Por Laura Solís Palma y Sofía Vera García*

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Periodismo de Investigación de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

“Yo siempre le decía: si escuchas balazos, tírate al suelo; si ves que alguien está peleando, corre, no te quedes mirando; si te pasa algo, yo me muero. Cuatro días antes de su muerte, ella me decía que no iba a pasar nada”.

Así recuerda Claudia Sánchez uno de los últimos consejos que le dio a su cuñada Mayra Castillo, una menor de 13 años que falleció a raíz de una balacera en Pedro Aguirre Cerda el 29 de diciembre de 2023, en vísperas de año nuevo. Mayra había salido de su casa para participar en la grabación de un video de música urbana que se realizaría en la emblemática Población La Victoria. La calle había sido “cerrada” por camionetas de los artistas, y los vecinos y su madre aseguran que habían cerca de 50 participantes en toda la producción del video: cámaras, maquillaje, cantantes, bailarines, seguridad y, entre ellos, Mayra, que participaba como extra.

De pronto, el sonido de las balas hizo evidente que el caos ya se había desatado en la intersección de las calles Eugenio Matte y Carlos Marx, a metros de donde se grababa el video. Toda la producción se detuvo. Quienes estaban allí, salieron corriendo con susto, buscando un refugio, un sitio seguro, pero no Mayra. A ella, una bala la alcanzó. Ese día hubo cuatro heridos y tres muertos, y este estos últimos estaba la adolescente. En las calles de Pedro Aguirre Cerda aún se exponen pancartas que dicen “Te recordamos Mayra”, y su madre, Esmeralda Santis, tiene en su hogar carteles con los que exige justicia para su hija.

Actualmente, el caso tiene en prisión preventiva a dos sospechosos, aunque la información por parte de la fiscalía es limitada por razones investigativas. Lo que sí se sabe es que Mayra fue solo una de los más de 140 niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de edad que figuran desde 2022 en las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadísticas de Información en Salud del Ministerio de Salud (DEIS), y que han fallecido por agresiones con armas cortantes o de fuego, dando cuenta de un escenario crítico para la seguridad de la infancia en Chile.

La situación es grave. De acuerdo con esos mismos datos, las muertes violentas con armas son la segunda causa de defunción más común entre los NNA, especialmente entre los adolescentes en Chile.

Existe una desigualdad de condiciones en los afectados de estas muertes violentas; los separan distintas comunas, distintas edades y distintos contextos socioeconómicos. Algunos solo estaban en el lugar incorrecto, en el momento equivocado; otros veían la calle y las luces nocturnas como una normalidad, como si nada pasara a su alrededor. A varios los buscaron especialmente para matarlos. Ciertamente existe un patrón de conducta en los niños que se encuentran en entornos violentos, ya sea porque viven del robo, son blanco de ajuste de cuentas o simplemente no pueden escapar de esta pesadilla.

Los datos demuestran que las cifras se mantienen en un mismo rango. Para este reportaje se analizaron dos tipos de muertes violentas identificadas en la base de datos de defunciones del DEIS (que se actualiza semanalmente): con armas de fuego (disparo directo e indirecto) y armas blancas (acuchillamiento). Los datos que allí se exponen concuerdan con los que entregó vía Ley de Transparencia la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien la información estadística también fue solicitada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, esa repartición denegó el acceso por supuestamente no poder revelar datos que comprometan la identidad de los afectados –lo cual no fue solicitado para esta investigación–, y actualmente hay un recurso ante el Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión.

Si bien la información de la base de datos del DEIS puede llegar a cambiar, pues es información preliminar, es un buen indicador respecto de las distintas causas de muerte en Chile para cualquier tipo de población. Es ahí donde se logra encontrar que durante 2022 se registraron en el país unas 57 muertes de menores de edad debido a la acción de terceros y el uso de armas. En 2023, fueron 49 y, en lo que va de 2024, han fallecido 51 niños, niñas y adolescentes. Cabe recalcar que en estas cifras no se detalla el motivo intelectual de las muertes, por lo que también podrían clasificar como infanticidios, pero gracias a los datos otorgados por PDI a través de Ley de Transparencia sobre los homicidios de menores en la Región Metropolitana, se puede hacer un desglose más directo de las causas intelectuales.

Lo de Mayra fue pura mala suerte en un lugar donde esa mala suerte no resulta tan azarosa. Ni ella ni los jóvenes que protagonizaban el video musical ni quienes lo producían tenían vínculo o relación alguna con la balacera ocurrida, pero las balas yendo de lado a lado por la zona no son tan extrañas. Claudia Sánchez, la cuñada de Mayra, explica a Puroperiodismo que sospechan de un ajuste de cuentas entre bandas criminales del sector, posiblemente ligados a los otros dos adultos de nacionalidad colombiana que también fallecieron ese día.

Los detalles, en todo caso, no se saben. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene aún este avance en secreto por seguridad de la familia y para mantener en cautela la búsqueda de los responsables. Mientras, las autoridades comunales de Pedro Aguirre Cerda han aportado con apoyo judicial y psicológico a su familia.

