En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra patrimonio tiene distintas acepciones, aunque sólo una calza con lo que se celebró el fin de semana pasado en Chile: “Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación”.

Si bien en el país hay distintas leyes que buscan proteger el patrimonio histórico material e inmaterial, en 1999, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, por medio del Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Educación, decretó que todos los años, a fines de mayo, se celebraría el Día de los Patrimonios. Esto, con el fin de promover el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural del país, como así también para brindar una oportunidad para que todas las personas que habitan en Chile, independiente de su nacionalidad, edad, género, situación económica, educación o cualquier otra condición, puedan disfrutar, aprender, experimentar y ser parte de la diversidad cultural, natural e histórica de la nación.

Al principio, se abrieron los viejos y tradicionales edificios y sitios de valor histórico, como palacios, museos, teatros y otros, aunque el concepto se ha ido ampliando cada año para ir incorporando nuevos lugares, nuevas experiencias y nuevas formas de vivir la cultura y el patrimonio.

En la versión de este año, que se celebró el sábado 25 y el domingo 26 de mayo en todo el país, la oferta contempló más de 3.100 actividades organizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a diversas organizaciones públicas y privadas, y allí aparecieron por primera vez diversos sitios que, hasta ahora, no eran parte de la ruta tradicional. Entre esas nuevas paradas en la Región Metropolitana se cuenta una vieja y céntrica discotheque, una viña en Buin, una revivida intervención artística, una fuente de soda, un puente que une dos edificios y la antigua casa que sirvió de base a las mujeres que lideraron la lucha por la igualdad en cuanto a sus derechos políticos y laborales. A continuación, una breve reseña de cada uno de ellos.

Por Catalina Fernández y Joaquín Zúñiga

A la salida sur de la estación de Metro Los Héroes, en pleno centro de Santiago, entre muros grafiteados y locales de comida rápida, tres jóvenes con camisetas con el logo de Greenpeace tratan de captar aportes para la organización entre los transeúntes. Durante su jornada –que parece no ser muy fructífera– se toman un tiempo para conversar y observar su alrededor.

El grupo fija la mirada en un edificio abandonado, ubicado en la esquina de avenida Ejército con Alameda. Observan en silencio. “¿Qué habrá sido esto antes?”, pregunta uno en voz alta.

El inmueble frente a ellos es –o fue alguna vez– el Palacio Aldunate, conocido también como el Palacio de las Cúpulas, construido en 1915. Hoy no quedan casi indicios de esas cúpulas que lo caracterizaron en su momento, pero sí queda en pie la fachada.

El palacio de estilo neoclásico fue ideado por el arquitecto José Benito Mannheim para Luis Aldunate Carrera, senador de la República entre 1885 y 1891 por el Partido Liberal, y diputado en dos periodos anteriores. Tras su fallecimiento en 1908, el terreno pasó a ser de su esposa, Felicitas Echeverría.

Luego de distintas sucesiones, el inmueble fue declarado en 2011 como de “conservación histórica”, y forma parte de los 1.358 inmuebles patrimoniales que posee la comuna de Santiago, según información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Ver mapa (pincha cada pin para ver la ficha):

El Palacio Aldunate cumplirá a fines de 2022 nueve años de abandono. Durante la madrugada del 10 de noviembre de 2013, un incendio producido por una falla eléctrica, según informaron los medios de comunicación en esos años, devoró gran parte de la edificación, dejando en pie solo la fachada. Para entonces, el inmueble tenía un destino comercial y contaba con 15 locales en su primer piso, mientras que el segundo se encontraba sin uso.

Actualmente la propiedad posee la categoría de “sitio eriazo”, según su certificado de avalúos del Servicio de Impuestos Internos (SII). Su tasación fiscal es de $118 millones y pertenece a Inversiones Alameda Spa, una sociedad constituida en agosto de 2011 y que es controlada en su totalidad por el Grupo Inmobiliario Nialem S.A., según consta en documentos de la empresa. E Inmobiliaria Nialem S.A., a su vez, posee estrecha relación con Tiendas Hites. Jaime Hites, director de Nialem, es también uno de los directores de Empresas Hites S.A., según consigna la Comisión para el Mercado Financiero, y es hijo de Isaac Hites, miembro fundador de Empresas Hites S.A. Desde afuera, aún se pueden observar al interior de la construcción los estragos del incendio de 2013.

