La relación entre los fenómenos inseguridad/migración no es nueva. Ha estado presente en el discurso público de candidatos en diversos procesos electorales de los últimos años en el país, en dichos de diversas autoridades y en columnas y entrevistas de distintos líderes de opinión. También es una constante en la cobertura mediática de los delitos que se cometen en Chile: la nacionalidad de los involucrados pareciera ser un factor obligado a considerar y mencionar, al menos cuando los victimarios son extranjeros.

Los datos duros dan cuenta de que sí, ha aumentado la delincuencia en el territorio nacional y también la migración, sin que necesariamente haya una correlación de causalidad entre ambos fenómenos. Pero en la opinión pública pareciera que cada vez se ven más entrelazados.

Según datos del Banco Mundial, hay cerca de 532 mil migrantes venezolanos en Chile, además de otro millón de personas de otras nacionalidades. La gran mayoría eligió salir de sus naciones para buscar mejores oportunidades económicas, sociales y políticas, por lo que este país se ha convertido en un lugar donde pueden soñar con estabilidad y cobijo. Sin embargo, la última encuesta Cadem arrojó que un 51% de las personas encuestadas considera que la migración ha sido un detonante de la crisis de inseguridad y el 28% lo menciona de forma espontánea como el principal motivo que incide en el alza de la delincuencia.

La psicóloga y magíster en sociología Andrea Espinoza, ex directora social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y actual directora de Comunidad Universitaria en la UAH, se refiere a esta situación en esta entrevista, y asegura que no existe evidencia aún que establezca una relación de causa/efecto entre los fenómenos, y que esa “percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligando la migración con la inseguridad”.

Andrez Espinoza, ex directora social del SJM y actual directora de Comunidad Universitaria UAH.

“No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad”

–¿Cómo se puede entender la crisis humanitaria por la cual están llegando tantos migrantes a nuestro país, principalmente desde Venezuela?

La percepción que tiene la ciudadanía ante Venezuela es una percepción distinta a las crisis de armas, por ejemplo: el caos de Ucrania y Rusia por la guerra. Los chilenos y chilenas tendemos a ver eso como más urgente que la crisis humanitaria. La mayoría de las personas que llegan a Chile desde Venezuela en los últimos años, ingresan al territorio nacional por pasos no habilitados, es decir, de forma terrestre, y la mayoría lo hace caminando por el norte de Chile, ya sea por la frontera de Arica, Chacalluta o la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá. Al ingresar por un paso no habilitado, las posibilidades de regularizarse son muy escasas. Las personas que se pueden regular y estar en Chile son niños y niñas. Es un círculo, porque los padres o la mayoría de las madres, si no se pueden regular no tienen rut, y no pueden acceder a un trabajo formal. Creo que la manera más adecuada y urgente, es que todas las personas que han llegado a Chile por pasos no habilitados se puedan regularizar.

–¿Cómo afecta en materia de seguridad que estas personas migrantes no tengan acceso a una regularización?

No ha habido en Chile una regularización masiva desde 2018, y eso conlleva a que, como no tienen sus papeles al día, no sabemos quién está dentro de nuestro territorio. Podemos estimar un número porque, cuando uno llega a Chile por paso no habilitado, hay un trámite que se llama autodenuncia, que es como decir “yo, Andrea Espinoza, estoy irregular en el territorio chileno”, pero no sabemos nada más. Si se identifica a los ciudadanos extranjeros que están en el país, va a ser más fácil saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven actualmente. Cuando se genera la regularización, hay requisitos, y uno es no tener antecedentes penales.

–¿Cómo se explica que la percepción de la ciudadanía apunte a la migración como la responsable de aumentar la inseguridad?

No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad o inseguridad, no existe evidencia todavía para saber si hay delitos que cometen ciertos migrantes. Lo que pasa es que los casos están siendo de alta connotación pública y antes en Chile no se veían, pero no existe aún evidencia desde el punto vista académico cuantitativo, es muy limitada la producción de información y conocimiento científico sobre eso.

– ¿A qué se debe entonces la sensación de rechazo hacia los migrantes?

Hay una encuesta que sacó la Universidad Católica (Encuesta Bicentenario) y que le pregunta a la población nacional: ¿piensa usted que la migración es un problema? En la última edición del sondeo, el 70% dijo que sí, y después hay una siguiente pregunta: ¿usted ha tenido alguna vez problema con un migrante? Menos del 20% ha tenido un problema directo con un migrante. La percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligado la migración con la inseguridad. También los periodistas tienen una alta responsabilidad, porque a ciertos crímenes le ponen nacionalidad, pero cuando lo comete un chileno, no.

–¿Cómo se explica socialmente este actuar de los chilenos?

Puede que estemos ante un choque cultural. Históricamente, no hemos sabido cómo relacionarnos ni siquiera con nuestro propio pueblo originario. Por supuesto que hay costumbres que nos van a costar más, pero la convivencia finalmente es una construcción.

Si los chilenos en general tendemos a escuchar la música un poco más baja que las personas de ciertos países de Latinoamérica, hacer que este problema no exista no es la solución, sino que conversar cara a cara y buscar soluciones. Este problema está en todo tipo de espacios, es un tema convivir entre estudiantes, entre estudiantes y trabajadores, entre estudiantes y profesores. No sé si es un problema de Chile, pero falta emplear mayor comunicación y enfrentar las diferencias.

 *Este reportaje fue realizado durante 2022 y corresponde a la Tesina de las autoras para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

El 11 de agosto de 2021, Jairo Moronta recibió un llamado de un número desconocido que alteraría su nueva vida en Chile. A su lado, se encontraban Yorgelis Blanco, su pareja, y Jairito, su hijo. Ella lo miró extrañada al notar como el rostro se le desconfiguraba al contestar el teléfono.

—Aló, ¿Con quién hablo? –dijo Jairo.

—Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Jairo Moronta? –le preguntó de vuelta una voz masculina al otro lado de la línea.

—Sí, mande, con él.

—Mire, usted habla con la Policía de Investigaciones de Chile. Lo llamó para informarle que tiene una carta de expulsión emitida ahora en agosto, por su ingreso al país por paso no habilitado, dictada por la autoridad administrativa.

Hubo un momento de silencio. Mientras, en apenas unos segundos que parecían no acabar, Jairo reflexionaba “qué carajos significa esto”. Le dio las gracias al policía y cortó la llamada.

Yorgelis cuenta que sintió entonces una rara mezcla de emociones: alegría, pero a la vez, miedo. “Alegría es porque, al llegar la carta de expulsión, se podría revocar la con un abogado, y miedo porque se lo podían llevar en cualquier momento”, dice.

Un día después, Jairo buscó el grupo de Facebook “Venezolanos en Chile” para pedir ayuda:

“Hola, buenas noches. ¿Quién me puede asesorar con mi caso? Llegué hace dos años acá de manera ilegal y automáticamente me autodenuncié y me llegó la carta de expulsión hace un día. Tengo un hijo chileno de tres meses. Me dijeron que tengo que buscar un abogado para que me ayude. Solo tengo 10 días para hacer mis papeles, pero no sé cómo hacerlo. Si alguien me puede asesorar con eso, por favor. Gracias”.

La situación de Yorgelis y Jairo era de total incertidumbre. Era como si el mundo se les viniera encima. Su sueño de por fin instalarse y armar con solidez una nueva vida en Chile, esa que no encontraron en una Venezuela sumida hace años en una profunda crisis, se empezaba a desmoronar. Era un punto de inflexión en su historia, la misma que han vivido y viven miles de migrantes en un país que se ha convertido –posiblemente– en la etapa final de la búsqueda del “sueño americano” en la Latinoamérica del siglo XXI; y en un lugar donde la disputa por concretarlo es con el mismo Estado que podría hacerlo realidad.

A pesar de los cambios legales en materia de migración, el Estado chileno aún mantiene vacíos y deficiencias en cuanto a la protección de migrantes, lo que provoca, por ejemplo, la falta en servicios de salud, impidiendo el acceso a un tratamiento médico en caso de requerirse; solamente pueden ir a urgencias, es decir, ante situaciones extremas. No tienen protección legal, quedando a la deriva para regularizar su situación; menos pueden encontrar trabajo por no estar con residencia legal, lo que les imposibilita tener un contrato laboral, así también sus cotizaciones y previsiones.

Desde ese día, el de la llamada, que en la mente de Yorgelis no paran de aparecer las mismas preguntas una y otra y otra vez. ¿Qué hacer con sus vidas después de recibir la noticia de que en cualquier momento el padre de su hijo de menos de un año y de otro que está por nacer, puede ser expulsado del país? ¿Dónde iría a parar la travesía que comenzaron juntos en el techo de su casa en Venezuela dos años antes?

Bajo la luz de la luna

Se vislumbran los últimos rayos de sol mientras, cerca de las ocho, anochece en Maracaibo. Yorgelis Blanco, una mujer morocha de ojos oscuros con una mirada profunda e intensa, cejas perfectamente perfiladas que combinan con su largo pelo azabache, de nariz respingada –con un piercing circular brillante plateado– y labios gruesos con un toque de brillo, prepara un par de mantas y almohadas para subir al techo de su casa junto a su familia. Ya están acostumbrados a la rutina de ver sus rostros iluminados solo por la luz de la luna.

En mayo, las noches en esa zona al noroeste de Venezuela son cálidas, con temperaturas que promedian los 30 °C, aunque es una constante casi todo el año. Por eso al llegar al tejado de arcilla no se sorprenden al encontrar a sus vecinos compartiendo desde las puntas de sus casas en la misma situación.

Familias durmiendo en techos de sus viviendas en Maracaibo para capear el calor en temporada de apagones a comienzos de 2019 (FOTO: ilustración generada por IA a partir de imagen original publicada en Notiactual.com)

Fallas eléctricas y apagones masivos viven los habitantes de Venezuela la mayor parte del tiempo ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Ese año, 2019, se registraron 87.610 fallas eléctricas, lo que significó un promedio de 240 cortes de luz al día, según el “Comité de afectados por los apagones” de Venezuela.

“Dormíamos en los techos de bloque con mi abuela, mis primos y mis padres. La gente también dormía en las calles porque el frío no llega”, recuerda Yorgelis. Sin embargo, el clima tropical no es la única razón para que nadie se quiera quedar en sus habitaciones: la delincuencia en Maracaibo va cada vez más al alza.

Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, la región cerró en 2019 con más de 16 mil muertes solo por causas violentas.

Ese año fue decisivo para Yorgelis: “No hallábamos qué hacer, estábamos hasta aquí”, dice mientras se agarra con las dos manos su garganta. Vivían sin luz la mitad del día, y no solo era eso. También estaban las dificultades para conseguir alimento y tener un sustento económico; todo la impulsaba a buscar un nuevo destino.

Su vecino y novio, Jairo Moronta, tenía en ese momento 23 años y el pelo igual de negro que sus ojos. La nariz gruesa, dientes muy blancos, un pequeño bigote y barba delgada que rodeaba la silueta de su rostro de oreja a oreja y unas cejas perfiladas. Fue entonces que le contó que tenía primos en Chile y que ellos le habían comentado de las oportunidades laborales en el país del sur. También le dijo que él ya había tomado la decisión de viajar en los próximos días.

“Aquí todo estaba escaso, caro, las luces se iban por un mes entero y solamente comíamos lentejas; realmente pasábamos hambre. La desesperación por ayudar a la familia nos motivó a salir”, cuenta hoy Yorgelis, quien un mes después de que su pareja se fuera de Venezuela, emprendió sola el viaje terrestre a su encuentro, hasta el sueño prometido.

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Yorgelis y Jairo son solamente dos de las millones de personas que migran porque se ven obligadas a salir de sus países para tener una mejor calidad de vida. Datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Civil, apuntan a que ya entonces existían 1,5 millones de personas extranjeras residentes habituales en Chile, es decir, un 0,8% más que el año anterior.

De los cinco países con más extranjeros residentes en Chile, en 2020 se mantuvo la tendencia de los dos años previos: primero estaba Venezuela, con 448.138 personas (30,7%), seguido por Perú (16,3%) y Haití (12,5%).

En mayo de 2022, en entrevista con Pulso, Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, informó que junto al INE estaban realizando una nueva estadística oficial, con un remozado sistema de contabilización de la población extranjera. Thayer sostenía que “lo más probable es que suba la cifra, pero porque se contabilizará a los irregulares, más que por el hecho de que hayan ingresado más migrantes”.

“Estamos revisando la metodología, porque queremos incluir en esa estimación de población extranjera a los que están de manera irregular y así transparentar la cifra”, explicaba la autoridad.

Según el informe sobre Las Migraciones en el Mundo 2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo la migración ha aumentado en las últimas décadas. El total estimado en 2019 sostiene que a nivel global eran unas 272 millones de personas las que no vivían en su país natal, cifra superior en 110 millones a la estadística de 1990. O sea, casi un 69% más.

Dentro de este boom migratorio, “hay más personas que nunca viviendo en el extranjero”, siendo Chile el país de la región en el que más aumentó la migración, producto de la crisis social y económica que enfrentan otros países, según se explica en el reporte de la ONU.

El fenómeno se dio de forma paulatina. En 2017, se registró una ola de 110.166 personas migrantes que llegaron provenientes de Haití, según cifras del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), producto de la crisis social y económica de la región caribeña. La siguiente población que emigró fueron personas desde Venezuela bajo el mismo criterio de búsqueda: huir de un país en constante y profunda crisis en pos de encontrar mejores oportunidades de vida.

Con la situación de Venezuela, Yorgelis dejó de estudiar: “Quedé hasta tercero medio –bachiller–, me puse a trabajar en un centro comercial de atención al cliente y con eso ayudaba a mis papás, pero como ya no me daba el presupuesto fue que me vine para acá”.

Aunque la diáspora en Venezuela partió hace ya varios años, nunca habían llegado tantos inmigrantes a Chile desde ese país como en 2019. El actuar del gobierno de Sebastián Piñera fue clave para este proceso.

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El 22 de febrero de 2019, el ahora exmandatario viajó hasta Cúcuta, Venezuela, para entregar ayuda humanitaria junto a otros líderes políticos. Era, supuestamente, el día en que el régimen de Nicolás Maduro caería. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le quitaría su apoyo al gobierno, que abrirían las fronteras para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y que estarían las condiciones para un retorno triunfal del líder opositor y “presidente designado”, Juan Guaidó. La información venía de la inteligencia colombiana y estadounidense, y como Piñera pretendía alzarse como un líder a nivel regional a favor de la democracia y en contra de gobiernos autoritarios, asistió y se puso en primera línea en un mediático evento cultural y geopolítico que terminó en desastre.

El gobierno de Maduro no cayó y la visita del Presidente chileno generó consecuencias que repercuten hasta el día de hoy.

El ímpetu y apoyo al pueblo venezolano que evidenció Piñera esa jornada fue interpretado por Yorgelis, Jairo y miles de sus compatriotas que veían el Venezuela Live Aid –concierto benéfico de ayuda al país– como el refrendo de algo que él mismo había dicho tiempo atrás en una entrevista con Deutsche Welle: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos que buscaban nuevas oportunidades”.

Comenzar una nueva vida fuera de la crisis y con las puertas chilenas abiertas no parecía ser una mala idea.

