“La libertad de expresión es una de las manifestaciones más potentes que pueden existir de la dignidad humana. No existe un ser humano pleno si éste no puede efectivamente pensar, razonar y opinar de manera absolutamente libre. Recibir distintos tipos de información y formarse así una idea de la realidad”.

Con estas palabras, el abogado, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Alberto Precht, expresa la importancia que tiene el derecho a la información para el desarrollo de las sociedades y la gravedad que reviste cuando éste se ve amenazado. Algo que en cierta medida está ocurriendo hoy en Chile.  

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo publicó esta mañana dos artículos que dan cuenta de la preocupante situación actual del país en esta materia. En uno de ellos se muestra cómo ya son cerca de 300 los periodistas y comunicadores/as que han registrado ataques o detenciones arbitrarias e ilegales por el sólo hecho de ejercer su profesión durante el último año y medio (ver artículo). En el otro, se da cuenta de cómo Chile perdió en apenas un año tres posiciones en el ranking mundial que anualmente elabora Reporteros sin Fronteras, quedando en el puesto 54º, en el rango de naciones “con problemas significativos” en materia de libertad de expresión. 

Además, para entender en detalle el fenómeno, revisamos el duro análisis que hizo la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) en su último informe anual, donde da cuenta de graves y repetidos casos de agresiones, amenazas, censuras y diversas acciones efectuadas tanto por entes públicos como privados que vulneran el libre ejercicio de la prensa y el correcto acceso a la información pública (ver artículo). 

Es precisamente en ese último reporte que se señala que la pandemia ha afectado el acceso a información de organismos públicos, y que “el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó infracciones a la Ley de Transparencia por parte de organismos de salud y hospitales luego de haber fiscalizado a 25 de estos organismos. Según el CPLT, el 76,6% infringió la ley por ofrecer respuestas fuera del plazo determinado, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. La fiscalización también encontró que un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta”. 

Ante esta información, Precht da a entender en esta entrevista con Puroperiodismo que si bien el problema existe, comparativamente la situación no es tan mala, aunque asegura que “siempre se puede hacer mucho más”.

Alberto Precht, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en Periodismo UAH.

—La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dedicó a Chile el capítulo más extenso y con mayor cantidad de casos de la región. Usted comentó que a pesar de la situación que vive Chile, considera que no estamos tan mal, pero cada vez son más notorios los problemas por los que atravesamos. ¿Qué lectura hace de esta situación? 

Hay que partir de la base que la RELE no hacía informes acerca de Chile, y que se empiecen a elaborar éstos con mayor profundidad demuestra que hay un resquebrajamiento del cuidado de los derechos fundamentales en nuestro país. Evidentemente, la libertad de expresión y la libertad de prensa se han visto afectadas por el abuso policial, por las señales de presión y, efectivamente, es una lástima que Chile vuelva a estar en el escenario global. 

Trabajando en una institución como Transparencia Internacional me toca ver todos los días cómo hay periodistas asesinados alrededor del mundo, y esperamos que en Chile no lleguemos a esa situación. Lo que están viviendo los periodistas, por ejemplo, de El Faro, bajo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, son señales mucho más alarmantes que las nuestras. No significa que tengamos que dejar las nuestras de lado; acá lo que tiene que pasar es que efectivamente la prensa pueda efectuar con libertad su trabajo y que el Estado no reprima su accionar, menos espiando a los periodistas. 

—El Observatorio del Derecho a la Comunicación registra cerca de 300 periodistas y comunicadores/as agredidos o detenidos desde el estallido social de octubre de 2019.

Por eso también es importante que se pueda educar mejor a la ciudadanía en el rol de la prensa. Ha habido muchos periodistas que han sufrido por el solo hecho de ir a cubrir una manifestación y por trabajar en un determinado medio, y eso también -aunque no es una violación de derechos humanos- habla de una tensión con ciertos medios de comunicación. Al final, quien está ahí es un periodista haciendo su trabajo.  

Si hablamos de libertad de expresión tenemos que saber que los grandes medios tienen esa libertad editorial, y que así como hay que cuidar la de Interferencia, La Red, la de Opal o la de cualquier medio independiente, también hay que cuidar la de Mega y Canal 13, en el sentido de que el trabajo de un periodista es casi sagrado para que efectivamente una sociedad democrática pueda funcionar de buena forma. 

—Pero la mayoría de esos casos tienen que ver con acciones vulneratorias por parte de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué efecto tiene este panorama represivo y violento sobre el ejercicio de la prensa? ¿Qué recomendación puede dar?

La Ley de Prensa permite que sea fácil constituir un medio de comunicación, por lo que les he recomendado a muchos periodistas de medios alternativos que inscriban sus medios bajo esa ley. Eso debiese hacer que el fiscal se inhiba de la persecución penal. Pero antes de la persecución penal hay una detención y represión de la prensa que es inaceptable, y cuando un periodista o un cámara está sacando fotos, Carabineros no debería caer en los abusos que ha caído. 

Más grave sería -y, lamentablemente, ha pasado- que un fiscal levante cargos contra ese periodista, cuando eso no debiese ocurrir. Por lo mismo, deberíamos formalizar todavía más el trabajo de la prensa, para que los fiscales puedan decir desde un primer minuto ‘esto no corresponde, lo archivo, y que la prensa pueda seguir haciendo su labor’. 

—¿A qué cree que se debe ese actuar policial? 

Los abusos contra la prensa no son nuevos, y eso habla de una falta formativa en Carabineros. También hay una ilusión del actuar policial que cree que se puede actuar con una determinada impunidad que ya no existe. El Estado debiera defender los derechos fundamentales, y cuando esos derechos son vulnerados, uno esperaría que tal como se ponen acciones contra alguien que quemó un edificio, se pusieran también con mayor firmeza por parte del Consejo de Defensa del Estado con aquellos carabineros que han vulnerado, en este caso, la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa.

—La RELE también pone énfasis en las denuncias sobre la falta de acceso a la información y el manejo de la pandemia en Chile. ¿Cómo considera que estamos en materia de acceso a la información vía Ley Transparencia? 

Nunca es suficiente. Hay estudios que señalan que Chile es el cuarto país con mejor acceso a la información en cuanto a la pandemia. Y efectivamente acá hay estadísticas, hay números. Eso se debió a la presión de muchos periodistas, entre ellos Alejandra Matus, que llevaron a cabo investigaciones que lograron que el Estado expusiera. 

Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que no hay información en general. Desde Transparencia Internacional hemos solicitado en más de 80 países información de acceso a la vacuna, y en todos nos han negado la información de los contratos, por ejemplo. Es bastante frustrante, porque no hablamos solamente del entorno latinoamericano; cuando le pedimos documentos a la Unión Europea, lo que se nos entrega está completamente tarjado. Entonces, por distintas razones, los estados han optado por tener mayores niveles de secreto. Claramente el acceso a la información se ha visto afectado y los plazos han sido más largos no teniendo que serlo. Ha habido una ralentización en la entrega de esa información. Sí hay que valorar que, cuando uno ve comparativamente, incluso con países grandes e importantes, la data chilena es de bastante calidad. Pero bueno, siempre se puede hacer muchísimo más, sin duda.

De transparencia, Fuerzas Armadas y espionaje a periodistas

—Usted hizo una charla en el Ejército un par de días antes del estallido social, donde se refirió a los ‘porqués’ clave en la institución que no son respondidos, ¿cómo lo sopesa ahora?

Las instituciones armadas son fundamentales en los países; que a uno le gusten o no, es otro tema. Por lo mismo, creo que uno tiene que trabajar con y no contra ellas, y esto significa ser activo vigilante y denunciante a las mismas. Claramente, para el Ejército y el mundo armado y uniformado, el paso de la opacidad a la transparencia es un cambio cultural muy duro. Es mucho más complejo de lo que vivió el Estado desde 2009 [con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia], que ya fue un cambio bastante traumático. Estos cambios toman tiempo. 

Cuando hay transparencia, lo que a primera luz se descubre son más las anomalías que las virtudes, y eso ha ocurrido en el Ejército. Por el buen trabajo de la prensa -toca sacarse el sombrero por el trabajo de Mauricio Weibel [quien destapó el llamado Milicogate]-, salieron a la luz estas cosas ocultas que permitieron develar otra serie de conductas. Eso lleva a que el Ejército tenga que tomar una decisión más bien institucional. Es una tensión permanente, y desde Chile Transparente tratamos de apoyar a que el Ejército resuelva esa tensión hacia la transparencia en su funcionamiento diario, sobre los privilegios que pueden tener y el por qué existen para así poder explicarlos de buena forma o ir eliminándolos.

—Respecto a los casos de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) hacia periodistas, y que el juez Juan Antonio Poblete, que aprobó las intervenciones, tuviese conocimiento de esto, pero que ahora lo revele de forma tal para exorcizar al Ejército, ¿qué opinión tiene sobre este tema particular?

Acá el juez Poblete o fue engañado o se dejó engañar, y ambas cosas son graves. Las leyes de inteligencia existen y tienen su razón de ser, y por lo mismo los criterios tienen que ser muy exigentes para que se autorice este tipo de operaciones. Lamentablemente, en este caso y también en el Caso Huracán, hemos visto como el civil que está a cargo de dar estas autorizaciones no ha sido lo suficientemente exigente ni riguroso al otorgarlas. 

Hay muchas explicaciones que tienen que dar tanto el Ejército como el Poder Judicial. Y ha habido un silencio importante de la Corte Suprema, que uno esperaría que fuese más activa en cómo los jueces de las cortes de Apelaciones están dando este tipo de autorizaciones. Quienes hemos trabajado denunciando los casos del Ejército tenemos la duda de si el día de mañana podemos ser espiados por hacer nuestro trabajo.

—Poco después de conocerse lo del espionaje, vino la sátira de un general en un programa humorístico en La Red y la polémica por las cartas del Ejército y las otras ramas de las FF.AA. criticando el contenido e incluso indicando cómo debe ejercerse el derecho de la libertad de expresión. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, respaldó ese actuar y al día siguiente el ministro vocero, Jaime Bellolio, expresaba que el interés del gobierno era defender y promover la libertad de expresión ¿Qué señales concretas cree que ha dado el Ejecutivo en cuanto a esta materia? 

Cuando el ministro Bellolio señala que las FF.AA. pueden opinar libremente cuando se sientan ofendidas por el caso de una sátira, hay una señal que consideramos incorrecta. Las Fuerzas Armadas tienen un valor simbólico y una posición constitucional que hace que su actuar en la esfera pública deba ser totalmente cuidadosa, tratando de evitar este tipo de señales. Sin embargo, soy de los que sostienen que en Chile gozamos de una libertad de prensa y libertad de expresión a niveles comparativos bastante amplia. Tenemos que avanzar hacia el perfeccionamiento, a una mayor diversificación de los medios, y a no retroceder a estados anteriores en los que existía censura. 

—Respecto al anuncio que hizo el CNTV de levantar cargos contra La Red por la entrevista al ‘Comandante Ramiro’, acusando falta de pluralismo en la entrevista y porque ésta pudo afectar la democracia y la paz social, los mismos argumentos que se habrían esgrimido desde La Moneda para ejercer presiones al medio a través de un “telefonazo”. ¿Cómo lee usted esta formulación de cargos del CNTV?

Lo rechazamos absolutamente. Demuestra el anacronismo que tiene el Consejo Nacional de Televisión. ¡Ya tener un órgano específico que regule la TV, cuando hoy tenemos un sistema multi-medial, es bastante anacrónico! Partiendo desde ahí, ya vemos una anomalía. Además, jurídicamente no hay ninguna vulneración a las normas de la Ley de Prensa o del funcionamiento específico de los canales de televisión. El ‘Comandante Ramiro’ está en todo su derecho de poder dar la entrevista, y el canal de tomar la decisión editorial que quiera. Uno podrá criticar como televidente que la entrevista no fue incisiva o que no hubo contrapunto, pero que eso afecte a la libertad de expresión o a las normas que regulan a nuestra televisión, creo que es absolutamente incorrecto y lamento que el CNTV, con esta señal, pueda afectar las líneas editoriales de los canales de televisión.

—¿Dónde está el límite? ¿Los hay?