Puroperiodismo tuvo acceso a un documento del año 2019 en el que Inversiones Alameda Spa dio cuenta de los planes que tiene para el inmueble. Se trata del pronunciamiento de parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) frente a la consulta realizada por Inversiones Alameda Spa. para el ingreso al sistema previo al retiro de escombros y demolición del edificio. La respuesta del SEA fue que el “Proyecto Centro – Aldunate Ex Palacio Aldunate” no requiere ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA) de forma previa a su ejecución.

Imágenes del Palacio Aldunate. 1) Fotografía tomada en 2010, previo al incendio. 2 y 3) Estado actual de la fachada tras incendio de 2013. 4) Captura de escombros al interior del inmueble. (FOTOS: plataformaurbana.cl [1] y Joaquín Zúñiga [2, 3 y 4])

En concreto, el proyecto tendría un destino comercial, con un primer piso de cinco locales y un segundo piso que desarrollará una propuesta de “planta libre” para un programa tipo co-work, además de una azotea en el tercer piso.

Según la documentación entregada por Inversiones Alameda Spa al SEA, se encontraría aprobado el “retiro de los escombros, demolición parcial interior y el rescate de la mayor cantidad de objetos y ornamentos que quedan entre sus restos”, y en el sitio web del Grupo Inmobiliario Nialem aseguran que “durante el año 2019 se obtuvieron los permisos de edificación para el proyecto de rescate patrimonial del Palacio Aldunate”, y que actualmente están “a la espera del mejor momento para comenzar las obras”.

De eso ya van tres años. Actualmente, la propiedad continúa con escombros en su interior, tal como quedaron después del incendio hace ya casi una década.

La propiedad hoy, en aparente abandono, es parte de una estadística mucho mayor que da cuenta del problema estructural para gestionar y proteger los inmuebles patrimoniales. De acuerdo con el registro del Minvu, actualmente el 75,85% de los están ubicados en la comuna de Santiago pertenece a privados y aunque son pocos los que están catalogados en mal estado (menos del 1%), casi una quinta parte de ellos se encuentra en condición “regular”. Y así quedan por años varios edificios históricos a maltraer, prácticamente botados o incluso en ruinas, sin que nadie haga nada.

Estado de los Inmuebles patrimoniales en la comuna de Santiago:

Calidad Jurídica de los inmuebles patrimoniales de la comuna de Santiago:

Un mall patrimonial

Según Paola Seguel Cid, máster en Historia Crítica del Arte y la Arquitectura y actual vicepresidenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, órgano asesor del Colegio de Arquitectos, el abandono de los inmuebles patrimoniales corresponde a un tema de discusión que lleva varios años.

“El punto es que en el caso de Chile, para poder proteger legalmente un monumento nacional, lo puede hacer cualquier persona. Puedes ir por la calle y encontraste que la casa de tu vecina tiene valor. Vas y le pides al Consejo de Monumentos Nacionales: ‘yo creo que este lugar, por tal y tal razón, tiene que estar declarado’. El Consejo de Monumentos empieza su trámite y lo puede declarar”, dice Seguel.

Una de las problemáticas, explica la arquitecta, tiene relación con los privados. “Hay muchos bienes que son privados y, al menos por cómo se consiguen los recursos, el Estado no puede invertir en privados que no sean sin fines de lucro. El estado de las platas que están dentro de la glosa de los programas que invierten en patrimonio solamente pueden ser bienes públicos, fiscales, o privados pero sin fines de lucro”, explica.

