Por Cristóbal Mercado

Aquel 18-O, Camila Rozas, entonces estudiante de enseñanza media, caminaba con su madre por la avenida Pajaritos. El aire tenía ese halo de las tardes donde algo está a punto de pasar.

“Eran como las tres y media”, recuerda. “De repente vimos venir a un grupo de estudiantes con carteles y tambores. La gente del sector los miraba, algunos reían, otros aplaudían. Era una marcha tranquila, de esas que no suelen pasar a mayores».

“Chile despertó”, dijeron después, pero ese viernes empezó todo con las noticias de los estudiantes evadiendo el pago del metro desde hacía varias semanas. Pasadas las horas, cada declaración de los transeúntes reflejaba un país cansado. En Maipú, afuera de la estación de la plaza, cuando el sol caía sobre la avenida Pajaritos, comenzaron a llegar los primeros grupos de estudiantes. Al principio eran consignas tímidas, carteles hechos a mano con cartulinas y plumón. La multitud creció y el sonido de las consignas se perdía en medio del ruido del tráfico.

Por horas, la escena fue la de una comunidad reencontrándose, expresándose o comentando los últimos acontecimientos. Los vecinos hablaban de la represión a los estudiantes en el metro, la falta de locomoción y los adultos que salieron en defensa de los jóvenes. La rabia comenzó cuando llegó Carabineros. De pronto, el sonido de los disparos lacrimógenos cortó el aire. El humo avanzó por la avenida y el caos se desató en segundos.

“Lo que más recuerdo fue el olor”, dice Camila. “De pronto sentí un ardor fuerte en los pies. Había caído una lacrimógena al lado mío y no sabía hacia dónde correr. Mi mamá me tomó de la muñeca y me metió a una tienda deportiva. Dentro, alguien me pasó un limón. Eso me fue aliviando un poco. Desde el cristal de la vitrina, pude ver a la gente corriendo del guanaco, gritando, tirando piedras. Yo no entendía nada”.

Por un instante, madre e hija quedaron allí, respirando el gas. Hasta ese entonces, Camila no tenía conciencia plena de lo que ocurriría en el país. Pensaba en salir de cuarto medio y dedicarse a estudiar kinesiología. Disfrutaba de su último año de colegio, ajena a todo lo que estaba por venir.

Foto original La voz de Maipú

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El descontento en la comuna no nació ese día. Desde agosto, los vecinos de La Farfana y Los Héroes marchaban por más seguridad en las calles. Los barrios se habían vuelto más hostiles y este era un tema obligado en los barrios. Otras preocupaciones eran salud y los basurales que avanzaban por sectores residenciales. 

Aquella tarde de octubre jóvenes corrían y agitaban la protesta, algunas madres miraban desde las veredas, los comerciantes cerraban sus cortinas de los locales adelantándose a lo que vendría. Lo que empezó como una manifestación pacífica pronto se volvió una batalla campal. La Plaza de Maipú, testigo de tantas celebraciones, ardió en medio del humo y las sirenas de carros policiales. 

Se repetía en cada cartel, en los cantos y discursos: ‘Chile despertó’. La alentadora consigna que, en palabras de Luis Tricot, finalmente sería eclipsada en los medios por los registros de saqueos capturados durante las marchas. “Cuando empezó el estallido había una rabia y una indignación de la gente que estaba, en su mayoría, muy justificada. Después empezaron los saqueos y la delincuencia de grupos externos. Esa violencia la rescataron los medios y se le etiquetó como octubrismo, juntando a los protestantes con los delincuentes en un solo grupo”, afirma Tricot.

Como sociólogo y profesor de Movimientos Sociales en la Universidad Alberto Hurtado, Luis estuvo especialmente atento al progreso de este fenómeno. Fue partícipe de comandos políticos en los que se discutía acerca de las problemáticas que aquejan al país. En un principio, días después de la primera avalancha de manifestaciones, las personas parecían congregarse con genuina preocupación por lo que estaba pasando. Un par de semanas después, la asistencia decreció hasta desaparecer. Ahora Tricot tiene eso como el recuerdo de un mal chiste.

Mauricio Acevedo, vecino de la comuna y presidente nacional de la Federación de Farmacias (Fenatrafar), lo resume con la precisión de quien estuvo en las calles:

“Fue el descontento, una olla a presión que estalló. Un minuto en que tanta atomización, tanta presión social (…) Cuando el mundo empresarial y político se desconectan de la comunidad, pasa lo que todos vivimos. Es triste recordarlo, porque lo que sufrimos en el estallido, cuando la ciudadanía marchaba pacíficamente y era agredida, no siempre se mostró en la prensa. Lo que se olvida es que esas marchas fueron genuinas, nacidas del descontento ciudadano. Luego todo se tergiversó, y en la memoria de algunos quedó la idea de que el estallido fue pura violencia, lo que no fue así. Hoy vemos a diario esa desconexión entre el mundo empresarial y la gente, con políticas públicas que no llegan a la ciudadanía, y eso vuelve a generar malestar”, dice Acevedo.

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Durante aquellos días de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desplegó un trabajo ininterrumpido a lo largo de todo Chile para resguardar los derechos de las personas en medio de las protestas. Sus equipos -con las ropa amarilla distintiva- estuvieron en terreno, cruzaban calles entre gases y gritos , documentando heridas, detenciones y los primeros testimonios de quienes denunciaban vulneraciones. “Hemos estado en terreno reuniendo información relevante sobre el estado de las personas heridas y detenidas, y las vulneraciones de que han sido víctimas”, declaraba entonces el director del organismo, Sergio Micco.

En los hospitales Félix Bulnes, San Juan de Dios, Clínica Dávila y San Borja, el INDH constató lesiones graves en al menos 22 personas. Los reportes de aquellos primeros días eran crudos casi imposibles de leer. La gente estaba asustada.  Un hombre recibió un disparo percutado por Fuerzas Especiales a solo cinco metros de distancia y quedó en estado grave; un niño tenía balas alojadas en el hígado, el riñón y las piernas; una niña resultó herida por un balín en una pierna; y otro hombre fue alcanzado por una lacrimógena en el rostro.

En Maipú el caso más grave fue el de Alex Núñez. El hombre estaba en la salida de la estación el 20 de octubre de 2019, ya con el toque de queda en vigente. La ciudad respiraba el miedo a ser detenido. Aquí y allá, entre la gente de Maipú, como en todo el país, ya se conocían casos de golpizas y abusos. Alex, junto a su esposa, fueron alcanzados por Carabineros, la pareja intentó escapar, pero un proyectil alcanzó su pie. Al caer al suelo, le propinaron golpes en la cabeza y el cuerpo. Esa noche, la vida de Alex se apagó en la ex Posta Central.

Al ser trasladado, el director de la posta impidió el ingreso de los funcionarios del INDH. La imagen quedó en la retina de la gente: el juez Daniel Urrutia caminó junto a los funcionarios del instituto para  que ingresaran al recinto y pudieran recabar información sobre las personas heridas durante aquella jornada.

El INDH estuvo presente en manifestaciones en Santiago, Maipú, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, donde se observó el actuar policial y se abordaron buses para verificar el estado de las personas detenidas.

Con el mismo objetivo, los funcionarios del instituto visitaron comisarías a lo largo del país. En Santiago, las fiscalizaciones incluyeron la 1ª, 3ª, 19ª, 21ª, 25ª, 33ª, 43ª y 48ª comisarías, donde se registraban cerca de 140 detenidos. Muchos denunciaron uso desmedido de la fuerza, malos tratos, golpes en el rostro y los muslos, torturas, desnudamientos a mujeres, vejaciones sexuales y violencia hacia niños y niñas.

En el transcurso de esas jornadas, Beatriz Contreras, jefa regional del INDH, constató, junto a su equipo, los diversos abusos de las fuerzas policiales en el curso de las marchas. “En general, las víctimas pertenecían a un promedio de edad juvenil. Por esto, el INDH interpuso querellas por estos hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos”, dice Beatriz. 3.247 querellas fueron puestas por el INDH: 2.311 por apremio ilegítimo, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria, 121 por otro tipo de vulneraciones. Dentro de los afectados, 665 corresponden a niños, niñas y adolescentes; 34 son personas mayores, 28 personas discapacidad, 25 pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y 20 eran personas migrantes”, explica para Puroperiodismo.

“Estamos hablando del escenario más grave de violaciones a derechos humanos cometidas en democracia. De las conductas que más llamaron la atención desde las primeras semanas de noviembre fue la situación de personas que sufrieron algún tipo de lesión o herida en sus ojos. No hay un precedente a nivel mundial que esa cantidad de personas tuviera una lesión en un plazo de tiempo tan breve”, comenta la abogada 

Más de 434 personas sufrieron algún tipo de lesión ocular producto de la represión de esos días. En la actualidad, del total de querellas, 145 han finalizado, pero solo 68 concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. 

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 Esa noche, en Maipú, Fuerzas Especiales de Carabineros hicieron retroceder a los manifestantes. Hubo un pequeño momento de paz interrumpido horas más tarde por otra ola de manifestaciones. Camila había logrado moverse lejos del centro del disturbio hacia el Espacio Urbano de Plaza de Maipú, lugar donde presenció el punto álgido de la manifestación: “(…) Estábamos arriba cuando empecé a sentir bulla y cuando me asomé por la ventana veo peleas, gente corriendo y tirando cosas al guanaco. Ahí es cuando veo cómo incendiaron la casucha de Carabineros que estaba a la mitad del cruce de Plaza Maipú”. Camila observó como el fuego consumió la pequeña casucha, devastando la propiedad policial que los manifestantes no temían. Era una batalla campal. Nadie se iba a salvar en esa calle. 

Madre e hija esperaron arriba hasta las seis de la tarde. El papá de Camila fue a buscarlas cuando los enfrentamientos fueron cesando hasta llegar a un punto muerto. El personal de seguridad los hizo descender por el ascensor de emergencia y evacuar por la salida de la sucursal de Integra Médica del lugar.

Radio Cooperativa informaba que los disturbios en las afueras de Plaza de Maipú se intensificaron durante la noche, registró ataques a diversas sucursales de banco y a la misma estación de metro. Camila ya estaba en casa a esas horas, algo más tranquila, pero siguió pensando en toda esa violencia que jamás olvidaría.

No todos los vecinos participaron de forma activa de las protestas. Algunos las siguieron desde la distancia, con mucho temor en algunos casos. Danilo -vecino del sector y exestudiante universitario- recuerda aquellos primeros días como un tiempo de mucha incertidumbre y miedo en el sector donde vivía.
No salió a manifestarse, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque no quería arriesgarse a que algo pasara. Supo, por conocidos de su carrera anterior, que varios habían participado en los saqueos de la Plaza de Maipú. 
“Había vecinos repartiendo pañales, por ejemplo. Y con el tema del metro fue complicado, porque cuando llegué a ver -la estación me queda a diez minutos de la casa-, ya se había quemado. Era 19 de octubre. Por los grupos de WhatsApp del barrio y por Twitter se veían las cosas que pasaban por el sector. Como cuando intentaron saquear el Líder de Isabel Riquelme y una persona de los departamentos de al frente los defendió con un rifle de postones, o cuando quemaron el Alvi que está detrás del metro. En ese caso, me acerqué a mirar, pero no a participar”, aclara.

