Por Laura Moreno y Rodrigo Arriagada*

*Este reportaje fue realizado durante 2021 y parte de 2022, y corresponde a la Tesina de los autores para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Lidia Díaz despertó la mañana del 28 de noviembre de 2020 y lo primero que hizo fue enviarle a su hermano mayor, Miguel, una foto por WhatsApp. En la imagen se detallaban las ayudas sociales que estaba ofreciendo el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Eran cerca de las 6:00 am, por lo que intentó seguir con su rutina. Al rato, él la llamó de vuelta:

–La Yanira ya no está. Se murió.

Lidia pensó que era una broma cruel. Yanira, su hermana menor, de 25 años, había vivido con ella la mayor parte de su vida. Se criaron juntas en las Aldeas Infantiles SOS, en Puerto Varas, y Lidia siempre la protegió. Eran tan cercanas que cuando Yanira egresó de la residencia, Lidia la invitó a vivir con ella en Concepción. También la ayudó a terminar el colegio y la acompañó durante el embarazo y en el nacimiento de B, su sobrino y único hijo de Yanira.

Incrédula aún, Lidia le insistió a Miguel que la comunicara con su hermana menor. Él decía que no podía, que realmente estaba muerta y que, según los primeros peritajes, había sido un suicido. Lidia colgó y tomó de inmediato un bus con destino a Puerto Montt, donde Yanira vivía, en el sector de Angelmó. Cuando llegó, se dio cuenta de que todo era cierto: tal como dice su certificado de defunción, Yanira falleció ahorcada poco antes de que Lidia enviara la foto a su hermano, a las 4:40 de la madrugada, apenas unos días antes de cumplir 26 años.

Lidia llegó al velorio de su hermana. Mirándola en el ataúd, era incapaz de cuadrar la situación. La conocía bien y sabía que, aunque en su adolescencia había vivido cuadros depresivos, jamás dejaría solo a su hijo de forma voluntaria. Por eso, tenía una sola certeza rondando su cabeza en ese instante: el suicidio de Yanira era una farsa; a su hermana la habían matado.

–¿Qué la hizo dudar de la versión inicial?

–Es que en ese momento la vi y no era ella. Tenía su cabeza completamente golpeada, hundida, y la nariz hinchada –responde Lidia.

Las fotos tomadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de eso. La piel lisa y trigueña de Yanira mostraba zonas hinchadas y amoratadas. A Yanira la encontraron en su hogar, sobre la cocina a leña, semidesnuda, con una uña faltante, la nariz quebrada y una contusión en su cabeza que terminó en fractura.

Aunque la PDI sostenía que Yanira Díaz había atentado contra su integridad, al igual que su hermana, su madre, Elisa Vera, sospechaba que no, que a Yanira la asesinaron y que todo apuntaba hacia Claudio Ballesteros, con quien llevaba una relación de aproximadamente 9 meses.

Semanas más tarde, tras exhumar el cuerpo y realizar una segunda autopsia, se confirmó que no había sido un suicidio, aunque su certificado de defunción aún lo señala como tal. Se estableció la tesis del femicidio y se abrió una investigación penal en la que el principal sospechoso era, precisamente, Ballesteros. Yanira Díaz se convirtió así en la mujer número 40 en ser asesinada en contexto de violencia de género durante 2020, según la estadística oficial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMEG).

Actividad conmemorativa por Yanira Díaz. (FOTO: Cortesía Ni Una Menos Puerto Montt)

Lidia comenzó entonces a denunciar las irregularidades del caso en todos los espacios que encontró mientras con su familia se hacían cargo de B, de apenas 8 años. Con la lentitud de la justicia y la falta de resguardo hacia el menor, sin saberlo, pasaban a ser parte del grueso número de víctimas colaterales del femicidio en Chile, aquellas que el Estado no contempla en ninguna de sus políticas.

Desde que se tipificó por ley el femicidio como crimen en 2010, hasta el 11 de julio del 2022, han muerto en Chile 501 mujeres en expresiones de violencia de género, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). No obstante, hay organizaciones feministas que contabilizan muchas más. Esto debido a que, hasta la modificación de la Ley de Femicidios con la llamada Ley Gabriela, sólo se consideraban como femicidios los casos dónde hubiese una relación conyugal o, al menos, de convivencia. Las organizaciones feministas, en cambio, identificaban esta acción como un atentado motivado por razones de género, lo que ampliaba considerablemente el espectro. En otras palabras, consignaron que diferentes crímenes que habían sido imputados como simples homicidios, tenían un sesgo de misoginia y que, por tanto, había que reconocerlos como femicidios.

En el Código Penal, el femicidio está definido como el delito en el cual un hombre mata a una mujer «que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común»; «en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia», o «en razón de su género». Pero pareciera ser que la institucionalidad no ha pensado en las personas que quedan después de que una madre, una hermana o una hija muere en un femicidio.

En ningún apartado de la Ley de Femicidio, de Violencia Intrafamiliar o en el segmento de menores del Código Civil hay referencias sobre el cuidado de menores en estos casos. Esto quiere decir que las familias de las víctimas directas no sólo tienen que disputar los procesos de custodia de los hijos de las mujeres asesinadas; en muchas ocasiones esto se suma a investigaciones negligentes, carencias económicas, dificultades psicoemocionales y disputas legales por herencias que, a veces, tienen como contraparte al mismo femicida.

A pesar de que las cifras oficiales contabilizan 909 víctimas indirectas de femicidio consumado entre 2014 –año en que comienza a sistematizarse esta información– y 2020, no hay todavía legislación existente para asegurar su bienestar económico ni psicosocial (hay un proyecto que se discute en el Congreso, pero aún en su etapa inicial). En definitiva, quedan a la deriva en una ruta que entremezcla los caminos legales y económicos con el dolor de la pérdida y el abandono del Estado. De ellos y ellas trata esta investigación.

Ni siquiera un PDF

A pesar de que en cuestión de semanas el caso de Yanira Díaz comenzó a tratarse como un femicidio, su hermana Lidia acusa falta de atención en el caso por parte del MinMEG. No es de extrañar, si se considera que el SernamEG consideró en su presupuesto anual 2021 apenas $65,5 millones para pagar honorarios de apoyo jurídico a las familias de mujeres víctimas de femicidios en todo el país, según respondió el servicio a una solicitud de acceso a información pública.. Esto representa cerca del 0,1% del presupuesto total de la cartera, que en 2021 alcanzó los $64.565 millones, repartido entre la Subsecretaría de la Mujer y el SernamEG.

El apoyo jurídico que ofrecen desde el SernamEG, dicen personas consultadas para este reportaje, en muchas ocasiones es deficiente y no son pocas las víctimas colaterales que terminan optando por abogados particulares para llevar sus casos. De hecho, en su respuesta, el mismo servicio reconoce que “al no ser un programa, la información solicitada sobre cobertura, prestaciones, duración de éstas y evaluaciones no existe”. Lidia Díaz, por ejemplo, cuenta que su experiencia con los servicios estatales dejó mucho que desear:

–Partimos el caso con un defensor público cuando todavía se trabajaba la tesis del suicidio. Cuando se confirmó el femicidio, nos llamó el fiscal Carlos Pincheira [de la Fiscalía de Puerto Montt] para indicarnos que nos pasarían un abogado del Servicio de la Mujer, pero luego el abogado dejó la institución y se suponía que iban a pasarnos a otro. Todavía estamos esperando que nos llamen.

Lidia optó por buscar un jurista de manera particular. Hoy la representa un amigo de su pareja como querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, para la cual en diciembre se extendió el plazo de investigación hasta marzo del 2022.

Publicación en Facebook sobre el femicidio de Yanira Díaz.

En todo caso, no todas las víctimas colaterales del femicidio lo experimentan igual. Para Paula Valenzuela, por ejemplo, el trato con los abogados públicos no ha sido tan complejo. Así cuenta vía telefónica, con voz agitada.

Dice que tiene poco tiempo para hablar y es entendible: se hace cargo de su hermano menor, de su propio hijo y también de dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Soledad, quien fue asesinada en julio de 2020 en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins. El femicida, después del crimen, quemó la casa para esconder la evidencia. Su caso fue el primero de ‘femicidio no íntimo’ juzgado en el país tras la ampliación de la ley de femicidios en marzo de 2020. Esto quiere decir que el asesino de Soledad no tenía una relación sentimental con ella.

–El caso está en nada –se lamenta Paula–. De hecho, me llamó hace poco la abogada y me dijo que el fiscal iba a pedir más tiempo de investigación, entonces, puede que recién sea hasta dentro de tres meses más.

Con la abogada hablan solo previamente a las audiencias de preparación de juicio oral. Ese es, indica Paula, el único aporte que ha hecho el Estado para acompañarla en su situación. Ni siquiera tuvieron algún tipo de ayuda para llevar a los testigos a declarar ante la PDI de Rancagua. Por suerte, las cuarentenas por la pandemia de Covid-19 la terminaron favoreciendo en ese sentido, porque la realización telemática de las audiencias le permitía asistir sin tener que ver dónde dejar a los niños ni cómo pagar pasajes.

Tras la muerte de su hermana, asesinada a los 29 años, no sólo ha tenido que hacerse cargo de llevar el caso adelante. El grupo familiar de Soledad estaba compuesto por C, el hermano menor de ella y Paula, que quedó a su cuidado tras la muerte de su madre. Con ello, Paula no solo se hizo cargo de él, sino que también de sus tres sobrinos: G de 8, V de 11 y M de 13. Ninguno de los niños fue testigo de la muerte de su madre. Semanas antes, Soledad había enviado a los menores con Paula, para poder trabajar sin riesgo de contagios. Los cuatro estaban en Santiago el día que Paula fue asesinada y quemada dentro de su hogar.

–Ha sido difícil porque soy sola. Yo tenía viviendo conmigo a G y llegó un momento en que no pude más, no me dio para cuidarlo, y por eso se fue con el papá. Cuando murió la mamá, él se puso como una guagua y yo trabajo, estudio y no me daba para cuidarlo. He tirado licencia médica porque me dio ansiedad y estrés. Ahora estoy recién volviendo a trabajar –cuenta Paula.

Las dos niñas mayores quedaron a su cargo. Su padre no forma parte de sus vidas después de que en 2010 Soledad escapara junto a su hija mayor, estando embarazada de la menor, por las agresiones que sufría por parte de su expareja. Con ella fallecida, ese hombre no sólo es actualmente el tutor legal de las niñas, sino que, como estaban casados, también le corresponde la administración de los ahorros previsionales que Soledad dejó en su AFP.

Después del femicidio, Paula puso a todos los niños en tratamiento psicológico particular. Comenta que son reacios a hablar del tema y que por lo mismo dejaron de asistir a terapia. En paralelo, puso un recurso de protección en favor de las niñas, porque no sabía qué hacer con ellas en términos legales. Como nadie del Estado la orientó, siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas cercanas. “Fue como que murió la Sole y los niños quedaron ahí no más”, recuerda.

Con la acción judicial interpuesta, comenzó el engorroso trámite para la adopción y las niñas empezaron el Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), que se acercó para hacer contención a las menores. Esto como parte procedimental tras la interposición del recurso de protección para la solicitud de custodia. Paula comenta que un amigo fue el que le recomendó poner el recurso y es gracias a eso que actualmente las niñas están en tratamiento y se le asignó el cuidado provisorio. Según la escasa información pública en torno al tema, la página web del Ministerio de Desarrollo Social define estos programas como una instancia que realiza evaluaciones a niños, niñas y adolescentes que hayan vivido algún tipo de victimización o que sean infractores de ley.

A Paula constantemente le han otorgado la custodia provisoria de las niñas. Para eso, si bien el Estado puede aportar con el abogado que lleve la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ella acusa que la espera para la atención es tal que prefiere hacer rifas para solventar los trámites legales respecto a sus sobrinas.

Lo complejo es que M y V no son las únicas niñas que quedan sin sus madres en contextos de femicidios. El Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que coordina al SernamEG, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Menores (Sename, hoy Servicio Mejor Niñez) actualmente es el único espacio de orientación estatal ante estos casos, pero por definición y tal como expresa el SernamEG en su respuesta a una solicitud de acceso a información pública para esta investigación, no tiene presupuesto porque funciona como espacio de coordinación.

El último informe, publicado a principios de diciembre de 2021, indica que 59 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás durante 2020: 10 más que en 2019. Si se considera la estadística desde 2010, cuando se empezó a desarrollar el catastro, la cifra de todo el período sube a 635 menores (ver gráfico).

Elaboración propia con información recogida de los informes ministeriales desde 2010 a 2020. El gráfico permite desagregar la cantidad de femicidios, de víctimas colaterales y de los menores de edad afectados por este tipo de delitos. El gráfico evidencia que los femicidios impactan más personas que la víctima directa.

El hijo de Yanira Díaz, B, también se quedó sin su madre. Su papá vive en Taiwán, China, por lo que no lo ve regularmente. Tras el femicidio de Yanira, su familia evaluó que lo mejor era que él se quedara con su abuela, Elisa, en Puerto Montt:

–Yo me quería traer al niño –dice Lidia–, pero también sabía que era necesario que mi mamá calmara su pena. Ahora tiene un cuidado provisorio y su papá también ayuda a mi mamá con plata. Él y los amigos de mi hermana. Eso igual me alegra el corazón. Ella era muy querida y, con el B. allá, no se van a olvidar de su carita.

A la familia de Yanira tampoco le indicaron cómo llevar adelante los procesos para la custodia de B. De hecho, el menor no ha recibido ningún tipo de apoyo psicosocial por parte del Sename o cualquier otra institución pública a casi un año del asesinato de su madre. Por lo tanto, está en un limbo, sin que haya aún nada definitivo respecto a qué pasará con sus cuidados.

Tanto Paula Valenzuela como Lidia Díaz creen que el MinMEG debiese intervenir más en el tema de los cuidados a los menores: “No sé mucho de nada legal y yo pensé que el Ministerio de la Mujer apoyaría en eso. No te entregan ni un manual. Ni siquiera un PDF. No te ayudan en ninguna cosa con los niños”, dice Paula.

Este problema se ha vuelto generalizado. Patricia Varela es socióloga, experta en temáticas de género y directora de estudios de Isonoma Consultorías Sociales, un centro dedicado a la investigación social, evaluación de políticas públicas, asesorías y capacitaciones. Desde esa posición ha podido desarrollar distintos programas y estudios para el MinMEG:

–Los casos que pueden darse tras un femicidio son sumamente variados. Te encuentras con un niño o niña que su papá se mató, se va a ir preso o va a desaparecer; su madre está muerta y no hay una pensión. El Estado no sustenta la vida material de esas niñas y niños –asegura la especialista.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el padre de los menores que han perdido a su madre o cuidadora, es el asesino. Al estar privado de libertad, el homicida y padre de los menores afectados no se hace cargo de sus obligaciones económicas con ellos por no estar generando ingresos por el cumplimento de condena o prisión preventiva.

Las pensiones de alimentos, si bien pueden establecerse contra personas privadas de libertad, no tienen posibilidad de ser cumplidas. En palabras del abogado de familia, Jaime Fuentes, “dentro de los recintos penales las personas privadas de libertad no tienen forma de generar ingresos”. Pero la solución a ese conflicto se encuentra en el Código Civil. Según lo establecido en el Artículo 232, son los abuelos de la línea del padre o madre que no provee quienes se deben hacer cargo de manera subsidiaria de esta pensión. Es decir, debe existir una demanda previa al padre para el pago de pensión y una vez establecida y constatada la imposibilidad del pago de estos alimentos, son los abuelos paternos quienes deben ser demandados para exigir el pago de los mismos.

En esta misma línea, la abogada penalista y socia del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz, señala que las víctimas colaterales viven las consecuencias negativas del delito durante todo el proceso posterior a la comisión de éste. Este tipo de violencia se le conoce como victimización secundaria y, según Galaz, también tiene un énfasis en las mujeres:

–Cuando la mamá de un niño es asesinada, son probablemente otras mujeres las que se van a hacer cargo, y no hay apoyo material, entonces se profundiza la vulnerabilidad de estas familias. De hecho, ni siquiera se asegura un tratamiento de salud mental, siendo que cada vez que una mujer muere es porque el Estado falló.

Un fenómeno distinto

La foto de perfil de Lidia Díaz, tanto en su WhatsApp como en su cuenta de Facebook, es la misma: aparece un retrato de su hermana con la consigna “#Alerta Morada” y su nombre, Yanira Díaz. Abajo, en letras rojas con un fondo blanco se lee «No fue suicidio, fue femicidio».  Al lado, 25 años, la edad de Yanira, y el día de su muerte.

Tras velar a su hermana, Lidia fue junto a su madre, su hermano menor y un amigo de la familia a la casa donde Yanira vivía. Habían escuchado que había gente metiéndose al inmueble y decidieron ir a revisar. Ahí encontraron todo dado vuelta.

–Yo entré y supe lo que pasó ahí –recuerda Lidia–. Había cáscaras de papas tiradas, muchas latas de cerveza, cigarros apagados en el calefactor. Cualquiera que conozca a Yanira sabe que ella jamás habría hecho eso, ella no era así.

Gracias a una amiga de Yanira, supo que Claudio Ballesteros la golpeaba. Ella le mostró un audio a Lidia:

“Ahora ando cagada de miedo porque le rompí el vidrio– se le escucha decir a Yanira–. Amiga, hueón, tuve una noche de la mierda. El maricón culiao me arrastró en la parte de atrás de la camioneta; me sacó la chucha”.

Ahí, Lidia vio fotos que su hermana envió a su amiga posterior a la golpiza. Esas imágenes forman parte de las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Puerto Montt para establecer que su hermana era víctima de violencia en el pololeo. Ella y Claudio Ballesteros llevaban una relación de entre nueve meses y un año.

La legislación chilena sólo considera los golpes en una relación cuando estos se dan en el marco de la convivencia, puesto que se enmarcan dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Además, solamente se considera delito cuando la violencia tiene resultado de muerte, o bien, se prueba su ejercicio habitual. Para la vocera de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, esto es un problema enorme de la legislación y prevención en torno a la violencia de género:

–Nos parece un desatino que se le dé permiso a los agresores para hacer un hábito la violencia intrafamiliar. Para nosotras, la Ley de Violencia Intrafamiliar se estancó, han pasado 30 años desde su creación.