“La municipalidad me prestó un abogado. Usted sabe que en este tiempo, si no tenemos dinero, no tenemos nada, o sea, para tener un abogado hay que tener dinero y yo no lo tengo. Gracias a Dios, el alcalde me prestó un abogado”, dice la madre de Mayra.

El círculo de la violencia

Para poder comprobar si efectivamente las cifras de muertes violentas en menores han aumentado durante los últimos años, Puroperiodismo revisó y comparó los decesos por acción de armas que se presentan en la base de datos del DEIS, considerando los primeros semestres del 2022, 2023 y 2024. Como resultado pudimos concluir que los crímenes mantienen una similitud en su cantidad efectuada, lo que es bastante sorprendente, pues siempre el número es muy similar. Desde enero a junio ocurren entre 20 y 27 asesinatos de este tipo en menores por año.

Con respecto a estas cifras, nos preguntamos si existe una respuesta social o psicológica por la cual todos los años se presente la misma cantidad de muertes violentas y que no haya una disminución. Los niños que han sido víctimas de asesinato tienen la similitud que se encontraban viviendo en entornos vulnerables, ya sea por el sector geográfico que habitaban como poblaciones precarias o eran víctimas de violencia intrafamiliar. También si dentro de sus círculos cercanos existía alguna conexión con bandas armadas y/o negocios ilícitos.

Parece que la violencia suele ser lo normal en la vida de estos niños, es por eso que no se da la instancia de denuncia, porque no logran identificar cuándo están siendo vulnerados. Javiera Olguín Meza es trabajadora social y se desempeñó un tiempo en la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) de la Municipalidad de Padre Hurtado. Allí se interiorizó en la vida de los menores de edad que sufren vulneraciones e identificó los patrones de conducta de esos niños y sus familias.

“Al insertar al niño dentro del programa y hacer el seguimiento, siempre se puede identificar cierto patrón en los núcleos familiares de quienes tratamos y, en estos casos, este patrón era la drogadicción. Muchas veces fue el narcotráfico y problemas con el alcohol. Esto siempre fue un patrón detonante que provocaba la violencia intrafamiliar. (…) Se notaba un patrón dentro de la violencia intrafamiliar en los casos que trataba la OPD. En la mayoría de estos casos, los padres seguían juntos a pesar del abuso físico, psicológico y económico. Esto provocaba que el niño naturalizara o más bien, creciera acostumbrado a este tipo de violencia”, explica la profesional.

Imagen referencial generada con IA

El azar mortal en las calles

Se podría esperar que en los entornos violentos, o rodeado de personas que andan en “malos pasos”, ocurran estos lamentables sucesos. No se justifican, pero comprendiendo los contextos y los factores en que estos se desarrollan, podrían no ser tan inesperados. Sin embargo, existen casos en los que se han visto afectados directamente menores de edad que no tienen ninguna relación con círculos de violencia.

En 2021, indignó a toda la comuna de La Pintana el caso de una niña de 2 años que fue herida gravemente a causa de una balacera. Evelyn Maturana solía vivir en aquella comuna entre los años 2020 y 2023, de donde se mudó por las pésimas condiciones de vida que ofrece un ambiente así para su pequeña hija. No fue su hija la herida aquella noche de feria navideña en la Población Santo Tomás, pero sí la hija de su amiga.

“Nadie quería decir quién fue porque entre todos se conocen y se cobran después. De hecho, sus hijas [refiriéndose a las de la mujer que era su amiga] ya venían creciendo con armas porque mataron a su tío de un disparo en la cabeza en su propio departamento”, relata.

Lo que Evelyn percibe no es solo una sensación, sino más bien un fenómeno social recurrente y ya instalado en estas zonas donde la violencia se ha transformado en el pan de cada día. Esto se viene reflejando desde hace años en distintas zonas de Santiago y el país, como han dado cuenta diversos trabajos periodísticos, entre ellos, la serie de investigaciones sobre las zonas ocupadas que ha desarrollado Ciper desde 2009, que muestran cómo la influencia del narco y el crimen organizado se ha ido adueñando del territorio que el Estado ha dejado de lado.

Quisimos consultar a aquellos que trabajan en fiscalía para dimensionar esta problemática, puesto que se esperaría que las denuncias proviniesen de aquellas comunas consideradas como “zona rojas” o conflictivas, pero el fiscal Alex Cortez, quien dirige al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó lo siguiente:

“Se da un poco la sensación, por la televisión y por los medios, de que hay un caos. El otro día yo estaba en La Victoria y decían que casi todos los días había balaceras, pero los vecinos ya no denuncian porque están cansados y se conocen entre ellos mismos.  La fiscalía puede hacer algo, pero eso corresponde a otras autoridades”.

Infancias atravesadas por la venganza

Los niños, niñas y adolescentes lamentablemente son utilizados como un medio para amenazar a otros. Es por esto que algunas muertes corresponden a ajustes de cuentas entre bandas, u otra índole de carácter vengativo. A través de la Ley de Transparencia, la PDI entregó una base de datos en donde indican la cantidad de casos, edad del menor, comuna donde se realizó el hecho, y el tipo de lesiones, pero vinculado exclusivamente a sucesos que hayan sido relacionados a enfrentamiento entre bandas y ajuste de cuentas.