Los únicos límites que tiene la libertad de expresión son muy específicos y están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos: en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos límites? El discurso de odio, que es distinto del discurso odioso, es decir la promoción activa de la violación de la dignidad de una determinada comunidad; el afectar el derecho de menores como la promoción de pornografía infantil, de la pedofilia; y el incentivar la guerra. Y en este caso, estando en contra de los dichos del ‘Comandante Ramiro’, como persona y televidente, ese es el único juicio que puedo hacer, pero él no promovió ningún discurso de odio, ni que afecte la infancia ni que promueva la guerra entre chilenos.

El 3 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. La pandemia llegó, pero el periodismo no se fue en cuarentena, aunque sí debió enfrentar cambios como la instauración de salas de redacción virtuales, agregar en el kit del reporteo diario la mascarilla y jabón gel, además de aprender a mantener la distancia en los puntos de prensa para protegerse del coronavirus.

Pero en la región de La Araucanía, algo falló el viernes 20 de marzo. La entonces seremi de Salud, Katia Guzmán, lideró un punto de prensa en el regimiento Tucapel de Temuco en el que participaron autoridades regionales y trabajadores de la comunicación. Según un reportaje publicado por Interferencia, eran “alrededor de 20 personas”. 

La rueda de prensa culminó sin mayores inconvenientes, como cualquier otra. Pero esa misma noche se encendieron las alarmas, cuando el periodista Roberto Neira comentó en Interferencia que tras recibir el comunicado de prensa de la seremi y sus audios, se dio cuenta que en aquella cita no se informó sobre un caso de Covid-19 positivo de un funcionario de dicha institución, quien se había reunido con la seremi Guzmán y participó en actos públicos.

El 22 de marzo se confirmó que la seremi de Salud de La Araucanía fue diagnosticada de Covid-19, y debido a los contactos estrechos, gran parte del gobierno regional (nueve seremis y dos directores) y ocho periodistas -cinco que cubrían la actividad para distintos medios y tres que pertenecían a servicios públicos- debieron paralizar sus funciones laborales y realizar cuarentenas. 

La reacción del Colegio de Periodistas de la Araucanía y de otras entidades fue realizar acciones judiciales contra la seremi Guzmán. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación por eventuales delitos contra la salud pública, bajo el artículo 318 del Código Penal. Y el Ministerio de Salud, por su parte, suspendió de sus funciones a la autoridad regional para realizar un sumario interno, del cual fue sobreseída el 2 de julio del año pasado, aunque poco después presentó su renuncia.

Este suceso es uno de los tantos casos que consigna sobre Chile el último Informe Anual de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicado a comienzos de abril. Es, entre todos los otros que recoge el reporte, quizás el que podría parecer más anecdótico. En las 19 páginas que el organismo dedica al país, el organismo da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”, todas ocurridas durante 2020.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo revisó los diferentes casos que tuvo a la vista la RELE y las observaciones que realizó al Estado chileno, bajo un contexto de crisis sanitaria y obstaculización del ejercicio del periodismo que ha afectado a gran parte de la región.

Ver informe completo:

Chile cae en el ranking

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), toda Latinoamérica se encuentra en una zona roja: “La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”.

En ese ranking, Chile está actualmente en el puesto 54, es decir, bajó tres posiciones el último año. ¿Por qué? En su análisis, RSF señala como principal argumento que en el país -al igual que en Haití, que está 33 puestos más abajo- “cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa”, aunque en general sigue entre los mejor posicionados de la región: sólo lo superan Costa Rica, que está 5º; Uruguay, en el lugar 18º; y República Dominicana, 50º. 

En eso no tienen nada que ver -al menos hasta ahora- los graves casos que se han revelado sobre espionaje realizado por el Ejército contra periodistas que investigaban casos de corrupción en sus filas o temas vinculados a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Tampoco las polémicas cartas emitidas por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas -y avaladas por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica- para criticar un programa humorístico e indicar cómo debe ejercerse la libertad de expresión. Ni los llamados telefónicos realizados desde La Moneda para intentar incidir en la línea editorial de un canal de televisión.

No, pues todo lo anterior pasó este año, en 2021, y lo que se mide en el ranking se refiere a lo ocurrido durante 2020. Entonces, si bien nada de eso alcanzó a estar cubierto, la baja sí tiene estrecha relación con lo que señala la RELE en su informe anual, donde se da cuenta de distintas dificultades que han tenido periodistas y comunicadores/as en el país para ejercer su labor informativa en un contexto que entremezcla la protesta social que se arrastra desde octubre de 2019, la pandemia, procesos de profunda transformación política como el plebiscito de octubre, la represión policial y otros actos de censura por parte de organismos tanto públicos como privados.  

Aunque el año pasado las manifestaciones ciudadanas se vieron restringidas debido a las medidas sanitarias, decenas de periodistas, camarógrafos/as y fotógrafos/as sufrieron agresiones o incluso detenciones arbitrarias mientras realizaban su tarea de informar a la población (ver artículo en Puroperiodismo). 

El reporte de la RELE recoge varios de esos casos. Entre ellos, el de un fotógrafo del Diario Atacama y un periodista independiente que fueron agredidos y detenidos mientras cubrían la protesta en un liceo de Copiapó en contra de la PSU. También mencionan el caso del camarógrafo de la agencia francesa AFP, Jaime Esquivel, quien fue golpeado y rociado con gas pimienta por un grupo de ocho personas tras de negarse a dejar de grabar lo que ocurría en una manifestación; o el de Marcelo Hernández, por entonces reportero gráfico de la Agencia ATON, que en marzo de 2020 recibió el impacto en su rostro de una bomba lacrimógena, provocándole una herida ocular.

Situaciones como las descritas se repitieron en diversas oportunidades durante 2020, y son varios los casos que se consignan en el informe internacional, aunque si se pudiera identificar las fechas -o coberturas- más conflictivas, éstas podrían ser dos: el 1 de mayo y el día del plebiscito.  

1 de mayo: una jornada de detenciones a periodistas

El Día Internacional de los Trabajadores tuvo como antecedente la irrupción de la crisis sanitaria y la recientemente promulgada Ley de Protección al Empleo, además de un aumento explosivo de la cesantía en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre de marzo a mayo de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 11,2%, “siendo la más alta en toda la serie desde 2010”.

El Presidente Sebastián Piñera en su discurso de esa jornada en La Moneda aclaró: “La situación se ha ido agravando, por lo tanto es muy posible -casi seguro-, que las cifras de desempleo verdaderas que tenemos hoy día sea mucho mayor y que esté creciendo”. Y así fue, el año pasado en la primera ola de la pandemia casi tres millones de personas perdieron sus empleos.

En tanto, mientras el Ejecutivo realizaba su discurso, en Plaza Italia -rebautizada popularmente como Plaza Dignidad- se congregaban cientos de manifestantes y, por supuesto, equipos periodísticos que cubrían lo que pasaba. 

El informe de la RELE constató que “funcionarios de Carabineros detuvieron a trabajadores de la prensa que cubrían en vivo una manifestación programada por el Día del Trabajador, e intentaron obstaculizar la protesta con carros lanzaaguas”. Al menos 57 personas fueron detenidas en aquella jornada, dentro de este total figuran dirigentes sindicales.

Además, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó que fueron 15 los profesionales “subidos a un carro celular de la policía y llevados hasta la novena comisaría de Providencia”. Dice el informe: 

“Entre los periodistas detenidos había representantes de medios internacionales, como los camarógrafos Jaime Esquivel de la agencia Agence France Presse, Luis Hidalgo de la Associated Press, e Iván Alvarado de Reuters; y también de medios locales, como el periodista Rodrigo Pérez y la productora Alejandra Pacheco de TVN (televisión pública chilena), y los periodistas Francisca Sandoval Astudillo, Gabriel Cardozo Silva, Gerardo Cortes y Gonzalo Barrido de Señal Tres La Victoria, entre otros. Algunos de ellos, incluso, pudieron registrar con sus celulares el momento en que eran detenidos y subidos al carro policial”.

El general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, ante el desempeño policial durante la jornada del 1 de mayo respondió: “No estaban todos con sus credenciales y estaban con teléfonos celulares y, por lo tanto, lo que corresponde en ese caso es cerciorarse efectivamente su calidad de periodistas”.  

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, agregó en Radio Cooperativa que “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. La respuesta de los y las periodistas ante las autoridades que destacó la oficina especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue que estos sí contaban con sus credenciales y salvoconductos para realizar su trabajo, además de respetar las condiciones sanitarias. 

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Obstáculos en la cobertura del plebiscito

Apruebo. Rechazo. Dos opciones que causaron revuelo en Chile. En plena pandemia, la población debió escoger cambiar o mantener la Constitución redactada en 1980.

Las urnas se abrieron a las 8:00 y dentro del horario de votación se estableció uno especial para proteger a los grupos de riesgo debido al contexto sanitario. A medida que transcurría el histórico 25 de octubre, la participación iba aumentando mientras transcurría el día. Ya a las ocho de la tarde terminó el horario para ir a votar.

Durante el conteo de votos, sonaron las bocinas y las cacerolas, hasta que los resultados fueron públicos. Un 78,27% de la población escogió cambiar la constitución, mientras que un 78,99% escogió la Convención Constitucional como órgano redactor de una nueva carta magna. 

En el epicentro de las protestas del estallido social, en las plazas, en las calles y en todos los rincones del país se realizaron celebraciones tras el resultado del plebiscito. Pero, detrás de esa alegría, la cobertura periodística debió enfrentar diversas complejidades para informar a la población.

Según se lee en su informe anual, la RELE “recibió información sobre amenazas y amedrentamientos a periodistas y medios días previos al Plebiscito Nacional”. Entre esos casos destacó el de la periodista, corresponsal extranjera y académica, Carolina Trejo.

Una noticia publicada por El Periodista informó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile y el Colegio Médico de Chile interpusieron querellas criminales en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas “a la integridad física y psíquica” y recurrieron al 3° y 4° Juzgado de Garantía, con el fin de que se realizará una investigación a la participación del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad”, quienes difundieron panfletos con un símbolo de “araña” acompañado con los datos personales y fotografías de Trejo. Lo mismo habrían hecho con la doctora Carla Pellegrin y el doctor Roberto Bermúdez Pellegrin el 16 de octubre de 2020.

Además, El Periodista publicó que tanto a la periodista como a los profesionales de la salud se les “imputan delitos, y se les critica abiertamente por posturas y actividades políticas realizadas (…) Las acciones legales (fueron) declaradas admisibles”.

La RELE consignó en su informe: “Los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

Nueve días después de este suceso, la Relatoría Especial obtuvo información sobre los diversos obstáculos que enfrentó la prensa durante la cobertura del 25 de octubre. Entre otros, el informe destaca el “impedimento para acreditarse como prensa por parte de periodistas independientes, la ausencia de listados con los medios autorizados para ingresar a puestos de votación, prohibición y expulsión de periodistas de puestos de votación y durante el conteo de votos, e incluso la detención de algunos trabajadores de prensa”. Como por ejemplo, el caso de un periodista en la región de Aysén, cuyo celular fue retenido.

Pero los ataques y agresiones consignados no pararon ahí. El 12 de noviembre en Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones “habría sido detenido de manera violenta, tirado al suelo y esposado mientras un funcionario [de Carabineros] lo habría inmovilizado con una rodilla sobre su cabeza. El comunicador había grabado la detención de un grupo de rescatistas en medio de las manifestaciones de ese día. En la comisaría, el comunicador habría sido amedrentado para borrar su material. Luego de que el material no estuviera disponible para ser difundido, Carabineros dejó libre al comunicador”. 

A la semana, la policía roció con gas pimienta a un reportero gráfico del medio Libre Edición. Por esos mismos días, la periodista Alison Vivanco denunciaba un ataque con químicos desde un carro policial mientras cubría una protesta contra el Presidente Piñera y fines de ese mismo mes un fotoperiodista terminó con contusiones y su equipo destrozado luego de que Carabineros le disparara el chorro de un carro lanzaaguas directo al cuerpo a menos de 20 metros de distancia.  

Pandemia, información pública y crisis del periodismo 

“La Relatoría Especial ha registrado con preocupación los diferentes efectos que la contingencia generada por el nuevo virus COVID-19 ha tenido en la libertad de expresión en Chile”, señala el informe. 