Y agrega: “Allí hay un amplio margen, donde hay un montón de inmuebles que son de privados, y que los privados estarían obligados a mantenerlos, pero el Estado no puede meter dinero ahí. Y aunque fueran todos iguales, tampoco alcanzarían los recursos para todos. El principal problema es el dinero y de cómo se maneja ese patrimonio privado. Un privado no necesariamente va a tener la cantidad de plata para poder mantenerlo en condiciones o a la altura de un monumento nacional. Allí se produce un problema que se viene discutiendo hace mucho tiempo”.

Sara Ruiz, creadora del proyecto Patrimonio Chileno, quien ejerce de guía por distintos tours dentro de la capital, asegura que la demora en la reparación de algunos inmuebles patrimoniales es común, y puede responder a distintos factores.

“Demoran harto tiempo porque las instituciones o privados que están a cargo de esos lugares que necesitan restauración postulan a diferentes fondos para poder ir poco a poco reparándolos. Algunos también se encuentran en semi abandono o abandono total, y los dueños no están interesados muchas veces en poder restaurar el lugar, sino que esperan que el inmueble prácticamente se caiga solo para poder construir algo que sea más rentable económicamente”, dice Ruiz.

También apunta a una cierta responsabilidad estatal: “Hay responsabilidad del Estado, que muchas veces podría aportar con recursos. También con mayores elementos para que se puedan proteger los inmuebles. Lo que se ha visto es que muchas zonas que han sido declaradas zona típica o monumento nacional son iniciativas más por parte de los ciudadanos que del propio Estado”.

Un ejemplo claro donde el mundo comercial privado se entrelaza con el patrimonial es el caso del Mall Espacio M, un proyecto desarrollado justamente por Inmobiliaria Nialem, la misma empresa que hoy es dueña del Palacio Aldunate.

Mall Espacio M está ubicado en la intersección de Compañía de Jesús con Morandé, y su fachada antigua, propia del casco histórico de Santiago, contrasta con la torre azul que sobresale del interior.

Así se ve actualmente el Mall Espacio M, donde antes estaba el Palacio Larraín Zañartu con las antiguas dependencias de El Mercurio. Lo único que se mantiene del antiguo edificio es la fachada. (Foto: Joaquín Zúñiga)

La edificación, que antes era conocida como el Palacio Larraín Zañartu, fue construida en 1892 y años después, en 1901, fue adquirida por la familia Edwards para albergar las oficinas e imprenta del diario El Mercurio, donde permaneció por 81 años. Tres eventos claves fueron deteriorando al inmueble: un incendio en 1910, otro en 1980 y el terremoto de 1985, pasando décadas de abandono hasta llegar a lo que es actualmente.

“Creo que el Espacio M es un buen ejemplo no de restauración, pero sí de rehabilitación de un lugar, en donde se modifica por dentro y se conserva por fuera bastante bien. Podría ser un buen ejemplo para otros inmuebles patrimoniales”, dice Sara Ruiz.

Patrimonio protegido: una ley obsoleta y un proyecto rechazado

En Chile no existe una ley que regule y proteja los inmuebles considerados Patrimonio como tal. El camino legal para lograr esto ha sido un escenario complejo, cuya historia data del 30 de octubre de 1925, cuando mediante el Decreto Ley 651 se promulgó la norma de Monumentos Nacionales, cuyo primer artículo mencionaba lo siguiente:

“Artículo 1. Los edificios o ruinas de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios de aborígenes; los objetos o piezas antropo-arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo, quedan, como monumentos nacionales, bajo la protección del Estado”.

45 años después, en 1970, esta normativa fue derogada, dando paso a la Ley 17.288. A través de esta actualización se modifica el concepto de Monumento Nacional, incluyendo nuevos inmuebles y elementos que serían asignados a esta categoría hasta la actualidad:

“Artículo 1. Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetivos que estés destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo”.

Sin embargo, la vigente ley 17.288 presenta un importante vacío: no considera patrimonios bajo su marco legislativo. Es decir, está enfocada netamente en proteger los lugares, ruinas, construcciones u objetos considerados monumento nacional. Bajo esta normativa, quedan excluidos aquellos bienes inmuebles considerados patrimonio.

