeres, algo inédito en la historia constitucional del país. ¿Qué dicen y qué cambios propone el texto de cara al futuro? Puroperiodismo conversó con tres ex convencionales constituyentes feministas y otros expertos que analizan en este reportaje los posibles avances en materia de igualdad de género que surgieron en la primera instancia constituyente paritaria del mundo.

Por Maira Castillo y Martina Araya*

*Este reportaje fue realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Taller de Reportajes y Perfiles, impartido por el profesor Franco Fasola.

Paridad, perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos fueron las primeras premisas que levantaron las y los convencionales electos que hacían de la bandera feminista una bandera propia. El conjunto de normas que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre tiene alrededor de 21 artículos que buscan mejorar la situación no tan solo de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales del país.

La Constitución que rige nuestro territorio nacional desde su promulgación en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, menciona tan solo una vez la palabra “mujer”. Es en el artículo 19, donde se establece que “hombres y mujeres son iguales ante la ley”. Aunque lo cierto es que la situación que viven las mujeres del país dista mucho de la frase escrita en el texto constitucional que en octubre de 2020 la ciudadanía votó mayoritariamente por cambiar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres en Chile ganan en promedio un 27% menos ingresos que los hombres. En cuanto a la brecha previsional, el último Informe de Género de la Superintendencia de Pensiones indica que existe una diferencia de 39% entre hombres y mujeres: las mujeres cotizan menos y sus jubilaciones son más bajas. Además, durante 2021 la Inspección del Trabajo recepcionó 593 denuncias de acoso sexual.

Las brechas antes mencionadas son solo algunos ejemplos de lo que llevó a las distintas convencionales feministas a trabajar para que quedaran plasmadas en el borrador ciertas reivindicaciones de género en la propuesta del nuevo marco que desarrolló durante un año la Convención Constitucional –la primera de carácter paritario en el mundo– y que el pasado 4 de julio fue entregada oficialmente al Presidente Gabriel Boric.

El resultado fue un texto que no sólo reconoce a las mujeres como sujetos de derecho, sino que además consagra en 21 de sus artículos derechos sociales, reproductivos y políticos específicos para ellas. Se propone allí también un sistema político en que la paridad de género sería un pilar clave y garantizaría además la presencia femenina en la toma de decisiones.

Para la ex convencional constituyente por el distrito 15, Loreto Vallejos, la diferencia parte con el hecho de que la Convención haya estado constituida en un 50% por mujeres.

“Los datos muestran que si no existe presencia importante de mujeres, ciertos temas no son tocados. Por lo tanto, que existan mujeres en paridad como piso en la futura estructura del Estado, va a significar que efectivamente los temas que protegen e importan de la perspectiva feminista y de las mujeres, van a poder ser abordados en profundidad”, dice.

Además de Vallejos, Puroperiodismo conversó también para este reportaje con las ex convencionales Damaris Abarca y Carolina Videla, que representaron a los distritos 15 y 1, respectivamente, durante el debate constituyente. Las tres forman parte de un grupo más amplio que arribó en julio de 2021 al edificio del ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira enarbolando la bandera del feminismo y, a continuación, junto a otros expertos, analizan los principales avances que podrían materializarse en materia de género en caso de aprobarse en las urnas una nueva Constitución.

El camino para una nueva Constitución

“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”.

Este es el primer párrafo del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que las distintas fuerzas políticas firmaron en el Congreso el 15 de noviembre de 2019, exactamente 29 días después de que explotara un estallido social en todo el país que lo puso todo de cabeza. Fue entonces que se definió la hoja de ruta que terminaría en la conformación de la Convención Constitucional.

El 25 de octubre de 2020 se plebiscitó la redacción de una nueva Constitución y el tipo de órgano que estaría a cargo de efectuarla. Votaron más de 7,5 millones de personas –convirtiéndose aquella en la elección de mayor participación en la historia de Chile– y ganaron el Apruebo con un 78,27% de los votos y la conformación de una Convención Constitucional conformada por 155 integrantes electos en las urnas, con un 78,99% de las preferencias.

Pronto llegaría la elección de los y las convencionales constituyentes. Nunca antes en la historia del país se había realizado una elección en dos jornadas –15 y 16 de mayo de 2021– y que, además, estuviera marcada por el criterio de la paridad y escaños reservados para pueblos indígenas.

