Las agresiones y crímenes contra periodistas, la censura de los gobiernos y la falta de medios que representen a todas las voces de la sociedad son algunas de las conclusiones del «Informe Anual de Impunidad 2012», estudio que analiza la situación de doce países del continente americano.

En el caso de Chile, el informe es categórico en señalar “cómo el impacto diferenciado de las violaciones a la libertad de expresión puede afectar de manera grave a los informadores desde la perspectiva étnica, ante la falta de garantías para un ejercicio informativo plural”.

El Informe toma como ejemplo la situación que vive la radio Kimche Mapu, una pequeña estación comunitaria fundada en febrero del año 2011 y que transmite para las comunidades mapuche del valle Puquiñe Lumaco, ubicado en la comuna de Lanco, región de Los Ríos. Meses después la fundadora de la estación, Mireya Manquepillán, fue detenida por la Policía de Investigaciones acusada de infringir la Ley General de Telecomunicaciones debido a la emisión de señales de radio sin autorización del Estado.

A partir de ese caso, en enero de 2012 la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) junto a otras organizaciones realizó una misión de observación sobre el estado de la libertad de expresión en radios mapuche en las regiones de la Araucanía y Los Ríos.

En el caso de Chile, el informe es categórico en señalar «cómo el impacto diferenciado de las violaciones a la libertad de expresión puede afectar de manera grave a los informadores desde la perspectiva étnica».

Algunas de sus conclusiones fueron el estado de vulnerabilidad en que se encuentran a nivel nacional las radios comunitarias, debido al restrictivo marco legal que las rige, las limitaciones al espectro radiofónico asignado, la forma de financiamiento, la potencia autorizada y la prohibición de transmitir en cadena, según dicta la Ley 20.433 sobre Radios Comunitarias, promulgada el 4 de mayo del 2011.

El «Informe Anual de Impunidad 2012» explica que Kimche Mapu transmite sin permiso gubernamental “por las dificultades que la propia autoridad regulatoria impone para obtener un permiso y la ausencia de una política pública que fomente la radiodifusión comunitaria indígena”. También se indica que la detención de Mireya Manquepillán viola la legislación chilena e internacional, pues vulnera la posibilidad de un pueblo de dar a conocer informaciones en su lengua y de manera local.

Hoy la radio continúa al aire pese a no tener los permisos legales, mientras que su representante logró varios triunfos judiciales, legitimando su derecho a comunicar a su comunidad. A su vez, el Congreso aprobó en primer trámite acabar con la criminalización de las radios comunitarias amparada en el artículo 36Ba de la Ley General de Telecomunicaciones, vigente desde 1991.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN LA REGIÓN

A nivel latinoamericano, el Informe constata que la impunidad en crímenes contra periodistas, la autocensura y la inseguridad en el ejercicio de la profesión periodística son fenómenos arraigados en México, Honduras y Guatemala.

En países como Venezuela, Ecuador y Bolivia la censura indirecta producto de una normativa restrictiva para los medios hace que se viole todos los días la libertad de expresión. En Perú las agresiones y asesinatos contra periodistas son las más altas de Sudamérica sin que existan garantías judiciales y policiales.

En Brasil y Colombia el acceso a la justicia es uno de los principales problemas, mientras que en el Caribe los periodistas sufren violencia física y el uso ilegítimo de las instituciones legales en su contra. Finalmente, en Argentina la impunidad y los reiterados hechos de violencia de baja intensidad son la tónica de quienes reportean.