En los últimos años se ha producido un alza importante de doctores y profesionales de la medicina en general –del sector público y privado— que han sido demandados por negligencias o malas prácticas. “Hay situaciones en las que ciertamente hubo un error médico, pero también se dan otros factores, como la publicidad exagerada que en algunos casos reciben eventuales acciones médicas”, cuenta el doctor Luis Ciocca, Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la revista de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile.

Por una parte, esto ha devenido en el encarecimiento de la medicina, ya que algunas de las medidas que han adoptado los doctores para evitar ser llevados a tribunales es pedir una gran cantidad de exámenes —muchas veces innecesarios— antes de tomar cualquier decisión respecto del paciente. A la vez, este fenómeno tiene otra consecuencia importante: “La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Todo esto fomentó el surgimiento de un nuevo mercado sumamente atractivo. Porque no es menor que en Chile haya alrededor de 25 mil médicos, vale decir, 25 mil potenciales clientes que se pelean las compañías de seguros y los abogados del país. Además de enfermeras, odontólogos y el conjunto de profesionales de la salud que son el target de este mercado. En ocasiones las aseguradoras trabajan junto a firmas de abogados y, en otras, cada uno sale a buscar clientes por su cuenta.

La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Últimamente, el seguro de Responsabilidad Civil que más se ha extendido en Chile es el que contratan los doctores para protegerse del incremento de juicios por negligencia médica. “Efectivamente se ha producido un alza en la contratación y también en sus precios; dependiendo de la especialidad del doctor y de la siniestralidad que ésta implica”, dice Sergio Troncoso, anestesista del Hospital Exequiel González Cortés y de la Clínica Tabancura. Es así como al encarecimiento de la salud en Chile debido a su judicialización, se le suma el aumento de las primas de los seguros.

Según la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile (FALMED), las proyecciones apuntan a que la curva se acercará al mercado estadounidense, donde este tipo de seguros representa casi el 50 por ciento del total de los Seguros Generales.

Hoy, son cinco compañías las que llevan la delantera en el mercado: MAPFRE, Chilena Consolidada, Renta Nacional, Aseguradora Magallanes y RSA.

En general, los doctores contratan por opción propia, pero muchas veces tienen que hacerlo ya que es un requerimiento de su lugar de trabajo. Como les sucedió a Octavio Reyes y Sergio Troncoso. “Las instituciones no proveen asesoría jurídica y menos costear una eventual indemnización. Pero hay excepciones, ya que algunas protegen a sus empleados pagando los respectivos seguros”, cuenta Carla Robledo, abogada del Estudio Carvallo y asesora de médicos e instituciones de salud.

Hasta ahí todo bien. Puede considerarse obvio que frente al escenario judicial descrito, las clínicas y hospitales exijan que sus empleados estén protegidos. Sin embargo, existen precedentes para no desatender este punto.

En 2005, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formuló un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de este tema. El requerimiento señalaba que Integramédica S.A. obligó a los doctores que trabajaban en sus centros, bajo amenaza de desvinculación, a contratar la asesoría legal ofrecida por el estudio jurídico Carrasco y Compañía Limitada y el seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica de la Aseguradora Magallanes. Por una parte, la FNE dio cuenta de que esta institución de salud abusó de la relación de dependencia económica en que se encontraban sus empleados y, por otra, de la competencia que se ha generado en el mercado relevante de seguros de Responsabilidad Civil y asesoría legal para profesionales de la salud. “En estos casos se deben revisar los contratos, porque un acuerdo entre privados te permite muchas cosas. Ahora, hay algunos que se transforman casi en contratos de adhesión, y que si bien es cierto el médico concurre con su voluntad, se debe atener a las cláusulas que el otro ha puesto”, cuenta Paulina Milos, abogada que defiende a médicos, clínicas y hospitales.

En 2006, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó el requerimiento por considerar que Integramédica S.A. estaba en su derecho de exigir a los profesionales que contrataran asesoría legal especializada y un seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica. Sin embargo, el tribunal exhortó a esta institución a garantizar que el proceso fuera transparente, en igualdad de condiciones para los participantes y con el necesario resguardo de la libertad de cada médico para contratar estos servicios en forma independiente.