Ese, dicen varias expertas, es uno de los principales problemas para el tratamiento de este tipo de casos: la ley en Chile no considera la violencia contra la mujer de forma integral, sino que conforme se consuman distintos tipos de crímenes, se inicia un proceso judicial diferente, sin necesariamente considerar la dinámica de violencia ejercida por su victimario. Esto, por ejemplo, se evidencia en casos de suicidio femicida, donde hay una agresión psicológica constante hacia la víctima que opta por quitarse la vida.

Para la socióloga Patricia Varela, el problema es previo a la comisión del femicidio. Según ella, esta forma de enfrentar la violencia contra la mujer no permite al sistema establecer mecanismos de prevención eficientes:

–No hay un marco interpretativo que permita un abordaje integral, multisectorial, con la complejidad que requiere, y que aborde la situación de la violencia contra las mujeres en general y en la problemática del femicidio en particular. Eso, por supuesto, se traduce en que la oferta pública que tiene que ver con la prevención, con el abordaje y la reparación también sea súper insuficiente.

A pesar de esto, según la Ley de Presupuestos de 2021, el MinMEG destina por glosa poco más de $19.285 millones para la atención a víctimas de violencia de género. De esos recursos, el 95% va a parar a convenios con organismos privados que llevan adelante las políticas de acompañamiento. En prevención solo se gasta poco más de $1.200 millones.

Sin embargo, las políticas de prevención no han funcionado plenamente. De las 43 mujeres asesinadas durante 2020, 19 habían denunciado a sus homicidas por violencia intrafamiliar previamente. En cada uno de esos casos el Estado pudo intervenir para evitar las muertes, pero no ocurrió. Para Lorena Astudillo, esto es grave:

–Hay nula visión de prevenir. Lo que creo que esperamos las mujeres es no tener que vivir violencia, y la institucionalidad no lo promueve. No encontramos en la institucionalidad un espacio empático ni que sancione lo que les ha pasado a estas mujeres.

Varela considera que es clave que los programas de prevención aborden la fenomenología de los crímenes feminicidas y de género:

–Es el único delito en el cual la víctima ha tenido una relación con su victimario, donde muchas veces hay hijos en común, donde hubo un proyecto de vida compartido, por tanto, hay empatía y lealtades que hacen que la víctima también tenga un comportamiento distinto a si fuera víctima de cualquier otro atentado de violencia. Ante las primeras expresiones de violencia vienen esas preguntas: si yo denuncio, ¿cómo se alimentan mis hijos?

A pesar de la complejidad de estas agresiones, no todas las mujeres que denuncian femicidio frustrado tienen seguimiento. Según el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio, 13 de los 43 hombres que consumaron este crimen en 2020 tenían condenas previas por delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, es decir, el 30,2%. El porcentaje desciende a un 23,2% cuando se habla de los 151 femicidios frustrados que se registraron ese mismo año.

Las mujeres denunciantes que son asesinadas y las mujeres violentadas que no se atreven a denunciar a sus victimarios, son reflejo de la misma realidad: el femicidio es en muy pocos casos el primer hecho de violencia dentro de una pareja. Cuando ocurre dentro de un grupo familiar, la víctima directa de violencia deja de ser sólo la mujer agredida y afecta a menores de edad que crecen en entornos de violencia. Cuando una mujer es asesinada, con o sin convivencia previa, las víctimas indirectas son quienes deben exigir justicia y cuidados, la mayoría de las veces en soledad, sin preparación alguna ni recursos suficientes.

–Cómo quedan los niños, cómo sufren, cómo la pasan después, si comen o no comen, a ellos no les importa. Yo tengo que arreglármelas sola para ver cómo comen, cómo viven, cómo estudian, todo; también los abogados, porque a mí nadie me ayuda del gobierno –dice Paula Valenzuela.

Prevención: una deuda del Ministerio

La Isla Caguach es una de las islas menores del archipiélago de Chiloé, a la cual se llega en un viaje de dos horas en lancha desde la comuna de Quinchao. Allí viven cerca de 550 personas. La localidad no tiene mayores particularidades, salvo por la Peregrinación del Cristo Nazareno que se realiza todos los años y que le da a los habitantes la posibilidad de generar ingresos por el fuerte turístico que este evento significa.

Mónica Mansilla vivía en el sector de La Capilla. Allí, en su vivienda, fue encontrada sin vida el 19 de diciembre del 2019. Los peritajes establecieron acción de terceros; Mónica fue agredida y asesinada. Su hija, Marcia Aro (35), cuenta que la noche anterior llamó a su mamá para ver cómo estaba. Se encontraba preocupada por ella, puesto que había tenido una relación de 17 años con Carlos Vivar, quien en reiteradas ocasiones la había agredido.

La noche anterior, recuerda Marcia, su madre iba a ir a la celebración de una licenciatura de octavo básico de la escuela de la isla. Tocaría su banda favorita, Los Indomables del Sur, un conjunto musical intérprete de rancheras que venía desde Quellón. Marcia le pidió que se cuidara y no durmió hasta pasadas las 3:30 de la mañana. A esa hora, su madre le comentó que ya iba camino a la casa y que podía despreocuparse, que no había pasado nada.

–Mi mamá era una mujer muy alegre, andaba siempre con esa vibra especial. Ella se había separado de Carlos hacía 17 días y por eso yo le decía que se cuidara, que dejara la luz prendida de la casa. Desde el término, era un sermón de todas las noches decirle que dejara las luces prendidas, que cerrara bien su casa. Tenía temor de que le pasara algo –recuerda.

Marcia se despidió de su mamá. A la mañana siguiente, no se llamaron. Como Mónica había estado de fiesta, su hija pensó que lo mejor era dejarla dormir hasta tarde y ocupó su día haciendo trámites. A las 4 de la tarde recién sonó su teléfono: su tía la llamaba para informarle que Mónica estaba mal, que le habían infligido heridas y estaba pronta a fallecer. A kilómetros de Isla Caguach, en la comuna de Dalcahue, Marcia se desesperó. Al rato, una prima enfermera, la contactó, también vía telefónica:

–Marcia, no pude hacer nada con la tía.

Marcia Aro (de morado) junto a su madre, Mónica Mansilla. (FOTO: Cortesía de Marcia Aro)

En medio de la angustia, la primera persona que se le vino a la cabeza fue Carlos. Lo llamó y le preguntó qué le hizo a su madre. Le sacó en cara los 17 años de abusos contra ella, pero él aseguraba no haberle hecho nada. A los días fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Mónica Mansilla.

–Mi mamá había hecho varias denuncias, pero siempre las retiraba. Él decía que iba a cambiar, que no le iba a volver a hacer daño. Muchas veces salió mal parada con nosotras por defender a Carlos y yo creo que también el miedo le ganó, por eso retiraba las denuncias –cuenta Marcia.

Al revisar el fallo del caso, dentro de los antecedentes aparecen diferentes episodios de agresión de parte de Carlos a Mónica. El 24 de abril de 2019, por ejemplo, Vivar chocó en su camioneta con el auto que su pareja manejaba, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre del mismo año durante una discusión, él quemó el celular de Mónica y luego la persiguió con un cuchillo por toda la pampa. Tras este episodio, terminaron su relación.

A pesar de los antecedentes de violencia y de la acción de terceros vinculada a la muerte de Mónica, ella no está en el registro de femicidios de 2019 y el Tribunal Oral en lo Penal de Castro absolvió a Carlos Vivar por falta de pruebas. Tras alcanzar la libertad, Vivar se trasladó a vivir a Dalcahue, comuna en la que viven Marcia y sus hermanos. Los hijos de Mónica solicitaron la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que fue aceptada. Actualmente, Vivar se encuentra con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal

A Marcia son varias las cosas que le hacen ruido al pensar en el caso de su madre. La primera es cómo no hubo intervención del Estado cuando su madre denunciaba violencia intrafamiliar. Cuenta que en cada uno de los partes de constatación de lesiones, la sigla VIF aparece dentro del registro.

–¿Nunca hubo ninguna institución que hiciera un seguimiento, aunque ella retirara las denuncias?

–No. Yo no sé cómo es posible que, estando la información ahí, nadie haga nada. Todos en la isla sabían lo que a mi mamá le pasaba.

La prevención ha sido el gran talón de Aquiles de las políticas elaboradas por el MinMEG La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, lo plantea del siguiente modo:

–El ministerio ofrece la denuncia como única solución a la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos, nos encontramos que solo podemos hacerlo cuando es ejercida por nuestra pareja. En el caso de que se quiera denunciar al pololo, si no vivimos juntos ni tenemos hijos en común, queda prácticamente en nada. Si queremos denunciar a los tipos que nos dan un agarrón en la calle, te piden el nombre, la dirección y todos los antecedentes. Si no, queda en nada. Si se quiere denunciar al vecino que se masturba cada vez que pasas, queda en nada. Entonces, cuando la ministra dice a las mujeres ‘vayan a denunciar la violencia’, no dicen que sólo es denunciable la violencia intrafamiliar, por lo tanto, la violencia está enmarcada en un contexto de convivir con una pareja o de tener hijos en común.

Los cuestionamientos a la capacidad del MinMEG y a sus respectivas instituciones derivadas (Subsecretaría de la Mujer y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género) han prevalecido en el tiempo. Durante el aumento de violencia intrafamiliar vivido en 2020 por las cuarentenas, la implementación del protocolo Mascarilla-19, para que las mujeres denuncien en farmacias en caso de ser agredidas, fue duramente cuestionado por inconsistencias en su aplicación, tal como dio cuenta una investigación de CIPER. Como ya se adelantó en esta investigación, el SernamEG otorga anualmente poco más de $1.210 millones para estos efectos. Estos son otorgados al sector privado, encargado de generar consultorías y asesorías y campañas.

Para la Ley de Presupuestos del año 2022, se dispuso un aumento hacia los $1.264 millones, es decir, de tan sólo 4,5%. Tal como en 2021, los recursos serán otorgados a privados para la ejecución de los programas. Patricia Varela considera que la educación de los hombres es fundamental en este aspecto. En ese sentido, rescata el trabajo realizado por los Centros de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia. Sin embargo, les pone un pero:

–Son programas súper recientes, no hay evaluaciones de impacto en los resultados de eso y tienen un problema, que es que los hombres tienen que aceptar que son violentos para entrar, porque el ingreso es voluntario.

Ese antecedente tiene un aterrizaje clarísimo: de los 384 femicidios ocurridos entre 2020 y 2011, al menos 130 contaban con denuncia previa (ver gráfico). A este dato no se le puede dar un techo, puesto que desde 2011 a 2013 sólo consideraban en los informes los femicidios consumados con medidas cautelares.

Elaboración propia con datos recogidos de los informes ministeriales desde 2010 hasta fines de 2020. El gráfico describe la existencia de denuncias previas a la consumación de femicidio. En concreto, el gráfico muestra la cantidad de delitos consumados a pesar de las denuncias previas de las víctimas ¿Por qué no se intervino en estos casos?

El énfasis se ha puesto, en algunas ocasiones, en la búsqueda de reparación a las víctimas colaterales. Actualmente, la madre de Yanira Díaz recibe acompañamiento psicológico por parte del SernamEG en Puerto Montt. Del mismo modo, Marcia Aro comenta que su hermana fue apoyada también para enfrentar el duelo por su madre.

–Se hicieron muy presentes desde el SernamEG para ayudar a mi hermana, que estaba embarazada en ese momento. La apoyaron psicológicamente para enfrentar toda esta situación –dice Marcia.

Es cierto que el Estado acompañó a una de las hijas de Mónica, pero no todos corren la misma suerte. Si bien en este caso, los tres hijos eran mayores de edad y uno de ellos recibió atención psicológica inmediata y gestionada desde el Estado, en reiteradas ocasiones las familias viven calvarios judiciales entremezclados con el desamparo económico. ¿Qué ocurre cuando las víctimas colaterales son niños, niñas o adolescentes?

Niños abandonados

Según datos obtenidos desde el SernamEG, durante 2020 fueron 715 los niños, niñas y adolescentes los que ingresaron junto a sus madres a Casas de Acogida. Esos menores son todos víctimas colaterales de femicidio frustrado y que, por cierto, también se ven impactados a diferentes secuelas. Para Patricia Varela, de Isonoma Consultorías Sociales, el diagnóstico es claro:

–Son niños que crecieron en un entorno donde la violencia en la pareja estuvo normalizada, más allá de la reparación de la pérdida de la madre, que ya es terrible en sí misma para cualquier ser humano; más todavía en la infancia. Además, hay que hacer un trabajo con esos niños y niñas para poder, de alguna manera, reconstruir que existe otra forma de relacionarse en la pareja, que la violencia no era normal.

La legislación chilena no contempla planes de reparación o de apoyo socioeconómico para los menores de edad víctimas colaterales de un femicidio. En ese sentido, no existe instancia formal de apoyo para niños, niñas y adolescentes y, para atención psicológica, se terminan plegando a otras iniciativas públicas según sea cada caso.

Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado el 18 de diciembre de 2020 por la diputada comunista Karol Cariola, el cual busca garantizar condiciones básicas para el sustento material de aquellas víctimas colaterales del femicidio. Para la parlamentaria, “niños, niñas, hijos o hijas quedan completamente desamparados, familiares, hombres y mujeres, padres, madres, nietos, sobrinos, familiares directos que viven las consecuencias no sólo del dolor, sino también de no tener la reparación necesaria en términos de trabajo, vivienda; quedan con deudas gigantes porque a veces los juicios tienen que correr por cuenta propia, etcétera. Son muchos los puntos en que hoy en día este proyecto de ley viene a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de construir justicia y reparación integral”.

En esa línea, el proyecto de ley, que contó también con el apoyo de diferentes parlamentarias de oposición, pretende garantizar condiciones que permitan el acceso a la justicia, asesorando y acompañando a las familias en todos los procesos judiciales relacionados al femicidio, y generar condiciones que permitan reparar y garantizar condiciones de no repetición mediante acciones de desagravio.

Este proyecto fue realizado en conjunto con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ana Fuentes, que preside esta instancia, comenta que el proyecto de ley también busca suspender todos los derechos paternales de aquellos investigados como autores de un femicidio, para evitar el contacto de un homicida con sus hijos:

–Estamos pidiendo varias cosas, por ejemplo, que el femicida pierda la potestad de cuidar a sus hijos, porque los niños no tienen por qué ir a visitar al asesino de su mamá.

El proyecto de ley también le entrega la responsabilidad al Estado de garantizar a las personas dependientes de la víctima de femicidio y de quienes se hagan cargo de sus cuidados, vivienda, acceso a prestaciones de salud y educación en todos los niveles.

Esto hace sentido al ver las cifras de sistematización más reciente: el Circuito Intersectorial del Femicidio (2019) estableció que hubo 19 casos consumados dónde víctima y victimario tenían hijos e hijas en común, 10 casos dónde el hijo es solo de la víctima y 7 sólo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran sólo de la víctima y 21 casos sólo del victimario. Es en estos casos donde el SernamEG pone el acento.

Según indicaron en un oficio entregado a la Defensoría de la Niñez –al cual tuvimos acceso vía Ley de Transparencia–, «en el caso de los dispositivos programáticos de la red SernamEG, el perfil por Orientaciones Técnicas de todos ellos, es igualmente para mujeres mayores de 18 años para su representación jurídica, por tanto, el registro de NNA atendidos, y como se ve en la primera parte de este respuesta, está referida principalmente en los/as NNA que ingresan junto a sus madres a las Casas de Acogida de Pareja o a la Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas o Mujeres Migrantes en Situación de Explotación».

Por su parte, el nuevo Servicio Mejor Niñez –continuador del Sename en materia de protección de NNA vulnerados–, no ha querido dar respuesta a preguntas planteadas para este reportaje, ni sus portavoces han accedido a una entrevista. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el psicólogo y experto en desarrollo infanto-juvenil, Felipe Lecannelier, tiene varias cosas que aportar. Considera que hay una falta de criterio enorme en la forma de establecer prioridades en el cuidado de los menores dentro del país:

–En general, el rol del Estado es bien paradójico porque el financiamiento, las políticas públicas y los programas están destinados a niños no de extremo sufrimiento, como es el caso de los hijos de víctimas de femicidio. Hay una contradicción porque mientras más extrema es la situación del niño, mientras más traumática, existe menos ayuda del Estado en financiamiento, programas y políticas públicas. El Estado chileno ha olvidado las experiencias traumáticas, no sólo de los niños, sino que también de los adultos.

Bien lo sabe Paula Valenzuela, que tras quedar como responsable de sus sobrinas no sólo ha tenido que darles manutención, sino también enfrentar todo el proceso de adopción. El abogado de familia, Jaime Fuentes, explica que un caso de estas características puede durar entre cuatro y cinco años. Esto, debido a que primero hay que establecer, a través de peritajes, que los menores están en susceptibilidad de ser adoptados:

–Los procesos de adopción en Chile son bien engorrosos por esto mismo. En la etapa de susceptibilidad hay que demostrar que los padres no son aptos para el cuidado, no están presentes o están fallecidos y eso los convierte en menores sin tutor legal. Esto es con muchos trámites entre medio; audiencias, peritajes, informes socioeconómicos, psicológicos, entre varios más.

Además de esta problemática, muchas veces el patrimonio que poseían las madres no puede ser usado por los hijos. Un fenómeno que se repite es que el cónyuge, tras asesinar a su esposa, queda como heredero de sus bienes. Ana Fuentes denuncia que esta situación es bastante recurrente dentro de la agrupación que representa:

–Muchas veces nos ha tocado ver que los asesinos de las víctimas venden las propiedades que eran de ellas o usan sus fondos de pensiones para pagarse un defensor. Creemos que esta situación es inaceptable.

La abogada Margreth Arriagada comenta que esto es solucionable a través de una causa de indignidad. A través de sus años de experiencia en tribunales civiles, comenta que, si bien el femicidio no es una causa de indignidad, se podría sostener una causa de estas características por medio del numeral primero del artículo 968 del Código Civil: “La demanda penal se puede dar en simultáneo de la demanda civil, pero se necesita culpabilidad en la primera para poder ganar la segunda”, comenta. Esto es un problema si se considera que la resolución de casos de femicidio puede demorar hasta dos años en ser cerrados.

–En todo caso, llevo cinco años trabajando en el tribunal y nunca he visto una indignidad. No sé si es porque la gente no usa el procedimiento o qué, pero por mis manos nunca ha pasado una.