El 4 de julio del mismo año, en una ceremonia marcada por varios incidentes dentro y fuera del ex Congreso Nacional, se conformó oficialmente y se dio inicio al trabajo de la Convención. El 18 de octubre se comenzó a escribir el borrador de una nueva Constitución y este año, específicamente el 28 de junio, se concluyó el proceso de escritura y armonización del texto, concluyendo así un año de labor constituyente. El texto oficial de la propuesta de nueva Constitución fue publicado el 4 de julio.

Es ahí donde ya quedaron plasmadas las diferencias con la Carta Magna vigente, pasando las mujeres de tener apenas una única y solitaria mención general a ser protagonistas del texto de manera transversal.

Lieta Vivaldi, directora del programa Género, Derecho y Justicia Social de la Universidad Alberto Hurtado, en conversación con la Escuela de Facilitadores Constituyentes explicó que “la igualdad en la Constitución de 1980 estaba entendida de una forma formal, es decir, que en el papel somos iguales y, por lo tanto, ante un incumplimiento de esta igualdad formal podía alegarse que había cierto tipo de discriminación”.

“Desde 1999 se expresa que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En ese sentido, sabemos que mientras no hay acciones de parte del Estado y mientras no haya recursos para poder ejercer esa igualdad, una mera igualdad formal no es suficiente”, agrega.

La ex convencional Damaris Abarca se muestra de acuerdo con aquello y lo grafica destacando un punto clave: “Nosotros hoy avanzamos, partiendo porque en la Constitución del ‘80 nunca se menciona la palabra ‘paridad’ y hoy se consagra 17 veces en distintos órganos del Estado”.

Paridad como piso y no como techo

El estudio de la Agrupación Nada sin Nosotras llamado “Nueva Constitución y Mujeres: Oportunidad histórica de avanzar en igualdad de género y derechos humanos”, terminó siendo una radiografía a las expectativas y percepciones de las chilenas respecto al aporte que puede llegar a ser en sus vidas cotidianas la nueva Constitución. El documento devela que un 53,8% de las 1.000 mujeres encuestadas estima que la nueva carta tendrá un gran impacto en el avance de sus derechos.

Las ex convencionales Damaris Abarca, Loreto Vallejos y Carolina Videla son parte de las 77 mujeres que conformaron la Convención Constitucional y participaron activamente en el debate constituyente. De ellas, 46 de ellas se autodeclaraban abiertamente feministas. Al respecto, Abarca menciona que “la paridad no solamente incidió, sino que creó las condiciones para que pudiéramos participar mujeres, traer nuestra propia perspectiva y poder asegurar que todos estos avances quedaran consagrados en el borrador. La paridad llegó para quedarse”.

La importancia de ese último punto es ratificado por Videla, quien asegura que “una de las principales diferencias [con la Carta Magna vigente] es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, establecer la democracia paritaria y un enfoque de género en toda la estructura de la nueva Constitución”.

Reducir la brecha de género en cuanto a la participación en cargos de poder ha sido una de las demandas históricas del movimiento feminista. Y ya había habido algunos avances en esa línea, en especial para las elecciones parlamentarias desde 2017, cuando se aplicó por primera vez una ley de cuotas en la composición de listas electorales. Si bien fue un avance, no garantizó la inclusión efectiva de las mujeres y al menos hasta 2021 el Congreso chileno aún estaba en la posición 99 a nivel mundial en cuanto a la conformación femenina de los poderes legislativos (ver columna de la politóloga Javiera Arce en CIPER).

En ese sentido, la reforma constitucional que estableció la paridad para la Convención fue un paso gigante que, en el debate constituyente que siguió a su conformación, se propuso establecer como un piso permanente no sólo para la conformación del Congreso, sino que para la del Estado en su conjunto.

“Cuando hay un grupo que ha sido históricamente excluido de las decisiones, la única manera de empujar la igualdad es que se parta de la base de que al menos tiene que haber una mitad que sea de mujeres. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que el haber tenido una Convención con paridad hizo toda la diferencia”, explica Vallejos.

En cuanto a la participación activa de las mujeres en el mundo político, Carlos Cruz-Coke, abogado de la Universidad Central y profesor de Derecho Constitucional, plantea que “la tendencia en Chile venía incorporando a la mujer en lo público, aún nos falta bastante, sobre todo en el sector privado, pero lo que hace el proyecto de Constitución es innovar estableciendo la paridad como requisito para ser parte de cualquier estamento de carácter público”.

Vallejos menciona el proceso por el cual pasaron para llegar a impulsar la paridad en el proyecto de la Constitución y el esfuerzo que, como mujeres, tuvieron que hacer para superar sus posiciones políticas, porque ser feminista no significa pensar solamente de una manera.

