A solo dos días de votarse la nueva Ley de Medios en el senado argentino, las relaciones entre la prensa y el gobierno están que arden. La principal crítica de parte de los dueños de los medios es que la ley permite al gobierno quedarse con el control de numerosas concesiones de televisión y radio, muchas de ellas hoy en manos del grupo de medios Clarín, al que pertenece el homónimo periódico porteño.

La reforma –según Medioslatinos.com – incluye dos puntos clave: la modificación del artículo 43, que establece cuántos medios puede controlar cada empresa en un mercado definido, y la aspiración del Gobierno de controlar Papel Prensa, la empresa que produce el insumo básico de los diarios y a través de la cual el Estado es socio de los diarios La Nación y Clarín. En la práctica, un mazazo a la libertad de expresión.

“El mayor peligro es la falta de medidas para proteger al periodismo profesional”, asegura Daniel Santoro. “Desde el Foro de Periodismo Argentino pedimos a los legisladores que entiendan que no hay mayor libertad de expresión sin periodistas profesionales. Por eso solicitamos que se obligue a los futuros concesionarios a tener un código de ética, estándares profesionales, un defensor de la audiencia independiente y una cláusula de conciencia”.

Poco a poco la prensa argentina ha ido instalando su posición en el debate. Ayer salieron a la calle a protestar. “Todas las asociaciones empresariales se han opuesto a la sanción de una ley en este contexto de apuro y sin el debate de fondo necesario”, señala Santoro. “De aprobarse el proyecto tal como está, los futuros concesionarios dependerán en gran medida de la publicidad del estado para financiarse, que manejará el gobierno de turno. Y esto provocará una dependencia de la voluntad del gobierno de turno”.

REPORTERO, DIRIGENTE GREMIAL Y PROFESOR

El editor de la sección país de Clarín y socio fundador de Fopea, es probablemente uno de los periodistas más destacados de América Latina, sobre todo en el campo de la investigación. Profesor de taller de la Fundación para el Nuevo Periodismo y en la maestría de periodismo de la Universidad de Belgrano, Santoro conoce las técnicas para destapar las ollas grasientas de la política y el poder. Y lo hace con elegancia, seriedad, soltura, obstinación y paciencia.

Partió investigando la construcción en secreto del misil Cóndor II que involucraba nada menos que a Saddam Hussein. En 1993 le hincó el diente al enriquecimiento ilícito de la ex ministra María Julia Alsogaray. Y luego, entre muchas otras largas horas reporteando, juntando hebras y tocando puertas, llegó a Menem: hizo explotar el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

Cuando la Universidad de Columbia en Nueva York lo distinguió con el premio María Moors Cabot, el jurado resumió con una potente idea la razón de su elección: “Por su compromiso en la lucha contra la corrupción, el abuso del poder y por la búsqueda de más altos estándares éticos y profesionales».

Santoro es de esos periodistas empeñados en cumplir, sin mezquindades con lo que hay de nobleza en el oficio. Nada en él huele a soberbia o “cancherismo” porteño. Anota en papeles roñosos, entrevista porteros y ministros por igual, y aloja sin asco en hoteles de dos estrellas.

—En la era de los 140 caracteres, los celulares con cámaras de video, periodistas ciudadanos y lectores estresados, ¿cómo sobrevive el periodismo de investigación que usted realiza?
El periodismo de calidad sobrevivirá a los cambios que está produciendo la Revolución Tecnológica, encabezada por Internet, sobre el periodismo tradicional. Una de las patas de ese periodismo es la investigación. Si bien ha perdido espacio en los grandes medios que están achicando personal, es increíble cómo alumnos míos han encontrado su nicho. Por ejemplo Luciana Geuna es la reportera que hace las investigaciones para el programa de TV de Jorge Lanata. O Leonardo Nicosia, uno de los miembros del equipo de investigación del diario Perfil, que ha logrado vender 50 mil ejemplares los sábados y domingos. Además, desde afuera de los medios está creciendo la demanda. Sin hablar de CIPER, el Foro de Periodismo Argentino consiguió financiamiento de la fundación norteamericana Knight y lanzó un equipo propio de investigación para temas puntuales. Y cada vez es mayor la cantidad de periodistas argentinos que escriben libros de investigación o usan bases de datos.

—¿De qué manera un diario puede seguir financiando investigaciones complejas, largas y por lo mismo costosas?
En este momento, Clarín mantiene un equipo de investigación de tres periodistas, al margen de la rutina diaria, para producir investigaciones o informes para el domingo. Y hoy, en que el gobierno del matrimonio Kirchner está perdiendo poder, son más y más las personas que se animan a filtrar datos a los medios. Entonces, con el entrenamiento que tengo yo y otros colegas especializados, hemos podido hacer denuncias importantes, como la mafia de los medicamentos que financió la campaña de Cristina del 2007.

