“El amor y los celos la mataron” tituló el diario La Cuarta para informar del femicidio de Yuliana Aguirre Acevedo, la joven colombiana que fue asesinada y descuartizada el 9 de marzo de 2016 por su conviviente, Edwin Vásquez. Sin embargo, la crudeza del crimen no evitó que el diario popular volviera a trivializar el tratamiento de un nuevo femicidio. El repudio fue generalizado y el enfático rechazo de las audiencias no demoró en manifestarse en redes sociales. Incluso, un grupo de personas protestó en las inmediaciones del diario en respuesta a la polémica portada.

En Chile, cada año un promedio de cuarenta mujeres son asesinadas por sus parejas. Sin embargo, no existen muchos análisis o estudios sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios. El 2004, Naciones Unidas consideró prioritario cuestionar la visualización de estos crímenes en la prensa. En su estudio “Femicidios en Chile”, la organización concluyó que La Cuarta era el único diario que en aquella época daba ocurrencia de este tipo de asesinatos. Sin embargo, detalló que dichas noticias “se muestran como hechos aislados, trivializados, naturalizados y descontextualizados, sin que de esta forma pueda identificárselos como hechos extremos de violencia de género, impidiendo así una toma de oposición y rechazo a esta brutal violación a los derechos humanos de las mujeres”.

En este contexto conversamos con la presidenta del Colegio de Periodista, Javiera Olivares, sobre la búsqueda de soluciones que refuercen la responsabilidad de los medios de comunicación frente a este problema.

—Considerando el titular de La Cuarta como una apertura hacia el debate, ¿cuál es tu opinión respecto al tratamiento que se le da a los femicidios en los medios chilenos?
No es primera vez, ese es uno de los tantos ejemplos, pero recuerdo perfectamente el año anterior donde también hubo un titular muy bullado que tuvo que ver con un femicidio en el cual, el mismo medio, aparecía titulando «hizo anticucho con su pareja», a propósito de un femicidio que se había producido justamente con un fierro utilizado para los anticuchos.No es el único medio, pero este es uno de los medios que más ha incurrido en este tipo de errores o irresponsabilidades éticas.

» Nos parece inquietante, no aporta a construir un país equitativo culturalmente. De hecho, a propósito del titular del anticucho, nosotros recibimos el contacto del director del medio, Sergio Marabolí, quien se disculpó con el Colegio y se comprometió a no volver a realizar este tipo de situaciones, pero luego se incurrió en lo mismo. Entonces, más allá de las responsabilidades particulares de las empresas privadas —y que uno esperaría que tuvieran una conducta ética— a mí también me inquieta la responsabilidad del Estado, de qué manera el Estado avance en una regulación que permita la garantía de los derechos de las personas y de una equidad de género real, de una cultura de la equidad. Ahí el Estado está muy al debe. Recordemos que aquí el único espacio que se puede referir eventualmente a contenidos de medios es el Consejo Nacional de Televisión y lo hace solo a través de plataformas televisivas. ¿Quién regula o quién comenta lo que aparece en los medios impresos? Nadie, solo el mercado.

Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza.

—¿Crees que un ente regulador podría orientar la cobertura de ciertos temas, como es la violencia de género? ¿Esta entidad debiera sancionar cuando haya titulares como estos? 
No solo lo creo, tengo certeza y me parece que es necesario y urgente que el Estado de Chile desarrolle institucionalidad a propósito de la garantía del derecho de la libertad de expresión y comunicación del pueblo de Chile y eso significa tener espacios que regulen, no los contenidos de los medios, sino que la garantía de los derechos humanos en los contenidos de los medios. Eso, más que ser una sanción, es una cultura de la regulación favorable a la garantía de los derechos. El mercado ya ha demostrado que no se puede regular por sí mismo.

—¿Cómo se pueden desarrollar esos espacios sin involucrar sanciones que impliquen censura o contradicciones con las líneas editoriales?
Por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales y comunicación de Argentina, que ha sido derribada de a poco por el actual gobierno de Macri. Esa institucionalidad que todavía se mantiene se llama la «defensoría del público», que depende del Estado pero que funciona autónomamente y garantiza los derechos de las audiencias. Entonces, cuando las audiencias y los públicos se ven afectados por medios de comunicación, sea cual fuera la plataforma del medio, este espacio busca que hayan responsabilidades interiores, que se vaya instalando una cultura de respeto a los derechos humanos y de garantías como la equidad de género. Me parece que ese es un espacio digno de imitar y de realizar como experiencia que, sin duda, hace falta en Chile.