En esa fecha, las condiciones para ingresar al territorio eran muy distintas a las de hoy. No era necesario tener una visa, sino que simplemente con su cédula de identidad, un ciudadano venezolano podía ingresar de manera regular por los pasos fronterizos habilitados, lo que cambió posteriormente con la visa consular y la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) que estableció el expresidente tras su viaje a Cúcuta.

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Pese a que Jairo viajó días antes de necesitar una visa con la idea de llegar e ingresar de forma regular por tierra, un atraso hizo que todo cambiara durante su trayecto. Después de 5.120 kilómetros recorridos hacia Chile, el bus en que iba quedó varado en Tacna, Perú, lo que le significó dos días de retraso en medio de una fecha clave para el cambio de normativa para el ingreso de venezolanos al país. Si el cronograma se cumplía, solo le bastaba tener su identificación para entrar al país, pero el retraso le implicó llegar cuando ya era necesario contar con una visa que, por supuesto, Jairo no tenía. La posibilidad de volver a Maracaibo ya no era opción.

Entre la disyuntiva de qué hacer, cómo acceder a la visa y no tener los recursos para volver nuevamente a Venezuela, un hombre le ofreció pasarlo de manera ilegal a Chile.

“¿Qué hago? –se preguntó Jairo–. Gastar plata que no tengo para volver… están mis primos esperándome… –se decía a sí mismo, confundido– esto es lo que me tocó”.

Finalmente, aceptó lo que nunca pensó que debería hacer.

Pagó cerca de 150 dólares para cruzar caminando la frontera por Colchane. Ahí lo dejaría el coyote que lo guió por el desierto, quien –dice Jairo– desapareció apenas lo dejó allí y nunca más lo volvió a ver. Una vez en Chile, lo primero que hizo fue autodenunciarse. Esto es una medida para dar cuenta de su ingreso clandestino, un hecho que a la fecha que Jairo ingresó al país era considerado delito.

Así como Jairo llegó a Chile viajando desde Venezuela, también lo hacen miles de inmigrantes. Entre ellos, Jesús, de 21 años, junto a su esposa de 17 y su hija de uno. Los tres estuvieron siete días caminando por el desierto y en los únicos momentos que paraban a descansar, se dedicaban a darle las preparitas a su hija –refiriéndose a la leche de la bebé–.

No saben cuánto pagaron, ya que sus familiares lo hicieron por ellos. Tampoco se autodenunciaron por voluntad propia, sino porque fueron sorprendidos en una residencia clandestina que fue allanada por la PDI en septiembre de 2021, en un operativo que buscaba desbaratar una banda ilegal de tráfico ilícito de personas. Tuvieron que hacer el trámite de autodenuncia como víctimas de trata de migrantes.

Los 57 inmigrantes que se encontraban en la residencia, entre ellos 19 menores de edad, tuvieron que mostrar un documento que acreditara su identidad para quedar en los registros oficiales de ingreso clandestino.

“Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormimos afuera –decía Jesús el día del allanamiento, apuntando un colchón sucio y en mal estado que se encontraba en el piso del patio con una frazada floreada encima–. En el desayuno alcancé a comer pan con mortadela y galleticas”.

Migrantes cruzando la frontera por Colchane, en la Región de Tarapacá, febrero de 2022. (FOTO: ilustración generada por IA a partir de fotografía gentileza de Rodrigo Martínez, encargado prensa del alcalde de Colchane)

Con el colapso de la economía, millones de personas en Venezuela quedaron incapacitadas de satisfacer sus necesidades básicas y han optado por migrar. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos y venezolanas han abandonado su país en los últimos años y, de ellos, cerca de un millón ha solicitado asilo.

En ese contexto de desplazamiento masivo, al menos 42 personas de ese país perdieron la vida en su intento de emigrar a otras partes de la región en 2018, y en los años siguientes no harían más que aumentar. En 2021, al menos la mitad de los 18 migrantes que fallecieron en la frontera chilena –y que fueron hallados– venían de Venezuela y, al año siguiente, hasta julio, cuatro de los siete cuerpos encontrados tenían consigo papeles que certificaban la misma nacionalidad.

En 2021 se llegó a un récord histórico de personas que ingresaron de manera clandestina a Chile: según datos obtenidos vía Ley de Transparencia a la PDI, 56.586 inmigrantes llegaron ese año al país a través de pasos no habilitados, un aumento de 235,8% respecto del año anterior (ver gráfico nº1). Y entre enero y mayo de 2022, ya sumaban 27 mil; 12 mil mujeres y 15 mil hombres.

La gran mayoría ha seguido la misma ruta que Yorgelis, Jairo y Jesús (ver gráfico nº2). De esas personas que entraron a Chile de forma irregular en 2021, las provenientes de Venezuela predominan con 43 mil (76,78%). Le siguen quienes vienen de Bolivia (12,33%), Colombia (4,08%), Haití (3,38%) y Perú (1,40%). Eso sí, todas estas cifras contemplan solamente a quienes se autodenunciaron o fueron fiscalizados y denunciados por la policía, y se estima que son varios miles más los que no han pasado por ninguno de esos procesos; la cifra negra.

El diputado por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), argumenta: “Existe una cifra negra de acuerdo con lo que me ha dicho el delegado presidencial. Ellos creen que es un volumen muy grande de gente y se tiene un aproximado, pero no me atrevería a dar una cifra porque podría cometer un error”.

Richard Salazar, abogado y defensor público penal de Arica, quien ha litigado diferentes casos sobre migración, afirma que “la gente siempre viene porque hay un tema por el ‘sueño americano’. Vienen con la idea de mejorar su situación, su calidad de vida, su estándar de vida”.

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El viaje de Yorgelis Blanco también fue por el desierto desde Venezuela, y en cada paso que recuerda vuelve a sentir el temor, “el miedo de que una persona te haga daño constantemente, todo eso no es fácil”.

Iba con 13 venezolanos y ninguno se conocía entre sí. Solo tenían en común el origen y la búsqueda de un mejor futuro.

“Yo demoré ocho días en llegar acá y fue el mismo proceso que Jairo: de Venezuela a Colombia, un bus; de Colombia a Ecuador, un bus; de Ecuador a Lima, otro bus y de ahí a Tacna. De allá pa’ acá, caminando. Igual un peruano me pasó –uno distinto que pasó a Jairo–. Me cobró 100 dólares, lo único que me quedaba. Comí solo pan y bebí agua; a veces la gente me regalaba comida”, detalla.

Lo más difícil fue lidiar con el miedo. “Pensaba que los Carabineros me iban a agarrar, me iban a deportar, iba a perder el viaje y no quería”, cuenta.

Una vez que llegaron a Arica, los 13 emprendieron su viaje a diferentes puntos del país. La mayoría se fue a Santiago, pero ella iba aún más allá: hacia Angol, donde la esperaba su novio. Tomó su último bus.

Ilustración referencial generada por IA

La mayoría de los migrantes que llegan al país se concentran en ciudades como Antofagasta, Valparaíso y Santiago, principalmente por los servicios, oportunidades laborales e incluso el clima. Pero Yorgelis y Jairo optaron por Angol, una localidad de la Región de La Araucanía caracterizada por las actividades agropecuarias y forestales, donde las temperaturas promedio en invierno varían entre los 4° y 12° C y que en verano fluctúan entre los 10° y 26° C. Además, era donde hace un año estaban instalados los primos de Jairo, todos solteros y sin hijos.

La pareja se quedó al principio con ellos en una casa de pequeñas piezas, donde una estaba reservada para los dos. Eran la única pareja del grupo y cada uno debía aportar para el pago de las cuentas.

Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Ambos encontraron trabajos provisorios y todo el dinero que ganaban estaba comprometido para los gastos de la casa, imposibilitados a ayudar a sus familias en Venezuela y porque ellos veían “como toda la plata que sobraba –de las cuentas– se la quedaba la prima, así que mejor nos apartamos”, cuenta ella.

Con el poco dinero que tenían, la pareja arrendó una casa de un ambiente en Angol, “más bien una pieza por lo chiquitica –precisa Yorgelis–, pero mucho más cómoda” que donde vivían antes.

En enero de 2020 su vida dio un nuevo giro: se enteraron de que ella tenía 12 semanas de embarazo. Esto implicaba más amor, pero también, un nuevo integrante a quien alimentar.

Aun así, siguieron con sus vidas como si nada. Yorgelis se desempeñaba como empaquetadora en el mercado Super Ganga, “una de las partes en las que no me pedían papeles, porque lo hacían en todos lados”, explica. Jairo, por su parte, comenzó a trabajar en una constructora con un empleador de nacionalidad venezolana. Quién mejor que él podría entender la situación por la que pasaba su familia –pensaban–, pero no fue así. Yorgelis crítica que “es un hombre muy malo para la paga, nunca tiene los sueldos a tiempo”.

A pesar de estar embarazada, siguió trabajando porque así podían ayudar a sus familias en Venezuela y no dependían del inestable pago de Jairo, a quién le debían pagar $300 mil, aunque a veces le pagaban entre $50 y $80 mil mensuales; como no tenía contrato, no podía exigir su pago. Yorgelis aguantó lo más que pudo, hasta que no pudo soportar el peso de estar todo el día de pie. “Trabajé hasta los seis meses de embarazo, porque a mí no se me nota la pancita”, afirma.

Hacían maravillas para pagar los $180 mil que les cobraban de alquiler, más los $30 mil de servicios a los que Yorgelis no les encuentra explicación.

“Yo no tengo luz en la sala, ni en la cocina; solo tengo luz en mi cuarto y de agua yo solo gasto cuando cocino o cuando nos bañamos, nada más”, dice. Por lo tanto, aprovechan la luz del día al máximo, tal como lo hacían en Venezuela, aunque no en los techos bajo la luminosidad de la luna, porque aquí llueve bastante y hace muchísimo más frío del que estaban acostumbrados.

Un espejismo en el oasis

Ya tenía 39 semanas de embarazo, así que era cosa de tiempo. La noche previa al nacimiento del bebé, Yorgelis se acostó con un malestar en su vientre que consideró “normal”, pero al día siguiente ya no podía soportar el dolor y su fuente se rompió.

Según la Ley de Migraciones y Extranjería, una mujer migrante en Chile tiene derecho a ser atendida durante el proceso de preparto, parto y puerperio independiente de su nacionalidad y situación migratoria. Además, según señala la abogada especialista en migración y ex presidenta del SJM, Macarena Rodríguez, existe una visa para embarazadas “que opera solamente con el certificado de la matrona, o sea, la mujer acredita el embarazo y ese certificado es suficiente para pedir una visa que dura todo el embarazo. Eso garantiza que será atendida en el consultorio de salud para sus controles del embarazo”.

Ahora bien, la experta explica que la visa para embarazadas termina una vez que el parto se concreta, sin embargo, los nueve meses se consideran desde que se otorga el documento, por lo que “se puede utilizar la visa un tiempo más”.

Yorgelis fue a las dos de la tarde junto a su novio al Hospital Dr. Mauricio Heyermann, el único ubicado en Angol, y cuatro horas más tarde estaban junto a su hijo Jairo, llamado como su padre, aunque a él le dicen “Jairito” de cariño. Yorgelis recuerda que lo más complicado de dar a luz fue que, a pesar de la compañía de su pareja, quería a su mamá aquí; “me sentía sola”, sostiene con nostalgia.

“Podría dar a luz cuantas veces quisiera, porque me atendieron súper bien”. Los meses anteriores, Yorgelis fue asistida en el Cesfam más cercano a su domicilio y aunque no se encuentra regularizada en el país, solo se le solicitó una carta con la dirección de su vivienda y documentación de identificación para que Fonasa le otorgara el beneficio de recibir atención médica junto a su bebé.

Aunque existe una protección legal para los recién nacidos –quienes nacen como chilenos– y el cuidado a la mujer en el embarazo, el proceso para que los migrantes se integren al sistema de salud en Chile cuenta con barreras que limitan la atención.

Según el informe “Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso de la salud de la población migrante residente en Chile”, elaborado por el SJM con datos de 2020 y 2021, un 75% de los migrantes está adscrito al modelo público Fonasa, mientras que un 12% lo está al sistema privado Isapre. Aquellos que se encuentran irregulares en el país y sin recursos, pueden acceder de forma gratuita y quedar cubiertos en el tramo “A” de Fonasa, pero solo en caso de emergencia. Además, uno de cada siete niños, niñas y/o adolescentes migrantes no forma parte de ningún modelo previsional de salud.

Las mayores dificultades con relación a la salud de los migrantes están en la información asimétrica y el choque cultural, lo que trae como consecuencia mayores barreras para acceder al servicio.

Dentro del 11% de extranjeros que no se encuentran dentro del sistema previsional de salud está Andrea Fuenmagar (25), quien padece de diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que afecta el modo en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

“Se me ha hecho muy complicado que me puedan ver en un centro médico porque no tengo papeles”, comenta la venezolana.

Antes de su llegada a Chile, vivió en Colombia y en Ecuador, territorios donde sí tuvo la oportunidad de ingresar a los sistemas de salud, incluso estuvo hospitalizada y fue atendida de manera gratuita, pero debido a la falta de trabajo emigró a Chile. “Y aquí no me estoy inyectando insulina porque el tratamiento me sale súper caro. Por fuera me puede salir $40 mil un lápiz que dura 15 días y tengo que utilizar dos tipos de insulina diferentes. Me inyecto tres veces al día, no me dura casi nada”, dice, y agrega: “Como está la situación por las leyes y por mi tratamiento de salud, creo que es mejor regresar a mi país y poder tener más acceso allá”.

“Con respecto a las personas que están en situación migratoria irregular, ellos no tienen posibilidad de tener un RUT, de tener una cédula de identidad vigente, de poder pagar las cotizaciones previsionales y poder acceder a la salud, entonces en el caso de ellos, se les garantiza la atención de urgencia, que es lo único a lo que pueden acceder, y eso, es tremendamente dañino, porque la atención de urgencia podría ser muchísimo más compleja, más cara, más todo, que una labor preventiva”, explica Macarena Rodríguez.

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La ley de migración chilena de 1975 cambió y entró en vigencia otra versión en febrero de 2022. Quienes hayan ingresado de forma irregular antes de la nueva ley, se deberán regir con la antigua. Y en esa situación está Jairo y bajo esas condiciones fue que recibió su orden de expulsión, pues el ingreso ilegal es un delito para la ley que estuvo vigente por 47 años. Para la normativa actual, en cambio, es apenas una falta administrativa, aunque de igual forma da pie para deportar a migrantes.

En Chile existen dos tipos de expulsiones: administrativa y judicial. La diferencia está en que la primera “dice relación con aquella en que el producto de la expulsión es proveniente de algún incumplimiento de los requisitos administrativos para la permanencia en el país”, explica el defensor público penal Richard Salazar. La expulsión judicial en cambio, “se relaciona con la Ley 18.216, que regula como pena sustitutiva la expulsión de las personas extranjeras frente a la condena de un delito”, dice el abogado.

Las causales para decretar órdenes de expulsión administrativa son variadas: por el ingreso o egreso del país con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona; o por hacerlo de manera clandestina u otros motivos. Pueden ser decretadas desde el Ministerio del Interior a través del subsecretario del Interior o del director del Servicio Nacional de Migraciones, o por el Tribunal competente, según indica el reglamento.

Para el caso de una reconducción de un inmigrante es que la persona esté imputada por un crimen en su país de origen, o bien, haya cometido uno en Chile.