Para Paola Seguel, la normativa actual ha dejado de ser representativa. “El problema es que la Ley de Monumentos está obsoleta y el trámite de la nueva ley ha sido complejo. Si bien ha habido avances, aún falta mucho, y sobre todo, falta generar políticas públicas de conservación del patrimonio y el inmueble”, comenta la experta.

La tramitación de una nueva legislación a la que hace mención Seguel corresponde al cuestionado proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, impulsado por la administración del ex Presidente Sebastián Piñera y rechazado en febrero de este año. Dicho proyecto contaba con tres ejes principales, según explicó el ex subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, en un artículo de El Mostrador publicado en enero:

• Descentralización y orgánica institucional, mediante la cual se pretendía disminuir los problemas de centralización, debido a que la toma de decisiones sobre bienes protegidos proviene del Consejo de Monumentos Nacionales, ubicado en Santiago.
• Creación de nuevas categorías: el marco actual de legislación proviene desde 1925, con una modificación de 1970, limitando la visión entre monumentos y patrimonio. Es decir, no da espacio para reconocer el patrimonio inmaterial, sitios de memoria y paisajes culturales. Con la creación y ampliación de nuevas categorías, se pretendía actualizar esta visión.
• Financiamiento: todo bien material protegido como monumento nacional (y que estén reconocidos por el Estado) deben cumplir con tramitación excesiva, lo que dificulta la confianza entre cultores, propietarios y usuarios, según declaró De La Cerda en la misma publicación de El Mostrador.

El proyecto de ley fue rechazado debido a una fuerte oposición, principalmente a causa de “aspectos semánticos” no tratados dentro del proyecto mismo, puntualizó el ex subsecretario en enero de este año. Sin embargo, dicho proyecto de ley ha generado controversia desde 2019, desde que el Ejecutivo presentó la propuesta original, la cual tenía por objetivo principal la creación de una nueva institucionalidad que aseguraría la modernización de mecanismos de protección a bienes patrimoniales. Entre las críticas de los detractores del proyecto se mencionó que se pasó por alto el Convenio 169, es decir, la participación de pueblos indígenas.

Otra de las problemáticas fue la redacción del proyecto. Desde el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile se emitió una carta, donde se señaló este punto, aludiendo a que fue escrito entre cuatro paredes y sin la consulta de arqueólogos, arquitectos, conservadores e historiadores.

Finalmente, cabe mencionar que históricamente la promoción y protección de la cultura no fue responsabilidad ministerial activa hasta 2013, cuando el Piñera ingresó a trámite casi al cierre de su primera administración la creación del Ministerio de Cultura. La iniciativa proponía otorgar categoría de ministerio al Consejo Nacional de la Cultura y la Artes que por entonces presidía el actual senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Posteriormente, durante la cuenta pública de 2016, su sucesor bajo la segunda gestión de Michelle Bachelet, Ernesto Ottone, anunció la disolución definitiva del cargo y la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.“Nos acercamos a contar por primera vez en nuestra historia con un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo diseño ha sido elaborado en torno a principios valóricos irrenunciables y en un largo proceso donde muchas voluntades se han aunado”, mencionó Ottone en ese entonces.

Levantando la Basílica de El Salvador

La Basílica de El Salvador, ubicada en las esquinas de Almirante Barroso con Huérfanos, fue la primera de estilo neogótico en Chile. Fue diseñada por el arquitecto alemán Teodoro Burchard, quien también estuvo a cargo del diseño del Palacio Díaz-Gana, demolido en 1935. La construcción de la basílica inició en 1874, convirtiéndose en santuario de veneración a la Virgen hasta 1985, casi cien años después del inicio de su construcción.