Entre enero de 2021 y abril de 2024, se han comprobado 12 casos en que las víctimas menores de edad fueron elegidas como blanco de una venganza. Algunas de las categorías que la PDI ha podido identificar como motivación tras estas vendettas:

• Ajuste de cuentas, represalias por atropello de mascota
• Represalias debido a que el menor atacado había sido víctima de robo en el domicilio por el autor
• Conflictos con la banda
• Ajuste de cuentas
• Ajuste de cuentas por hermano mayor delincuente
• Ajuste de cuentas por no pago de deuda de padre de la víctima
• Otros

En situaciones críticas como esta, está claro que las infancias no se desarrollan con normalidad, o que podrían más tarde transformarse en delincuentes y sufrir la responsabilidad penal que conlleva cometer delitos después de los 18 años. La Defensoría de la Niñez, en su estudio Niños, niñas, adolescentes, víctimas de homicidio y armas de fuego, explica las consecuencias que desencadena en los menores enfrentarse en una sociedad en donde la violencia se ha vuelto algo permanente.

“Dentro de este contexto, en septiembre de 2023 el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez publicó un análisis a los casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales. Dentro de sus hallazgos, se identificó un aumento de 173% en los casos relativos al porte de armas de diferente tipo entre 2019 y 2022”, señala el documento.

A través de la extracción de datos de la Defensoría, el siguiente gráfico representa los fallecimientos desde el año 2000 a 2023 que corresponden a menores de edad a causa de armas de fuego, una gran amenaza para las infancias:

Un hallazgo relevante es que 2022 parece ser el año más crítico, registrando 49 muertes por armas de fuego en total. Sin embargo, resulta preocupante pensar que –de acuerdo con los datos del DEIS– estamos a octubre de 2024, el año aún no acaba, y las cifras que se registran ya superan ese número.

Otro dato importante que surge del documento a nivel nacional es el siguiente: “Al analizar los antecedentes por región, la tabla 2 nos muestra que, en términos de cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, la Región Metropolitana encabeza la lista con un total de 58 defunciones por este motivo, seguido de Biobío con 14. Al analizar por tasa, la región de Tarapacá es la que tiene una mayor tasa con respecto a su población de todo el país, seguido de la Región del Biobío”.

Algunas verdades en secreto

Los medios de comunicación juegan un papel importante al presentar distintas noticias al público. Después de la pandemia, se ha hablado mucho sobre la delincuencia en el país y se expone que “está desatada”, que salir a la calle es demasiado peligroso y no se puede vivir en paz. Diversas encuestas de opinión pública dan cuenta de esa percepción en la ciudadanía. En el caso de las muertes violentas de menores, este tópico está descartado y solo son titulares sensacionalistas, pues los datos no dan cuenta de un aumento explosivo, sino de una igualmente preocupante tendencia que se mantiene.

Ahora, hablando de delincuencia en general y no solo de NNA, parece estar sucediendo lo mismo, cualquier persona puede buscar las comparaciones de cantidad de delitos años atrás versus el 2024 y se comprueba que incluso las muertes han disminuido y esto lo confirman estudios del Ministerio Público y datos consolidados de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes. Mientras que en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100 mil habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas. De 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023. Aún así, detrás de esos números hay personas que murieron por la violencia, y el balance sigue siendo más abultado de lo que era hace unos pocos años.

Lo que causa la sensación de inseguridad no es tanto la cantidad, sino que el tipo de delito que se está cometiendo. El fiscal Cortez comenta que “ahora tenemos una criminalidad distinta, en donde el tipo de delitos ya es distinto a lo que veíamos antes. Antes no veíamos descuartizados, no veníamos personas torturadas, no veíamos personas quemadas. Lo mataban directamente, ahora lo matan, pero dejan como el mensaje de ‘te puede pasar esto’”. Un fenómeno que no es nuevo y que un reportaje de La Tercera ya a comienzos de 2019 mostraba cómo el fenómeno del homicidio había mutado por las técnicas del crimen organizado.

“Yo creo que siempre hemos tenido esta delincuencia. O sea, si vamos al tipo de delitos que existen desde siempre, en términos numéricos más o menos se mantienen estables. La diferencia probablemente está en que alguna parte de los delitos que se cometen actualmente son mucho más fuertes para la población de lo que eran antes, y esto está principalmente relacionado con la irrupción de ciertas organizaciones criminales extranjeras y el tipo de delito que cometen”, agrega el fiscal.

La Victoria es una de las poblaciones con más casos de criminalidad en la Región Metropolitana y es importante conocer la versión de las mismas personas que viven ahí. Por eso es que nos contactamos con las parvularias que hacen clases en el Jardín “La Victoria”, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora administrativa Rosani Lagos y la directora del área inicial Alicia Meneses. Ambas contaron sus sensaciones sobre cómo se vive en la población y la visión errada que tiene el resto del país a causa del sensacionalismo de los medios de comunicación.