Tras haber ingresado ilegal y haberse autodenunciado en el momento, Jairo debía ir a firmar mensualmente al cuartel de la PDI como parte del procedimiento de regularización.

La oficinas de Extranjería de la PDI suelen llenarse con largas filas de migrantes irregulares que acuden a firmar. (FOTO: ilustración generada por IA a partir de fotografía original publicada por Eltiempo.com)

“Una vez que la persona decide comenzar un proceso de regularización, el primer paso es realizar una autodenuncia en la PDI por haber ingresado por un paso no habilitado a Chile. Luego de eso, la PDI le entrega a la persona un papel que se llama Tarjeta de Extranjero Infractor, para dejar registro de las personas que tienen que hacer firma –mensual, cada dos meses o quincenal; depende del funcionario–, y se hace un informe policial que da cuenta del ingreso por paso no habilitado de la persona puntual que se manda a las que ahora son las delegaciones presidenciales”, explica Constanza Salgado, quien al momento de ser entrevistada para este reportaje ejercía como abogada del SJM.

Si bien la autodenuncia es una atenuante para la regularización de la situación migratoria, también hay quienes eligen no hacerlo en el momento del ingreso al país por, entre otras razones, temor, desconocimiento de la ley o falta de asesoría legal. Uno es el caso de Yorgelis.

“Yo no me autodenuncié porque me dio mucho miedo”, sostiene la mujer, y aún no tiene mucha idea de qué pasará con su situación migratoria porque no sabe bien cómo regularizarse. Ya lo hizo vía online en el sitio web de la PDI en diciembre en 2021, a dos años de su llegada, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

Ese mismo mes fue el último que Jairo firmó en la PDI tras su proceso de autodenuncia. Pero al recibir el llamado y su carta de expulsión, no sabía cómo proseguir los siguientes meses.

Aunque ambos se autodenunciaron, no han podido regularizar su situación por la falta de asesoría legal que les permita tener su documentación, por ejemplo, cédulas de identidad chilena.

“La realidad migratoria es obligación del Estado, no es que las personas quieran ser irregulares, sino que los estados faciliten la manera en que las personas se regularicen, de manera de que puedan tener la autonomía para insertarse en la sociedad. A su vez, favorece la movilidad interna”, señala Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de la organización Movimiento de Acción Migrante.

Ante la noticia de que en cualquier momento la PDI podría ir a buscar a Jairo para subirlo a un avión y devolverlo a Venezuela, dejando a su hijo de un año y a su novia a miles de kilómetros de distancia, la familia comenzó a tener una sensación de inseguridad y no sabían con quién asesorarse para evitar la separación familiar.

“A él le salió su carta de expulsión, pero como nosotros no tenemos trabajo con contrato ni nada, sino lo que nos salga, no teníamos cómo pagar un abogado que le pudiera ayudar a apelar, porque él tenía que apelar [para dejar sin efecto la orden de expulsión] y debía seguir ese proceso. Tenía diez días para apelar, pero no pudo porque los abogados le quitaban como $400 mil y no los teníamos. Todavía tiene su papel de expulsión”, sostiene Yorgelis.

Navegando por internet descubrieron al SJM, una organización dedicada a la “promoción y protección a la dignidad a los derechos de migrantes y refugiados en Chile”, según se describe en su sitio web. Su trabajo es multidimensional para el apoyo a personas migrantes en el país e incluye una área jurídica, mediante la cual asesoran sobre la situación migratoria y, en algunos casos, presentan recursos de amparo para dejar sin efecto órdenes de expulsión.

Jairo y Yorgelis descargaron la aplicación MigrApp que pertenece a la organización y mandaron un correo. Meses después, en abril de 2022, recibieron una respuesta en que les pedían “paciencia” para abordar su caso, ya que tienen en cola muchos más.

El SJM no es la única entidad que presta este tipo de asesorías. Al igual que a Jairo, pero en febrero de 2019, a la dominicana Doris Pineda también la notificaron de una orden de expulsión del país tras ingresar por un paso no habilitado. Ella vino a Chile por una oferta laboral de asesora de hogar, razón por la cual vendió su casa en República Dominicana.

Dejó en su país a sus dos hijas de 24 y 16 años con la expectativa de darles una mejor vida en Chile. Sin embargo, a diferencia de Jairo, Doris se asesoró a través de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, entidad que logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera su caso y pudiera quedarse en el país junto a su nueva pareja chilena.

Algo parecido ocurrió con Aníbal Márquez, venezolano indocumentado que trabaja informalmente como chofer de Uber en Chile. El 24 de abril de 2021 se emitió su orden de expulsión por ingresar por un paso no habilitado junto a su hijo menor de edad. Él se asesoró con la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Dos meses después, su expulsión fue revocada.

Pero muchos no corren la misma suerte ni esas instituciones dan abasto para el nivel de demanda. Eso sí, las causas judiciales predominan por sobre las administrativas, es decir, los extranjeros que cometen delitos son los más deportados del país, pero aun así no son pocos quienes llegan en busca de una vida mejor y son devueltos a sus países a pesar de no tener antecedentes penales.

En 2019 se materializaron 2.232 expulsiones: 557 por decisión administrativa y 1.745 por sentencia judicial. Al año siguiente, se concretaron 1.470 deportaciones, de las que apenas un 14% fueron administrativas. En 2021, de las 913 expulsiones ejecutadas, 246 fueron decretadas por el Ministerio del Interior y 667 por tribunales de justicia. Y durante el primer semestre de 2022 se materializaron 590 expulsiones de migrantes. Según información de la PDI obtenida vía Ley de Transparencia, de cada 100 expulsiones realizadas durante 2022, 98 han sido de origen judicial (ver gráfico nº3).

La abogada Pía Balbontín, quien se dedica a asesorar a personas migrantes, comenta que, “el lío está en que el 80% de las personas que han sido expulsadas no tienen recursos económicos o no saben cómo enfrentar estas situaciones y, en definitiva, es muy fácil solicitar un recurso, pero si no saben qué es lo que realmente tienen que hacer o quién lo tiene que solicitar, se aplica la expulsión”.

En esa situación están Jairo y Yorgelis, aunque en distintas posiciones: como solo a él lo notificaron de una eventual expulsión, el riesgo de la separación familiar es lo que más les aterra.

¿Cuántas de esas deportaciones han derivado en quebrantamientos de familias? No está claro. Si bien se le consultó por ese dato a la PDI, en su respuesta se especifica: “Se hace presente que no se cuenta con información si los extranjeros expulsados mantienen un vínculo en el país”. Por lo tanto, es otra cifra negra que los Moronta Blanco no quieren pasar a engrosar, menos ahora.

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En enero de 2022 Yorgelis supo que sería mamá nuevamente. Desde temprano esperaba a Jairo con nervios: esa noche le revelaría que serían padres por segunda vez. Él, al llegar a casa después de una extensa jornada laboral, aprovechó de jugar con su hijo y conversar con Yorgelis.

Al enterarse, Jairo sintió diferentes emociones. Ser papá de nuevo lo hacía muy feliz, pero a la vez sabía que pasaban por un periodo complejo por la sombra de la expulsión y la difícil situación económica.

“Yo quería botarlo”, recuerda ella, haciendo referencia a la posibilidad de hacerse un aborto. A sus siete semanas de embarazo, fue a la matrona y le comentó que no quería tener a su bebé, quería esperar a que Jairito creciera para poder tener otro.

“Ella me dijo que iba a hablar conmigo, que debía ir a la psicóloga, que es una vida y que aquí era un delito abortar. Así que no me lo permitió. Al final no lo boté, pero yo misma me puse a reflexionar, a aceptarlo”, dice.

Decidieron que en algún momento deberán pagar una asesoría legal de manera particular. “El abogado que podamos contratar es para Jairo, para que vaya y gane la apelación y así pueda meter un contrato e ir comenzando con sus papeles”, explica Yorgelis, aunque como no han podido ahorrar para poder contratar a un abogado particular, siguen en un limbo.

El proceso de regulación migratoria es relevante para establecerse en el país, pues aquellos que no hayan realizado la tramitación de su visado, por haber llegado por pasos no habilitados, “tendrán un plazo de 180 días para abandonar el país”, dicta la nueva ley de migraciones^.

Según señaló a la prensa el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, “el cambio de la ley hace mucho más humano y mucho más digno el proceso de solicitar visa”.

“Sin duda es un instrumento acorde a los tiempos actuales. El decreto ley 1.094 [el antiguo] tiene la palabra derecho 13 veces, y 11 veces se utiliza esa palabra como sinónimo del tributo que tiene que pagar la persona al Estado. Nunca se reconoce el derecho de las personas migrantes y ahí hay un avance súper importante”, indica Macarena Rodríguez sobre la nueva ley.

En otro aspecto, la abogada afirmó que también existen progresos con relación a la materia de expulsión, ya que da la posibilidad a que las personas puedan exponer sus antecedentes frente a una orden de expulsión, pues antes “nunca se contempló un espacio para que pudieran decir ‘mire tengo un bebé (…) o, si efectivamente cometí ese delito, pero cumplí la pena (…)’, no había ese espacio. Ahora está, pero a nuestro juicio, como SJM, todavía es imperfecto”.

A pesar del avance en la materia, Rodríguez dice que “la norma debiera decir que esos antecedentes pueden justificar que no se dicte la orden de expulsión, porque además de la posibilidad de hacer descargos, la persona debería tener la posibilidad de tener una audiencia, a ir un con abogado, a tener intérprete, o sea, hay otros requisitos adicionales para considerar que hay un debido proceso”.

Para Yorgelis, los cambios legales migratorios han implicado un proceso frustrante para establecerse por completo en la sociedad chilena, especialmente junto a su hijo. “Acá no tengo a alguien que me oriente, que me diga ‘mira, tú tienes que hacer eso, ya que vas a ser mamá de dos chilenos’. Por eso no me he movido con mis papeles. Algunas personas me dicen que yo podría estar legal, como soy la mamá de los niños, podría otorgarle los papeles a Jairo, pero no sé cómo es”.

Las políticas migratorias no solo deben tener en consideración las leyes chilenas, sino que también existen tratados internacionales a los que el Estado está suscrito para –especialmente– resguardar los Derechos Humanos de los migrantes que buscan establecerse en el territorio.

El Pacto de San José de Costa Rica es uno de ellos. Pía Balbontín argumenta que tiene directa relación con la situación migratoria, ya que “hay una norma de este Pacto que indica contra excepciones de derechos que no se pueden suspender y, por tanto, no vale la justificación para el gobierno chileno el caso fortuito de fuerza mayor”. Esto en el caso de que “haya derechos relativos a la revinculación familiar, que son los derechos de protección a la familia y todos los derechos consagrados respectos a los derechos de los niños”.

La abogada reveló su experiencia con un caso de reunificación familiar, en el que un hombre colombiano estuvo a minutos de abordar un avión y dejar a su familia por un “cagazo del Gobierno”.

Alonso Pinzón, se llama él y lleva viviendo 12 años en Chile. Viajó junto a su familia de vacaciones al extranjero, en medio de la tramitación de su visa definitiva, por lo cual consultó y la PDI le afirmó que no tenía ningún inconveniente para viajar y volver al país donde reside. Sin embargo, fue detenido en el aeropuerto cuando intento ingresar a Chile, acusado de cometer un delito.

“Efectivamente, él tuvo un caso penal hace 15 años del que fue absuelto”, dice Balbontín, quien asegura que toda la información se había enviado a Chile y que, a pesar de ello, le decretaron una expulsión judicial.

“Este señor estuvo a 20 minutos de abordar el avión a Colombia y quedar en tierra de nadie, ad portas de ser separado de su familia. Fue uno de los casos en los que se borró la información entre 1993 y 2021”, cuenta la abogada.

La pérdida de información a la que se refiere la abogada es una de las mayores críticas que se le hace al gobierno de Sebastián Piñera con relación al resguardo de datos de migrantes. En octubre de 2021 hubo una falla en la base de datos que almacena la información correspondiente a los migrantes en Chile, el denominado Sistema B3000, que tenía a su cargo el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio. Fue una falla grave: casi tres décadas de datos migratorios se esfumaron de un día para otro.

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El hecho salió a la luz cuatro meses después, en febrero de 2022, con un reportaje de CIPER que reveló la pérdida de datos de migrantes desde 1993 hasta 2021, lo que fue informado en un comunicado que pasó desapercibido ante la prensa en noviembre de ese año. “Se produjo una falla en uno de los sistemas informáticos que permite la gestión de las solicitudes de nuevas visas de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, el cual es administrado por la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y utilizado por el Servicio Nacional de Migraciones”, dice el documento.

Macarena Rodríguez afirma que “es un sistema integrado y antiguo y que dentro está toda la información de migración. Es un repositorio de datos individuales”.

CIPER explica que hubo una reconstrucción de los datos a través de información contenida en la PDI, el Poder Judicial, otro sistema de Extranjería y el trabajo “a mano” de los mismos trabajadores de la entidad encargada del almacenamiento de los documentos.

Pese a ello, Rodríguez señala que “lo cierto es que sí hay pérdida. Nosotros sí tenemos algunos casos que han desaparecido del sistema y de la plataforma de Extranjería –porque tenemos nuestros propios registros–. Esto da cuenta de que la autoridad no sabe si logró recuperar toda la información”.

Nicolás Torrealba, jefe de gabinete del director del Servicio Nacional de Migraciones, afirma que “se recuperó la mayoría [de los datos], pero así y todo, hay algunos casos puntuales que van saliendo y en la medida que van saliendo, se tienen que ir buscando la información”.

La abogada explica que hay tres posibles consecuencias de este hecho. La primera es la afectación de los derechos de las personas y vulneración a la garantía que tienen todas las personas de protección de su vida privada. La segunda, la responsabilidad del Estado, porque “no puede eximirse de la responsabilidad de la pérdida de datos, es el guardián de esos datos por ley”. Y la tercera, dice, es “con respecto a la solución”.

“A mí me parece que lo correcto es decir ‘esto ocurrió, se detecta, y, por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas’. Por ejemplo, a quienes habían presentado solicitudes, a que crearemos un canal para que esas personas puedan entregar nuevamente su información para su solicitud en caso de que se hubiese perdido”, plantea Rodríguez.

La realidad fue que en junio de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) ya habría informado a la Subsecretaría del Interior de la falta de seguridad en el sistema ante una posible crisis. El informe 784/2019 señala que “a la fecha de la auditoría no existían planes de continuidad operacional y de recuperación ante desastres que permitan garantizar la provisión de los servicios críticos de la entidad, generando un eventual riesgo en la disponibilidad de los sistemas en su infraestructura tecnológica”.

“El sistema informático tenía una serie de deficiencias, entonces ahí hay algunas fallas que no han sido cubiertas por esa recopilación de información”, dice Torrealba.

Agrega que “en este minuto estamos trabajando con tres plataformas distintas: una es la base de datos del B3000; la otra es la de tramitación, que es un sistema simple; y hay una tercera plataforma del Registro Nacional de Extranjeros. La obligación que tenemos en la nueva Ley de Migraciones es generar una plataforma –que está en proceso de construcción– y esperamos que recoja toda la base de datos que tienen el sistema B3000. De todas maneras, habrá otra plataforma que sea para la tramitación”.