—Por un lado tenemos la regulación de los medios, pero ¿qué sucede entonces con la auto-regulación de los propios periodistas? ¿Cuál es la propuesta a la hora de evitar este tipo de errores en la cobertura de estos temas? 
Yo creo que aquí hay distintas aristas para poder desarrollar una cultura de respeto a los derechos de las personas en el marco del ejercicio periodístico responsable. Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza, sino en una materia de la cultura de la ética periodística. Eso hemos tratado de instalar como Colegio de Periodistas, insistiendo en la necesidad de que los colegios profesionales vuelvan a tener la tuición ética de sus afiliados, cosa que ocurría hasta antes de la dictadura en Chile.

» Esto puede realizarse dándole urgencia a un proyecto de ley que está durmiendo desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet en el parlamento, el cual busca devolverle una serie de atribuciones a los colegios profesionales. Si bien el proyecto es perfectible, es un proyecto que a nuestro juicio debiera tener urgencia porque si queremos avanzar en una cultura de la auto regulación y no de la sanción penal, se requieren entes y espacios que avancen en ese sentido, y eso espacios son: las academias, las escuelas de periodismo, pero por cierto, también, entes gremiales, sindicales o de agrupación de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que planteen cómo regular o cómo avanzar en esta cultura de la ética, nosotros tenemos un código de ética que tiene distintos principios orientadores, porque cada caso es especifico, pero no tenemos la tuición de que si alguien inflige esos principios, más allá de las declaraciones públicas y políticas, no podemos exigir a los medios y colegas cumplir esos principios.

Mientras estudiaba en la Universidad Católica, Javiera Olivares (33), la nueva presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, inició una doble ruta: la del periodismo y la de la política, participando en el centro de estudiantes de su carrera y colaborando en la rearticulación de un frente de estudiantes de periodismo a nivel nacional.

Olivares no tenía mayor cercanía con el mundo de las comunicaciones, pero recuerda una figura familiar con experiencia en ambos frentes. “Mi abuelo fue obrero gráfico toda la vida. Siempre me hablaba mucho de las comunicaciones del punto de vista de él, los colores, la cuatricromía, y también me dejó una impronta muy gremial y sindical, porque él también había sido dirigente sindical”.

Una vez titulada trabajaría en la extinta La Nación Domingo y en “Reportajes” de La Tercera. Durante la crisis estudiantil de 2011 tuvo un desafío mayor: como corresponsal de la oficina chilena de Telesur —canal de noticias venezolano— partió a Siria y el Líbano para cubrir el desarrollo de la primavera árabe en esa zona del mundo. Dice que el resentimiento hacia Estados Unidos afloraba al caminar por las ciudades. “De alguna manera Medio Oriente tiene muchas cosas en común con América Latina respecto del afán imperialista y de intereses económicos de grandes potencias en esos sectores”, plantea.

Esa experiencia en Telesur, a su juicio, es digna de imitar. Olivares no cree en las objetividades y sí en un suma de subjetividades que reflejan la pluralidad de la sociedad. «Y siento que Telesur justamente pone la perspectiva del mundo desde otro punto de vista del que el capital transnacional busca globalizar», argumenta.

Hoy divide su trabajo en el Colegio con el rol de asesora comunicacional de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana. Sobre esta vinculación ya fue consultada en Chile B —»nuestro proyecto no responde a lo que los partidos definan»— y en The Clinic anunció la intención de investigar el rol de Agustín Edwards —colegiado— durante el Golpe de Estado. Otros artículos en Emol y El Desconcierto avalan el interés por su figura, pese a que la situación del Colegio de Periodistas dista de ser esplendorosa.

ORGANIZACIÓN: «NO ES FÁCIL AGLUTINARSE»

—En el acta final de escrutinios de las elecciones nacionales y regionales del Colegio de Periodistas se contabilizaron 619 votos, una cifra bajísima para una profesión que muchas veces se tilda de sobrepoblada. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación?
Creo que es baja porque de partida nosotros tenemos 5.500 afiliados aproximadamente.