Ella han tenido experiencia directa con la violencia: en 2022, justo afuera de sus muros se desató una balacera. La reacción de las parvularias fue cantar a los niños y niñas para distraerlos de los ruidos. La noticia se volvió viral en los medios y distintos periodistas acudieron a la zona a reportera. Estas son las apreciaciones de las directoras del jardín:

“Los medios y noticieros nos entrevistaron y nos hicieron sentir como que todo es terrible y malo. (…) En algunos medios actuaban como que quisieran que dijéramos que los niños hacían clases tras las rejas y con chalecos antibalas, cuando no es así. En estos sectores no pasan siempre cosas malas y queremos resaltar lo bueno que hace esta comunidad educativa. (…) La Victoria y Pedro Aguirre Cerda también tienen cosas lindas. Nosotras en el jardín hacemos lo mejor para los niños y se trabaja en comunidad con todos: el CESFAM, tías del aseo, educadoras, entre todos aportamos. Es muy dañino quedarse solo con lo negativo”, dice Lagos.

“Aquí nuestros niños son todos distintos, y nosotras partimos desde la base de que el tema valórico es super importante. Eso es en lo que creemos, nuestro proyecto está basado en el respeto, los derechos humanos, y en generar un ambiente para convivir. (…) El pilar fundamental, primero para todos los seres humanos, parte desde el amor, el amor al prójimo. No un amor al prójimo en el sentido cristiano, sino vivir en una sociedad que sea más justa, que sea más respetuosa, donde haya libertad”, añade Meneses.

Por Rudy García y Carlos Olivares

Eran las cuatro de la tarde de un lunes de diciembre de 2020 y Diego González Valenzuela (25), estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago (USACH), realizaba su segundo semestre de práctica en la Oficina Migrante de la Municipalidad de Maipú. En una hoja de word anotaba las ideas, objetivos y pilares de un proyecto que tenía en mente hace años. Estaba entusiasmado, con ganas, y mataba todos sus tiempos libres en desarrollar esa idea y sacarla adelante. “Lo tenía más claro en el papel, ya que no estaba muy seguro de cómo materializarlo, pero siempre tuve en mente crear una organización que trabaje en beneficio de las personas”, dice.

Todo comenzó en contexto de pandemia, cuando se agudizó el problema de la migración y los campamentos irregulares. El último Catastro Nacional de Campamentos realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo –cuyos resultados se presentaron a fines de octubre–arrojó que actualmente existen en Chile 1.091 campamentos, un 48% más de los que había en 2019. Eso se traduce en casi 72 mil viviendas precarias, y de todas ellas, cuatro de cada 10 corresponden a familias migrantes.

La relación migración-pobreza es una constante en el país. Para finales de 2021 se estimaba que en Chile había 1.482.390 migrantes y, según un análisis del Servicio Jesuita de Migrantes a partir de datos de la última Encuesta Casen, un cuarto de los niños y niñas que forman parte de esa comunidad está debajo de la línea de la pobreza.

“Cerca de mi casa hay un campamento –cuenta Diego– y me acuerdo de que llegué a una asamblea que ahí se estaba haciendo. Fue entonces que empezó a concretarse la idea, yendo a trabajo en terreno e iniciando vínculos, redes de contacto y a presentar mi propuesta”.

En ese momento, Diego comenzó a interiorizarse aún más con la población migrante, participando de forma activa con las casi 500 familias que habitan el campamento Vicente Reyes y Alberto Llona, ubicado en Maipú. Iba vestido de terno y les hablaba a los y las pobladoras, la mayoría originarios de Haití, en un creole bastante básico, como estrategia para ganarse su confianza.

“Cuando les presenté el proyecto, la gente se empezó a inscribir inmediatamente ya que iba en beneficio de los niños como apoyo académico en todas las materias, y también a crear instancias de grupo y actividades”, dice.

Ese fue el inicio de un proyecto que, de aquí en adelante, no haría más que tomar fuerza, crecer y que en febrero de este año se constituyó legalmente como una fundación cuyo objetivo principal es generar beneficios en niños, niñas y adolescentes (NNA) –con especial foco en los que integran comunidades migrantes– que apuntan a diferentes áreas en el desarrollo de su infancia a través de intervenciones educativas, deportivas y culturales: el Proyecto Amar Migrar (PAM).

Actividad del Día de la Niñez 2021 organizado por PAM. (FOTO: Valentina Mora)

Los pilares fundamentales

El interés de las personas por colaborar voluntariamente con el proyecto es lo que mantiene viva las actividades que se realizan con los niños y niñas. Un video que Diego publicó en junio de 2020 en su cuenta de Tiktok y que lo mostraba llegando al campamento a trabajar, se hizo viral y la gente comenzó a tener curiosidad por el proyecto. Eso lo llevó a crear un perfil en Instagram y a difundir un comunicado para reclutar voluntarios.

“Al llamado respondieron 80 personas a las que tuve que gestionar a través de lo que podían aportar. Entonces, se creó un modelo de voluntariado para sostener este proyecto en el tiempo en base de lo que podían aportar”, dice.