Investigaciones negligentes

El 24 de agosto de 2020 Nancy Cortés, de 55 años, pudo escuchar un veredicto que llevaba dos años esperando: Erwin Aedo Soto fue hallado culpable del homicidio de su hija, Paola Alvarado, a quien asesinó en Curacautín. El caso ocurrido en 2018, previo a la creación de la Ley Gabriela, no se abordó desde una perspectiva de género porque en esa época solo se configuraba femicidio cuando había una relación de convivencia o de cónyuges entre la víctima y el victimario.

Paola, madre de un hijo, era trabajadora sexual. Nadie de su familia sabía que se dedicaba a eso. En un viaje de trabajo acordó un horario con Aedo, quien –de acuerdo con su propia declaración– tras haber accedido al servicio, se negó a pagarle los $400 mil que habían acordado. La discusión fue en escalada hasta que él la golpeó, la mató y, según sus palabras, “la tiré al Río Dillo”.

Nancy recuerda que esperaba a su hija de vuelta en Santiago con un ceviche, pero ella no llegó. El día pasó y comenzó a asustarse, puesto que Paola no contestaba el teléfono. Al día siguiente una amiga de su hija, con quien había viajado a Temuco, le contó a qué se dedicaba Paola, que se había reunido con un cliente en Curacautín y que no había vuelto al hostal en días. Para Nancy esto es fundamental para entender la negligencia en la que cayó la PDI investigando el caso:

–Si mi hija hubiese sido, no sé, de otra clase social, no la habrían tratado así. Imagínese usted, por ejemplo, de la Fernanda Maciel cuántas cosas dijeron y terminó siendo el vecino quien la enterró a cuadras de su casa.

Tras el asesinato de Paola, Nancy comenzó a viajar continuamente a Curacautín. Allí comenzó a tejerse una red de ayuda hacia ella. Cada vez que iba, más gente sabía de su caso y la acompañaba en las búsquedas. Cada vez eran más personas quienes le ofrecían alojamiento y alimentación. En medio de toda esa red de solidaridad, el trago más amargo de la búsqueda fue cortesía de la PDI.

Nancy recuerda que no la dejaron poner la denuncia por presunta desgracia. Ahí, según ella, partió todo mal. Para la búsqueda de su hija no se hicieron georreferencias con los teléfonos ni se buscó en lugares cercanos al trabajo de Aedo. Recorriendo esa zona en búsquedas que Nancy gestionó, encontraron una zapatilla de su hija que tuvo que ir a dejar directamente a la PDI, puesto que ningún funcionario llegó a levantar la evidencia. A los días encontraron sangre de Paola en el auto de Aedo.

Nancy Cortés junto a su hija Paola (FOTO: Cortesía Nancy Cortés)

–Cuando encontraron eso, me dijeron que venían acá a la casa a buscar más cosas de la Paola: cepillo de pelos, cepillo de dientes, por el ADN. Pasó una semana y no venían. Yo llamé al fiscal para ver qué pasaba. Le dije que si no venían, yo iba a ir hasta la plaza de Curacautín a quemarme a lo bonzo. No me iba a quedar así. –recuerda.

No es la primera vez que se generan dificultades en las investigaciones relacionadas a muertes de mujeres. En el caso de Yanira Díaz, por ejemplo, las negligencias en la investigación permitieron que el caso se cerrara en una primera instancia a través de un suicidio simulado. La familia presionó para que se exhumara el cuerpo y se realizara una segunda autopsia, que demostró que sí hubo intervención de terceros en el deceso de Yanira; en el caso de Mónica Mansilla, la familia tuvo que pedir la nulidad del caso y si extendemos la mirada a otros asesinatos y desapariciones de mujeres, hay casos de evidente negligencia como la desaparición y posterior hallazgo de Viviana Haeger o el crimen contra Nicole Saavedra.

Lorena Astudillo considera que esto se debe a una desidia por parte de las entidades investigadoras y lo ejemplifica con el caso de Nicole:

–El mismo equipo, que investigó el asesinato de Nicole, investigó el de Nibaldo [Villegas], el profesor asesinado en la Quinta Región. En una semana, ya habían cruzado todas las antenas telefónicas; tenían las escuchas; lograron saber cada uno de los puntos en donde los asesinos habían andado, incluso sabían en qué playa habían intentado quemarlo, y tenían a los testigos. Con Nicole se demoraron años en cruzar las antenas telefónicas, años en revisar su teléfono. Luego de revisarlo se dieron cuenta de que nunca dejó de funcionar. Recién ahí revisaron el IP y llegaron a donde estaba el asesino, pero en eso demoraron tres años, en algo que se les pidió insistentemente que hicieran.

Para la abogada Paloma Galaz, esto es parte de un problema estructural. Ella indica que, frente a hechos de este tipo, quienes están a cargo son las fiscalías y que son ellos quienes ordenan las diligencias. Esto, sin perjuicio de que las policías tienen que estar capacitadas para estos casos:

–Las recomendaciones internacionales indican que quienes llevan estos casos debiesen ser altamente calificados. Es fundamental que, ante estos casos, la primera teoría debe ser el femicidio, porque hay mucho material probatorio que puede perderse si se comienza con una tesis más leve.

Según información entregada a través de la Ley de Transparencia, desde la creación del Circuito Intersectorial del Femicidio, 53 de estos crímenes consumados no han sido asesorados por el Sernameg. 181 sí lo fueron y 83 no pudieron asesorarse porque el agresor se suicidó.

Lo último

Han pasado poco más de tres meses desde que Erwin Aedo Soto fue sentenciado a 14 años de prisión por su delito contra Paola Alvarado. Se le aplicó la pena de presidio mayor en su grado medio debido a que, a pesar de haber asesinado a Paola tras contratar sus servicios sexuales y negarse a pagar la suma acordada, con la legislación vigente al momento del delito se habría tratado de un simple homicidio y se habría desestimado el sesgo de género.

Al preguntarle a Nancy, madre de Paola, cómo se encuentra, dice que está bien, que ya está en casa y sin ninguna novedad. Al consultarle cómo ha sido el proceso, dice que se da cuenta de que se va quedando sola. A tres años de la desaparición de Paola, cada vez tiene menos recursos para hacer las búsquedas y cada vez menos gente la acompaña. Nancy entiende que buscar a una persona que lleva tanto tiempo perdida deja de ser una prioridad.

–Me siento muy sola, abandonada totalmente. Este hombre fue condenado a 14 años y no entregó el cuerpo de mi hija porque no tuve el dinero suficiente para pagar un buen abogado, entonces, igual es una angustia muy grande, ya que tengo pensar cómo vuelvo de nuevo al sur con recursos, buscar gente. Todo lo he hecho yo. Todas las noches tengo pesadillas de que estoy preparándome para la búsqueda y me despierto muy temprano.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró a Aedo Soto culpable de homicidio simple, pero fue absuelto de los cargos de homicidio calificado y secuestro. En la instancia, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, destacó el fallo condenatorio a pesar de no tener el cuerpo de la víctima, considerándolo un hito en términos jurídicos. Lo que para el fiscal es una respuesta inédita para la justicia, para Nancy sigue siendo una herida abierta:

–A ella la extraño demasiado, me hace mucha falta. Me duele no poder cerrar un ciclo con ella, no poder aprovechar los veranos para salir a buscarla porque cada vez me cuesta más. Por recursos, por todo. No sé, quizás debería bajar los brazos, no seguir, pero es algo muy triste para mí no poder viajar y buscarla.

Tras esa reflexión, la conversación con Nancy sigue y a ratos entra en banalidades. Al rato comenta que está esperando que se apruebe en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para viajar a Curacautín y seguir revisando el terreno donde encontró la zapatilla de su hija. Cabe destacar que los peritajes arrojaron que el cuerpo de Paola Alvarado Cortés no fue arrojado al río. Por eso sigue abierta la investigación contra Erwin Aedo Soto por inhumación ilegal.

En el caso de Yanira Díaz, su hermana Lidia está a la espera de que comience el juicio contra Claudio Ballesteros. El 26 de noviembre se le notificó desde la Fiscalía Local de Puerto Montt que el 2 de diciembre se realizó una audiencia de ampliación de la investigación. A principios de julio del 2022 le confirmaron que el 1 de agosto comenzará el juicio. Al alargarse los peritajes, Lidia se contactó con distintas orgánicas feministas, medios y organizaciones de la sociedad civil para una agitación durante el día de la audiencia. Dice que la única forma de obtener justicia es haciendo ruido.

Paula Valenzuela, hermana de Soledad Valenzuela, está expectante a la próxima audiencia de renovación de custodia provisoria de sus sobrinas. Aún no se realiza el juicio contra el asesino de su hermana, que se ha aplazado hasta enero y sabe que el proceso para optar a la adopción de sus sobrinas durará bastante tiempo. La hija de Mónica Mansilla, por su parte, prepara lo que será el nuevo juicio contra quien, asegura, le quitó la vida a su madre. Tanto ella como sus hermanos menores se han encontrado con Carlos Vivar en la calle en reiteradas ocasiones:

–Yo hubiese esperado que por último le pusieran alguna prohibición de andar por ahí, porque para nosotros es fuerte verlo en la calle, el supermercado o tomando el colectivo. –dice Marcia.

Manifestación en Paseo Bulnes de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio.

Al 31 de noviembre del 2021, 43 femicidios fueron consumados. De estos, 11 víctimas eran madres de niños, niñas o adolescentes, dejando un saldo de 15 menores que perdieron a sus madres por violencia de género y un niño asesinado junto a su madre.

A pesar de la urgencia de establecer una ley de cuidados para las víctimas colaterales, el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola en enero de 2021 recién comenzó a ser discutido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas en mayo de este año. Ana Fuentes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio se lamenta de esto: “Es como si nos hubiesen tirado para la cola y nuestras familias necesitan el apoyo ahora”, indica.

A pesar de las dificultades y contratiempos, ni Paula Valenzuela, ni Marcia Aro, ni Lidia Díaz ni Nancy Cortés han dado marcha atrás en su búsqueda de justicia. Nancy resume sus motivaciones de la siguiente manera:

–Esto no se trata sólo de mi hija. Hay que seguir en la lucha por todas.

***

Esta investigación se realizó gracias a la ayuda inconmensurable de diferentes organizaciones sociales, a los testimonios desinteresados de Lidia, Marcia, Nancy y Paula, que compartieron sus relatos con nosotros y a distintos académicos y profesionales que otorgaron sus apreciaciones sobre las falencias de las leyes y políticas públicas de nuestro país. Ni el Servicio Mejor Niñez, ni el Servicio Nacional de la Mujer ni la Defensoría de la Niñez quisieron hacerse parte de esta investigación, alegando problemas de agenda o, simplemente, ignorando nuestros acercamientos.

El cuerpo de Claudia Cordero Rivero (36), madre de dos hijos, fue encontrado el lunes 10 de enero. La Policía de Investigaciones realiza la investigación ante un eventual femicidio perpetrado por su esposo, quien se suicidó. Claudia Cordero fue la primera mujer víctima de femicidio de 2022 y sus hijos, de 6 y 14 años, engrosan el registro de víctimas indirectas menores de edad.

Al comienzo, los ‘intramarchas’ eran algo así como un mito: se sabía que estaban ahí, pero no había pruebas de su existencia. Hacía años que en las protestas ciudadanas había sospechas de que carabineros o policías de civil se infiltraban para mimetizarse entre la gente y, desde adentro, dirigir la represión. La sensación creció tras el estallido social del 18-O y se acrecentó con videos y fotos capturadas in situ y viralizadas en redes sociales a modo de denuncias o funas. Pero seguían siendo algo extraoficial, algo que las autoridades negaban y que parecía imposible comprobar.

Pero eran una realidad.

La primera vez que leímos sobre estos ‘intramarchas’ fue gracias a una investigación que realizó la periodista egresada de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Josefa Barraza, y que plasmó en un reportaje que publicó en septiembre de 2020 en La Voz de los que Sobran. En ese trabajo, por primera vez se confirmaba la existencia de este equipo especial de la policía uniformada y su reconocimiento por parte del Ministerio del Interior como una medida para detener las movilizaciones que se habían desatado en todo el país.

Ese fue apenas el primero de una serie de reportajes y entrevistas que Barraza realizó para distintos medios y que, a medida que avanzaba, cerraba el cerco sobre aquellos carabineros que al límite –o incluso al margen– de la ley operaron encubiertos, como si fueran manifestantes, deteniendo por vías irregulares a quienes sí lo eran y justificando sin pruebas concretas el encarcelamiento de varios presos de la revuelta que, tras meses e incluso años en prisión, terminarían absueltos.

Toda esa línea de investigación periodística que Barraza rastreó por medio de entrevistas, documentos y pistas sueltas que fueron surgiendo en su camino, hoy es parte de su primer libro: “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”, que será presentado este viernes 22 de abril a las 17:00 horas en el auditorio E11 de la Universidad Alberto Hurtado (ver formulario para inscribirse).

En poco más de 100 páginas, el texto que publicó Editorial LOM relata cómo agentes del Estado se infiltraron en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que siguieron al 18-O, quiénes eran, cómo se organizaban e incluso, en voz de uno de ellos, quiénes dieron las órdenes. Al mismo tiempo, rescata las historias de las víctimas de esa represión y de las violaciones a los derechos humanos que ya han acreditado diversas instancias internacionales.

Dos años y seis meses han pasado desde que en Chile estalló aquel movimiento social que remecería toda la estructura política y social del país. En todo ese tiempo han pasado tantas cosas, desde el inicio de un proceso constituyente hasta la victoria de un Presidente que partió su ruta con el movimiento estudiantil. Pero una cosa que no se ha olvidado y ha tensionado estos dos procesos ha sido el de los denominados ‘presos políticos’ del estallido y con quienes los intramarchas están, inevitablemente, unidos.

Puroperiodismo conversó con Josefa Barraza a pocos días del lanzamiento que realizará en la que fuera su casa de estudios. En la siguiente entrevista, la periodista adelanta parte de lo que será esa presentación refiriéndose a su trabajo periodístico de investigación, a sus consecuencias y a qué se viene de aquí en adelante para ella.

Josefa Barraza, periodista y autora de «Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» (Ed. Lom, 2022)

–¿Cómo nace la idea de este libro?

De una manera sumamente espontánea; no lo tenía planificado ni organizado. Cuando me enteré del caso de los intramarchas en el verano de 2020, me di cuenta de que se generaba un efecto de bola de nieve. Ya no estaba frente a un solo caso, sino que a medida que iba investigando y reporteando más sobre el tema, me encontraba con uno, y otro, y otro, y otro y así se fue formando un grupo de casos intramarchas. Y esto [la idea del libro] ocurre finalmente en octubre de 2021. Imagínate lo que voy a contar: estaba en un cumpleaños y había un niño, muy tierno, con el que empecé a conversar. Ahí me di cuenta de que la mejor forma de dejar un testimonio, de dejar una investigación para las próximas generaciones sobre lo que había pasado en nuestro país, iba a ser a través de este libro. Y así nace, a través de una conversación con un niño.

–¿Qué aborda en este libro?

Principalmente, cómo el personal de Carabineros y la Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) se infiltró en las manifestaciones y en el estallido social. Pero no tan solo nos quedamos en eso, sino que además, cómo distintas esferas del poder –como Gendarmería, el Poder Judicial, el Ministerio Público y empresas privadas– se infiltraron también en el estallido social a través de los ‘intramarchas’. Entonces, cuando la gente cree que sólo se va a encontrar en el libro a Carabineros de Chile y los ‘intramarchas’, se equivocan: van a encontrar mucho más que eso.

–¿Cómo fue reportear algo que oficialmente no se quería revelar?

Fue sumamente complejo. Primero, partiendo porque la institución principal, Carabineros de Chile, me negó en todo momento información. Hasta el día de hoy estoy peleando para que reconozcan el concepto de ‘intramarchas’. A medida que iba reporteando y encontrando más casos, encontraba más obstáculos que debía sortear mi investigación, como el acceso a algunas carpetas investigativas secretas y confidenciales. Además, a medida que encontraba un caso, me encontraba con dos más, y tenía la necesidad de reportear todos los casos de los que tuviera conocimiento. No es fácil investigar a Carabineros en Chile. No es para nada sencillo y mucho menos cuando eres periodista independiente, freelance y cuando no tienes un contrato que te pueda blindar en caso de algo.

–¿Ha sufrido alguna presión o amenaza por este trabajo?

Creo que más que amenazas, sí he recibido cierto hostigamiento y violencia digital debido a este tipo de reporteo. Además, me han sucedido algunos hechos muy extraños que me los voy reservar, pero sí me he visto vulnerada en ciertas situaciones y puedo decir que tenían directa relación con los hechos que estoy investigando.

–¿En qué momento decide enfocarse en el estallido? Su trabajo previo se concentraba en historias sobre el Sename junto a Carola Rojas y, de repente, aparece como una periodista referente sobre casos de la revuelta…

Cuando salí de la escuela de periodismo de la UAH, mi meta, mi misión y anhelo era escribir solamente sobre Sename y casos de violencia sexual. Te estoy hablando de agosto de 2019, pero cuando ocurre el estallido social me doy cuenta de que hay muy pocas manos periodísticas para escribir y cubrir esos casos. O sea, teníamos a la prensa tradicional que estaba entregando una información que siempre era información oficial, pero cuando ingresaba a redes sociales, especialmente a Twitter, me encontraba con otra realidad. Era otro Chile, un Chile paralelo. Y ahí es cuando tomé la decisión, en noviembre de 2019, de empezar a cubrir casos del estallido social.

–¿Cómo parte esa ruta?

Mi primer reportaje fue una crónica sobre cómo jóvenes de escasos recursos se enfrentaban e integraban esta primera línea y cómo ellos, a través de sus historias de vida, se motivaban a salir a las calles a manifestarse. A medida que iba avanzando en mi reporteo, me fui topando con casos de presos de la revuelta, los cuales tampoco estaban siendo cubiertos por la prensa tradicional. Nadie estaba cubriendo esos casos y es ahí cuando, de manera autónoma y aprovechando que era periodista independiente, decidí que quería cubrir sus historias. Mi primer artículo sobre los presos de la revuelta fue sobre dos adolescentes que habían estado en el Sename, acusados de incendiar la Municipalidad de Buin. Luego me llegó el caso de Nicolás Ríos, el primer caso ‘intramarcha’ del que tuve conocimiento. Y después el de Cristian Valdebenito, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Ahí me comencé a relacionar no tan sólo con los presos de la revuelta, sino que también con las víctimas del estallido social y de la vulneración de sus derechos humanos. Es así como en 2020 empecé a desarrollar todo este tipo de periodismo independiente, de primera línea, de estallido social, y es la línea que he seguido en los últimos años.