-¿Puede haber otro estallido?

-No, lo veo improbable 

Para Tricot, esta cifra demuestra que las prioridades de la población cambiaron después del estallido, y también refleja algunos de los defectos de aquella histórica jornada “El estallido fue un movimiento sin un horizonte histórico claro; no se sabía qué era lo que debía cambiar. Se juntaron muchas demandas en un solo lugar, y nunca hubo un acuerdo sobre hacia dónde debíamos ir”.

“Parecía que con el estallido se podrían eliminar todos los problemas del país relacionados con la Constitución de 1980”, recuerda Camila, quien vivió ese momento histórico de principio a fin. Desde el plebiscito hasta el vaivén de propuestas que nunca terminaron de consolidarse. “Pero no llegamos a nada. A pesar de que se demostró que los chilenos podíamos unirnos por una causa justa, ya fuera del bando que fuera, también quedó en evidencia que, como sociedad, somos algo indiferentes y desinformados”

En la actualidad, Camila estudia psicología en la Universidad De Las Américas en la sede Maipú. Todos los días cruza Avenida Pajaritos a bordo de la micro I35. A veces, cuando necesita hacer un trámite o reunirse con su pareja, se encamina a Plaza Maipú que está a unas pocas calles de su lugar de estudios. Al llegar a la plaza hay muchas cosas en las que fijarse. Las masas de gente entrando y saliendo de la estación de metro. El Espacio Urbano abigarrado. El cruce de peatones desbordado de gente y, en el suelo, los últimos rastros de una mancha negruzca, propia marca de un algo que ardió. Eso es todo lo que queda de la batalla de ese 18 de octubre.

“Chile es un país que olvida muy fácil”, reflexiona Tricot. “Más allá de las protestas y los saqueos, no se habla mucho ya de lo que fue el movimiento o lo que buscaba, lo que es acorde a la capacidad de olvido que tiene la gente”.

Por Diego Carmona y Enzo Fiorentino

“Chile despertó”, decía la consigna que resonaba por las calles, se incluía en canciones y se rayaba en las paredes de Santiago y las principales ciudades del país a partir del 18-O. Miles; cientos de miles; millones de personas salían a las calles, gritaban, golpeaban cacerolas, enarbolaban banderas, marchaban y/o se manifestaban como podían por las causas que los movilizaban. La mayoría de forma pacífica, muchos otros con violencia y destrucción. Por sus frustraciones y sus necesidades insatisfechas, por las injusticias del sistema, las inequidades, las brechas de género y socioeconómicas, por el medioambiente, por la salud, por la educación, por el costo de la vida, por las carencias, por lo insuficiente, por derechos no garantizados y más. Por las fallas estructurales de un modelo que se venían arrastrando desde hacía tres décadas o incluso más tiempo, y que se habían acumulado y agrupado hasta explotar todas juntas y al mismo momento, como una olla de presión.

Lo espontáneo, inorgánico y transversal que fue el estallido también implicó que fuera, sobre todo al comienzo, un cúmulo de demandas sin forma ni dirección, sin unidad ni organización, y sin interlocutores ni líderes identificados ni validados con quienes sentarse a conversar y trabajar vías para darles respuesta y buscar soluciones desde la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019 ya se había alcanzado un acuerdo político para dar curso a un proceso constituyente y cambiar la Constitución vigente desde 1980, nacida en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero eso no calmó las aguas y las protestas y enfrentamientos seguían allá afuera. ¿Cómo se podía abordar políticamente y de forma efectiva algo tan amplio y desordenado si no se podía siquiera saber cuáles eran concretamente esas demandas?

Precisamente para dar respuesta a esa pregunta y tener algo sólido para establecer puntos de partida, fue que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida en ese entonces por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre de ese año una consulta ciudadana amplia para identificar, medir y encausar las diversas inquietudes que motivaban la revuelta social. Si bien no sería un instrumento vinculante, según decía Codina por esos días, pretendía ser un mecanismo para levantar información directamente desde las personas y así hacer que “La Moneda y el Congreso escuchen al pueblo”.

Participaron unos 225 municipios (el 65% de los que hay en el país) que implementaron el instrumento con libertad para adaptarlo a las características que más se adecúen a sus realidades. Había preguntas comunes y otras específicas para cada municipio, y podían participar personas desde los 14 años en adelante. Hubo durante esos días voto electrónico remoto y presencial, y en total fueron más de un millón de personas las que emitieron sus preferencias, entre adolescentes y adultos.

Los resultados mostraron una aplastante tendencia de la ciudadanía a favor de una nueva Constitución, con un 91% de los votos a favor. Como ya se sabía que habría un plebiscito de entrada que definiría si iba o no el proceso constituyente y cómo se haría, también se sondeó aquello: el 71% optó por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto; versus un 28% que prefería una Convención Mixta constitucional constituida en partes iguales por ciudadanos electos, y parlamentarios en ejercicio. El mensaje era claro: Chile necesitaba una nueva Carta Magna y que la hicieran las personas, no los políticos.

También se identificaron las principales prioridades de chilenos y chilenas para encausar el trabajo a realizar, ya sea por la vía constitucional, la política o la administrativa. Un 23,9% priorizó mejorar las pensiones para dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, seguido de un 24% que enfocó sus preferencias en mejorar el sistema de salud pública y su financiamiento. Un 16% se inclinó por un mayor acceso y calidad en la educación pública, mientras que otras preocupaciones importantes incluyeron la reducción de la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, y el acceso a viviendas de calidad, entre otros temas.

A cinco años del estallido, la esperanza de cambios profundos que había tras las masivas movilizaciones se ha diluido, y la percepción ciudadana de haber logrado con todo eso pareciera estar en su nivel más bajo, con la sensación de que hoy Chile está igual o incluso peor que el día antes del 18-O. Una encuesta de Cadem realizada en diciembre de 2019, señalaba que un 74% de los encuestados creía que Chile sería un mejor país después del estallido. Hoy, el 63% cree que ocurrió todo lo contrario y que el país está peor. ¿En qué quedó todo eso que la consulta de la AChM puso sobre la mesa? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no en las principales demandas ciudadanas que motivaron la revuelta?

Puroperiodismo revisó algunas de esas áreas para intentar responder esas preguntas, y lo que sigue es lo que encontramos.

Nueva Constitución: el cambio que no fue ni a la primera, ni a la segunda

«Un triunfo de la ciudadanía y la democracia», declaró el entonces presidente Sebastián Piñera tras el abrumador 78% de apoyo al «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con niveles de participación históricos, Chile elegía dar curso a un proceso constituyente a cargo de un órgano constituido exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas electas para redactar una nueva carta fundamental.

Parecía que la demanda de construir un nuevo pacto político nacido en democracia entraba en tierra derecha para concretarse. No era la primera vez que se intentaba redactar una nueva constitución. Al terminar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional, surgido de un proceso ciudadano amplio, en el que participaron de forma voluntaria y autogestionada más de 200 mil personas en encuentros y cabildos vecinales, provinciales y regionales, además de una consulta dirigida a los pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto entró al Congreso en las postrimerías de su período y luego, tras la llegada de Sebastián Piñera al poder por segunda vez, la decisión de La Moneda fue desestimarlo e impedir que avanzara.

Casi dos años después del estallido, el 4 de julio de 2021, se llevó a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, desarrollada por los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo de ese mismo año. Se configuró una mesa de trabajo con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y con un 64% de constituyentes independientes.

El proceso, eso sí, desde ese primer día, cuando el coro juvenil no pudo cantar el himno porque un grupo de convencionales protestaba, se empezó a desvirtuar de forma acelerada. Le siguió la salida anticipada y obligada de Rodrigo Rojas Vade cuando se supo que jamás tuvo cáncer, convencionales que llegaban disfrazados a las sesiones, otros que votaban desde la ducha, las supuestas versiones de fiestas y desbandes en sus salidas fuera de Santiago, las disputas internas por los grupos mayoritarios que, en vez de intentar consensos, buscaban pasar la aplanadora sobre sus contendores políticos que eran minoría; todo eso afectó la credibilidad y confianza de la ciudadanía en cómo se estaba trabajando en la Convención.

Portada de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Y a todo eso, se sumaba una cobertura mediática que se enfocaba más en las polémicas que en los avances y la fuerte campaña de desinformación que circuló durante todo el proceso por diversas plataformas y redes sociales y que desvió la atención de los temas de fondo. El trabajo culminó en una primera propuesta de nueva Constitución que no convenció a los votantes y que el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida que fue el proceso electoral más multitudinario de la historia democrática de Chile, se fue directo al tacho de basura con un aplastante 62% que eligió rechazar ese texto y volver a fojas cero.

Primer strike.

La contundente derrota del ‘Apruebo’ frente al ‘Rechazo’ fue un duro golpe para el movimiento “octubrista”. La sociedad, con el estallido y una pandemia a cuestas, ya estaba cansada y había comenzado a dar la espalda a las manifestaciones. “Algo que entendió la gente con el estallido, independiente de si se está a favor de la protesta o incluso del uso de la violencia en ciertas circunstancias, es que algunos actos no pueden ser justificados. Un ejemplo claro es la quema del metro”, dice Javiera Arce, politóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica.

Después vino un segundo intento, con el Consejo Constitucional de 2023. Aquí el trabajo partió con la base consensuada de una comisión de expertos, y se esperaba que el aprendizaje de lo ocurrido con la Convención allanara el camino para los acuerdos. Pero no sucedió. Esta vez, el proceso estuvo marcado por el desinterés de la ciudadanía, producto del agote por la intensidad que tuvo la experiencia anterior. La composición fue ahora mayoritariamente de derecha –con fuerte presencia de la ultraderecha–, que, al igual que hizo la izquierda en la Convención, renunció a buscar acuerdos y consensos para tratar de imponer su mayoría circunstancial. Su propuesta de nueva Constitución también fracasó en las urnas, con un 56% de electores que estuvieron en contra de darle curso.

Segundo strike.

Después de este segundo intento fallido, el presidente Gabriel Boric cerró la puerta para ir por una tercera vía constituyente, por lo que no se logró cambiar la Constitución de 1980, que sigue vigente en la actualidad.

Entonces, ¿todo lo relativo al debate constitucional quedó igual que antes del 18-O? En rigor, no, pues sí hubo un cambio importante antes de ese último plebiscito, y se dio en el Congreso: suprimir los quórums supramayoritarios mediante dos nuevas leyes.

La primera surgió del proyecto de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quórums necesarios para reformar la Constitución de 3/5 a 4/7, lo que disminuye la cantidad de votos requeridos para hacer cambios en la carta fundamental (ver ley). Si bien, este proyecto fue presentado con el fin de garantizar la victoria del Rechazo, significó un importante avance para futuras reformas constitucionales, las que antes eran casi imposibles debido al alto quórum.