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En Colchane se dispusieron como albergues sanitarios distintos colegios por la pandemia, pero el 30 de noviembre de 2021 todo cambió: cientos de ellos recibieron una orden de expulsión y no entendían por qué.

Todo se tramitó de forma exprés. El 4 de diciembre, 138 migrantes fueron subidos a un avión, expulsados por ingreso clandestino y otros varios por causas penales. No tuvieron tiempo para que un abogado impidiera su deportación.

“Nos iban a deportar, entonces ahí tuvimos que buscar un abogado, pero no nos dejaron salir y, entonces, ¿cómo uno busca un abogado? Internet. Llegamos al primero que apareció. Él tenía recurso de amparo por todos nosotros, pero nos fueron a buscar a las 02:00 de la mañana y nos llevaron a la policía para ponernos unos trajes blancos. No pudimos hacer nada y nos expulsaron como delincuentes”, recuerda Ricardo Meléndez, uno de los jóvenes que fue deportado.

“Empecé a redactar este recurso de amparo ese día en la tarde. ¡Era una locura, porque eran más de 100 personas y había que agregar uno por uno los datos! Al final, terminé presentando el recurso solo por 70. Cerca de las 21 horas me seguían mandando mensajes de WhatsApp, diciendo que los iban a expulsar. Yo les decía que se quedaran tranquilos; hasta la madrugada yo seguía escribiendo, llenando el recurso de amparo. Imposible hacer un recurso en tan poco tiempo”, explica Juan Manuel Sáez, el abogado que contactaron por internet.

“Nos pusieron en fila y nos montaron a los venezolanos al avión. Yo tenía un rayo de fe, de que algo iba a pasar, de que alguien iba a llegar, que iban a cancelar todo. Como una película, pero la verdad es que la vida era algo diferente. La realidad apesta. Y, bueno, nunca pasó nada. Nadie llegó, nadie nos ayudó”, dice Ricardo en una videollamada desde Venezuela con ojos vidriosos y voz acongojada.

Esto es algo que Jairo no quiere vivir. “Seguimos igual, seguimos en lo mismo, ninguna respuesta. Solo estoy esperando que él trabaje fijo en una parte para reunir dinero para contratar un abogado, porque si no lo hacemos así, no vamos a hacer nunca un papel”, afirma Yorgelis.

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La preocupación de ser expulsados del país pasó a otro plano semanas más tarde, cuando en abril de 2022 Jairo llegó a casa con una mala noticia: había renunciado a su trabajo, luego de varias semanas sin que su jefe le pagara el sueldo.

De acuerdo, al primer boletín del INE sobre empleo migrante, en 2021 hubo un alza en la fuerza de trabajo de un 18,7%, esto corresponde a más de un millón de personas. Lo preocupante es la cantidad de empleos informales: de las nuevas plazas de trabajo, un 52% es informal y carece de contrato laboral, y en esa situación están más de 280 mil extranjeros.

Así estuvo Jairo en la constructora en Angol durante un año y cuatro meses, con la incertidumbre constante de cuándo recibiría sus salarios que a duras penas les daba para vivir. “Solo nos alcanzaba para hacer la mitad de la compra para comer”, dice Yorgelis.

Pese al desempleo, Yorgelis y Jairo han formado lazos en su comunidad, especialmente en la iglesia, donde han hecho amigos que los han ayudado con canastas de comida y cosas para sus hijos en su duro pasar, desde ropa a leche y juguetes para Jairito.

En el centro de Santiago, la situación de Marialex Subero es distinta a la de la familia que reside en Angol. Con solo tres años viviendo en Chile, ha trabajado en más de diez empleos distintos.

En medio de una gran fila, Marialex lleva esperando más de cinco horas para renovar el pasaporte en la Embajada de Venezuela, en Providencia, pero no se compara con el año y medio que tuvo que esperar para conseguir una cita para hacer el trámite. A su lado, se encuentra Jayson, quien viste con un abrigo rojo y trae un casco de moto en la mano. En su espalda lleva un bolso de delivery, ya preparado para irse a trabajar luego de finalizar los trámites.

Su estadía ha estado limitada por la tramitación de documentos, especialmente la de Marialex, quien a poco de cumplir cuatro años en Chile, aún no tiene su carnet de identidad y eso le dificulta conseguir empleo. “Al principio nos dijeron que teníamos problemas con el contrato, así que me darían el permiso de trabajo, pero resulta que me lo negaron”, situación que se repitió al menos tres veces más, hasta que en octubre pasado le dijeron que le otorgarían la regulación.

El artículo 14 de la Ley de Migraciones indica que los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos que los chilenos. Esto implica, por ejemplo, trabajar en condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad y a ser informado de los posibles riesgos laborales, hecho que, por ejemplo, Marialex ni Jairo tendrían garantizado del todo por su situación migratoria.

En la misma espera se encuentran Jairo y Yorgelis.

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El anhelo de una mujer venezolana que hace fila en la embajada es trabajar en recursos humanos, área en la que se graduó años atrás en Venezuela, pero ante la falta de documentación, no puede inscribirse en una universidad chilena. Situación similar es la de otra chica, quien estudió comunicaciones durante cinco años en su país, pero no puede ejercer aquí, ya que “me harían estudiarla desde el principio y sin papeles es complicado”, señala. Ambas pidieron que no se mencionaran sus nombres en este reportaje, pues –dicen– es lo mismo que viven miles de mujeres migrantes y profesionales en Chile.

Según se explica a través de la plataforma Chile Atiende, hay chilenos/as y extranjeros/as que pueden reconocer y registrar sus títulos profesionales obtenidos en otros territorios –lo que los habilitaría para poder ejercer–, siempre y cuando sean países con quienes se hayan celebrado tratados. Caso que no es el de ambas, ya que Venezuela no forma parte de un pacto internacional con Chile sobre la materia.

Un informe realizado por el SJM junto a Educación 2020, indica que la población migrante que accede a la educación superior es baja debido a las necesidades de trabajo, por lo que solo un 50% de personas migrantes entre 18 a 24 años de edad está trabajando, en comparación a un 28% de chilenos de la misma edad.

Las cifras en la educación primaria y secundaria son distintas. Durante 2019, las matrículas migrantes crecieron exponencialmente en un 40% (114 mil) con respecto a los años anteriores, mientras que en 2020 fue un 10% y en 2021 un 7%.

Ante la disminución de matrículas escolares, pero el aumento de migrantes en el país, es relevante recalcar los derechos del niño y la niña, donde “todos los niños tienen derecho a la educación. El Estado debe garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal (…)”. Punto que no se cumple del todo, ya que cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) señalan que más de 180 mil menores –chilenos y migrantes– abandonaron el sistema escolar durante la pandemia.

A través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la oficial de educación, Francisca Morales, explica que se “ha visto afectada su situación educativa [de la niñez migrante], tanto por falta de acceso a internet, cuando han estado matriculados, pero en especial por la falta de acceso a espacios educativos”.

En el caso de Jairito, quien ya tiene un año, sus razones para no comenzar a asistir al jardín son otras. El dinero limita que sus padres quieran enviarlo a otro lugar. Y, ahora, con la renuncia de su padre, es más difícil que el niño ingrese al jardín particular. De todas formas están buscando jardines gratuitos en las cercanías de su hogar.

Un rayo de luz

El invierno de 2022 llegó y quedarse sin trabajo fue solo el inicio de nuevos problemas para los Moronta Blanco. Yorgelis y Jairo deben buscar un nuevo lugar para vivir, ya que no les alcanza para pagar el alquiler de su casa en Angol y llevan atrasos en el pago del arriendo. La dueña ya les advirtió que si en una semana no pagan, deberán irse.

El balance trimestral de Yapo Propiedades en 2021 evidenció que la Región de La Araucanía era uno de los lugares con precios más bajos para arrendar una casa, con un promedio de $270 mil. Sin embargo, la inflación en Chile ha provocado alzas impresionantes que ya a mediados de 2021 superaban el 10%, y que en el último tiempo no han hecho más que subir.

Durante las tardes, mientras Yorgelis se dedica a la crianza, Jairo sale a buscar trabajo. Y después de las siete de la tarde se juntan para ir a buscar arriendos por el sector. “Es muy difícil. Quieren cobrar un alquiler de $350 o $400 mil. Y son casas que no valen ese precio”, dice la mujer con un tono de desánimo y seis meses de embarazo a cuestas.

La familia paga un arriendo de casi la mitad de lo que han visto en otros lugares, más el uso de servicios a un precio menor, ya que solo tienen luz en la habitación donde duermen, por lo que al caer la noche todos deben irse al cuarto para no quedar a oscuras. “La casa solamente tiene los tomacorrientes. El cuarto es muy pequeño; nada más me cabe la cama y ya”, cuenta.

A pesar de ya haberse acostumbrado a estar sin luz, las bajas temperaturas son cada vez más latentes en Angol. “Esta casa es muy fría y acá hace mucho frío, queremos buscar otra casa donde le podamos echar leña”.

No solo es el alto costo de encontrar una casa, sino que, la familia tampoco es recibida en piezas compartidas, ya que no aceptan niños.

Ir a vivir a Santiago tampoco es una opción: el ritmo de vida ahí es muy rápido y el avanzado embarazo de Yorgelis complicaría el traslado. “Aquí tengo todos los controles del bebé. O sea, para irme a otra ciudad es como comenzar desde cero”, relata la mujer, quien, además, hace énfasis en que extrañarían los lazos de amistad que han formado.

Un informe del SJM de 2020 indica que el acceso a la vivienda de personas migrantes, como casa propia, es solo un 15%, mientras que un cuarto de quienes arriendan lo hace sin contrato de por medio.

Asimismo, existe un alto déficit habitacional, que bordea al medio millón de personas, lo que tiene como consecuencia más de 40 mil viviendas allegadas y 21 mil con hacinamiento en el país.

Ante esta situación, el diputado Renzo Trisotti señala que “hay gente que lleva años postulando una vivienda y que por distintas razones no la obtiene y siente que por el solo hecho de ser extranjero se la van a dar antes. Ahí viene también un tema de educación, porque si bien el Frente Amplio incluyó ciertas indicaciones, que querían que por el solo pisar nuestro territorio tú le dieras una vivienda o la opción a una vivienda o todos los beneficios sociales, eso se rechazó y no quedó en la ley, pero la gente sigue sintiendo que al extranjero por el solo hecho de serlo, se le da preferencia en la entrega de vivienda”.

Las pésimas condiciones de vida hacen que Yorgelis y Jairo solo sientan un déjà vu de su antigua vida de Venezuela.

Tras una semana sin éxito en la desesperada búsqueda de un nuevo hogar, para no quedar en la calle, decidieron pedirle más tiempo a su arrendataria, quien aceptó un par de días más, solo por el bebé.

Yorgelis ya no acompaña a Jairo a buscar un nuevo arriendo, porque Jairito se enfermó y ahora el padre debe ir solo a recorrer Angol. Por el momento, llevar al niño a un centro de salud no es opción, ya que el doctor solo le da paracetamol y tampoco tienen dinero para medicamentos más caros. Es ella quien cuida la tos seca del pequeño.

El panorama es incierto. A Yorgelis le quedan tres meses de embarazo. Pero no son la única familia que pasa por esto: a lo largo de Chile, hay cientos de migrantes que viven en situaciones vulnerables y, con el costo de la vida actual, solo quieren volver a sus países.

Del total de las expulsiones administrativas dictadas desde el 2013 al año 2021, 17,95% se ha materializado, con un peak en 2013, donde de las 2.067 órdenes de expulsiones decretadas 1.053 fueron ejecutadas, lo que corresponde a un 50,94%. Del total de las cartas de expulsión dictaminadas en nueve años, existen 27.117 personas están pasando por la misma situación que la familia Moronta Blanco: vivir a la sombra de una expulsión (ver gráfico nº4).

En cambio, para el caso de las expulsiones vía judiciales, se han materializado 6.912, lo que corresponde al 69,09% del total entre 2013 y 2021, es decir, 3.093 personas están a la espera de la ejecución de su expulsión. Cabe destacar que estas son penas privativas de libertad que son sustituidas por la expulsión de la persona migrante, ya sea un delito cometido en Chile o en otro país.

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Un mes después de un oscuro vivir, Marisol, una amiga de la iglesia de Yorgelis, fue a visitarla con una grata noticia: encontró para ellos una casa en la calle Valdivia, a un paso del centro de Angol, donde pueden arrendar a un precio accesible.

A tres minutos de la nueva vivienda, Jairo encontró trabajo como garzón y con una paga fija de $330 mil mensuales. Descontando el arriendo, ahora tienen $130 mil para subsistir como familia al mes.

“Ayer, 10 de julio 2022, el dueño me pidió papeles para poder arrendar y resulta que no tengo y se molestó. Hoy esperaré su respuesta, en nombre de Dios –dice Yorgelis, y agrega con tono calmado y alegre– Y yo confío en Dios. El domingo tenemos que ir a la iglesia; hay que seguir yendo para que sigan mejorando las cosas”.

La orden de expulsión sigue vigente.

Por Rudy García y Carlos Olivares

Eran las cuatro de la tarde de un lunes de diciembre de 2020 y Diego González Valenzuela (25), estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago (USACH), realizaba su segundo semestre de práctica en la Oficina Migrante de la Municipalidad de Maipú. En una hoja de word anotaba las ideas, objetivos y pilares de un proyecto que tenía en mente hace años. Estaba entusiasmado, con ganas, y mataba todos sus tiempos libres en desarrollar esa idea y sacarla adelante. “Lo tenía más claro en el papel, ya que no estaba muy seguro de cómo materializarlo, pero siempre tuve en mente crear una organización que trabaje en beneficio de las personas”, dice.

Todo comenzó en contexto de pandemia, cuando se agudizó el problema de la migración y los campamentos irregulares. El último Catastro Nacional de Campamentos realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo –cuyos resultados se presentaron a fines de octubre–arrojó que actualmente existen en Chile 1.091 campamentos, un 48% más de los que había en 2019. Eso se traduce en casi 72 mil viviendas precarias, y de todas ellas, cuatro de cada 10 corresponden a familias migrantes.

La relación migración-pobreza es una constante en el país. Para finales de 2021 se estimaba que en Chile había 1.482.390 migrantes y, según un análisis del Servicio Jesuita de Migrantes a partir de datos de la última Encuesta Casen, un cuarto de los niños y niñas que forman parte de esa comunidad está debajo de la línea de la pobreza.

“Cerca de mi casa hay un campamento –cuenta Diego– y me acuerdo de que llegué a una asamblea que ahí se estaba haciendo. Fue entonces que empezó a concretarse la idea, yendo a trabajo en terreno e iniciando vínculos, redes de contacto y a presentar mi propuesta”.

En ese momento, Diego comenzó a interiorizarse aún más con la población migrante, participando de forma activa con las casi 500 familias que habitan el campamento Vicente Reyes y Alberto Llona, ubicado en Maipú. Iba vestido de terno y les hablaba a los y las pobladoras, la mayoría originarios de Haití, en un creole bastante básico, como estrategia para ganarse su confianza.

“Cuando les presenté el proyecto, la gente se empezó a inscribir inmediatamente ya que iba en beneficio de los niños como apoyo académico en todas las materias, y también a crear instancias de grupo y actividades”, dice.