Uno de los efectos que ha traído la pandemia, agregó la oficina de la CIDH, “(son los) obstáculos al momento de cubrir temas generales o de la pandemia específicamente”. Lo anterior se produce, debido a las “restricciones de movilización” aplicadas por las autoridades, y en diversos sucesos los periodistas han sido “detenidos por presuntamente violar esta disposición a pesar de ser eximidos de esta”, así como también han debido denunciar “hostigamiento y procedimientos de control desproporcionados para la circulación de periodistas en el contexto de la pandemia”.

Entre las observaciones que la RELE realizó respecto a Chile, destaca el “impacto” de la crisis sanitaria, que ha acrecentado la “vulnerabilidad” de los y las trabajadores de la comunicación, acompañado de “despidos masivos” por “motivos económicos” en medios estatales y privados, además el “cierre” de ediciones impresas. En esa línea, el reporte menciona más de 164 despidos en TVN ocurridos desde diciembre de 2020 a marzo de este año, al menos 61 contratos suspendidos en Publimetro, y otros tantos despidos en El Mercurio, Mega y La Red; el cierre de las ediciones impresas de La Cuarta y La Tercera durante los días de semana -lo que implicó a fines de enero el despido de cerca de 200 personas de Copesa-; y el cierre definitivo de La Discusión de Chillán y El Centro, de Talca. 

Otro aspecto destacado en el anuario de la RELE y que estaría relacionado con el contexto sanitario, es que “los periodistas también han manifestado mayor dificultad para acceder a información pública respecto de la pandemia, así como para hacer preguntas en ruedas de prensa”. 

Además, entre las complejidades que recopiló la RELE, “está la imposibilidad de contrapreguntar, el cambio de horarios para entregar la información, así como la poca gestión comunicacional”. La oficina destacó el informe emitido el 20 de octubre del 2020 por el Consejo para la Transparencia (CPTL)- entidad autónoma del Estado encargada de garantizar, fiscalizar y promover el contenido del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la función pública-, en el cual informó que aún persistían a esa fecha “deficiencias” en la información entregada en el sitio oficial del gobierno para la entrega de la información sobre la pandemia, las que ya “habían sido notificadas al gobierno”.

En dicho informe, el CPTL  agregó: “No se ofrece información sobre el número total de casos negativos, las fuentes de exposición a nuevos casos confirmados, tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles o cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando”.  Por último, el informe constató que el sitio oficial “no desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género”.

También en materia de transparencia, se consigna la demora excesiva o negativa que han tenido ciertos organismos públicos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, pasando en muchos casos por encima de lo establecido en la ley. Tal como publicó CIPER en marzo de este año, el Ministerio de Salud era el que más incumplimientos registraba a marzo de este año -, seguido por las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Economía.       

Por otro lado, la RELE también destaca casos de censura ocurridos en el país, como la querella que interpuso Carabineros en contra del colectivo LasTesis, la que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera; el fallo de la Corte Suprema contra Radio Bío Bío que la obligó a retirar de sus plataformas la grabación de una conversación entre una jueza y un operador político al considerar que se había publicado de manera ilegal; los focos de luz que intentaron borrar una proyección artística de Delight Lab a un costado del edificio de Telefónica; y la eliminación por parte de la policía de la obra de Francisco Tapia que mostraba la figura de un carabinero colgando del balcón a punto de dispararse un tiro en la boca.  

La situación actual

Durante los últimos meses, el debate sobre la situación de la libertad de expresión en Chile se ha vuelto parte central de la agenda. Por una parte, producto del “telefonazo” que realizó la asesora presidencial Magdalena Díaz al dueño del canal de televisión La Red en Miami para criticar la línea editorial que han tomado sus programas bajo la dirección del periodista Víctor Gutiérrez, en especial luego de la transmisión de una polémica entrevista realizada en prisión al ex frentista y asesino de Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro. Aunque la acción fue rechazada por los ejecutivos del canal y fue llevado hasta la CIDH, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le formuló cargos a la estación por supuestamente infringir el principio de imparcialidad.

El mismo canal fue objeto de críticas abiertas por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, las que emitieron declaraciones públicas -respaldadas por el ministro de Defensa- denunciando un programa humorístico en el que satirizaban a un general del Ejército. En sus misivas, se criticaban supuestas injurias contra la entidad castrense y se señalaba cómo debía ejercerse el derecho de libertad de expresión, lo que ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones, como el Colegio de Periodistas, por, entre otras cosas, haber pasado por el alto el mandato constitucional de no deliberación que pesa sobre las instituciones armadas y no haber hecho ninguna declaración cuando sólo un par de semanas antes se había conocido la operación de espionaje que el mismo Ejército habría emprendido en contra de al menos seis periodistas que investigaban casos de corrupción en su interior y delitos de lesa humanidad.  

Entre los periodistas que habrían sido objetos de espionaje se encuentran Mauricio Weibel, Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo, Pascale Bonnefoy, Danae Fuster y Santiago Pavlovic. Todos esos casos han generado acciones judiciales, políticas y gremiales, que incluyen, entre otros, la solicitud por parte del Colegio de Periodistas de seguimiento por parte de la RELE y una carta suscrita por distintas escuelas de Periodismo del país que este lunes 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de  Prensa,  será entregada al Presidente Piñera para exigir medidas que tiendan a reducir el intervencionismo, la censura y propender a un ambiente propicio para el buen ejercicio de la labor de los y las periodistas.    

A fines de abril, El Periodista informó que la Corte de Apelaciones de Santiago “acogió de manera parcial el recurso de protección ingresado por el senador Alejandro Navarro (PRO) en favor del canal La Red (…) desestimando la denuncia contra el mandataria y estableciendo un plazo de cinco días para que (Magdalena Díaz) remita a la Corte Suprema la información referida a los hechos denunciados”. 

El sábado 1 de mayo, el mismo senador Navarro informó que en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado tratará como central la situación respecto al derecho a la información y la libertad de prensa en el país. A las 15.30 de la tarde se sesionará y participarán el ministro de Defensa, Baldo Prokurica; Mónica González, periodista y Premio Nacional de Periodismo; y los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, quienes fueron espiados vía telefónica por el Ejército.

Emily Bell, directora del Tow Center for Digital Journalism. Foto: Patricio Contreras.

—Quiero volver unos años atrás. ¿Puedes describir tu mentalidad periodística cuando comenzaste a trabajar en The Guardian?
Ya era una periodista de medios impresos, periodista de negocios, por 10 años. Y la mayoría de eso fue en The Observer, que era un periódico dominical que The Guardian compró. Era una periodista de negocios que cubría medios y publicidad, pero con mayor frecuencia tecnología. Así que desde 1992 o 1993 mi trabajo ha consistido en entender desde una perspectiva de negocios, una perspectiva periodística, qué está ocurriendo con la convergencia tecnológica.

» El año 2000 Alan Rusbridger era mi jefe lejano. Él dirigía toda la organización pero no era mi jefe directo. Tuvimos una conversación sobre cuál sería la estrategia web correcta para The Guardian. Yo quería iniciar un sitio de medios porque sentía que no podía leer las historias que quería leer. Le dije esto a Alan, que es muy decidido. Y me dijo: “Bueno, debes venir y hacer eso”. Por entonces yo era la editora de negocios de The Observer y la gente creyó que era una jugada un poco loca, porque si tienes ese tipo de trabajo con un equipo de periodistas en un periódico, la idea de renunciar a eso y empezar un proyecto en línea era, en ese momento, todavía un gran riesgo.

» Yo era relativamente joven. Pensé mucho sobre hacer la transición. Era una época en que la gente estaba empezando y haciendo cosas por primera vez en la web. Quería hacer esto, y es lo que hice. Así que mi mentalidad era “esto va a ser muy significativo, cambiará todo sobre el periodismo”. Soy una escritora de medios, analista y periodista de negocios, y sentí que no había una jugada mejor que hacer ese trabajo, especialmente en una organización donde el liderazgo —que era Alan Rusbridger— quería hacer una transición exitosa.

—Quiero citarte de un posteo en The Guardian, publicado el 5 de septiembre de 2000, cuando se lanzó el sitio de medios de the Guardian. Escribiste: “El problema con internet es controlar la oleada de posibilidades”. Pero por mucho tiempo reporteros, editores y medios vieron esto más como un problema que como una oportunidad. ¿Lo crees así?
Sí, definitivamente. Y fue suerte que el 2000 yo era, quizás, ignorante de algunos de los principales problemas porque, de otro modo, jamás lo habría hecho. Pero los periodistas son personas curiosas e inteligentes. Sabían que internet sería una amenaza para el status quo. Esa jamás será una posición cómoda. Y creo que The Guardian era un medio inusual en eso. La gente estaba escéptica sobre internet pero nadie estaba activamente intentando detenerlo. Tenía colegas que estaban en otros medios haciendo trabajos similares al mío y tuvieron tiempos más difíciles. Pero en general había gran apoyo de colegas para lo que hacíamos.

» Y en mis primeras semanas gradualmente dije menos y menos en las reuniones y escuché más, porque me pasaba que particularmente los técnicos y los periodistas y los editores —sin importar su edad— tenían una idea de lo que las tecnologías web significaban para el periodismo, la cual era mucho más profunda que la que yo tenía. Aunque yo había estado estudiando y escribiendo sobre esto, es muy difícil apreciar las dinámicas hasta que lo haces. En ese tiempo teníamos probablemente los mejores desarrolladores de contenidos y formatos del mundo. Y escuchar su visión de lo que podíamos ser en la web era increíblemente fascinante. A veces nos encontrábamos con otros periodistas que decían: “Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”. Mi trabajo como editora era asegurarme de que esas personas no obstruyeran el camino cuando estaban equivocadas.

—El 2010 pasaste de The Guardian a Columbia. Te cito nuevamente de un artículo publicado en Wired: “Soy extremadamente optimista sobre el periodismo. Realmente creo que este es el amanecer de nuestra nueva edad de oro”. ¿Qué te hizo tomar la decisión de pasar de la sala de redacción a la sala de clases? Estaba pasando de todo en The Guardian.
Sí. Diez años es un largo periodo trabajando en ese ambiente. No olvides que tuvimos importantes cambios en el juego. Me hice cargo como editora en jefe y me moví rápidamente del establecimiento del sitio de medios a tomar el control general de toda la plataforma. Nueve meses después tuvimos el 11 de septiembre, que cambió todo. Cambió todo para nosotros porque nos dio una audiencia global y nos dio una historia que redefinió cómo el mundo quería conectarse con las noticias.

» Las personas permanecen mucho tiempo en sus trabajos. Pensé muy concienzudamente el haber hecho eso durante diez años. Y comencé a pensar sobre cómo era mi vida periodística entonces en comparación al 2000. Pasaba mucho tiempo en reuniones, aconsejando y conversando con colegas más jóvenes. Ahora estaba trabajando en un ambiente donde hacer cosas era cada vez más lento. No creo que The Guardian fuera diferente. Y, además, me di cuenta de que había dejado de aprender cosas.

» Coincidentemente, Sig Gissler, que estaba a cargo de los premios Pulitzer, me había llamado. Éramos amigos y habíamos hablado antes sobre cómo el periodismo en línea debía ser reconocido en los Pulitzer. Y me llamó y me dijo: “Mira, tenemos esto nuevo en Columbia [el Tow Center]. No creo que estés interesada”. Y yo dije: “Bueno, en realidad puede que sí. No sé. Siento que necesito un cambio”. Sentí que no teníamos eso dentro del periodismo para poder hacer el siguiente conjunto de transiciones. Las convergencias con el mundo y la web abierta estaban cada vez más cerca y los ingenieros estaban a cargo. Y no sabíamos lo suficiente.

» Así que era la oportunidad para ir, en primer lugar, a trabajar con la nueva ciencia y entrenar periodistas con un grado académico doble. Segundo, la oportunidad de tener más tiempo para poder pensar en esto. La tercera cosa era estar en Nueva York. Por mucho tiempo Nueva York había estado en los márgenes. Como todo sucedía en Silicon Valley, los medios de Nueva York eran muy lentos para cambiar, con una o dos excepciones. Y de pronto, en 2008, 2009, había personas haciendo cosas muy interesantes en emprendimientos periodísticos y se sentía como si todo, por un periodo breve, estaba sucediendo ahí. Fue una combinación de factores.