Luego, a comienzos de 2023, se aprobó otra ley que redujo los quórums requeridos para modificar, esta vez, las leyes orgánicas constitucionales, eliminando el requisito de 4/7 y estableciendo el mínimo a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, igual que para las leyes de quórum calificado. Con ello, se baja la barrera fijada desde la dictadura que imposibilitaba cambios estructurales, aunque para que todo eso sirva de algo deben existir acuerdos que, con la composición actual del Congreso y la dispersión del sistema político, son difíciles de lograr.

Pensiones: La costumbre de discutir una reforma que no avanza, pero ahora está la PGU

En la lista de demandas prioritarias para la ciudadanía que surgieron con la consulta de la AChM en 2019, la que más selecciones tuvo fue “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”, es decir, el tema previsional.

Durante los primeros años post estallido hubo poco cambio en esta materia, salvo por un pequeño gran avance: la Pensión Garantizada Universal (PGU), presentada como proyecto de ley en diciembre de 2021 por el expresidente Piñera, cuando su segundo mandato ya se acercaba a su fin. Se tramitó de forma exprés y fue una de las últimas leyes importantes que alcanzó a promulgar.

Antes de la PGU, más del 50% de los jubilados en Chile recibía menos de $150 mil mensuales. El proyecto del exmandatario garantizaba una pensión mínima de $185 mil al mes, beneficiando al 90% más vulnerable de los pensionados. Posteriormente, en agosto de 2022, el presidente Boric presentó su Proyecto de Reforma de Pensiones, que busca incrementar la cobertura y el monto de la PGU a $250 mil. Además, incluía la creación de un Seguro Social, que contemplaba una cotización adicional gradual del 6%, destinada a un fondo común para mejorar las pensiones actuales, la cual sería cubierta por el empleador y no por el cotizante. Este enfoque busca establecer un sistema mixto que combine ahorro individual con un pilar solidario, garantizando así pensiones más dignas y sostenibles.

Adultos mayores manifestando en protestas posteriores al 18-O.

Es importante recordar que una de las principales promesas de campaña de Boric fue eliminar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existe desde 1981 y reemplazarlo por un modelo mixto que incluya administradoras públicas y privadas. La propuesta actual consiste en reemplazar las AFP y establecer un sistema Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), junto con otro sistema de Inversores de Pensiones Privados (IPP).

A pesar de los avances en el debate legislativo, que incluyen la firma de un protocolo de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la tramitación del proyecto y que el proyecto salga del Senado a comienzos de 2025, persisten desafíos significativos. La discusión se ha centrado en cómo implementar efectivamente el nuevo sistema y resolver dudas sobre aspectos como la heredabilidad de los fondos, el rol de las AFP y el destino de ese 6% extra. Recientemente, se han logrado consensos importantes gracias al trabajo de una Comisión Técnica que ha permitido acotar discrepancias, pero aún quedan incógnitas por resolver.

En ese sentido, los cambios concretos aún son insuficientes y la urgencia por reformar un sistema, que ha sido criticado por su ineficacia para garantizar pensiones adecuadas a la población, sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.

Educación: Nueva prueba para acceder a la educación superior y un proyecto para poner fin al CAE

Uno de los primeros cambios en el ámbito de la educación después del 18-O fue la eliminación definitiva de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU), criticada por ser una prueba altamente segregadora que favorecía a ciertos grupos debido a las brechas económicas existentes en el país. En 2020, se presentó la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT), que comenzó a funcionar en 2022 y, ese mismo año, se transformó en la PAES. Ambas pruebas tenían como objetivo «generar un sistema más equitativo y ofrecer mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria», según decía el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Una de las principales novedades fue la posibilidad de rendirla dos veces en un año.

Sin embargo, el tema más relevante en materia de educación ha sido el anuncio del proyecto que viene a cumplir una de las principales promesas de campaña del actual presidente, y quizás una de las que más ruido ha generado en el último tiempo: el fin al Crédito con Aval del Estado, el CAE.

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El proyecto fue anunciado el pasado lunes 7 de octubre e ingresado dos días después al Congreso, y propone eliminar el CAE como vía para solventar los estudios superiores para reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Uno de los aspectos más importantes de este nuevo mecanismo, y a diferencia del CAE, es que no es un crédito y los bancos no serán parte de la ecuación; será el Estado el que entregue los recursos directamente a las instituciones. En cuanto a la retribución, si la persona percibe menos del salario mínimo, no retribuirá ni se extenderá su deuda y si su ingreso es superior, no retribuirá más de un 8% mensual.

El proyecto contempla un sistema de reorganización y condonación de la deuda, que no será universal, y que se divide en tres: inicial, adicional por pago anticipado y progresiva mensual (más detalles del proyecto, aquí).

No ha habido grandes cambios en los otros niveles educativos.

Salud: Fin al copago en Fonasa y la universalidad de la atención primaria

A partir del 1 de septiembre de 2022, más de cinco millones de personas dejaron de pagar copagos en el sistema público de salud de Chile, gracias a una medida impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Los derechos no tienen que ser un negocio”, señaló el mandatario al anunciar la iniciativa que elimina los cobros adicionales por servicios, tratamientos y medicamentos para los afiliados a Fonasa.

Durante años, el copago ha sido una fuerte carga para miles de familias que, aunque accedían a servicios de salud pública, debían cubrir un porcentaje de los costos. Esta política había sido duramente criticada por sectores que denunciaban la exclusión de personas que, aun con Fonasa, no podían permitirse ciertos tratamientos médicos debido a los pagos adicionales.

Médicos manifestándose por mejoras en el área de la salud durante el estallido social.

Con la eliminación de estos cobros, se busca garantizar un acceso más equitativo y universal a la salud. La medida no solo responde a una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema público frente al aumento en la demanda que podría generar.

También se cuenta entre los avances la implementación del programa APSUniversal, que busca la universalización de la atención primaria de salud, ampliando su cobertura a personas afiliadas a Isapres o funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Este programa ha logrado expandir su cobertura de 7 a 21 comunas en todo el país, beneficiando a más de 49.000 personas con acceso equitativo a servicios de salud. Además, se ha priorizado la atención en salud mental, con más de 5,4 millones de atenciones registradas hasta marzo de 2024, incluyendo un apoyo significativo a través de la línea de prevención del suicidio.

Sin embargo, hoy, a cinco años del estallido, el sistema público de salud aún enfrenta varios de sus problemas estructurales, como largas listas de espera y críticas sobre la calidad y accesibilidad de las prestaciones.

De la ilusión a la decepción

Desde aquella agitada época de octubre, que rompió los paradigmas de la sociedad y la política chilena, muchas son las interrogantes que se han planteado al respecto para entender estas incongruencias de la población. ¿Cómo fue posible que una moción que contaba con 91,1% de apoyo terminara con un doble fracaso constitucional? ¿Que la esperanza de cambios en apenas cinco años se diluyera hasta casi haber olvidado lo sucedido con una narrativa que hoy pone la violencia y los destrozos ocurridos –que sí, existieron– como un manto que cubre la ilusión de una ciudadanía que salió en masa a manifestarse para mejorar su calidad de vida?

“Pasa que en lugar de priorizar el contenido y el fondo de las propuestas, muchas veces se dio más importancia a la performatividad y a gestos simbólicos. Esto alejó a las personas, ya que la falta de claridad y seriedad en algunos momentos generó desconfianza”, señala Javiera Arce.

Sin embargo, también hay que considerar que hubo una fuerte campaña del terror a través de desinformación en torno a la lucha política. “La fuerte campaña en contra, especialmente desde sectores de la derecha, aprovechó estas debilidades. A través de noticias falsas o tergiversaciones, se difundieron ideas alarmantes, como que se iban a expropiar propiedades para privilegiar ciertos grupos, como los mapuches”, cerró.

A dos años del plebiscito de 2022, solo un 19% de la población considera que se debería realizar un nuevo proceso constituyente. Existe una clara sensación de arrepentimiento social respecto al octubrismo. Como se mencionó antes, si un 74% de la población creía que Chile sería un mejor país después del Estallido, hoy un 63% cree que quedó peor.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 los casos de víctimas de trauma ocular que se registraron en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el período que duró el estallido social; todas lesiones ocasionadas por agentes del Estado. Desde entonces, han existido dos programas públicos de reparación y rehabilitación: uno implementado por el gobierno de Sebastián Piñera (PIRO), el otro bajo la administración de Gabriel Boric (PACTO), con dispares resultados y coberturas. Hoy a 5 años de la revuelta, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, relata cómo ha sido la respuesta por parte del aparato estatal para estas todas esas personas que sufrieron la mutilación de sus ojos producto de la negligencia y brutalidad policial.

El 8 de noviembre de 2019, como cada viernes por esos días, fue una jornada de protesta. Según lo informado entonces por la Intendencia Metropolitana, fueron 75.000 las personas que se congregaron ese día en las movilizaciones del centro, y allí, en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, el estudiante de psicología Gustavo Gatica tomaba imágenes con su cámara. La fotografía, dicen quienes lo conocen, era una de sus aficiones. Cerca de las 18:00 horas, cuando ya el enfrentamiento con las fuerzas públicas se había desatado, recibió los disparos policiales.

Dos perdigones de goma, uno en cada ojo. “Traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, decía el primer parte médico de su caso, que terminó siendo uno de los más emblemáticos relacionados a la brutal represión que caracterizó las movilizaciones del estallido social.

Cuando ocurrió, lo de los ojos heridos por acción de Carabineros y sus agentes que, en vez de disparar al cuerpo –como indicaban los protocolos– apuntaban directa e indiscriminadamente a la cara de los manifestantes, era algo ya casi cotidiano, y la historia de Gatica se sumaba al triste listado que culminaría con un saldo de más de 460 víctimas con traumas oculares. Ellos son parte del costo humano que dejó la revuelta ciudadana que partió el 18-O.

Se abrieron dos caminos: uno para buscar justicia, el otro para la reparación. En el primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de 1.500 querellas para perseguir penalmente a quienes violaron los derechos humanos durante las protestas, incluyendo en ese lote a quienes dispararon los balines y lacrimógenas que hirieron e incluso dejaron con pérdida total o parcial de la vista a esas personas de forma permanente.

En cuanto a la reparación, a pesar de que los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han implementado programas para reparar y rehabilitar a las víctimas –con distintos enfoques—, el camino hacia la sanación ha sido complejo. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), lanzado a fines de 2019, se centró en ofrecer atención médica y psicológica a los afectados, aunque ha sido fuertemente criticado por su cobertura insuficiente. Por su parte, el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) se introdujo posteriormente con un enfoque más amplio, que incluye apoyo psicosocial y laboral.

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten críticas sobre la efectividad y el alcance real de estas iniciativas, y en esa lucha ha estado durante los últimos cinco años la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares (CVTO), agrupación en la que participan tanto víctimas directas como sus familiares para exigir verdad, justicia y reparación de forma organizada y colectiva al Estado de Chile.

En esta entrevista con Puroperiodismo, Marta Valdés, vocera de la CVTO, se refiere a los avances que han vivido en estos años, a las deudas que aún persisten y al peligro del cambio de narrativas para criminalizar la protesta, anulando con ello el recuerdo y la lucha de estas personas que no sólo sufrieron una herida física, sino que se convirtieron en un recordatorio constante del costo humano que tuvo el fenómeno social que vino con el 18-O.

