La crisis climática ha hecho que en los últimos años haya tomado fuerza el concepto de economía verde o sustentable. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Agencia Internacional de Energía (AIE), sólo el año pasado se emitieron 36.300 millones de toneladas de CO2, cifra récord que, tras la pandemia aumentó en un 6% debido a la reactivación de la economía. Por eso, el uso de fuentes de energías renovables, entre ellas el hidrógeno, como reemplazo al uso de combustibles fósiles que muevan esa economía, es una de las principales y más urgentes medidas que se están impulsando en todo el mundo para reducir este tipo de emisiones y el calentamiento global, y en ese plano Chile tiene un potencial muy alto por sus condiciones climáticas y geológicas.

Actualmente, el hidrógeno se está desarrollando como combustible en automóviles y ya hay tres modelos en el mundo que lo utilizan y se encuentran en el mercado: el Toyota Mirai, el Hyundai NEXO y el Hyundai Clarity Fuel Cell. También se utiliza en la industria petrolera como reductor de azufre –uno de los causantes de la lluvia ácida– a través de la hidrodesulfuración, y además tiene un potencial para usarse en distintos procesos energéticos que pueden ayudar con la reducción de la huella de carbono que producen las industrias y las personas diariamente.

Chile ha avanzado durante la última década en la descarbonización de la industria energética, contando ya con más plantas instaladas de energías renovables que de no renovables. De hecho, de acuerdo con el reporte anual 2020 de la asociación gremial de las empresas generadoras de energía, ya para ese año el 51% de las plantas instaladas generan a partir de recursos como el viento y el sol, y el hidrógeno verde es parte importante de su producción.

Desde 2020, el hidrógeno verde es uno de los pilares de las políticas públicas que buscan hacer a Chile un referente a nivel mundial, siendo pionero en plantas de producción de energía renovable, tanto en el norte como en el sur del país. Así lo señaló el ex ministro de Energía Juan Carlos Jobet a fines de ese año, cuando lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la primera de su tipo de Latinoamérica:

“En el desierto del norte, con la radiación solar más alta del planeta, y con vientos fuertes y constantes en el sur, tenemos el potencial de energía renovable para construir 70 veces la capacidad de generación eléctrica que tenemos hoy. Esta abundante energía renovable nos permitirá ser el productor más barato de hidrógeno verde del planeta. Nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde tiene como objetivo tomar esta oportunidad y convertirla en realidad”.

¿Qué desafíos abre este contexto? ¿Cuál es el real potencial que tiene el hidrógeno como fuente energética? ¿Qué riesgos existen? Para dar respuesta a esas y otras preguntas, Puroperiodismo conversó con Erick Gatica, ingeniero civil químico y magíster en Ciencias de la Ingeniería, profesor de distintas universidades e investigador en proyectos de energías renovables, y miembro de H2vec, una agrupación de profesionales que promueve “los conocimientos del hidrógeno como vector energético, desarrollo de capital humano e implementación de proyectos, siempre desde un enfoque social”.

Erick Gatica, ingeniero civil químico experto en el uso del hidrógeno y parte de la asociación H2vec.

Los usos del hidrógeno

–Para comprender de qué se habla cuando hablamos del hidrógeno, ¿qué es y en qué se usa actualmente?

El hidrógeno es un carrier o vector energético, no es sólo un combustible, es mucho más, por lo que puede usarse en la metalurgia, en alimentos, en reacciones de hidrogenación… Se utiliza en varios tipos de industrias y, por lo tanto, hay bastante mercado. A partir del hidrógeno se puede hace amoníaco, que se utiliza para crear fertilizantes, también se utiliza para crear nitrato, componente de los explosivos que se utilizan en las mineras.

–Hace unos años apenas se hablaba de su uso como alternativa energética. ¿Qué ha hecho que se popularizara?  