–¿No cansa seguir tanto un solo tema?

Pero es que tampoco quita que investigue otros casos como violencia sexual, abusos en el Sename o lo que ocurre en Wallmapu. Incluso el texto «Tres disparos en el bosque«, que explica la muerte de Pablo Marchant (integrante de la CAM), fue preseleccionado para la última edición del Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Más que referente del estallido social, lamentablemente fui una de las pocas periodistas que se atrevió a creer y escribir casos de la revuelta. Me hubiese encantado que hubiera habido más manos para poder escribir, porque habrían sido más los casos cubiertos y se habrían masificado aún más las historias.

–¿Qué viene después de esto?

Me han preguntado si estoy trabajando en algo más o si es que me gustaría escribir un segundo libro. Pero primero me gustaría ver cómo nos va con “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”. Quiero vivir ese proceso correctamente, quiero llenarme del conocimiento que me va a dejar el lanzamiento de este primer libro y, si la gente lo recibe bien y tiene una buena aceptación, obviamente estaría planeando la escritura de un segundo libro que tenga relación directa con el estallido social. Pero sí, tengo en mente la escritura de un segundo libro, pero me voy a reservar de qué se trataría porque es una investigación que creo que dará que hablar e incomodará al poder. Y eso es lo que debemos hacer como periodistas: incomodar al poder y no ser relacionadores públicos; ser el puente para la búsqueda de verdad.

Pinchar en la imagen para inscribirse al lanzamiento que se realizará el viernes 22 de abril a las 17:00 en la UAH:

El libro «Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» se encuentra disponible para su compra en Lom.cl

Por Catalina Fernández y Joaquín Zúñiga*

*Este reportaje fue realizado para el curso Periodismo de Investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Pedro Ramírez.

Cuando Rosa Salazar (55) vio a los policías afuera de su casa ubicada en Chillán pensó que venían para notificar una citación por la pensión de alimentos de su hijo. Jamás imaginó que los tres funcionarios estaban a minutos de vaciar cajones e inspeccionar distintos rincones de su casa en busca de “paquetitos” de marihuana. Ella les pidió la orden correspondiente que el Ministerio Público debe emitir para autorizar allanamientos de morada, pero cuenta que la respuesta de los funcionarios fue tajante: “Si te vas a poner así de chorita, vamos a entrar igual no más”. 

Recuerda también haber visto que uno de los policías sacó una especie de fierro de la camioneta en la que se trasladaban. El objetivo eran las tres plantas de marihuana que Rosa tenía en su domicilio. Sintió miedo, así que les permitió entrar al hogar, pero dentro de todo existía una tranquilidad: contaba con una receta médica y varios documentos otorgados por la Fundación Daya que la acreditaban como paciente de cannabis medicinal. Pero no  fue suficiente. 

Los pacientes de cannabis medicinal en Chile, a raíz de vacíos legales de la Ley 20.000 -que penaliza el tráfico de drogas-, aun contando con una receta médica, están expuestos a allanamientos y a ser tratados como presuntos microtraficantes. Y si la persona les permite a los policías ingresar al domicilio, como fue el caso de Rosa, ni siquiera es necesario portar una orden emitida por el Ministerio Público. 

Los policías, cuenta Rosa, fueron claros. Le dijeron que se apurara porque debían llevársela al cuartel y que tendría que pasar la noche allí. Su mayor preocupación era qué hacer con su hija Camila (33), quien sufre de epilepsia refractaria y, al igual que ella, es paciente de Fundación Daya. 

Mientras Rosa mudaba a su hija, recuerda que un policía entró al mismo dormitorio y comenzó a revisar el closet y una cómoda. También cuenta que no le dieron el tiempo suficiente para ir a dejar a Camila con su papá o con una amiga conocida. Debió dejarla a cargo de un vecino. Por este y otros motivos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal por el delito consumado de vejación injusta y abusos. No es el único caso. Durante el último año, el INDH ha interpuesto otras dos acciones legales por casos de allanamientos a pacientes de la fundación (revise aquí la declaración del INDH por este caso).

Para la realización de este reportaje, Puroperiodismo conversó con integrantes de la dirección y equipo judicial de la Fundación Daya, representantes del primer estudio jurídico de cannabis en Chile (Legal Green), integrantes de la Defensoría Penal Pública, representantes de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público y pacientes que sufrieron allanamientos policiales por presunto microtráfico. También se realizaron cinco solicitudes de transparencia a entidades como el Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros, con el objetivo de conocer la cantidad de allanamientos totales por plantación de cannabis en Chile desde 2019 a la fecha. Además, se intentó establecer contacto con la Policía de Investigaciones (PDI), pero se negaron a participar, excusándose en que la responsabilidad por las órdenes de allanamiento le corresponde a las distintas fiscalías. 

Si bien desde 2019 se han realizado 88 allanamientos a pacientes de Fundación Daya -según señalan en la organización-, durante el primer semestre de este año ya se superó el total de procedimientos realizados durante 2020, es decir, 36 allanamientos entre enero y junio. 

El INDH se ha involucrado directamente en tres de estos casos, en los cuales las víctimas denuncian haber sufrido tratos vejatorios y degradantes en su calidad de personas, más allá de ser consumidores de cannabis medicinal, tal como se señala en el caso de Rosa Salazar, Camila Barra y Vivian Strauss. Por otro lado, existen vacíos legales en torno a la Ley 20.000 que no especifican cantidades ni causales para determinar si una persona es consumidor de cannabis medicinal y no un microtraficante o narcotraficante. A raíz de esos vacíos , los pacientes quedan finalmente expuestos a estos procesos de allanamiento.

Cogollo de marihuana en un dispensario (Foto: Freepik)

Desprotección en la ley 20.000

La Ley 20.000 define los delitos y penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Esta normativa busca sancionar a quienes elaboren, fabriquen o preparen bajo cualquiera de sus formas, sustancias o drogas psicotrópicas. Es una ley orientada a detener no el consumo personal -pues éste no se encuentra prohibido-, sino su comercialización ilícita, ya sea a gran o pequeña escala. Sin embargo, no considera el auto cultivo ni a usuarios recreacionales o medicinales, y al no existir esa diferencia explícita, todos pueden ser legalmente considerados como parte de un mismo grupo. 

Por un lado, el artículo 6 de la norma tipifica penas a aquellos profesionales de la salud que receten sustancias ilícitas. “El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”. En otras palabras, la ley lo considera un crimen y lo castiga como tal, con penas que parten en los cinco años de prisión y que podrían llegar a ser 15, y multas que parten en poco más de dos millones de pesos y pueden llegar a bordear los $21 millones.

Ahora bien, dicha ley también penaliza a quienes cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis sin previa autorización y se incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años) o presidio mayor en su grado mínimo (desde cinco años y un día a diez años), a menos que justifique la exclusividad del uso personal y/o próximo en el tiempo. Pero ese punto en particular es considerado por muchos un vacío legal, puesto que la ley no regula el autocultivo. ¿Qué significa? Que como no existe tipificación alguna sobre la cantidad de plantas que un usuario puede mantener o cultivar en su domicilio para justificar su “uso personal” ni tampoco sobre cómo definir el “uso próximo en el tiempo”, todo queda sujeto a la discreción de las policías y fiscales, derivando en persecuciones legales a usuarios de cannabis medicinal. 

Para Tomás Basso, abogado litigante y director de Legal Green, el primer estudio jurídico especializado en cannabis en Chile, la situación que viven los pacientes de Fundación Daya y otras organizaciones similares se relaciona directamente con la falta de conocimiento frente a la normativa que plantea la Ley 20.000. “Cualquier médico cirujano que esté inscrito en la Superintendencia de Salud puede prescribir lo que sea, inclusive sustancias establecidas en el artículo 1 de la ley 20.000”, explica. 

Sin embargo, es enfático en señalar que una receta médica que acredite el uso de cannabis no es suficiente para detener un allanamiento de morada, pero sí es necesaria para individualizar la sustancia que consume el usuario medicinal. 

De acuerdo con lo señalado por Basso, tanto para la PDI como para Carabineros, la distinción entre traficantes y usuarios de cannabis medicinal se dificulta debido a los vacíos legales, pues no hay parámetros claros que especifiquen la cantidad de plantas o insumos que una persona debe poseer para ser considerado como consumidora y no como traficante. Sin embargo, el abogado señala la importancia de “individualizar el consumo”, es decir, rotular y/o identificar bajo el nombre del paciente, ya que cualquier elemento que no esté individualizado puede llevar a la presunción de tráfico de marihuana. 

“La receta médica no es suficiente, quizás es un modo de orientación para acreditar exclusividad, pero no es suficiente. […] Los pacientes de cannabis medicinal estarán siempre expuestos a ser tratados como traficantes. Si el cultivo no está individualizado, se puede interpretar que el consumo va destinado a terceras personas, por eso en estos casos las policías suelen solicitar un permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”, añade Basso.

Cosecha en plantación autorizada de Fundación Daya en la Región del Maule (Foto: Fundación Daya)

El conducto regular

Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público, explica a Puroperiodismo que la forma mediante la cual proceden se rige por la normativa y que, al mismo tiempo, las policías especializadas en Chile operan bajo ese criterio. Los protocolos contenidos en esta normativa hacen mención al delito de cultivo sancionado en el artículo 8 de la Ley 20.000. 

A partir de 2015, la Corte Suprema se encargó de reinterpretar esta ley, puesto que previamente el artículo 8 se encargaba de tipificar el cultivo, constituyéndolo como un delito por sí solo y dando paso a sanciones condenatorias o penales. Bajo esa antigua interpretación, tanto Carabineros como la Fiscalía y los tribunales tenían la potestad de perseguir y emitir penas sin mayores investigaciones. Daba lo mismo la cantidad, el volumen de las plantas y el destino que se le diera: cualquier persona que plantara cannabis podía ser considerada narcotraficante y sería perseguida como tal. 

Pero algo cambió a mediados de 2015, cuando el máximo tribunal absolvió a una mujer previamente condenada por cultivar 40 plantas de marihuana en su casa. Lo mismo ocurrió pocos meses después, con un caso de autocultivo en la comuna de Paihuano, en la Región de Coquimbo, y luego, en 2016, cuando la misma instancia sobreseyó la causa contra otra persona a la que le habían incautado 15 matas en su hogar, luego de que las respectivas defensas lograran acreditar que el fin de esos cultivos era el consumo personal y próximo en el tiempo y no su comercialización a terceros.    

Lo anterior, en la práctica, ha implicado una reinterpretación judicial del artículo 8, estableciendo que el avistamiento de cultivo en domicilios particulares no constituye un delito por sí solo, sino que deben existir elementos probatorios que demuestren la existencia de micro y/o narcotráfico. Estos elementos pueden ser grandes cantidades de dinero en efectivo, dosificadores y altas cantidades de plantas, entre otros. Sin embargo, debido a que la Ley 20.000 no está enfocada en el consumo personal y a que no ha sido modificada, esta reinterpretación sigue sin tipificar cantidades exactas permitidas y aún deja la resolución de cada caso a criterio del juez o la jueza respectiva y las policías. 

“No hay otra fórmula porque, en definitiva, la sanción está en el cultivo sin la autorización legal, esa es la base”, añade Toledo, quien además especifica que el conducto regular del allanamiento policial se debe realizar con una orden judicial previamente emitida por un juez. 

Del mismo modo, el exfiscal refrenda a Tomás Basso en el sentido de que una receta médica no es suficiente para evitar un allanamiento, puesto que no posee validez legal alguna, y que la única autorización válida es aquella emitida por el SAG. Sin embargo, dicha autorización sólo es otorgada a plantaciones con fines industriales, situación no contemplada en ningún artículo de la Ley 20.000.

“Como argumento, [la receta médica] no basta. Puede ser útil para los efectos de un juicio, para discutir la validez del procedimiento en concreto y si esa persona es o no ajusticiable (…) Nosotros somos operadores del Derecho. Cumplimos con una ley promulgada. Puedes interpretarla todo lo que quieras, pero si la ley está vigente y tiene un sentido, hay que hacerlo”, sentencia Toledo.

Crecimiento exponencial de los allanamientos

Desde 2019, la Fundación Daya comenzó a experimentar múltiples casos de allanamientos en los domicilios de sus pacientes. Lo que antes sucedía una vez al año, hoy ocurre con una frecuencia aproximada de siete allanamientos al mes, por lo que han debido establecer protocolos al respecto dentro de la organización, brindando asesorías jurídicas a la Defensoría Penal Pública o a los abogados particulares que representan los casos de los pacientes. Actualmente hay cinco pacientes privados de libertad que reciben asistencia jurídica de la entidad sin fines de lucro. Solo tres de ellos eran pacientes de la organización; los otros dos pertenecían a otras agrupaciones que no contaban con equipos jurídicos. 

“A pesar de que uno trabaje con la Defensoría Penal Pública, si uno no insuma a la Defensoría con todo lo apropiado, es muy difícil que llegue a hacer una buena defensa particular de un paciente, y eso significa un montón de trabajo y gestión que hay que hacer con el paciente y su familia, además de la contención emocional… Estamos hablando de allanamientos en el contexto de estas policías, no es el allanamiento de tres años atrás. Estamos hablando de allanamientos como nunca antes, con cinco carros policiales, chalecos antibalas, armas desplegadas y tirando a la gente al suelo en un domicilio donde hay una persona postrada. Ya hemos presentado tres querellas con el INDH, pero no porque sean tres, sino porque son las tres en las que hemos tenido el tiempo de hacer el proceso”, señala Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya. 

Esta situación no solo afecta a pacientes de Daya. Otras organizaciones como el Centro Médico Cannabimed, Greenlife Chile, Dispensario Nacional y CCM Dispensary, han acusado casos de allanamientos tanto a sus usuarios como a sus miembros directivos. Lo anterior se condice con el crecimiento exponencial que este tipo de eventos ha tenido a nivel nacional. Según información otorgada vía Ley de Transparencia por el Ministerio Público para la realización de este reportaje, la cantidad de allanamientos ocurridos en Chile entre enero y mayo de 2021 casi duplica la cantidad de los allanamientos realizados durante el mismo periodo de 2020, tal como la PDI dio a conocer en mayo: a través de su Plan Cannabis 2021, las incautaciones aumentaron este año en un 218%. 

Según Toledo, no es lo mismo tener una planta que 100, y esa situación, sumada a otros antecedentes, tiene un peso importante a la hora de justificar el consumo personal y próximo en el tiempo. Dentro de la información otorgada por el Ministerio Público se estableció que hubo 2.551 casos en que se confiscaron plantas. De ese total, un 35% corresponde a eventos en los que se confiscaron entre una y tres plantas. En un 0,81% de los casos se contabilizaron entre 1.000 y 7.000 matas de cannabis. 

También, el Ministerio Público transparentó el estado actual de un total de 3.178 causas por cultivo de marihuana. De ellas, un 50,3%  se encuentra en estado de archivo provisional, facultad para no investigar, decisión de no perseverar, sobreseimiento definitivo y sentencia absolutoria. Por otra parte, un 49,7% se encuentra en estado de agrupación a otro caso, sentencia definitiva condenatoria y otras causales de término.

Vulneración de Derechos Humanos en los allanamientos

En abril, el INDH presentó una denuncia de extrema vulneración de derechos contra los funcionarios de Carabineros de Puerto Natales y contra quienes resulten responsables en el caso de Vivian Strauss (61) y sus dos hijos, alcanzando así un total de tres acciones judiciales en las que la entidad pública  se hace parte para defender a víctimas de casos de allanamientos con características similares. 

La madrugada del 15 de abril de 2020, la luz se cortó en el sector de Puerto Natales donde Vivian Strauss vive junto a sus dos hijos, Hugo y Mario. La mujer señala padecer Síndrome de Sjögren, Colangitis Aguda, Hipomagnesemia, Osteoporosis, Mialgia Lumbar izquierda y Hernia Abdominal, y hace un par de años sus hijos comenzaron a plantar cannabis y producir aceites para disminuir los dolores causados por sus distintas patologías. Pasados unos minutos del corte de luz, se dieron cuenta del problema mayor que estaban viviendo: una bodega que tenían en el patio de su casa había comenzado a incendiarse, y las posibilidades de que el fuego se extendiera hacia su hogar eran altas. Desesperados, intentaron  apagar las llamas con un extintor, pero no fue suficiente. Mientras esperaban a Bomberos, trataron de apaciguar el incendio con baldes de agua y mangueras. 

Bomberos logró revertir la situación antes de que las llamas comenzaran a consumir mayor parte de la construcción principal. Sin embargo, la noche no acabaría allí para la familia. Al rato llegó Carabineros, pues Bomberos había dado el aviso de que dentro del domicilio se encontraba un indoor con plantas de cannabis sativa. La familia cuenta que Carabineros dio paso a un allanamiento, sin indicarles si existía una orden previa por parte del Ministerio Público. Señalan también que fueron esposados y detenidos y, con sus ropas mojadas y sin mascarillas, debieron pasar la noche dentro del calabozo de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. 

Este fue el primero de los tres allanamientos que la familia ha enfrentado en el último año, donde Vivian denuncia haber sido empujada y golpeada en múltiples ocasiones por parte de funcionarios policiales.

“Un carabinero me empujó, y cuando le pedí que parara, volvió a hacerlo, golpeándome con la muralla. Me decía ‘tú tienes que pagar por lo que hiciste’. Fue horrible, no terminamos con el trauma del incendio y más encima estaba siendo detenida y golpeada. Tuvimos que pasar la noche en el piso del calabozo, estaba todo orinado”, cuenta Vivian. 