“Estos cinco años han sido difíciles. Los medios de comunicación tradicionales han insistido en decir que quienes se movilizaron el 18 de octubre eran todos delincuentes, han criminalizado el movimiento. Por lo tanto, eso revictimiza a nuestros compañeros y compañeras, cuando se instala que todos y todas son delincuentes. Nos parece lamentable la criminalización que ha hecho la derecha al movimiento social”, dice.

La justicia, la reparación y la lucha contra el olvido

–A 5 años del estallido social, ¿cuál es su balance respecto a la reparación y rehabilitación por parte del Estado a las víctimas de traumas oculares?

En el tema del proceso de reparación, bueno, hoy día el programa PACTO es algo que debemos reconocer, ya que hemos sido más escuchados. Ha mejorado la calidad de profesionales, de la atención y tenemos mayor cobertura, tanto psicólogos como psiquiatras, lo que carecía en el programa PIRO que creó el exministro de Salud, Jaime Mañalich en el gobierno de Piñera. Esto fue una forma de blanquear su imagen y decir que se estaban haciendo cargo de los daños que provocaron, cuando era un programa precario que no cumplía con las necesidades de nuestros compañeros. De hecho, producto del abandono psicológico es que también tuvimos suicidios de nuestros compañeros y eso se produjo por el abandono que hubo.

–¿Han tenido más avances, entonces, con este gobierno?

En el tema de reparación, sí hemos podido avanzar con este gobierno, aunque obviamente queda más por hacer, pero sí se ha contado, por lo menos, con esa ayuda. Con ese reconocimiento a hacerse cargo el Estado de los daños que provocaron.

–Son muy pocos los casos judiciales que han llegado a una condena o incluso a una individualización de los responsables, quedando la mayoría archivada. ¿Qué opina respecto a la impunidad de los carabineros involucrados?

El tema de la impunidad es algo que nos complica mucho y afecta a los compañeros psicológicamente, porque es un tema que daña y que los mantiene con mucha rabia e indignación, como también a sus familiares. Creemos que con eso no hemos logrado avanzar lo necesario. Este gobierno nos pareció que protegía al ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez cuando se pidió que fuera formalizado, hace mucho rato debería haber sido formalizado y debería haber justicia. Nosotros pedimos prisión preventiva para los carabineros que provocaron tanta brutalidad contra quienes nos manifestamos de forma pacífica desde el 18 de octubre. No es posible que solo se les dé arraigo nacional y una firma cada 15 días. No es suficiente para el peligro que ellos representan para la sociedad, debiera haber sido cárcel preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación, pero, lamentablemente, aquí la justicia opera de forma desigual y eso es muy molesto, de verdad que nos indigna mucho.

–Diversas encuestas dan cuenta de que hoy la ciudadanía percibe de forma muy distinta lo que fue el estallido social, con una valoración negativa de algo que hace cinco años tuvo un apoyo multitudinario y transversal. ¿Qué opina al respecto?

Hemos percibido que el pueblo ha tendido a “comprar” un poco el discurso que se ha instalado desde los medios de comunicación tradicionales y de la derecha en que en las protestas que se dieron desde el 18 de octubre, todos quienes estaban en la calle eran delincuentes. Pero, afortunadamente, no todos y todas lo han creído. Hay varias convocatorias para marchas y actividades en conmemoración a lo ocurrido con el 18-O, y eso habla de que hay un sector del pueblo que está absolutamente negado a creer lo que se ha dicho en los medios, lo que han querido instalar en la opinión pública.

–¿Cuál cree que es el impacto que estos discursos han tenido en la construcción de memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido?

Creemos que hoy todavía existe memoria y hay que seguir trabajando, porque la derecha apuesta a terminarla.  Les conviene a quienes han violentado históricamente al pueblo y al Estado. Así que creemos que hay que seguir dando la lucha, hay que seguir de pie, hay que seguir avanzando en memoria para asegurarle a las futuras generaciones que no se repita la violación de los derechos humanos desde el Estado o de quien sea, a quienes se manifiestan pacíficamente. Cuando hablamos de vivir en democracia, es poder salir a las calles y manifestarse de forma pacífica, y no terminar mutilado, siendo preso político, suicidado en las comisarías o siendo torturado por carabineros. Así que creemos que todavía hay memoria en parte del pueblo y hay que seguir trabajando para no ser olvidados, porque lo peor que puede pasarle a las víctimas y a quienes entregaron su vida el 18 de octubre en la revuelta popular es ser olvidados.

A esta altura, ya es sabido cómo todo se desató: las manifestaciones las iniciaron estudiantes secundarios en Santiago saltando en masa torniquetes, descontentos por el aumento de $30 en la tarifa del transporte público. Era octubre de 2019, los días previos al viernes 18.

También ya se sabe que no fue ese hecho en particular lo que hizo estallar el amplio descontento, sino que era tan solo la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde hace mucho, con demasiadas demandas ciudadanas insatisfechas por años, décadas incluso. Millones de personas terminarían uniéndose en una movilización espontánea, transversal y nacional que, entre el caos, la violencia y las incertidumbres, estaba caracterizada por la esperanza de cambios estructurales que mejoraran la vida de las personas.

Si bien ese movimiento remeció a todo el país y al sistema político por completo, y puso a Chile bajo el foco y las miradas de todo el mundo, el fenómeno no era algo exclusivamente local. Ya antes había ocurrido en Ecuador, frente un paquete de medidas económicas impulsadas por el gobierno del entonces presidente, Lenin Moreno, que se encontraron con un fuerte rechazo ciudadano y de las más poderosas organizaciones de la sociedad civil. Después, en 2021, pasaría algo similar Colombia.

Hubo también otras movilizaciones importantes, como la llamada “Revolución de las Pititas”, en Bolivia, tras las acusaciones de fraude electoral por parte del entonces presidente Evo Morales, quien competía por un nuevo período en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, lo que terminó con su renuncia y posterior exilio. También ocurrió en Perú (2022), tras el intento de autogolpe del mandatario Pedro Castillo –quien terminaría destituido y detenido–, y allá se extendió por meses, debido a la profunda crisis institucional del sistema político peruano en su conjunto.

Esas últimas dos, si bien remecieron a sus respectivos países y coinciden con las demás experiencias en las movilizaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas públicas de orden y seguridad y la heridas y muertes de cientos de ciudadanos y ciudadanas en medio de las protestas, se diferencian de las otras en que apuntaban a hechos específicos de la política local, mientras que las de Chile, Ecuador y Colombia tienen en común algo más que la violencia: surgieron de las profundas grietas producidas por injusticias enquistadas en sus estructuras sociales.

¿Qué similitudes y diferencias tuvieron esos procesos con lo que ocurrió en Chile? ¿De qué manera el descontento ciudadano frente a sistemas que no responden de forma satisfactoria a sus inquietudes han marcado la política latinoamericana de los últimos años? Puroperiodismo revisó esos procesos y conversó con especialistas que arrojan luces sobre estas preguntas.

Ecuador, 2019: la convulsión social que antecedió al estallido chileno

Sólo unos días antes de que todo empezara a ocurrir en Santiago, el 1 de octubre de 2019, el entonces mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, dio a conocer en cadena nacional una serie de seis medidas económicas y laborales, además de 13 propuestas legislativas que buscaban impulsar la alicaída economía de su país. Lo que logró fue todo lo contrario.

Entre los principales puntos incluidos en el paquete estaban la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra, eliminando con ello un subsidio a los combustibles que, se esperaba, implicaría un ahorro público por alrededor de US$ 1.300 millones, aunque se traducía en un aumento importante en el gasto de los hogares. Proponía también un impuesto especial a empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones anuales, con el objetivo de recaudar más de 30 veces ese monto con el fin de destinarlos a seguridad, educación y salud. Se anunciaron reducciones arancelarias para maquinaria y tecnología, así como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. En el ámbito laboral, se introdujeron nuevas modalidades de contratación que afectarían a futuros empleados y se redujeron las vacaciones para funcionarios públicos de 30 a 15 días.

Eso es tan solo una muestra de lo que proponía la administración de Moreno, quien entonces enfatizó en que todo el paquete eran decisiones necesarias y “postergadas durante décadas”, que buscaban un equilibrio entre la austeridad fiscal y el apoyo social. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, anunció que 300.000 familias recibirían un bono adicional mensual de US$ 15.

Imágenes de protestas en Ecuador durante 2019 (FOTO: Diariojuridico.com)

La respuesta fue el rechazo rotundo de las principales organizaciones de la sociedad civil, además de gremios, sindicatos y algunos partidos políticos. Vinieron, entonces, marchas multitudinarias, paros generales, enfrentamientos, violencia, destrucción, como la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, entre otros. Las movilizaciones duraron hasta el 13 de octubre, y en esos 12 días hubo casi 1.200 personas detenidos, 1.340 heridas y ocho asesinadas.

A diferencia de lo ocurrido en Chile, en Ecuador se logró un acuerdo entre el gobierno y los gremios involucrados en las protestas en un plazo acotado, lo que terminó con la anulación de algunas de las medidas más polémicas y, con ello, el fin de las protestas.

Para el historiador Juan Pablo Vásquez, doctor en Estudios Americanos y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, “el caso ecuatoriano es muy especial, porque es un país que vive cada cierto tiempo convulsiones de ese tipo. Si se revisan los últimos 30 años de su historia, no te vas a encontrar con un solo evento de estos, sino que varios. Ahora, igual hay procesos y contextos en común con el caso chileno”.

Vásquez se refiere a lo que pasó en Colombia dos años después.

Colombia, 2021: la otra estructura neoliberal que se tambaleó

El experto explica que entre todos los otros movimientos ocurridos en América Latina durante los últimos años, quizás el que más se asemeja a lo ocurrido en Chile fue el estallido social de Colombia en abril de 2021.

Fue en plena pandemia por Covid-19, y se inició por el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, la cual, para muchos, iba en desmedro de la clase media, ya que aumentaba los impuestos para este sector. Las manifestaciones, que en un comienzo se enfocaron en la eliminación de esa reforma, rápidamente se expandieron para abordar una variedad de problemas sociales y económicos mucho más profundo y estructurales, incluyendo la desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos exacerbados por la crisis sanitaria.

“El caso colombiano tiene más elementos en común con el caso chileno. Ambos tienen la característica de ser países donde el modelo económico neoliberal es muy profundo, con las políticas neoliberales más profundizadas, tanto en la institucionalidad como en la cotidianidad en el sentido común de las personas”, dice Vásquez.

Paro nacional en Colombia , 2021 (FOTO: Flickr de Oxi.Ap)

Aunque el gobierno de Duque retiró en cuatro días la reforma tributaria, las protestas se prolongaron hasta diciembre de 2021, y en ellas se registraron constantemente enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con más de 70 muertes y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que, al igual que en Chile, fueron acreditados y documentados por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra similitud fue el impacto que tuvo el movimiento ciudadano para el alzamiento de figuras políticas que proponían importantes cambios estructurales. En Chile fue Gabriel Boric; en Colombia, el actual presidente Gustavo Petro.

