Por Mauricio Alarcón y Patricio Pinto

El mercado mayorista Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, es enorme, algo así como una pequeña ciudad dentro de otra: 32 hectáreas de comercio y bullicio donde convergen tanto vendedores como compradores a gran escala. Camiones, carros, cajas llenas de mercadería y personas de distintas edades, sexo y nacionalidad; miles cada día, entrando, saliendo y pululando de aquí para allá y de allá para acá, con música que suena fuerte de fondo y gritos y olores que cruzan el aire. Además del mercado, hay en su interior restaurantes y fuentes de soda, sucursales bancarias, clínicas veterinarias y oficinas, entre otras cosas. Es el mayor mercado hortofrutícola de Chile, y uno de los más grandes de Latinoamérica. Un laberinto de compra y venta donde, si se va a pie, sólo se puede acceder a través de cuatro entradas.

La primera está ubicada sobre Avenida Maipú, frente a las vías del tren, la llamada Puerta 11. Al otro lado, por Avenida Cerrillos, también hay un solo acceso, la Puerta 2. Las otras, las entradas más intrigantes, están en la calle La Rural, una pequeña y angosta vía que divide el recinto en dos: al sur el patio 2 y al norte el patio 1. Al primero se ingresa por el acceso Alfa 1; al segundo por la Puerta 14. Y es aquí donde se encuentra el mayor control de seguridad, ese que se inauguraba con bombos y platillos el lunes 1 de abril y que ese mismo día falló de manera escandalosa.

El incidente salió en vivo y en directo por la televisión y aumentó las dudas respecto a si eran o no efectivas las medidas que se estaban empezando a implementar en Lo Valledor para reducir la creciente delincuencia e inseguridad en la zona, las que eran consideradas desde varios sectores como una acción discriminatoria contra migrantes y, particularmente, contra aquellos que se encuentran en situación irregular en el país. Las críticas vinieron incluso desde el gobierno, en especial, por el requisito excluyente de portar un carnet chileno vigente, que se había anunciado días antes. Sin él, nadie podría entrar.

Ante la polémica generada tras el anuncio de la administración, la prensa estaba expectante por cómo se implementaría, por lo que ese primer lunes de abril, equipos televisivos estaban desplegados en terreno desde primera hora. Fue entonces que Mariana Cea, una mujer indigente chilena de 54 años, se negó a mostrar su cédula de identidad al tratar de entrar y, al impedirle el ingreso con un carro de supermercado, fue retenida por un vigilante privado. Luego, intentó zafarse y le quitó el revólver del cinto, para después disparar varias veces. Además del vigilante, hirió a otras dos personas, entre ellos un camarógrafo de Chilevisión.

“Estábamos todos partiendo con la marcha blanca, y yo mismo le dije al vigilante: ‘Oye, que no haya escándalo, no quiero que haya problemas’, porque lo lógico es que él la hubiera tirado el suelo y esposado rápidamente. Pero claro, habría sido peor, porque las cámaras estaban en vivo. Yo creo que la sacamos barata con ese asunto”, cuenta a Puroperiodismo Marcelo Araya, jefe de Comunicaciones y vocero de Lo Valledor.

Todo ocurrió fuera del mercado, en la calle La Rural. Por ende, la seguridad privada contratada por la administración no tenía la facultad para retener a la mujer ni mucho menos utilizar sus implementos de defensa. Como sucedió en la vía pública, Carabineros debió haber actuado de forma inmediata y tomar el control de la situación.

Esta última calle es donde más se han registrado conflictos entre comerciantes y clientes, así como también la comisión de delitos. Y si bien tras el incidente se especuló con que la medida se reevaluaría, lo cierto es que la administración ya había tomado la decisión y no habría vuelta atrás. La marcha blanca del nuevo plan de seguridad seguiría su curso y el próximo 6 de mayo entrará en régimen de forma completa.

¿Cómo ha avanzado esa marcha blanca y qué impacto ha tenido en el día a día del principal punto de abastecimiento para miles de locales y restaurantes de la Región Metropolitana? Puroperiodismo volvió a Lo Valledor a casi cuatro semanas del incidente. Esto fue lo que encontramos.