La fundación tiene cinco pilares fundamentales en los cuales se basa su estructura y estrategia de trabajo: apoyo en la etapa escolar, jornadas deportivas, intervenciones culturales, orientación para la regularización migratoria y, por último, visibilización y sensibilización de la migración en el país y el mundo. Diego explica que “todos estos pilares se van abarcando con múltiples actividades, tutorías, actividades recreacionales, salidas temáticas, intervenciones culturales y trabajo jurídico”.

Actualmente, el proyecto cuenta con equipos jurídicos, de trabajo social, de sociología y de comunicaciones, entre muchos otros que colaboran como voluntarios con la fundación.

El trabajo con los NNA tiene un impacto directo e indirecto, según comenta el administrador público. Para él, la una vinculación debe ser integral, para así conocer cómo está realmente cada niño y niña y qué hace su día a día. Por eso, el equipo trabaja directamente con 80 niños, pero no sólo con ellos, sino también con su entorno, vinculándose introspectivamente con sus colegios, sus familias y el CESFAM en el que se atienden, entre otros.

El impacto indirecto, en tanto, se refiere a actividades masivas en las que participan gran cantidad de personas, alrededor de 200 niños o más. “Estas actividades, por ejemplo, son del día de la niñez, pascua, el carnaval. Con esto buscamos otorgarle cultura, danza, juegos. Esto ha llegado a muchos niños más niños y esperemos que llegue a muchos más”, cuenta el fundador del Proyecto Amar Migrar.

Una de esas actividades se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre en Maipú: el Carnaval PAM. Será un recorrido que iniciará a las 15:00 horas en la plaza INSA y que, acompañado de distintos grupos de batucadas, comparsas bailes y samba, seguirá hasta el Campamento Alberto Llona/ Vicente Reyes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Proyecto Amar Migrar 🇨🇱 (@proyectoamarmigrar)

La búsqueda de financiamiento para seguir construyendo

“El financiamiento en un 90% –por no decir el cien– llega por personas naturales que aportan mensualmente. Son como 30 personas aproximadamente. Hemos tratado de innovar en fondos públicos, pero sabemos que es un trámite y proceso largo”, dice Diego González.

La actual Ley de Donaciones permite que las empresas donantes puedan reducir su carga de impuestos con la ayuda a fundaciones u otras entidades sin fines de lucro. Para ello, es necesario que el organismo donatario le emita un certificado de donación para ser presentado ante el Servicio de Impuestos Internos y así poder hacer válido el beneficio tributario. Pero para poder emitir ese certificado, la fundación receptora de los fondos debe tener como mínimo un año de existencia legal, y ese requisito aún no lo cumple el PAM, por lo que esperan en un futuro poder obtener este certificado para poder obtener más recursos desde el mundo privado.

En cuanto al mundo público, han participado en mesas de trabajo con la Municipalidad de Maipú, específicamente con la Oficina de Migrantes o la Oficina de la Juventud. También son invitados a participar de las “Juntas Barriales”, una instancia participativa en la que se juntan todos los barrios de la comuna.

“Nos invitaron a que diéramos a conocer lo que estamos haciendo para darles una ‘mejor cara’ al campamento, ya que el barrio está constantemente relacionado con hechos delictuales y de violencia. Los niños no tienen la culpa de que pasen estas cosas”, lamenta Diego.

Instalación de una biblioteca social territorial en campamento de Maipú. (FOTO: perfil de PAM en Facebook)

Si bien por ahora la fundación solo está presente en Maipú, su fundador cuenta que a veces realizan intervenciones y charlas en universidades o colegios para darle visibilidad. Su principal limitante para ampliar su rango de acción, de momento, es no contar con vehículos para movilizarse a otros campamentos y la dificultad para coordinar a sus casi 90 voluntarios. Sin embargo, Diego tiene claro que la iniciativa no puede quedar circunscrita a un territorio tan acotado, y asegura que aspiran a crecer y replicar el proyecto en otros lugares. La idea, dice, es escalar hasta tener distintos puntos a lo largo de todo Chile y también en Latinoamérica, apoyando en la construcción y cuidado de la niñez.

“Queremos ser referentes en el trabajo de apoyo a los niños migrantes y que sirva de modelo para otras fundaciones que se creen en el futuro. Nos gustaría poder incidir en políticas públicas que den apoyo a los niños migrantes y a los que vienen llegando al país”, sentencia.

RECUADRO:

El camino de Diego al trabajo con migrantes

Diego González, fundador del Proyecto Amar Migrar

“Hay una historia de vida que condiciona todo esto”, comenta Diego González, al recordar cómo fue que partió el PAM.

Cuando entró a estudiar Administración Pública a la USACH, también ingresó a un voluntariado migrante evangélico que intervenía de diferentes formas a favor de la comunidad migrante. Allí trabajó como profesor de español para un nivel intermedio de personas haitianas.

“Ahí es donde me relacioné directamente con la migración, entendí las necesidades que tienen las personas, la crisis habitacional, un mundo laboral precario, falta de tiempo, las barreras del idioma, etc. Ese fue el primer acercamiento más duro con la materia”, cuenta.