Ese fue el inicio de un proyecto que, de aquí en adelante, no haría más que tomar fuerza, crecer y que en febrero de este año se constituyó legalmente como una fundación cuyo objetivo principal es generar beneficios en niños, niñas y adolescentes (NNA) –con especial foco en los que integran comunidades migrantes– que apuntan a diferentes áreas en el desarrollo de su infancia a través de intervenciones educativas, deportivas y culturales: el Proyecto Amar Migrar (PAM).

Actividad del Día de la Niñez 2021 organizado por PAM. (FOTO: Valentina Mora)

Los pilares fundamentales

El interés de las personas por colaborar voluntariamente con el proyecto es lo que mantiene viva las actividades que se realizan con los niños y niñas. Un video que Diego publicó en junio de 2020 en su cuenta de Tiktok y que lo mostraba llegando al campamento a trabajar, se hizo viral y la gente comenzó a tener curiosidad por el proyecto. Eso lo llevó a crear un perfil en Instagram y a difundir un comunicado para reclutar voluntarios.

“Al llamado respondieron 80 personas a las que tuve que gestionar a través de lo que podían aportar. Entonces, se creó un modelo de voluntariado para sostener este proyecto en el tiempo en base de lo que podían aportar”, dice.

La fundación tiene cinco pilares fundamentales en los cuales se basa su estructura y estrategia de trabajo: apoyo en la etapa escolar, jornadas deportivas, intervenciones culturales, orientación para la regularización migratoria y, por último, visibilización y sensibilización de la migración en el país y el mundo. Diego explica que “todos estos pilares se van abarcando con múltiples actividades, tutorías, actividades recreacionales, salidas temáticas, intervenciones culturales y trabajo jurídico”.

Actualmente, el proyecto cuenta con equipos jurídicos, de trabajo social, de sociología y de comunicaciones, entre muchos otros que colaboran como voluntarios con la fundación.

El trabajo con los NNA tiene un impacto directo e indirecto, según comenta el administrador público. Para él, la una vinculación debe ser integral, para así conocer cómo está realmente cada niño y niña y qué hace su día a día. Por eso, el equipo trabaja directamente con 80 niños, pero no sólo con ellos, sino también con su entorno, vinculándose introspectivamente con sus colegios, sus familias y el CESFAM en el que se atienden, entre otros.

El impacto indirecto, en tanto, se refiere a actividades masivas en las que participan gran cantidad de personas, alrededor de 200 niños o más. “Estas actividades, por ejemplo, son del día de la niñez, pascua, el carnaval. Con esto buscamos otorgarle cultura, danza, juegos. Esto ha llegado a muchos niños más niños y esperemos que llegue a muchos más”, cuenta el fundador del Proyecto Amar Migrar.

Una de esas actividades se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre en Maipú: el Carnaval PAM. Será un recorrido que iniciará a las 15:00 horas en la plaza INSA y que, acompañado de distintos grupos de batucadas, comparsas bailes y samba, seguirá hasta el Campamento Alberto Llona/ Vicente Reyes.

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La búsqueda de financiamiento para seguir construyendo

“El financiamiento en un 90% –por no decir el cien– llega por personas naturales que aportan mensualmente. Son como 30 personas aproximadamente. Hemos tratado de innovar en fondos públicos, pero sabemos que es un trámite y proceso largo”, dice Diego González.

La actual Ley de Donaciones permite que las empresas donantes puedan reducir su carga de impuestos con la ayuda a fundaciones u otras entidades sin fines de lucro. Para ello, es necesario que el organismo donatario le emita un certificado de donación para ser presentado ante el Servicio de Impuestos Internos y así poder hacer válido el beneficio tributario. Pero para poder emitir ese certificado, la fundación receptora de los fondos debe tener como mínimo un año de existencia legal, y ese requisito aún no lo cumple el PAM, por lo que esperan en un futuro poder obtener este certificado para poder obtener más recursos desde el mundo privado.

En cuanto al mundo público, han participado en mesas de trabajo con la Municipalidad de Maipú, específicamente con la Oficina de Migrantes o la Oficina de la Juventud. También son invitados a participar de las “Juntas Barriales”, una instancia participativa en la que se juntan todos los barrios de la comuna.

“Nos invitaron a que diéramos a conocer lo que estamos haciendo para darles una ‘mejor cara’ al campamento, ya que el barrio está constantemente relacionado con hechos delictuales y de violencia. Los niños no tienen la culpa de que pasen estas cosas”, lamenta Diego.

Instalación de una biblioteca social territorial en campamento de Maipú. (FOTO: perfil de PAM en Facebook)

Si bien por ahora la fundación solo está presente en Maipú, su fundador cuenta que a veces realizan intervenciones y charlas en universidades o colegios para darle visibilidad. Su principal limitante para ampliar su rango de acción, de momento, es no contar con vehículos para movilizarse a otros campamentos y la dificultad para coordinar a sus casi 90 voluntarios. Sin embargo, Diego tiene claro que la iniciativa no puede quedar circunscrita a un territorio tan acotado, y asegura que aspiran a crecer y replicar el proyecto en otros lugares. La idea, dice, es escalar hasta tener distintos puntos a lo largo de todo Chile y también en Latinoamérica, apoyando en la construcción y cuidado de la niñez.

“Queremos ser referentes en el trabajo de apoyo a los niños migrantes y que sirva de modelo para otras fundaciones que se creen en el futuro. Nos gustaría poder incidir en políticas públicas que den apoyo a los niños migrantes y a los que vienen llegando al país”, sentencia.

RECUADRO:

El camino de Diego al trabajo con migrantes

Diego González, fundador del Proyecto Amar Migrar

“Hay una historia de vida que condiciona todo esto”, comenta Diego González, al recordar cómo fue que partió el PAM.

Cuando entró a estudiar Administración Pública a la USACH, también ingresó a un voluntariado migrante evangélico que intervenía de diferentes formas a favor de la comunidad migrante. Allí trabajó como profesor de español para un nivel intermedio de personas haitianas.

“Ahí es donde me relacioné directamente con la migración, entendí las necesidades que tienen las personas, la crisis habitacional, un mundo laboral precario, falta de tiempo, las barreras del idioma, etc. Ese fue el primer acercamiento más duro con la materia”, cuenta.

Durante su época universitaria, en 2017, también levantó un proyecto enfocado en los auxiliares de aseo del establecimiento y que eran de nacionalidad haitiana, quienes tenían dificultades con la barrera del idioma y les impartió un curso de español.

Hace ya 13 años que Lorena Zambrano vive en Chile. Es Ecuatoriana y vive en Alto Hospicio, en el Barrio Transitorio Renacer, el mismo que fue reubicado luego de un desalojo producido en 2016. Para entonces, ya llevaba seis años como activista por los derechos de la población migrante del norte del país. Por eso asumió primero la vocería de su barrio –donde la mayoría de los y las vecinas son extranjeros– y hoy es la portavoz de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO).

La organización tiene objetivo defender y promover los derechos de las personas migrantes y sus familias, con presencia activa en los campamentos y trabajando con la población extranjera que en los últimos años se ha disparado el norte, principalmente a través de ingresos irregulares, generando una crisis que ha derivado en diversos episodios de violencia, xenofobia y descontrol por parte de las autoridades, además de la instalación desregulada de campamentos donde la precariedad y la vulnerabilidad campean.

Sólo en 2021, la Policía de Investigaciones (PDI) registró sobre las 56.500 autodenuncias de personas que ingresaron de forma irregular al país, un 236% más que el año anterior. La situación se ha vuelto crítica principalmente en las zonas fronterizas, y en Iquique, llegó a un punto de inflexión en septiembre del año pasado.

Fue el viernes 24 de ese mes cuando las autoridades locales desalojaron diversos espacios públicos de la ciudad donde cientos de familias completas se habían instalado ante la falta de albergues y espacios que los acogieran. Al día siguiente vino la primera marcha anti migrantes, que se tradujo en actos de violencia xenofóbica y la quema de las pocas pertenencias de personas que, en su mayoría, llegaron a Chile en busca de oportunidades que en sus países de origen no tenían. Los manifestantes quemaron carpas, mochilas, ropa e incluso coches y cunas de bebés. “Fue una imagen desoladora y que dio vueltas al mundo”, describió una publicación de BBC News.

La escena volvió a repetirse a fines de enero de este año. Así lo describió DW: “La marcha encontró a su paso a algunas personas extranjeras lo que inició encendidas discusiones. Un venezolano fue golpeado por manifestantes, pero fue protegido por la Policía. Cuando la protesta concluía, algunos atacaron un campamento de inmigrantes quienes no estaban en el lugar. La Policía dispersó a los grupos de manifestantes y trabajadores municipales se llevaron en camiones las carpas y las pertenencias que habían dejado las personas migrantes”.

Ese último episodio copó durante días las páginas de los diarios y las pantallas de los noticiarios, y aunque con el tiempo el tema fue perdiendo protagonismo, el problema sigue vigente y son miles los inmigrantes que aún siguen en un limbo. A pocos meses de ese estallido en Iquique, Puroperiodismo conversó con Lorena Zambrano, para profundizar sobre la realidad actual de los campamentos y cómo ha sido para los inmigrantes del norte este primer semestre de 2022, con cambio de gobierno incluido.

Lorena Zambrano, vocera de AMPRO.

–¿Ha cambiado algo durante los últimos meses en cuanto a la situación de la población migrante de la Región de Tarapacá?

Por primera vez se formó una mesa de diálogo, algo que se había perdido desde el comienzo del gobierno saliente. En la actualidad, estamos trabajando con un programa que se llama Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) que lo promociona la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por mandato del delegado presidencial. Se creó este programa en el cual trabajamos por mesas multisectoriales de legislación y las distintas ayudas humanitarias, lo que nos ha permitido abordar de una manera más amplia el tema, teniendo distintas miradas.

–¿Y ha funcionado?

Yo creo que vamos por buenas luces. Ha sido complicado trabajar con estas diversidades de pensamientos, pero es importante que acepten las críticas; como institucionalidad, tienen que tener autocrítica y entender que no todo lo que hacen está bien ni está mal. Hay cosas que al momento de llevarlas al papel se ven bien, pero a la hora de aplicarlas en la realidad no funcionan.

–Entonces, se ven avances…

Por un lado, sí, hay que destacar las mesas de diálogo donde estamos todas las organizaciones, donde hemos ido avanzando en diálogos, pero por el otro, los campamentos siguen con deficiencias. A pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo,  sentimos que sigue siendo bajo una mirada asistencialista y que no se está abordando lo que se sigue presionando: no es solo dar de comer y llenar a la gente de información de los servicios de prestaciones, sino pensar qué herramientas le puedo entregar a las personas para que se integren en la sociedad y comiencen a tener vida propia, para que éstas  se deshagan de los servicios, ya que la idea no es tenerlos ahí la vida eterna. Es importante que sigan su propio camino y hacerles un seguimiento, para ver si se está avanzando o se está quedando en el camino.

Situación en campamento Lobito y Colchane

–¿Ha habido mejoras dentro de los campamentos?

Sí ha habido mejoras, pero de a poco, y esto porque se ha pedido revisión de las distintas personas que trabajan en Colchane y en Lobito, ya que no están capacitadas para trabajar con estos grupos grandes; muchas veces son personas que se graduaron y están buscando cualquier trabajo. Ahora se ha pedido que esto se revise, para ver de dónde vienen, quiénes son y se les pide un currículum. Es importante también empezar a orientar a las personas y exigir capacitaciones. También trabajadores sociales, que es lo mínimo cuando hablamos de comunidades diversas.

–Tras la crisis de enero, el gobierno anterior permitió la instalación de diversos campamentos provisorios humanitarios, siendo uno de ellos el que se instaló en un terreno de la Universidad Arturo Prat (UNAP) en el sector Playa Lobito y que quedó a cargo de una productora de eventos. ¿Cuál es la situación actual de ese campamento?

Según la última información que tenemos, Lobito no se va a cerrar, pero se cierran las negociaciones con la productora y ahí bien entra el proyecto ACNUR con unas casas que se construyeron y que estamos esperando que la Controlaría dé el visto bueno para que se pueda terminar con el Campus Lobito [de la UNAP]. Por lo que entendimos, cuando ocurra esto, todos los otros organismos pasan a ser apoyo para funcionar mejor, ya que hay mayores profesionales encargados de la materia. Seguimos teniendo roce con las personas de la interna de Lobito y, hasta ahora, el rector [de la UNAP] nunca se ha hecho presente para ver el espacio. Somos el resto de la sociedad civil quienes hemos ido. Después de mucho tiempo de negativa, hemos entrado con talleres, con cursos y distintas formas de visitarlos para así poder captar ciertas problemáticas de violencia intrafamiliar. Estas cosas con hilo finito las hemos trabajado en terreno y día a día.

Niño caminando entre carpas del Campamento Lobito (FOTO: Jois Ann /instagram: @annjois)

–¿Y qué ocurre hoy en Colchane?

Es como la puerta de llegada. Tenemos a las comunidades autóctonas, por un lado, ya que los lugares históricos de la región han sido tomado por estas instituciones sin preguntarles, por cumplir a los hermanos que vienen llegando. Y por otro lado, está la controversia de la misma región: los que quieren, los que no quieren; los que han tenido problemas con los migrantes y a los que no les ha pasado nada. Esto es una bomba de tiempo que no sabemos cuándo vuelva a estallar. Es complejo hablar de Colchane, del refugio, sin pensar en la población de ahí. Hoy vemos un Colchane lleno de basura, con una contaminación importante, la cual antes no había. Hay que entender que puede explotar porque la gente sigue pasando por pasos no habilitados, sigue existiendo el coyotaje, la trata y el tráfico, que no se dice a voces, pues las personas siguen teniendo miedo de denunciar y está como que pasa, pero no pasa; a ojo de todos, pero no pasa nada.

–¿Qué se está haciendo para mejorar esa situación puntual?

Esto se está trabajando para ver cómo se capacita a los funcionarios para trabajar estos temas. Hablar de migración no solo es tema de la gente que nos interesa: hoy en día todos tienen que aprender de migración, todas las autoridades involucradas, para que puedan guiar y no pasen a ninguna persona por encima. Hoy la Ley de Migraciones está tan frágil que en cualquier momento se puede quebrar, y se quebrará por el hilo más flaco, que son las personas que se encuentran en situación de irregularidad. Ahora, en invierno, va a haber un índice de llegada muy bajo, pero en verano empieza a llegar más gente, desde los temporeros del altiplano y otras nacionalidades que ven la pasada más fácil. Por esto ya tenemos que tener una estrategia para cuando llegue la nueva oleada.

–¿Ha mejorado la alimentación que se le está otorgando a las familias?

La alimentación aún la tiene la Junaeb, pero seguimos con complicaciones, porque no está siendo intercultural. Se entiende como interculturalidad solo el proceso de estudio, pero no se toma en cuenta que es un concepto de lo más micro a lo más macro, y en esto seguimos sufriendo, ya que ellos no están acostumbrados a este sistema nutricional. Hay que entender que la diversidad es tanta que darle la comida de la Junaeb no está mal, ya que es basada en nutrientes, pero no es lo mismo que la comida de tu país. En otras regiones, esta mezcla ya está ocurriendo como en colegios, donde se implementan alimentos interculturales. No hay que darle manzanas todos los días si hay más fruta, o dejarlos a ellos entrar en la cocina para que las preparaciones sean distintas.