EL LIDERAZGO DE FALMED

Esta fundación fue creada en 1994 por el Colegio Médico de Chile y tiene sucursales en todo el país. FALMED trabaja sólo con doctores, no con hospitales, clínicas o centros de salud. Para acceder a la asesoría y defensa legal y al seguro de Responsabilidad Civil que tienen con MAPFRE, los afiliados a FALMED –que a su vez deben ser miembros del Colegio Médico- pagan $17.000 mensuales. “Este es un seguro flotante, porque no tiene el nombre de una persona, sino que el de un grupo, entonces se le aplica al médico que lo necesita”, señala Paulina Milos.

Hoy existen más de 10 mil médicos afiliados a la fundación, y la cifra de profesionales que los han contratado durante este año supera los mil. “Multiplicado por 17 mil pesos es una bonita cantidad. FALMED tiene casi el 50 por ciento de los médicos. Y probablemente sean los que tienen más riesgo”, dice Milos.

La fundación señala que en más del 99 por ciento de sus juicios, los resultados han sido exitosos para los médicos. “He ido a mesas redondas con Juan Carlos Bello, abogado jefe de FALMED, y él dice que están invictos porque no han perdido ningún juicio. Pero distinto es ganarlo, porque muchas veces no perder significa que éstos han quedado en el camino; ya sea porque el juicio se alarga, el paciente desiste o no se puede probar nada”, cuenta la abogada.

EL MENOR COSTO POSIBLE

Contratar un seguro de este tipo es transferir el riesgo a la compañía, para que en el caso de que haya un problema, no sea el profesional de la salud el que asuma los costos. Pero eso lleva de la mano algunas renuncias, y la principal es renunciar a la defensa. “Ninguna aseguradora permite al médico afiliado ser defendido por un abogado que no sea de la compañía, o que el doctor llegue a un acuerdo con el paciente sin que ellos lo aprueben”, asegura Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes.

De hecho, la tercera cláusula del Convenio-Mandato de FALMED indica que sólo en casos excepcionales, calificados por el Directorio, se podrá decidir que la defensa del afiliado sea asumida por abogados externos a la fundación. Asimismo, la cláusula décimo primera señala que el afiliado no tiene derecho a exigir el pago de indemnización alguna si ha llegado a un acuerdo, convenio y/o transacción extrajudicial que se genere en el marco de una mediación pública o privada en la que FALMED, en su calidad de mandatario, no haya participado.

Es cierto que son cláusulas que pueden ser consideradas típicas de un contrato cualquiera con una compañía de seguros. Pero aceptarlas va, de alguna forma, en detrimento de la dignidad o el prestigio del médico; a la vez que daña su relación con el paciente. “Muchas veces pasa que cuando van a juicio, a las compañías aseguradoras no les interesa defender al profesional; eligen más bien pagar una indemnización al paciente antes que poner a un abogado en el que se va a gastar mucha más plata. Ir o no a la mediación ya no queda en manos del médico, porque está obligado a comunicarse con las aseguradoras o de lo contrario pierde el seguro. Está bien, su negocio es el menor costo posible, pero hay que saberlo”, señala Milos.

MEDIACIÓN

En 2005 entró en vigencia en Chile la Ley 19.966 de Mediación en Salud. Es una instancia obligatoria —en teoría— antes de ir a juicio por Responsabilidad Civil. Y consiste, a grandes rasgos, en un acuerdo entre las partes asistido por un mediador; quien no toma decisiones ya que sólo actúa como facilitador del arreglo. Los profesionales e instituciones del sector público comparecen ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el servicio es gratuito. En el caso del sector privado, las mediaciones son llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, y tienen un costo de hasta $200.000.

Con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público.

En un principio, la reacción de las aseguradoras fue no ir a mediación. Sobre todo porque sus abogados están preparados para litigar, no para mediar o conversar. “Iban a juicio porque en el 90 por ciento de los casos no se pagaba ni siquiera indemnización a los pacientes. Ha sido terriblemente difícil levantar la iniciativa”, cuenta Paulina Milos.

En este sentido, Carla Robledo señala que mientras los intervinientes no comprendan que el mecanismo no pasa necesariamente por un acuerdo monetario, es poco lo que realmente se puede avanzar en este sentido.

Sin embargo, con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público. Muchas veces, las personas no buscaban indemnización en dinero y quedaban tranquilas con una explicación, una disculpa, con el pago de los gastos médicos o una nueva atención. “Entonces, si disminuye el gasto a través de la mediación, las compañías van a optar por esta alternativa”, dice la abogada.