—Según un artículo del Nieman Lab, el 2011 explicaste tres objetivos del Tow Center: “experimentación e investigación en el campo; traer los resultados de esos experimentos a la sala de clases; y crear una presencia digital más fuerte para la escuela de periodismo de Columbia”. Eso fue hace cinco años. ¿Cómo evalúas estos objetivos hoy?
Ha sido tremendo ser parte de la transformación de Columbia como escuela de periodismo. Y no creo que alguien pensara que tendríamos éxito tan rápido. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Es como los periódicos, es una organización tradicional. Tiene raíces profundas en métodos periodísticos muy tradicionales. Es una escuela que enseña periodismo de largo aliento. Yo no soy una periodista de datos. Conozco su valor y lo defiendo fuertemente. Pero no enseñábamos ningún curso de datos o computación, ni uno. Y ahora hemos introducido unos veinte.

»No quiero llevarme el crédito de eso porque no debo. Pero el Tow Center fue definitivamente parte de eso. Y hemos tenido las medidas para experimentar y desarrollar investigación. Hemos dado una mirada al periodismo de sensores, de realidad virtual. Y hemos mirado las aplicaciones de chat y el contenido generado por usuarios. Y estoy orgullosa de cómo nuestro equipo de investigación pensó acerca de las cosas con anticipación.

» Hemos desarrollado herramientas para medir impacto, hemos hecho periodismo premiado, combinando periodismo experimental con ProPublica y PBS Frontline, a través de un documental de realidad virtual que ganó un premio Peabody, lo que es increíble. Hemos hecho un buen trabajo en encontrar los temas adecuados y traerlos de vuelta al aula. Para nosotros la siguiente etapa es cómo crecemos y qué miramos como nuestro siguiente conjunto de objetivos.

—Eres coautora de uno de los trabajos más citados para explicar el panorama de las noticias digitales: «Periodismo postindustrial» junto a Clay Shirky y Chris Henderson. Una de las creencias centrales del informe era que “el periodismo importa”. Después de lo que sucedió con la elección presidencial de Estados Unidos, la pregunta es: ¿a quién le importa?
Le importa a todos. Y creo que perdemos la perspectiva de esto. Cuando no tienes periodismo las cosas se desmoronan. Es una parte central de cómo la inteligencia y la información y las opciones llegan al público masivo. Durante años un ingeniero de Google me hacía la misma pregunta: “Recuérdame de nuevo. Vamos hacia un mundo donde están todos los datos. Y están todas las herramientas. Y están las personas. Y cuando tienes todos los datos y las herramientas y la gente, ¿para qué necesitas el periodismo? ¿Qué hace esa capa?” Y él no lo estaba diciendo para ser ofensivo. Como ingeniero estaba genuinamente interesado.

» Ese ingeniero ya no hace esas preguntas y ahora me estaba mandando muchos enlaces sobre noticias falsas y sobre qué podíamos hacer en relación a esto, cuál es la conversación adecuada que hay que tener.

» Y el periodismo no es perfecto y ha sido malo en el pasado. Pero el buen periodismo siempre ha hecho una diferencia. Creo que mientras tenemos una crisis cívica y una crisis comercial, no hay una crisis creativa. Veo mejor periodismo ahora del que he visto en toda mi carrera. Si hablas con los decanos o la gente experimentada con la que trabajo en Columbia, nadie cree que hemos dejado atrás una edad de oro. Tenemos una película ganadora del Oscar. Tenemos el increíble trabajo que colegas de The Guardian y The Washington Post hicieron con Edward Snowden. Tenemos organizaciones como Wikileaks que han dicho: “Bueno, somos radicales en la transparencia”. Wikileaks ha demostrado interesantes lecciones que los periodistas deberían aprender. Pero también refleja lo que ocurre cuando adoptas una agenda partidista y no eres capaz de rendir cuentas.

—En las últimas semanas hemos visto toneladas de cosas escritas sobre quién fue el culpable del resultado de la elección: las noticias falsas, las cámaras de resonancia, las burbujas de filtros, si era culpa de Facebook, si era culpa de los medios. ¿Quedó traumatizada la industria de medios por el resultado de la elección?
Hay una parte de eso que lo explica, definitivamente. Porque ahora tenemos un presidente autoritario con un jefe de gabinete que salió de un agresivo y ultraderechista sitio web —Breitbart— al que no le importa mucho la verdad; está muy feliz de publicar cosas que son confusas y erróneas, para crear una suerte de ideología y agitación. En un nivel, el trauma —que no es sobre nuestras creencias personales o sobre cómo votamos— es legítimo, porque ahora la libertad de prensa está en riesgo en Estados Unidos, algo que jamás pensamos que ocurriría. Como candidato presidencial, Donald Trump criticó a ciertos medios y censuró a ciertos periodistas. Él ya empezó a ir a ciertos lugares sin periodistas. No parece respetar la idea de que es necesario un enlace entre la presidencia y los medios. Creo que el trauma es acertado. Tenemos mucho trabajo que hacer.

» Y nos da un propósito, como todo cambio de régimen. Siempre ocurre alrededor de una elección y ahora es un tanto más extremo. Haber errado en tantas cosas también fue un golpe para la prensa. Los últimos dos años hemos estado hablando de noticias falsas en contextos virales. Destacamos esto en un reporte del Tow Center dos años atrás con Craig Silverman, que ahora trabaja para Buzzfeed. Apoyamos el trabajo que lo puso en esa ruta. Todas estas cosas tienen un rol. Hubo una falla de las plataformas para promover la información correcta. Pero también habían personas aburridas del status quo, que querían cambios y ver las cosas de otro modo.

—Algunos dicen que los medios no deberían trabajar con Facebook. Otros como Jeff Jarvis plantean “sí, debemos trabajar con ellos”. ¿Hay un punto intermedio, un balance?
Hemos hablado de esto en los últimos dos años. Di un discurso en Oxford llamado «Silicon Valley in journalism: make up or break up?», que era un título algo ridículo pero reflejaba el punto donde yo veía esas fricciones y esa relación que iba a ser cada vez más estrecha. Está la pregunta de cómo el medio reacciona frente a esto. Es como dijiste, un balance. Cuando escribimos “Periodismo postindustrial” era un momento donde no intentábamos decirle al resto qué hacer o predecir el futuro. Sólo queríamos tomar una instantánea de lo que creíamos estaba sucediendo. Y creo que fue citado y exitoso porque observamos la desagregación del periodismo desde la base institucional, individual y del ecosistema. Pero hay cosas que no vimos venir. Aunque dijimos que internet quebró el modelo publicitario —que es cierto— no vimos a Facebook con tal dominio. Y siempre aventuramos un ecosistema mixto de plataformas.

» Muchos medios están decidiendo cómo asignar recursos a esto, cómo negociar los mejores acuerdos, cómo elegir las plataformas con las que van a trabajar y cuánto trabajar con ellas. Y hay una verdadera escasez de información. Sabemos que las plataformas tienen la habilidad de elegir a los ganadores en el nuevo ecosistema de noticias. Y hemos visto grandes disparidades entre medios ricos y poderosos como The Washington Post, The New York Times. Ellos tienen mejor acceso que los medios pequeños.

» Las plataformas tienen que ser parte de la respuesta. Que Mark Zuckerberg diga una y otra vez “somos una empresa de tecnología” se basa en un sentido de autopreservación y él no quiere asumir la responsabilidad que conlleva ser el editor del mundo. Son los que tienen todo el dinero. También están ayudando a que nuestro campo haga un buen trabajo para que su campo trabaje bien también.

—Se viene un libro, «Journalism After Snowden», a quien entrevistaste en diciembre del 2015. ¿Nos puedes dar una adelanto de esta publicación?
En realidad, «Journalism After Snowden» era el nombre de una serie de investigaciones que hicimos en el Tow Center hace un par de años. Pensamos en usar toda la atención que se le dio a los cables de la NSA para formular preguntas profundas sobre cómo los periodistas trabajan en y con un estado vigilante del que recién nos dimos cuenta. El libro tiene capítulos de gente como Jonathan Zittrain and Ethan Zuckerman, Susan Crawford, Clay Shirky, Steve Coll —nuestro decano— Jill Abramson, Alan Rusbridger.

» Lo que intentamos hacer fue todo el trabajo de esos dos años: hablar sobre los aspectos legales, hablar sobre la historia en sí misma, hablar sobre qué significaba para la cobertura de seguridad nacional, qué significaba para la relación entre periodismo y tecnología. Es un marco para muchos de los temas que estamos mirando ahora; es decir, qué sucede cuando el periodismo es vulnerable a perder su independencia. Ya sea financiera o técnica o política. Y cómo deberíamos protegernos legalmente. Cómo debemos pensar en la práctica.

» Me impresiona lo relevante que algo o la mayoría de esto aún es. Tengo muchas esperanzas de que las escuelas de periodismo, los estudiantes de comunicación, los periodistas que trabajan y el público en general encuentren cosas ahí [en el libro] que les ayuden a pensar a través de los desafíos existenciales de sus trabajos o qué piensan ahora mismo sobre la prensa libre.

—¿Puedes describir tu mentalidad actual y decirnos si es muy lejana o cercana a la mentalidad que mencionaste al comienzo de la entrevista?
Hay cosas que han ocurrido que me preocupan más ahora. La concentración de poder en las empresas de tecnología es una de ellas. Sabíamos que el mundo estaba cambiando. No podíamos anticipar que habría un reducido número de empresas que dominarían del modo en que lo hacen. O no anticipamos que serían, en efecto, la infraestructura de publicación de la industria. Yo no habría predicho que ocurriría tan rápido.

» Siento que tenemos absolutamente la capacidad de reinventarnos. La desaparición de la publicidad es un nuevo reto. No sólo para el periodismo sino que para toda la sociedad civil al momento de tomar decisiones sobre qué tanto valoran al periodismo. Y es una prueba del valor y fortaleza de nuestro trabajo. Nunca fui partidaria de la idea de implementar un muro de pago en The Guardian, por muchas razones. Pero eso fue en un momento en que construir un muro de pago realmente significaba cortar tu trabajo del público y estoy muy impresionada por cómo los medios han negociado y han sido muy creativos para introducir diferentes modelos y métodos para que la gente participe o pague por su periodismo. Esa es una razón para ser optimista desde el lado de los negocios.

» No podemos dejar de pensar cuál es nuestro rol ahora, en un ambiente que nunca dejará de cambiar. Y más gente como tú y yo pueden ayudar a darle a otros periodistas los esquemas para pensar qué significa esto para ellos y cómo pueden hacer su trabajo, el cual ahora debe ser más colaborativo que competitivo. En la siguiente fase veremos al periodismo redefinirse a sí mismo como una importante actividad, aunque no mayoritaria. No estoy dispuesta a renunciar a esta idea de que es una lucha práctica, financiera e intelectual por una prensa libre. Y creo que esta lucha ha llegado a la puerta de los Estados Unidos.

COORDENADAS

Emily Bell en Twitter
Tow Center for Digital Journalism
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia
«Periodismo postindustrial», por Clay Shirky, Emily Bell y C.W. Anderson

Foto: Wikimedia Commons

DISPARANDO AL MENSAJERO
Christian Leal
Director de BioBioChile

Si algo evidencia el despelote comunicacional en que está sumido el gobierno de Bachelet es la querella presentada contra Qué Pasa por las transcripciones del caso Caval. Sí, todos tienen derecho a defender su honra, pero en este caso la Mandataria erró en el fondo, en la forma y en el momento para hacer valer sus derechos.

¿Por qué querellarse contra un medio que reproduce material presentado como evidencia en la investigación? ¿Es verosímil aducir la calidad de ‘ciudadana’ cuando —más allá de fijar domicilio en La Moneda— su cargo le facilita un despliegue que no posee ningún otro chileno? ¿Por qué esperar que estas conversaciones vieran la luz para admitir que había testificado secretamente?

Por su parte, la revista hizo un movimiento temerario. Si aciertan como al develar el caso, quedarán consagrados. Si yerran, perderán toda credibilidad. Pero eso lo juzgarán quienes realmente tienen la calidad de ‘ciudadanos’.