Marion Puga, abogada de la Defensoría Penal Pública, señala que el ingreso policial en este caso no corresponde, y ejemplifica la situación a través de un robo. “Se meten -por ejemplo- a robar a tu casa. Carabineros evidentemente, con la finalidad de que el procedimiento siga su curso, permite el ingreso a más funcionarios policiales y encuentran plantas de cannabis sativa. Si te das cuenta, se genera un hallazgo diverso a la investigación inicialmente denunciada, que es un robo. Entonces, esta circunstancia del hallazgo también es un elemento que el funcionario policial por sí solo no puede llegar y actuar. En el fondo, sería una situación de hallazgo, lo que llevaría finalmente a que nuevamente los funcionarios policiales deban tomar contacto con el Ministerio Público y dar cuenta de esta circunstancia”, dice Puga.

Durante el primer allanamiento, la familia no contaba con una receta médica que respaldara el consumo de cannabis. Luego de conseguirla a través del Centro Médico Receta Cannabis Chile, fueron allanados en dos ocasiones más. Actualmente, el caso se encuentra en investigación. Durante parte del proceso fueron representados por la Defensoría Cannabica. 

La lenta vía legislativa

En julio de 2017 fue ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ”Ley Cultivo Seguro”, que busca permitir la fabricación de especies derivadas de cannabis, cuando esté debida y legalmente autorizada, y se destine a tratamiento médico prescrito por un médico tratante mediante receta médica. 

La iniciativa que partió como una moción de la diputada Karol Cariola (PC) y que contó con el patrocinio de otros nueve parlamentarios y parlamentarias de oposición, pretende modificar no la Ley 20.000, sino que el Código Sanitario. Aunque en su versión original incluía tres artículos, durante el debate legislativo fue cambiando y quedó reducido en uno sólo que dice:

El proyecto de ley, que fue respaldado con un 88% de aprobación en la Cámara, se encuentra desde mayo de 2018 congelado, a la espera de iniciar su segundo trámite constitucional en el Senado. 

Según Marion Puga, esta circunstancia podría permitir de alguna manera evitar la cantidad de ambigüedades que la Ley 20.000 representa para los ciudadanos. “Las personas podrían tener una cantidad de plantas sin verse afectados o tener temor, porque no es solamente que vayan y te incauten, sino que hay una situación en la que el usuario se ve completamente vulnerado”, señala la abogada. 

Foto: Joaquín Zúñiga

—¿Qué te motivó a crear esta historia?
Me motivó un colega, Juan Cristóbal Peña, a propósito de un taller. Todo parte de mi interés de crear periodismo de calidad que en los diarios no encontraba y así me empecé a enfocar más en los libros. Me empecé a dar cuenta que la crónica y la no ficción tenían las mismas herramientas que la novela, pero desde las herramientas del periodismo, y que uno las podía desarrollar si las aprendía. Y así llegué a “Los fusileros”. Cuando Juan Cristóbal estaba dando un taller en el Centro Gabriela Mistral sobre crónica periodística, me inscribí a ese taller. Cristóbal al ver mi currículum de periodista de finanza y economía me dijo que quizás debía atacar a ese segmento, que era el que conocía más y del que no había literatura económica tampoco.

» Desde ese momento tomé el desafío que me dio Cristóbal con altos y bajos, porque el reporteo y la investigación fue bien extensiva, en otros me dejé estar y el proyecto entró en pantano y después se reactivó. Básicamente, se reactiva en función de los diplomados en que voy buscando perfeccionamiento; el primero en la [Universidad de] Chile en periodismo de investigación con María Olivia Mönckeberg y Víctor Herrero, y después el de narrativa de no ficción en la Universidad Alberto Hurtado con Roberto Herrscher, Juan Cristóbal Peña, Milena Vodanovic y otros académicos.

—¿Cuánto tiempo tardaste en reportear y escribir?
Los tiempos no son lineales; no podría decir que tardé cuatro años en total, son cuatro años desde que se plantea la idea hasta que se ve el libro pero hay periodos en que mi pega se hizo más intensiva, en La Tercera, por ejemplo, donde no tenía tiempo para nada. Trabajar en un diario es ser esclavo del diario, [también] nació mi hija, entonces uno no puede ni quiere dejar de lado la familia y todos esos momentos juegan en contra del libro.

» Yo creo que lo que hace el clic son los diplomados. Cuando me pongo metas y obligaciones. Fui haciendo un trabajo de investigación bien metódico. Llegaba al diario y tenía cinco carpetas y todos los días revisaba toda la prensa. Tenía una carpeta llamada “Caso Penta”, otra “Caso Cascada”, “Caso Arcano” por el caso de Chang y así tenía cinco carpetas de cinco distintos casos y cada vez que revisaba el Diario Financiero, el diario Pulso, el diario Estrategia, el diario El Mercurio, La Tercera y todos los que tienen reportajes de economía en Chile, todas las noticias que estaban relacionadas con las carpetas, yo hacía recortes. Así estuve tres años y me permitió tener un radier de información de prensa, no tuve que perder el tiempo en la Biblioteca Nacional para buscar toda esa información.

» Es un libro crítico del sistema financiero y es fácil encontrar a gente de izquierda que pueden hacer pedazos el sistema financiero, pero esa no era la idea. La idea era que la misma gente del sector financiero —la elite— hiciera un diagnóstico y fuera bien crítica del mismo. Como el periódico me daba acceso a toda esta gente, yo voy hablando con ellos, contándoles que estoy desarrollando un libro y que me interesa mucho la opinión de ellos y los voy conquistando y me dan largas entrevistas en la que terminan hablando de cosas que nunca habían hablado y que no hablaron en otros lados.

» Tiene que ver con el tratamiento que le doy en la entrevista, de ir de lo general a lo particular y de nunca aceptar una entrevista en profundidad que sea por escrito. Hay algunas entrevistas que yo hago por correo pero que son de contexto, de personajes  secundarios. Pero las de personajes principales que sustentan la hipótesis del libro, son en personas y son largas porque ellos jamás iban a decir lo que yo quería que dijeran si es que se las hacía por correo electrónico.

Foto: Joaquín Zúñiga

—¿Hubo alguna fuente que dificultó o algún documento que puso en peligro la historia?
Hay una fuente que yo creo que es la principal del libro. Se llama Francisco Armanet, que fue el gerente general del año 2007-2008 de la corredora del Banco de Chile y él tiene en su poder unas grabaciones de una operación polémica que hizo Sebastián Piñera, que no han sido conocidas y que entregan antecedentes que lo podrían complicar. Yo me pasé los cuatros años tratando de acceder a esas grabaciones; en el último año y medio de la etapa del libro supe quién las tenía, supe que existía este personaje que no lo conocía y fui tras él y estuvimos conversando bastante tiempo tratando de acceder a ellas. Finalmente no pude acceder a ellas. Yo reconstruyo la operación a través de entrevistas en on y en off con distintos operadores que participaron en esa operación y al final accede en términos de dar una entrevista y poder hablar de las grabaciones y decir que él las tiene, por qué las tiene y dónde están, que es en su caja fuerte.

—Para la construcción del libro solicitaste datos vía Ley de transparencia. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para hacer solicitudes de forma asertiva? 
Tengo una relación de amor y odio con la Ley de transparencia porque siento que desde que apareció los periodistas nos hemos volcado solamente a ella y hemos dejado de buscar información por los canales que antes lo hacíamos. Nosotros estamos ocupando demasiado esa herramienta para todo. Y no es para todo: es para cosas profundas, las que de verdad no son resueltas por los departamentos de prensa o las fuentes principales de los ministerios.

» Ahora, dicho eso, lo que sí se necesita es evitar los problemas de excusas en preguntas mal planteadas [vía Ley de transparencia]. Eso es clave: plantear bien las preguntas en el periodo establecido y apelar cuando te rechazan e incluso cuando te mandan a otro organismo. Y lo segundo es una pelea mayor de cómo hacemos para que las instituciones públicas entiendan que tienen que entregar esta información.

» Te daré un ejemplo: me pasé dos años peleando con la Superintendencia de Valores y Seguros [SVS] para que me entregaran los antecedentes del Banco de Chile del uso de información privilegiada en el 2001, cuando el Banco de Chile era del grupo Consorcio y el grupo Penta. Llegó Andrónico Luksic y les dijo: “Saben, se me ocurrió comprar el Banco de Chile. Yo tengo el 8% y quiero comprar el paquete de ustedes que es el 35%, ustedes son controladores del Banco”. Y estos tipos no hallaron nada mejor que vendérselo, pero antes de eso hacer “una pasada” y eso se llama información privilegiada y fue sancionado.

» Yo pido esos documentos a la Superintendencia, les digo que sé que multaron a todos estos gallos en el 2001 por esta operación, y la SVS me dice: “Deje preguntarles a ellos si le puedo pasar los antecedentes a usted”. O sea, les preguntó y por supuesto que le dijeron que no y la SVS me dice que no y que no me puede entregar los expedientes del caso, que hay una ley de datos personales que protege el secreto de información de todos estos empresarios.

» Yo apelo, el Consejo [para la Transparencia] me da la razón y le dice a la SVS que me lo entreguen y la SVS decide ir a la Corte de Apelaciones con un abogado de la SVS, pagado por los impuestos de los chilenos, para defender la privacidad de empresarios millonarios. O sea, los empresarios ni siquiera fueron capaces de poner su propio abogado, tuvo que una institución pública pagarle el abogado. Les gano en la Corte de Apelaciones y van a la Suprema, de nuevo pagados por el fisco, y les ganamos en la Corte Suprema y pude acceder a los antecedentes de esa multa.

» Pero si uno piensa desde el punto de vista de la impunidad o desde el punto de vista de desigualdad de condiciones con el ciudadano común y corriente, es grave. Porque si yo quiero acceder al caso de una sanción o de un juicio de una persona que se robó o que vende cd en la calle, puedo hacerlo, puedo ir a buscar el caso en el tribunal o puedo ir al archivo judicial. Pero en el caso de ellos, no. Los protege la institución, los protege la SVS, si te sancionan hoy día y pasa un año, tu caso muere, Cuando pasan esas cosas en Chile uno se da cuenta que la desigualdad no es solamente de ingresos sino que también es en la justicia y en la protección y el amparo de una institución pública, y eso lo descubro a propósito del reporteo.

—¿Cómo lograste crear un texto de no ficción cuando tu libro está enfocado en datos duros? ¿Cómo fue realizar esa combinación? 
Para eso me sirvió el diplomado, para entender las herramientas de narrativa de no ficción. Lo primero es que todo debe ser verdadero, todo debe estar documentado y la honestidad intelectual del periodista debe estar por sobre lo demás. Luego, debe uno aprender a desprenderse de ciertas cosas, tomar distancia de todas las personas que se inmiscuyeron en el proceso creativo. Por ejemplo, yo llegué a compartir con corredores de bolsa en sus casas, en sus fiestas, arriba de su auto y a lo mejor ellos pensaban que yo era parte del mismo mundo de ellos. Yo siempre supe que no estaba en el mismo mundo de ellos, siempre estaba en mi rol de periodista, pero estaba sumergiéndome en lo que ellos hacían para poder establecer bien cuáles eran sus perfiles, su forma de comportarse y que me contaran y mostraran lo que normalmente no hacen cuando están con un periodista en una situación común y corriente. Es ahí cuando uno puede desnudarlos intelectualmente, culturalmente.

Foto: Joaquín Zúñiga

—En el capítulo seis de tu libro hablas sobre los audios de información privilegiada que recibió Piñera sobre la situación de LAN. ¿Qué te parece lo que ha generado en la prensa esa información? 
Ahí tengo una opinión un poco más compleja, porque hay cierta prensa que lo leyó como tal. Un presidente que es un multimillonario, que hizo su fortuna en la bolsa, no hizo fabrica, él no creo riquezas, él especulaba en la bolsa y así hizo su fortuna y cuando tú haces 2.600 o 3.000 millones de dólares en bolsa, dejas heridas y hartas. Uno de esos heridos es Francisco Armanet y él habla, herido no porque se le haya defraudado de alguna medida a él, sino más bien porque encuentra que lo que hizo Piñera es poco ético. Entonces tenemos a una persona de la elite —Armanet es empresario, tenía una empresa de candados llamados “Odis”—, si un testimonio como ese no mueve a los diarios, yo no me lo explico.

» Yo creo que ahí hay un problema grande del periodismo que se está haciendo en esta época sobre este gobierno. No puede ser que La Tercera y El Mercurio no se pregunten qué hay detrás de esto, por último que sospechen del libro, por último que sospechen de Armanet y que nos investiguen, pero ni siquiera eso. Invisibilizan el tema, sacan uno o dos artículos y después lo olvidan. Hay otra prensa, por ejemplo, algunos canales de televisión, varias radios y medios digitales, que sí le dieron harta cobertura al libro y si me entrevistaron a mí, entrevistaron a Armanet y pudieron levantar el tema.

» Pero como sabemos acá hay dos medios dominantes; si ellos no escriben del asunto, el tema de a poco va ir desapareciendo como ha ido pasando. Pero yo creo que no es un tema que va a desaparecer así no más, creo que de aquí a un año más va a resurgir a propósito de denuncias que se están haciendo y cosas como esas que se demoran un poco del proceso investigativo. Pero lamento que los diarios hayan reaccionado así. Si yo estuviera en una posición editorial en los diarios, no hubiera dejado pasar una noticia como esta.

—¿Cuál era el objetivo que tu buscabas con la publicación de tu libro? 
Lo que buscaba era poder revelar cómo se construyó el sistema financiero en Chile en los últimos 30 años. Tuvimos una dictadura que llegó hasta el 89 y que tenía al país bastante venido a menos, pero que hizo ciertas reformas que lo neoliberalizaron y por esos años las bolsas fueron tomando fuerzas porque se crearon las AFP. Para que invierta en acciones la AFP, tiene que haber alguien que les compre y les venda, ahí es donde aparece las corredoras. Y como aparecen las AFP con mucha plata, aparecen muchas corredoras y la que lidera todo esto es Citicorp, que es una corredora liderada por Piñera en los 80. Después de que sale del Banco de Talca con el escándalo que todos conocen, cae como gerente general de una corredora y forma una generación de corredores de bolsa que después en los 90 explota y van convirtiéndose en los ‘sacerdotes’ de esta economía local. Desde ahí te dicen cómo hacer negocios, cómo dictar políticas públicas, etc.

» Tras todo esto yo me preguntaba: ¿con qué platita lo hacen? Ellos no nos han contado cómo hacen los negocios. Contemos cómo han hecho los negocios, cómo han construido sus fortunas millonarias, que las han construido a propósito de las privatizaciones, de sacar provecho de las AFP y de negocios con una escasa regulación. Entonces la idea era contar todo ese proceso, la construcción de una generación de “yuppies” chilenos conservadores, que van todos al mismo lugar, que forman subgrupos. Y Piñera es parte del subgrupo más empoderado de todos esos corredores.

» Muchos de ellos se dedican a la cacería, el surf, yo me subí al auto con uno de ellos y fuimos a dar un paseo por Sanhattan, es un capítulo cortito que lo pone en primera persona. Me subí a su 4×4, puse la grabadora y lo dejé hablar. Son como cuatro páginas en las  que él define a la elite, quiénes son los que lo rodean, sus compañeros de la Universidad Católica, sus compañeros del Saint George, sus compañeros de la oficina de inversión, sus compañeros de surf. Siempre al lector hay que darle la mayor cantidad de información posible y que entienda que todo lo que está en el libro es verdad, que todo está bien reporteado, bien argumentado y para eso había que darle nombre y apellido a todos.

—¿Qué esperas que siga sucediendo con tu libro? 
Sobre el libro, nada. Yo espero que llegue a harta gente no más, no por las ventas —porque los escritores ganan muy poco— sino porque es un tema relevante. Se tiene que empezar a discutir en el país cómo se ha construido hoy en día la sociedad y específicamente esta subclase social que es la elite que vive en Sanhattan. En verdad viven en San Damián y operan en Sanhattan. Yo creo que se han hecho de su fortuna de forma cuestionable, hay muchos negocios que debiesen haber sido sancionados con penas de cárcel, pero no es solo eso. También tiene que ver con cómo ellos se paran frente a la sociedad y nos pretenden enseñar cómo se deben hacer las cosas, cuáles son los estándares éticos para hacer política pública.

» Tenemos a Leonidas Vial interviniendo en una política pública que tiene que ver con quitarle impuesto a la compra y venta de acciones y el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, se la acepta. Tienes a un corredor influyendo en una política pública para un negocio que tiene que ver con sus propios intereses, él es corredor de bolsa y se dedica a la compra-venta de acciones y le dice al presidente que le quite el impuesto y el presidente le dice que sí. ¿Por qué eso no es parte de una investigación mayor? ¿Por qué no es parte de un debate como sociedad? ¿Por qué un corredor de bolsa como Leonidas Vial, que ni siquiera ha ido a la universidad, va a decirle al presidente cómo hacer las políticas públicas en economía? ¿Acaso el gobierno no tiene gente preparada? A mí me interesa que ese debate se haga, más allá del libro.

Foto: Joaquín Zúñiga

Javier Rebolledo. Foto de Aarón Castro.

En algunos países de nuestra región, específicamente en Honduras, Guatemala, Colombia y México, el asesinato de periodistas se ha vuelto algo recurrente. En la nación norteamericana es donde se concentra la mayor cifra a nivel continental. Sólo el año pasado, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), 11 comunicadores murieron por realizar su trabajo: difundir información.

En Chile estos niveles de violencia no son frecuentes. Sin embargo, la libertad de expresión y el trabajo periodístico pueden ser amenazados de otras formas. Es lo que está viviendo actualmente Javier Rebolledo, periodista que ha escrito numerosos libros sobre la dictadura chilena, las violaciones a los derechos humanos y la complicidad de los civiles con el régimen de Pinochet.

Rebolledo es también autor del libro “Camaleón. Doble vida de un agente comunista», publicación que hoy lo tiene en medio de un proceso judicial luego de que Carolina Quintana, hija de Raúl Quintana Salazar —coronel en retiro hoy preso en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad—, se querellara en su contra por el delito de injuria.

El jueves 16 de agosto la Red de Periodistas Chile organizó el conversatorio “Injurias y Cárcel”, el cual tuvo lugar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. En el evento participaron la periodista Eliana Rozas (moderadora); el abogado Pablo Gómez y el protagonista principal, Javier Rebolledo. El objetivo: ahondar en el caso del periodista y en las implicancias que delitos como la injuria tienen para el ejercicio profesional.