La historia de este templo ha estado marcada por los terremotos, sufriendo daños considerables en los ocurridos durante 1906, 1928, 1985 y 2010, generando daños estructurales importantes que lo mantienen cerrado al público desde 2004. Actualmente, su reconstrucción está siendo promovida por la Fundación Basílica de El Salvador, logrando una estabilización temporal en 2018, con la finalidad de adecuar los espacios ante eventual presencia sísmica.

Imágenes actuales de la Basílica de El Salvador (FOTOS: Joaquín Zúñiga)

La Basílica de El Salvador fue declarada Monumento Histórico en 1977, y parte de la Zona Típica Barrio Yungay desde 2009. Sin embargo, el apoyo ciudadano ha sido clave para dotar de recursos la reconstrucción y reparación de esta edificación, manifestando apoyo público y solicitando mayor dotación de recursos para el constante trabajo de restauración que requiere la basílica, siendo parte activa de estas peticiones agrupaciones como la Junta de Vecinos Barrio Yungay, Ecobarrio Patrimonial Yungay, Museo Comunitario Barrio Yungay, Parroquia San Pablo, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, entre otras.

Aprovechando la celebración del Día de los Patrimonios, dichas agrupaciones firmaron una carta dirigida a Julieta Brodsky, la actual ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la que manifiestan la importancia de visibilizar el apoyo ciudadano y compromiso que existe en torno a la recuperación de este espacio que, aseguran, se ha visto afectado y degradado.

Patrimonio ciudadano

Durante los últimos 20 años “se ha percibido un incremento importante en la valoración del patrimonio a nivel general por parte de la ciudadanía”, asegura Paola Seguel. Al momento de analizar la situación país, la arquitecta señala que la evolución en Chile es notoria, puesto que en un comienzo se hablaba tan solo de un patrimonio más bien monumental, que se vincula a lo oficial y tiene relación directa al tema de nación. Es decir, la presencia de símbolos, identidad país y regional por sobre cualquier otra cosa.

“En los últimos 20 años aproximadamente, surge un empoderamiento ciudadano fuerte: quién define lo que es patrimonial. Aquí aparecen las comunidades y es súper reconocido. La Agrupación del Barrio Yungay, una agrupación de vecinos se empieza a empoderar con el tema y dice ‘no, el patrimonio no son sólo los palacios. El patrimonio somos nosotros’, lo que se vincula a una exigencia de que los barrios estén protegidos”, señala la experta en conservación y restauración arquitectónica.

Posterior al año 2000, comienza a haber mayor presencia de áreas declaradas que siguen la misma línea estilística de monumentos históricos declarados previamente. Como por ejemplo, Barrio Yungay (declarado Zona Típica en 2009) o Matta Sur (declarado Zona Típica en 2016), cuyos atributos han generado que la ciudadanía se interese por la mantención de estos barrios, convirtiéndolos en un símbolo identitario.

Al respecto, Paola Seguel reflexiona: “Ahí uno entiende que el concepto de patrimonio no es estático, sino que va variando en el tiempo porque es dinámico, se va reinventando y aparecen nuevos ámbitos, y es algo que se ha visto súper fuerte en el último tiempo y en todo el mundo”.

Sara Ruiz, por su parte, cree que en la actualidad existe un fenómeno de desafección con el patrimonio, lo cual “es un trabajo muy de hormiga para reconstruir. Si la gente no conoce el patrimonio, no lo va a valorar. Pero siento sí que el Día de los Patrimonios 2022 puede poner una inyección de energía en el amor por los chilenos hacia nuestro patrimonio nacional, natural, material e inmaterial”.

Y agrega: “Una manera de potenciar el tema del patrimonio es incentivarlo en los colegios, que se puedan hacer visitas patrimoniales por lo menos una vez cada dos meses, y otra manera, desde el Estado y sus instituciones, sería volver al Día del Patrimonio de los Niños, que es una iniciativa muy buena pero que se ha perdido en el tiempo”.