De hecho, FALMED ha incentivado la opción y se ha propuesto desjudicializar la salud; además de propiciar instancias de difusión y capacitación de los doctores sobre las áreas de riesgo profesional. “Pero tendrán que ver cómo transforman el sistema para que el médico siga pagando su seguro”, señala Milos.

LOS ABOGADOS

La judicialización de la medicina abrió, por defecto, un campo laboral atractivo para los abogados, muchos de los cuales se abocaron a defender pacientes. “Este aumento se debe principalmente a la cultura litigiosa existente en nuestra sociedad actual, que busca encontrar culpables frente a resultados adversos o no queridos en medicina”, asegura Carla Robledo. Por su parte, Cristián Wöhler, urólogo de la Clínica Santa María, sostiene que incluso hay abogados que se dedican a defender pacientes e indagan qué doctores tienen seguros contratados, y a ellos los demandan.

Fue así como también proliferaron los abogados que en la actualidad se dedican a defender doctores, clínicas y hospitales en causas por negligencias médicas o malas prácticas. A la vez, son contratados para realizar asesorías extrajudiciales y charlas preventivas sobre materias legales. Dentro de este contexto, la abogada Samanntha Carrasco lleva la delantera en el mercado: “Ella es ex FALMED y tiene un número importante de médicos en su estudio, entre dos y tres mil”, cuenta Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes. “La responsabilidad médica exige gran preparación y una alta especialización”, dice Robledo.

Paulina Milos, que también es directora del Magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes, cree que los estudios tienen abogados con buena formación en Responsabilidad Civil, pero no en Derecho Sanitario o Derecho de la Salud, una nueva rama de esta profesión. “Para un abogado es muy difícil reconocer un medio de prueba dentro de un hospital: qué estadísticas, registros, indicadores o estándares llevar a juicio. Por ejemplo, es probable que no se les ocurra utilizar la acreditación de una clínica como elemento a mostrar al juez. Y tampoco conocen que hoy todos los médicos, odontólogos y profesionales en general tienen que estar en el registro que lleva la Superintendencia de Salud; o que todas las clínicas deben contar con una autorización sanitaria”, sostiene.

Es innegable que la medicina es un excelente negocio, y que siempre se pueden encontrar nuevas formas de entrar en el mercado. En este caso, el público objetivo son los miles de profesionales de la salud que pagan para protegerse frente a eventuales demandas. Pero al mismo tiempo, este precio es “compartido” con otros: “Al final, el seguro lo paga el paciente”, concluye el doctor Sergio Troncoso.

A Cecilia Pino (22) le atrajo la idea de obtener dinero a cambio de un tratamiento médico. De esto se enteró gracias a una ex compañera de colegio. Fue así como en julio asistió al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) donde se realizó un examen de sangre por el que recibió ocho mil pesos. Luego, tras ser clasificada, le tomaron nuevamente una muestra de sangre, y le inyectaron, en diferentes sesiones, cobre o placebo (sustancia inocua que carece de valor terapéutico directo). Cecilia no supo cuándo se trató de una sustancia u otra. La incógnita fue parte del estudio. “Se supone que querían comprobar los efectos del cobre en la sangre”, dijo Cecilia. Después de eso tuvo que tomar dos pastillas diarias durante dos meses. “Me dijeron que no corría ningún riesgo y acepté”. Fueron cuatro muestras de sangre y un total de sesenta mil pesos en su bolsillo al final del proceso. Los resultados quedaron en reserva para el INTA.

Un similar estudio se planteó a los alumnos entre 11 a 17 años del Liceo Polivalente Santa Juliana, ubicado en Recoleta. Dos enfermeras del Centro para Vacunas en Desarrollo-Chile (CVD-Chile) se presentaron en dicho liceo y explicaron que eran parte de un equipo de médicos y enfermeras especialistas en investigación de vacunas y que estaban reclutando voluntarios —previa autorización de uno o ambos padres— para el estudio de una nueva vacuna contra el meningococo grupo B. Según el CVD-Chile, este estudio comenzó en junio de 2008 en colegios de Peñalolén y Lo Barnechea, y los estudiantes que han participado bordean los 900.