Se ha debido a varios factores, ya que se conoce desde el siglo XIX y hay libros sobre sus múltiples usos. Lo primero es reconocer el tipo de hidrógeno. Hay tres tipos: el gris, que proviene del gas natural y vapor de agua, este al expulsar gas a la atmósfera tiene una huella de carbono. El azul tiene un proceso similar, pero este dióxido de carbono se guarda bajo tierra y no contamina. Y el verde, que es el más popular e importante, ya que este se obtiene de energías renovables como la solar y la eólica. Esta energía pasa por un proceso llamado electrólisis, En el que al agua (hidrógeno más oxígeno) se le agrega electricidad y se separa creando el hidrógeno. Este hidrógeno verde es una de las alternativas para la descarbonización y por eso se está masificando su uso y popularidad.

–¿Cuáles son los potenciales usos que se le podría dar al hidrógeno?

Uno de los usos podría ser el mezclar el gas natural y el hidrógeno para el uso en nuestras casas, bajando así la huella de carbono del gas. Otra aplicación es usarlo en las celdas de combustibles. Esto ya se usaba en la carrera espacial alrededor de los años ’60, cuando las misiones Mercury o las Apolo llevaban celdas de hidrógeno que, al mezclarla con oxígeno, generaba agua para los astronautas y electricidad para alimentar la nave.

–¿Qué aplicación tiene eso hoy?

En la actualidad también se está probando para variados tipos de transporte. Por ejemplo, en camiones que se moverán a base de hidrógeno verde que alimentará a las celdas de combustible y el único residuo que expulsará será agua, por lo que su contaminación será casi nula. Toyota creó un auto que se mueve a base de este elemento también. En un futuro se espera que barcos o aviones puedan moverse a través del hidrógeno verde. Incluso hay drones para uso agrícola y también para hacer registro satelital de propiedades. También hay un proyecto de la HIF (Highly Innovate Fuels) respaldado por Porsche que busca crear hidrógeno para utilizarlo en un reactor químico, en el que se utilizará el CO2 de la atmósfera con el fin de generar combustibles similares a la gasolina para utilizarlos en vehículos de combustión interna con huella de carbono cero.

–¿Cuáles son las diferencias entre un motor alimentado por hidrógeno y uno por batería o el típico a gasolina?

Hay varias diferencias. Los motores a batería (cómo un Tesla) se demoran mucho en cargar, teniendo que estar incluso horas esperando a que se cargue. El hidrógeno, en cambio, es mucho más rápido, y en cinco minutos un auto podría estar con el estanque lleno, muy parecido a lo que actualmente se hace con los autos a combustión bencinera o petrolera.

Otra diferencia es que los estanques de hidrógeno son complejos de crear –a diferencia de los autos eléctricos que no usan un estanque–, ya que deben funcionar a una presión demasiado alta, pues, comparándolo con un motor a petróleo, la energía en cuanto a volumen del hidrógeno es 10.000 veces menor al petróleo, por lo que se necesitaría un estanque gigante si no existe presión. Por eso se debe poner a alta presión, a 70 megapascales, que es una presión bastante alta si se considera que la presión atmosférica es de 0,1 megapascales, agregando también que los automóviles utilizan una presión mayor a la hora de almacenar este nuevo combustible en comparación a los camiones, así que debe haber una separación para ambos vehículos.

–¿No aumenta el riesgo de explosión con esas presiones tan altas?

Aunque pueda existir una explosión de este hidrógeno debido a la presión en un automóvil, la reacción será distinta a una de gasolina, donde la primera se puede asemejar a un soplete y la segunda puede provocar una explosión que rodea al automóvil.

–¿Cuáles son las mayores dificultades del uso de este elemento?

Las mayores dificultades surgen al transportar el hidrógeno, ya que al ser tan liviano puede incluso atravesar el acero u otros materiales y tener fugas, por lo que se transporta muchas veces cómo amoníaco para facilitar el proceso. Pero a medida que el desarrollo del hidrógeno vaya avanzando, estos problemas irán desapareciendo.

–O sea que la producción de hidrógeno verde está muy ligada con el desarrollo de otras fuentes energéticas renovables, como la solar y la eólica. ¿Cuáles son actualmente los mayores desafíos de estas tecnologías?