–¿Teniendo en cuenta que el campamento queda a las afueras de la ciudad, como es la locomoción?

Locomoción directa no existe. Lo que se hace es que se contratan buses que van a buscar a un grupo de personas en específico, pero no hay un vehículo constante y esto lo entendemos por varias razones: hay un conflicto interno con la misma comunidad iquiqueña, porque si ni la gente de las distintas caletas tiene locomoción, ¿por qué darle al afuerino? Hemos tenido conflictos en varias cosas, y esto sería mucho. Si alguien de las caletas se entera que hay carros para Lobito todo el tiempo y que tienen horas determinadas, que se pone por delante la situación migratoria antes de la sociedad iquiqueña, esto en sus cinco sentidos dejará la escoba; mejor tener prudencia en esto.

Consecuencias de una inmigración no controlada

–¿Ha seguido el alza en campamentos en terrenos ilegales, producto del gran ingreso de personas inmigrantes en este último tiempo?    

Hay un indicio elevado, más del que ya había, porque hay que recordar que se juntó todo: lo de la revuelta de 2019, con lo que mucha gente quedó sin empleo; la pandemia; el alza de los precios… En el caso de la población migrante fue más duro, y finalmente se juntó la nueva oleada de inmigrantes que vienen llegando y que no encuentran habitabilidad alguna, sumado a que nadie les quiere arrendar por ser inmigrantes irregulares. Si hacemos un retroceso a la fecha, ha habido un aumento. Si antes era 30%, hoy en día hay un alza del 90% viviendo en campamentos. Ha habido una creciente en el sistema y los grupos familiares no son comunes, pero ellos consideran el grupo familiar, su tío, su tía, los abuelos a diferencia de nosotros que es menos amplio. Otra de las cosas importantes son los animalitos. Los inmigrantes que están llegando, llegan con mascota, la cual también es parte de su núcleo familiar, por lo que también se vuelve una problemática muy importante.

Migrantes en el norte del país (FOTO: vaticannews.va)

–Producto de los episodios de violencia que se presentaron el año pasado y durante el verano, ¿ha aumentado la discriminación hacia ellos?

Por ahora, las cosas están calmadas y eso me da mucho miedo, porque ha habido muchos índices de violencia, desgraciadamente, por la población migrante, y sobre eso no podemos cerrar los ojos. Lamentablemente, se han unido las bandas locales con las bandas internacionales. Un caso que recién sonó ahora: unos colombianos que mataron a la compañera trans que es conocida de las caletas. Imagínate en la postura que nos pone y estas situaciones hacen que suene el migrante otra vez. Lo raro es que la memoria del chileno es tan frágil que se le olvida que en el norte siempre hubo violaciones y delincuencia; sí, ahora ha aumentado, pero antes también existía.

–¿Es violencia que llega o se genera aquí?

Si bien no se justifica ningún tipo de violencia, igual hay que tener la balanza del otro lado: si tú no tienes qué comer y por todos lados te botan, cualquiera en sus cinco sentidos va a aceptar lo que le ofrezcan, aun así si en tu conciencia sabes que es malo y en tu subconsciente sepas que es malo.

–¿Los niños inmigrantes que han llegado, han asistido a clases? ¿Se les está tratando de educar?

Hay una problemática cuando se juntan los niños extranjeros con los chilenos. Esto se habló cuando empezó a llegar la oleada. Tuvimos una reunión con el alcalde en la que le dijimos todo lo que iba a pasar si las escuelas no se preparaban para la reapertura, así que le dijimos que invirtieran. Tanto los colegios como los hospitales no dan para más. Es como si nunca se hubieran imaginado que la población iba a crecer, lo que es absurdo; deberían haber contratado más maestros, mejorar infraestructura o buscar otros espacios, ya que estos niños no están teniendo educación. Hay fundaciones que les enseñan, pero esto el Ministerio de Educación no se los va a validar.

–¿Qué responsabilidad tienen en esto las autoridades?

Esto también ha partido porque los seremis y el ministerio están con un retraso y están recogiendo un proceso abandonado al ojo de Dios, y reconstruir en pocos meses algo que tiene premura es una locura. También tenemos que ser conscientes de que hay que dar espacios para que esto ocurra, estamos recibiendo un estado que hay que volver a reconstruir.

*Este reportaje, publicado originalmente en The Clinic, se hizo en el marco del curso Seminario de Titulación de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, a cargo del profesor Juan Pablo Figueroa.

Son las 9:11 de la mañana del miércoles 29 de septiembre y dos hombres venezolanos salen a comprar desayuno desde el inmueble que funciona como hostal clandestino, sin saber que desde la madrugada se está organizando su allanamiento. Nueve policías afuera y 18 carros policiales desplegados por Arica esperan romper la puerta para registrar el lugar y detener a quienes estén allí adentro. Se escucha un eco en la residencia unos segundos después. La Policía de Investigaciones (PDI) rompe la reja blanca de un solo impacto, que se abre como por arte de magia. Entran.

Tres agentes corren por el pasillo con pistola en mano gritando: “¡Policía, policía! Allá, allá, quédense todos aquí”.

Llegan al patio central de la residencia. Allí hay dos colchones desgastados y sucios de dos plazas tirados en el piso, con frazadas encima. Dos venezolanos que estaban sentados en una banca conversando ni se inmutan al ver a los policías, y siguen su plática como si nada estuviese pasando.

Foto: Amy Franklin

Mientras un menor asustado llama a su “papi”, otra llora en brazos de su madre. Hay un bulto de frazadas delgadas y floreadas sobre un colchón tirado en el piso, y desde una de éstas se asoma la cabeza de un niño que se destapa solo los ojos. Parece no entender mucho qué pasa y vuelve a taparse el rostro. Pero pasan unos segundos y se destapa por completo, se pone de pie y va a sentarse en la banca que está junto a él, en el patio.

Walterio Díaz, chileno, es dueño y encargado del hostal clandestino donde reciben migrantes que han ingresado de forma irregular al país, como parte del negocio que desde hace un tiempo opera una banda multinacional dedicada al tráfico de personas en la zona. Ahora tiene sus manos unidas por la espalda por unas esposas. Sin decir una sola palabra, desde una esquina observa cómo se desploma la operación ilícita de la cual forma parte y que, según la cifra mínima calculada por el encargado del operativo de la PDI, 30.000 personas ingresaron a Chile por pasos no habilitados, provenientes de Cuba, Colombia, Venezuela y Haití. En su comunicado oficial, sin embargo, la INTERPOL se refiere al tráfico de 1.000 personas.

De todas las piezas salen hombres, mujeres, niños, niñas, bebés y un perro de color blanco de estatura media que también llegó de Venezuela. Ellos no entienden qué pasa; sus caras así lo expresan. Algunas personas comienzan a llorar, otras no se conmocionan. Nueve horas deambulando por el desierto anoche. ¿Fue en vano?

Al llegar al lugar, Alex Silva, subcomisario de la Brigada de Trata de Personas de la PDI y agente a cargo del operativo, se presenta frente a las víctimas que se encontraban en la residencia. Les dice: “Acá nosotros estamos por un tema investigativo, no estamos en contra de ustedes”, explicó. Mientras él los intenta calmar, el resto de su equipo busca evidencias como boletas de transacciones bancarias y cuadernos con notas. Incautaron teléfonos celulares, para evitar que alerten a los otros miembros de la banda, ya que ese era sólo uno de tres allanamientos simultáneos.

Foto: Amy Franklin

Modus Operandi

No hay claridad ni una cifra certera de cuántas personas han cruzado de forma irregular la frontera hacia Chile en los últimos años, pues el total forma parte de una cifra negra, aunque hay referencias. Según el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) a partir de datos de la PDI, sólo durante el primer semestre de 2021 ingresaron al país 23.673 migrantes por pasos no habilitados. Muchos de ellos traídos por organizaciones criminales dedicadas a lucrar con la crisis migratoria y humanitaria, como la que caía el último miércoles de septiembre.

Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM) “hay una crisis -concretamente en Chile-, de las políticas migratorias, que hacen que un flujo incrementado de migración no se atienda conforme a lo que seria deseable, a lo que seria evitar rápidamente a lo que seria niveles de irregularidad”, explicó.

Toda la operación que llevó a la banda que operaba en Arica surgió a raíz de una denuncia por parte del Sename Metropolitano en diciembre de 2019, en la que se alertaba de cuatro menores de edad chilenos -hijos de haitianos- que estaban saliendo ilegalmente de Chile, sin ninguna explicación. Más tarde apareció información de que algunas madres de estos menores fallecieron en la selva de Darién, tras haber cruzado la frontera desde Colombia a Panamá en su trayecto para intentar llegar a Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la cifra de menores víctimas de tráfico ilícito de migrantes aumentó a ocho casos distintos, y hasta el pasado 22 de septiembre, ya se contabilizaban 280, según lo indicado por la fiscal Carolina Suazo Schwencke en la formalización. Había denuncias sobre la sustracción de niños, niñas y adolescentes durante la ruta, la pérdida de uno de sus padres en el camino y que desencadenó que hoy, en su mayoría, se encuentren en hogares en Panamá a la espera del retorno a Chile.

Foto: Amy Franklin

A diferencia de Danny (seudónimo para proteger su identidad), que sí llegó a destino, tiene 15 años e ingresó a Chile junto a Braybel, de 18, y Alejandro de 20, acompañado de su esposa embarazada de seis meses. Los cuatro viajaron desde Venezuela, pagaron 750 dólares para todos los gastos que incluían buses, tres comidas al día y alojamientos por sus pasos desde el pueblo de San Cristóbal, en el barrio de Pinto Salina en Caracas, luego por Colombia, Ecuador y Perú hasta su arribo a Chile. Inicialmente, los “asesores” de los coyotes le aseguraron 10 días, aunque esa jornada, la del allanamiento, cumplían 17 días viajando. Sus madres y familia los esperan en Santiago.

Uno de los desafíos más grandes en que Braybel, Alejandro y Danny coinciden que tuvieron que vivir fue el desierto de “Perú para acá”.

“Nos aseguraron que eran de dos a tres horas de caminata, [no fue así] sino que, fueron ocho horas, y el que supuestamente nos iba a acompañar durante el trayecto no nos acompañó. Nos dejaron ahí solos, tirados, y nosotros tuvimos que buscar la manera de tratar de salir de ahí, memorizar las indicaciones que ellos nos daban, y bueno, gracias a Dios llegamos. No todo fue como lo pintaban los supuestos asesores [de los coyotes]”, dice Danny.

Foto: Amy Franklin

Cardoza sostiene que “el gran problema acá es que se está generando inmigración ilegal sistémica, y por otro lado, esas barreras que se establecen en frontera, incrementan de manera enorme el tráfico y la trata de personas, porque de esta inmigración ilegal se hace un mercado. Uno de los mercados más lucrativos del mundo”, aseguró el secretario ejecutivo de MAM.

El organigrama de la banda

Maxene Faustín, ciudadano haitiano, es indicado por la PDI como el líder de la organización y junto al peruano Raúl Pérez Gómez, coordinaban y facilitaban la entrada ilegal a Chile desde Tacna hasta Chacalluta, en Arica, por pasos no habilitados. Según constan las interceptaciones telefónicas que se mencionaron durante la formalización de los imputados en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, el día 30 de septiembre, Faustín en algunas ocasiones “proporcionó un mapa con instrucciones para evadir el control [policial]” a los migrantes,  diciéndoles que para evitar que los controlarán debían caminar “por la orilla de la playa o los campos con hierbas”. En otras ocasiones, tenían un coyote que los guiaba durante el camino.

La investigación se basó en un trabajo encubierto, de escuchas telefónicas georreferenciadas por seis meses entre coyotes, “transportistas” e integrantes de la organización. Además, utilizaban las direcciones asociadas a los permisos C19 -los pases sanitarios para trasladarse entre regiones durante la pandemia- para vincular migrantes a los domicilios utilizados para el ocultamiento de las personas, según indicó en la formalización la fiscal Carolina Suazo Schwencke, especialista en la trata de migrantes de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien estuvo a cargo de la investigación.

Entre el día 4 de enero y 17 de agosto del presente año, al menos, 903 extranjeros se encuentran vinculados a los domicilios indagados por la organización criminal, tras los análisis de registros de los pasaportes sanitarios C19, declaración jurada. Todos los domicilios asociados eran de Arica.

Jaime Winter, abogado penalista, afirma que la utilización de los C19 para la investigación policial sí cumple con el marco de la legalidad, dice que “el Código Procesal Penal establece una cooperación entre entidades estatales ante la solicitud del Ministerio Público, cualquier entidad estatal tiene que entregar la información que este lo requiere, y este sería el caso también para los C19. En la medida que no haya datos sensibles, no debería requerir autorización judicial”, señaló Winter. Y cabe recordar que los datos sensibles se refieren a información médica.

Foto: Amy Franklin

Las pesquisas determinaron cuál era el organigrama de la asociación, esta era liderada por Maxene Faustín, apodado el “moreno” o “Marcelo”, es alto -de casi un metro noventa-, delgado y la última vez que se le vio por la PDI usaba dreadlocks, esta vez -en el allanamiento- tiene el pelo corto, él es el blanco principal. Coordinaba y mantenía la activa comunicación con los nueve integrantes de la banda, en todas las etapas desde origen hasta el destino final de los migrantes, dando instrucciones de movilización en el desierto para el ingreso o salida por las inmediaciones del paso fronterizo de Chacalluta a Chile.

Además, solicita los documentos necesarios para el traslado interregional, como el pasaporte sanitario y/o certificado de residencia. Estos eran adulterados para acreditar falsamente un domicilio y así hacer viajes interregionales sin problemas, utilizando direcciones de Estación Central y Renca, entre otras comunas de la capital.  Eran solicitados fraudulentamente a Wilmer Colmenarez, ciudadano venezolano, conocido por “Wilmer”, quien también se encargaba del traslado desde y hacia la frontera hasta los alojamientos.

Estas residencias transitorias eran casas particulares cuyos dueños eran miembros de la organización. Ese era el caso de Walterio Díaz, en el inmueble ubicado en Bernardo O’Higgins N° 851, en Arica. O bien, en las residencias u hostales “Lucerito”, “Ivonne”, “Las Cruces”, “Hostal Inti”, “Hostal 911”, “San Antonio”, todos en la misma ciudad. Díaz es un chileno que, en coordinación con Colmenarez, confeccionaba los documentos de C19, para acreditar las residencias y compra de pasajes en bus hasta Santiago como último destino.

Faustín operaba a la par junto a su pareja Ruth Núñez, paraguaya, más conocida por “Leticia” -su segundo nombre-, encargada del manejo del dinero. A través del uso de su cuenta rut del Banco Estado distribuía entre quienes estaban a cargo en la entrada o salida de personas, y que se vinculó con transacciones incluso en Estados Unidos.

Más abajo secundaba Ximena Juárez Velásquez, chilena, autodenominada “Sofía”. Ella debía coordinar el traslado de los migrantes en el territorio chileno, y asegurarse de los cupos disponibles en cada residencia clandestina para así pernoctar y ocultar a los migrantes. Atribuciones que realizaba en conjunto de su cónyuge Alex Avilés, también chileno, quien era el encargado del ingreso ilegal a Perú colaborando con el punto de contacto mediante whatsapp con Raúl Fernández, ciudadano peruano.