Para poner en contexto el conversatorio en cuestión, Eliana Rozas explicó cómo comenzó a forjarse la querella en contra de Rebolledo y cómo ha seguido hasta ese entonces: “Esta situación se genera a raíz de la publicación del libro ‘Camaleón’, publicado el año pasado, el 2017, que narra la historia de Mariano Jara Leopold. Un personaje bastante extraordinario, de una gran ambigüedad […] Una vez realizada la publicación, se genera esta controversia, que lo tiene querellado a Javier por injurias graves con publicidad. El querellante no es el denominado ‘camaleón’, es Raúl Quintana Salazar, teniente coronel en retiro del ejército que se desempeñó en el campo de detención y tortura de Tejas Verdes, quien es aludido en el transcurso del relato”.

Asistentes al conversatorio «Injuria y cárcel», organizado por la Red de Periodistas Chile. Foto de Aarón Castro.

Precisamente, la querella contra Javier Rebolledo apunta a un hecho en particular. Gregorio Romero Hernández, exagente de la DINA, declaró judicialmente sobre un supuesto abuso sexual que se cometió en Tejas Verdes en contra de una joven uruguaya. En ese relato —que Rebolledo incluyó en su libro “Camaleón”— se menciona a Raúl Quintana Salazar como autor de los vejámenes. Posteriormente, Romero Hernández se retractó de esta declaración.

Carolina, hija de Quintana Salazar, se querelló en contra de Javier Rebolledo, exigió tres de reclusión en su grado menor y una multa de 20 UTM, además de solicitar la eliminación del nombre de su padre del libro “Camaleón”. Esa querella, explicó Eliana Rozas, terminó con un fallo de primera instancia del Octavo Juzgado de Garantía, el 8 de mayo de 2018, que desechó la querella ya que no se pudo sostener que existiera el delito de injuria. Sin embargo, el 13 de julio de 2018, la tercera sala de la Corte de Apelaciones revocó esa sentencia y estableció que los hechos sí podían, eventualmente, ser constitutivos de delito.

Después de esta explicación de contexto, Javier Rebolledo tomó el micrófono para contar lo que está pidiendo específicamente la parte demandante: “Hoy [16 de agosto] fue la audiencia de conciliación. Ofrecieron rebajar la pena de tres años a un año y medio, y que corrigiera, en futuras publicaciones, el error. Yo no acepté ninguna de las dos cosas, no se llegó a acuerdo. Entonces, [la decisión final del caso] se fijó para el 9 de octubre. Ahí se va a resolver todo”.

“Yo puse la declaración original [de Romero Hernández]”, dijo Rebolledo. Y explicó que muchos de los agentes represivos de la dictadura que han declarado como testigos —incluso reconociendo crímenes—, luego se han retractado de sus declaraciones, “asesorados por abogados como Juan Carlos Manns, que se dedican a asesor a violadores de derechos humanos”.

El abogado Pablo Gómez. Foto de Aarón Castro.

Luego fue el turno del abogado Pablo Gómez, quien en los últimos 14 años ha defendido a comunicadores y medios en juicios penales, civiles y constitucionales relacionados con la actividad periodística.

Eliana Rozas le preguntó cuál es el real estándar de la verdad cuando los periodistas trabajan con declaraciones que brindan terceras personas. Gómez respondió: “Esto es un tema bastante recurrente. Al realizar el ejercicio del periodismo hay un riesgo de sufrir un ataque judicial de este tipo. En todo el proceso de recopilar la información puede haber errores o imprecisiones. Hay que admitir la caída, pero no necesariamente es sinónimo de mentiras o injurias”.

El abogado comentó que en el proceso informativo pueden haber errores e imprecisiones. Dijo, en ese sentido, que el periodista está sujeto a un deber de veracidad, “que supone una intención positiva hacia la verdad pero no supone el hecho de que yo encuentre la verdad, sea dueño de la verdad”.

La veracidad admite la posibilidad de errores. En el caso de “Camaleón”, argumentó Gómez, Rebolledo se atiene a una declaración judicial —la del retractado Romero Hernández—, pero al mismo tiempo, y con otros elementos, construye otras hipótesis. “Eso es totalmente lícito, totalmente legítimo”, declaró.

Eliana Rozas le consultó al abogado sobre el derecho de aclaración y rectificación consagrado en la ley 19.733 que regula el ejercicio del periodismo y los medios en Chile. Gómez planteó que estos mecanismos —la “reparación de naturaleza”— son los más adecuados para reparar la afectación de honra o imagen. Su recomendación, por lo tanto, es que se debe descriminalizar la injuria y la calumnia, y ampliar las posibilidades de las aclaraciones y rectificaciones en medios.

Pablo Gómez también agregó que por “estrategia jurídica”, en las demandas se toma, en mayor porcentaje, el camino de la injuria por sobre el de las calumnias, porque esta última —la imputación de un delito pero falso y que es perseguible de oficio— tiene un proceso más engorroso. Por ende, es más difícil identificarla.

En la parte final del conversatorio, Javier Rebolledo habló sobre cómo se enteró de la demanda de Quintana Salazar: “Recuerdo que estaba en otra cosa, trabajando con una colega un guión de cine, en otro estado emocional. De repente me llaman de la editorial Planeta y alguien me dice: ‘Javier, llegaron unos funcionarios judiciales, dejaron esto y nosotros lo recibimos’. Empiezo a revisar, sin abogado, de forma independiente, leí los tres años de presidio, lo de la plata. Esta situación genera un amedrentamiento. Me sentí amedrentado, con susto”.

En el momento de las preguntas, Rebolledo escuchó atento las que, más que interrogantes, fueron palabras de apoyo. Él mismo, al finalizar el evento, agradeció a cada uno de los presentes, porque a pesar de haber tenido un día estresante, unos meses difíciles, dijo que siempre es grato conversar con gente “para avanzar hacia a un lugar”.

SOBRE LA RED DE PERIODISTAS CHILE

La Red de Periodistas Chile es una asociación sin fines de lucro que busca generar una comunidad de personas apasionadas por el periodismo. Para eso facilitan espacios inclusivos de articulación para quienes lo ejercen, capacitan en herramientas innovadoras de reporteo a bajo costo o gratuitas, y difunden oportunidades de becas y concursos. Para más información visita redperiodistas.org.

Nelly Luna. Foto gentileza de Midchel Meza.

Los años 90 fueron muy durísimos por el fujimorismo, y el periodismo que mi generación conoció es el periodismo de la televisión, básicamente. Era un periodismo pagado, financiado por la corrupción de aquellos años. Lo que yo menos quería hacer era hacer periodismo. Cuando entré a [la Universidad] San Marcos, el segundo y tercer año descubrí algunos autores que fueron referentes para mi formación. Comprendí que había formas distintas de abordar la noticia desde la escritura. Me empezó a gustar. Empecé a practicar luego en una organización que cubría conflictos sociales y terminé enamorándome del periodismo. Es la relación más larga que he tenido.

Lo que se sabía en ese momento de los canales de televisión es que eran financiados y muchos de sus reportajes asociados al entonces asesor de Fujimori [Vladimiro Montesinos]. Sin embargo, habían excepciones. Estaba La República y algunas revistas que de manera aislada, independiente, sí denunciaban hechos de corrupción. Pero el ideario colectivo del periodismo estaba reducido a lo que la televisión transmitía. Esas investigaciones aisladas no siempre eran replicadas en los medios más mainstream. Esa idea que mi generación tenía era la de las corresponsales que se les conoció como las «geishas del fujimorismo», que viajaban con el presidente y cubrían solamente la versión oficial.

El Comercio es una de las empresas laboralmente más serias que hay, en términos de pagos a sus periodistas. Recuerdo que cuando ingresé los practicantes cobraban el sueldo mínimo, que son alrededor de 300 dólares. Y luego cuando ingresas a planilla, te dan cuatro veces más ese ingreso. Y luego vas ascendiendo. Cuando ingreso a práctica, a la sección “Locales”, cubro temas policiales o algunos temas de ciudad más urbanos, de infraestructura y transporte. Y cuando me contratan también me quedo en “Locales” durante tres años más y luego paso a la Unidad de Informes Especiales.

El Comercio tenía dos unidades: la Unidad de Investigación y la Unidad de Informes Especiales. Nosotros en la Unidad de Informes Especiales hacíamos un reportaje a la semana, ese era nuestro timing. La Unidad de Investigación no tenía periodicidad y eran temas mucho más «de cuchillo», decimos nosotros, de cirugías, que van directamente a casos de corrupción específicos. Yo luego paso a formar de la Unidad de Investigación.

Con Fabiola [Torres], Elizabeth Salazar, hemos entrado juntas al diario a practicar y luego a trabajar. Óscar Castilla era el coordinador de la Unidad de Investigación. Todos éramos del mismo grupo de periodistas que queríamos seguir haciendo cosas en el diario y nos conocíamos, nos recomendábamos entre nosotros qué temas hacer. Cuando yo me integro [a la Unidad de Investigación] ellos eran ya como mis mejores amigos.

El 2013 Mariano Blejman anuncia la Media Factory. Nosotros éramos muy cercanos a David [Hidalgo]. Óscar y yo salíamos casi todos los fines de semana para hablar de diferentes cosas. David había renunciado a El Comercio el 2011, creo. Decíamos siempre que el periodismo en Perú era un lugar donde menos contentos y satisfechos nos sentíamos. Y que nuestro camino era renunciar, pero no sabíamos cuándo. Económicamente, no hay ningún otro diario en el Perú que te pague como nos pagaba El Comercio en ese momento.

Se nos ocurrió la idea —entre copas— de hacer un medio digital. Sale la oportunidad de la Media Factory y dijimos: «Bueno, nos lanzamos». En ese momento los tres nos reuníamos en nuestras casas, haciendo prototipos con post-its y papelógrafos de lo que queríamos, empezábamos a ver los medios que más nos gustaban, desde el Guardian al Post. Alucinábamos demasiado. Y nos presentamos a la entrevista con Mariano y fue un desastre. Yo incluso lo he contado en estos fuck-up nights, porque Mariano nos empezó a preguntar: ¿y cuál va a ser su audiencia? ¿El modelo de negocio? A nosotros tres, que nos sentíamos cronistas, investigadores puros, todo lo que era el mercado nos parecía tan contaminante. Una de las preguntas fue: ¿cómo van a hacer que sus historias tengan impacto en la audiencia? Nosotros: «Obvio, somos periodistas de investigación y todas nuestras notas tienen impacto, ¿no?».

En el periodismo de investigación uno está tan seguro de los hechos que denuncia, de la necesidad de que hay que discutir, que eso siempre impregna un halo de ego que es muy peligroso, porque siempre estás desconectado de la audiencia. Y más aún en un formato de papel, que es donde veníamos nosotros. Todo el mundo decía «qué gran investigación» pero no salíamos del círculo de tomadores de decisión.

En octubre de 2013 es la Conferencia Global de Periodismo de Investigación que se realizó en Brasil. Fuimos y ahí comprendimos que los nuevos formatos eran el camino, a través de análisis de datos, metodológicamente, y de experiencias narrativas en formato digital que puedan ser distintas. Cuando fuimos a esta conferencia en Brasil, el nuevo director [de El Comercio] nos dijo que había una posibilidad de cerrar la Unidad de Investigación. Con eso nosotros dijimos: «Bueno, no faltan muchos meses. Si eso ocurre, renunciamos». Y ocurrió en marzo de 2014.

Cuando salimos [de El Comercio], estábamos los cuatro periodistas de papel intentando entender el universo digital. Inmediatamente comprendimos que eso no iba a funcionar, y ya habíamos conocido a [Antonio] Cucho por un evento de Open Data al que asistió David y Óscar antes de que pasara todo lo de la renuncia. Pero ya teníamos la idea de ir conociendo gente. Y luego incluso lo entrevistamos. Cucho salió en portada de El Comercio como uno de los hackers más activistas en el país. Fue una de las últimas crónicas que publiqué en el diario.

¿Cómo sobrevivíamos? De diferentes formas. Nosotros hicimos un aporte entre los socios para constituir la organización los primeros seis, ocho meses. Pero en mi caso continué siendo corresponsal de la BBC hasta enero de 2016, cuando ya no pude más por tiempo, pero era también un ingreso extra. Casi todo era dedicado a Ojo Público con los ahorros que teníamos en ese momento. Ya luego de la publicación de «Cuentas juradas» empezamos a aplicar a algunos fondos internacionales.

Para mí el cambio más trascendente es que cuando uno es exclusivamente periodista —o sea, eres un empleado y sólo te dedicas a hacer periodismo en un medio grande o tradicional—, ves a la tecnología como una herramienta para investigar, desde bases de datos o herramientas que hay para analizar o procesar o investigar determinados personajes o patrones de hechos. Lo que he aprendido en estos tres años es que la tecnología para nosotros es un soporte absoluto. Ya no es sólo una herramienta para investigar, sino también un soporte sobre el que estamos construyendo la organización y desarrollando nuevos formatos.

Una de las cosas que más nos costó entender al inicio es que ya no solamente podemos ser periodistas. Estamos haciendo crecer y dirigiendo una organización, y sólo consolidando la organización tú puedes seguir haciendo periodismo. La tecnología nos permite conocer un poco más a la audiencia, adónde estamos llegando, adónde hay que ponerle más esfuerzos, en qué tipo de formatos, por qué proyectos que tienen tanto esfuerzo no siempre son tan utilizados o la gente no los termina de comprender. Son preguntas que nos empezamos a hacer y las respuestas las encontramos solamente a través del uso tecnológico.

Sin volvernos locos por las métricas, lo que permanentemente ahora nos preguntamos es cómo hacemos para llegar cada vez a más gente. Y es un dolor de cabeza, ¿no? De hecho, en las últimas encuestas que han salido en Perú sobre credibilidad, 43 por ciento de la gente confía en los medios pero hay más de un 50 por ciento que no confía. Yo no creo que sea una desconfianza atribuida al desconocimiento de la gente. Yo más bien creo que sí es una desconfianza que los periodistas en general se han ganado por la crisis de la industria, por los malos sueldos, por el poco tiempo. Pero ese tipo de autocrítica todavía no llega a los medios. Y nosotros la hacemos porque sí queremos que más gente pueda llegar a nuestro contenido,

Antes éramos bastante puristas en torno a la publicidad y al avisaje. Dijimos desde un inicio que no íbamos a aceptar publicidad porque la publicidad es la que había corrompido un poco el alma de los medios. Sin embargo, con el tiempo hemos conocido modelos de medios que son interesantes, que han logrado combinar la publicidad con los aportes de socios, como eldiario.es o el de La Silla Vacía. Sin decirle que no a la publicidad, están haciendo un buen periodismo independiente, en cada uno de sus países. Todavía no estamos en este momento buscando publicidad, pero creo que ya no somos tan reacios a como lo éramos en un inicio.

Nosotros decimos que el lobo solitario que había dentro de nosotros desapareció cuando fundamos Ojo Público. Desde ese momento todas las investigaciones son en equipo. Aprendimos a trabajar en equipo.

Cuando uno es empleado de una organización de medios, tú no tienes que hacer una evaluación del gasto que significa esa investigación o de los requerimientos logísticos que necesitas. Cuando estaba en El Comercio, yo decía «me voy de viaje al valle de la Coca para investigar tal cosa» y me daban la camioneta, viáticos, pasajes, todo. Y sólo tenía que reportear. Lo que nos costó aprender es cuánto cuesta hacer una investigación. Los primeros meses, por ejemplo, podíamos recibir un grant pequeño de diez mil dólares y creíamos que eso nos iba a permitir hacer una investigación en dos meses. De pronto se convertía en tres o en cuatro [meses] y eso definitivamente no alcanzaba para más. Y hemos terminado haciendo proyectos de investigación, aquellos primeros meses, mucho más costosos de lo que realmente representaba el grant.

Somos doce personas, pero de las doce tenemos una administradora y una contadora, que funciona como auditora, que permanentemente está diciendo: «Esto se gasta, esto no, ya se excedieron, no más». Y uno puede subestimar, a veces, dentro de una organización periodística —y más aún cuando hace periodismo de investigación—, la parte de la estructura financiera. Y, sin embargo, es el corazón de la organización. Si haces periodismo de investigación y no le das sostenibilidad a tu organización, lamentablemente se puede convertir en círculo que ya conocemos de otras experiencias: grandes proyectos de investigación terminan desapareciendo. Y eso lo comprendimos el segundo año.

Cuando nosotros salimos dijimos que íbamos a tratar de hacer el mejor periodismo que pudiéramos. Si en algún momento sentimos que eso ya no es posible, íbamos a dejar de hacerlo. Pero creo que hay una oportunidad enorme ahora para seguir explorando y nuestras expectativas son lograr que una organización que hace periodismo de investigación pueda ser sostenible. Yo no me veo en este momento trabajando en otra industria, en otra corporación en Perú. Le tengo mucho cariño a El Comercio, pero no me veo. Y creo que nadie en el equipo tampoco.

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Su cabello rubio y blanqueado por el tiempo no pasa desapercibido, lleva también calzas y un abrigo negro que se notan desde que cruza la calle Merced, frente al cerro Santa Lucía en Santiago. En el 2016 había recibo el premio Lenka Franulic, por su trayectoria en el periodismo femenino, y ese año también denunció haber sido secuestrada en México por una organización cuyo nombre, dijo ella, le heló la piel: Los Zetas. Mónica González, además, en el 2007 fundó un medio que, más que ser finalista recurrente del Premio Periodismo de Excelencia, tener uno de la Fundación para el Nuevo Periodismo e incluso participar de la investigación de los Panamá Papers, en Chile intenta —con creces— hacer lo que pocos: joder al poder.

Pero aquella vez, con ceño fruncido y unos ojos azules agrandándose hasta quemar, González no aceptó hablar de Ciper.

En enero del 2008, cuando Juan Pablo Figueroa —miembro de Ciper hasta el 2015— la conoció, recuerda, “no tenía idea de quién chucha era Mónica Gónzalez”. Si lo hubiese sabido, contará luego frente a las oficinas de Canal 13, su trabajo por esos días, quizá se habría derrumbado. Y Lissette Fossa, una pasante que también entró al medio algunos años después, sin un nombre ganado, dirá que trabajar a su lado “entusiasma”, “que siempre tiene una historia para todo”.