Los mayores desafíos están en poder abaratar el costo de estas energías renovables y la mejor forma de hacerlo es ir desarrollando con el tiempo estas tecnologías. Los paneles solares son cada vez más baratos y han aumentado su eficiencia, apoyado esto con políticas que ayudan al desarrollo y uso de energías sustentables que en el país han sido positivas en estos últimos dos años. Un ejemplo de esto son las clásicas plantas de energía solar fotovoltaicas, que sólo producen electricidad durante el día. Ahora, con el proyecto Cerro Dominador se ha podido hacer una evolución a esta tecnología, permitiendo crear electricidad durante las 24 horas del día gracias al método de concentración solar de potencia, con la que, gracias al sol, se calientan sales fundidas provenientes de una alta torre apuntada por miles de espejos gigantes (provocando el mismo efecto de una lupa y el sol), para finalmente calentar el agua y formar vapor que mueve una turbina, la que produce finalmente la electricidad durante las 24 horas. Es una planta pionera a nivel latinoamericano que pronto se replicará a otros proyectos a nivel nacional.

El hidrógeno verde en la política pública

–En 2020, el Ministerio de Energía publicó la hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, siendo el primer país de Latinoamérica en hacerlo. ¿Por qué crees que se tomó esa decisión?

El primer motivo es la accesibilidad a las energías renovables, y qué mejor lugar que Chile, con zonas en el desierto donde tienes grandes áreas de producción de energía solar y en la patagonia donde tenemos vientos muy fuertes, que pueden ser los vientos más privilegiados de mundo, ya que el factor de planta (capacidad de producción real de la planta a comparación de la potencia instalada) es de alrededor de un 55%-60%, que son números que manejan las plantas eólicas que hay en Europa en el mar. Pero los costos que hay al crear una estación en tierra, en comparación con el mar, son abismalmente menores. Por eso la Patagonia puede llegar a exportar el 13% de hidrógeno que se utilizará a nivel mundial para el año 2030 y también crear alrededor de 100.000 empleos alrededor del país con este proceso, ayudando también a la economía nacional, tal cómo lo hace la minería actualmente. En el norte, el mayor problema es la falta de agua, entonces cuando la desalinización del agua sea mayor, las plantas de energía solar pueden también aportar a la creación de este hidrógeno verde.

–¿Cuál va a ser el proceso para que estas energías renovables se distribuyan a nivel país?

Gracias al sistema interconectado nacional podemos recibir energía desde distintas plantas, ya sean renovables o no renovables. Durante el día, al tener una mayor producción de energía solar, uno espera que mucha de esa energía provenga de ahí, pero uno no sabe de donde proviene la energía que utilizamos cada día, sin embargo, las termoeléctricas aún son bastante importantes en porcentaje de energía producida en Chile [un 54% de las generación bruta del país esta en base a energías no renovables, como el carbón, gas natural o petróleo]. Entonces, el hidrógeno podría tomar otra ventaja en este proceso, ya que es más efectivo para la transmisión como carrier que en su forma eléctrica, por su menor pérdida energética. Por eso la gestión energética, tanto de la industria como de nosotros como consumidores, es importante para un efectivo ahorro energético.

–¿Por qué es importante la difusión de este elemento como parte esencial de las energías renovables?

La del hidrógeno es una carrera y Chile tiene ventaja grande con respecto a otros países importantes del mundo, entonces, es una oportunidad de desarrollo única para el país. Chile no sólo puede ser importante, sino que puede ser un protagonista en esta materia. Por ejemplo, somos líderes en la minería, pero podríamos ser líderes en el mercado del hidrógeno en el mundo. Eso tiene que ir de la mano con no dejar a nadie atrás y dar a conocer a la gente sobre los beneficios de este elemento para que se pueda masificar cada vez más su uso.

–¿Cómo se relaciona esto con la disminución de la huella de carbono de Chile?

Chile contribuye al 0,3% de las contaminaciones a nivel mundial, por lo que estamos muy lejos de lo que contaminan China o EE.UU. Pero podríamos ser capaces de producir el 13% mundial de hidrógeno [según un estudio del Ministerio de Energía], entonces pasaríamos ser uno de los líderes en el mercado de hidrógeno verde, ser más amigables con el medioambiente y luchar contra el cambio climático.

 Ver documento elaborado por el Ministerio de Energía en 2020:

Por Martina Araya y Maira Castillo*

*Este reportaje fue realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Taller de Reportajes y Perfiles, impartido por el profesor Franco Fasola.