Durante su época universitaria, en 2017, también levantó un proyecto enfocado en los auxiliares de aseo del establecimiento y que eran de nacionalidad haitiana, quienes tenían dificultades con la barrera del idioma y les impartió un curso de español.

Fernanda tenía 13 años en octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social. Las marchas, las protestas, las consignas, los enfrentamientos con Carabineros, la violencia callejera y la lucha de una sociedad que llegó a un punto de inflexión y no retorno. Al inicio, sentía algo de temor, así que no participaba en las manifestaciones. “Lo comparaba con una película, no creía lo que estaba pasando, pero empecé a darme cuenta de que por algo había sucedido todo”, cuenta.

La del 25 de octubre fue la primera a la que asistió. “La marcha más grande de Chile”, decía la convocatoria que circuló en redes sociales, y así fue: la más grande de todas. Sólo considerando las calles de Santiago, más de 1.200.000 personas se concentraron esa jornada y ahí, entre medio de la muchedumbre, en el epicentro de todo, en la llamada Plaza Dignidad, estaban Fernanda y su mamá. Ya no tenía miedo, pero siempre estaba pendiente por si la perdía de vista, de estar en todo momento con su celular a mano por si pasaba algo -cualquier cosa- o de estar lista por si tenían que correr.

Fernanda vive en Peñalolén, y después de ese día, comenzó a ir a más manifestaciones junto a su mamá. Cuenta que “siempre iba con ella, nunca sola. Íbamos a los llamados que se hacían en Plaza Egaña porque nos quedaba más cerca o a lugares y plazas acá en la comuna, y siempre en los cacerolazos desde la casa”. 

Con 15 años, dice hoy tener la película clara: “Vivimos en un país donde los y las adolescentes nos damos cuenta de lo que sucede, entonces no poder participar más allá de las protestas es fome, porque somos chilenos y chilenas y es como si nuestra opinión se ignorara”.

Lo que siente no es excepcional y resulta paradójico si se revisa lo ocurrido en los últimos años con las principales movilizaciones que han marcado al país. En 2006, con la llamada Revolución Pingüina, fueron los y las estudiantes secundarios quienes propiciaron en las calles y mediante la toma de diversos establecimientos la reforma del sistema de Educación, aunque en las decisiones adoptadas no tuvieron voz ni voto. Con el movimiento estudiantil de 2011, pasó lo mismo y ahora, con el proceso constituyente, ocurrió igual: fueron los niños, niñas y adolescentes (NNA) quienes, saltando los torniquetes del Metro, dieron el puntapié inicial a la protesta ciudadana que derivó en el camino para cambiar la Constitución de 1980. Pero no pudieron participar en el plebiscito ni votar por sus representantes en la Convención Constitucional que este domingo 4 de julio comenzará a sesionar.   

Como aún no se definen los mecanismos de participación ciudadana que operarán durante el año que dure el trabajo de los y las convencionales constituyentes, el rol que los NNA tendrán en el proceso es incierto. Sin derecho a voto ni incidencia directa, hoy se ven obligados a seguir movilizándose desde los márgenes de la institucionalidad, apoyando las pocas instancias informales que distintos organismos han impulsado y presionando para que, eventualmente, cuando se tenga que aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución, puedan acudir a las urnas y marcar una preferencia. 

Gentileza: Reuters

Excluidos por edad  

Ya en 2015 se podía ver en un documento elaborado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la preocupación de que “en el ordenamiento jurídico [chileno] no se reconozca expresamente el derecho del niño a ser escuchado y que se tenga en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que le afecten”. El informe también resaltaba que “no existen estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la elaboración de las políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia, y en particular procesos que muestren de qué manera se tienen debidamente en cuenta sus opiniones”. Eso último, en todo caso, cambió en 2018, cuando se creó la Defensoría de la Niñez.

Pero los NNA siguen excluidos de los procesos formales de toma de decisiones y para Fernanda, al igual que muchos, eso está mal: ella cree que los y las menores de edad deberían poder votar. 

“Somos muchos, y esto se puede ver en las manifestaciones: siempre hay muchos adolescentes. Tenemos opiniones y queremos participar. Si bien pueden decir ‘ya van a poder participar’, yo tengo 15 años y me faltan todavía tres para poder hacerlo, y es algo que a una le gustaría que pasara ahora. Tenemos opiniones y queremos hacerlas visibles en algo más grande, no sólo en conversaciones simples o en la calle”, dice.

Lo mencionado por Fernanda también se ve reflejado en el Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes realizado por la Defensoría de la Niñez en 2019, cuando el proceso constituyente recién tomaba forma. El 53,7% de los/as encuestados/as mencionó que le gustaría participar en los plebiscitos contemplados para una nueva Constitución, y un 58% consideraba que se debía incluir a menores de 18 años en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna. Por supuesto, eso no ocurrió.

El estudio de la Defensoría de la Niñez también dio cuenta de una alta participación en las movilizaciones: un 55,5% de los NNA encuestados habían participado en manifestaciones y un 38,2% había sido parte de conversaciones en los establecimientos educacionales.

Chile suscribió en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece que “los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez”. En otras palabras, la obligación del Estado de garantizar el derecho de los NNA a expresar su opinión en los temas que le atañen directa e indirectamente. Algo que no estaría ocurriendo.