La última entrevista de González fue en septiembre del 2017, en Buenos Aires. “Los periodistas que se creen famosos son unos miserables”, había dicho en el video de Infobae que se viralizó con rapidez. Ahora, junto al edificio estilo francés y de tonos ocre y gris que alberga a Ciper en la calle José Miguel de la Barra, Mónica atraviesa veloz las puertas de vidrio y dispara como una ráfaga: “Yo estoy haciendo sobrevivir a Ciper”.

Por estos días el Centro de Investigación Periodística más importante de Chile, que cumple diez años de fundación, publica cinco o seis reportajes mensuales, una frecuencia que parece luchar o hacer caso omiso a la vorágine de la internet. Juan Cristóbal Peña, integrante del medio hasta el 2010, dirá que al inicio ni siquiera tenían como una opción escribir para la web. “Eso era como no estar del todo”, cuenta en su oficina de la Universidad Alberto Hurtado. Francisca Skoknic, exeditora de Ciper, lo resume así: “Hacíamos un periodismo escrito en digital pero sin cambios en el reporteo”.

Lissette Fossa, que llegaría a ser la asistenta de Mónica González, aprendió que allí, a diferencia de otros medios, no se trabaja contra el tiempo. Hay temporadas, por ejemplo, en las que la avalancha de entrevistas que obtenían, como la línea de investigación sobre las demandas estudiantiles del 2011, exigían lo contrario. En cambio, en otras circunstancias, aclara, se sumergen en investigaciones secretas de hasta tres meses y quedarían cortos porque a veces la pasión domina. “Un editor sabe de eso y te dice: ‘Hasta aquí llegamos’”, señala Lissette y se declara “hija profesional de Ciper”. Al ingresar, recuerda, “solo quería que Juan Cristóbal me firmara el libro ‘Los fusileros’”. Juan Pablo Figueroa, actual miembro del equipo de investigación de BioBio Chile, con la misma efervescencia, agrega: “Yo soy un producto Ciper, a mi me moldearon”.

ASÍ NACIERON 

La foto es del rincón de una oficina. Las paredes lucen vacías y delante de tres computadores, de monitores negros y abultados, los cuatro personajes parecen sacados de un poster de “Spotlight”. Habían arrendado esa oficina en septiembre del 2007, cuenta Francisca Skoknic y, al principio, no llenaban más que aquel rincón. Pero la historia comenzó algunas cuadras al noreste. “En una buhardilla donde se juntó la gente que salió de Diario Siete”, dice Juan Pablo Figueroa. Cristóbal Peña había visitado ese altillo, en la casa de Mónica González, para pedirle material para su libro “Los fusileros” (Debate, 2007). Cuando lo terminó, Ciper ya estrenaba oficina propia y Peña acudió de nuevo donde Mónica para obsequiárselo. Por entonces, él trabajaba en la sección cultural del diario La Tercera, “pero las páginas de allí no marcan la agenda nacional”, dice. Entonces, cuando Mónica le preguntó si quería sumarse a Ciper le contestó que iba a pensarlo.

“Mentí”, dice ahora, “no había nada que pensar”.

Peña no duda en afirmar que Mónica González “era una garantía de libertad editorial”. La acompañaban cuatro periodistas: Pedro Ramírez, Francisca Skoknic, Sebastián Minay y el estadounidense John Dinges. A los dos primeros, González los conocía de sus últimos proyectos, la revista Siete+7 y su posterior transformación a Diario Siete en el 2005. Una de las veces en las que intenté entrevistar a Pedro Ramírez, actual editor de Ciper, su negativa fue: “la historia ya ha sido contada”. Sin embargo, solo por dar un ejemplo, del rol de Sebastián Minay poco se sabe. Juan Pablo Figueroa contará luego que, sobre la marcha, Minay tuvo algunos problemas de salud y eso detonó su salida de Ciper. “Para trabajar allí necesitas estar a toda máquina”, sentenció.

Pedro Ramírez, Juan Pablo Figueroa, Juan Cristóbal Peña y Francisca Skoknic. Foto cortesía de Juan Cristóbal Peña.

—Hago clases en tres universidades— me responde otra vez Pedro Ramírez. —Estas semanas de cierre de semestre no me dan respiro.
“El periodismo no es una vocación sino una frustración”, escribió alguna vez Vargas Llosa. Y esto que muchos hoy empalmarían con el drama de los sueldos, en los inicios de Ciper al parecer jamás existió. “Fuimos el primer centro de investigación con periodistas bien pagados”, recalca John Dinges. En el 2011, su nombre sonó en algunos diarios nacionales, como El Mostrador, después de que Mónica González escribiese un artículo para una publicación de la Universidad de Harvard sobre la fundación de Ciper. Allí, sus créditos aparecieron a grandes rasgos; Dinges se sintió invisibilizado, aun cuando Francisca Skoknic afirma que su nombre hasta hoy aparece en los créditos del sitio web de Ciper. Pero por entonces Dinges decidió lanzarse en los comentarios —hoy ya no disponibles en la web— narrando su versión de los hechos.

Años más tarde, por Whatsapp le comento a Dinges de mi interés por conversar con los fundadores y él, desde su oficina en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, responde, entre risas: “¿Y qué dicen sobre mí?”. Luego narra:

«Fui a Chile en el 2006 por la Beca Fulbright y en esa época, me hice muy amigo de Mónica. Ella andaba buscando un nuevo proyecto. Antes de viajar, yo había conversado con latinos en Estados Unidos sobre periodismo de investigación y por mi experiencia sabía que muchos regresaban a sus salas de redacción y se encontraban con una pared».

Pero John iba y venía, coinciden Cristóbal Peña y Francisca Skoknic. Su mirada era distinta. Mientras tanto, aquí había que definir lo básico de Ciper: el qué, cómo, cuándo, dónde; la teoría quizás más mentada del periodismo tradicional que bien podría ser la del emprendimiento si se le agregase algo más: dinero. Era el año 2007 y El Mostrador, el primer diario digital de Chile, liberaba su contenido bajo suscripción y los otros, dice John Dinges, “solo eran reflejos de los medios escritos”.  Antes de publicar su primer reportaje en noviembre del 2007, recuerda Skoknic, lanzaron algunos en La Tercera y The Clinic. Pero las líneas editoriales estorbaban y Mónica, señala Peña, decidió que el camino no era alimentar a otros medios sino ser uno con vida propia. “Su olfato me sigue sorprendiendo hasta hoy”, recalca.

Con un primer movimiento fallido, el siguiente tenía nombre y apellido: Álvaro Saieh, el empresario dueño de Corpbanca y el séptimo hombre más rico de Chile. La idea de Ciper, según John Dinges, era así: complementarían a otros medios con reportajes de investigación propios y en profundidad, trabajarían con los mejores periodistas y sus fondos serían independientes. Lo primero era a su vez una idea de financiamiento que resultó ser insuficiente para cubrir el trabajo de los mejores; entonces, él propuso crear una “fundación sin fines de lucro”, que Ciper recién formaría en junio del 2011, para acceder a subvenciones internacionales.

En Estados Unidos, John se contactó con representantes de la Open Society Foundations y la Fundación Ford, y Mónica, por su parte, buscó a un conocido suyo, que había apoyado Siete+7. Coincidentemente, el diario La Tercera, de propiedad de Copesa y del cual Saieh es accionista mayoritario, tenía planeado crear una unidad de investigación y, pese a eso, el empresario prefirió apostar por el proyecto de González: Ciper.

«Un día de marzo de 2007, en su gran oficina en Santiago, mientras me pedía que fuera realista acerca de mi sueño, sacó un pedazo de papel y empezó a escribir números”, escribió González sobre su encuentro con Saieh. “Mónica me habló del proyecto y fue como un sueño”, señala Francisca Skoknic. John Dinges dice que él también se había reunido algunas veces con Saieh y está confiado de que sus intenciones fueron buenas e incluso idealistas. “Jamás voy a entender porqué Saieh lo hizo”, dice Juan Pablo Figueroa, “Ciper no reporta un peso de ganancia, todo es gasto”. Lo cierto es que, como confesó Cristóbal Peña, el dinero de Saieh les daba la oportunidad de hacer “un periodismo que de verdad importa”.

EL GOLPE

Ciper empezó a volar sin mucha pompa. Cristóbal Peña confesó, al recibir el Premio Periodismo de Excelencia del 2008,  que por mucho tiempo el nombre fue confundido con el de una tienda de repuestos de autos de la avenida Brasil y que hoy aparece segunda al colocar “Ciper” en los motores de búsqueda. Y con la web en marcha —www.ciperchile.cl— y el financiamiento cubierto, lo siguiente era cocinar una identidad con lo que hacían, es decir: proponer temas. Francisca Skoknic cuenta que, mientras trabajaba en Qué Pasa, mirar la actualidad era suficiente para nutrir su pauta. Sin embargo, en Ciper la encomienda fue “mirar lo que otros no contaban” y algunos, como Cristóbal Peña, empezarían por sus gustos. “Agradezco mucho haber tenido la libertad para desarrollar temas que iban por un lugar muy distinto al eje central”, dice él.

Juan Pablo Figueroa recuerda hasta hoy el día que visitó por primera vez a Mónica González. Antes solo había trabajado ofreciendo productos de marketing y como barman en Plaza Ñuñoa, pero el 2 de enero del 2007 estaba parado frente a González proponiéndole escribir sobre mujeres narcotraficantes. “¿Y por qué?”, replicó ella. “Porque a mi me interesa”, respondió. “Me importa una raja lo que a ti te importe, me importa lo que le interesa al lector”, recuerda Figueroa que le dijo Mónica González. Fue su primera lección.

Al igual que Peña, fascinado con los temas culturales y de farándula, Figueroa tuvo que encontrar una mirada distinta a sus intereses. Peña, por ejemplo, escribió sobre el grupo de cumbia Amerikan Sound pero a partir de un abogado mafioso vinculado a ellos, o sobre el Negro Piñera y sus negocios ilícitos. A finales del 2007, sin embargo, Ciper lanzó un reportaje suyo titulado “Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet”. Cuando eso pasó, en realidad, nada pasó. La investigación realizada “era formidable”, asegura Peña. Eran 55 mil volúmenes que describían las aficiones y manías del dictador, pero se la tenía que enviar a sus amigos para que la leyesen. En septiembre del 2008, la Fundación para el Nuevo Periodismo le otorgó el primer lugar en la categoría texto del que por entonces se llamaba Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI. Fue el primer chileno en alzarse con tal galardón y a partir de allí Ciper retumbó en América Latina. Sin embargo, el golpe aquí sería otro.

“Cuando tu llamabas a alguien y le decías que eras de Ciper, un medio digital, decían: perfecto, son inofensivos”, cuenta Juan Pablo Figueroa. Gustavo Villarrubia, periodista forjado en el área televisiva y que ingresó a Ciper en el 2010, trabajaría después en Contacto de Canal 13. Allí, afirma, conseguir que la gente declare en off the record es más complicado porque “representas a un conglomerado y no hay confianza”.

El primer paso para lograr lo contrario en Ciper se dio en marzo del 2008; Francisca Skoknic, Cristóbal Peña y Mónica González lanzaron un reportaje que puso al descubierto una serie de irregularidades en la licitación de un servicio tecnológico en el Registro Civil. El resultado: replicaron en otros medios, nadie lo desmintió, se dio inicio a una investigación por parte de la fiscalía y se pidió la renuncia de los implicados.

Figueroa dice que, antes, Francisca Skoknic ya había publicado un reportaje completo sobre irregularidades en el Transantiago. Replicó, se tomó los medios, pero nadie citaba a Ciper. “La bola de nieve”, como la llama él, se empezó a formar con lo ocurrido en el Registro Civil.

“¿Celebraron?”, le pregunto a Cristóbal Peña. “Sería curioso celebrar algo así”, responde. “No se celebra que caigan funcionarios sino la consecuencia de eso”. Y agrega: “Mónica siempre supo que eso nos validaría, ese fue nuestro lanzamiento”.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

En el 2014, Ciper, en conjunto con la Universidad Diego Portales, organizó un taller titulado: El método Ciper, y en Twitter se ensañaron contra ellos alegando que promulgaban un método que no habían descubierto. Pero Ciper está acostumbrado a este y a otros ataques, cuando publican noticias que tienen que ver con la dictadura chilena o cuando, en el 2013, en pleno litigio entre peruanos y chilenos en la Corte de la Haya, les hackearon la página con frases como “chilenos hijos de puta” y “viva el Perú”. Francisca Skoknic dice que no puede asegurar la procedencia exacta de los agresores. “También nos han acusado de ser de derecha y de izquierda”, agrega, pero admite que no usan las redes sociales para conocer a su público porque prefieren siempre el feedback de la página. Allí, cada reportaje cuenta con una opción para desplegar los documentos gubernamentales utilizados en la investigación y el intercambio es constante.

Pero volvamos al método: ¿existe realmente un método Ciper?

Juan Pablo Figueroa, profesor del taller mencionado, concuerda con uno de los tuiteros detractores: “aquí nadie inventó nada”, dice y agrega: “Se trata de investigación periodística pura y dura”. Gustavo Villarrubia trabajó por casi ocho años en el área de investigación de Contacto y cuando Mónica González lo llamó en el 2010, su principal temor, asegura, radicaba en su falta de experiencia para escribir artículos. Entonces, González fue contundente: “A escribir cualquiera aprende”, le dijo, “yo necesito a una persona que esté afuera, en la calle”. Ese detalle, que muchos hoy, obnubilados por la fiebre del click, obvian, es donde radica gran parte del método Ciper.

Por supuesto, otras aristas también saltan a vista. “El trabajo en equipo”, por ejemplo, dice Francisca Skoknic, como un equipo de fútbol compacto en el que las estrellas pasan y los obreros brillan. Se trata, dice ella, de otorgar herramientas para que los ciudadanos puedan desenvolverse mejor, y para eso otros dos puntos son cruciales: el uso de bases de datos públicos y el periodismo de datos.

Mónica González, cuenta Cristóbal Peña, ya venía de hacer una asesoría en el 2007 a la Corte Suprema sobre el tema de transparencia, de liberar cada documento y ponerlo a servicio público. John Dinges afirma que, antes de la existencia de Ciper, el derecho a la información, que se limitaba desde el 2005 a un cambio en el artículo 8 denominado “principio de publicidad” de todos los actos y resoluciones del estado, no era usada por ningún medio en Chile, y la que que rige actualmente, la ley 20.285, curiosamente fue promulgada un año después de la irrupción de este medio en el establishment y entró en vigencia recién el 2009. Pero de nada hubieran servido montañas de datos tan libres como distantes para el ciudadano de pie. Entonces, dice Dinges, se tuvo que capacitar a los periodistas para su interpretación. “Traje a un periodista de Washington para capacitar a todo el equipo”, afirma, y los recuerda a todos: Peña, Ramírez, Skoknic, Minay y, por supuesto, Mónica González.

Otra de las claves para el funcionamiento de Ciper es la confidencialidad. Cuando en el 2010 Lissette Fossa entró allí para realizar sus prácticas, Mónica González le dijo: “Esto es como un pacto de piratas, un pacto de silencio” y entonces aprendió a hacerse invisible y esperar hasta el final para dar el golpe. “Cuando ya nadie puede refutarte nada”, dice Juan Pablo Figueroa. Todo esto, agrega Lissette, fue trascendental en uno de sus primeros trabajos. El salto, como lo llama ella, fue abrupto: pasó de hacer notas universitarias a colaborar con la investigación que en 2011 detonó la suspensión del padre Fernando Karadima, acusado de múltiples abusos sexuales a menores de edad. Una historia que apareció en libros, que se llevó hasta el cine.

Con todo esto, Ciper parece haberse ganado más enemigos que amigos, pero Cristóbal Peña está confiado de que fue al revés: “Se ganó ciudadanos que valoran el trabajo que se hace”, dice. Él considera que hace mucho Mónica Gónzalez se merece ganar el Premio Nacional de Periodismo, pero que más bien ha sucedido lo contrario. Su entrega ha tocado los círculos económicos y sociales que muchos pensaban intangibles. Cada día, cuenta Peña, Mónica lee religiosamente los diarios, con principal atención a la sección “sociales”. “Las recorta, arma carpetas con esas páginas, porque allí están los personajes de la élite y del poder. Allí se reinventan y  por vanidad se fotografían en los campos de golf, en algún campeonato”, afirma. “Allí aparecen vinculaciones donde se mezcla el poder y el negocio”.

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— CIPER Chile (@ciper) November 14, 2017

En octubre del 2016, Ciper, poniéndose a la par con una tendencia del periodismo independiente en el mundo, lanzó la campaña “Yo apoyo a Ciper”. El objetivo: lograr que sus lectores puedan financiarlos. “Aunque eso es un poco irreal”, dice Francisca Skoknic. Lo que sí es posible es la diversificación de los aportes: privados, independientes, lectores. ¿Cómo se logra, como en el caso de El diario.es, ser financiados en más de la tercera parte solo por aporte de los lectores? La campaña tuvo un nuevo aliento ahora, en noviembre de 2017, con una serie de videos con rostros del deporte y la televisión, que declaran: “Yo soy ciperista”. Sin embargo, de los resultados financieros de la misma poco se sabe y esa, quizás, es su gran deuda con su público. Es decir, casos como eldiario.es en España o ProPública en Estados Unidos que transparentan sus ingresos y gastos a través de reportes anuales o semestrales.

Pero ¿lo hacen por placer?

En Estados Unidos, cuenta John Dinges, recibir donaciones no es un tema ligero, y cuando Ciper aún no era una fundación, Dinges tuvo que crear una en su país llamada Ciinfo (las mismas siglas de Ciper pero en inglés). Gracias a eso, las donaciones de Open Society y Fundación Ford pudieron concretarse, sin embargo, recuerda, conforme pasaba el tiempo, la cifra iba en aumento y para reclamarla había que presentar con anterioridad un informe de gastos detallados y Ciper prefería hacerlo de otra forma, es decir, querían gastar el dinero primero y luego dar cuenta de ello.

Dinges reclama que su estándar de transparencia era más alto, precisamente porque en Estados Unidos el estado financiero de organizaciones sin fines de lucro está sometido a un escrutinio mayor. “Nunca vi un mal uso de fondos, ese no era el problema, el problema era que ellos eran reacios a abrir la transparencia que yo necesitaba”, dice.

Después de eso, John Dinges decidió renunciar a Ciper.