«PONGAMOS EN DEBATE LA PROPIEDAD Y CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS»
Beatriz Sánchez
Periodista, conductora de La Red y Radio La Clave

Estoy en contra de la querella de la presidenta Bachelet contra periodistas de Qué Pasa porque sí lesiona la libertad de expresión. Un presidente es una figura omnipresente que no sólo ejerce el poder de un gobierno, sino que en su investidura designa y promueve altos jefes policiales, presidentes de la Corte Suprema, Fiscal Nacional e integrantes del Consejo de Defensa del Estado. No es cualquier chileno. Esto no quiere decir una defensa corporativa a un medio de comunicación, en este caso la revista Qué Pasa, que hizo un pobre trabajo del material —sin duda de interés público— que poseía. Por último, si el punto relevante para las autoridades acá es la libertad de expresión, hablémoslo en serio. Pongamos en debate la propiedad y concentración de los medios, el que conglomerados económicos sean dueños además de medios de comunicación y la transparencia de los medios de comunicación.

LA QUERELLA «REINSTALA EL CASO CAVAL»
Christian Pino
Periodista

Creo que la querella de la Presidenta es un grave error, pues reinstala el caso Caval (que mucho daño le ha hecho a su imagen) nuevamente en Palacio. Si yo hubiera sido asesor comunicacional de la Presidenta Bachelet le hubiese recomendando quedarse con las declaraciones del jueves que anunciaba la publicación de Qué Pasa como una “canallada” y luego haber dado una buena entrevista de carácter humano. La acción legal no separa a la mandataria de la persona, y no creo que le ayude, sino todo lo contrario.

«ES UNA DECISIÓN EXCESIVA»
Francisco Torrealba
Editor de Política de La Tercera

Más allá de que la revista haya cometido un error en su publicación —algo que el propio semanario sugiere admitir al excusarse el jueves ante los lectores y aludidos en el texto— el tema central, en mi opinión, es la presentación de una acción penal de parte de la máxima autoridad del país en contra de cuatro periodistas. Esa es una decisión excesiva y que hace difícil no pensar que tenga por objetivo inhibir el ejercicio del periodismo.

«PODRÍA HABER SIDO UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA HABLAR DE MEDIOS EN CHILE»
Mónica Maureira
Docente Periodismo UDP y consultora en comunicación y violencia de género

La molestia de la presidenta Michelle Bachelet por la poca rigurosidad periodística en que habría incurrido revista Qué Pasa, al dar a conocer los dichos del operador político de la UDI Juan Díaz, en el marco de una investigación judicial, podría haber sido una oportunidad única para hablar de medios en Chile.

Única para conversar de la prensa, de su concentración y la precariedad laboral de los periodistas. Única para atender y zanjar algunos consensos sobre las múltiples y diversas dudas que existen en materia de ética y prácticas periodísticas. Única para relevar el papel que los medios juegan en la construcción de una cultura democrática; en la intermediación que ejercen entre la sociedad civil y el Estado, subrogando en buena parte la labor que antaño tenían los partidos políticos. Única para evidenciar cómo este escenario le es cómodo a la élite política actual.

En lo que podría ser un desacierto político y comunicacional, se optó por una querella criminal para cuestionar el quehacer de la prensa, en vez de tensionar los tribunales éticos de los medios de comunicación y el liderazgo del Colegio de Periodistas en tiempos de comunicación política vía redes sociales. Espero que este sea un mal diagnóstico y que en lo sucesivo no perdamos esta única oportunidad.

LA DUDA
Andrés Azócar
Periodista

La duda es la principal derrotada en el enfrentamiento entre Michelle Bachelet y Qué Pasa. Parece muy extraño que la Presidente y sus cercanos no se hayan preguntado sobre los efectos de una querella contra un medio. No un medio cualquiera, el medio que levantó el caso Caval. La Presidenta Bachelet puede sospechar de los medios (lo hace desde que fue ministra de Defensa), pero la idea de pasar a la ofensiva en un tema como éste debió ponerla en alerta. La libertad de expresión, por suerte para todos, debe ser de los temas menos secuestrados por la polarización hoy. Y en un mundo en donde la mayoría de las personas y los grupos siente que tienen derecho a no ser ofendido, las autoridades no entendieron que las instituciones políticas no entran en ese club. Por supuesto, la duda también es la sombra de Qué Pasa en este episodio. La revista no calculó el efecto sobre su prestigio (el golpe de Caval ganó este año el Premio de Excelencia Periodística) al publicar la declaración en cuestión y luego omitir fragmentos en la edición impresa. Daño que era evidente sin necesidad de una querella. Los medios están viviendo momentos complejos. La endeble situación económica muchas veces conlleva un debilitamiento en los procesos, pero la duda es un activo que no puede perderse.

«EL ARTÍCULO ENTREGA UNA VITRINA AL OPERADOR POLÍTICO DE LA UDI»
Francisca Quiroga
Directora editorial de El Desconcierto

Creo que es un error trasladar el debate político/social a la arena jurídica. En la democracia chilena una falencia es la pluralidad de los medios de comunicación y la concentración de la propiedad. No cumplimos con las condiciones mínimas de una democracia liberal con respecto a los medios de comunicación. En este sentido, las elites políticas han clausurado el debate de fondo y han mantenido esta situación y la acción de “demandar a una revista” es una torpeza política, porque cambia el foco del problema público, utiliza una equivalencia, abre flancos y pierde el control de la agenda. Hoy en día todos hablamos de la libertad de expresión y la presidenta tiene que dar explicaciones sin debatir los temas de fondo. Salen titulares denostándola a nivel personal, “la furia”, “el descontrol”. Ahora se ve a una presidenta sola en una demanda personal y la farandulización de los hechos y la misoginia se hace presente.

La revista sí tiene una posición editorial y responsabilidad en definir la consistencia de los contenidos y al publicarlos generará efectos. No es ingenua la publicación y la calidad de la información no es consistente con todo el texto. El artículo entrega una vitrina al operador político de la UDI, obviamente que hay intereses políticos y se define como en todas partes en forma parcial. La crítica política/ social es sobre la calidad y responsabilidad en la publicación. En democracia los actores políticos están sometidos al escrutinio público en el ejercicio de su rol. No deben existir límites a la libertad de expresión, sino que debates y principios sobre la ética de la responsabilidad y el uso de los mecanismos de réplica, rectificación con criterios claros y equitativos en un contexto político que promueva la diversidad y pluralidad de los medios.

QUÉ PASA «CLARAMENTE COMETIÓ UN ERROR»
Javier Ortega
Periodista, académico Escuela de Periodismo Universidad Diego Portales

Qué Pasa ha tenido un buen desempeño en los últimos meses. Sin ir más lejos el caso Caval lo detonó su equipo. Pero en la nota que publicó sobre las escuchas a Juan Díaz claramente cometió un error. Su equipo publicó información potencialmente noticiosa, pero sin darle ningún tratamiento ni contexto, basándose exclusivamente en la filtración de una sola fuente, la que está formalizada por varios cargos y que tiene muy poca credibilidad. Si hubieran reporteado un poco antes de publicar, quizás hubieran obtenido dos datos relevantes que luego aportó el fiscal del caso: que cuando dijo lo que dijo Díaz sabía que su teléfono estaba intervenido y que en su declaración en el proceso no mencionó nada de lo que luego filtró Qué Pasa.

Ahora, la querella presentada por la Presidenta es un error gigantesco. Sienta un muy mal precedente que en democracia un Jefe de Estado recurra a una acción criminal contra cuatro periodistas de un medio, especialmente si ese mismo medio fue el que destapó un escándalo por el que está formalizada su nuera. Un Presidente no es un ciudadano común, tiene un enorme poder. Por lo tanto, debe estar sometido a un escrutinio mayor al del común de la gente. Debido también a este poder, la querella no puede sino leerse como una señal que puede cohibir la libertad de expresión. Especialmente, en momentos en que la clase política está en entredicho, en gran parte gracias a la labor fiscalizador de los medios. Si la Presidenta sintió su honra menoscabada pudo haber recurrido al Consejo de Ética de los Medios de Prensa. O por último presentar una demanda civil, que no implica penas de cárcel.

«UNA DECISIÓN CORRECTA DE PARTE DE ELLA»
Delia Vergara
Periodista

Estoy de acuerdo con que Bachelet se haya querellado. Pienso que no amenaza la libertad de prensa sino que con su proceder establece los límites que debieran regirla, severamente transgredidos por Qué Pasa. La querella también me pareció una buena decision política.

Es evidente cómo la prensa y la oposición al gobierno han abusado a la Presidenta usando el Caso Caval, en el que no tiene nada que ver. A pesar de los constantes esfuerzos politicos y periodísticos por involucrarla en el negocio de su nuera e hijo, no han podido dar con nada. En esta ocasión Qué Pasa temerariamente la involucra en el negocio. Otorgándole credibilidad a una fuente malacatosa, publica que ganaría miles de millones de pesos.

La Presidenta no solo tiene derecho a defenderse de la mentira publicada por la revista, sino a mi juicio como autoridad tiene el deber de hacerle un alto a la irresponsabilidad de la prensa, que hace tiempo viene mancillándola con informaciones falsas, sin fuente ni fundamento.

Me parece una decisión correcta de parte de ella dejar la pasividad que ha tenido hasta ahora respecto de Caval, tomar las riendas del asunto y salir a defenderse con el recurso que le proporciona la ley. La Presidenta se arriesga a perder, pero bien poco le queda por perder, sin embargo tiene mucho que ganar al desenmascarar públicamente, mediante la investigación de la querella, la intención y la trama que hubo detrás de esa publicación.

«LA REVISTA INCURRIÓ EN UN ERROR GRAVE»
Javier Rebolledo
Periodista, autor de La danza de los cuervos (Editorial Ceibo)

Fue mal pensado por la presidenta Bachelet, ya que la revista Qué Pasa incurrió en un error grave, que ponía al gobierno en una muy buena posición frente a una revista que los estaba atacando desde un principio. Podrían haber sacado un mayor provecho político en vez de haber puesto la demanda, que puso en contra a varios funcionarios dentro de La Moneda. Nadie quiere ver que la libertad de prensa sea vulnerada en un país como Chile, donde además tenemos una historia complicada al respecto con los derechos humanos. Fue una oportunidad para el gobierno, que podría haber dejado que el artículo cayera solo, pero se terminó transformando en un arma de doble filo. Uno sabe quién es quién en el mundo del periodismo. Me parece que la revista Qué Pasa apunta a la editorial que tiene, ha sido coherente con su trabajo y uno lo sabe, siendo más que una revista periodística, una revista política con un periodismo muy sesgado.

«LA PRESIDENTA TENÍA OTROS CAMINOS»
Andrea Insunza
Periodista, directora Centro de Investigación y Publicaciones UDP

Ni la Presidenta Michelle Bachelet ni la revista Qué Pasa han cumplido el más alto estándar al que podrían someterse. Existe consenso entre quienes defienden los derechos humanos (CIDH, INDH, etc.) respecto de que las autoridades no deben recurrir a la acción penal en contra de periodistas aun cuando tengan buenas razones, pues esta acción puede tener efectos inhibitorios y afectar la libertad de expresión. La Presidenta tenía —y todavía tiene— otros caminos: abrir un deseable debate público sobre el tema y recurrir a las instancias que hoy existen para discutir si el trabajo periodístico cumple los estándares profesionales y éticos a los que debe someterse.

Qué Pasa, por otro lado, reconoció un error al publicar transcripciones de escuchas telefónicas que contenían acusaciones graves, entre otros contra la Presidenta, sin haber siquiera contactado a los aludidos (tampoco contextualizó ni reporteó la información recabada). Pero podría ir mucho más allá. Periodistas y medios cometemos errores. Es imposible evitarlos del todo. Lo importante es cómo los enfrentamos y en eso el estándar fijado por los medios más prestigiosos del mundo es exigente: exponer ante la audiencia cómo se cometió el error, qué procedimientos fallaron y qué medidas se han adoptado para evitarlos en el futuro. Más aún, en el entendido de que el trabajo periodístico también debe ser examinado, hay medios que tienen un Defensor del Lector o Editor Público, es decir, un periodista que goza de inamovilidad por un tiempo definido, que observa el trabajo que se realiza en el medio, tiene derecho a pedir información y explicaciones a editores y periodistas, y que no está ahí sólo para exponer errores, sino que para discutir líneas editoriales, procedimientos, etc., en el entendido de que el poder de un medio debe equilibrarse con las inquietudes de su audiencia.