Accesos y medidas de seguridad

La Puerta 14 sigue siendo la única donde la implementación del nuevo plan pareciera estar en marcha de forma más completa. Mientras los demás puntos de ingreso peatonal son supervisados por un solo guardia que solicita el carnet u otro documento de identificación válido como condición única para ingresar, en el acceso de La Rural cada persona que llega es recibida por más de un guardia que, además de pedir el documento de identidad, hacen pasar por un detector de metales y por el giro de un torniquete.

Eso lo que se quiere implementar para controlar el ingreso de peatones. Sin embargo, la seguridad hoy es flexible. Como la Puerta 14 es la única que tiene esos dispositivos tecnológicos de seguridad, no es utilizada regularmente por los transeúntes que desean ingresar. Solo unos pocos extranjeros la utilizan. De hecho, la mayoría de las personas prefieren las otras puertas que aparecen señalizadas en un folleto oficial que emitió Lo Valledor, en el que indican que solo son cuatro accesos peatonales –quedan fuera las puertas 5 y 4, pues no son exclusivas de acceso en la medida de seguridad implementada–. Y no en todas las ocasiones solicitan la cédula de identidad.

Folleto informativo con mapa del Mercado Lo Valledor y puntos de acceso peatonal.

Cuando acudimos los días 17 y 19 de abril, estuvimos en el lugar entre las 9:00 y 13:00 horas, y en todo ese tiempo hubo al menos cinco personas que no llevaban su carnet y que, aun así, pudieron ingresar, incluso con carros de carga.

El ingreso de peatones para la compra minorista en Lo Valledor empezó durante la pandemia por Covid-19, cuando se decidió abrir las puertas a vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda para abastecerse de alimentos. Para el término de ese período, se siguió dejando entrar gente y se aprendió a convivir con los transeúntes. Pero el mayor flujo vino aparejado con un aumento de delitos, como hurtos o robos, venta de drogas y otros conflictos, muchos de ellos violentos. En octubre de 2023, por ejemplo, un comerciante fue baleado y asaltado: le robaron $60 millones.

Según consigna un artículo de DF Mas, los registros del Plan Cuadrante de Carabineros para ese sector, en lo que va de este año, señalan que ya ha habido unos 124 robos con violencia, un tercio más que los 93 que se registraron en todo 2023; casi el doble que los 68 de 2022 y un 143% que 51 de 2021. Además, la comuna es la que tiene una de las más bajas tasas de detenciones. Fue a partir de todo eso que se decidió aumentar los mecanismos de control y las barreras para el ingreso.

Al interior hay un equipo de monitoreo de 400 cámaras que funcionan 24/7, junto con el equipo de vigilancia en terreno. Las principales divisiones dentro del equipo lo componen guardias de seguridad que visten de rojo y controlan los accesos. Les siguen los guardias de tránsito, que se encargan de verificar la correcta circulación de los vehículos dentro del recinto. También están los guardias tácticos que visten de negro completo, y suelen encargarse de vigilar puntos estratégicos como oficinas o acudir como principal apoyo en caso de disturbios. Y, por último, los vigilantes privados (VVPP), que se encargan de patrullar en motocicletas y resguardar el lugar, siendo ellos los únicos con la facultad de portar armamento disuasivo y de fuego, específicamente, un revólver calibre 38 especial de cuatro pulgadas.

“Documento habilitado” y despidos a extranjeros

A pesar de que los afiches informativos con las medidas de seguridad especifican que los peatones deben ingresar con la cédula de identidad chilena, esa no es la única manera de acreditar identidad. Consultado por Puroperiodismo, Araya aclara que, más que exigir que sea la cédula chilena, más bien se pedirá un “documento habilitado”, el cual puede variar según los tratados internacionales de ingreso y tránsito que los distintos países han logrado con Chile.

Lo anterior significa que, si un ciudadano peruano sin carnet nacional quiere entrar a Lo Valledor, podrá hacerlo con su respectivo DNI, pues ese documento es suficiente para que pueda estar en Chile de forma regular. En cambio, un ciudadano venezolano tendrá que mostrar su pasaporte con los respectivos timbres y permisos para estar de forma regular en el país, ya que este es el documento necesario para ingresar desde Venezuela, por los tratados de ingreso entre ambos países.

Folletos relativos a la seguridad que se entregan en el Mercado Lo Valledor.