“Hay distintas formas de ver la política, sin embargo, en todo aquello en que sí coincidimos, nos unimos y presentamos en conjunto todas estas normas para instalar desde el día uno la existencia de paridad en las mesas directivas, en cada comisión, paridad sustantiva, etc. Eso permitió, por ejemplo, que las coordinaciones de las comisiones tuvieran dos mujeres dirigiendo; es la paridad desde la base”, finalizó.

Nuevas normas constitucionales

Según un estudio elaborado por Corporación Humanas llamado “Hacia una Constitución feminista: 15 puntos mínimos”, para que existan condiciones para la concreción de una igualdad de género sustantiva, Chile debe contar con una nueva Constitución Política que considere contenidos mínimos surgidos a partir del reconocimiento de la desigualdad y la discriminación estructural.

Al respecto, Abarca indica que “la violencia no nace solamente por una acción física, sino que también por condiciones de desigualdad. En Chile, las mujeres vivimos en condiciones de desigualdad que, lamentablemente, hemos naturalizado. Las desigualdades que han sido sistemáticas hoy en día se intentan reparar incorporando también la participación de las mujeres en las tomas de decisiones”.

Como ya se mencionó, en la propuesta para una nueva Constitución existen 21 artículos que intentan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y disidencias sexuales del país.

En el artículo 6, por ejemplo, se define de modo transversal para los distintos órganos del Estado el principio de paridad. En el artículo 161 se define el mismo principio para el sistema electoral en su conjunto. Se garantiza, además, el derecho de las personas al desarrollo y pleno reconocimiento de su propia identidad, incluyendo “las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas” (artículo 62). Para las Fuerzas Armadas, se explicita la exigencia de incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y la promoción de la paridad en sus espacios de toma de decisiones (artículo 299). Y esos apenas unos ejemplos.

Las tres ex constituyentes consultadas por Puroperiodismo concuerdan en que son varias las normas que podrían cambiar la situación de las mujeres en caso de ganar la opción del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, pero hay tres que destacan entre las demás. La primera es el reconocimiento del trabajo doméstico dentro del borrador.

“El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas”. (Artículo 11)

Este artículo busca reconocer, dignificar y visibilizar uno de los engranajes más importantes de la sociedad chilena. Hoy, según datos del INE en la última entrega de su Encuesta Nacional de Uso del tiempo, “sin importar el estado de ocupación, edad o nivel educativo de las mujeres, la totalidad de ellas realizan más trabajo de cuidados que los hombres, con un promedio nacional de 3 horas más al día. Asimismo, el estudio estableció que, al sumar el trabajo en el mercado laboral y el no remunerado, las mujeres ocupadas trabajan en total más horas que los hombres”.

Otra arista mencionada por las ex convencionales constituyentes es la norma consagrada en el artículo 17, la cual establece que todas la personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral que además erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual.

“Todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual”. (Artículo 17)

 Los datos oficiales no están actualizados, pues recién en mayo de este año el Ministerio de Salud anunció que llevará a cabo una Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX), el primer estudio de este tipo después de 24 años.

Sin embargo, en 2014 el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) realizó una encuesta sobre Derechos Reproductivos en la que los jóvenes y adolescentes en su mayoría evaluaron la educación sexual impartida en sus colegio como regular (36%) o muy mala (34%). A su vez consideraron que la principal razón para usar condón era para prevenir un embarazo (71%) y un menor porcentaje señaló que utilizaba preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual (22%) o para protegerse del VIH/SIDA (6%). Los datos sólo muestran un reflejo de la urgencia que requiere una problemática como ésta.

El tercero de los aspectos Que Abarca, Vallejos y Videla destacaron entre los más importantes de la propuesta constitucional es la declaración de la democracia paritaria. Entre otras cosas, establece la responsabilidad del Estado en promover «una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva».

“El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva”. (Artículo 2)

Lo anterior es reflejo de lo que ya se ha mencionado respecto a que Chile fue el primer país en tener una Convención con criterios de paridad y una de las primeras naciones en promover oficialmente en un texto constitucional y como uno de sus pilares una democracia abiertamente paritaria.

Los artículos antes mencionados son sólo un extracto de las 21 normas que empujaron las constituyentes feministas. El texto oficial y completo del proyecto de Nueva Constitución se encuentra disponible para toda la ciudadanía desde el pasado 4 de julio y lo puedes descargar pinchando aquí o en la imagen a continuación:

 Por Amy Franklin Casanova y Gabriel Riveros

El reciente éxito festivalero de ciertos filmes chilenos ha ido marcando la pauta de la nueva industria cinematográfica del país, donde la ficción y el entretenimiento se han cruzado con la expresión política.  Últimamente Chile ha estado marcado por cambios sociales como el estallido social o la revolución feminista, que generaron cambios en la forma de hacer cine, de sus temáticas y de la forma en que se percibe la industria.