Los meningococos que causan más problemas se denominan A, B, C, Y y W-135. Para todos existe una vacuna efectiva, menos para el B. Es por eso que la compañía Novartis Vaccines and Diagnostics está realizando estudios en diferentes países y en personas de diferentes edades para demostrar que la vacuna es segura y capaz de estimular al organismo para producir defensas contra el meningococo B.

El meningococo B afecta generalmente a niños y adolescentes. Según el CVD-Chile, el estudio busca “averiguar cuántas dosis se necesitan para alcanzar una buena respuesta de anticuerpos y qué tipo de molestias o efectos no deseados pueden producir en niños y adolescentes de 11 a 17 años de edad”.

Karen Caroca (17), de tercero medio, fue una de las alumnas del liceo que aceptó unirse al estudio que durará doce meses. Ella tendrá siete citas con los médicos del Hospital Roberto del Río, le tomarán seis muestras de sangre de 15 ml. cada una, en cuatro oportunidades recibirá la vacuna o placebo, y le harán una prueba de embarazo antes de administrar cada dosis para evitar efectos dañinos en una eventual gestación (las embarazadas no pueden participar en el estudio). “Me gusta arriesgarme, pero no es algo así como así; hay hartos voluntarios más involucrados”, y agrega que pasa por tres enfermeras que la miden, la pesan, le preguntan cómo se ha sentido y cuál fue su último periodo menstrual. “No falta la broma por embarazo”, cuenta Karen, quien recibirá diez mil pesos de reembolso por gastos de movilización cada vez que acuda a una citación del estudio.

Según el CVD-Chile, todos los participantes recibirán cuatro inyecciones. “Algunos recibirán solo una dosis de vacuna; otros dos dosis, y otros tres. Las demás inyecciones serán de placebo”. Además, ni los padres, ni los alumnos, ni los médicos sabrán qué esquema recibió cada uno; solo la enfermera encargada.

RIESGOS Y BENEFICIOS DE SER VOLUNTARIO

Según el documento de asentimiento informado del CVD-Chile, dirigido a los alumnos, “la vacuna puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón, endurecimiento o moretón en la zona del pinchazo”, como también “fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor de las articulaciones y otros efectos que podrían no estar mencionados aquí”. En el caso de que algún participante sufra alguna enfermedad provocada por los procedimientos o productos del estudio, Novartis Vaccines and Diagnostics cuenta con un seguro médico para los pacientes.

Con respecto a los beneficios, se menciona que como la vacuna en estudio está en etapa de investigación, no puede asegurar protección contra el Meningococo B.

Con respecto a los beneficios, se menciona que como la vacuna en estudio está en etapa de investigación, no puede asegurar protección contra el Meningococo B. “Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora indican que hay buenas posibilidades de que la vacuna aumente las defensas contra el microbio”.

Valeria (17) —quien pidió reserva de su apellido— es otra alumna del Liceo Polivalente Santa Juliana, pero, a diferencia de Karen Caroca, se opuso a ser parte del estudio. “No me presto para estudios que no tendré la completa seguridad de qué es lo que se estará haciendo conmigo. En el último de los casos, si necesitara la vacuna, la compraría cuando estuviera a la venta”, dijo.

Según Mary Torres, médico de la Universidad de Chile, “el estudio está aprobado en otros países (Estados Unidos y Suiza) y ha pasado por un comité ético. Una parte del estudio te puede garantizar que no te va a pasar nada grave. Sin embargo, se da cabida a posibles riesgos, pero lo más probable es que no se produzcan. Con respecto a la vacunación, podría haber discrepancias en el hecho de que se esté pagando, pero el pago que reciben es netamente por costos de traslado”.

Según CVD-Chile, el estudio fue autorizado por el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Chile, por el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y por el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Se espera que participen 1.625 personas. En Chile no se vende ninguna vacuna contra el meningococo grupo B. El Instituto de Salud Pública solo ha autorizado la venta de la vacuna contra el meningococo grupo C a través de algunos vacunatorios privados. El Ministerio de Salud de Chile no distribuye estas vacunas, salvo en casos de brotes o epidemias.