Foto: Amy Franklin

Continúan la línea de operación, de acuerdo con el organigrama identificado por la fiscalía y la PDI, Claudio Carmona y Antonio Anardo; ambos chilenos y se encargan del traslado de salida o ingreso ilegal a Perú, coordinando por medios de chat y llamadas por internet. Anardo conocido por “don Antonio” es taxista oficial, por tanto, saca y entra migrantes en su propio vehículo.

Allanamientos

Deben esperar a que el líder sea aprehendido y luego operar con el resto de las detenciones y registros. Durante la última reunión previa a los allanamientos, 20 minutos un policía mueve su pie de arriba a abajo dando pequeños golpecitos contra el piso, sólo hasta diez minutos antes del término comienza a mover sus pies más despacio, se detiene. Amaneció en Arica.

Antes de partir, los funcionarios de la PDI locales dicen que hay tener cuidado con la residencial ubicada en cerro Chuño, un terreno habitado principalmente por extranjeros que ocuparon el sitio luego de que este fuese desalojado por insalubridad tras la contaminación de plomo y arsénico. Los habitantes de la zona hicieron socavones en el piso para evitar el paso de vehículos y así cortar el paso. Un lugar hostil.

Foto: Amy Franklin

Todos están haciendo los preparativos, buscan los chalecos antibalas – aunque en las intercepciones telefónicas nunca hubo indicios de tenencias de armas por parte de la organización-, cascos que pesan dos a tres kilos aproximadamente, handies, arietes para golpear las puertas y abrirlas, y algo no menos importante, cada uno lleva un lápiz y papeles administrativos para dejar registro de lo que ocurrirá. Todos salen del cuartel de la PDI.

Dos PDI de antinarcóticos -que prestaron apoyo al operativo-,  recibieron el llamado del “señor” el subcomisario Silva, quien al otro lado del celular, dijo “vente pa’ acá nomás”. Se encendió el motor del auto y rápidamente llegaron a la calle Bernardo O´Higgins -paralela donde estaban estacionados-, ahí existe un hostal clandestino donde reciben migrantes transitoriamente.

La mayoría del personal de la PDI viste ropa común y corriente, esperan pasar desapercibidos, solo un par de ellos tienen la vestimenta “5.11” como le llaman, polera institucional y pantalón de táctica, aunque todos con chalecos antibalas. Ya detuvieron al líder, Silva había ido a comprar una Coca Cola cuando ve pasar a sus espaldas al blanco principal, lo siguen unas cuadras y lo detienen.

Comienza un allanamiento, se abre la puerta con el golpe y entran los policías, en ese lugar estaba “Leticia”, la pareja del mandamás y Walterio Díaz. Todos los migrantes que se encontraban ese día eran venezolanos, y habían llegado durante la madrugada al lugar. Los que más tarde habían ingresado fueron alrededor de las seis de la mañana. No lograron estar 24 horas en Chile antes de la redada.

Foto: Amy Franklin

Braybel, que llegó alrededor de las cinco de la madrugada, dice que “a veces nos daban dos [comidas], a veces una. Nos dejaban pasando hambre y si no nosotros salíamos a resolver, prácticamente pasábamos hambre”. Explica que debían hacer filas de una o hasta una hora y media en los Western Unión para recibir lo “poco” que le enviaban sus madres para alimentarse mientras los esperaban en Santiago. Danny, otro menor que había sido ingresado por la organización que lideraba Faustín, se encontraría con su suegra que vive hace cuatro años en Chile, con sus papeles al día.

Para Jesús, de 21 años, que viajó junto a su esposa de 17 y su hija de un año, el trayecto para llegar hasta Arica, también desde Venezuela, duró siete días. No tienen la certeza del costo económico del viaje, porque aseguran que la madre de Jesús lo pagó desde Santiago. A ella tampoco la ven hace cuatro años, aunque hablan semanalmente por videollamada.

Jesús no entiende muy bien qué está pasando y explica: “Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormí afuera”, apuntando a un colchón que se encontraba en el piso con frazadas encima, en el patio de la residencia. Añade que: “Comí pan con mortadela, comí galletícas”, dice.

Tanto Jesús como su esposa coinciden que fue un viaje duro, para darle de comer a su hija afirman que “Aquí nosotros tenemos preparitas instantánea y le damos a ella, ella pasaba más tiempo durmiendo y se le daba cuando paraba”.

Todos los allanamientos fueron efectivos y se detuvo a las nueve personas que eran blanco de la investigación y tenían órdenes de aprehensión o de entrada y registro de los recintos donde vivían. Los venezolanos que se encontraban dentro de los recintos -víctimas de trata de personas-, están en una residencia sanitaria hasta el lunes 4 de octubre por protocolos de Covid, y luego podrán continuar viaje hacia su destino final: Santiago.

Braybel comenta para este reportaje, desde la residencia sanitaria, que su mamá desde la capital lo fue a buscar a Arica para sacarlo. Sin embargo, no tuvo una respuesta esperada, ya que su hijo debía cumplir con la cuarentena por protocolos sanitarios, por tanto, volvió a Santiago.

Foto: Amy Franklin

El lunes 4 de octubre, Braybel y Bárbara Monsalve, su madre, se reencontraron después de cuatro años. Bárbara estaba esperaba en el aeropuerto de Santiago desde hace 20 minutos, cuando ve a su hijo salir por la puerta abre los brazos, sacando pecho y corre hacia él. Lo primero que le dice es: “¡Hijo mío! Mi corazón. Gracias a Dios”, y lloran abrazados. Ahora viven en la comuna de Cerro Navia.

Para el caso de los integrantes de la organización criminal, todos fueron formalizados por asociación ilícita para la comisión del tráfico ilícito de migrantes, delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por afectar a menores de edad y por la existencia de riesgo en la salud e integridad de las personas afectadas. Se determinó prisión preventiva para ocho de los nueve imputados, a excepción “Leticia”, paraguaya, encargada de las finanzas, quien quedó con arresto domiciliario. Arriesgan una pena inicial mínima de 5 años hasta 20 años de cárcel efectiva, considerándose todas las agravantes. 

Ambas medidas cautelares son por los seis meses que dura la investigación. En el caso de Raúl Fernández, se encuentra detenido por el tráfico ilícito de migrantes en Perú según indicaciones de la INTERPOL.

El pasado jueves 7 de octubre, se reunieron los gobernadores del norte, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, este último, Jorge Díaz, emplazó al ministro del Interior por no asistir a la reunión para enfrentar las llega de migrantes.

El gobernador Díaz dijo que “obedece a una muestra más de que, desde el Estado Central no conocen los territorios, no conocen los flujos migratorios (…) la frontera se encuentra cerrada para turistas, sin embargo, a metros de nosotros, acá existe una serie de huellas y vestigios de miles de personas que han ingresado de manera irregular al país. No se atiende a la territorialidad y solamente se toman decisiones desde Santiago, entre 4 paredes, sin atender las necesidades reales de los territorios”, expresó.

“Por más que llamé a organizaciones o realicé entrevistas, la organización jesuita que llevaba mi caso no pudo hacer nada. Al llegar a Venezuela, él (Darwin Daniel) informó que estuvo dos días sin comer tras su detención. Me parece algo inhumano, violaron sus derechos”, dice Katherine Barrios, migrante venezolana en Chile.

La mascarilla rosada que lleva puesta no es impedimento para que su voz se escuche fuerte en un video que difundió a mediados de junio el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos (ARGOS). Allí, denunció la expulsión de Darwin Daniel de Chile, su pareja, también ciudadano venezolano. Contaba que apenas lo detuvieron, quedó “incomunicado” y “fue muy poco lo que pude saber de él”.

📢 Katherine Barrios, #migrante venezolana 🇻🇪 en Chile 🇨🇱, denuncia la expulsión injusta de su pareja Darwin Daniel, a pesar que tiene 5️⃣ meses de embarazo, era su sustento y sin dar oportunidad de apelar la decisión.#LosMigrantesNoEstanSolos@mbachelet @UNSR_Migration pic.twitter.com/vthA3ixuQU

— ARGOS (@ArgosObInt) June 14, 2021

Según informó ARGOS, Darwin Daniel no tuvo el derecho de apelar a la decisión de expulsarlo que emitió el Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior.  Fue así que Katherine, con cinco meses de embarazo, fue separada de su pareja y quedó sola en el país. 

El caso descrito anteriormente es parte de una continua política de expulsiones promovidas por el Estado chileno durante los últimos años y ha generado reacciones desde organismos internacionales de derechos humanos y pronunciamientos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Asimismo, se han acogido diversos recursos de amparo a favor de las familias migrantes en distintas cortes de apelaciones del país e incluso en la Corte Suprema.

Según datos oficiales recopilados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre 2018 y 2020 se decretaron en Chile 18.725 órdenes de expulsión. Durante el primer semestre de este año ya registra otras 2.138, de las cuales el 95% corresponde a resoluciones administrativas, mientras que tan sólo el 5% restante fueron por orden judicial. Para fines de junio, ya se habían concretado  221 de esas expulsiones.

Las organizaciones de comunidades migrantes han estado vigilantes a estas medidas, al igual que las organizaciones civiles. Puroperiodismo conversó con el comunicador social y periodista colombiano David Arboleda, facilitador de la Red de Periodistas Migrantes, vocero de comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas.

Arboleda ha realizado coberturas periodísticas sobre la situación actual de expulsiones a migrantes en Revista Sur. En 2014 decidió emigrar de Colombia para instalarse como residente en Chile. «A mí me gustaba mucho el foco de derechos humanos en cuanto a la migración y medio ambiente en Colombia. Llegué al país y me gustó trabajar en esa área, también desde mi propia historia y testimonio porque ser migrante en otro país no es fácil y tiene que ver con toda una adaptación, tanto en cómo te acoge el país como los procesos personales que uno vive”, dice.

En el ejercicio diario de su profesión Arboleda está atento al  tratamiento noticioso de los medios tradicionales y su diagnóstico es que “faltan más voces migrantes en todo, el pluralismo es importante porque es la base de todo. Cuando en las salas de redacción no hay variedad de perfiles, la mayoría egresa de las mismas universidades y provienen de la misma capital, ahí también comienza el problema”.

David Arboleda

Expulsiones y la reacción de la Corte de Suprema

—Según información publicada por el Servicio Jesuita a Migrantes desde 2018 a la fecha se han decretado más de 20.000 expulsiones a personas migrantes. Sólo en dos años se concentró el 45% de las resoluciones de ese tipo de la última década. ¿Qué ha ocurrido con estas últimas expulsiones masivas?

David Arboleda (DA) responde: “La situación que está ocurriendo es lamentable, porque las clínicas jurídicas constataron que las expulsiones han sido a personas que tienen arraigo en el país, es decir, que tienen hijos, parejas y familiares, así como también hay casos en donde han sido expulsadas a personas por delitos y/o condenas. En el primer caso, la respuesta del gobierno ha sido expulsarlos de manera arbitraria, vulnerando el derecho a reunificación familiar y cada caso tiene que revisarse individualmente.

Lo que ha ocurrido con estas últimas órdenes de expulsiones es que las reciben el viernes y se han ejecutado de madrugada o en fines de semana, cuando no hay cortes abiertas. Esto es una arbitrariedad, pues impide un debido proceso. La Corte Suprema se pronunció sobre las expulsiones y durante los últimos 15 días de junio las Cortes de Apelaciones a nivel país han acogido los recursos de amparo a favor las familias migrantes. Por ejemplo, el 10 de junio la Corte de Apelaciones de Arica acogió 26 recursos de amparos y se detuvieron esas expulsiones”.

En las afueras de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) hay una fila de niños y niñas que ingresan para despedirse de sus familiares que serán expulsados del país. Estas imágenes se han repetido continuamente, y ésta en particular es del pasado 6 junio, en la previa a la expulsión de 56 ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Según informó Amnistía Internacional, 37 de esos casos fueron expulsiones de “carácter administrativo”, es decir, no por haber cometido un delito, sino por haber ingresado a Chile de forma irregular por un paso no habilitado.

Esa misma institución ha ratificado los dichos de Arboleda sobre la vulneración de derechos de las personas expulsadas por parte del Estado: “Estas personas, en muchos casos separadas de sus hijos e hijas menores de edad, no han tenido la posibilidad de acceder a un debido proceso como lo estipula la ley, mucho menos considerado los principios del bien superior del niño y reunificación familiar de los menores de edad y allegados”, dice un comunicado publicado por Amnistía Internacional.

Respecto a las expulsiones masivas realizadas por el gobierno en fines de semana u horarios en que los tribunales de justicia no se encuentran operando, la entidad ha señalado que con ello se “vulnera el debido proceso legal, al verse imposibilitados de recurrir a tribunales o interponer recursos de amparo en su favor”. 

Para hacer frente a esa situación, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, instruyó a las Cortes de Apelaciones del país a que se reúnan en horario inhábil (fines de semanas), ante la interposición de recursos de amparo urgentes, pues “dichos tribunales se encuentran investidos de las atribuciones destinadas a mantener incólume el principio de supremacía constitucional, y obligados actuar con prontitud en la salvaguarda los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana  ante su eventual puesta en peligro”, consignó Silva en un comunicado. 

El mismo magistrado dijo días después, en el marco del Día Mundial del Refugiado, que “las expulsiones colectivas son medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general, y por el artículo 22.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en particular”. Algo que también han sostenido otros organismos internacionales. De hecho, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU han solicitado al Estado chileno suspender esas “deportaciones o retornos no forzados de migrantes”, especialmente en contexto de pandemia. 

—Nacho Martín Galán, asesor de Medios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recomienda un decálogo para contribuir desde el periodismo a no estigmatizar a las personas migrantes, mostrar información precisa y contextualizada, tener conciencia sobre sus derechos, usar un buen balance de fuentes e incluir al migrante y a su historia. Tras las expulsiones masivas y la crisis migratoria que se vive en el país, ¿cómo cree que debieran cambiar los medios de comunicación para cumplir con esos criterios?

Dice Arboleda: “Esta respuesta la abordaré con la propuesta a defender el derecho a la comunicación que adherimos como Red de Periodistas Migrantes. Esta iniciativa surgió del Colegio de Periodistas para que se garantice en la redacción de la nueva Constitución. ¿Por qué creemos en la red que esto es importante? Para que exista pluralismo y haya diversas voces que representen a la sociedad en su plurinacionalidad e interculturalidad, eso es importante, porque ahí se desprende lo del decálogo sobre el equilibrio de fuentes. 

Por ejemplo, si lees una nota informativa en la cual sólo consultan a  fuentes oficiales u organizaciones asistencialistas que están dirigidos por chilenos no está mal, pero no entrevistan a las propias personas ni a organizaciones civiles de migrantes. Y la inclusión de estas últimas fuentes en los contenidos son relevantes, pero en reiteradas ocasiones no sucede y existe una invisibilización hacia las personas migrantes y racializadas”.

—¿Qué rol tiene el periodismo ante la situación actual que está ocurriendo con las expulsiones a comunidades migrantes?

DA: “El periodismo no sólo es informativo, sino que también es investigativo y educativo. Además tiene una responsabilidad debido a que la población reproduce lo que dicen las autoridades, así como también a quien le damos el micrófono interpreta una realidad. Aunque se hable del periodismo objetivo hay más subjetividad, al menos así lo analizo porque cuando uno realiza periodismo con enfoque de derechos uno es cuidadoso con respecto a los contenidos y fuentes que se seleccionan”.