La Presidenta y la revista todavía pueden entrar al debate sobre estándares editoriales, prácticas periodísticas, consideraciones éticas, la presión de la competencia web, sesgos, etc. Eso sí contribuiría a fortalecer la libertad de expresión y el buen periodismo.

«QUÉ PASA TOMÓ UNA DECISIÓN EDITORIAL VÁLIDA»
Boris Pinto
Director de El Demócrata

Estamos frente a un hito clave en la libertad de prensa nacional. Ciertamente, lo que la Mandataria ha hecho es intimidar al periodismo chileno bajo el humo populista de “defenderse”. Si esta querella la gana Bachelet, será precedente para que los medios nacionales debamos chequear —antes que la justicia— si los datos expuestos en un informe de una investigación judicial son verídicos o no. Así de torcidas las consecuencias que ha emprendido la Presidente. Debilitada la justicia y debilitada la prensa nacional, los políticos seguirán impunes y Chile arriesga ser un país populista, totalitario, amordazado.

La revista Qué Pasa tomó una decisión editorial válida: publicar un extracto del informe de Carabineros sobre escuchas telefónicas —aprobadas por el juez de la causa— al gestor inmobiliario de Caval, empresa de la nuera de la Jefa de Estado. La fuente es el expediente, el cual no tenía ningún tipo de secreto. Por ende, la honra de la Mandataria no se vio dañada por la publicación, la honra de ella está afectada por el Caso Caval que involucra a su círculo familiar más íntimo.

«NINGUNA DE LAS PARTES PARECIÓ ESTAR DANDO EL MENSAJE PRECISO»
Patricio Cuevas
Periodista, profesor UDP, editor Vergara 240 Radio

Resulta sorprendente una querella de parte de la presidenta Bachelet en contra de un medio de comunicación que cometió errores severos en su trabajo. Tanto es así, que pasan los días y el tema se va diluyendo. Con toda probabilidad, esto quedará sin lo que la presidenta dijo que busca: disculpas públicas por la deshonra que sufrió. Por ello resulta más interesante lo que ocurrió por dentro, con la figura de un periodista connotado navegando en simultáneo en su tribuna pública y en el lobbismo.

Ninguna de las partes pareció estar dando el mensaje preciso: la revista, porque publicó y luego se retractó y pidió disculpas, para luego sentir, como medio, que era víctima de presiones del Ejecutivo. Por su parte, la presidenta, que dijo actuar como ciudadana contra ese medio, con una querella que apuntaba a periodistas específicos.

La discusión demostró nuevamente cuán extraviados están medios y funcionarios públicos respecto a lo que la ciudadanía pide de ellos. En cuestión de diez días ambas partes relativizan sus conductas, actúan como primerizos y se pierde el foco de lo más fundamental.

Pudimos discutir sobre filtraciones, calidad de la fuente, riesgos o atrevimientos en la tarea del escrutinio. Pero quedaron dos ejemplos para archivar en el manual de lo que no se debe hacer. Mientras, se hace explícito que el periodista Fernando Paulsen figura en una posición doble, como posible lobbista y con una importante tribuna pública en radio. Los fusibles saltan y él renuncia. Esta es, creo yo, la mejor lección que deja el caso: la democracia, en esos detalles, funciona.

«ES URGENTE REPENSAR LOS MEDIOS DE MANERA CREATIVA Y COLECTIVA»
Patricia Rivera
Académica Escuela de Periodismo UAH

Una reacción desproporcionada ha sido la querella por injurias concretada por la Presidenta de la República contra la revista Qué Pasa. A días de del impasse las aguas no se han calmado porque sacaron a flote temas no resueltos (ni siquiera pensados) y cadáveres viejos. No es necesario ser antropólogo para comprender que una acción tomada desde el poder que detenta una autoridad en ejercicio contra un medio de comunicación provoca efectos sobre la libertad de expresión: nos inhibe a todos. Más si hubo una oportuna retractación y disculpas de la revista.

Hoy leímos a la Presidenta en la misma Revista Qué Pasa señalando que la libertad de expresión se encuentra limitada, ya que se encuentra en manos de pocas familias. Otro dato: la V Encuesta Estado del Periodismo Nacional de la Escuela de Periodismo UAH advierte que sólo el 3% de los periodistas confían en su medio.

Recojamos el cadáver flotante: es urgente repensar los medios de manera creativa y colectiva. Hay que diversificar, proteger y fomentar. Pensar también en radios comunales y canales de Internet. Para que esto pase hay que legislar y garantizar el derecho a la información. La rigurosidad de los medios vendrá de la mano.

«OJALÁ LA REVISTA HAGA UN MEA CULPA PÚBLICO»
Arturo Arriagada
Académico Escuela de Periodismo, Universidad Adolfo Ibáñez
Columnista revista Qué Pasa

Si la idea era dar una señal a la opinión pública de probidad y de ser víctima de la prensa, es un error. Los presidentes tienen un acceso único a la agenda de los medios. Pueden influir, por ejemplo, dando entrevistas. Con su primera reacción a la publicación estaba todo perfecto. Bachelet estaba siendo víctima de una acusación falsa y así lo hizo ver, muy afectada por la situación, antes de subirse a un avión. La querella ahora solo la expone más a las críticas de la opinión pública y da la sensación que la presidenta quiere cuestionar a la prensa que ha sido protagonista al destapar ollas sobre casos de corrupción, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de la política. Ella no responde preguntas en las conferencias de prensa y presenta una querella contra un medio que ha destapado el caso que ha afectado su imagen y la de su gobierno. Si bien los medios de comunicación han sido cuestionados por la opinión pública muchas veces por su falta de transparencia, sesgos políticos y conflictos de interés de sus dueños, están en en buen pie con la pega que han hecho con la ayuda de los fiscales. Al querellarse, la presidenta perdió la oportunidad de dar una señal concreta para fomentar el pluralismo, la libertad de expresión y la transparencia a la hora de informar.

La revista contaba con un capital único: la confianza de sus audiencias y la credibilidad de otros medios por haber destapado el caso Caval. Caval es un caso que la Qué Pasa hizo suyo, sobre todo cuando siempre ha sido una revista más vinculada a las conversaciones e intereses de la élite que al interés por destapar ollas y casos de interés público en todo ámbito. Con ese capital la revista se tentó y se pasó de lista publicando y luego bajando una información de dudosa procedencia (dado los cuestionamientos que tenía Juan Díaz como fuente). Bajar la información fue un error y pedir unas disculpas confusas sobre algo que el medio había validado (y supuestamente chequeado). La querella de la ciudadana Bachelet contra la revista solo se convirtió en una oportunidad para que el medio haga propia la bandera de la liberad de expresión y la defensa del interés público a la hora de informar sobre el actuar de nuestros representantes. Ojalá ese discurso lo puedan aplicar también con empresarios y otros actores que tienen igual —o más— relevancia en los asuntos públicos que nuestros políticos. Ojalá la revista haga un mea culpa público igual donde se exponga a mejorar sus estándares de reportero. Por último, hoy la revista tiene buenas razones para hacer públicos sus respaldos políticos en las próximas elecciones, por ejemplo, apoyando al candidato presidencial que promueva la libertad de expresión, la transparencia en la política, el pluralismo informativo y la defensa del actuar de la prensa a la hora de fiscalizar al poder político y económico.

«EL MEDIO SOLO AMPLIFICA EL CONVENTILLEO DE UN OPERADOR POLÍTICO OFUSCADO»
Ximena Orchard
Periodista, académica de la Escuela de Periodismo UAH.

La decisión de Michelle Bachelet de querellarse contra Qué Pasa es un error político, comunicacional y estratégico. Ella podría haber manifestado de manera pública su molestia sin necesidad de presentar una querella criminal, y la discusión hoy sería otra. Al querellarse, abre la puerta a la victimización de la revista, a la defensa corporativa del gremio periodístico y a las acusaciones sobre intentos de acallar a los medios y coartar la libertad de expresión. La figura de la “ciudadana Bachelet” presentando esta querella separada de su investidura presidencial es ilusa e insostenible, y una eventual derrota jurídica solo hará más daño a su figura.

Respecto de la nota publicada por Qué Pasa, resulta difícil entender cómo el medio no repara antes de publicar en que el artículo no cumplía estándares editoriales, cuando está aludiendo a la Presidenta en el peor escándalo de su mandato. Las escuchas telefónicas tienen claro valor noticioso pero no prueban nada. En bruto, son un insumo que requiere contextualización y reporteo, a lo menos sobre la figura de Juan Díaz y sus intereses. Sin aquello, ni un intento de recoger versiones de las partes aludidas, el medio solo amplifica el conventilleo de un operador político ofuscado.

«ES UNA MEDIDA ANACRÓNICA»
Carlos Ruiz
Editor de El Observatodo

Creo que es un error. Si bien la presidenta como ciudadana tiene el derecho establecido por ley de querellarse, el camino más apropiado en mi opinión era recurrir al Colegio de Periodistas y a la Ley de Prensa, y no judicializar el tema y llevarlo al ámbito penal. Es una medida anacrónica, y que podría haber tenido un efecto más adecuado y acorde con los tiempos actuales si se hubiese tomado el camino antes indicado. Por otra parte, si bien ella señala que lo hace como ciudadana, por el nivel de su investidura es imposible separar a la ciudadana de la presidenta. Cuando se asume un cargo con tal nivel de exposición, también se debe asumir que será sometida al escrutinio público. Pero habiendo las medidas e instancias para solicitar una rectificación o una medida que compense el daño a la honra que no es la penal, me parece un error.

«FUE UNA PROVOCACIÓN, PERO DE JUANITO, NO DE QUÉ PASA»
Sebastián Henríquez
Corresponsal de prensa escrita en Concepción

La intención de presentar una querella contra la Qué Pasa no tiene patas ni orejas, ya que si la revisas, la misma presidenta aparece haciendo una distinción bastante artificial entre la figura de autoridad y la ciudadana. Es malo porque demuestra torpeza, y acá como era un tema que tocaba a su familia fue mucho más complicado. Fue una provocación, pero de Juanito, no de la revista Qué Pasa. Segundo, la pone en un escenario similar al de otros mandatarios latinoamericanos populistas a los que les ha ido pésimo, como Venezuela, Argentina, Ecuador, que tienen en común haberse querellado contra algún medio de comunicación, y en definitiva nos van a comparar con esa medida. El populismo de Bachelet en Chile no era de esa índole. La querella no va a llegar a buen puerto. Los últimos 3 años la revista Qué Pasa se convirtió en una revista de análisis, y que tiene influencia a diferencia de otras más pequeñas como Capital, por ejemplo. Este tipo de publicaciones le hace bien al país, permite ventilar algunas conductas que todos saben que existen pero nadie saca a la luz.

AMPLIAR EL LENTE
Claudio Avendaño
Sociólogo, académico USACH y UAH

La querella de la presidenta/ciudadana Bachelet hace presente al menos tres atributos de la comunicación. La comunicación siempre está situada en un contexto en que fluyen distintas propuestas de significación públicas. Implica, por tanto, que el poder simbólico que despliegan los distintos grupos sociales da cuenta de sus intereses, puntos de vista e ideologías (ahora, líneas editoriales). Los medios son actores sociales estacionados en un lugar de poder, desde el cual comparten información pero también una visión parcial. La Libertad de Expresión es el principio que cautela el derecho a expresar distintos puntos de vista que, sin embargo, en el contexto chileno actual, se ejercen en un escenario medial concentrado en lo económico e ideológico.

El actual estadio de desarrollo infocomunicativo está marcado por la hipervisibilidad del accionar de los actores políticos, económicos, religiosos y culturales, que cada vez más son sometidos al escrutinio de audiencias no solo activas en lo cognitivo, sino también en cuanto productoras de significaciones públicas. Dicho accionar no exhibe solo lo que desean mostrar, sino también los intersticios de repertorios conductuales no siempre legitimados y socialmente deseables. En estos espacios grises lo público y lo privado también se desdibujan y requieren del juicio razonable de editores y periodistas.

Este entorno de la comunicación mediada también hace hipervisibles el accionar de los propios medios. Esto demanda responsabilidad y honestidad con las audiencias que comienzan a vislumbrar no sólo los sótanos del poder sino también las miradas parciales de los medios. Los derechos no solo les corresponden a los medios de comunicación sino también a las audiencias, que requieren de un sistema comunicativo plural y de contenidos diversos. He aquí el valor del Derecho a la Comunicación que no solo garantiza el ejercicio medial y profesional de los periodistas sino también los derechos ciudadanos de comunicación.