“Los niños, niñas y adolescentes siguen invisibilizados y ausentes. El Estado se ha negado, a pesar de la obligación que le impuso la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años, a reconocerles y tratarles de manera plena, como sujetos de derecho. Para que esta nueva etapa país constituya, de verdad, un nuevo trato con ellas y ellos, su voz, ideas y propuestas no pueden seguir ausentes”, escribió Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, en una columna que publicó CNN Chile.

Antonia Rolland, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES Chile), dice: “Creemos que los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos que pueden pensar, argumentar y que esto es válido, que sus experiencias y vivencias son igual de válidas a las que tienen los adultos (…) vivimos en una sociedad totalmente adultocéntrica, donde un claro ejemplo es que nosotros no podemos votar sólo por ser menores de edad, como si no tuviéramos la suficiente capacidad para hacerlo. Por eso nos ha tocado tener solamente otras formas de organización, desmarcadas de la institucionalidad”.

Muy jóvenes para votar

Fernanda estudia en el Colegio Santa Marta, en Ñuñoa, y junto a sus compañeros y compañeras, se organizó durante el estallido social para ser parte de las manifestaciones.

Entre “paros de lápices” y una fuga fallida del establecimiento, lograron llegar a un acuerdo con la dirección del colegio para realizar conversatorios sobre la crisis política que se estaba viviendo y colocar lienzos y pancartas en la fachada del establecimiento, demostrando que también eran conscientes de lo que sucedía.

“Es algo que nos afecta a todos, independiente de la edad que tengamos. Es algo que está sucediendo ahora y las decisiones que se vayan tomando nos van a afectar también cuando crezcamos. Por ejemplo, sobre las pensiones: si no se reclama ahora, cuando yo termine de trabajar va a seguir pasando y por eso salgo a protestar, porque quiero que lo que está mal ahora, cambie para el futuro”, dice.

Aunque no pudo votar para el plebiscito de octubre de 2020, Fernanda estaba feliz de que su familia lo hiciera. “A pesar de que mucha gente fue a votar, que yo no pudiera hacerlo, al ser una persona que vio y participó del estallido social, da lata”.

Al menos 11 países ya disminuyeron la edad mínima para votar por debajo de los 18 años. En la región, están Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Cuba, donde el voto para adolescentes desde los 16 años está permitido y es voluntario. En Chile, sobre todo tras la revuelta del 18-O, se ha intentado rebajar la edad para el sufragio y así darle la posibilidad a las y los estudiantes secundarios de ser parte del proceso constituyente. Todo ha sido, hasta ahora, infructuoso.  

En mayo de 2020, la defensora de la Niñez solicitó formalmente al Congreso rebajar hasta los 16 años la edad de votación en los plebiscitos de entrada y salida del proceso constituyente. “Una de las formas en que se puede hacer efectivo el derecho a ser oído de las y los adolescentes, y dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité [de los Derechos del Niño], es precisamente permitiendo su sufragio voluntario en las distintas etapas contempladas en el itinerario constituyente, concretando así una participación que integre a este grupo de la población, que son agentes claves del desarrollo del país, efectivizando sus derechos”, dice el documento que Muñoz envió a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. 

Pero la petición no prosperó.

En abril de este año, el diputado Boris Barrera (PC) volvió a la carga con una moción para modificar la Constitución e incluir en el padrón que deberá votar de forma obligatoria en el plebiscito de salida a votantes desde los 14 años de edad. Sin embargo, a pesar de haber sido acogida a trámite, la iniciativa no ha tenido movimientos desde su ingreso.

Participar desde el margen

La Convención Constitucional está compuesta por 77 mujeres y 78 hombres, como resultado de la paridad de género. La más joven tiene 21 años; el mayor, 81.

Según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el rango etario para describir a una persona como joven es entre los 15 y 29 años. Bajo este principio, sólo hay ocho jóvenes en la Convención Constitucional, apenas el 5% de los y las convencionales. De ellos, sólo cuatro mencionan en sus programas promover el reconocimiento explícito de los NNA como sujetos de derecho.

A pesar de que hasta ahora los menores de edad no son partícipes del proceso constituyente, han existido distintas instancias para que entreguen su opinión frente a los temas que se proponen para la nueva Constitución, abriendo caminos una participación -indirecta, hasta ahora- en el camino constituyente.

Una fue la encuesta “Los niños también votan”, realizada por la ONG World Vision durante octubre de 2020, previo al plebiscito de entrada. 17.318 NNA entre 6 y 17 años respondieron el cuestionario. Fernanda fue una de ellas. Fue su forma de participar y exponer su opinión frente al proceso histórico que vive el país.

La encuesta arrojó que el 94% piensa que la opinión de su grupo etario debe ser considerada para el futuro del país. Y entre los adolescentes de 14 a 17 años (el grupo al que pertenece Fernanda), el 96,5% declaró que le gustaría poder votar. También, el 61% señaló que lo más importante es que su opinión sea tomada en cuenta.