Los trabajos en la basílica de los Sacramentinos comenzaron en 1912 | Foto: rhurtubia

Mismo dueño, casi idéntico diseño. Una en París y la otra en Santiago. Una en la colina de Montmartre. La otra en Santa Isabel esquina Arturo Prat. A una la llaman Basilique du Sacré Coeur. A la otra, Iglesia del Santísimo Sacramento. Una es de piedra blanca. La otra de hormigón armado. El atrio de una es una explanada desde donde se puede ver prácticamente todo París. Desde el atrio de la otra se ve una plaza, una pileta y edificios altos de colores pastel. En las dos basílicas las palomas defecan. Pero solo una es limpiada.

La basílica parisina se terminó de construir en 1914 y se consagró después de la primera Guerra Mundial, en 1919. Los trabajos en los Sacramentinos, su símil chileno, comenzaron en 1912, pero se detuvieron en 1920 y jamás se retomaron. Por eso los costados y casi toda la parte trasera -o ábside- del templo están con hormigón expuesto. La iglesia no se ve bien. Su aspecto es gris. Sus esquinas están cubiertas con abundante guano de las palomas que ahí habitan. Sus rejas altas están para protegerla de vandalismos. Su foso, entre el inicio de la construcción y la calle Santa Isabel, permanece lleno de basura: botellas de bebida, envoltorios de helados, escombros y pelotas de futbol. Las puertas laterales llevan años cerradas. Las pasarelas para llegar a ellas, en algunos lugares, están derrumbadas. Igual que la cruz de tres metros que coronaba la cúpula central y que para el terremoto del 85 se vino abajo. Si el edificio nunca fue terminado, menos ha sido restaurado en sus casi 90 años de vida.

“Lo que se destruye así queda, porque no hay plata para arreglarlo”, dice el párroco Alejandro Fabio s.s.s.
En rigor, lo único que se hace es mantención: se paga la luz, el agua, el gas. Se compra cera para el parquet interior y se les paga a dos personas para que se encarguen del aseo. “Mantener el templo cuesta alrededor de un millón quinientos mensual”, agrega el sacerdote. La basílica pertenece a la Congregación del Santísimo Sacramento. Es una orden regular –como los jesuitas o los franciscanos–, por lo que no recibe ningún aporte del Arzobispado: así lo confirmó el padre Oscar Muñoz, Vicecanciller del Arzobispado (la cancillería se encarga de elaborar todos los documentos oficiales de la curia).

Según los registros del Centro de Documentación del Consejo de Monumentos Nacionales, la Iglesia del Santísimo Sacramento fue declarada “Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico de acuerdo al Decreto Supremo N° 408 del 29 de octubre de 1991”. Este título permite que la propiedad no pague contribuciones. Hasta ahí llega el aporte del Estado. Esa es la regla: la Ley 17.288. La encargada del área de arquitectura de Consejo, Karina Aliaga, señala que esta entidad solo tiene la facultad de asignar fondos de emergencia y cuando se trata de un caso “en que está realmente comprometida la integridad de algún bien inmueble declarado Monumento Histórico”.
La Municipalidad de Santiago regaló las luces que iluminan la cúpula central en las noches y le paga a la empresa Citeluz para que les haga la mantención. Tampoco multan a los religiosos por el remate de una de las cúpulas traseras, a las espaldas de la escultura del San Pedro Julián Eymard –fundador de la orden–, que desde el terremoto del 85 amenaza con irse al suelo.

La peor época para los Sacramentinos es el invierno: “El techo está lleno de goteras y no podemos subir a nadie a taparlas porque no tenemos cómo asegurarnos de que no se caiga”, dice el padre Fabio. Por los accesos laterales a la cripta se cuela el agua y la inunda. Es la peor época, también, porque no hay matrimonios. Estos son el mayor ingreso de los Sacramentinos. Para casarse ahí se debe hacer un aporte voluntario de 300 mil pesos. Si se quiere llevar a cabo la ceremonia en la cripta, son 250 mil. Si la pareja es del sector, son 150 mil. Si pertenece a la parroquia, es gratis. Podría haber tres matrimonios diarios: dos en la iglesia y uno en la cripta.