“Ambos casos también se asemejan en que, después de la revuelta, surgen en las elecciones presidenciales personas que figuran con proyectos políticos innovadores y cercanos al clamor popular y, una vez en el gobierno, tanto Petro como Boric establecen políticas más moderadas que las que planteaban, porque se encuentran con una serie de obstáculos para poder cumplir sus objetivos”, acota Vásquez.

El 18/O en el contexto internacional

Para entender cómo surgió el estallido social en Chile hay que comprender que había desde antes un gran descontento con la clase política y los pilares del sistema político-económico imperante desde la dictadura. Así lo plantea el sociólogo e investigador de la Universidad Católica de Temuco, Jorge Baeza: “Chile venia experimentando una situación que se estaba dando en diferentes partes del mundo, que consiste en una creciente situación de malestar fruto de la desigualdad que está instalada en muchos países. Un antecedente claro es la Revolución Pingüina de 2006 y las protestas universitarias del 2011; incluso se puede comparar con el movimiento de los indignados en España que protestaban en la conocida Puerta del Sol de Madrid”.

Todo esto, según Baeza se empezó a extender en diferentes rubros y sectores de la sociedad, como la salud, el trabajo, la vivienda y la educacion, entre muchos otros.

El factor común en todos esos casos, y en muchos otros más, es la percepción y frustración de mucha gente que siente que el Estado les ha fallado y no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas. Pero, ¿esto implica que el sistema político de esos haya colapsado o está en crisis? Baeza responde que “no tengo la posibilidad de decir con completa certeza de que hay un colapso. Primero, porque el sistema político en Latinoamérica tiene una muy fuerte capacidad de defenderse, y el núcleo del centro no ha logrado ser alterado porque existe una capa fuerte que ha permitido resistir y lograr sobrellevar esta clase de movimientos sociales. Lo que sí es notorio e incluso se aprecia viendo encuestas de los últimos días, es que aparece algo preocupante como el planteamiento de una parte de la población que cree que, ante ciertas circunstancias, es mejor un gobierno autoritario que un gobierno democrático, argumentando que esto trae más tranquilidad o que le da lo mismo el tipo de gobierno que tenga porque solo le importa mantener su trabajo”.

Comienzan a aparecer los primeros rastros del atardecer. El sol comienza a bajar, el ambiente se ve naranjo, el cielo está despejado. De fondo, se escucha el sonido característico que formó parte del estallido social: “tac, tac, tac”; el cacerolazo, esta vez, sonando en paraderos, en las cortinas de metal de los locales comerciales ya cerrados, en las señales de tránsito.

–¡Ayuda! ¡Ayuda!– se escucha desde la Alameda, un joven grita con sus ojos cerrados, intentando tocarse la cara.

–¡Compa! ¡Acá!

Son las cinco de la tarde y se ve un carro lanza aguas, “el guanaco”, acompañado de un lanzagases, “un zorrillo”, cruzando velozmente y apuntando hacia los manifestantes que se encontraban en ese momento en la arteria principal de Santiago. Todos corren. Unos hacia las alturas del Cerro Huelén, otros por pequeñas calles de los alrededores, aunque igual hay grupos que aguantan en la calzada central. El joven que pedía ayuda había sido alcanzado por los gases lacrimógenos, mientras un grupo de mujeres le indica una pequeña calle aledaña para poder asistirlo y limpiarle el rostro.

–Gracias compas, me salvaron la vida –les dijo.

Menor de edad es atendido por brigadistas de salud en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, luego de ser alcanzado por el carro lanzaaguas. (FOTO: Isidora Varela L.)

Para esta tercera conmemoración del estallido social, el Gobierno desplegó cerca de 5 mil funcionarios de Carabineros por Santiago y un total 25 mil policías a nivel nacional para el control del orden público, según constató La Tercera. Este plan de contingencia contempló la utilización de drones y cámaras corporales, además de coberturas especiales para zonas específicas de conflicto, como Plaza Baquedano.

“Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos”, mencionó el Presidente Gabriel Boric en su discurso por la conmemoración del 18-O.

Pasadas las seis de la tarde, las cercanías de Plaza Baquedano –popularmente rebautizada como Plaza Dignidad–, el epicentro del estallido, se encuentra llena de manifestantes. Mientras unos intentan llegar hasta la cima de la plaza, otros se manifiestan a lo largo de la calzada de la Alameda.

Se genera un punto de conflicto entre Carabineros y manifestantes en calle Namur, al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral. Entre una nube de gas lacrimógeno, se asoma un carro de Carabineros y efectivos a pie. Del otro, manifestantes encapuchados.

Rápidamente, los manifestantes se dispersan. Un efectivo policial había lanzado una bomba lacrimógena a sus pies, llegando a la esquina de calle Namur con Alameda. “¡Pateen esa weá!”, se escucha. “¡Láncenla de vuelta!”, gritan de nuevo, mientras algunos caen al suelo por el efecto de los gases.

Minutos después, un grupo de personas se encuentra agolpada en un kiosco ubicado en calle Ramón Corvalán con la Alameda, la mítica esquina del conflicto entre “la primera línea” y Carabineros durante 2019. Se escucha como cae el agua del carro lanza aguas en el techo del pequeño inmueble, mientras su dueña se coloca una máscara de gas.

Todo se va a negro.

La lluvia ácida que dispara el carro lanza aguas resuena entre el techo y el escudo de un brigadista de salud que se encuentra entre las personas, y se comienza a escuchar al grupo tosiendo. “Es el agua del guanaco”, se escucha. Comienza a escucharse también la voz de algunos carabineros lejanamente. El grupo se dispersa, mientras el brigadista moja las caras de quienes se encontraban en el lugar con una mezcla de leche de magnesia y suero, para frenar el efecto de los gases lacrimógenos en la piel.

–Avance –ordena un efectivo de control de orden público, con casco y escudo, a quien no se le ve el rostro detrás de su uniforme y equipamiento.

–Estamos avanzando… –le responden los manifestantes, mientras son dirigidos hacia el interior de la calle Ramón Corvalán.

–¡Avance! ¡Avance!

–¡No veí que estamos tratando de avanzar! ¡No se puede! –gritan.

–¡Te estoy grabando! –grita de vuelta el Carabinero, mientras apunta la cámara corporal que se lleva en su pecho.

Al mismo tiempo que el grupo de manifestantes dobla por Ramón Corvalán, también doblan dos carros policiales. De estos, se bajan dos grupos de aproximadamente 10 efectivos, quienes quedan mirando directamente a los manifestantes. Algunos caminan hacia el Parque San Borja, otros vuelven a la Alameda. La tensión queda ahí, en el aire, al igual que el resto del gas lacrimógeno, que aún se siente.

(1) Carabineros apostados en locales comerciales fuera del hotel Crowne Plaza.
(2) Carabineros dirigiendo a manifestantes hacia la calle Ramón Corvalán, luego del uso del carro lanzaaguas y gases lacrimógenos.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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A raíz de la tercera conmemoración del estallido social,   en el que mencionan que “ningún alto mando responsable de la estrategia desplegada para callar las protestas a toda costa ha sido imputado y tan solo se conocen 16 condenas en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo”.

“Este 18 de octubre nos recuerda la fuerza transformadora de las protestas multitudinarias que desencadenaron un proceso constituyente aún en curso. Sin embargo nos enfrenta también a la lamentable situación de impunidad generalizada. Los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales,” mencionó Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile  a través del mismo comunicado.

Durante 2020, la misma ONG publicó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, el cual se centró en analizar las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 por funcionarios de Carabineros, durante el contexto de las protestas sociales.

Tal como se expone en el documento, la investigación se centra únicamente en el actuar de Carabineros de Chile debido a que “las violaciones de derechos humanos que los oficiales de esta institución llevaron a cabo, habrían sido de carácter generalizado, y al tratarse de la institución encargada del resguardo del orden público de manera permanente, requiere de un análisis más profundo y un abordaje estructural”.

Así, Amnistía Internacional sugiere que durante el tiempo que duró la investigación, funcionarios de Carabineros “no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo”.

El informe da cuenta de que más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas (de acuerdo con datos del Ministerio de Salud) y que al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por impacto de balines (de acuerdo con el INDH).

Además, según datos de la Fiscalía Nacional expuestos en el informe, se contabilizaron 5.558 víctimas de violencia institucional, siendo 4.170 de estas denuncias en contra del personal de Carabineros. Y también, que la institución registró 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos).

Amnistía Internacional también expone que, a pesar de los daños a la propiedad, la alta cantidad de manifestantes lesionados y uniformados de Carabineros que acabaron heridos, “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores”.

Es decir, que tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, existió una responsabilidad de los mandos estratégicos de Carabineros (que corresponden al general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad), ya que se expone que estos cargos de la institución policial podrían haber tomado diversas acciones para frenar las violaciones a los derechos humanos durante el primer mes de protestas, pero no lo hicieron.

Amnistía Internacional basó esta premisa en hechos documentados, entre ellos, como que “los mandos estratégicos de Carabineros habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando” y que “se utilizaron armas cuya naturaleza era notoriamente indiscriminada y lesiva, y por ende era contraria al estándar internacional. El general director no limitó el uso de balines de goma y metal hasta que se cuestionó la composición de dicha munición y la cifra de lesionados oculares rebasó los 250 casos”, según se lee en el informe.

Y, como uno de los puntos fundamentales, es que “lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino que habrían sido respaldados por el general director”. Esto se evidenció a través de la filtración de un audio del general director de Carabineros de ese momento, Mario Rozas, donde aseguraba que no daría de baja a ningún funcionario independientemente de su conducta.

Lo anterior se evidencia, según el informe expuesto, por el mínimo número de sanciones en relación al número de denuncias, en donde hasta el 8 de noviembre de 2019, “sólo se habían abierto 346 investigaciones administrativas y no se habían emitido sanciones, a pesar de que para esa fecha Carabineros había registrado casi 800 heridos civiles a través de su procedimiento de información interna y el Ministerio de Salud más de 8.000”.

Amnistía Internacional, al finalizar este informe, hace un llamado a que la Fiscalía Nacional continúe con las investigaciones y “a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos [de Carabineros], quienes estando en una posición de garante, habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”.

También, menciona una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a que este informe “evidencia la necesidad de un mayor control de la institución por parte del poder civil, así como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos”.

(1) Carabineros cortando el paso a la altura de Avenida Vicuña Mackenna, frente a Plaza Baquedano.
(2) Manifestantes arriba de la base en donde, antes de que fuera retirado, se encontraba el monumento al General Baquedano.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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El atardecer se ve a lo largo de toda la Alameda, la cual se rompe por una línea de cascos y uniformes verdes a la altura de Avenida Vicuña Mackenna. El cielo está naranjo, casi rojo. La falta de nubes se rompe con los restos del humo de barricadas que se levantaron en algún momento de la jornada, antes de que fueran apagadas por el carro lanzaaguas. La calzada está mojada, con grandes pozas de agua. Algunas con barro, otras con una extraña capa blanca encima.