La fibra más utilizada para producir ropa es el poliéster. Para fabricarlo, se utilizan alrededor de 70 millones de barriles de petróleo y tarda aproximadamente 200 años en descomponerse. El algodón, otro de los materiales más ocupados en la industria de la moda, demora entre uno y cinco meses en descomponerse, pero en vertederos puede demorar hasta cinco años.

Por esos motivos es que la industria de la moda ha sido catalogada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la segunda más contaminante y con mayor impacto ambiental del planeta. En especial, por el fenómeno de su producción masiva o también conocido como fast fashion, la moda de comprar, usar y botar.

Cientos de miles de prendas se producen día a día con el fin de cubrir la necesidad básica de vestimenta. El problema es que el consumo rápido de prendas está generando estragos en diversas comunidades locales. Este es el caso de la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde según dio cuenta en noviembre de 2021 un reportaje realizado por AFP y difundido en diversos medios de todo el mundo, parte del desierto de Atacama se ha convertido en un microvertedero ilegal de desechos textiles y en un foco de contaminación ambiental.

Bastián Barría, Angela Astudillo y Javiera Fernández, fundadores de la organización no gubernamental (ONG) Desierto Vestido, han sido parte de los movimientos que hoy buscan una solución a las consecuencias que ha dejado el fast fashion. Su idea nace producto de una iniciativa de la ONG CEUS Chile y la Oficina de Ingeniería de la Universidad de Chile para la sustentabilidad. Su propósito es abordar la temática relacionada con el medioambiente a través del fomento de la economía circular como una posible solución, visibilizando, educando y concientizando a través de las redes sociales sobre cuáles son las causales de la problemática del descarte textil en el desierto y cómo enfrentarlas.

Además de llevar a la práctica la economía circular, esta organización pretende lograr otras acciones respecto a la sustentabilidad de la industria textil. Sin embargo, denuncian la falta de recursos económicos para entrar en acción.

“Lamentablemente, para emprender o para realizar cierto tipo de acciones concretas y llevar a cabo los proyectos de la organización, necesitamos recursos económicos y justamente estamos en la búsqueda de ellos”, dice Astudillo.

Adidas, GAP, Levi’s, Forever 21 y H&M, entre otras reconocidas marcas presentes en el mercado chileno, han sido identificadas en una investigación de Desierto Vestido como las más repetidas en esta gigantesca montaña de ropa. A ellas se suma también una de las pionera del fast fashion: Zara, la marca de origen español que lanza alrededor de 52 colecciones al año.

El escenario no es muy distinto en la empresa H&M. Florencia Solís, ex trabajadora de la tienda, explica a Puroperiodismo que las colecciones de ropa llegan aproximadamente cada dos semanas y que las prendas que no se logran vender, se exhiben a precios rebajados. Pero hay casi siempre un sobre stock: la cantidad de ropa que llega y queda disponible para la venta no equivale a la misma cantidad de personas dispuestas a comprar, por lo que existe una sobreproducción de ropa y muchas de esas prendas terminan siendo desechadas, muchas veces sin siquiera haber sido usadas. Así se crea un círculo de producción constante que lamentablemente afecta a comunidades y condena a sus habitantes a realidades que distan mucho del glamour y el brillo de la industria de la moda.

Voluntarios de la ONG Desierto Vestido participando en una manifestación durante la jornada del Día de la Tierra (FOTO: Cortesía de Desierto Vestido)

Ley REP

Los efectos del fast fashion son cada vez más notorios, sobre todo en el ámbito medioambiental. En ese sentido, en un esfuerzo para impulsar una economía sustentable, en 2019 el Ministerio del Medioambiente, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) levantaron una hoja de ruta para impulsar una transición en economía circular. Entre las acciones establecidas está el desarrollo de estudios para que nuevos productos sean declarados como prioritarios e ingresen a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), vigente desde 2016.  Este es el caso de los textiles, residuos que a pesar de que cumplen todos los requisitos de contaminación en todos sus ejes, aún no están implementados formalmente en el cuerpo legal.