Otro conflicto que se ha generado por la exigencia de documentos de identificación, es que en muchos de los locales de Lo Valledor trabajan extranjeros, muchos de ellos sin una situación migratoria regularizada. Algunos locatarios señalaron a Puroperiodismo que trabajan con cinco o más trabajadores indocumentados, por lo que no podrán mantenerlos, ya que tendrán impedido el ingreso al mega mercado hortofrutícola.  De esa manera, gran parte terminará perdiendo su fuente laboral.

“Lo que yo no comparto es que, por ejemplo, hay extranjeros que aquí de verdad vienen a trabajar y se les está negando. Pero, de todas maneras, la fiscalización ayuda a que no haya venta de droga o simplemente gente deambulando dentro de Lo Valledor”, dice la locataria Javiera Gálvez.

Algo similar cuenta Jaime Agusto: “Yo trabajo con unos seis extranjeros y ninguno tiene papeles, pero no saben qué hacer, porque como hay tanto trabajo, no han tenido tiempo de ir hacer su documentación. Por mí, no quiero que se vayan, pero por otro lado, no es malo que [desde la administración] estén exigiendo y trabajando para un mejor control. Como jefe y organizador de mi local, si llegara a perder muchos empleados porque no consiguen regularizarse, tengo pensado ir a hablar directamente con la administración y hacerme responsable, si hay que firmar un papel o hacerme cargo de los que no tienen documentos”.

Esta situación ha generado opiniones divididas entre comerciantes y locatarios, pues si bien muchos se arriesgan a perder parte importante de su fuerza laboral, también están conformes con la medida, pues ésta reafirmaría la sensación de seguridad dentro del lugar, lo que responde a esa sensación generalizada de que el aumento de delitos está asociada al aumento de población migrante irregular.

Al preguntarle a Araya sobre el impacto de esos efectos y qué haría la administración de Lo Valledor para hacerle frente, fue tajante: “No hay nada que hacer. Los locatarios que tengan trabajando a extranjeros que están indocumentados no podrán ingresar, jodieron nomás”.

La Rural

La calle La Rural cruza y divide el mercado y une las avenida Maipú y Cerrillos. Es un transitado tramo de aproximadamente 450 metros, donde feriantes y clientes intercambian mercaderías y visitan el mercado. Hasta el 23 de enero de 2023, era un espacio privado, pues Lo Valledor tenía desde hacía 25 años la concesión para su uso y administración. Pero, entonces, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda decidió no renovar el contrato y determinó que La Rural es un bien de uso público. Esta decisión fue ratificada en la sesión extraordinaria N° 2 del 93° Concejo Municipal, en la que se votó por reducir la duración de la concesión y no aceptar la oferta económica de la empresa para prorrogarla, reafirmando el derecho municipal de retomar el control de la calle, ya que muchos feriantes ocupaban ese espacio para instalarse con puestos, creando todo lo que conllevan los intercambios de mercadería.

La municipalidad se comprometió a instalar casetas de seguridad con todo el mobiliario para que funcionarios de su unidad de Seguridad Ciudadana las ocupen, y también a demarcar estacionamientos con vigilancia en todo momento. Si bien eso ocurrió, lo cierto es que pudimos observar que durante los horarios de mayor y menor circulación en La Rural (entre las 10:00 y las 14:00 horas), no hay presencia de operativos o rondas de seguridad civil, como tampoco se han instalado parquímetros establecidos.

El vocero de Lo Valledor dice: “Nosotros triplicamos el monto que traíamos desde los 25 años. No le estamos rogando. Es importante la calle y podemos vivir sin la calle, pero con problemas, porque se generó una especie de tubo de delincuencia. El alcalde y cuatro concejales tienen una obsesión de no sé qué tipo con el tema del mundo privado. Les aclaré que podíamos simpatizar en algunas ideas, pero esta bronca entre el mundo privado y el mundo público ya está superada. Hoy día, si no hay privados cooperando en el sistema con el Estado, se va a complicar en varios ámbitos”.

Consultado por Puroperiodismo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, junto con señalar que ya estaba “cansado de tener que comentar sobre Lo Valledor”, se limitó a decir lo mismo que ha dicho en declaraciones anteriores:

“En cuanto a la medida, se da cuenta lo improvisado que fueron. Desde el primer minuto salí a respaldar que acá era muy necesaria una coordinación previa, y es por esto que hay que juntarse, hacer un trabajo mancomunado, para que todos podamos aportar en esta crisis de seguridad. Como alcalde, pedí hace mucho tiempo que pudiéramos contar con presencia permanente de Carabineros a través de un retén en el mercado de abasto más grande de Chile. Y de esta forma, haber podido evitar y planificar de mejor manera lo que era una marcha blanca, y que se tiñó de rojo, siendo muy lamentable”.