De un momento a otro, la línea de carabineros que se mantenía cortando el paso de la Alameda se rompe. Se suben a los distintos carros policiales y se retiran del lugar. No alcanza a observarse hacia dónde se dirigen, ya que segundos después los manifestantes corren hacia los restos del monumento del General Baquedano.

Se escuchan gritos, se prenden bengalas, aparecen nuevamente las banderas, resuena nuevamente el “tac, tac, tac”, el cacerolazo.

–¡Recuperamos la plaza! –grita alguien.

La gente se reúne, algunos se abrazan. Otros simplemente se mantienen al pie del ex monumento, con sus rostros blancos por los gases. Comienza a sonar “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros, a través de un parlante. Los manifestantes comienzan a cantar al unísono.

A lo lejos, desde distintas direcciones, se observan las luces de los carros policiales. También, a lo lejos, gracias al viento que corría, se escapa el rastro de las lacrimógenas y la represión.

Era un viernes como cualquier otro, aunque este era especial porque era el último antes de un nuevo aniversario del estallido social. Era, entonces, el viernes 14 de octubre de 2022, y el potente sol de una naciente primavera envolvía el centro de Santiago. Mientras, el sonido del metal golpeado al compás de los manifestantes hacía recordar varias de esas tardes que siguieron al 18 de octubre de 2019, el 18-O.

No era lo mismo, pero algo de todo eso aún estaba allí: de las millares de personas que marchaban a diario en estas calles; de la música; del arte; de los gritos, los colores, la esperanza, la rabia y la indignación; de las piedras, los gases lacrimógenos y los disparos represivos; de los mutilados, de los muertos… Pero a esta altura, a casi tres años, el ruido no crecía y quedaba solo en eso, en un recuerdo de lo que fue. Ni la convocatoria ni el contexto actual se asemejan a lo que fue la llamada “zona cero”.

A las seis de la tarde el contingente policial ya se había desplegado, como ya es costumbre: tres carros lanzaaguas, dos lanza gases y cuatro retenes móviles estaban apostados alrededor del sector de Plaza Italia –o Plaza Dignidad, como fue rebautizada popularmente– a la espera de ese caos que por un tiempo lo dominó todo en el lugar y sus alrededores. Pero caos no había.  El tránsito vehicular era expedito y la única interrupción para quienes transitaban por el lugar era esa luz verde del semáforo de tres tiempos, en una espera que se vuelve eterna en días de calor. Lo que sí había era una veintena de manifestantes ubicada en la vereda sur, bajo el frontis del teatro de la Universidad de Chile, que gritaba consignas varias que se perdían en medio de los sonidos normales de la ciudad. La que más se repetía era la misma que gritan cada viernes una y otra vez como si fuera un mantra: la exigencia de liberación inmediata “a los presos por luchar”.

Paralelamente, en el hoyo que hasta octubre de 2019 fuera el acceso principal de la estación de metro Baquedano, se empezaban a reunir los integrantes del colectivo ‘Jardín de la resistencia’, los custodios de ese espacio hoy clausurado y tomado para la memoria.

Rodeados por paredes blancas colmadas de rayados, murales y otras muestras artísticas que mantienen vivas las demandas de la movilización ciudadana, y en medio del jardín con distintas y coloridas flores y plantas que allí se instaló, conversaban tranquilos acerca de la coyuntura política actual, reían y reflexionaban sobre el tercer aniversario del estallido social que se aproximaba. Dos de ellos pintaban una de las paredes, esbozando lo que pretende ser un nuevo mural, luego de que los pasados fueran borrados semanas antes. Esa es, mal que mal, su labor autoimpuesta: la constante recuperación de un lugar clave para el recuerdo de ese punto de inflexión histórico que fue la revuelta del 18-O.

Memorial, viernes 15 de octubre de 2022.

Espacio verde de memoria

“El Jardín de la resistencia” como tal no tiene una fecha de fundación exacta. Pero si se quisiera hablar de alguna, tendría que ser durante el verano de 2020, cuando se registraron las primeras intervenciones para crear un jardín y tratar de embellecer un lugar vandalizado y abandonado. Desde entonces, fue creciendo y durante los meses posteriores recibió el aporte de diferentes organizaciones ciudadanas y personas de a pie que organizada o espontáneamente, quisieron otorgarle al espacio una nueva vida mediante alguna acción de arte, plantas o decoraciones.

En enero de este año el jardín pasó a tener una organización como colectivo. Hoy lo componen fotógrafos, brigadistas de salud y manifestantes de diversas profesiones y oficios que se conocieron al fervor de la protesta social. Su idea, dicen, es recuperar el lugar y establecerlo como un sitio de memoria, pues entienden al espacio público como uno abierto a la acción política, y desde ahí nace la idea de conservar el ex zócalo de la estación Baquedano.

“Creemos que es un espacio que le pertenece al pueblo, que es un espacio especialmente de resistencia y que el Estado nos debe este espacio, por toda la violencia y todo el terrorismo de Estado que desarrollaron a partir del 18-O”, dice la periodista Paulina Acevedo, quien integra el colectivo.

No han dejado de asistir ningún viernes al jardín, donde una vez al mes realizan diferentes actividades: conversatorios, performance musicales, intervenciones teatrales, ollas comunes, exposiciones fotográficas y acopio de alimentos, entre otros.

Acto musical realizado en el ex zócalo de la estación Baquedano el 17 de febrero de 2022 (FOTO: Instagram Jardín de la resistencia)

La principal motivación de los y las integrantes del ‘Jardín de la resistencia’ es no olvidar lo ocurrido en ese lugar en el contexto de la revuelta: la brutalidad policial, las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, las mutilaciones oculares, a quienes murieron y las vejaciones cometidas por parte de las policías a manifestantes (ver video 1 y video 2).

“El espacio es importante para mostrarle a la gente en un espacio tangible lo que acá sucedió. Porque no tenemos que olvidar lo que pasó: en la comisaría de acá los pacos, los primeros días, arrestaron a gente, secuestraron a gente y la torturaron adentro. También disparaban a la gente través de las puertas desde acá. Poco se habla de eso. Por eso encontramos importante que esto no se destruya, porque es el epicentro de la violencia de Estado; hay que mantenerlo porque no hay que repetirlo”, dice Acevedo.

Lo interesante de lo que Acevedo identifica como un “espacio verde de memoria”, es que en cada flor o planta instalada en el lugar tenía hasta no mucho un cartel con los nombres de diferentes personas que perdieron la vida en el contexto del estallido social –la cifras oficiales identifican al menos 34, por diversas causas–. En el sentido metafórico, su recuerdo no se apagaría y haría florecer cosas nuevas. Pero eso fue destruido.

Información sobre plantas y recuerdos de fallecidos (FOTOS: Twitter @RobertoMerken)

Las plantas no pelean

Durante la madrugada del 25 de septiembre, un grupo de personas vestidas con overoles blancos concurrió al ‘Jardín de la resistencia’ y lo intervino para hacer “limpieza”. Pintaron el espacio entero de blanco, borrando los diferentes murales y se deshicieron de todas las plantas instaladas en el lugar. El acto se lo adjudicaron grupos de ultraderecha vinculados al llamado Team Patriota que encabeza el ex líder de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, más conocido como ‘Pancho Malo’.

“Las plantas no pelean” fue una de las primeras consignas pintadas en la consecuente recuperación que hizo el colectivo que construyó y cuidaba el jardín. Para sus integrantes, fue triste, pero también era algo que preveían, pues sabían que solo era cosa de tiempo para que sucediera, y hoy lo ven desde el lado positivo.

«Como le damos vuelta a la tuerca, creemos que es un lienzo blanco en el que podemos volver a resurgir. Porque si hay algo que nos diferencia de estos grupos fascistas es que nosotros trabajamos de manera colectiva y de día. Ellos trabajan en la noche, escondidos y son cuatro o cinco locos. Esa es la gracia que tiene este espacio: que la gente lo respeta y lo cuida. Y por eso vamos a volver una y otra vez, porque es nuestro espacio”, dice la periodista y activista.

Replantación del jardín, luego de que grupos de ultraderecha lo dejaran vacío y pintado. 25 de septiembre de 2022. (FOTO: Instagram Jardín de la resistencia)

Para este martes 18 de octubre, a modo de conmemoración, el colectivo ha programado en el lugar una exhibición de fotos que recuerde lo ocurrido durante el estallido social.

«La convocatoria [en Plaza Dignidad] ha bajado, pero es el proceso natural después de tres años de lucha y resistencia. Justamente por eso creemos que lo que hace este espacio es mantener viva la memoria y eso es lo que nos interesa, por los caídos, mujeres y hombres, y también por los mutilados.  Y también por lo que significa el espacio físico. Es importante mantenerlo, a pesar de que la gente no venga en masa como antes. (…) En ese sentido, queremos que la gente lo sienta, lo viva y que si vienen a plantar o hacer una expresión artística vamos a estar ahí apañando”, concluye Acevedo.

 Por Amy Franklin Casanova y Gabriel Riveros

El reciente éxito festivalero de ciertos filmes chilenos ha ido marcando la pauta de la nueva industria cinematográfica del país, donde la ficción y el entretenimiento se han cruzado con la expresión política.  Últimamente Chile ha estado marcado por cambios sociales como el estallido social o la revolución feminista, que generaron cambios en la forma de hacer cine, de sus temáticas y de la forma en que se percibe la industria.

El escritor y crítico de la gran pantalla Ernesto Garratt asevera que “el cine puede transformarse en política, de hecho, desde sus primeros pasos, como lenguaje narrativo el cine fue política. Pienso en Griffith cuando hizo ‘El nacimiento de una nación’ y plantó allí toda su visión y cosmovisión política, especialmente de la vida con una mirada que hoy en día sería políticamente incorrecta, lo que es el Ku Klux Klan”, un grupo de odio con sentimientos de supremacía de origen estadounidense.

Una de las investigaciones más recientes sobre el cine en el país fue publicada en 2016 y reunió a 77 especialistas para identificar a “las mejores 50 películas chilenas”. En el top 10 hay una serie de documentales, películas y largometrajes, entre otros, en cuyas historias está presente como eje la política, como en “La Batalla de Chile”, de Patricio Guzmán –en sus tres tomos–; “Machuca”, dirigida por Andrés Wood; y “El Club”, de Pablo Larraín.

“A diferencia de lo que se cree habitualmente, la mayoría de las películas chilenas no están vinculadas al tema de la dictadura. Sin embargo, yo creo que hay un sello super particular en el cine chileno reciente”, afirma la periodista, magíster en Ciencia Política y crítica de cine, Marisol Aguila.

“En el sentido de la representación, es súper interesante como el cine chileno desde hace ya bastante tiempo está representando a aquellos grupos, comunidades o históricamente discriminados que han estado invisibilizados”, explica Aguila.

La especialista agrega que “hay un trabajo importante de mujeres documentalistas, principalmente, que rescatan sus propios archivos familiares, está el tema del cine chileno vinculado a las diversidades sexuales. Entonces, la representación que las comunidades puedan verse representadas en la pantalla grande es una reivindicación política importante, que yo creo, el cine chileno viene realizando hace rato”.