Esto no deja de ser un problema para las comunidades. Desde Desierto Vestido denuncian que esto se presta para irregularidades en las responsabilidades que deberían tener quienes importan esta materia, debido a que delegan la obligación a transportistas particulares para hacerse cargo de los desechos textiles, generando así las condiciones para que el desierto se convierta en un espacio de ropa desechada.

“Ellos –las importadoras– no dimensionan el daño que le hacen a las comunidades. Uno va al desierto y ve una montaña de ropa que hasta hace un tiempo estaba al lado de viviendas, familias que se tuvieron que ir dado el incendio que se provocó el año pasado”, señala Astudillo.

La moda es más que una simple prenda

Dejando de lado a la moda como una industria, María Pilar Uribe, periodista y editora de Franca Magazine, menciona que la moda también abarca eso que la gente busca mostrar y que pasa a ser una identificación propia de las personas, no solo algo que vende.

“No solo hay que entender a la moda como una simple prenda, sino que entenderla como un mundo. Eso es lo que hacemos en Franca Magazine, mostrar la industria de la moda como algo que tiene un impacto social”, dice.

Por otro lado, en el ámbito económico, la moda también deja de ser una simple prenda. El fast fashion ha dejado en evidencia que no importa el poder adquisitivo que se tenga para poder ser parte del mundo de la moda; es un bien de consumo transversal.

“En Chile, la gente de distintos estratos sociales consume en cuanto a ropa la misma cantidad: quienes tienen mayor poder adquisitivo compran cantidades similares a quienes no tienen ese poder”, explica Diego Abarca, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado.

Por su parte, Andrea Martínez, periodista y editora de Viste La Calle, menciona algo similar, tomando en cuenta que el fenómeno del fast fashion no ha existido desde siempre: “A fines de los años ’90, con los tratados de libre comercio, en Chile se facilitó la entrada del fast fashion. Desde ese momento se han abierto las puertas a las personas de bajos recursos a acceder al mundo de la moda”.

La moda no es más que un reflejo de lo que está pasando en la vida real, no es superficial. Es una forma de comunicación que, sin duda, nunca ha dejado de ser poderosa. Chile es el mayor importador de ropa usada en la región y se estima que al año, solo por la zona franca de Iquique, ingresan unas 59.000 toneladas provenientes de todo el mundo. Es también el país con mayor consumo textil de Sudamérica, y según un reporte de ICEX, en los últimos cinco años el público chileno ha aumentado en un 80% su adquisición de ropa, pasando de 13 a 50 nuevas prendas en promedio al año.

Esta industria es, en definitiva, una de las que mueven la economía, por lo que es imperativo que no solo las empresas sino también los y las consumidoras piensen la forma en la que se produce y reproduce. “Es imposible eliminar el fast fashion, lo que se debe hacer es replantear el consumo de ropa que se está generando”, sentencia Uribe.

El sábado 26 de marzo, el Presidente Gabriel Boric promulgó una reforma al Código de Aguas que se tramitaba desde 2011 en el Congreso. Los principales puntos de esta última modificación contemplan un cuidado más ecológico de los ríos y cuencas, priorizando el consumo humano del agua por sobre las actividades extractivas con fines comerciales, que hoy concentran la mayor parte del recurso disponible. Con ella también se otorgan mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para fiscalizar y regular el uso del agua, y pone fin a uno de los aspectos más cuestionados de la normativa que está vigente desde 1981: la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de aprovechamiento. Todos los derechos que se otorguen de ahora en adelante tendrán un plazo fijo de 30 años y, además, se establece un mecanismo para que el Estado recupere derechos asignados que no se encuentren correctamente registrados.

Si bien lo considera un gran avance, André Moreau, ingeniero agrónomo y asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), institución que pertenece al Ministerio de Agricultura, plantea en esta entrevista con Puroperiodismo que la reforma es insuficiente y “llega un poco tarde”. 11 años, para ser exactos.

André Moreau, asesor de la Comisión Nacional de Riego.

–En su anuncio, el Presidente Boric decía que esta reforma “prioriza el acceso para consumo humano y permite encaminarnos hacia una transición hídrica justa” ¿Cómo se verán reflejados esos compromisos en los hechos?