El escritor y crítico de la gran pantalla Ernesto Garratt asevera que “el cine puede transformarse en política, de hecho, desde sus primeros pasos, como lenguaje narrativo el cine fue política. Pienso en Griffith cuando hizo ‘El nacimiento de una nación’ y plantó allí toda su visión y cosmovisión política, especialmente de la vida con una mirada que hoy en día sería políticamente incorrecta, lo que es el Ku Klux Klan”, un grupo de odio con sentimientos de supremacía de origen estadounidense.

Una de las investigaciones más recientes sobre el cine en el país fue publicada en 2016 y reunió a 77 especialistas para identificar a “las mejores 50 películas chilenas”. En el top 10 hay una serie de documentales, películas y largometrajes, entre otros, en cuyas historias está presente como eje la política, como en “La Batalla de Chile”, de Patricio Guzmán –en sus tres tomos–; “Machuca”, dirigida por Andrés Wood; y “El Club”, de Pablo Larraín.

“A diferencia de lo que se cree habitualmente, la mayoría de las películas chilenas no están vinculadas al tema de la dictadura. Sin embargo, yo creo que hay un sello super particular en el cine chileno reciente”, afirma la periodista, magíster en Ciencia Política y crítica de cine, Marisol Aguila.

“En el sentido de la representación, es súper interesante como el cine chileno desde hace ya bastante tiempo está representando a aquellos grupos, comunidades o históricamente discriminados que han estado invisibilizados”, explica Aguila.

La especialista agrega que “hay un trabajo importante de mujeres documentalistas, principalmente, que rescatan sus propios archivos familiares, está el tema del cine chileno vinculado a las diversidades sexuales. Entonces, la representación que las comunidades puedan verse representadas en la pantalla grande es una reivindicación política importante, que yo creo, el cine chileno viene realizando hace rato”.

Imágenes del estallido social

El 18 de octubre de 2019 hubo un quiebre en el orden social del país. Ya es sabido cómo partió: los estudiantes secundarios salieron a la calle a manifestarse ante un malestar colectivo de injusticias bajo la consigna de “no son 30 pesos son 30 años”. También se sabe ya cómo siguió esa historia, que derivó en un proceso constituyente que permitió cambiar de forma democrática –aunque no exenta de polémicas y fricciones– la Constitución que instauró en 1980 la dictadura de Pinochet. Esta ruptura y su devenir quedó en la historia del país como un punto de inflexión y, por lo mismo, plasmada en distintos documentales.

Uno de ellos fue “Los ojos del estallido”, que retrata los dos primeros meses de la revuelta a través de 11 miradas de personas que sufrieron trauma ocular perpetrados por agentes del Estado, organizaciones colectivas de salud y la realidad de manifestantes. Este fue producido por estudiantes de la cátedra de Cine Documental de la Universidad Abierta de Recoleta, bajo la dirección del docente Daniel Miranda.

La situación que vivió Chile no sólo fue un objetivo de las cámaras y equipos nacionales de realización audiovisual, sino que incluso traspasó fronteras. Un ejemplo de ello fue el documental “Piñera: La guerra contra Chile”, del director brasileño Carlos Pronzato (ver documental), quien lo título así a propósito de la declaración pública del ex Presidente Sebastián Piñera poco después del 18-O: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Aguila explica que el vínculo del cine con la revuelta social tiene dos respuestas: “La primera reacción fundamental fue que las imágenes adquieren un valor estratégico, reivindicativo y evidenciador de lo que estaba pasando en términos de Derechos Humanos. La segunda parte estamos recién viéndola; las películas demoran mucho tiempo en estar listas, porque los procesos de producción y post producción son muy lentos —mayormente en los documentales— pero estamos viendo otro tipo de películas, que vamos a empezar a ver, que diría son más de batalla, más de guerrilla, enfocada en la movilización propiamente tal, de grupos más alternativos y otro que me parece más interesante porque tiene una especificidad y una diferenciación, que son aquellos que se oposicionan desde un lugar específico”.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de “Primera”, del director Vee Bravo, en el que se la da un seguimiento específico a integrantes de la primera línea, “porque los sigue a sus casas y se entiende más bien las reivindicaciones desde lo político, de la ideología, desde Plaza Dignidad, desde las movilizaciones callejeras”, sostiene Aguila.

