Marcela Guevara tuvo un día ajetreado. El papeleo que debía revisar para esa semana se había acumulado y su abogado necesitaba el visto bueno para poder continuar. Su opinión era importante. Por eso decidió aplazar la entrevista que teníamos agendada para ese martes 4 de junio a las 19:00 hrs. Recién a las 20:30 hrs. pudo conectarse.

Tras el suicidio de su hijo José Matías de la Fuente en mayo de 2019, a causa del bullying transfóbico del que era víctima en su colegio, Marcela decidió dedicar su vida al activismo por los derechos de adolescentes transgénero para, así, aportar a que eso que le pasó a su hijo no le vuelva a ocurrir a nadie. Eso le significa estar corriendo entre distintos lugares, recibir constantemente llamadas sorpresa o solicitudes de entrevista. A pesar de esa constante vorágine, se hizo un tiempo para asistir a nuestra reunión.

Tras muchos problemas técnicos, por fin pudo explayarse en algunas de las respuestas que preparó para la entrevista y cuando su testimonio por fin llegaba a un clímax, algo la distrajo.

–¡No lo puedo creer! ¡Me está llamando el ministro de Educación, no lo puedo creer! –dijo eufórica.

–¡Conteste! –le respondo, mientras la pantalla se va a negro y el audio se corta.

Al volver, sigue muy entusiasmada y con los ojos llorosos dice:

–Tienes la primicia de esto, nadie se ha enterado aún.

Entonces revela que ese mismo día había estado leyendo la última revisión del nuevo proyecto de ley de Convivencia, buen Trato y bienestar en comunidades educativas, que había estado trabajando junto con su abogado y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. La llamada era para confirmar que, al día siguiente, el gobierno enviaría el proyecto para que sea discutido en el Congreso.

Este nuevo proyecto, en palabras de Marcela, tiene como base  , el mismo que ella había impulsado junto a la diputada Daniela Cicardini (PS) y que, en pocas palabras, proponía mayores herramientas para que los colegios pudieran enfrentar situaciones de bullying y, específicamente, obligar a las instituciones educativas a contar con personal capacitado para poder abordar situaciones de LGBT-fobia. La iniciativa, que lleva el nombre de su hijo, fue aprobada en la Cámara Baja el 15 de junio de 2022 –con 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones–, pero hace más de un año que descansa en el Senado sin movimiento alguno. Por eso, este nuevo proyecto significó una segunda oportunidad.

Esta ha sido la rutina diaria de Marcela Guevara durante los últimos meses: llamadas, reuniones con autoridades, vocerías, entrevistas, pero, sobre todo, mucho trabajo del cual por fin podría ver frutos.

En mayo de 2019, tras el lamentable suicidio de su hijo a causa del acoso de sus pares y la negligencia del Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, Marcela le pidió a José Matías que le diera toda su rabia a ella para transformarla en algo propositivo y encargarse de honrar su memoria. Días después, en una multitudinaria manifestación que convocaron los amigos del joven –a la que llegaron cerca de 2.000 personas–, Marcela, por primera vez, tomó conciencia de que lo sufrido por él no era un caso aislado.

“Se me acercó una señora que venía de Caldera, otros venían de Tierra Amarilla, por sus hijos. Entonces, yo dije, esto no es algo que nos ocurre solamente a nosotros”, recuerda.

En la misma manifestación, recibió una llamada a través de un representante de la diputada Cicardini. Marcela dice que jamás olvidará lo que le dijo:

–Solo espero ver estas condolencias materializadas en algún momento.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023, que rescata información mediante denuncias recibidas por la misma institución, reportes policiales y la prensa, expone un aumento considerable en casos de discriminación. El alza fue de 52,6% en relación con lo registrado en 2022. Sin embargo, no existen datos específicos que dimensionen la realidad trans en los colegios.

Para efectos de este reportaje, Puroperiodismo realizó una solicitud vía Ley de Transparencia a la Superintendencia de Educación para obtener la cifra de denuncias por incumplimiento a la   que, hasta 2021, actuó como el único mecanismo de supervisión del cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Hasta la fecha, no existe respuesta oficial, pero de igual forma, además del caso de José Matías, existen al menos otros ocho casos de transfobia en colegios que fueron denunciados por el Movilh y la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD) entre 2017 y 2023.

Imágenes de José Matías que Marcela tiene en su casa.

José Matías

Marcela Guevara describe a José Matías como un niño alegre. Su identidad de género jamás fue un problema y recuerda, tiernamente, la primera vez que notó que “Jose” (así, sin tilde, como ella le llamaba) comenzaba a presentar más interés por usar ropa masculina. Fue una de las primeras señales que notó.

–No sé en qué momento ya no íbamos a la sección de mujer, íbamos a la de hombre. No era tema, no me molestaba; después, cuando se cortó el pelo, menos. Cuando cumplió 15 años, fuimos a una galería del centro a comprar una humita y unos suspensores, y a mí me pareció tan bonita esa idea –agregó.

Nunca existieron problemas con el Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, o al menos no que se dieran cuenta. Marcela recuerda que siempre se sintieron cómodos en el establecimiento. Sin embargo, un día que acompañó a Jose y a sus dos hermanas a la puerta, notó que algo estaba mal. No le parecía raro que su hijo no quisiera entrar con ella al colegio; era un adolescente, necesitaba su espacio. Por lo que ese día de mayo de 2019, mientras se dirigían junto a sus dos hijas al acceso principal, como todos los días, Jose iba al menos 10 pasos adelantado a su madre. Una vez en la puerta, la inspectora la saluda y le dice “¡tan lindas las chiquititas y tan odiosa que es la grande!”.