En una banca verde, ubicada entre un vendedor de hamburguesas de soya y un comerciante de libros se encuentra un hombre de estatura baja, pelo gris y bigote oscuro. Viste un pantalón negro y una polera azul algo gastada. En sus manos arrugadas y pequeñas tiene el suplemento de cultura de un diario de circulación nacional, que acerca cada vez más a su cara para leer la información que le interesa. Su nariz transpira, mientras se levanta a ordenar las artesanías creadas por él mismo gracias a una técnica especial que aprendió en Francia. Los minutos pasan y el calor lo lleva a posar bajo la sombra de uno de los edificios de la Universidad Alberto Hurtado. En el lugar se ve más tranquilo y sonriente. Su rostro ya no está afligido y el sudor que secó con sus manos ya no lo acompaña. Sus gafas negras y grandes cubren casi todo su rostro. Con su mano derecha levanta los lentes unos segundos. Sus ojos rojos y pequeños demuestran que su vista está dañada.

Su nombre, irónicamente, es Homero. Como el del escritor ciego de la Odisea. Su apellido es Figueroa. Y con angustia se ha percatado como su nombre no avanza en la lista de espera para consultas oftalmológicas.

La escasez de oftalmólogos en el sistema público y los pocos incentivos gubernamentales provocan que miles de chilenos pasen meses esperando una solución para los oscuros días que viven.

Figueroa tiene 51 años. Hace cinco años se percató de que algo pasaba en su vista. Acudió al consultorio y luego de varios intentos, consiguió la anhelada consulta oftalmológica. Su médico era el “doctor Pinilla”, recuerda el hombre. El diagnóstico fue concreto: cataratas. El doctor le explicó los procedimientos a seguir y le dijo que en el consultorio se encargarían de informales el día y la hora de la intervención. El tiempo transcurrió y nunca se comunicaron con él. Figueroa decidió que no se quedaría de brazos cruzados: “Iba todos los días a molestar al consultorio. Cuando veían que yo venía como que trataban de hacerse los tontos, pero yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que solucionaran mi problema”, señala mientras observa a las personas que pasan. Según Figueroa, pese a la insistencia no tuvo una respuesta positiva. “Me vi en la obligación de ir a la consulta particular del doctor Pinilla para exigir explicaciones. Ahí le reclamé y le pedí que me operara. Yo creo que el doctor se aburrió y me citó la semana siguiente para operarme”, recalca con orgullo demostrado en una sutil sonrisa que deja a la vista sus dientes amarillos. De ese entonces han pasado cuatro años y los problemas visuales volvieron a ocupar un papel protagónico en su vida. Desde enero que se encuentra en la lista de espera del consultorio por molestias y ardor en sus ojos que constantemente están rojos. Diez meses en los que la preocupación respecto a su salud ocular se ha intensificado. “Mañana mismo iré a molestar al consultorio. No es posible que las personas que no pagamos por salud nos veamos imposibilitados de tener una atención médica digna”, remató.

OFTALMOLOGÍA EN CHILE

En Chile existen cerca de 780 oftalmólogos para una población de más de aproximadamente 16 millones de habitantes, según la Sociedad Oftalmológica de Chile. Es decir, un especialista por cada 21.000 personas. Esta cifra, a pesar de que está por sobre los índices de otros países latinoamericanos es todavía deficiente para la cantidad de pacientes que presentan alguna anomalía. Los datos así lo confirman. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, hasta diciembre del 2007 existían 323.928 personas que llevaban más de dos meses esperando atención en especialidades médicas. De ese número, 89581 casos –casi un tercio- pertenecía a pacientes en espera de consultas oftalmológicas.

En Chile existen cerca de 780 oftalmólogos para una población de más de aproximadamente 16 millones de habitantes, según la Sociedad Oftalmológica de Chile.

La Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, CONACEM, entidad privada que se encarga de “efectuar el reconocimiento de especialistas, en determinados campos o áreas del ejercicio profesional, a los médicos cirujanos que así lo soliciten”, como se informa en su página web, tiene a 10.676 profesionales inscritos, repartidos en 52 especialidades. El número de oftalmólogos acreditados alcanza los 393, cifra que representa solo el 3,68% del total, siendo esta una de las especialidades menos numerosas.

Las universidades que imparten el postgrado son la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad de Los Andes, Universidad de Valparaíso. En la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) afirman que los cupos entregados para oftalmología dependen de cada entidad universitaria. La Universidad de Chile es la que otorga más becas con 10 cupos, la sigue la Universidad Católica con 4, luego la Universidad de Concepción con 3, la de Los Andes con 2 y, finalmente, la Universidad de Valparaíso con 1.