Garratt, en cambio, plantea: “No he visto ninguna película que diga ‘wow ésta es la película que está reflejando lo que está pasando’. Me acuerdo de ‘Estudiantes Secundarios’, que es un documental de hace 10 años que habla del movimiento estudiantil previo a todo esto [del estallido social]”.

En el análisis de Garratt sobre por qué no existen obras audiovisuales más políticas es porque “hay una censura económica fuerte. En la TV abierta no vemos documentales o películas históricas en horario prime. Cualquier tema que sea conflictivo o que ataque a la ética de un sector de la población que es férreamente pinochetista o ultranacionalista, no va a existir mucho tiempo”.

“Ni siquiera son puntos de vista, son verdades históricas. Por ejemplo, “Bestia” —nominado en los premios Oscar 2022—, cortometraje que habla de una verdad histórica y que fue resentida por muchas personas porque decían que no era una verdad objetiva, ni siquiera había una reflexión antojadiza, es algo inapelable. Eso pasa, hay gestos políticos-económicos en contra de estos gestos políticos”, afirma el crítico.

Y añade: “Creo que el desafío es dejar de darle plata a los millonarios, para que hagan cine millonario y democratizar el financiamiento del cine y que personas emergentes que vengan de otro mundo, que sean diferentes, de distintas clase, hasta de raza, hablen de cosas que nadie está diciendo y que lo puedan hacer de manera más auténtica, más entretenida, más libre”.

La nueva Constitución y los derechos como ejes narrativos  

“Una discusión con temática super atingente y contingente a los chilenos es qué valor le damos a la plata en esta sociedad, especialmente en estos momentos de post-estallido social o Convención Constitucional. Entonces, pasa que películas como ‘Parásitos’ es tan pertinente a la realidad chilena, o películas como ‘Okja’. De hecho, el mismo Bong Joon-ho (director de cine surcoreano) ha hecho guiños a Chile; ‘Okja’, es una película que es una metáfora de cómo la producción de súper cerdos gigantes viene a ser visto como un beneficio económico y social cuando, en verdad, detrás hay una empresa que manipula genéticamente chanchitos y que miente diciendo que el primero fue encontrado naturalmente como una raza de súper cerdos en Chile. Se muestra nuestro país como el nacimiento de esta nueva fuente de riquezas, que sería metafóricamente el neoliberalismo”, argumenta Garratt.

La periodista y crítica de cine sí relaciona una película chilena llamada “El Pa(de)ciente” con el momento actual del país en la redacción de una nueva Constitución, porque “se ve indirectamente el derecho a la salud. La película se hizo justo previo al estallido social y hay algunas tomas donde aparecen algunas reivindicaciones en la calle, en el sentido de los derechos sociales. En lo que engloba ahí, yo diría el cine reciente, muy reciente, son la reivindicación de los derechos sociales, que es básicamente la línea que se ha seguido desde el estallido social y después en la Convención Constitucional, donde los derechos sociales son el centro –el corazón le han llamado– de estas transformaciones de provisión de derechos del Estado, un Estado social y democrático de derechos”, dice Aguila.

Por el contrario, su par cuestiona que esa película tiene “anotaciones o comentarios demasiado superficiales para lo que está pasando; no creo que en estos momentos —audiovisualmente hablando— haya una obra que esté abordando este tema con los méritos que se merece”, señala Garratt.

El último estreno del director Nicolás Videla con el documental “Travesía Travesti”, recorre los desafíos en la amistad de Anastasia y Marakx por retomar una obra que se vio interrumpida por el estallido social del octubre en 2019, abordando por medio de archivos la realidad de la comunidad trans y travesti en una sociedad patriarcal.

“En Travesía Travesti hay una reivindicación también de derechos específicos de la comunidad trans y travesti como disidencias sexuales, las más discriminadas dentro de las discriminadas. (…) Son ellas mismas [las actrices] las voces que hablan de su propia historia, reivindicando la epistemología y la posibilidad de generar conocimiento”, dice Aguila.

En su segundo artículo del borrador de la nueva Constitución dice: “El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”.

Con respecto al cine feminista, Aguila dice que “en el caso de ‘Mujer Fantástica’, de Sebastián Lelio [único largometraje chileno que ha ganado un premio Oscar], ahí la protagonista, Daniela Vega, está en su propia reivindicación por la diversidad sexual, particularmente del mundo trans. Ella tenía un rol al principio de asesoría en la película en la idea de Lelio, que al final es muy interesante de cómo se acerca al universo femenino, siendo él un hombre. Yo diría que es de los pocos directores chilenos que, en algunas de sus películas, podríamos decir, hace un cine feminista. Es toda una discusión si el cine feminista lo pueden hacer también hombres”.