La mayor parte de las ceremonias de matrimonio se efectúa entre octubre y marzo. En realidad, si la cosa va bien, se realizan dos matrimonios por semana. Después, baja la demanda y con ello el aporte voluntario: 200 mil. Para noviembre hay diez matrimonios. Marzo está copado. “En esta parroquia nadie se deja de casar por plata”, asegura el padre Fabio. Por eso, en rigor, el ingreso por este concepto varía mes a mes.

Para el párroco, lo ideal sería contar con tres millones de pesos mensuales. Con eso se pagaría la vida de los tres religiosos de la comunidad, el sueldo de la secretaria y de los dos auxiliares, las actividades parroquiales y la mantención del templo. Pero nunca hay tres millones. No alcanza. Lo que se gana en la época buena de matrimonios se guarda para el invierno. Y queda pendiente limpiar canaletas, reponer vidrios, restaurar vitrales, arreglar el órgano Walcker Op. 1932, enderezar algunas esculturas inclinadas, tapar las innumerables fisuras en la pintura del interior, estucar lo que falta del exterior, limpiar y reparar lo que da a Santa Isabel, recuperar los salones que están detrás del templo, arreglar el alcantarillado y quitar el excremento de las palomas.

Al costado norte del templo está el antiguo convento de los Sacramentinos. Forma parte de lo que fue declarado Monumento Histórico en 1991. Hoy pertenece a la Municipalidad de Santiago. En ese lugar se realiza una remodelación para transformar el lugar en un centro cultural. El arquitecto que diseñó la obra es Pablo Moraga, del estudio de arquitectura Puerto Varas, ubicado en esa ciudad junto al lago Llanquihue. Moraga ha desarrollado proyectos relacionados con el patrimonio histórico en Santiago y en el sur. Conoce la historia de los Sacramentinos: “Un ambicioso proyecto de construcción para la época, por la calidad de los materiales y las dimensiones de la construcción”. A su juicio, conservar el patrimonio no significa necesariamente terminar el trabajo. Según el arquitecto, hay corrientes dentro de la conservación que creen que es mejor dejarlo como quedó cuando paró la construcción.

Seguramente cuando el arquitecto Ricardo Larraín Bravo vio en pie la basílica que había diseñado, no pensó que 90 años después quedaría cercada por edificios que superarían los 56 metros de altura de la cúpula central. El plano regulador de la Municipalidad de Santiago, aprobado en 1991, señala que todo lo que rodea a la basílica, salvo las áreas verdes, es Zona B: esto permitió la construcción, por el perímetro del templo, de edificios que superan los 20 pisos. Y así ocurrió. Hoy solo queda libre un terreno en la esquina sur oriente y las dos zonas verdes: al poniente el parque Almagro y al oriente la plaza Los Sacramentinos.

El barrio se ha revitalizado con la llegada nuevos habitantes. Hay más gente que va a la iglesia, a misa o a visitarla. Sin embargo, a juicio de Moraga, esto es un contrasentido porque se activa el sector en desmedro de la iglesia. Sin embargo, la presencia del parque y la plaza “le dan cierta holgura, lo que permite pensar que no va a desaparecer entre las torres que ahí se han levantado, como ha ocurrido con otras iglesias de Santiago”.

Las dudas sobre qué va a pasar con la iglesia de los Sacramentinos persisten. En julio de este año el arquitecto Jaime Migone, decano de la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad SEK, se adjudicó un FONDART Bicentenario por $ 48.850.000 para investigar y elaborar un proyecto de restauración de la iglesia. Pero el padre Fabio ha recibido en sus tres años de párroco varios proyectos de restauración, además del compromiso de fieles e instituciones de aportar para mejorar el estado del monumento. Nada se ha concretado. A su juicio, porque los costos son muy elevados: “Por lo menos 10 millones de dólares”, afirma. El arquitecto Pablo Moraga cree que esta cifra no se escapa a la realidad.

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Gabriel Galaz es estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.