Marcela quedó paralizada.

–Yo sentí que la vieja me disparó en la cabeza. Dejé a las niñas en el colegio y me devolví a pedir explicaciones. La directora me dijo que estaba loca, que prácticamente me había imaginado que la vieja me había dicho eso.

Ese fue el día en que ella comenzó a desconfiar.

El 23 de mayo de ese mismo año, Marcela se dirigió nuevamente al colegio a solicitar explicaciones. Sin embargo, tras varias horas de espera, nadie la atendió. Esa misma tarde, su hijo José Matías se quitaría la vida, tras dejar una carta en la que se leía la frase “liceo de mierda, me colapsó”.

–Yo nunca he dicho que ellos desearon la muerte de José Matías, pero sí la provocaron — declaró.

Tras el fallecimiento de su hijo, Marcela se dedicó a hacer una recolección de casos y comenzó a darse cuenta de que esto era un problema más grande. Por eso decidió comunicarse con Cicardini, quien ya antes le había expresado sus condolencias. Junto con su abogado, trabajaron en lo que hoy conocemos como el proyecto de Ley José Matías.

Estudiantes manifestándose por espacios libres de violencia de género. (FOTO: Tamara Silva, @taby.ph)

El 13 de noviembre de 2020, Cicardini y otras parlamentarias presentaron la moción que fue aprobada en la Cámara baja poco más de año y medio después. De ahí pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado y allí quedó: además de las constantes urgencias presentadas por el Ejecutivo, no registra movimiento alguno.

La parlamentaria recuerda con cariño la conversación con Marcela y explica a Puroperiodismo su motivación para llevar este proyecto al Congreso: “Tenía absolutamente todo el sentido el involucrarnos con mucha emoción y compromiso, ponernos a disposición de Marcela y su lucha por resignificar la muerte de su hijo; unirnos a esa causa noble de evitarle más dolor y sufrimiento en el futuro a otros niños, niñas y adolescentes, y a otras madres”.

Un problema sistémico

El caso de José Matías no es aislado. En 2023, Renato Díaz Suazo (14) se quitó la vida a causa del acoso transfóbico que vivía en el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín, en Cauquenes. Los patrones son los mismos: su familia denunció que el colegio se negaba a cumplir la Resolución Exenta de Educación 0812, que actualmente regula la convivencia escolar y, entre muchas otras cosas,  exige que “las medidas tomadas por los establecimientos educacionales y los miembros de su comunidad materialicen o promuevan una mayor efectividad en la vigencia del principio de no discriminación”.

Respecto de lo sucedido con Renato, la OTD señaló en un comunicado que no solo existe un incumplimiento a esta resolución, sino que también existen faltas a la Ley de Identidad de Género y la Ley sobre la Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

A pesar del trágico desenlace de Renato, el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín decidió dar un último golpe a su memoria, extendiendo condolencias en un comunicado en el que se referían a él con un nombre que no era el suyo.

Casos como este son cada vez más frecuentes. En marzo de 2020, el Movilh denunció discriminación a una menor de 13 años en el Colegio Adventista de Copiapó. La madre de la menor declaró en TVN: “Me dijeron que lamentablemente no la podían aceptar en clases y que no iba a entrar porque estaba vestida de mujer” (ver nota).

En junio de 2022, el Juzgado de Familia de Villa Alemana ofició al Colegio Internado Alemán Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, tras denuncias por violencia física y verbal sufridas por un alumno trans de 16 años, en relación a su orientación sexual e identidad de género, lo cual llevó a su madre a retirarlo del establecimiento. Al igual que con los dos anteriores, el abuso fue denunciado un año antes, sin embargo, no se tomaron medidas. Su madre declaró al Movilh que su hijo había expresado reiteradas veces miedo a ir al colegio y que se encontraba tomando medicamentos debido a las crisis de pánico que desarrolló tras las agresiones.

Un año antes, en 2018, esta vez en Coquimbo, una madre decidió sacar abruptamente a su hijo de 15 años del Colegio Español de Coquimbo, tras sufrir brutales situaciones de acoso por su identidad de género: un grupo de compañeros lo habría obligado a vestirse de mujer e incluso a usar maquillaje. Nuevamente, se denunciaron los abusos en 2017 y el colegio no tomó medidas. La madre afirma que tanto compañeros como funcionarios del colegio fomentaron hechos de discriminación que desataron en su hijo una profunda depresión.

Cuatro años antes, en 2013, la Municipalidad de San Esteban debió pagar una indemnización de $20 millones a la familia de un joven trans, quien junto a su hermana sufrieron reiterados actos de discriminación en el Colegio República de Brasil.

A pesar de ser un problema recurrente y extendido en el sistema educacional chileno, no hay datos oficiales sobre el fenómeno. Ya en 2017 la OTD había encendido alarmas por la falta de datos sobre la población trans, liberando el Informe de la Primera Encuesta Nacional Trans, en la cual, uno de los resultados más alarmantes fue que un 55,2% de los encuestados declaró haber tenido al menos un intento de suicidio en su vida y que un 83,6 % declaró que esto ocurrió entre los 11 y 18 años.