Pueden postular todas las personas que tengan en su poder el título de médico cirujano aprobado en universidades nacionales como internacionales, además de ser menores de treinta años. El costo del postítulo es similar en las casas de estudio. En la Universidad de Chile el valor bordea los tres millones y medio de pesos, que multiplicados por los tres años que se prolonga la especialización asciende a casi once millones. Los métodos de financiamiento varían. Están los profesionales que costean el postítulo en forma particular. También están los candidatos que por su desempeño académico son becados por la casa de estudios a la que pertenecen, y finalmente están las becas entregadas por el gobierno, llamadas becas de retorno, que van dirigidas a los Médicos Generales de Zona, especialistas que trabajan en sectores aislados con la intención de obtener una especialización.

A comienzos de este año existió un conflicto entre estos últimos y el gobierno, porque el Ministerio de Salud no había otorgado becas de especialización. Los Médicos Generales de Zona amenazaron con detener sus funciones y las conversaciones con la cartera dirigida en ese entonces por María Soledad Barría dieron sus frutos. En el caso de la oftalmología el número de becas no subió, tampoco bajó: se mantuvo en 7. Desde el 2001 al 2008 las becas han ascendido solo en una unidad, a pesar de que la población en Chile crece cada vez más. Esa es la crítica que hace Figueroa frente al déficit de oftalmólogos en el sistema público. “Es el colmo que no se regularice esta situación, porque los que nos vemos más afectados somos aquellos que no tenemos dinero para acudir a las consultas de los oftalmólogos en clínicas privadas”. Y los cuestionamientos siguen.

¿PORTADORES DE LA VERDAD?

A la reunión congregada por la directiva de la Sociedad Chilena Oftalmológica en la sede de la institución ubicada en la calle Luis Pasteur, comuna de Vitacura, comienzan a llegar todos los miembros. El primero en la sala de juntas es el presidente de la entidad, el doctor Sergio Morales, quién está sentado en la punta de la mesa revisando algunos papeles. A momentos lo interrumpe Alejandro Siebert, vicepresidente de la sociedad quien espera su oportunidad para dar su opinión respecto a las acusaciones de ciertos sectores de la sociedad para contra su profesión.

«Existe un mito de que los oftalmólogos restringimos el número de especialistas, y ese es un mito lleno de falsedad y envidia, ya que los únicos que determinan el número de cupos son las universidades”, dice Sergio Morales, presidente de los oftalmólogos.

La Sociedad Chilena de Oftalmología nació en 1931. Desde ese entonces su principal tarea ha sido promover, perfeccionar, proteger, desarrollar y organizar a la Oftalmología, preocupándose del prestigio y de parámetros éticos. En ese marco es que deben preocuparse por proteger su profesión de las críticas de todos los sectores sociales. Tiempo atrás, el economista Claudio Agostini, en una columna llamada Los Privilegiados en Chile, señaló que se sabía que los oftalmólogos controlaban el número de becas que se asignaban anualmente, limitando así la oferta de estos especialistas. Él, al igual que muchos otros chilenos como Figueroa, ha sostenido una idea que se ha mantenido en la opinión colectiva.

Morales, el presidente de los oftalmólogos, contradice esa noción: “Existe un mito de que los oftalmólogos restringimos el número de especialistas, y ese es un mito lleno de falsedad y envidia, ya que los únicos que determinan el número de cupos son las universidades”.

Respecto a la posición sobre la espera de los pacientes, la sociedad afirma que en Chile el tiempo de espera es inferior a cuatro meses, mucho más rápido que en Londres y Canadá , lugares en los que los pacientes deben esperar más de un año, incluso seis para ser atendidos. Pero ¿es ese un consuelo para las personas que deben atenderse en el servicio público?

La Presidenta Michelle Bachelet en su discurso el 21 de mayo prometió que se contrataría a 500 especialistas con sueldos de 2,5 millones de pesos. Pese a los esfuerzos puestos por el gobierno, sólo un pequeño número de las vacantes se ha llenado. Es más, Michel Mehech, coordinador de Oftalmología de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello sostuvo que el problema en el déficit oftalmológico en Chile era producto de que sólo el 26% se desempeña en el Sistema Público de Salud, situación que Morales descartó. “Los cargos que ofrece los servicios públicos están llenos”, dijo mirando a sus demás compañeros. “Y no hay más”, sentenció Alejandro Siebert.