La municipalidad realizó una consulta ciudadana a fines de 2023 y comienzos de 2024 para determinar democráticamente qué hacer con La Rural: si debía ser administrada por el municipio o por una empresa externa que se adjudique esa labor a través de una licitación pública. Votaron 707 personas y la opción de abrirse a una nueva concesión privada se alzó con la mayoría de las preferencias: 56,86%.

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Mientras eso aún no ocurra, La Rural sigue siendo un espacio que hoy está, hasta cierto punto, en tierra de nadie, según señalan fuentes consultadas para este reportaje. Y es ahí donde se han visto la mayor cantidad de conflictos y hechos violentos o delictuales.  El plan de Lo Valledor, en lo próximo, es cerrar el próximo 6 de mayo el período de marcha blanca de su plan de seguridad, y desde la empresa aseguran que no “relajaran” el protocolo. Y eso mismo puede ser, según algunos, una especie de declaración de guerra contra los grupos que comenten los delitos en el sector, comerciantes ambulantes y otros.

Si bien la empresa que administra el mercado ha dado la orden a guardias y otros funcionarios de no hablar con la prensa, uno de los guardias rompió el silencio bajo reserva de identidad y alerta que lo pueda pasar ese día es incierto, pero no se debe bajar la guardia. Dijo: “El 6 de mayo estaremos más preparados que nunca, e incluso vamos a estar todos más violentos, por el contexto que se vivirá”.

En los últimos años se ha producido un alza importante de doctores y profesionales de la medicina en general –del sector público y privado— que han sido demandados por negligencias o malas prácticas. “Hay situaciones en las que ciertamente hubo un error médico, pero también se dan otros factores, como la publicidad exagerada que en algunos casos reciben eventuales acciones médicas”, cuenta el doctor Luis Ciocca, Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la revista de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile.

Por una parte, esto ha devenido en el encarecimiento de la medicina, ya que algunas de las medidas que han adoptado los doctores para evitar ser llevados a tribunales es pedir una gran cantidad de exámenes —muchas veces innecesarios— antes de tomar cualquier decisión respecto del paciente. A la vez, este fenómeno tiene otra consecuencia importante: “La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Todo esto fomentó el surgimiento de un nuevo mercado sumamente atractivo. Porque no es menor que en Chile haya alrededor de 25 mil médicos, vale decir, 25 mil potenciales clientes que se pelean las compañías de seguros y los abogados del país. Además de enfermeras, odontólogos y el conjunto de profesionales de la salud que son el target de este mercado. En ocasiones las aseguradoras trabajan junto a firmas de abogados y, en otras, cada uno sale a buscar clientes por su cuenta.

La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Últimamente, el seguro de Responsabilidad Civil que más se ha extendido en Chile es el que contratan los doctores para protegerse del incremento de juicios por negligencia médica. “Efectivamente se ha producido un alza en la contratación y también en sus precios; dependiendo de la especialidad del doctor y de la siniestralidad que ésta implica”, dice Sergio Troncoso, anestesista del Hospital Exequiel González Cortés y de la Clínica Tabancura. Es así como al encarecimiento de la salud en Chile debido a su judicialización, se le suma el aumento de las primas de los seguros.

Según la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile (FALMED), las proyecciones apuntan a que la curva se acercará al mercado estadounidense, donde este tipo de seguros representa casi el 50 por ciento del total de los Seguros Generales.

Hoy, son cinco compañías las que llevan la delantera en el mercado: MAPFRE, Chilena Consolidada, Renta Nacional, Aseguradora Magallanes y RSA.

En general, los doctores contratan por opción propia, pero muchas veces tienen que hacerlo ya que es un requerimiento de su lugar de trabajo. Como les sucedió a Octavio Reyes y Sergio Troncoso. “Las instituciones no proveen asesoría jurídica y menos costear una eventual indemnización. Pero hay excepciones, ya que algunas protegen a sus empleados pagando los respectivos seguros”, cuenta Carla Robledo, abogada del Estudio Carvallo y asesora de médicos e instituciones de salud.