—¿Con sus cuotas al día?
De los cuales alrededor de tres mil son activos, y cuando digo activos me refiero a cuotas al día o participan de una u otra actividad durante el año. En los mejores tiempos del Colegio votaban mil, mil quinientos. Hay una tendencia a la baja que tiene que ver con el modelo neoliberal, con que toda la publicidad y todo te invita a no agremiarte, a no afiliarte. También entiendo que hay una autocrítica de decir que no hemos sido capaces de captar la atención de la gente joven que está saliendo a borbotones de las universidades.

—¿Se condice con la realidad sindical en los medios de comunicación? En los últimos años hemos visto huelgas en El Mercurio de Valparaíso o en la radio ADN. ¿Hay un puente que todavía no se establece?
Yo creo que se está estableciendo. La primera vez que me tocó hablar en público en un congreso del Colegio fue a propósito de leer una carta que me mandaban tres sindicatos de radios que hacían una profunda crítica al Colegio. Fui yo la que se paró a leer esta crítica y hubo gente que me felicitó y hubo gente que nunca más me habló porque encontraban el colmo que alguien pudiese traer una carta de gente que incluso no estaba colegiada.

«Mi frase favorita hoy es: organización, organización y más organización. Es urgente que el Colegio abra sus puertas para todos aquellos que hoy quieren combatir la precariedad del sector de las comunicaciones».

—¿Cuáles eran esas crítica?
No se sentían involucrados, partícipes, había un desvínculo desde lo sindical al mundo del Colegio. Yo, haciéndome cargo de esas críticas, junto a muchos colegas impulsamos la formación de una coordinadora de trabajadores de las comunicaciones. No es fácil intentar aglutinarse, pero creo que tuvimos avances y tenemos que avanzar hacia una confederación de trabajadores de las comunicaciones. Más que un puente cortado se está extendiendo por primera vez, y ha permitido que una mujer, relativamente joven, que trae una propuesta importante en términos de cambiar ciertas prácticas en el Colegio, haya triunfado.

—Pese a las bajas cifras de votación, la elección en sí generó repercusión mediática. ¿A qué crees que se debe?
Hay una propuesta muy interesante. Hoy hay un florecimiento en Chile, un florecimiento de la organización social, de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, de las organizaciones de estudiantes, etc.

—Es lo que tú llamas «un nuevo Chile».
Exactamente. Hoy se configura un nuevo Chile cuyo punto de inflexión lo más probable es que haya hecho crisis el 2011. Hoy lo que hay son perspectivas de cambio en muchos aspectos y te diría que en el ámbito de las comunicaciones también. Y hoy los medios dieron cuenta de ello al decir que hay una persona que representa un proyecto y que lidera una institución gremial que busca democratizar tanto las condiciones laborales de los trabajadores de las comunicaciones como las comunicaciones en sí.

—¿Crees que los medios de comunicación también se han adaptado a este «nuevo Chile»?
Se han hecho intentos. Ahora, pienso que eso no va a ser nunca miel sobre hojuelas en la medida que la propiedad esté absolutamente concentrada en muy pocas manos que además tienden a tener la misma línea editorial. Más allá de los intentos quijotescos de informar y comunicar de todo y desde todos los puntos de vista, lo que también hay que hacer es insistir en que se cumpla lo que por primera vez está instaurado en un programa de Gobierno, en este caso el de la Nueva Mayoría, y que establece la necesidad de una ley que regule la propiedad de los medios de comunicación.

—¿Eso es lo que denominas como una “ley de comunicaciones”?
Eso sería una de las materias que deberían estar incorporados en esta ley de comunicaciones. Lo que hemos dicho es: nueva Constitución vía asamblea constituyente que garantice el derecho a la comunicación universal de todos los ciudadanos, y que este derecho esté garantizado a través de una ley orgánica constitucional que toque distintos temas, entre ellos la concentración de la propiedad pero que también plantee y fomente la necesidad de que existan medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, que establezca financiamiento permanente a TVN, que apunte a la equidad en la distribución de la publicidad estatal; que ojalá incluso piense en un Consejo Nacional de Televisión que dé cuenta de la pluralidad de Chile, que no solamente se binominalice con un cuoteo de tal o cual partido.

—¿Estás pensando en un modelo como el de Argentina?
Es una alternativa muy interesante de mirar, sobre todo el proceso de discusión que tuvo la ley de medios en Argentina. Fueron años de trabajo donde organizaciones de la sociedad civil se vincularon con la institucionalidad para ver qué comunicación querían para su país. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para ser justa hay que decir que el ministro Elizalde ya ha anunciado la creación de una mesa de trabajo sobre libertad de expresión y derechos de comunicación con la ciudadanía y la Segegob donde podamos ir abriendo este debate.