LA CONTRAPARTE

Mac Iver 225 acoge a la Superintendencia de Salud. En el segundo piso está el superintendente Manuel Inostroza, quien luego de varias reuniones en la mañana, llega nuevamente a su oficina alrededor de la una de la tarde. En el interior hay cuadros que cubren las enormes paredes blancas. En su mesa hay unos papeles y tiene una biblioteca que sostiene fotos de él y sus hijos, un banderín de la Universidad de Chile, una foto con su egreso de medicina y un trofeo que simboliza su primer lugar en unas olimpíadas.

La falta de profesionales en el servicio público es un flagelo que ha sido difícil de erradicar por el Gobierno. Eso lo sabe bien el Superintendente, quien además de reconocer que existen pocos incentivos, es crítico con los oftalmólogos. “Hay una falta de claridad de cuál es la limitación, si es falta de voluntad para aumentar el número de especialistas o hay una suerte de querer controlar los números, por una razón simple de oferta y demanda, para que así no decaiga en nivel de remuneraciones que tienen hoy los oftalmólogos”, señala Inostroza.

Él, al igual que Claudio Agostini, reconocido economista, y Homero Figueroa, el usuario afectado por la falta de oftalmólogos ve con desconfianza la preparación de los profesionales que se encargarán de la salud visual de los chilenos. “El médico oftalmólogo que es miembro de la Sociedad de Oftalmología a su vez es académico y profesor de la facultad de medicina donde se forma el oftalmólogo. Es él el que define, en su doble condición de médico colegiado y miembro de la sociedad y médico decano o docente formador, cuando no hay estándares suficientes para formar más especialistas”.

Otro punto de desencuentro entre el Superintendente y la Sociedad Oftalmológica de Chile se da en la creación de la carrera de Optometría. En enero pasado, la diputada RN Karla Rubilar y el diputado PPD Marco Antonio Núñez, ambos diputados de la Comisión de Salud, anunciaron que entregarían un proyecto que permitiría crear la carrera de Optometría. La iniciativa de los parlamentarios nació para terminar con las interminables listas de espera existentes en el sistema público. Ante esto, la Sociedad Oftalmológica, apoyada por el Colegio Médico, criticó la creación del proyecto ya que consideraba que no era adecuado que una persona, “sin los conocimientos adecuados” recetara lentes sin pasar antes por el oftalmólogo. “Este proyecto, que apunta a beneficiar a los pobres, está destinado claramente al beneficio de la gente que vende lentes”, sentencia Patricio Meza, past president, de la sociedad oftalmológica.

Manuel Inostroza, Superintendente de Salud, lo ve de forma diferente: “En Estados Unidos ha tenido muy buenos resultados. Acá en Chile esa iniciativa ha sida torpedeada fuertemente, amparada en el argumento de que se les va a pasar algún glaucoma, algún diagnóstico grave y eso sería malo para la población. Yo no sé qué es más grave, si tener a tanta gente en lista de espera que altera su calidad de vida porque no tiene el lente adecuado, que destrabar la mayor cantidad de pacientes por la vida de la atención optometrista en problemas de refracción y reservar las horas oftalmólogas a los problemas más graves e importantes en patologías que sí requieren especialistas preparados”,

En la actualidad, este proyecto fue reemplazado por un proyecto sustituto que entregó el Ministerio de Salud, cuyo objetivo no considera la creación de la Optometría. En su lugar está el Tecnólogo Médico con mención en Oftalmología, quien trabaja directamente con el oftalmólogo.

Personas como Homero Figueroa, en el caso de que se les declarara algún problema ocular como la catarata, retinopatía diabética y el trauma ocular, deben esperar 180 días para que se les someta a una intervención quirúrgica. En caso de que se excediera ese plazo, las personas pueden concurrir a la Superintendencia de Salud para que ésta fiscalice y tome medidas en el asunto. “Si a esas personas no se le soluciona el problema en el servicio público, FONASA está obligado a comprar esa prestación eventualmente en el sector privado, sin mayores costos para las personas”, declara Inostroza advirtiendo que, gracias al AUGE, todos los chilenos pueden optar a una salud de calidad.