Otros resultados: el 36,2% propuso que los adolescentes puedan votar de igual forma que los adultos; el 16,8% que se les permita exponer en el Congreso sus argumentos a favor del voto juvenil; y el 16,2% que se invite a los representantes estudiantiles para que aporten en políticas enfocadas en educación.

A pesar de esos esfuerzos para incluir de alguna forma a los NNA, la vocera de la ACES Chile acusa que desde el inicio del proceso constituyente, han sido aislados: “Para nosotros, como estudiantes secundarios, menores de 18 años, que no podamos votar era algo que nos esperábamos. Por ende, nuestra forma de accionar respecto al proceso constituyente siempre va a ser desde la calle, la movilización, porque ha sido la única forma que hemos tenido, nuestra única garantía”.

También, ven el proceso constituyente con una mirada crítica. Rolland señala que “no creemos que se logre la transformación social que necesitamos y por la que venimos luchando hace años, sin embargo, sí se ve como un espacio donde se puede poner sobre la mesa el debate de cuáles son nuestras necesidades y exigencias”. 

Por esto, y debido a que posicionan su política desde fuera de la institucionalidad, agrega que como ACES Chile tienen como objetivo “articularnos con más sectores, poder tener organización más amplia con más estudiantes”.

La Defensoría de la Niñez publicó el pasado 11 de junio el Boletín N°1 “Participación de niños, niñas y adolescentes en la Convención Constitucional”, de la campaña “Mi Voz en la Constitución”, la cual pretende que los niños, niñas y adolescentes puedan participar del proceso constituyente que está en curso. 

En el documento se entregan recomendaciones relacionadas con el reglamento de la Convención Constitucional, y fundamentalmente con las áreas de trabajo de los convencionales electos con los derechos de los NNA y sus formas de participación. 

Algunas de las recomendaciones expuestas corresponden a que las solicitudes y peticiones que realicen niños, niñas y adolescentes se envíen a la Convención Constitucional con la Defensoría de la Niñez como intermediario; que se generen metodologías e instancias de participación para grupos específicos (como NNA que vivan en zonas rurales o en el extranjero, que estén bajo protección de Estado, que sean migrantes, refugiados o parte de pueblos originarios, que cuenten con alguna discapacidad, etc.); y que en la instancia de ratificación final de la propuesta de la nueva Constitución, el plebiscito de salida, se incluya la posibilidad del reconocimiento del derecho a sufragio para adolescentes.

Patricia Muñoz comentó en un video subido a las redes sociales de la institución que “en este primer boletín lo que hemos querido plantearle a las y los convencionales constitucionales es que es necesario asegurar el reconocimiento, respeto, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que es imprescindible de que les reconozcamos como sujetos de derechos y que, por tanto, en dicha virtud, esta Convención Constitucional les permita participar de manera efectiva e incidente en aquellas instancias de debate y análisis que permitirán construir nuestra nueva regulación a través de la Constitución”.

Otras formas de participación

Hasta ahora, la participación de los NNA dentro del proceso constituyente sigue siendo incierta. Sin embargo, existen distintas actividades para que ellos puedan debatir y entregar su opinión sobre la nueva Constitución y las temáticas que para ellos y ellas son fundamentales.

La Defensoría de la Niñez está realizando una campaña llamada “Mi Voz en la Constitución”, en la que invitan a niños, niñas y adolescentes a enviar “sus pensamientos y sentimientos sobre sus derechos y lo que debe considerar la nueva Constitución” a través de piezas de arte, para así buscar “incidir en el reconocimiento, respeto, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la generación de una nueva Constitución Política de la República, considerando su participación efectiva”. 

Por otro lado, desde el 31 de mayo hasta el 16 de julio, se está llevando a cabo el proyecto “Voces Juveniles”, un ciclo de cabildos ciudadanos online entre jóvenes de 15 y 29 años para dialogar sobre una Constitución ecológica. La instancia está patrocinada por la ONG CEUS Chile, la Fundación Friedrich Ebert y North American Association for Environmental Education, y tiene como objetivo que los resultados de estos cabildos sean entregados como insumo para la Convención Constitucional.

Fernanda ve expectante el proceso constituyente y espera que resulten cosas buenas. Observa atenta lo que pase con las pensiones, porque vive con sus abuelos y para ella es una realidad cercana: “Es algo que está mal hace muchísimos años, no puede ser que una persona haya trabajado durante tanto tiempo y su pensión mínima sea de $130 mil, eso debe cambiar”. 

Sigue pensando en la participación de los adolescentes como ella. Cree que debieran ser parte activa del proceso porque “nosotros [los secundarios] partimos con esto y estuvimos día tras día, también lo vivimos y salimos a la calle, y los que no podían, participaban desde sus casas o sus colegios, nosotros también lo vivimos en carne propia”. Por esto, piensa que debieran organizarse y que sean los dirigentes secundarios quienes, luego de que se escuche la voz de todos y todas las jóvenes, lleven sus propuestas hacia la Convención para ser reconocidos en una nueva Constitución. 

Dice a modo de cierre: “Los adolescentes ya somos partícipes de lo que está sucediendo, ya entendemos, y nos deberían reconocer como ciudadanos”.