—De las propuestas que guiaron tu campaña, ¿cuál es la más urgente?
Primero hay que decir que es un programa ambicioso. No va a poder conseguirse todo ni en una semana ni en un semestre ni de aquí a fin de año. Lo urgente es organizarnos. Mi frase favorita hoy es: organización, organización y más organización. Es urgente que el Colegio abra sus puertas para todos aquellos que hoy quieren combatir la precariedad del sector de las comunicaciones.

—El ministro Elizalde se ha referido a la necesidad de tener un medio público, tomando como ejemplo lo que pasó con La Nación. ¿Hay posibilidades de recuperar la marca «La Nación»?
Yo creo y me encantaría que así fuera. Hay una preocupación del Gobierno —espero y quiero creer— por recuperar el rol del Estado en el fortalecimiento y en la creación de medios públicos. Y respecto de un impreso público creo que sin duda el capital histórico —me gusta más la palabra patrimonio—, el patrimonio histórico que tiene La Nación, su archivo periodístico que fue privatizado pero que tal vez se podría recuperar, su edificio detrás de La Moneda que tantas veces protegió derechos de las personas cuando estaban siendo perseguidos, no debería perderse. Todos esos grandes patrimonios debiesen ser recuperado y debiese constituirse como un medio público impreso nuevamente.

—¿Tiene que ser impreso?
Creo que sí, impreso y virtual. Me parece que el papel hoy día si bien está en competencia con lo virtual no deja de ser importante, sobre todo porque hay sectores que lo utilizan y no todos tienen acceso a internet o de acuerdo a las condiciones etarias las herramientas suficientes para utilizar internet con toda la holgura. El papel tiene que estar presente.

PUBLICIDAD OFICIAL Y TUICIÓN ÉTICA

Según las estimaciones de la campaña de Olivares, el Estado destina más de US$40 millones anuales por concepto de avisaje oficial, «cifra que está concentrada en casi un 70 % en El Mercurio y Copesa» como se señala en su documento «Ejes programáticos». La propuesta en este sentido es la «redistribución equitativa» para el fomento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.

«Hay diarios históricos en este país como El Siglo que no tienen acceso a avisaje público. Eso tiene que ser revisado y los criterios tienen que fomentar y procurar que estos tres sectores estén sobre la palestra de las comunicaciones. De lo contrario, insisto, lo que se precariza es la democracia».

«El rol social del periodismo no puede pasar a un segundo plano por una libertad individual».

Otra demanda del Colegio que se arrastra por décadas es la recuperación de la tuición ética sobre la profesión, atribución que se perdió a comienzos de la década de 1980 cuando los colegios profesionales perdieron su condición de corporaciones de derecho público y pasaron a ser asociaciones gremiales. Un proyecto de ley que aún descansa en el Parlamento busca revertir esta pérdida.

«Con ese proyecto de ley se crea un registro general de todos los periodistas —colegiados o no colegiados— y cuando ellos incurren en una falta ética y el Colegio de Periodistas los sanciona, y por ejemplo ellos no cumplen la sanción o hacen caso omiso, podrían ser borrados de este registro», explica Olivares.

—¿Una persona que queda fuera de estos registros no podría ejercer de periodista?
Claro. Caso a caso podrán haber distintas alternativas, pero el concepto, la vocación de esa ley, apunta a eso: si te eliminan de un registro que creó el Estado es porque en el fondo no estás lo suficientemente preparado para poder ejercer tu rol.

—Frente a esa tuición hay resistencia de los periodistas, asociada, quizás, a un discurso de libertad de expresión, a no coartar el ejercicio periodístico, sea bueno o malo.
Si una persona me dijera eso yo le diría que en realidad uno es más libre en la medida en que también uno cumple con preceptos que permiten que todos estemos bien en una democracia. Eso también es ser libre, porque le entregas más libertad a la sociedad de tener garantizado un derecho a la comunicación que no es solamente del periodista, sino que es de todos. El rol social del periodismo no puede pasar a un segundo plano por una libertad individual. Las libertades son finalmente mucho más libres —valga la redundancia— cuando son colectivas y cuando apuntan a garantizar derechos de todos.