Hasta ahí todo bien. Puede considerarse obvio que frente al escenario judicial descrito, las clínicas y hospitales exijan que sus empleados estén protegidos. Sin embargo, existen precedentes para no desatender este punto.

En 2005, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formuló un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de este tema. El requerimiento señalaba que Integramédica S.A. obligó a los doctores que trabajaban en sus centros, bajo amenaza de desvinculación, a contratar la asesoría legal ofrecida por el estudio jurídico Carrasco y Compañía Limitada y el seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica de la Aseguradora Magallanes. Por una parte, la FNE dio cuenta de que esta institución de salud abusó de la relación de dependencia económica en que se encontraban sus empleados y, por otra, de la competencia que se ha generado en el mercado relevante de seguros de Responsabilidad Civil y asesoría legal para profesionales de la salud. “En estos casos se deben revisar los contratos, porque un acuerdo entre privados te permite muchas cosas. Ahora, hay algunos que se transforman casi en contratos de adhesión, y que si bien es cierto el médico concurre con su voluntad, se debe atener a las cláusulas que el otro ha puesto”, cuenta Paulina Milos, abogada que defiende a médicos, clínicas y hospitales.

En 2006, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó el requerimiento por considerar que Integramédica S.A. estaba en su derecho de exigir a los profesionales que contrataran asesoría legal especializada y un seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica. Sin embargo, el tribunal exhortó a esta institución a garantizar que el proceso fuera transparente, en igualdad de condiciones para los participantes y con el necesario resguardo de la libertad de cada médico para contratar estos servicios en forma independiente.

EL LIDERAZGO DE FALMED

Esta fundación fue creada en 1994 por el Colegio Médico de Chile y tiene sucursales en todo el país. FALMED trabaja sólo con doctores, no con hospitales, clínicas o centros de salud. Para acceder a la asesoría y defensa legal y al seguro de Responsabilidad Civil que tienen con MAPFRE, los afiliados a FALMED –que a su vez deben ser miembros del Colegio Médico- pagan $17.000 mensuales. “Este es un seguro flotante, porque no tiene el nombre de una persona, sino que el de un grupo, entonces se le aplica al médico que lo necesita”, señala Paulina Milos.

Hoy existen más de 10 mil médicos afiliados a la fundación, y la cifra de profesionales que los han contratado durante este año supera los mil. “Multiplicado por 17 mil pesos es una bonita cantidad. FALMED tiene casi el 50 por ciento de los médicos. Y probablemente sean los que tienen más riesgo”, dice Milos.

La fundación señala que en más del 99 por ciento de sus juicios, los resultados han sido exitosos para los médicos. “He ido a mesas redondas con Juan Carlos Bello, abogado jefe de FALMED, y él dice que están invictos porque no han perdido ningún juicio. Pero distinto es ganarlo, porque muchas veces no perder significa que éstos han quedado en el camino; ya sea porque el juicio se alarga, el paciente desiste o no se puede probar nada”, cuenta la abogada.

EL MENOR COSTO POSIBLE

Contratar un seguro de este tipo es transferir el riesgo a la compañía, para que en el caso de que haya un problema, no sea el profesional de la salud el que asuma los costos. Pero eso lleva de la mano algunas renuncias, y la principal es renunciar a la defensa. “Ninguna aseguradora permite al médico afiliado ser defendido por un abogado que no sea de la compañía, o que el doctor llegue a un acuerdo con el paciente sin que ellos lo aprueben”, asegura Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes.

De hecho, la tercera cláusula del Convenio-Mandato de FALMED indica que sólo en casos excepcionales, calificados por el Directorio, se podrá decidir que la defensa del afiliado sea asumida por abogados externos a la fundación. Asimismo, la cláusula décimo primera señala que el afiliado no tiene derecho a exigir el pago de indemnización alguna si ha llegado a un acuerdo, convenio y/o transacción extrajudicial que se genere en el marco de una mediación pública o privada en la que FALMED, en su calidad de mandatario, no haya participado.