Grave: un 52,6% aumentaron los casos y denuncias por homo/transfobia en Chile. En el último año se registraron 1.597 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, la cifra más alta de la historia. Detalles e Informe de DDHH completo aquí: https://t.co/hQoLCKVUSq pic.twitter.com/jmW3nSPAye

— Movilh Chile (@Movilh) March 20, 2024

Por otro lado, el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023 del Movilh  reveló que tan solo en 2023 hubo 1.597 casos o denuncias de discriminación a la comunidad LGBTI+, lo cual correspondería a la cifra más alta de la cual se tiene registro. Esto no deja de ser preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el 62% de los casos registrados se dieron en ambientes educacionales y que la discriminación educacional aumentó un 19,2% desde el año anterior.

Casos como los anteriores son denunciados constantemente por organizaciones como el Movilh, Iguales y OTD, y todas comparten la misma conclusión: los protocolos, circulares, requerimientos o recursos legales no son suficientes.

Así lo confirma la OTD a Puroperiodismo, a través de su directora Ignacia Oyarzún: “Evidentemente, en la práctica, no se están cumpliendo las circulares. Aunque tengamos circulares, resoluciones y normativas sobre esta materia, sigue habiendo discriminaciones. Por tanto, es una muestra concreta de que la circular no es suficiente con respecto al avance de una ley”.

Oyarzún está al tanto del aumento de denuncias y es tajante en reconocer que la violencia transfóbica en los colegios ha existido desde siempre y, lamentablemente, no ha disminuido. Principalmente –dice– debido a dos factores cruciales: la falta de Educación Sexual Integral (ESI) y la ineficiencia de los reglamentos para aplicar las leyes antidiscriminación y de identidad de género.

La OTD es optimista con el avance este nuevo proyecto de ley y esperan que este hito, retome la discusión y de urgencia a legislaciones sobre Educación Sexual Integral que complementen la aplicación de la nueva Ley de Convivencia Escolar.

Un nuevo camino

Con el nuevo proyecto de ley en el Congreso y las constantes amenazas del Partido Republicano de aplicar la “reserva constitucional” para que el proyecto sea declarado inconstitucional, el camino es incierto y Marcela ha sentido en varias oportunidades que el sueño de brindarle a todos los padres y madres un lugar seguro para sus hijos en los colegios se ve cada vez más lejano.

¿Cuántos colegios harán la misma porquería? ¿En cuántos colegios les harán lo mismo a las familias? ¿Cuántas razones habrá para que los colegios se justifiquen por las porquerías que les hacen a los niños?”, se pregunta.

La circular N°768 es la normativa que debió proteger a José Matías. Este documento, en resumidas cuentas, entregaba los lineamientos básicos bajo los que se debía interpretar el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Sin embargo, la circular carecía de mayor precisión al momento de determinar quienes estaban sujetos a este requerimiento. Oyarzún es enfática en señalar que estas medidas siempre fueron ineficientes.

“Hay mucho desconocimiento por parte de establecimientos, docentes y personas involucradas con la educación. Así también se sienten en la libertad de no respetar estas normativas”, dice.

En 2021 se modificó esta circular, dando paso a la actual Resolución Exenta N°0812, que expande las responsabilidades de fomentar un ambiente libre de discriminación a toda la comunidad escolar, no solo a la administración. Además, entrega indicaciones más precisas para identificar y sancionar casos de discriminación a alumnos trans. Sin embargo, estas indicaciones no garantizan capacitaciones a la comunidad estudiantil y tampoco poseen la suficiente fuerza que tendría una ley de convivencia escolar.

“Una resolución o una circular son medidas administrativas que jamás van a tener el peso que tiene una ley. Una ley establecería una obligación a respetar la identidad de género y las distintas consideraciones particulares en este caso”, agrega la directora de OTD.

Bajo este panorama, los mecanismos de supervisión de cumplimiento de las leyes antidiscriminación y de identidad de género, si bien existen, en la práctica terminan por ser insuficientes. Para la abogada de DDHH, Karinna Fernández, específicamente en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA) y las personas trans, el derecho internacional extiende “garantías reforzadas” y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y fiscalizar la correcta protección de sus derechos.

“Estos dos grupos de personas tienen salvaguardas superiores porque están en una situación especial de desventaja, donde los impactos son diferenciados. Si las personas están siendo vulneradas en sus derechos a la identidad, o están sufriendo ataques que involucran su integridad personal, ya sea física o psicológica, el Estado tiene siempre la obligación de proteger”, explica la abogada.

El 6 de junio el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, cuyas bases se encuentran en el proyecto de ley José Matías. Según el mensaje presentado por el presidente Gabriel Boric a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto:

“Propone una educación que reconoce en los procesos cotidianos y en las relaciones interpersonales, una oportunidad para el desarrollo de habilidades sociales y cívicas, en donde se inculquen los principios de la democracia, promoviendo una paz sostenible y duradera, a través de la construcción de las condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y estudiantes durante su formación y de aquellas personas que contribuyen y acompañan sus procesos de aprendizajes”.

Marcela Guevara junto a su hijo José Matías De la Fuente.

El texto reconoce las “contradicciones y diversidad” de la convivencia, y evidencia que los esfuerzos legislativos anteriores han sido insuficientes en casos como el de José Matías. Esto debido a que solo se limitan a entregar herramientas para la resolución de un conflicto y no dan importancia a los elementos pedagógicos o sociales que pueden llegar a ser la raíz de un problema de convivencia escolar.

Marcela confirma esto a través de su experiencia: “¿A qué colegio le interesa cumplir la normativa si después va a dar un par de excusas, hace un par de arreglitos en el protocolo y listo? El problema es que acá quedó un niño muerto”.

El proyecto tiene seis objetivos, de los que dos serán claves en la discusión parlamentaria. En primer lugar, busca entregar mayores lineamientos al sistema educativo, pero más importante aún, trata de “determinar la responsabilidad de los sostenedores y establecimientos educacionales en la prevención y actuación sobre los hechos constitutivos de acoso, violencia y/o discriminación en contra de cualquier integrante de la comunidad, estableciendo nuevos deberes y sanciones”, lo cual le entregaría herramientas a los apoderados para exigir que el colegio se responsabilice por las denuncias de discriminación, tanto entre estudiantes, como desde los mismos funcionarios o profesores.

La diputada Emilia Schneider (CS), miembro de la bancada disidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y actual presidenta de la Comisión de Educación, fue una de las primeras en apoyar el proyecto e hizo especial énfasis en la necesidad de tramitar la nueva Ley de Convivencia.

“Este es un proyecto que recoge otras aristas muy importantes, se constituye como un marco general de convivencia educativa y eso es algo que nos falta en Chile. Las escuelas necesitan herramientas para combatir la violencia, para resolver los conflictos de forma pacífica, dialogada y no de forma violenta”, dijo Schneider.

La parlamentaria agregó que, si bien existen acuerdos, aún existen puntos que habrá que “empujar” para lograr la aprobación de la nueva ley. Recordó especialmente el proceso de tramitación de la Ley José Matías y su estancamiento en el Senado.

“Estábamos en otro contexto político, hoy la derecha se ha radicalizado, se ha vuelto más ultraconservadora. En ese momento teníamos un viento más favorable para avanzar, espero que eso no entre en este nuevo proyecto”, finalizó.

El proyecto ya está siendo discutido en la Cámara. Ya fue objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo (ver indicaciones), ya pasó por la Comisión de Educación (ver informe) y ahora está en manos de la Comisión de Hacienda.

El 24 de septiembre, Marcela Guevara agradeció al presidente Boric por anunciar que al proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas se le otorgó suma urgencia para legislar, tratando de acelerar con ello su avance. Aún falta un largo tramo para que esto se convierta en ley de la República y, aunque Marcela lo sabe, volvió a tener esperanzas de que esta iniciativa se pueda llegar a materializar, y está ansiosa por recibir esa llamada que tanto ha esperado, esa en la que le digan que por fin ya ocurrió.

Este lunes 26 de agosto, se presentó en la Biblioteca Santiago Severín, en Valparaíso, la primera fase del proyecto de reconstrucción de la memoria histórica del Sindicato Afrodita, una iniciativa en la que han trabajado en conjunto investigadorxs, periodistas y socias del mismo sindicato para organizar entrevistas y documentar las memorias de las integrantes más antiguas de la organización, uno de los sindicatos de trabajadoras sexuales trans más antiguos de Chile. En total, esta primera entrega recopila 10 testimonios que ya se encuentran disponibles en el sitio web que el Sindicato Afrodita desarrolló especialmente para albergar el proyecto y que fue también lanzado este lunes. El evento contó con la presencia del alcalde porteño, Jorge Sharp, quien ratificó su apoyo al sindicato y destacó los esfuerzos alcanzados en conjunto con la comunidad transgénero en la ciudad puerto.

Si bien el Sindicato Afrodita de Valparaíso tiene poco más de 20 años de funcionamiento –desde su fundación en 2002–, la mayoría de sus integrantes son adultas mayores que ejercieron o aún ejercen el trabajo sexual desde la década de los ‘70. Por lo tanto, su historia tanto individual como colectiva viene de mucho antes, y son precisamente los testimonios y memorias que atraviesan todo ese período los que este proyecto busca rescatar, junto con material audiovisual y fotografías de la época para cada una de las protagonistas. De esta forma, la agrupación ha dado los primeros pasos para construir el primer archivo de memoria histórica trans en el país.

Los relatos recopilados van desde un detallado repaso por las vidas de cada integrante, hasta una reconstrucción de la escena bohemia y prostibular del Valparaíso de los años ‘70 y ‘80, repasando también las crudas vivencias tras ser detenidas por “faltas a la moral” en el contexto de dictadura en la ahora ex Cárcel de Valparaíso. Este evento de lanzamiento es fruto de una larga lucha de la comunidad trans en Chile y de las adultas mayores sobrevivientes de la dictadura, quienes históricamente han denunciado la omisión de sus testimonios de sobrevivencia, la falta de reconocimiento social y la ausencia de reparación por la violencia sistemática vivida antes, durante y después del régimen militar que rigió el país entre 1973 y 1990.

Barbara Aracena, vocera Sindicato Afrodita de Valparaíso. (FOTO: Marcel San Martín)

Barbara Aracena, vocera del Sindicato Afrodita, compartió con Puroperiodismo su emoción por la culminación de esta primera fase del proyecto que se viene desarrollando desde 2023:

“La importancia de este proyecto es que conozcan las vidas trans, la vida y la historia del Sindicato Afrodita, ya que somos uno de los primeros que trabaja con mujeres adultas mayores trans. Queremos, además, que las nuevas generaciones conozcan nuestro trabajo y que sea un impulso para el avance de la inclusión en la sociedad”.

Construir memoria en tres fases

La delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, también participó del evento como autoridad en representación del Ejecutivo. En la instancia, ratificó el compromiso del gobierno con el proyecto y con los derechos de las mujeres trans adultas mayores:

“Nosotros entendemos desde la Delegación, desde el Presidente Gabriel Boric, que hay una deuda del Estado con las disidencias, con las mujeres trans de Valparaíso, pero también entendemos que en la medida que nos vayamos encontrando, podemos abrir camino para las que vienen”.

El proyecto fue financiado a través de una Subvención Presidencial y llevado a cabo con la ayuda logística de autoridades territoriales, como la delegada presidencial, quien además de compartir unas palabras en el evento, trabajó de cerca con las integrantes del sindicato para poder responder a las demandas sociales tanto de ellas como de la comunidad LGBTI+ en la región.

“Este paso, para nosotras, es muy importante; tiene muchas vidas, muchas historias. El próximo que se viene es la historia de las que fundaron el sindicato y, después, con las socias que ya no están con nosotras, las difuntas”, adelantó Aracena a Puroperiodismo sobre las fases del proyecto que aún están en desarrollo.

Grupo de Investigación y Voluntarios junto a integrantes del Sindicato Afrodita. (FOTO: Marcel San Martín)

El grupo a cargo de la investigación confirmó que los 10 testimonios ya lanzados son tan solo la primera de las tres fases en que consta el proyecto, y que actualmente se encuentran editando nuevos testimonios que serán próximamente incluidos en la página web. Si bien, uno de los más grandes desafíos es el tiempo, ya que muchas de las protagonistas de estas historias han fallecido con el pasar de los años –e incluso en el transcurso de la investigación que están llevando a cabo–, los investigadores e investigadoras aclararon que sus nombres no quedarán fuera y que buscarán construir sus memorias a través de los relatos de sus compañeras del sindicato y otras personas cercanas.

El lanzamiento de esta primera etapa es también la antesala a un evento más grande que se celebrará el próximo 4 y 5 de septiembre de forma simultánea en 14 países: el Primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, un evento que pretende ser un espacio de encuentro entre activistas, expertxs y academicxs trans de todo el continente con el objetivo de discutir, compartir y promover la preservación de la memoria trans en América Latina. En esta oportunidad, Chile será representado a través del Sindicato Afrodita y la Fundación Archivo de la Memoria Trans Chilena. El evento será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la agrupación argentina ArchivoTrans, coorganizadora del congreso.

Marcha Disidente por la Memoria nació como organización en junio de 2019 con el objetivo de convertirse en una alternativa a lo que proponen otros grupos como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) o Fundación Iguales. Su idea es generar política desde la memoria de la comunidad, para reivindicar a las personas que han fallecido producto de la violencia y la discriminación y rescatar la historia disidente que existe en Chile. Este año, la organización se presentó a la marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ desarrollada en el centro de Santiago como el Bloque Contra Hegemónico, bajo tres consignas eje de su posición: «el orgullo nació de la rabia”, “sin justicia no hay orgullo” y “el orgullo es protesta”.

“Cansades de que año a año nuestras demandas reivindicatorias de nuestros derechos como disidencias sexuales, afectivas y de género, queden desplazadas e invisibilizadas por parte de las organizaciones de la Diversidad Sexo Genérica, nos coordinamos para hacer frente a tanta violencia sistémica, convencides en ser una alternativa política contundente capaz de conducir el movimiento LGBTQIA(NB)+ en Chile. Nos unimos para lanzar nuevamente una propuesta disidente para la Marcha del Orgullo articulando el BLOQUE CONTRAHEGEMÓNICO”, escribieron en la publicación de Instagram que llamaba a sus seguidores a marchar junto a ellos.

Puroperiodismo conversó con le antropólogue y activiste Nata Ríos, quien forma parte de Marcha Disidente por la Memoria desde 2020 y es actualmente su vocere. En esta entrevista, Ríos se refiere a las ideas de la agrupación y las opiniones que tienen respecto a los distintos procesos sociopolíticos que se han estado viviendo en el país desde octubre de 2019.

Nata Ríos, antropólogue y vocere de la organización Marcha Disidente por la Memoria.

–¿Cuál es el objetivo de Marcha Disidente por la Memoria como organización?

Lo que buscamos es visibilizar la memoria disidente y, en conjunto con ella, lograr una reparación histórica y obtener garantías de no repetición por los distintos casos de violaciones a nuestros derechos humanos que hemos vivido históricamente quienes formamos parte de la comunidad; necesitamos que esto no siga ocurriendo. Para eso buscamos generar políticas especialmente desarrolladas para disidencias, porque no podemos seguir permitiendo que, por ejemplo, los pacos se llevan detenidas a nuestras compañeras travestis inventándoles cargos incluso, ni otras muertes, desapariciones, ni ningún tipo de discriminación o maltrato, ya que estos llegan a ser muy brutales.

–¿Cuáles serían esas políticas?

Por nombrar algunas, sería una ley integral trans que agrupe las distintas necesidades de esta comunidad como cupos laborales, salud, educación, etc. También promovemos la Educación Sexual Integral feminista y disidente, porque creemos que con ella podemos lograr una vida más digna, con respeto e igualdad. Apoyamos también el proyecto de ley José Matías para que nuestros niñes no sufran acoso escolar y tengan una buena convivencia escolar.

–¿Qué valor tiene la memoria de quienes pertenecía a la comunidad y ya no están?

Mucho valor. Todas las personas que han partido son una muestra de la violencia a la que nos vemos expuestes durante toda nuestra vida. Y también son personas a las que es necesario recordar y reconocer, porque no son mártires de nuestra comunidad: eran personas que tenían familia, amigos, sueños y expectativas; tenían una vida. Y sus familias también tienen valor para nosotres, porque están aquí dando la lucha, peleando, como la mamá de José Matías o la mamá de Emilia “Bau”. Entonces, inclusive cuando les compañeres ya parten, aquí siguen presente y siguen necesitando el apañe, siguen necesitando la contención de nuestras comunidades. No importa si su familia se identifica o no como parte de nuestras comunidades, igual están dando ahí la pelea y el amor por alguien de nosotres. En ese sentido, la memoria no es solamente algo del pasado, sino que es algo que se construye todos los días.

–Respecto a su activismo, ¿de qué manera lo hacen?

Entre otras cosas, organizamos diferentes instancias de memoria y manifestaciones, nos hacemos presentes en distintas marchas, hemos participado de algunas mesas temáticas de trabajo sobre salud trans del gobierno con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y con el equipo de Irina Karamanos. Lanzamos el documental de unes compañeres que hablaban sobre el cupo laboral trans, hemos levantado espacios de reflexión y conversación, jornadas de pintadas de lienzos donde hacemos asambleas. Participamos de todo lo que se puede, incluso nos han estado contactando para realizar talleres en colegios. De hecho, haremos uno pronto.

–¿Qué temáticas incluyen esos talleres?

Son bien integrales, pero siempre a través de la memoria. Desde la historia de nuestras comunidades en Chile, porque también nosotres tenemos nuestra propia identidad territorial. Hay cosas que solo han pasado en nuestro país en torno a las disidencias, son únicas en su forma de ser y hay que reconocerlas. También identificamos nuestras comunidades y hacemos un ejercicio de reflexión respecto a ello. Y abordamos el tema de la educación sexual integral.

–Para la marcha del sábado se autodenominaron como el Bloque Contra Hegemónico. ¿Qué significa?

La razón por la nos posicionamos de esta forma desde nuestra disidencia contra lo hegemónico es porque consideramos que “ellos” no priorizan las mismas demandas que nosotres, que son mucho más urgentes. Con “ellos” nos referimos al Movilh y Fundación Iguales.

–¿En qué sentido?

Por ejemplo, este año lo que hicieron fue centrarse en la derogación del artículo 365 del Código Penal, que dice: “El que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”, y eso, en verdad, ¿para quién es prioridad? ¿Por qué le das mayor visibilización a eso, teniendo otros casos que en este momento requieren urgencia y visibilidad? Como la cuestión de Estefano, el caso de Emilia; la necesidad de distintas políticas públicas que protejan los distintos ámbitos de las personas de nuestras comunidades. No decimos que ese artículo no se deba derogar, pero ¿es algo urgente en este momento? ¿Qué es lo que justifica la preponderancia de eso? ¿Cómo afecta en la calidad de vida de nuestras comunidades?

–¿Y por qué cree que para “ellos” esa sí sea una urgencia?

Por lo que son: hombres, homosexuales, blancos, cisgénero, cuicos, con plata. Sus prioridades solo se pueden dar desde un análisis y perspectiva muy hegemónica dentro de nuestra comunidad. Como ellos no tienen problemas laborales, no viven la discriminación en salud ni experimentan una falta de ella, quizás viven el estigma, pero concluyen que lo pueden combatir desde la derogación de un artículo. Eso es no tener empatía hacia las demás personas de las comunidades, porque cómo eso va a ser más importante si actualmente a les niñes intersexuales les mutilan y pasan a llevar todos sus derechos, generándoles un daño tremendo; si las personas asearro [asexuales y arrománticos] todavía son patologizadas por profesionales de la salud mental y, entonces, optan por no acceder a ella porque tienen siempre este estigma sobre ellos. Como lo anterior no afecta en su calidad de vida, no lo consideran. Ellos tienen privilegios dentro de nuestro espacio y solo desde ahí pueden defender eliminar ese artículo como una urgencia, porque es lo único que los hace sentir discriminados.

La “incomodidad” del feminismo

–A sólo meses de su surgimiento como organización vino el estallido social. ¿Sintieron que sus demandas formaban parte de esta lucha?

Yo diría que a nivel de disidencia se vio un retroceso en cosas que ya habíamos logrado hasta ese momento en espacios de protesta y manifestación. Había gritos con connotación de odio a nuestras comunidades que ya se estaban cuestionando, ya no se usaban o se utilizaban otras versiones, y eso se perdió de la nada, como por ejemplo el “ula ula” hacia los pacos, que es muy transodiante. Todas las demandas de la sociedad estaban puesta sobre la mesa, pero desde la comunidad sentimos que no se visibilizó tanto nuestra participación en la protesta, aunque estuviéramos ahí, en distintos frentes, como en la primera línea, en las brigadas de salud, etc. Había gente en todos los espacios posibles porque nuestras comunidades están en todas partes. Aun así, la visibilización en el caso de las disidencias no se dio con tanta fuerza por sí misma, si no que en general fue ligado a la agitación feminista. En la actualidad, ya se ha retomado más lo disidente con lo disidente; creo también que es porque de repente hay una incomodidad con cómo se considera la disidencia desde los feminismos.

–¿Cómo así?

Es que se habla de mujeres y disidencias, como si nuestras comunidades fueran un tema aparte. Por ejemplo, para el Encuentro Plurinacional se hicieron distintas mesas de trabajos: de salud, vivienda, la mesa migrante y aparte había una de disidencia, cuando nuestras temáticas y conversaciones también van en todas esas líneas. Nosotres tenemos cosas que decir en esos espacios; no somos como una cosita aparte, diferente. Tenemos nuestra particularidad e individualidad, pero nosotres, al igual que todas las compañeras feministas, participamos de la sociedad, nuestros problemas son problemas sociales. Estas acciones van recalcando que somos algo distinto y, finalmente, es segregación. No es una verdadera integración. A veces se siente hasta decorativo, solo por decir que estamos, más que por realmente tomarnos en consideración.

–Pero, entonces, ¿ustedes no son una organización feminista?

Ese es uno de los temas que se debate dentro de la organización, porque hay personas que dicen que se sienten excluidas del feminismo, porque consideran que se dan ciertos discursos transodiantes, como hay otras que el feminismo sí les hace sentido y se posicionan desde distintas ramas, como por ejemplo el transfeminismo. Entonces, eso es variable y depende de cada persona. Pero es importante dejar claro que sí estamos en contra del sistema cis-heteropatriarcal.

“No estamos a salvo en ningún lugar”

–¿Cómo se vivió la marcha del sábado 25?

Nos veníamos organizando desde principio de mes. La primera semana de junio realizamos una asamblea y conversamos lo que íbamos hacer ese día, después coordinamos como dos o tres asambleas más y luego nos reunimos presencialmente, que solo fue una vez, y pintamos lienzos, carteles e hicimos otras asamblea. Articulamos cuál iba a ser la declaración, hicimos la convocatoria a todes de marchar de negro en señal de luto por todas las personas que ya no están entre nosotres. También decidimos darle mayor visibilización a lo que está viviendo Estefano, pero igualmente recordamos los casos de Emilia Bau, Anna Cook, Susana Sanhueza y José Matías. El punto de encuentro fue en la caballa de Manuel Rodríguez y ahí presentamos nuestra declaración, luego marchamos por la Alameda y terminamos en el Parque Almagro donde desarrollamos un acto de cierre con distintas intervenciones artísticas y culturales. Durante la marcha nos manifestamos con diversos lienzos y carteles que hicimos en la pintatón y con gritos, de hecho tenemos un cancionero. 

Ver cancionero:

–¿Cuánto cree que le falta a Chile en materia de justicia e igualdad de derechos de la comunidad disidente?

Mucho, mucho. Nosotres consideramos que lo que tenemos es súper poco y muy precario. Por ejemplo, la Ley Zamudio no es suficiente, necesitamos que haya una real ayuda y reparación a las víctimas de discriminación. Necesitamos que se proteja a todas nuestras comunidades en el ámbito de los estudios, también en el trabajo, que estos sean con contrato y no informales, que exista una verdadera inclusión laboral para que podamos contar con seguridad social, acceso a la vivienda, a la salud y a todos los derechos sociales. La salud es un tema muy complejo, porque hay personas de la comunidad que tienen necesidades particulares, como la hormonación, cirugías que algunes necesitan en su proceso de transición y también considerar nuestra salud mental; todo eso implica médicos especialistas a los que son difíciles de acceder en el sistema público y, en el particular, son gastos médicos importantes.

No se está viendo lo común que hay detrás de distintos casos. Hay o una criminalización hacia nuestras comunidades o un intento hasta de exterminio, porque lo que hacen finalmente es intentar asesinarnos o herirnos constantemente. Es la parte de la violencia a la que nos vemos expuestes en la calle, pero no solamente ahí: también en nuestros espacios privados como en nuestras casas, espacios laborales; es decir, no estamos a salvo en ningún lugar.

–En torno al proceso político que se está viviendo en el país, ¿están a favor o en contra de la nueva Constitución?

Nosotres aprobamos la nueva Constitución. Como organización, tuvimos participación activa en lo que fueron las iniciativas que levantamos junto a otra agrupación. Por lo tanto, nosotres consideramos que es una Constitución que reconoce a las disidencias: logramos los derechos a la identidad, a la diversidad de familia, a una vida libre de violencia y sin discriminación. Entonces, si se aprueba, ya tenemos este anclaje, por decirlo así, para poder pedir y generar políticas públicas centradas en las disidencias. Si se generan desde la ley mecanismos de participación ciudadana directa, ahí también vamos a tener hartas probabilidades de incidir en la toma de decisiones, así como se hizo en este proceso, pero en materia legislativa. De aprobarse, vamos a tener otra capacidad de responder a las necesidades que emanen desde nuestros espacios.

–Si gana el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿cree que habrá reales avances para la comunidad?

No por sí solas, eso es lo que hay que entender. Esto no es la solución a todos los problemas ni se va a solucionar todo mágicamente. La Constitución es una herramienta que nos da argumentos que podemos utilizar para hacer y pelear nuestros derechos, y así asegurarnos mediante una forma más efectiva y concreta. Tampoco sé si esta va a ser la Constitución que más nos va a gustar en toda la vida, pero es la mejor opción que hemos tenido durante nuestra historia chilena. El proceso ha sido democrático y participativo, eso tiene un valor por sí mismo.

Imagen: Hernán Kirsten

Chile es actualmente el país de América Latina donde más adolescentes se quitan la vida. En 2000 se suicidaban cuatro de cada 100 mil personas entre 10 y 19 años. Diez años después, la cifra se duplicó [i]. Por eso hoy somos el segundo país de la OECD que más ha aumentado su tasa de suicidio adolescente después de Corea del Sur. Además, las proyecciones de población de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadísticas han sido categóricas en afirmar que para el 2020 un adolescente podría suicidarse diariamente en Chile.

Las causas del suicidio adolescente son múltiples, pero existen situaciones que pueden aumentar el riesgo de atentar contra la propia vida, y que en general se dan en personas lesbianas, gays, trans, bi o intersexuales (LGBTI). Los niños, niñas y adolescentes homosexuales y bisexuales presentan cuatro veces más riesgo que sus pares heterosexuales de intentar suicidarse [ii]; y si provienen de familias que los rechazan, presentan ocho veces más riesgo de cometer suicidio que aquellos que reportan un bajo o un nulo rechazo familiar [iii]. La realidad trans encarna un problema aún más preocupante teniendo en cuenta su escasa visibilidad: un cuarto de los jóvenes transgénero se ha hecho daño a sí mismo.

Sobre este tema del suicidio en general, son conocidas las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para la cobertura periodística. Éstas rezan principalmente en recomendar un desempeño cuidadoso en el tratamiento de casos, en evitar una alarma injustificada y en el suministro de información sobre ayuda disponible para prevenir que una persona atente contra su vida. Pero las cifras de proyección del suicidio debieran exhortar al periodismo chileno a ser aún más responsable socialmente.

«Un periodismo y una comunicación de los medios que incluya el reconocimiento y respeto por las diferencias cumple aún mejor sus responsabilidades sociales».

Lo dijeron hace casi medio siglo quienes integraron la Comisión sobre la Libertad de Prensa en Estados Unidos —un documento que por cierto, adquirió relevancia en el periodismo a escala global—: los periodistas deben hacerse cargo también de los deberes y responsabilidades derivados de las conquistas de las libertades y del poder que estaba alcanzando la prensa: ya no sólo hay que informar o servir de medio para dar a conocer las opiniones y actitudes de los grupos que componen la sociedad, también el periodismo tiene que presentar y clarificar las metas y valores de la sociedad [iv].

Estas metas y valores de la sociedad son múltiples. Si no se reconociera esa diversidad, el ejercicio del periodismo adquiriría un sesgo que desvirtuaría la elaboración de una pauta periodística: lo nuevo, lo relevante, lo próximo, o las consecuencias de un hecho noticioso, todos los criterios para evaluar la noticiabilidad estarían subordinados a una visión limitada en la que sólo podríamos poner algunas temáticas en común para atraer a las audiencias.

Si esta diversidad tampoco fuera reconocida en general por los medios de comunicación, estos se verían enfrentados a una “contradicción vital”: por un lado intentando exigir el respeto a la prensa libre y a la iniciativa económica y por otro, omitiendo, más allá de su institucionalidad  o línea editorial, la responsabilidad de reconocer la autonomía privada y la diversidad que emana de ella.

Por esto, la aspiración de los medios también debiera contemplar responsabilidades tanto a nivel informativo como a nivel de entretención y educación. Un ejemplo: los niños de 4 a 12 años ven 1,7 horas de televisión promedio al día. Los adolescentes de 13 a 17 años llegan a ver 1,9 horas al día [v]. Sea cualquiera el contenido que vean los niños y adolescentes en sus horarios autorizados, el respeto a la diversidad debiera plantearse como un valor transversal a todas las temáticas, realidades y a cualquier soporte de comunicación. Uno de los más importantes soportes es el educativo. El educar en la diversidad es una empresa difícil de asumir atendiendo a complicaciones prácticas del ejercicio de cualquier oficio mediático. Y la primera gran barrera es el lenguaje.

«La sociedad tiene nuevos comportamientos y nuevas formas de expresión. Reconocerlas todas, de cierto modo, salva vidas».

“La realidad existe según se nombra”, por lo que no sería difícil admitir que nuestra tradición histórica nos ha permitido usar las palabras para discriminar arbitrariamente a las personas por su país o etnia originaria, condición socioeconómica, orientación sexual o identidad de género. Son las mismas palabras en un contexto educativo primario y secundario las que le pueden jugar a favor al respeto y al reconocimiento de una sociedad multicultural.

En Estados Unidos, la Gay, Lesbian, Straight Education Network (GLSEN) ha elaborado en sus 23 años de existencia numerosas campañas, entre las que se encuentra “Piensa antes de hablar”, que fue vista por millones de estadounidenses y que ha reducido el uso de expresiones como “maricón”, “eso es muy gay”, o “camiona” en un 10 % en adolescentes de 13 a 16 años. Hoy, la importancia de la intervención de GLSEN en el sistema escolar la ha llevado a que durante 2013 los programas de educación en el respeto se implementen en todas las escuelas de Estados Unidos.

La responsabilidad social del periodismo y de los medios de comunicación ya no sólo debiera estar enfocada en permitir decisiones informadas de la ciudadanía en el ámbito electoral. La sociedad tiene nuevos comportamientos y nuevas formas de expresión. Reconocerlas todas, de cierto modo, salva vidas. Los adolescentes pierden las ganas de vivir no debido a su orientación sexual, sino que por causa de la discriminación y al acoso permanente que sufren en sus colegios y otros espacios. Hoy no existen estadísticas que demuestren que los medios tienen en parte una culpa frente a esto, pero la evidencia es múltiple y numerosa en cuanto al poder educativo que tienen.

Un periodismo y en general una comunicación de los medios que incluya el reconocimiento y respeto por las diferencias cumple aún mejor sus responsabilidades sociales, porque expone a las audiencias a un mensaje que es el telos del ejercicio periodístico: el reconocimiento de las múltiples realidades subjetivas de personas que ejercen sus libertades individuales en conciencia.

[i] Datos del Estudio “Epidemiología del Suicidio en la Adolescencia y Juventud”.

[v] CNTV. Anuario estadístico de oferta y consumo de TV abierta 2012.