“Es un debate abierto respecto si un hombre puede hacer cine feminista o no, pero en el sentido de que, si se rompen estereotipos de género, si se representan actores y actoras históricamente discriminadas, grupos vulnerables en cuanto a los derechos, a lo mejor sí podría ser”, agrega la profesional.

La forma de producción también es un tema. “Por ejemplo, el caso de Carolina Moscoso y su ‘Visión Nocturna’, es la película más feminista que tiene el cine chileno reciente, porque hay distintas líneas respecto de la forma y el fondo. Es un documental sobre una violación que ella sufrió. Primero poner un tema como ese desde el punto de vista de la víctima en caso de ella misma, también es reivindicativa y rompe las formas tradicionales al usar archivos, en este caso de celulares, imágenes con ripio, imágenes sucias… Al principio, cuesta verla, pero después entiendes que lo que hay ahí es una militancia. Ahí hay una apuesta de cine chileno muy de vanguardia, muy reciente”, sostiene Aguila.

“Aquí hay un prejuicio brutal hacia usar los géneros cinematográficos, la comedia, la ciencia ficción, el terror, todo es visto como si fuera de rotos, como que todo el cine chileno fuera un gran drama gris. En el cine reciente no hay nada que se parezca a ‘Parásito’, nada que se parezca a ‘Host’, nada que se parezca a Joe Kerr, no hay nada. Todo es lo mismo, el gran género chileno es, para mi gusto, una lata oxidada”, dice Ernesto Garratt.

El 4 de junio se cumplieron dos meses desde que la Convención Constitucional anunció una nueva estrategia comunicacional para dar a conocer el avance en el diseño de una propuesta para cambiar la actual Carta Magna. Y ese mismo día partió la cuenta regresiva de un mes para su disolución, la cual se hará efectiva una vez que hagan entrega al Presidente Gabriel Boric del borrador final que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre. El escenario de lo que ocurrirá esa jornada es aún incierto, y en gran parte influirá cómo se ha transmitido a la ciudadanía el proceso constituyente en su conjunto. ¿Qué aciertos y falencias se pueden ver términos de estrategia comunicacional? ¿Qué le queda por hacer a la Convención con el tiempo que le queda? Puroperiodismo conversó con Ximena Orchard, académica y experta en comunicación política, para analizar qué se hizo y no hizo en esa área, y qué opciones quedan a esta altura.

A comienzos de junio se cumplieron dos meses desde que los convencionales María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), anunciaran la necesidad de hacer cambios en su estrategia comunicacional. Fue el mismo día en que tres encuestas distintas –Feedback Research, Pulso Ciudadano y Cadem– mostraban que la opción del Rechazo era mayoritaria entre quienes respondieron a sus consultas.

Previamente ya habían solicitado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) una inyección extra de $400 millones para implementar una campaña comunicacional para difundir el último tramo de su trabajo y ampliar el conocimiento ciudadano del proceso constituyente antes del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Todo es parte de un plan en tres etapas que se empezó a diseñar tras la salida en febrero de la ex encargada de comunicaciones de la CC, la periodista Lorena Penjean, y el arribo en su reemplazo del cientista político Nicolás Fernández.

Algunos convencionales, como Martín Arrau y Ruggero Cozzi, criticaron esta acción por no considerarla parte del trabajo de la Convención, señalando que ésta se debería enfocar en otros aspectos. Acciones como la publicación de insertos han remecido las aguas internas y a comienzos de mayo, tras otros impasses comunicacionales, se anunciaron nuevas acciones de difusión: el programa televisivo semanal AquíCConversa; los personajes animados Sra. Norma y Don Justo; y columnas audiovisuales de los convencionales de todo el espectro político.

Así como se cumplieron a comienzos de junio dos meses desde estos giros comunicacionales, también partió la cuenta regresiva para el fin del proceso constituyente. Las fechas importantes para la CC se están acercando: el 5 de julio se entregará la versión final del borrador de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, con lo que se pondrá fin automático al órgano constituyente. Y luego, el 4 de septiembre, se votará la aprobación o el rechazo de la propuesta para reemplazar la Carta Magna vigente desde 1980.

¿Qué tan relevantes han sido las idas y vueltas comunicacionales de la CC? ¿Qué efectos han tenido las estrategias propuestas? Puroperiodismo conversó con Ximena Orchard, directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Comunicación Política de la Universidad de Sheffield, para responder estas y otras dudas sobre los aciertos, desaciertos e impactos sobre la ciudadanía de la forma en que la CC ha trasmitido el proceso constituyente.