Imágenes del estallido social

El 18 de octubre de 2019 hubo un quiebre en el orden social del país. Ya es sabido cómo partió: los estudiantes secundarios salieron a la calle a manifestarse ante un malestar colectivo de injusticias bajo la consigna de “no son 30 pesos son 30 años”. También se sabe ya cómo siguió esa historia, que derivó en un proceso constituyente que permitió cambiar de forma democrática –aunque no exenta de polémicas y fricciones– la Constitución que instauró en 1980 la dictadura de Pinochet. Esta ruptura y su devenir quedó en la historia del país como un punto de inflexión y, por lo mismo, plasmada en distintos documentales.

Uno de ellos fue “Los ojos del estallido”, que retrata los dos primeros meses de la revuelta a través de 11 miradas de personas que sufrieron trauma ocular perpetrados por agentes del Estado, organizaciones colectivas de salud y la realidad de manifestantes. Este fue producido por estudiantes de la cátedra de Cine Documental de la Universidad Abierta de Recoleta, bajo la dirección del docente Daniel Miranda.

La situación que vivió Chile no sólo fue un objetivo de las cámaras y equipos nacionales de realización audiovisual, sino que incluso traspasó fronteras. Un ejemplo de ello fue el documental “Piñera: La guerra contra Chile”, del director brasileño Carlos Pronzato (ver documental), quien lo título así a propósito de la declaración pública del ex Presidente Sebastián Piñera poco después del 18-O: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

Aguila explica que el vínculo del cine con la revuelta social tiene dos respuestas: “La primera reacción fundamental fue que las imágenes adquieren un valor estratégico, reivindicativo y evidenciador de lo que estaba pasando en términos de Derechos Humanos. La segunda parte estamos recién viéndola; las películas demoran mucho tiempo en estar listas, porque los procesos de producción y post producción son muy lentos —mayormente en los documentales— pero estamos viendo otro tipo de películas, que vamos a empezar a ver, que diría son más de batalla, más de guerrilla, enfocada en la movilización propiamente tal, de grupos más alternativos y otro que me parece más interesante porque tiene una especificidad y una diferenciación, que son aquellos que se oposicionan desde un lugar específico”.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de “Primera”, del director Vee Bravo, en el que se la da un seguimiento específico a integrantes de la primera línea, “porque los sigue a sus casas y se entiende más bien las reivindicaciones desde lo político, de la ideología, desde Plaza Dignidad, desde las movilizaciones callejeras”, sostiene Aguila.

Garratt, en cambio, plantea: “No he visto ninguna película que diga ‘wow ésta es la película que está reflejando lo que está pasando’. Me acuerdo de ‘Estudiantes Secundarios’, que es un documental de hace 10 años que habla del movimiento estudiantil previo a todo esto [del estallido social]”.

En el análisis de Garratt sobre por qué no existen obras audiovisuales más políticas es porque “hay una censura económica fuerte. En la TV abierta no vemos documentales o películas históricas en horario prime. Cualquier tema que sea conflictivo o que ataque a la ética de un sector de la población que es férreamente pinochetista o ultranacionalista, no va a existir mucho tiempo”.

“Ni siquiera son puntos de vista, son verdades históricas. Por ejemplo, “Bestia” —nominado en los premios Oscar 2022—, cortometraje que habla de una verdad histórica y que fue resentida por muchas personas porque decían que no era una verdad objetiva, ni siquiera había una reflexión antojadiza, es algo inapelable. Eso pasa, hay gestos políticos-económicos en contra de estos gestos políticos”, afirma el crítico.

Y añade: “Creo que el desafío es dejar de darle plata a los millonarios, para que hagan cine millonario y democratizar el financiamiento del cine y que personas emergentes que vengan de otro mundo, que sean diferentes, de distintas clase, hasta de raza, hablen de cosas que nadie está diciendo y que lo puedan hacer de manera más auténtica, más entretenida, más libre”.

La nueva Constitución y los derechos como ejes narrativos  

“Una discusión con temática super atingente y contingente a los chilenos es qué valor le damos a la plata en esta sociedad, especialmente en estos momentos de post-estallido social o Convención Constitucional. Entonces, pasa que películas como ‘Parásitos’ es tan pertinente a la realidad chilena, o películas como ‘Okja’. De hecho, el mismo Bong Joon-ho (director de cine surcoreano) ha hecho guiños a Chile; ‘Okja’, es una película que es una metáfora de cómo la producción de súper cerdos gigantes viene a ser visto como un beneficio económico y social cuando, en verdad, detrás hay una empresa que manipula genéticamente chanchitos y que miente diciendo que el primero fue encontrado naturalmente como una raza de súper cerdos en Chile. Se muestra nuestro país como el nacimiento de esta nueva fuente de riquezas, que sería metafóricamente el neoliberalismo”, argumenta Garratt.

La periodista y crítica de cine sí relaciona una película chilena llamada “El Pa(de)ciente” con el momento actual del país en la redacción de una nueva Constitución, porque “se ve indirectamente el derecho a la salud. La película se hizo justo previo al estallido social y hay algunas tomas donde aparecen algunas reivindicaciones en la calle, en el sentido de los derechos sociales. En lo que engloba ahí, yo diría el cine reciente, muy reciente, son la reivindicación de los derechos sociales, que es básicamente la línea que se ha seguido desde el estallido social y después en la Convención Constitucional, donde los derechos sociales son el centro –el corazón le han llamado– de estas transformaciones de provisión de derechos del Estado, un Estado social y democrático de derechos”, dice Aguila.

Por el contrario, su par cuestiona que esa película tiene “anotaciones o comentarios demasiado superficiales para lo que está pasando; no creo que en estos momentos —audiovisualmente hablando— haya una obra que esté abordando este tema con los méritos que se merece”, señala Garratt.

El último estreno del director Nicolás Videla con el documental “Travesía Travesti”, recorre los desafíos en la amistad de Anastasia y Marakx por retomar una obra que se vio interrumpida por el estallido social del octubre en 2019, abordando por medio de archivos la realidad de la comunidad trans y travesti en una sociedad patriarcal.

“En Travesía Travesti hay una reivindicación también de derechos específicos de la comunidad trans y travesti como disidencias sexuales, las más discriminadas dentro de las discriminadas. (…) Son ellas mismas [las actrices] las voces que hablan de su propia historia, reivindicando la epistemología y la posibilidad de generar conocimiento”, dice Aguila.

En su segundo artículo del borrador de la nueva Constitución dice: “El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”.

Con respecto al cine feminista, Aguila dice que “en el caso de ‘Mujer Fantástica’, de Sebastián Lelio [único largometraje chileno que ha ganado un premio Oscar], ahí la protagonista, Daniela Vega, está en su propia reivindicación por la diversidad sexual, particularmente del mundo trans. Ella tenía un rol al principio de asesoría en la película en la idea de Lelio, que al final es muy interesante de cómo se acerca al universo femenino, siendo él un hombre. Yo diría que es de los pocos directores chilenos que, en algunas de sus películas, podríamos decir, hace un cine feminista. Es toda una discusión si el cine feminista lo pueden hacer también hombres”.

“Es un debate abierto respecto si un hombre puede hacer cine feminista o no, pero en el sentido de que, si se rompen estereotipos de género, si se representan actores y actoras históricamente discriminadas, grupos vulnerables en cuanto a los derechos, a lo mejor sí podría ser”, agrega la profesional.

La forma de producción también es un tema. “Por ejemplo, el caso de Carolina Moscoso y su ‘Visión Nocturna’, es la película más feminista que tiene el cine chileno reciente, porque hay distintas líneas respecto de la forma y el fondo. Es un documental sobre una violación que ella sufrió. Primero poner un tema como ese desde el punto de vista de la víctima en caso de ella misma, también es reivindicativa y rompe las formas tradicionales al usar archivos, en este caso de celulares, imágenes con ripio, imágenes sucias… Al principio, cuesta verla, pero después entiendes que lo que hay ahí es una militancia. Ahí hay una apuesta de cine chileno muy de vanguardia, muy reciente”, sostiene Aguila.

“Aquí hay un prejuicio brutal hacia usar los géneros cinematográficos, la comedia, la ciencia ficción, el terror, todo es visto como si fuera de rotos, como que todo el cine chileno fuera un gran drama gris. En el cine reciente no hay nada que se parezca a ‘Parásito’, nada que se parezca a ‘Host’, nada que se parezca a Joe Kerr, no hay nada. Todo es lo mismo, el gran género chileno es, para mi gusto, una lata oxidada”, dice Ernesto Garratt.

Al comienzo, los ‘intramarchas’ eran algo así como un mito: se sabía que estaban ahí, pero no había pruebas de su existencia. Hacía años que en las protestas ciudadanas había sospechas de que carabineros o policías de civil se infiltraban para mimetizarse entre la gente y, desde adentro, dirigir la represión. La sensación creció tras el estallido social del 18-O y se acrecentó con videos y fotos capturadas in situ y viralizadas en redes sociales a modo de denuncias o funas. Pero seguían siendo algo extraoficial, algo que las autoridades negaban y que parecía imposible comprobar.

Pero eran una realidad.

La primera vez que leímos sobre estos ‘intramarchas’ fue gracias a una investigación que realizó la periodista egresada de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Josefa Barraza, y que plasmó en un reportaje que publicó en septiembre de 2020 en La Voz de los que Sobran. En ese trabajo, por primera vez se confirmaba la existencia de este equipo especial de la policía uniformada y su reconocimiento por parte del Ministerio del Interior como una medida para detener las movilizaciones que se habían desatado en todo el país.

Ese fue apenas el primero de una serie de reportajes y entrevistas que Barraza realizó para distintos medios y que, a medida que avanzaba, cerraba el cerco sobre aquellos carabineros que al límite –o incluso al margen– de la ley operaron encubiertos, como si fueran manifestantes, deteniendo por vías irregulares a quienes sí lo eran y justificando sin pruebas concretas el encarcelamiento de varios presos de la revuelta que, tras meses e incluso años en prisión, terminarían absueltos.

Toda esa línea de investigación periodística que Barraza rastreó por medio de entrevistas, documentos y pistas sueltas que fueron surgiendo en su camino, hoy es parte de su primer libro: “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”, que será presentado este viernes 22 de abril a las 17:00 horas en el auditorio E11 de la Universidad Alberto Hurtado (ver formulario para inscribirse).

En poco más de 100 páginas, el texto que publicó Editorial LOM relata cómo agentes del Estado se infiltraron en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que siguieron al 18-O, quiénes eran, cómo se organizaban e incluso, en voz de uno de ellos, quiénes dieron las órdenes. Al mismo tiempo, rescata las historias de las víctimas de esa represión y de las violaciones a los derechos humanos que ya han acreditado diversas instancias internacionales.