La transición hídrica tiene que ver con avanzar hacia un nuevo sistema nacional de gestión del agua, una nueva forma de administrar los recursos que garantice la seguridad hídrica, lo que significa que todos los usuarios (seres humanos, caudales y ecosistemas) tengan el agua suficiente para satisfacer sus necesidades. Esta reforma implica transitar a un sistema de gestión de las aguas que garantice esa seguridad hídrica, y eso pasa por realizar cambios importantes en la manera en cómo nosotros gestionamos el agua en Chile. Con eso me refiero a reformas legales, administrativas y organizacionales.

–¿Y eso está claramente plasmado en esta nueva reforma al Código de Aguas?

En parte sí, pero todavía no totalmente. Según se establece en el Programa de Gobierno del Presidente Boric, la reforma actual al Código de Aguas avanza sustancialmente hacia el objetivo de la transición hídrica, sin embargo, se queda corta en varios aspectos. Por ejemplo, en un cambio profundo al modelo de gestión del agua, no aborda del todo la institucionalidad hídrica ni unifica las competencias del Estado en materia de agua en Chile. Actualmente son 56 las instituciones relacionadas con la gestión del agua; eso es enorme y provoca una dispersión altísima, lo que a su vez dificulta hacer una política integrada de las aguas a nivel de las cuencas.

–¿No se resuelve el problema de raíz?

Es que ese es el gran desafío que tenemos y esta reforma al código de aguas no resuelve el problema del todo; avanza parcialmente hacia allá, pero no lo soluciona completamente. Todavía queda una brecha por atender y eso será una tarea para las instituciones que vengan posteriormente.

–Cuando dice que vendrá después, ¿considera que es tarea de la Convención Constitucional establecerla en la propuesta de nueva Constitución? ¿Debe ser un código completamente nuevo?

Yo creo que es muy importante tener un nuevo Código de Aguas si la nueva Constitución establece un nuevo régimen jurídico de las aguas y que éstas tienen que ser gestionadas a través de una autoridad nacional única, donde participen todos los actores de una cuenca. No sólo los titulares de derechos de aguas –cómo es actualmente–, sino que todas las personas que participan de la extracción.

El Código de Aguas actual está pensado para operar bajo los marcos de la Constitución de 1980, por lo tanto, quedaría automáticamente obsoleto si la nueva Constitución establece estos nuevos estatutos jurídicos. Todas estas son propuestas que actualmente están sobre la mesa en la Convención, son políticas que se están debatiendo y si eso se llegara a aprobar, sí debiera haber un nuevo Código de Aguas.

–La ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, también planteaba que en esta reforma queda establecido que el agua es “un bien nacional de uso público”. ¿Eso no estaba ya escrito así antes de la reforma?

Efectivamente, el Código de Aguas ya señalaba que el agua es un bien nacional de uso público, sin embargo, esta reforma va mucho más allá. Profundiza el carácter del concepto y lo refuerza. Además, le entrega ciertos instrumentos y herramientas que permiten hacer efectiva esa definición. El código, cómo estaba anteriormente, quedaba en letra muerta. La reforma reafirma ese carácter, fortalece esa definición fundamental a través de distintos aspectos.

–¿De qué forma?

Por ejemplo, al momento de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), se establece en el Código vigente que tiene que resguardarse la preservación del ecosistema, la viabilidad del agua, la sustentabilidad de los acuíferos y debe tener un equilibrio entre funciones productivas y las de consumo humano.

–¿Y todo esto deberá verlo la Dirección General de Aguas (DGA)?

Sí, establece que la DGA, que es el órgano rector de las aguas en Chile, puede hacer uso de herramientas mucho más fuertes en términos de intervenir una cuenca cuando está en riesgo el abastecimiento de agua potable. Entonces, le otorga mayores facultades al Estado para hacerse cargo de la garantía del acceso al recurso hídrico y establece varios elementos que hacen realidad la definición del agua como bien nacional de uso público.

Hay más potestades para sancionar por parte de la DGA, más facultades para exigir información a los titulares de DAA, varias medidas que avanzan y eso es un logro respecto al Código de Aguas anterior. Era una definición que estaba de alguna manera en el aire y no se hacía patente en la práctica.