Todos los personajes que aparecen en esta crónica, en su momento, también dejaron Ciper. Francisca Skoknic conversó conmigo cuando aún estaba en su cargo como editora y, sin embargo, en abril del 2017 decidió retirarse “para hacer nuevas cosas”, me dijo. Hoy es una de las creadoras, junto a Paula Molina y Andrea Inzunza, de LaBot, un chat conversacional creado especialmente para las elecciones presidenciales en Chile. Cristóbal Peña, en el 2010, lo hizo para poder terminar su libro “La secreta vida literaria de Augusto Pinochet” y esculpir más su beta narrativa, un tanto lejana de la rigidez informativa de Ciper. Lissette Fossa me dijo alguna vez que, mientras estaba en Ciper, jamás aceptó, por ejemplo, una salida al cine. Juraba, como una especie de trauma, que se quedaría dormida, y Juan Pablo Figueroa y Gustavo Villarrubia coinciden en que necesitaban espacio y tiempo para consolidar sus familias. Figueroa, después, pasaría una temporada en Canal 13 y asegura que fue lo más parecido a un break. Solo él decide profundizar en lo que sintió cuando partió de Ciper y lo resume así: “Cuando me fui de allí, sentí que me iba de la casa de mis viejos. Ellos son como mi familia”.

¿Cómo sobrevivirá Ciper en el futuro? Esta pregunta , es algo a lo que muchos también responden con cierta mesura porque temen se confunda con una crítica a lo que le está faltando a Ciper. “Las decisiones editoriales”, dice Cristóbal Peña, sobre lo que hacen actualmente, “tienen que ver con los recursos que cuentan”. Pero agrega que, si se tratase de gustos, le encantaría ver una sección cultural, temas más ligeros y de carácter narrativo y hasta un toque de humor. Figueroa, por otro lado, no duda en asegurar que Ciper ha permitido despertar el interés de otros medios en la investigación y encuentra en esto la posibilidad de realizar trabajos más colaborativos. Francisca Skoknic, mientras era editora de Ciper, también apuntaba a esto, aunque tomando la responsabilidad de marcar una diferencia. “Antes los temas de corrupción eran nuevos y ahora están en todos lados”, afirmó, “ahora debemos buscar otra mirada”.

Ciper no depende de si se acaba o no la corrupción o si los empresarios lucran más o menos, su reinvención se aferra simplemente a algo que la misma Skoknic resumió bien: “No dejar nunca de ser relevantes para la gente”.

En la realización de esta crónica colaboraron María Paz Ortiz, Fabiola Pinto, Belén Vásquez y Raúl Marín.

MEDIOS Y CORRUPCIÓN EN PERÚ

Yo entré en la universidad en una etapa que puede decirse de transición. Salí en el año 2003 y todavía no teníamos el boom de las redes sociales, esta masificación, esto de que básicamente trabajamos todo el tiempo. […] La universidad fue un momento bastante convulsionado en Perú. Fujimori caía. La universidad tenía un despertar, porque había una anomia de los jóvenes por toda esta etapa de intervención de las universidades por los militares. La salida de Fujimori representó también un despertar en la prensa y un golpe muy grande, porque nuestros medios estaban todos involucrados en videos de la corrupción, del régimen.

LA FRUSTRACIÓN DEL PERIODISMO SIN AMBICIONES

A mi generación le ha tocado eso: estar viviendo las transformaciones en el día a día y tener que adaptarnos y aprender de nuevo todo. Eso es algo muy enriquecedor; a veces aterra porque uno dice: «Bueno, lo que yo sé ahora probablemente cambie en muy poco tiempo». También te lleva a tener una mentalidad más flexible de cómo hay que trabajar, cómo hay que asumir el periodismo. Lo que no va a cambiar y nunca va a cambiar es la esencia nuestra: hacer buen periodismo tiene esta condición que uno tiene que ser tenaz, lo más riguroso posible. Y creo que un periodista sin ambiciones, si te conformas con lo que los medios en general te ofrecen, puede ser frustrante. Creo que soy de una generación que vio esas oportunidades y que está ahora adaptándose constantemente.

SU ETAPA EN “EL COMERCIO”

Mi formación como periodista y reportera de investigación se da en El Comercio. Mi salto a lo digital es un emprendimiento de querer buscar un espacio para seguir haciendo lo que tanto a mí como a mis compañeros nos gustaba, que era seguir haciendo investigación. Y porque también estábamos muy inspirados en lo que ya se estaba haciendo desde el año 2011, 2012, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica con la unidad de Giannina Segnini, una unidad de investigación que ya tenía entre sus miembros a ingenieros en computación.

TRABAJAR DE OTRO MODO

Participé del caso Wikileaks desde Perú, porque El Comercio fue uno de los medios que recibió los leaks. Hicimos esa cobertura en plenas elecciones del 2012. Pero, digamos, no había esa proyección y visión de trabajar con datos como ya lo estaba haciendo The Guardian, como La Nación de Costa Rica. Nosotros ya estábamos viendo eso y queríamos hacerlo en el periódico. Fueron años en que nos empezamos a plantear la posibilidad de que trabajáramos de ese modo. El 2012 yo viajo a España y conozco a Mar Cabra. Ya sabía lo que estaba haciendo, ya se estaban formando equipos en varios países, periodistas de investigación que combinaban el análisis de datos.

PERFILES DE INVESTIGADORES

Para mí el 2012 también fue una etapa de también pensar más mi carrera, pensar qué hacer, posibilidades, estrategias de hacer investigación. Yo ya estaba en la unidad de investigación de El Comercio, empezando mi primer año. Mis compañeros eran más del perfil tradicional del periodista de investigación, uno que es más solitario, que trabaja solo sus fuentes, que probablemente no está tan atraído por ese trabajo de equipo, con programadores, con datos, porque hay otra formación y es otra generación de periodistas. Fue muy interesante estar en ese momento en la unidad de investigación porque empezamos también a pensar en este tipo de proyectos.

SALIDA DE “EL COMERCIO”

2013 fue muy importante porque ya teníamos claro qué queríamos hacer. Por eso teníamos el proyecto de “Cuentas juradas” —que en ese momento no se llamaba así— bajo la manga. Terminamos el 2013 con el rumor de que la unidad [de investigación de El Comercio] se cerraba el siguiente año, y eso sucedió en marzo de 2014. Ese fue uno de los motivos por el que nos fuimos, porque creíamos que había terminado una etapa. Y el motivo personal en mi caso, es que ya había empezado a formarme en hacer investigación con análisis de datos, quería incursionar en eso y las posibilidades en el periódico eran nulas. Decidimos hacerlo nosotros solos.

COMO UN CABALLO DE TROYA

Teníamos en mente que [el nombre] podía ser Caballo de Troya, pero decíamos: «En la web Troya significa virus y es posible que nos asocien más con hackers y cosas así. No, mejor pensemos en un nombre distinto”. Nos gustaba Caballo de Troya porque lo que queríamos era llevar el buen contenido, empaquetarlo de otra forma, como era lo digital. Iba a seguir siendo buen contenido, iba a seguir siendo periodismo de investigación, duro.

LA CORRUPCIÓN VA MÁS ALLÁ DEL ESTADO

Creemos que hacer buen periodismo tiene ciertos principios y queremos hacer los temas que otros no van a querer publicar. Por eso, Ojo Público tiene esta línea de investigación de que la corrupción no es solo del Estado y no solo es de los políticos, sino que también hay mucha corrupción corporativa que no se está denunciando, porque es más difícil para los medios ir contra sus anunciantes y contra aquellos que paran el negocio, de alguna manera. En la medida que éramos un medio que no se iba a financiar de ese modo, nosotros teníamos la posibilidad de hacer investigación de la corrupción corporativa.

OJO PÚBLICO EN TWITTER

Ojo Público nace como una cuenta en Twitter y publicamos ahí la primera historia en siete tuits, los llamados #CornejoLeaks. Fue una historia que no cubrieron los medios pero a partir de los siete tuits se hicieron muchas noticias. Queríamos seguir publicando. Por un par de meses el Twitter de Ojo Público sirvió como nuestra única plataforma de publicación de noticias, de «pepas» como los decimos nosotros a las noticias más picantes.

8.OjoPúblico informa este hecho por su interés público, pero también espera que se investigue la violación de comunicaciones del ex premier.

— Ojo-Publico. com (@Ojo_Publico) August 6, 2014

“CUENTAS JURADAS”

El impacto que tuvo esa investigación nos sorprendió también porque inmediatamente a los minutos de haber lanzado esa plataforma, que era la primera cara de Ojo Público, nos llamaban de radios, salimos en vivo, en televisión. Los medios nos tomaron mucha atención, la primera vez a una escala más global. Se había revisado el patrimonio de más de cien alcaldes y todos tenían la evolución de su patrimonio. No sólo había eso: habían reportajes que detectaban ya varias cosas. Para los medios era una locura ver tanta información junta.

CLAVE: LOS PROGRAMADORES

Hay algo fundamental en Ojo Público. Nosotros desde que nos hemos formado, trabajamos en la redacción con programadores. Primero fue Antonio Cucho, luego fue Jason Martínez, que es el actual desarrollador de los proyectos de Ojo Público. Está con nosotros todos los días e incluso ya piensa como un periodista. Muchas veces nos da más ideas de cualquier otro proyecto que podría influenciar lo que hemos hecho. Si bien tener datos es fundamental para tener nuevos esquemas investigativos, esquemas probatorios, no ha cambiado la esencia. Seguimos siendo reporteros que hacemos el trabajo tradicional.

LAS BASES DE DATOS HAY QUE CONSTRUIRLAS

Siempre hemos pensado que las bases de datos que el periodismo de investigación necesita no están en formato de base de datos. Y lo que hemos hecho en Ojo Público es construir bases de datos. A veces cuando contamos los proyectos le parece increíble a compañeros que nos hemos pasado gran parte de la investigación pasando información que solo existía en el papel. No escaneada, sino manualmente.

LA GESTIÓN SE APRENDE EN EL CAMINO

Una de las dificultades de, creo, la mayoría de los medios digitales, es buscar la forma, la fuente de financiamiento a largo plazo. Nosotros empezamos con nuestras liquidaciones, con los ahorros que teníamos producto de haber salido de un medio. Luego empezamos a postular los proyectos. No tenemos una sola persona dedicada a la presentación y gestión de proyectos. En el área financiera tenemos una contadora y una asistente administrativa, pero los cuatro socios nos encargamos de presentar proyectos, de redactar la idea, de ponernos en contacto con representantes de fundaciones, de organizaciones, de diferentes niveles. Los cuatro estamos abocados a eso, en paralelo a nuestro trabajo periodístico. Y eso es un gran reto. […] Somos periodistas, nunca recibimos un curso de administración de empresas en la universidad. Lo que teníamos eran muchas ideas para investigar, pero ¿cómo hacerlas rentables y atractivas para un financista? Pues lo aprendimos en el camino.

DEPENDENCIA DE LAS FUNDACIONES

Aproximadamente el 60 por ciento de los ingresos de Ojo Público son de grants de fundaciones. El 2014 fueron nuestros ahorros los invertidos, cerca de 18 mil dólares más o menos, para formar el medio. El siguiente año ganamos fondos pequeños que al final sumaron entre todos 150 mil dólares, pero eran como cinco organizaciones. El 2016 crecimos en grants, porque ya conocían nuestro trabajo. Pero es un gran reto seguir escalando el medio y hacer que no dependamos de grants. Hemos explorado los servicios tecnológicos, dado que en cierto momento tuvimos dos programadores en la redacción. Ahora tenemos uno, estamos buscando nuevamente a uno nuevo que complemente el trabajo. Y, obviamente, servicios educativos, de capacitación, de training a periodistas a través de Ojo Lab y de contratos que se hacen directamente a los miembros del equipo. Tenemos esas tres fuentes de financiamiento.

CUATRO AÑOS DE MUCHÍSIMO APRENDIZAJE

Yo creo que volvería a repetir todo lo que hemos hecho. Estos cuatro años han sido años de muchísimo aprendizaje en todo sentido, pero sobretodo porque creo que los periodistas sí necesitamos aterrizar en que también debemos pensar en la gestión de los propios medios. Antes nos preocupábamos de generar el contenido y el medio se dedicaba a amplificar su difusión o la distribución está en una empresa de la que tú eres un empleado. Tú solo te preocupas por generar el contenido. En un medio así de pequeño, todo eso a veces es mucho más simplificado el proceso y estamos involucrados en todo.

ABRAZAR LA TECNOLOGÍA NO ES UNA MODA

Si bien hay frustración por la calidad del contenido, por la poca confianza que tiene la gente sobre los periodistas, yo creo que está la otra moneda de que hay experiencias muy importantes y de mucho impacto que se están haciendo desde medios pequeños, desde medios de nicho. Eso nunca antes había ocurrido. Y la alianza con los programadores, el abrazar la tecnología, no es un capricho de ahora. La tecnología no se está refiriendo a cosas menores de formato, sino que también a la manera en que piensas la profesión. Y hay que pensar en que nos vamos a trabajar más solo periodistas en esto. El reto es saber integrarnos, saber adaptarnos a eso. En eso estamos.

PROBARLO TODO

A nosotros nos encanta asumirnos como un laboratorio para el periodismo de investigación. Porque estamos probándolo todo, estamos intentando probar qué funciona realmente. Hay cosas que las hacemos por el puro gusto de publicar en ese formato y ver qué pasa. Hemos hecho el primer cómic interactivo de Perú sobre el conflicto de Tía María. Quizás es visto por poca gente, queríamos llegar a un público más joven y todo, con un tema duro, pero es un formato para un público de nicho. Le hemos dado la posibilidad de imprimir una especie de postal, traerlo a otras dimensiones. Hablar la noticia en distintos formatos, que no solo sea la web. Cada cosa que hacemos nos trae muchas ideas, algunas muy malas que decimos «no vamos a volver a hacer porque costó mucho tiempo y dinero». Pero otras nos dan esa satisfacción de «lo estamos haciendo bien y hay que repetirlas».

Hace casi dos años compartimos tres ejemplos de innovación narrativa en el periodismo, específicamente las canciones de ProPublica, los videos «a la carta» del Washington Post y la narrativa tipo novela gráfica del Center for Investigative Reporting (CIR) con «In Jennifer’s room», una desgarradora pieza de 11 minutos sobre una niña con discapacidad que fue violada en un centro de tratamiento en California.

Durante su charla en Google Chile, Joaquin Alvarado, CEO del CIR, expuso este y otros trabajos valiosos por distintos atributos.

Algunos han recibido reconocimientos de la industria audiovisual, como en los premios Emmy de septiembre de 2016. «The Dead Unknown» fue un proyecto que alertó sobre los agujeros en los cruces de bases de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar en Estados Unidos. Si bien ganó en la categoría de noticias y documentales, esta serie fue acompañada de un reportaje escrito, un podcast y una aplicación para cruzar la información de víctimas.

Con 75 personas en su sala de redacción, y ocho dedicadas exclusivamente a un equipo de datos, el CIR se ha convertido en un laboratorio de periodismo, abierto a la exploración y la innovación.

En octubre de 2014 lanzaron WikiWash, una herramienta para registrar en tiempo real los cambios en páginas de Wikipedia. Fue una colaboración con reporteros de Metro News de Canadá y surgió de una conferencia sobre datos organizada junto a Google.

También han incursionado en el teatro y la poesía. Con StoryWorks —una colaboración del CIR con el Tides Theatre— han explorado la contingencia informativa con presentaciones en escenarios. Y Off/Page combina la mirada analítica del periodismo de investigación con la capacidad narrativa de la organización Youth Speaks, que pone a los jóvenes en el centro del relato.

Un último atributo destacado por Alvarado fue el bajo costo de producción de algunas de sus historias. Bajo en comparación a presupuestos inalcanzables como los dos millones de dólares que costó el ultra premiado y alabado «Snow Fall» que el New York Times lanzó a fines de 2012. Con sólo cinco mil dólares, dijo Alvarado, hicieron «In Jennifer’s room».

Finalmente, Joaquin Alvarado dejó estas diez ideas para estimular la creatividad —llamó a incluir raperos y poetas en el periodismo— y fortalecer la democracia en la región.

DIEZ IDEAS DE JOAQUIN ALVARADO

1. Una prensa libre es necesaria para la democracia y la innovación.

2. La gente es capaz de cambiar más rápido que la tecnología.

3. Los datos son la nueva moneda de cambio.

4. El poder de la automatización y la inteligencia artificial se está expandiendo exponencialmente y el periodismo no está listo. La ‘Alexa’ficación de la web aún no ha empezado.

5. Las viejas formas de comunicación aún tienen valor.

6. Nuevas plataformas resuelven viejos problemas y después crean nuevos mercados: Netflix.

7. La colaboración es la mejor defensa contra la obsolescencia.

8. La producción multiplataforma es posible en todas las redacciones, sin importar el porte o el presupuesto.

9. Si perdemos la próxima lucha, puede que no tengamos una nueva oportunidad.

10. América Latina necesita un laboratorio para proteger y avanzar en términos de prensa libre e innovación para que el periodismo pueda seguir sirviendo a la ciudadanía.

¿Por qué Ruta 35? (3:18): “Todos los emprendimientos empiezan como un sueño y son 35 los países de América Latina. Nos gustaría, espero no estemos muy viejos, tener reporteo en los 35. No necesariamente nosotros”.

Valoramos el periodismo de campo (6:45): “Cuando trabajas en agencias te ves obligado a ir a muchos lugares, eso fue en mis inicios y yo creo que una vez que pruebas eso es como una adicción, como un gusto que no te va a dejar nunca. El ir a los lugares para contar es un principio básico del periodismo”.

Hacia un lenguaje transmedia (11:18): “Lograr que te lean un reportaje escrito completo es lo ideal, pero somos realistas, sabemos que un video que resume todo con la imagen y con la narrativa, en un video de cuatro o tres minutos podemos resumir toda la problemática que tratamos”.

Impacto en los lectores (15:50): “Creo que aquí en Chile, como en todos los países, hay una concentración de medios fuertísima, entonces se confunde el periodismo con la difusión. Los grandes medios solamente caen en la difusión y cuando hay un blog que se fija en estas historias es bien tomado por la gente”.

Interés de los medios por comprar reportajes (18:16): “Yo creo que no están interesados, pero si llegas con un reportaje que no pueden rechazar te lo tienen que comprar porque sino va a ser publicado en otro lado”.

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