Es cierto que son cláusulas que pueden ser consideradas típicas de un contrato cualquiera con una compañía de seguros. Pero aceptarlas va, de alguna forma, en detrimento de la dignidad o el prestigio del médico; a la vez que daña su relación con el paciente. “Muchas veces pasa que cuando van a juicio, a las compañías aseguradoras no les interesa defender al profesional; eligen más bien pagar una indemnización al paciente antes que poner a un abogado en el que se va a gastar mucha más plata. Ir o no a la mediación ya no queda en manos del médico, porque está obligado a comunicarse con las aseguradoras o de lo contrario pierde el seguro. Está bien, su negocio es el menor costo posible, pero hay que saberlo”, señala Milos.

MEDIACIÓN

En 2005 entró en vigencia en Chile la Ley 19.966 de Mediación en Salud. Es una instancia obligatoria —en teoría— antes de ir a juicio por Responsabilidad Civil. Y consiste, a grandes rasgos, en un acuerdo entre las partes asistido por un mediador; quien no toma decisiones ya que sólo actúa como facilitador del arreglo. Los profesionales e instituciones del sector público comparecen ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el servicio es gratuito. En el caso del sector privado, las mediaciones son llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, y tienen un costo de hasta $200.000.

Con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público.

En un principio, la reacción de las aseguradoras fue no ir a mediación. Sobre todo porque sus abogados están preparados para litigar, no para mediar o conversar. “Iban a juicio porque en el 90 por ciento de los casos no se pagaba ni siquiera indemnización a los pacientes. Ha sido terriblemente difícil levantar la iniciativa”, cuenta Paulina Milos.

En este sentido, Carla Robledo señala que mientras los intervinientes no comprendan que el mecanismo no pasa necesariamente por un acuerdo monetario, es poco lo que realmente se puede avanzar en este sentido.

Sin embargo, con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público. Muchas veces, las personas no buscaban indemnización en dinero y quedaban tranquilas con una explicación, una disculpa, con el pago de los gastos médicos o una nueva atención. “Entonces, si disminuye el gasto a través de la mediación, las compañías van a optar por esta alternativa”, dice la abogada.

De hecho, FALMED ha incentivado la opción y se ha propuesto desjudicializar la salud; además de propiciar instancias de difusión y capacitación de los doctores sobre las áreas de riesgo profesional. “Pero tendrán que ver cómo transforman el sistema para que el médico siga pagando su seguro”, señala Milos.

LOS ABOGADOS

La judicialización de la medicina abrió, por defecto, un campo laboral atractivo para los abogados, muchos de los cuales se abocaron a defender pacientes. “Este aumento se debe principalmente a la cultura litigiosa existente en nuestra sociedad actual, que busca encontrar culpables frente a resultados adversos o no queridos en medicina”, asegura Carla Robledo. Por su parte, Cristián Wöhler, urólogo de la Clínica Santa María, sostiene que incluso hay abogados que se dedican a defender pacientes e indagan qué doctores tienen seguros contratados, y a ellos los demandan.

Fue así como también proliferaron los abogados que en la actualidad se dedican a defender doctores, clínicas y hospitales en causas por negligencias médicas o malas prácticas. A la vez, son contratados para realizar asesorías extrajudiciales y charlas preventivas sobre materias legales. Dentro de este contexto, la abogada Samanntha Carrasco lleva la delantera en el mercado: “Ella es ex FALMED y tiene un número importante de médicos en su estudio, entre dos y tres mil”, cuenta Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes. “La responsabilidad médica exige gran preparación y una alta especialización”, dice Robledo.

Paulina Milos, que también es directora del Magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes, cree que los estudios tienen abogados con buena formación en Responsabilidad Civil, pero no en Derecho Sanitario o Derecho de la Salud, una nueva rama de esta profesión. “Para un abogado es muy difícil reconocer un medio de prueba dentro de un hospital: qué estadísticas, registros, indicadores o estándares llevar a juicio. Por ejemplo, es probable que no se les ocurra utilizar la acreditación de una clínica como elemento a mostrar al juez. Y tampoco conocen que hoy todos los médicos, odontólogos y profesionales en general tienen que estar en el registro que lleva la Superintendencia de Salud; o que todas las clínicas deben contar con una autorización sanitaria”, sostiene.

Es innegable que la medicina es un excelente negocio, y que siempre se pueden encontrar nuevas formas de entrar en el mercado. En este caso, el público objetivo son los miles de profesionales de la salud que pagan para protegerse frente a eventuales demandas. Pero al mismo tiempo, este precio es “compartido” con otros: “Al final, el seguro lo paga el paciente”, concluye el doctor Sergio Troncoso.