Ximena Orchard, directora del Departamento de Periodismo UAH y experta en comunicación política.

–El 4 de abril se habló de una nueva estrategia comunicacional en la CC. ¿Cómo considera que se estaba realizando antes de esa fecha?

No hubo mucha estrategia de comunicación en relación a la Convención, más bien había una ausencia de ella. Dado todos los temas logísticos que la CC tuvo que resolver, sin mencionar la elaboración del reglamento de su propio funcionamiento, claramente el tema comunicacional no fue institucionalmente prioritario para la Convención al inicio de su formación. Ahora que han aparecido encuestas de opinión con un incremento de potencial rechazo a la Carta Magna, claramente, ahora sí es una prioridad.

–A principios de abril empezó la nueva campaña comunicacional de la CC agregando tres agencias para generar documentos informando del trabajo realizado, contenido audiovisual y comunicación digital. ¿Son las áreas donde se debían poner las fichas para abordar una efectiva comunicación del proceso o se debía dar prioridad a otras? Hubo convencionales que reclamaron bastante.

Como área, en principio, a mí me parecen correctas. Hay públicos distintos, por lo que lo ideal es que existan distintos tipos de contenido para todas las audiencias posibles. Es adecuado en el sentido de que la persona que quiera profundizar y ver un documento más detallado, pueda acceder a él. Pero sin duda, también necesitas generar piezas audiovisuales que sean más amigables, más breves y que efectivamente puedan ser difundidas por plataformas de redes sociales, televisión u otras.

Ojo público

–En febrero y en marzo fue cuando más porcentaje de gente no sabía o no respondía sobre la votación del plebiscito, según las encuestas de Cadem. ¿Por qué habrá pasado esto? 

Informarse adecuadamente del proceso es demandante. En especial para una persona con un consumo informativo normal, a diferencia de una que tiene interés particular en el tema. Yo pienso que, en general, la ciudadanía tiene interés en el proceso. El respaldo que existió con la opción Apruebo, en el primer plebiscito, le dio una base de legitimidad y hace que la gran mayoría de las personas observe lo que está ocurriendo. Entonces, que una persona no sepa qué votar, no lo interpreto como un rechazo al proceso o un indicador de que el proceso puede fracasar. Es un llamado de atención a lo que resta de este plebiscito, es necesario bajar información a las personas.

–¿Se puede considerar el aumento del Rechazo que han marcado las encuestas del último tiempo como efecto de una falla comunicacional? 

Creo que las percepciones públicas que existen sobre la Convención Constitucional actualmente no son necesaria o únicamente un problema de comunicación. Son una respuesta a muchos factores: primero, a las dinámicas que se han desarrollado dentro la misma institución, hay eventos que fueron súper devastadores desde el punto de vista de la percepción pública. Particularmente, el caso de Rojas Vade, que claramente marcó un punto de inflexión en los niveles de confianza que la gente expresaba. Otro factor, es que es un proceso extremadamente complejo, en el cual se están discutiendo varios temas de mucha profundidad, lo que no es fácil seguir. Incluso para las personas que nos interesa es difícil.

–¿Se podría decir que la falta de estrategia inicial llevó a Lorena Penjean a renunciar a principios de febrero? ¿Debería haberse cambiado antes la estrategia comunicacional?

Ese fue un indicador súper claro de que había un problema, en la medida de que ella efectivamente renunció denunciando una ausencia de interés por parte de la Mesa Directiva. De un interés que se expresara en recursos para el desarrollo del trabajo comunicacional, porque en ese minuto ella llegó a hacerse cargo de ese proceso sin tener presupuestos y equipos muy claros, tratando de implementar un trabajo en base a recursos voluntarios. De hecho, a muchas escuelas de periodismo, incluida esta, llegaron convocatorias para estudiantes que tuviesen interés en hacer trabajo voluntario para apoyar procesos de cobertura.

Circulación de la información

-¿Cómo podría haber aprovechado la CC a los medios especializados que surgieron para cubrir el proceso constituyente? ¿Podrían haber aportado a llegar más allá del nicho?

Efectivamente, hay varios medios de comunicación que se crearon para este fin, creo que han hecho un excelente trabajo, ha sido necesario, importante y útil para las personas interesadas en el proceso. Porque en el fondo son medios relativamente de nicho, más allá de los medios masivos. Los medios exclusivamente generados para la cobertura de la Convención es un trabajo espectacular pero orientado a su nicho, a gente interesada.