OPINIONES EN OTROS MEDIOS

«El ataque de la ciudadana Bachelet a la Presidenta de la República» de Faride Zerán (The Clinic, 1 de junio de 2016).
Declaración de Fernando Paulsen al renunciar a radio ADN (ADN, 2 de junio de 2016)
«Todos somos Bachelet» de Miguel Paz (Medium, 2 de junio de 2016).
«Apuntes sobre el caso Qué Pasa versus Bachelet» de Alejandra Matus (El Dínamo, 2 de junio de 2016).
«(In)felices 15 años» de Laureano Checa (El Dínamo, 4 de junio de 2016).
«¿Ciudadana o Presidenta?» de Carlos Peña (El Mercurio, 5 de junio de 2016)
«Bachelet vs. Copesa: el festival de las hipocresías» de Pedro Santander (El Mostrador, 7 de junio de 2016).
«Qué Pasa-Bachelet: al rescate de la ética» de Jorge Escalante (El Mostrador, 7 de junio de 2016)
«El zapato aprieta en la ética periodística, no en la libertad de expresión» de Patricia Politzer (El Mostrador, 8 de junio de 2016)
«¿Todos somos Qué Pasa?» de Luis Cuello (The Clinic, 8 de junio de 2016)
«Libertad de expresión: un debate imprescindible en Chile» de María Pía Matta (Biobío, 8 de junio de 2016)
«Libertad de expresión, oportunismo y clasismo mediático» de Javiera Olivares (El Mostrador, 8 de junio de 2016)

Colaboraron en la realización de este artículo: Natalia Zamorano, Marcelo Salazar, Karen Vergara, Pamela Romero, Patricia Rivera y Patricio Contreras.

El informe se elabora a partir de un cuestionario que mide 7 puntos: el pluralismo en el espacio mediático, independencia de los medios de comunicación frente a los poderes políticos, gubernamentales, religiosos o económicos, ambiente laboral y autocensura, marco legal, transparencia de las instituciones, infraestructura para desenvolverse en el trabajo y agresiones o violencia experimentadas en la labor periodística.

Si bien Chile se encuentra en el puesto 31 —es decir, 12 lugares menos que en el informe 2015—, Reporteros Sin Fronteras destaca en su apartado chileno que a pesar de que las agresiones a periodistas han cesado desde el fin de la dictadura, un aspecto a considerar es la concentración de los medios de comunicación, lo que limita el debate nacional. Además, señalan con preocupación el hecho que la justicia militar haya pedido a The Clinic revelar sus fuentes en el caso de fraude donde están implicados miembros de altos mandos del ejército.

A nivel latinoamericano, Uruguay es el país que se encuentra más alto en el ránking, ocupando el puesto 20. Le siguen Chile (31), Argentina (54), Perú (84), Bolivia (97), Brasil (104), Ecuador (109), Paraguay (111), Colombia (134) y Venezuela (139).

Revisa el mapa completo, la lista de países y la metodología del informe.

Mönckeberg conversó con Puroperiodismo y se refirió al estado actual del periodismo de investigación en Chile, el trabajo colaborativo entre colegas y la reacción que esperaría de medios y periodistas frente a la «ley mordaza», la cual, en sus palabras, daña el rol del periodismo y también de la justicia.

Entrevista: Karen Vergara
Cámara: Fabián Hernández
Edición: Patricio Contreras
Fotos: Pablo Baeza Contreras

Íconos de Luis Prado para Noun Project (cc).

Parecía que Chile era la excepción: el menos corrupto de Latinoamérica, junto a Uruguay, y el número 21 en el ranking mundial. Hasta que la realidad se impuso. Y, efectivamente, nosotros también estábamos inmersos en este pantanoso escenario.

¿Cómo nos enfrentamos los reporteros a la corrupción de los gobiernos y de las empresas? ¿Cuál es el desafío? Son preguntas que se escuchan cada vez resonar más fuerte. Más aún, cuando hay consciencia de una crisis de representatividad, manifestada en una distancia creciente entre los ciudadanos y sus gobernantes.

De esta forma, los miembros sociales vuelcan su confianza y atención sobre los medios de comunicación. Se dice que formamos parte de lo que se ha llamado el “Cuarto Poder”, el poder de la prensa, que debería estar siempre atenta frente a los abusos de los demás poderes. Pero no podemos ejercer bien ese poder si no lo conocemos. Y aún si conocemos ese poder de construir el ahora y de guiar el futuro, si nos descuidamos, también podemos corrompernos.

Bien sabemos que las bases de la democracia están íntimamente relacionadas al escrutinio público de nuestros líderes y que los ciudadanos pueden ejercer el control a través de los medios de comunicación: informados, participando de la toma de decisiones y previniendo la generación de casos de corrupción.

ENTENDER LA CORRUPCIÓN

En términos simples, corrupción es el abuso de poder que permite el beneficio propio de quienes están involucrados. Según la organización Transparencia Internacional, la corrupción consiste en el mal uso del poder encomendado para fines privados. Estos fines son recompensas tangibles como dinero, estatus, bienes o servicios.

La corrupción tampoco es exclusiva de la esfera pública, como podrían hacernos creer, sino que también forma parte del mundo privado. Los economistas Geoffrey Hodgson y Shuxia Jiang señalan que, generalmente, la literatura y los estudios sobre la corrupción van asociados a los gobiernos. Este prejuicio, correspondiente con una ideología individualista y libertaria, sería cuestionable, puesto que no es correcto restringir la corrupción a los límites del sector público e ignorar la corrupción de lo privado.

Podemos encontrar corrupción en las empresas, en los sindicatos, en los deportes, etc. Los recientes sucesos en la ANFP son síntoma de eso. La corrupción existe en diferentes contextos y es de distintas dimensiones —desde coimas, fraude y evasión de impuestos hasta colusiones—, pero podemos afirmar que la mayor corrupción va de la mano con las elites políticas, económicas y sociales.

ILUMINAR LO OPACO

La libertad de prensa es una de las formas de combatir la corrupción. Es por medio de la denuncia periodística que es posible visibilizarla y llevarla al conocimiento público. Al magnificarse su cobertura, hay una mayor presión sobre los involucrados —y sobre potenciales involucrados— para evitar estos actos. La corrupción es exhibida en la palestra mediática como escándalos, lo que a su vez resulta en la pérdida de apoyo y credibilidad en las instituciones, puesto que la percepción de la corrupción es entendida como un factor que deprime el respaldo a los regímenes democráticos.

En medio de este ambiente es donde encontró su justificación y su nicho el periodismo de investigación: una forma de periodismo en profundidad, que va más allá de lo evidente. Periodismo que se enfrenta al poder y lo reta a jugar limpio, develando los hilos del poder y abriendo los ojos del público frente a las injusticias. Y es significativo, además, porque estamos rodeamos de periodismo que no forma ni informa, que se mueve en lo superficial, un periodismo cómodo y que se presta para la manipulación.El periodista debe seguir cumpliendo hoy la función de vigilante.

La libertad de prensa es una de las formas de combatir la corrupción.

Juan Carlos Bergonzi, profesor de comunicación argentino, define el periodismo de investigación como aquel que publica  “información que alerta a la sociedad sobre corrupción en cuestiones que afectan o erosionan el interés público”. A los periodistas nos corresponde un rol activo en los contextos de corrupción en Latinoamérica: debemos ser valientes, evitar la autocensura y llevar las investigaciones siendo persistentes. Conocer la legislación, en especial la relacionada a delitos de corrupción. Y saber también cómo utilizar las leyes de acceso a la información pública.

La transparencia es lo opuesto a la corrupción, y es misión del periodista brindar un poco de luz a esas zonas oscuras en las que se forjan y estructuran las sociedades, involucrando a instituciones tanto públicas como privadas.

Si bien es cierto que no está en nuestras manos reformar la legislación o hacer justicia, si podemos develar lo escondido, permitiendo también a los ciudadanos tener la posibilidad de orientarse en el mundo, denunciando los casos de corrupción tanto pública como privada. Podemos colaborar así en la sanción moral a quienes abusan del poder que les ha sido encomendado por otros, utilizándolo en su propio beneficio.

PERIODISMO DE LIBERACIÓN

Ryszard Kapuściński sostenía que antes de ser buenos periodistas, debíamos ser buenos seres humanos, porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Hay que comprometerse con los demás, escuchar sus opiniones y denunciar cuando se ven afectados sus derechos.

El objetivo del periodismo de investigación es ser liberador. Y el desafío es conseguir una sociedad más justa. Si en medio de nuestras rutinas acallamos voces o tomamos partido por los más poderosos, nos hacemos cómplices de la corrupción misma.

La tradición periodística latinoamericana está ligada a la denuncia de los abusos cometidos durante las dictaduras que arrasaron con nuestros países en la segunda mitad del siglo XX. Esta tradición nos habla de periodistas que arriesgaron y perdieron sus vidas porque otros pudieran satisfacer su necesidad de estar informados, por denunciar ante la opinión pública las violaciones contra los derechos humanos.

Una vez en democracia, no podemos más que honrar a todas y todos esos periodistas que nos antecedieron. Aún se siguen vulnerando muchos de los derechos de las personas y es parte de nuestro compromiso deontológico estar ahí para ser la voz de los sin voz y los oídos de los que aún no quieren escuchar.

Desafío inevitable, y que Rodolfo Walsh relacionó con la misión de los intelectuales en la sociedad: “Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra” (Semanario CGT Nº1, 1968).

Algunos textos para entender mejor la corrupción:

Una aproximación al fenómeno global de la corrupción de Alberto Precht, 2014.

Investigar la mala administración y la corrupción burocrática es inherente al periodismo de Juan Carlos Bergonzi, 2008.

La economía de la corrupción y la corrupción de la economía: una perspectiva institucionalista de Geoffrey Hodgson, y Shuxia Jiang, 2008.

Chile, un caso de corrupción oculta de Patricio Orellana, 2007.

El frontis del Newseum en la avenida Pensilvania. Fotografías y video: Patricio Contreras

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice: «El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios».

Esa frase, íntegra y en inglés, está tatuada en el frontis del Newseum de Washington D.C., el museo de las noticias inaugurado en abril de 2008 y que, entre muchas colecciones, alberga más de 35 mil portadas de periódicos y casi 9 mil artefactos, desde máquinas de escribir, un trozo de la antena del derrumbado World Trade Center hasta un helicóptero suspendido en el acceso del recinto.

La referencia a la Primera Enmienda no es mera palabrería: más que un museo de noticias, el Newseum trabaja —y su misión así lo indica— para resguardar estas cinco libertades vigentes desde su formulación en 1791. En este museo la «noticia» no sólo es un elemento articulador sino que también emerge como un vehículo de transmisión de todos esos valores que la Constitución de Estados Unidos representa.

¿Cómo se defienden y articulan esas libertades en un museo?

RECORRIDO: DE ARRIBA HACIA ABAJO

El Newseum es un proyecto que puede explicarse en cifras: 22 mil metros cuadrados de edificio, siete niveles, 130 estaciones interactivas, dos estudios de televisión y 456 millones de dólares de financiamiento provenientes del Freedom Forum, filántropos y fundaciones.

La guía de visitantes sugiere iniciar el recorrido desde arriba hacia abajo. En el primer nivel está la sala Annenberg de cine 4D, donde se exhibe el corto «I-Witness!» sobre los pioneros del periodismo estadounidense. Después se recomienda subir hasta el sexto piso en uno de los tres ascensores de vidrio y de ahí comenzar el descenso.

El último piso del Newseum tiene una terraza abierta y permite apreciar una panorámica de la ciudad, desde el Capitolio hasta el Washington Monument, más conocido como Obelisco. Adentro, en tanto, se exhiben las portadas del día de periódicos de todo el mundo —una de las secciones más atractivas del sitio web del museo— y una selección de portadas históricas de distintos países bajo el lema «One Nation With News for All», que pretende constatar la influencia de la prensa migrante en Estados Unidos.

Pero las portadas, el papel, no son el único elemento distintivo. El Newseum también se destaca por su exuberante despliegue de pantallas —la galería Bloomberg tiene una de nueve metros de altura— y, fundamentalmente, por vestigios históricos donde esas cinco libertades de la Primera Enmienda se han visto amenazadas. Los más imponentes son las ocho secciones del Muro de Berlín situadas en el subterráneo y la galería del 11 de septiembre de 2001 en el nivel cuatro.