Intervención de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en rechazo a las expulsiones masivas que ha realizado el Estado chileno. 28 de abril de 2021, Plaza de Armas Santiago de Chile (Foto: David Arboleda).

Migrantes y vacunación contra el Covid-19

A través de una videollamada, el ministro de Salud, Enrique París, anunció el 23 de junio que tras cinco meses de inoculación se ha alcanzado al 80,26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir más de 12 millones de personas vacunadas. 

La campaña de vacunación inició el 3 de febrero y no ha estado exenta de polémicas o descoordinación entre las diversas carteras del gobierno. Así ocurrió el 11 de febrero con cinco versiones distintas respecto a la inoculación hacia la población migrante tras la resolución del Ministerio de Salud (Minsal). 

Las alarmas se encendieron en los pasillos de La Moneda al enterarse de la divulgación  de un reportaje emitido por un canal de señal abierta peruana en el cual promovía el “turismo  de médico” de  vacunas.  Una de las reacciones que generó conmoción fue la del canciller Andrés Allamand, quien comentó que “no podrán vacunarse los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista» y que “las personas que están en el país en una situación irregular tampoco podrán hacerlo a menos que hayan iniciado los trámites de regularización pidiendo una visa temporal o definitiva».

Sin embargo, el mismo Minsal ya dejó clara la “universalidad” de la vacuna en un instructivo donde dice: “De manera explícita, se recuerda que no debe solicitarse información respecto al estatus migratorio en ninguna vinculación con el sistema de salud y debe garantizarse la confidencialidad de la información para toda la población, incluidas las personas migrantes, la que es considerada sensible en el marco de la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud”. 

A pesar de ello, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile publicó el 3 de junio un comunicado en el cual señalaban haber recibido denuncias de migrantes en “situación de irregularidad” a quienes se les negó vacunarse contra el Covid-19.

—¿Qué evaluación tienen las organizaciones migrantes  sobre las propuestas que han plasmado en el proceso de vacunación contra el coronavirus?

DA: “No muy buena, pero primero es necesario analizar el escenario general a nivel mediático y político. Al comienzo de la pandemia empezaron a estigmatizarnos hasta el punto de comentar que las personas migrantes traíamos el contagio, eso lo reporteamos en la Red de Periodistas Migrantes. Luego, ocurrió una situación en la cual muchas personas quisieron retornar a sus países y acamparon en pleno invierno en las afueras de las embajadas y consulados. En relación con este suceso, es importante esclarecer que tanto la migración como el retorno es un derecho y le corresponde al país de origen y de acogida gestionar estos trámites, más aún en épocas de crisis en donde las personas deciden volver a su país. 

La cobertura periodística realizada no fue con una perspectiva de derechos, sino más bien de culpabilizar a las personas migrantes de estar viviendo una crisis que no es culpa de nadie, sino que es una pandemia a nivel global. A esto se suman discursos xenofóbicos y restrictivos sobre quienes tienen acceso al PCR y a las vacunas, en ocasiones de las mismas autoridades”.

—El asesor de medios de (OIM) evidenció que la “desinformación puede poner en riesgo la salud y los derechos, pero una información de calidad ayuda a salvar vidas”. Tras cumplirse más de un año de la pandemia en Chile, ¿cuál es la evaluación sobre el tratamiento noticioso enfocado hacia la población migrante?

DA: “Más que evaluar si ha sido buena o mala, prefiero comentar lo que hemos observado como movimiento migrante. Bajo esa premisa, no podemos estar a favor del cierre de fronteras porque sería contradictorio, por el hecho de que nuestras comunidades migran en tiempos de crisis; a pesar de la situación de pandemia, hay países que se encuentran en una situación más precaria que otros y en contextos complejos. Por ejemplo, la caravana de migrantes en Centroamérica que intentaba llegar a Estados Unidos, corredores humanitarios o personas que desde Sudamérica tratan de llegar a Chile.

Los medios de comunicación han estigmatizado a la población migrante. De hecho, al inicio de la pandemia hubo un medio que asoció a personas migrantes con el Covid-19, así también lo han realizado previo a la pandemia con un caso de tuberculosis que asociaron hacia la comunidad haitiana y generaron pánico a nivel país. Estos acontecimientos ocurren por la falta de información y descontextualización por parte de los mismos medios que asocian enfermedades con nacionalidades particulares, y esto no debería ocurrir porque son situaciones que vulneran y exponen a situaciones de riesgo a la comunidad migrante,  puesto que puede culminar en situaciones extremas de mortalidad y agresión física”.

—Según la información proporcionada por el SJM en diciembre de 2018, el Estado chileno no suscribió el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. ¿Esto ha influido en el contexto sanitario?

DA: “El Estado chileno se restó a suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y  Regular. Dicho convenio es importante en un contexto complejo que está viviendo el mundo respecto a la migración, y la intención de este acuerdo es que los estados puedan dialogar entre sí y lograr una migración más segura para que la gente no muera. Es lamentable que Chile se haya restado, pero esto no implica que se exime a cumplir otros acuerdos internacionales.

Existe una crisis humanitaria. Nosotros al menos así la caracterizamos: no como una crisis migratoria puesto que reconocemos la migración como un derecho que ha ocurrido en diferentes contextos históricos, ya sea por motivos políticos, económicos o de conflicto. Actualmente, bajo el contexto sanitario, hay una militarización en las fronteras, lo cual produce que las personas que migran estén más expuestas a situaciones de riesgo, como la trata de personas”.

El arribo de la Red de Periodistas Migrantes

En 2019 se creó en Chile la Red de Periodistas Migrantes, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas. ¿Su objetivo? “Contribuir a un debate abierto, propio de la libre expresión, que reconozca la migración como un derecho inalienable de las personas, y promueva un discurso público con una perspectiva más humana e intercultural, rechazando a su vez la discriminación”. Con ello, buscan incidir en los medios para eliminar la vulneración mediática respecto a los derechos de las personas migrantes. 

En el transcurso de estos dos años han realizado programas en vivo en pandemia, así como también participaron en cursos de “periodismo sin etiquetas” para abordar la migración desde una perspectiva de derechos y en la realización de una guía con el mismo objetivo, por invitación de la oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, hace muy poco inauguraron su sitio web.

— En Chile han ocurrido diversos procesos migratorios. ¿Los medios de comunicación han cambiado o siguen perpetuando las mismas prácticas en las salas de redacción?

DA: “No sé si es correcto afirmar que han cambiado, pero sí han visibilizado diferentes realidades de las comunidades migrantes en contenidos de programas de emprendimiento, gastronomía e integración de charlas. Lo valioso es la diversidad y el cambio de mirada del estereotipo del migrante pobre o cuando se aborda la migración a través de índices de criminalidad. Pero no ha cambiado el panorama en el tratamiento informativo, pues los medios de comunicación tradicionales tienen una agenda que va muy ligada con la del gobierno, y es necesaria la transparencia tanto de los medios como la de los periodistas. Además, no sólo tratar la migración en cifras, sino que también abordar la realidad que existe detrás de las historias, pues cada persona está viviendo una dificultad con un trámite migratorio o debe enfrentar una expulsión. El relato debe humanizarse y no sólo estar centrado en estadísticas”.

—Existen diversos insumos para el tratamiento noticioso de la migración con enfoque de derechos humanos, como el manual realizado por el INDH, aun así, han existido casos como el de la ciudadana haitiana Joane Florvil -muerta bajo custodia policial- o los hallazgos del SJM en su Barómetro de Percepción de la Migración 2018-2020. ¿Cuál es la traba para que estas recomendaciones no se lleven a la práctica?

DA: “Regreso al punto anterior sobre la agenda de los medios ligada al gobierno, pero además, la existencia de la mercantilización de la información respecto a qué tipo de historias son más llamativas para difundir en los medios. Esa deshumanización se  explica por esa razón, y a esto se suma la falta de pluralismo: las comunidades migrantes y los pueblos originarios no se ven representados en los medios de comunicación que consumen.

Existe una responsabilidad del periodismo de cómo narrar la migración, la niñez y la pobreza, porque no se puede abordar de igual forma que una apertura de un centro comercial u otro tipo de eventos. Estamos hablando de temas sensibles que repercuten en la sociedad, como decía la cartilla del INDH. Y los discursos racistas y xenófobos se reproducen en la sociedad a través de los medios”.

*Nota de la Redacción: Esta publicación fue modificada el lunes 2 de agosto al mediodía para hacer pequeñas precisiones en cuanto a algunos datos publicados. Ninguno de los cambios afecta el foco del trabajo. Lamentamos los inconvenientes que esto pudo provocar.

Clausura Curso de Español y Cultura Chilena para haitianos. Foto: Ciudadano Global

Un término, de manera aislada, puede tener una fuerza comunicativa feroz: “ilegal”. Si esa palabra la unimos a otra —“migrante ilegal” (página 2 de El Mercurio de Antofagasta, viernes 26 de julio de 2013)—, por asociación la connotación está asegurada. Así ocurre con frases periodísticas del tipo “Las viviendas tomadas por inmigrantes”; “exponen a sus hijos a la contaminación y el inminente desalojo de la fuerza pública sino abandonan las viviendas en los próximos meses” (Soy Chile Arica, 24 de abril de 2013).

Son sólo algunos de los ejemplos que uno descubre en las páginas de las principales cabeceras nacionales, en los minutos de reportajes de los distintos canales de televisión, en los sitios web de la versión digital de los diarios… cuando, ocasionalmente, se habla de migración. Porque la realidad informativa es que la migración no es un tema que forme parte de la Agenda Setting de los medios, pero, cuando circunstancialmente se aborda, lamentablemente en muchas ocasiones se hace desde una perspectiva que contribuye a construir imaginarios negativos de la población migrante. La migración se convierte, por tanto, en un tema que el propio proceso informativo discrimina por no ser del interés del público masivo; y en un tema que no siempre se aborda con la objetividad, veracidad y delicadeza que requiere hablar de un colectivo vulnerable que, según el cuestionado Censo 2012, representa un 2,04 % de la población chilena (más de 340.000 hombres y mujeres).

Aunque en los últimos años el desarrollo de la blogosfera y la irrupción de las redes sociales, entre otros fenómenos, han permitido que el discurso inf0rmativo se haya democratizado convirtiendo al propio ciudadano, no sólo en receptor, sino en emisor de contenidos (con iniciativas de gran interés como el periodismo ciudadano), el poder de los medios de comunicación como configuradores de la opinión pública sigue siendo determinante. Los medios tienden a fijar la agenda pública y dictar a las audiencias una forma de pensar sobre ciertos asuntos. Su importancia como garantizadores del derecho a la información de los ciudadanos y como fiscalizadores de las actuaciones del Gobierno es vital. Si este trabajo se hace desde los principios que rigen la profesión según el Código deontológico del periodista (el respeto a la verdad; estar abierto a la investigación de los hechos; perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible; contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas; diferenciar con claridad entre información y opinión; enfrentar, cuando existan, las versiones sobre un hecho; respeto a la presunción de inocencia; y rectificación de las informaciones erróneas) la función pública que cumplen está asegurada.

«Si bien la dirección de un medio tiene mucho que decir a través de la línea editorial, al final el discurso de los medios lo construyen los profesionales de la comunicación».

Sin embargo, cuando alguno de esos principios se obvia, como ocurre en muchas ocasiones al hablar de migración, las consecuencias pueden ser nefastas. Ocurre entonces que el discurso informativo sobre la migración fomenta una percepción del migrante como un delincuente, como una persona sin formación y cualificación, que viene a quitar el trabajo a los nacionales y a aprovecharse del sistema de salud del país, etc.

El tamiz discriminatorio que introduce el propio proceso informativo en la selección, jerarquización y construcción de noticias sobre migración conduce a un enfoque negativo de la misma: es noticia cuando se trata de delincuencia, drogas y sucesos en general. Se construye, por tanto, un imaginario de la población migrante sustentado en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad y que son el caldo de cultivo idóneo para actitudes discriminatorias, xenófobas y racistas entre la sociedad chilena. Todas estas valoraciones negativas están presentes e influyen en el tiempo y forma en que la sociedad de acogida se acerca al migrante e interactúa con él. Esa relación entre la cultura de acogida y la cultura migrante viene condicionada en parte por conceptos que estigmatizan y discriminan al migrante posicionándolo en primer momento como “una persona potencialmente de rechazo”.

Chile vive un momento crucial en lo que a migración se refiere: afronta el desafío de una migración cada vez más diversa, compleja y masiva (en los últimos diez años el número de extranjeros que migraron hacia Chile creció un 84%); en la Cámara de Diputados se ha otorgado urgencia simple al nuevo proyecto de Ley sobre migraciones que reemplazaría a la Ley de Extranjería más obsoleta del continente, que data de 1975 y fue creada bajo la lógica de seguridad nacional; y dos semanas atrás el Gobierno de Sebastián Piñera lanzó la Primera Consulta Ciudadana sobre Discriminación en Chile, al cumplirse un año desde la aprobación de la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio. Con este escenario, es momento de que quienes desempeñan una función muy importante como es garantizar el derecho a la información de las personas y, por ende, tienen gran poder como creadores y configuradores de la opinión pública —los medios de comunicación— se replanteen su postura frente al tratamiento informativo de la migración.

Quizá una buena forma de iniciar ese replanteamiento sería eliminando definitivamente de su discurso términos inadecuados para referirse a las personas migrantes. Sin duda, el término del que con mayor urgencia deben prescindir es “ilegal”, ya que resulta despectivo (connota al migrante como un delincuente) y, además, impreciso. El Libro de estilo de El País hace años que proscribió el uso de “inmigrante ilegal” y propone “inmigrantes indocumentados” o “en situación ilegal”, bajo la lógica de que “una persona no es ilegal, lo es su situación”.

Es un punto de partida que debe asentar las bases hacia el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio para evitar que los prejuicios y los estereotipos asociados a la migración se perpetúen. Además, esta articulación de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio debe insertarse en un proceso más amplio que contemple la generalización e implementación de Guías Editoriales o Libros de Estilo. Actualmente algunos medios como Canal 13, TVN, CHV, CNN Chile o El Mercurio ya disponen de esas Guías Editoriales. Sin embargo, como ya se ha hecho en otros países, sería deseable precisar más y proponer códigos éticos y deontológicos específicos sobre el tratamiento informativo de la temática migratoria.

Si bien la dirección de un medio tiene mucho que decir a través de la línea editorial, al final el discurso de los medios lo construyen los profesionales de la comunicación. Por eso, tan o más importante que el trabajo a realizar en el seno de los propios medios en base a las propuestas esgrimidas, es la labor de sensibilización de los actuales profesionales del sector y, sobre todo, de los que están por llegar. Su concienciación con la realidad migrante de Chile y con la importancia de un enfoque de derechos humanos para presentar la información relativa a la temática es la clave para propiciar el inicio de un cambio cultural que conduzca a que Chile se convierta en un país de acogida que no discrimina. Es momento de que Chile deje de ser un país que discrimina al diferente y mucho más al extranjero, especialmente a los procedentes de determinados países (Bolivia, Colombia, Haití, Perú, República Dominicana…).