—La diversificación de plataformas gratuitas para publicar historias periodísticas, de alguna manera insinúa mayores espacios de libertad y pluralismo. ¿Estamos mejor informados que antes?
Sí, son mayores espacios de libertad y pluralismo pero no necesariamente estamos mejor informados. Muchos de los blogs son periodismo de opinión y no de confirmación. Aquí también hay un espacio para debatir cada vez con foros de ciudadanos más amplios cómo distinguir la información de la opinión y las investigaciones complejas de las noticias basadas en solo dato.

—Si revisáramos la historia reciente, ¿qué hechos nunca habrían llegado al conocimiento del público si no hubiese sido por un periodista que invirtió tiempo y neuronas para investigar?
Creo que el caso del Swiftgate que investigó Horacio Verbiskty en Página 12 no hubiese estallado si no estaban los periodistas por detrás. Ahí se demostró que el ex cuñado de Menem, Emir Yoma, había pedido un soborno a la empresa norteamericana Swift a cambio de un permiso para importar maquinarias. El caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que yo investigué es otro ejemplo. Pero viendo los premios del IPYS-Transparencia Internacional constatamos cómo las investigaciones del diario La Nación contribuyeron a que dos ex presidentes de Costa Rica fueran presos por corrupción. Del mismo modo, los aportes de La Nación, Clarín y Perfil permitieron que el caso de la valija con 800 mil dólares del venezolano Antonini Wilson no terminara “cajoneado” por la Justicia y se llegara a su esclarecimiento ante la opinión pública argentina (el gobierno quiso taparlo desde el principio) y a una condena en Miami.

Por Pedro Anguita

La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Derecho de Acceso a la Información de la Administración del Estado, instaurada el 20 de Abril pasado, posibilitará que los ciudadanos puedan ser activos fiscalizadores de las instituciones públicas. Un ejemplo es el que relataré sintéticamente a continuación.

El año pasado el Senador Girardi fue el protagonista de un acto que provocó, como pocas veces en el país, un masivo rechazo ciudadano. El motivo se generó debido a que una pareja de funcionarios policiales le cursó una infracción de tránsito por exceso de velocidad. El asunto que debió haber quedado como un incidente sin importancia, se trasformó en un hecho político de interés ciudadano, al saberse un par de meses después que Girardi presentó una denuncia por la conducta policial en razón por “no haber sido tratado con la debida deferencia”. El reclamo fue presentado ante Javiera Blanco, Subsecretaria de Carabineros, el cual reenvió a la Dirección General del cuerpo policial. Los dos funcionarios de Carabineros, que solo cumplieron con sus deberes, fueron sancionados, lo que fue fuertemente criticado por la ciudadanía, que observó un abuso de poder del parlamentario.

Para conocer otros casos de abusos de poder ocurridos durante el año 2008, fue que en virtud de la nueva ley de acceso a la información, solicité el 30 de abril pasado a la Subsecretaria de Carabineros y también a la Dirección General del la institución policial el motivo de todos los reclamos o denuncias presentados en contra de Carabineros con motivo u ocasión de un acto o procedimiento policial, así como el nombre de los denunciantes y el resultado, es decir, si fue acogido o desestimado.

Ambas instituciones respondieron parcialmente mi solicitud de información. Ambas negaron la entrega de los nombres de los denunciantes alegando que interfería el debido cumplimiento de sus funciones, ya que afectaba el derecho a la vida privada de los que habían presentado el reclamo. Sí enviaron una lista especificando el tipo de denuncia que la institución recibió durante el 2008.

Las respuestas y sus fundamentos no me dejaron conforme, motivo por el cual presenté un amparo de acceso a la información y un reclamo ante el Consejo para la Transparencia que deberá resolver el asunto, sin perjuicio de la revisión judicial a la cual todos los ciudadanos tenemos derecho ante la Corte de Apelaciones.

Me parece que una denuncia por un acto policial sobre una institución y/o funcionario público, no puede calificarse en caso alguno de afectar la privacidad de los reclamantes. Tampoco puede esgrimirse afectar el funcionamiento de las instituciones, puesto que el Estado y sus organismos públicos están al servicio de los ciudadanos. Tales antecedentes deberían formar parte de la información que Carabineros de Chile y su respectiva Subsecretaría deban exhibir en sus respectivos sitios Web institucionales. En gran medida tal publicación desalentaría denuncias infundadas en contra de funcionarios policiales y constituiría un fuerte incentivo para terminar con la institución del telefonazo estilo Girardi, que abusa del poder para sacarse los partes.

*Académico Escuela de Periodismo UAH. Profesor de Derecho a la Información.