El muro de portadas del 12 de septiembre de 2001.

El piso tres —y en realidad gran parte del museo— es un reflejo de sus donantes y financistas, pues las galerías y salas llevan nombres como «Time Warner World News Gallery» y «Knight Studio», donde graban y transmiten programas de televisión de medios locales (la cúpula del Capitolio es apetecida para eventos como el cambio de mando presidencial). Otros medios y empresas que han participado son NBC, News Corp., HP y Bloomberg.

El NBC News Interactive Newsroom es uno de los espacios más visitados. Un sistema de cámaras permite que cada visitante del Newseum se convierta en reportero y grabe sus propios despachos —leyendo desde un telempromter, con micrófono en mano— desde el frontis de la Casa Blanca o un estadio de béisbol, y luego lo suba a YouTube. Una buena instancia interactiva para hacer el ridículo —mi caso— y reírse.

Un día es ínfimo para la visita (de hecho, la entrada, que cuesta 23 dólares, se puede validar para una segunda visita al día siguiente). En el tintero se nos queda la galería de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), que especula cómo habría sido la información del conflicto divulgada a través de Twitter; el «Journalists Memorial», que despliega los nombres de más de dos mil periodistas, fotógrafos y editores que murieron en el cumplimiento de su deber; la Galería de fotos de ganadores del Pulitzer; y, por cierto, la extensa tienda de dos pisos del Newseum, con una diversidad casi ridícula de artículos y accesorios relacionados con la prensa, el periodismo y el oficio reporteril.

Ah, y si usted es devoto del cine idiota y caricaturesco —me declaro fanático—, está la muestra sobre la película Anchorman, que aborda la vida de Ron Burgundy, un lector de noticias machista que se resiste a aceptar el ingreso progresivo de la mujer a los feudos masculinos de los medios de comunicación.

Para seguir a distancia el trabajo del museo siempre están disponibles las plataformas digitales: el impecable sitio web del Newseum y sus redes sociales comoFacebook, Twitter e Instagram.

El Nuevo Herald y el rescate de los 33 mineros, octubre de 2010.

Los periodistas entregan el primer borrador de la historia.

Knight Studio donde Politico.com graba algunos programas.

Helicóptero del canal KXAS-TV en la entrada del Newseum.

La galería del 11 de septiembre de 2001 resalta las portadas de periódicos, objetos y testimonios.

Foto: Tamy Palma

Es abril de 2013 y México luce un día cálido y primaveral. Darío Ramírez, fiel a su rutina, llega a la sede de Artículo 19 donde el chico encargado de la correspondencia le entrega un abultado paquete. Sin imaginar qué podía haber adentro, el director de la organización llega a su oficina y la abre. Dentro de él hay un pedazo de carne de animal muerto con una carta escrita a mano: “Pinche güerito, bájale de huevos o te vamos a matar”. Darío se asusta.

México es un país difícil para el periodismo. La libertad de expresión está limitada por la violencia de los carteles de drogas, la corrupción y las presiones gubernamentales hacia la prensa. Hace siete años, en ese complejo contexto, Darío Ramírez fundó la oficina mexicana de Artículo 19, una organización con base en Reino Unido que tiene como objetivo velar por el cumplimiento del derecho mundial a la libertad de expresión. Opera en países como Brasil, Kenia y Estados Unidos, donde trabajan por la seguridad de periodistas en riesgo.

Es una tarea difícil y arriesgada. De acuerdo al último informe (2013) sobre medios mexicanos de la organización, desde 2010 han contabilizado a 76 periodistas asesinados, 18 desaparecidos y centenas de casos de agresiones, amenazas y hostigamientos. Cada año el porcentaje aumenta, y si antes el principal enemigo era el crimen organizado, hoy se suma otro actor que, pese a su compromiso de protección, es el principal victimario de los medios: el Estado.

—¿Cómo se explican estas variables?
Desde los últimos siete años ha sido contante el aumento de la violencia. La diferencia es que en el último año hubo menos casos de asesinatos, pero más casos de agresión, intimidación e inclusive casos de torturas a periodistas.

—¿Cómo evidencian los casos de tortura?
Son los que no alcanzan a ser víctimas fatales y se notifican directamente a Artículo 19. Sobre eso, está bien claro quiénes son los perpetradores y que las violaciones más graves están cometidas por el crimen organizado, pero en la gran mayoría de los casos los cometen porque hay un sistema de corrupción con las autoridades locales.

—Da la impresión de que las informaciones más morbosas sobre narcotraficantes y víctimas son las causantes de la persecución y crímenes. ¿Qué tan cierto es?
La mayoría es persecución política. El problema está en cómo se hace el periodismo en México: mientras más ético sea, menos ofende de manera gratuita o irresponsable. Muchas veces llevan en portada noticias de carteles y, por azar, el cartel rival deja de ser noticia y éstos creen que hay una tendencia con los hechos de violencia, entonces hay represalias.

«Acá la construcción ética de la noticia pasa por un filtro financiero».

—¿Cuál es el uso correcto de las fuentes y fotografías en un contexto de violencia extrema?
Primero, debe haber un interés desde los medio de comunicación para proteger a sus periodistas. En México se tienen que implementar protocolos de seguridad. Muchos medios mandan a un reportero a que haga su trabajo sin ningún respaldo editorial y para eso se tiene que capacitar a periodistas en marcos legales, técnicas de entrevistas, tratamiento de fuentes, etc. Hay casos donde el tratamiento de la fuente fue tan malo, que ésta se sintió presionada y luego hace desaparecer al periodista.

—En México ocurre lo contrario: hay muertos en portadas y rostros de menores violadas. ¿Qué filtro impera para que algo sea noticia?
Acá la construcción ética de la noticia pasa por un filtro financiero. Por otro lado, no hay una audiencia que le diga al medio de comunicación que se han pasado con alguna nota o portada. Tampoco hay defensores de los lectores. La sociedad no tiene claro cómo quiere ser informada ni sabe qué temas le interesan. Acá pueden sacar una nota mal y no les importa. Ni siquiera está regulado el derecho a réplica, pese a que hay un principio constitucional.

—Un error como la supuesta fotografía de Hugo Chávez entubado que publicó El País, ¿sería motivo de rectificación en México?
No. Aquí ha habido ejemplos burdos donde los periódicos no desmienten, ni dicen que se equivocaron. No le piden disculpas a nadie. Eso es exactamente porque no hay nadie que se lo demande.

—¿Crees que hace falta un consejo de ética que fiscalice y sancione a los medios?
Sí, pero la verdad es que nunca hemos tenido una unión o frente común ni para combatir la violencia. En México los medios están más cerca del gobierno que de la sociedad. No tienen ningún incentivo para estar del lado de ella. Ni mucho menos hay un compromiso con la audiencia.

MÉXICO: “ACÁ REINA LA IMPUNIDAD”

El común denominador de las salas de redacción mexicanas es el miedo. Las amenazas y persecuciones han ocasionado que el proceso editorial para decidir qué se saca y qué no, esté dominado por las consecuencias que la publicación puede generar. Según Darío, “tomar medidas de seguridad pasa por tener protocolos y claridad de qué debes hacer y qué no”. Algo que en el país no ocurre.

—¿El miedo y la violencia afectan la calidad de la información?
Por supuesto. No se puede hacer periodismo con miedo. Se puede con alto grado de adrenalina, pero el miedo es diferente; nubla, entume. Acá reina la impunidad. Nadie cree que si agredes a un periodista, algo te va a pasar. Yo creo que el tema central, en términos estructurales, es mejorar el periodismo y quitarle el miedo. Pero solo lo puedes hacer cuando hay una señal desde el Estado y eso es imposible hoy.

—¿Cuánto ha influido el gobierno de Peña Nieto en las cifras actuales de violencia hacia la prensa?
En un año subió considerablemente la violencia. Recientemente pusimos una alerta porque un alcalde amenazó por teléfono a un reportero por publicar una información que no le convenía que saliera. Y eso no es del crimen organizado. El Estado simula que está, entonces es peor en términos de seguridad, porque si hay un mecanismo que protege y este mecanismo es una letanía y no funciona, entonces el nivel de riesgo crece.

REPORTEO AL LÍMITE

Fue en abril del año pasado cuando Darío Ramírez recibió la primera de tres amenazas de muerte. Luego vinieron dos allanamientos en su hogar y uno en su oficina, la cual se ubica a media hora del centro de Distrito Federal. Después del último ataque ocurrido en marzo de este año, el director depende de la seguridad privada. Pese al riesgo que corre viviendo en México, se niega a abandonar el país.

“No me van a matar”, afirma.

—¿De dónde crees que viene tanto hostigamiento?
¿Conoces ese pasaje que se le atribuye al Quijote: «Ladran los perros, Sancho, que vamos avanzando»? Bueno, me parece que es un poco así. Lo que pasa es que aquí los ladridos son un poco intimidantes.

«No se puede hacer periodismo con miedo. Se puede con alto grado de adrenalina, pero el miedo es diferente; nubla, entume. Acá reina la impunidad».

—¿Y de quién son los ladridos?
No lo identifico, porque podría ser irresponsable de mi parte. Creo que puede ser por casos de protección donde sacamos a las personas y no alcanzan a matarlas. No creo que sea Peña Nieto contra Artículo 19, pero sí me parece que la violencia viene de mandos medios y bajos del interior de la República. Ellos creen que con el hostigamiento yo me voy a quedar callado y no es así.

—Hablabas de la falta de compromiso de periodistas con el medio y las audiencias, pero sí se acercan a Artículo 19 para poder hacer bien su trabajo. ¿Cómo se explica eso?
No sé qué tanto. Lo que tienen es una mediana luz de esperanza de saber que no están solos. Hay un elemento que hemos tejido a lo largo de estos años que es la solidaridad. No estamos tratando de crear un sindicato, pero la evolución ha sido de boca en boca. Es decir, sí hacemos las cosas; ofrecemos contenido ético y hemos salvado vidas.

—¿Cómo las han salvado?
La última fue a una periodista de Reinosa, Tamaulipas, donde tuvimos que exigirle al gobierno que fuera a sacarla porque estaba acorralada de Zetas (cartel de drogas). No tenemos armas ni nada, sino que generamos diálogo para que se cumplan sus derechos. Hemos sacado a familias enteras de Ciudad Juárez a España. Hay casos de exilio, desarraigo, protección, etc.

—¿Te asustan las amenazas y persecuciones?
Sí, claro. ¡Cómo no me va a dar miedo! Me cago de miedo. Pero creo que aquellos periodistas que están haciendo reportajes en Sinaloa también tienen miedo.

—¿Han pensado en trasladar la oficina de Artículo 19 a otro país?
La verdad es que no.

—¿Por qué?
Aunque me lo preguntes tres veces, diría que no.

—¿Pese a que sabes que podrían matarte?
Es que no me van a matar, no me van a matar.

La cifra de periodistas detenidos en el mundo es la segunda peor desde 1990, según se desprende del censo anual elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Mientras en 2012 hubo 232 casos, en 2013 el número disminuyó levemente a 211.

Turquía (40), Irán (35) y China (32) son los países que suman más periodistas detenidos. «Gobiernos intolerantes en Ankara, Teherán y Beijing acudieron predominantemente a los delitos contra la seguridad del Estado para silenciar, entre los tres países, a un total de 107 reporteros, blogueros y editores críticos», se lee en el informe del CPJ.

Según el censo, en América sólo hay un periodista preso: Roger Shuler, un bloguero independiente que fue acusado de desacato en el estado de Alabama, Estados Unidos, por negarse a cumplir una orden judicial en un caso de difamación.

Otros datos del censo del CPJ:

• En el mundo 124 periodistas fueron acusados de delitos contra la seguridad del Estado.
• En 45 de esos casos las autoridades no revelaron los cargos formulados.
• Los periodistas digitales constituyen la mitad (106) del total de periodistas encarcelados. En tanto, 79 periodistas presos se desempeñaban en medios impresos.
• Aproximadamente un tercio de los periodistas presos era freelance. En 2012 la cifra era de un 37%.

En el sitio del CPJ se puede consultar la situación detallada en cada país con casos.