–¿De qué manera le llega la información a las personas que no hacen este seguimiento a la Convención?

El público más masivo se ha ido informando, no necesariamente porque ha hecho una búsqueda activa, sino que más incidentalmente, consumiendo noticias que se han aparecido en su contexto. Son las noticias que se han producido en los medios de comunicación masiva; ahí hay un esfuerzo evidente por generar información de mejor calidad. Pero inevitablemente, las coberturas de las noticias, no por tener algo en contra de la CC, tienden a centrarse en el conflicto. Eso es así, está dentro de los valores noticiosos y ha sido estudiado que esos son los eventos que generan coberturas y es lo esperable. Si tienes una persona encargada de comunicaciones que tenga manejo de ello, sabe que es un factor que es parte de. Tienes que trabajar para contrarrestarlo con otras estrategias informativas de otro tipo.

–La Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció en marzo una campaña de descalificación y desprestigio hacia la CC. ¿Basta la estrategia comunicacional de la Convención para hacer frente a esa y otras campañas? ¿Es suficiente la contratación de una agencia comunicacional dedicada a desmentir desinformación?

Debemos tener en consideración que, en este proceso, ambas opciones deberían estar representadas en la opinión pública. Lo que uno esperaría es que fuera de forma justa, con argumentos de su motivo y no con estrategias de descalificación o desinformación. De alguna forma se ha ido incorporando como un arma sucia en contextos electorales ¿Hay que contrarrestarlo? Sí. Está súper estudiado y el comportamiento de viralización que tiene la desinformación, el alcance que suele tener es mucho más alto que cualquier propuesta de verificación. No hay que renunciar a ese esfuerzo, pero claramente no compensa el daño de las campañas de desinformación. Ahora, pensar que las estrategias de fact checking son la solución a los problemas de desinformación, eso es quedarse corto para el problema que realmente es.

Imagen de la inauguración de la Convención Constitucional el 4 de julio de 2021 (Foto: Cristina Dorador, convencional independiente por el distrito 3)

Actores involucrados

–El 28 de mayo empezó la campaña del gobierno Hagamos Historia para realizar un voto informado en el plebiscito de septiembre. ¿Cómo puede aprovecharlo la CC?

Ahí creo que son actores distintos, pero que cumplen roles complementarios. Por una parte, la Convención entrega su borrador final el 5 de julio, tras lo cual se disuelve como espacio institucional. Los esfuerzos comunicacionales que hoy realiza la Convención acaban en un mes. El gobierno entra a este escenario como otro actor que tiene una obligación de garantizar, o por lo menos promover, que exista una participación informada por parte de la ciudadanía. Son dos actores distintos que están actuando de forma complementaria. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno son necesarios para asegurar que no se extinga el trabajo cuando se entregue el documento en julio.

–Después de que se disuelva la CC como institución, los convencionales pueden seguir realizando actividades de campaña, como los partidos políticos. ¿Qué acciones cree que se darán comunicacionalmente?

La discusión pública va a estar dominada por otro tipo de actores: partidos políticos, convencionales que logren mantenerse en el debate público y otros grupos de interés que han surgido en el proceso, como organizaciones sociales y gremiales. A partir del 5 de julio empieza la campaña en un estilo electoral, no sólo una comunicación informativa, que es la que le cabe al gobierno. Pero en la discusión pública y en los medios de comunicación habrá un tono electoral.

–Para el plebiscito de 2020 se permitió la participación en franjas electorales y campañas formales de organizaciones independientes de la sociedad civil. ¿Considera factible que se les permita participar nuevamente?

Si bien todavía no se sabe cómo se va a resolver el tema, es posible que nuevamente se recurra a los partidos políticos y que estos deban organizarse en comandos que apoyen una opción u otra, eventualmente junto a organizaciones sociales. Lo paradójico es que muchos de esos partidos tuvieron participaciones marginales o nulas en la Convención. Además, el Congreso de hoy es distinto al que se tomó de referencia para la asignación de tiempos en la franja anterior, con otros partidos políticos representados.

–El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sólo definió las fechas y que cada opción tiene quince minutos. ¿Se podría generar un conflicto con los partidos políticos para conseguir tiempo?

Va a ser interesante ver la decisión del CNTV para ver los convocados de las opciones, pero lo más esperable es que sean los partidos políticos legalmente conformados los que estructuren la franja. Si se usa la fórmula anterior, los partidos tendrían que organizarse en torno a comandos y se les exigiría que involucren a organizaciones sociales en sus tiempos asignados. También si los partidos podrán participar de más de una opción, como sucedió con Renovación Nacional en la franja anterior.