–Con respecto a las nuevas facultades de la DGA, vía Ley de Transparencia se pudo conocer el número de fiscalizadores por región. En Ñuble sólo hay dos, y una región con una importante escasez hídrica, como Valparaíso, cuenta con apenas siete para todo el territorio. ¿Cómo podrá cumplir la DGA esas nuevas facultades si no tiene los recursos humanos para hacerlo?

Ese es un problema estructural. Claramente, la DGA tiene escazas facultades para operativizar. Eso sí, se aumentaron los recursos y van a seguir otorgando más a propósito de estos escenarios crecientes de escasez hídrica que tenemos. Aún así, no es suficiente, tendríamos que tener un contingente enorme y seguiría siendo insuficiente, porque esto no se resuelve con mayor fiscalización, sino que a través de una gobernanza a nivel de cuencas donde participen todos los actores. Ellos saben mejor que nadie cómo se están utilizando los recursos hídricos en cada río.

Pueden aumentar los recursos de la DGA a nivel de fiscalización, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Por lo tanto, soy crítico de esta nueva reforma al Código de Aguas porque es insuficiente. Es un avance importante, sin dudas, pero llega un poco tarde porque demoró 11 años su tramitación y estamos en un nivel de crisis hídrica que ya está llegando a niveles insostenibles.

La demanda por una reforma a la gobernanza del agua en Chile ha ido tomando fuerza en lo últimos años, al tiempo que las zonas de escasez hídrica aumentan. (Foto: Biblioteca del Congreso Nacional)

No más derechos de agua perpetuos

–¿Cuál es el gran cambio de los derechos de aprovechamiento de agua en esta reforma?

Cambian varias cosas. Los nuevos DAA que se otorguen ya no van a tener un carácter de indefinidos o permanentes, sino que van a ser temporales. Se van a otorgar a través de una concesión y su duración será de 30 años, lo que estará sujeto a la disponibilidad de agua que exista y a la sustentabilidad del acuífero, para el caso de las aguas subterráneas. Es una cosa fundamental, ya que todos los derechos anteriormente otorgados son permanentes. Eso sí, la temporalidad no toca los derechos ya otorgados.

Lo otro importante que podría llegar a afectar a los derechos ya cedidos es que, si no se inscriben en el conservador de bienes raíces, en el libro de propiedad de agua y en el catastro público de aguas (que lleva la DGA), estos derechos no inscritos van a caducar en un plazo de cinco años desde que se publica la ley, es decir, vuelven al Estado.

–¿Quién se verá principalmente afectado con este punto de la reforma?

Eso evidentemente es un riesgo más que nada para los pequeños agricultores, quienes tienen menos acceso a asesoría legal, tienen pocos recursos y escaso acceso a la información, por lo tanto ahí juegan un importante las instituciones publicas, quienes deberán evitar que caduquen los derechos de los más vulnerables, porque para las empresas más grandes es fácil regularizar.

–¿Cuál cree que es el punto de la reforma que tendrá más repercusiones?

A mi juicio, lo más relevante es que se establece la temporalidad de los DAA, es decir, los derechos dejan de ser permanentes y adquieren un carácter temporal de 30 años a modo de concesión, y no quedan en manos del titular hasta el infinito. Ese para mi es el corazón de esta reforma y siento que es un precedente muy importante para lo que viene por delante, porque, en mi opinión, el carácter temporal debiese aplicarse para todos los derechos de aprovechamiento de agua. Es más, soy de la idea de que el otorgamiento a los usuarios no debe ser un derecho de propiedad, sino que tiene que ser una concesión, una licencia o un permiso que tenga un tiempo específico y que deba ser renovada siempre y cuando se justifique su uso.

–Aun así, 30 años es mucho… 

Claro que sí, en un escenario de cambio climático galopante es mucho tiempo. Es demasiado generoso, incluso para los proyectos agrícolas y plantaciones frutales que son los trabajos que más tiempo requieren. Incluso el plazo debiese ser ajustable según la actividad productiva.

Ver detalle de la Reforma al Código de Aguas: