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Ley 19.132 que crea empresa Televisión Nacional de Chile

por Soledad Vargas*

Los senadores Camilo Escalona, Marcelo Muñoz y Carlos Bianchi presentaron un proyecto al congreso que busca sancionar a quienes insulten o injurien a otros por medio de internet. La noticia, publicada por algunos medios como El Mostrador, ha causado diversas polémicas en distintos medios de comunicación que ven esto como un acto de censura.

La iniciativa estipula que quienes insulten o injurien a alguien por medio de internet no quedarán impunes y deberán responder ante la ley. El proyecto señala: “serán responsables civilmente de los daños y perjuicios que ocasionaren”.

Para los administradores de sitios Webs —y principalmente de foros como Portalnet— también resulta preocupante. Continúa señalando el texto: “En caso que no pudiera determinarse el autor material de dicha acción, dicha responsabilidad recaerá en los administradores de los respectivos sitios”.

Twitter no se ha quedado atrás, por medio del hashtag #leymordazadigital muchos usuarios han expresado su molestia, como consignó radio Cooperativa.

Los senadores que patrocinan el proyecto plantean que la medida busca evitar casos de bulliyng o agresiones bajo la libertad del anonimato, y así resguardar la integridad de las personas que muchas veces se pasa a llevar por medio de las redes sociales. En El Mostrador TV, el senador Bianchi argumentó que “lo que se busca es regular sin prohibir las comunicaciones”.

Países como España e Inglaterra también se han visto en la necesidad de regular el uso de las redes. En un artículo publicado el año 2007 en El País se expusieron diversos casos de injurias y ofensas que terminaron en los tribunales de justicia y reabrieron la polémica respecto a qué hacer con los usuarios anónimos y la gran cantidad de trolls que circulan en blogs y sitios web.

Enlace: Proyecto de Ley: Sobre responsabilidad civil en caso de ofensas cometidas a través de Internet

{*Estudiante de primer año, Escuela de Periodismo UAH}

Los siguientes trabajos corresponden al examen de los alumnos del ramo Comunicación Multimedia, a cargo del profesor Alfredo Sepúlveda. El objetivo del curso es que los estudiantes —que serán futuros profesionales— empiecen desde el primer año a emplear herramientas de periodismo ciudadano. En esta oportunidad se les pidió trabajar en grupos sobre un tema específico: las elecciones. Esto es lo que prepararon.

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Candidatos infringiendo la ley

Gabriel Nahuelán, Ana María Urrutia, Daniela Burgos, Valentina Collao y Alex Zurita reportearon cómo la propaganda callejera de los candidatos no cumple con las normativas vigentes. Del blog fotografiandopalomas.blogspot.com destacamos una entrevista a Juan Diego Santa Cruz, jefe de campaña de Pedro Browne, candidato a diputado RN por el distrito 28 (San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo), donde argumenta por qué no respetan la ley. «Me importa un huevo», dice Santa Cruz.

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En el siguiente fotoreportaje, incluido también en el blog , hacen un recorrido por Santiago, recogiendo las opiniones de carabineros, brigadistas y ciudadanos.

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.Ver más trabajos

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Por Pedro Anguita

La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Derecho de Acceso a la Información de la Administración del Estado, instaurada el 20 de Abril pasado, posibilitará que los ciudadanos puedan ser activos fiscalizadores de las instituciones públicas. Un ejemplo es el que relataré sintéticamente a continuación.

El año pasado el Senador Girardi fue el protagonista de un acto que provocó, como pocas veces en el país, un masivo rechazo ciudadano. El motivo se generó debido a que una pareja de funcionarios policiales le cursó una infracción de tránsito por exceso de velocidad. El asunto que debió haber quedado como un incidente sin importancia, se trasformó en un hecho político de interés ciudadano, al saberse un par de meses después que Girardi presentó una denuncia por la conducta policial en razón por “no haber sido tratado con la debida deferencia”. El reclamo fue presentado ante Javiera Blanco, Subsecretaria de Carabineros, el cual reenvió a la Dirección General del cuerpo policial. Los dos funcionarios de Carabineros, que solo cumplieron con sus deberes, fueron sancionados, lo que fue fuertemente criticado por la ciudadanía, que observó un abuso de poder del parlamentario.

Para conocer otros casos de abusos de poder ocurridos durante el año 2008, fue que en virtud de la nueva ley de acceso a la información, solicité el 30 de abril pasado a la Subsecretaria de Carabineros y también a la Dirección General del la institución policial el motivo de todos los reclamos o denuncias presentados en contra de Carabineros con motivo u ocasión de un acto o procedimiento policial, así como el nombre de los denunciantes y el resultado, es decir, si fue acogido o desestimado.

Ambas instituciones respondieron parcialmente mi solicitud de información. Ambas negaron la entrega de los nombres de los denunciantes alegando que interfería el debido cumplimiento de sus funciones, ya que afectaba el derecho a la vida privada de los que habían presentado el reclamo. Sí enviaron una lista especificando el tipo de denuncia que la institución recibió durante el 2008.

Las respuestas y sus fundamentos no me dejaron conforme, motivo por el cual presenté un amparo de acceso a la información y un reclamo ante el Consejo para la Transparencia que deberá resolver el asunto, sin perjuicio de la revisión judicial a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho ante la Corte de Apelaciones.

Me parece que una denuncia por un acto policial sobre una institución y/o funcionario público, no puede calificarse en caso alguno de afectar la privacidad de los reclamantes. Tampoco puede esgrimirse afectar el funcionamiento de las instituciones, puesto que el Estado y sus organismos públicos están al servicio de los ciudadanos. Tales antecedentes deberían formar parte de la información que Carabineros de Chile y su respectiva Subsecretaría deban exhibir en sus respectivos sitios Web institucionales. En gran medida tal publicación desalentaría denuncias infundadas en contra de funcionarios policiales y constituiría un fuerte incentivo para terminar con la institución del telefonazo estilo Girardi, que abusa del poder para sacarse los partes.

*Académico Escuela de Periodismo UAH. Profesor de Derecho a la Información.