Dos años y seis meses han pasado desde que en Chile estalló aquel movimiento social que remecería toda la estructura política y social del país. En todo ese tiempo han pasado tantas cosas, desde el inicio de un proceso constituyente hasta la victoria de un Presidente que partió su ruta con el movimiento estudiantil. Pero una cosa que no se ha olvidado y ha tensionado estos dos procesos ha sido el de los denominados ‘presos políticos’ del estallido y con quienes los intramarchas están, inevitablemente, unidos.

Puroperiodismo conversó con Josefa Barraza a pocos días del lanzamiento que realizará en la que fuera su casa de estudios. En la siguiente entrevista, la periodista adelanta parte de lo que será esa presentación refiriéndose a su trabajo periodístico de investigación, a sus consecuencias y a qué se viene de aquí en adelante para ella.

Josefa Barraza, periodista y autora de «Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» (Ed. Lom, 2022)

–¿Cómo nace la idea de este libro?

De una manera sumamente espontánea; no lo tenía planificado ni organizado. Cuando me enteré del caso de los intramarchas en el verano de 2020, me di cuenta de que se generaba un efecto de bola de nieve. Ya no estaba frente a un solo caso, sino que a medida que iba investigando y reporteando más sobre el tema, me encontraba con uno, y otro, y otro, y otro y así se fue formando un grupo de casos intramarchas. Y esto [la idea del libro] ocurre finalmente en octubre de 2021. Imagínate lo que voy a contar: estaba en un cumpleaños y había un niño, muy tierno, con el que empecé a conversar. Ahí me di cuenta de que la mejor forma de dejar un testimonio, de dejar una investigación para las próximas generaciones sobre lo que había pasado en nuestro país, iba a ser a través de este libro. Y así nace, a través de una conversación con un niño.

–¿Qué aborda en este libro?

Principalmente, cómo el personal de Carabineros y la Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) se infiltró en las manifestaciones y en el estallido social. Pero no tan solo nos quedamos en eso, sino que además, cómo distintas esferas del poder –como Gendarmería, el Poder Judicial, el Ministerio Público y empresas privadas– se infiltraron también en el estallido social a través de los ‘intramarchas’. Entonces, cuando la gente cree que sólo se va a encontrar en el libro a Carabineros de Chile y los ‘intramarchas’, se equivocan: van a encontrar mucho más que eso.

–¿Cómo fue reportear algo que oficialmente no se quería revelar?

Fue sumamente complejo. Primero, partiendo porque la institución principal, Carabineros de Chile, me negó en todo momento información. Hasta el día de hoy estoy peleando para que reconozcan el concepto de ‘intramarchas’. A medida que iba reporteando y encontrando más casos, encontraba más obstáculos que debía sortear mi investigación, como el acceso a algunas carpetas investigativas secretas y confidenciales. Además, a medida que encontraba un caso, me encontraba con dos más, y tenía la necesidad de reportear todos los casos de los que tuviera conocimiento. No es fácil investigar a Carabineros en Chile. No es para nada sencillo y mucho menos cuando eres periodista independiente, freelance y cuando no tienes un contrato que te pueda blindar en caso de algo.

–¿Ha sufrido alguna presión o amenaza por este trabajo?

Creo que más que amenazas, sí he recibido cierto hostigamiento y violencia digital debido a este tipo de reporteo. Además, me han sucedido algunos hechos muy extraños que me los voy reservar, pero sí me he visto vulnerada en ciertas situaciones y puedo decir que tenían directa relación con los hechos que estoy investigando.

–¿En qué momento decide enfocarse en el estallido? Su trabajo previo se concentraba en historias sobre el Sename junto a Carola Rojas y, de repente, aparece como una periodista referente sobre casos de la revuelta…

Cuando salí de la escuela de periodismo de la UAH, mi meta, mi misión y anhelo era escribir solamente sobre Sename y casos de violencia sexual. Te estoy hablando de agosto de 2019, pero cuando ocurre el estallido social me doy cuenta de que hay muy pocas manos periodísticas para escribir y cubrir esos casos. O sea, teníamos a la prensa tradicional que estaba entregando una información que siempre era información oficial, pero cuando ingresaba a redes sociales, especialmente a Twitter, me encontraba con otra realidad. Era otro Chile, un Chile paralelo. Y ahí es cuando tomé la decisión, en noviembre de 2019, de empezar a cubrir casos del estallido social.

–¿Cómo parte esa ruta?

Mi primer reportaje fue una crónica sobre cómo jóvenes de escasos recursos se enfrentaban e integraban esta primera línea y cómo ellos, a través de sus historias de vida, se motivaban a salir a las calles a manifestarse. A medida que iba avanzando en mi reporteo, me fui topando con casos de presos de la revuelta, los cuales tampoco estaban siendo cubiertos por la prensa tradicional. Nadie estaba cubriendo esos casos y es ahí cuando, de manera autónoma y aprovechando que era periodista independiente, decidí que quería cubrir sus historias. Mi primer artículo sobre los presos de la revuelta fue sobre dos adolescentes que habían estado en el Sename, acusados de incendiar la Municipalidad de Buin. Luego me llegó el caso de Nicolás Ríos, el primer caso ‘intramarcha’ del que tuve conocimiento. Y después el de Cristian Valdebenito, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Ahí me comencé a relacionar no tan sólo con los presos de la revuelta, sino que también con las víctimas del estallido social y de la vulneración de sus derechos humanos. Es así como en 2020 empecé a desarrollar todo este tipo de periodismo independiente, de primera línea, de estallido social, y es la línea que he seguido en los últimos años.

–¿No cansa seguir tanto un solo tema?

Pero es que tampoco quita que investigue otros casos como violencia sexual, abusos en el Sename o lo que ocurre en Wallmapu. Incluso el texto «Tres disparos en el bosque«, que explica la muerte de Pablo Marchant (integrante de la CAM), fue preseleccionado para la última edición del Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Más que referente del estallido social, lamentablemente fui una de las pocas periodistas que se atrevió a creer y escribir casos de la revuelta. Me hubiese encantado que hubiera habido más manos para poder escribir, porque habrían sido más los casos cubiertos y se habrían masificado aún más las historias.

–¿Qué viene después de esto?

Me han preguntado si estoy trabajando en algo más o si es que me gustaría escribir un segundo libro. Pero primero me gustaría ver cómo nos va con “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”. Quiero vivir ese proceso correctamente, quiero llenarme del conocimiento que me va a dejar el lanzamiento de este primer libro y, si la gente lo recibe bien y tiene una buena aceptación, obviamente estaría planeando la escritura de un segundo libro que tenga relación directa con el estallido social. Pero sí, tengo en mente la escritura de un segundo libro, pero me voy a reservar de qué se trataría porque es una investigación que creo que dará que hablar e incomodará al poder. Y eso es lo que debemos hacer como periodistas: incomodar al poder y no ser relacionadores públicos; ser el puente para la búsqueda de verdad.

Pinchar en la imagen para inscribirse al lanzamiento que se realizará el viernes 22 de abril a las 17:00 en la UAH:

El libro «Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» se encuentra disponible para su compra en Lom.cl

Por Daniel Lillo, Luciano Candia y Sofía Concha

Eran cerca de las 10:00 am y en la estación del metro Los Héroes las personas circulaban con normalidad. Ahí, donde hacía exactos dos años, el 18 de octubre de 2019, comenzaron las evasiones de estudiantes secundarios y se registraron los primeros enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, se vivía un ambiente que oscilaba entre la tranquilidad de los usuarios de la red de metro y el evidente nerviosismo de los guardias. La salida por Almirante Barroso estaba cerrada y un contingente de alrededor 10 guardias se apostaban a un lado de los torniquetes. Su expresión denotaba tensión. Debían estar preparados por si surgía algún intento de evasión, alguna manifestación u otro movimiento inesperado. Pese a la curiosidad que despertaba la situación, ya era la hora de partir a donde se desarrollarían la mayor parte de las actividades convocadas para la segunda conmemoración popular de esa histórica jornada que lo cambió todo en el país,  la denominada zona cero del estallido: el sector de Plaza Baquedano, hoy más conocido como Plaza Dignidad.

A esa hora aún funcionaba con normalidad la estación Baquedano, y la situación era similar a la de Los Héroes: gran número de guardias custodiando accesos y torniquetes a la espera de que algo sucediera. Y ya en las inmediaciones estaba ocurriendo. 

En la salida de la estación que da a la calle Ramón Carnicer nos encontramos con los primeros manifestantes y equipos rescatistas. No había nubes en el cielo y bajo el intenso sol también se instalaban los primeros comerciantes ambulantes, listos para vender sus productos: el merchandising del 18-O. 

Poleras con la imagen de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, protagonistas y sobrevivientes de dos de las más emblemáticos casos de violencia policial durante el estallido social; chapitas con imágenes del perro “matapacos”; pañoletas verdes, y otros tantos productos que hacen alusión a las protestas de 2019. Para todo hay un mercado, y así como la demanda aumenta a medida que llegan los y las manifestantes, la oferta crece para satisfacerla, especialmente en un momento en que la cesantía y la crisis económica afecta a millones de personas en el país. 

Los restaurantes, quioscos y locales comerciales del centro funcionaban, también, con normalidad, como si sus dueños no supieran qué podría ocurrir después o, si lo sabían, tuvieran la tranquilidad de que aún les quedaba tiempo para reaccionar. Personas que desayunaban y compraban el diario a los pies de los edificios turri con toda naturalidad contrastaban con quienes estaban a la espera de que, una vez más, comenzaran las movilizaciones. Contando a la rápida, no eran más de 30 las personas que se reunían y entonaban unos tibios cánticos. “¡No estamos todos, faltan los presos!”, se escuchaba. 

Bajo el exterior del Teatro Universidad de Chile se aglutinaban manifestantes en busca de la escasa sombra que dan a esa hora de la mañana los edificios de nueve pisos que lo coronan. En el lugar que ocupaban los hinchas de la “U” en las protestas, había también un grupo de hinchas colocolinos. Preguntaban a qué hora partirían las manifestaciones cuando, justo en frente, comenzaba la primera intervención artística. 

El grupo Cuerpo en Narrativa realizó una sólida presentación. La fuerza de sus movimientos y la expresión de sus rostros, que denotaban enojo y sufrimiento, daban cuenta de la intención de este grupo de artistas .“Todo este grupo humano tiene el objetivo de decirle a la gente que no hemos soltado las calles. Los artistas estamos totalmente conscientes de lo que está pasando… Quizás no hemos cuestionado si Chile despertó, podemos estar somnolientos pero también más fuertes y unidos que nunca”, dice una de sus integrantes.

Al terminar la presentación, explotaron los aplausos de las personas reunidas alrededor del improvisado escenario callejero. El grupo se movió hacia el centro de la Plaza Italia para repetir la coreografía. Los espectadores retornaron a lo suyo y el ambiente volvió a ser de tranquilidad. Había sido tan sólo un anticipo de lo que vendría. 

***

Parecía que así transcurriría toda la mañana, entre la normalidad del tránsito, las personas que realizaban su rutina como cualquier otro día y una que otra manifestación aislada. Pero todo cambió cuando por el acceso que da hacia la avenida General Bustamante, emergió por las escaleras de la estación Baquedano Fabiola Campillai Rojas.

Fabiola Campillai tras emerger del metro Baquedano (FOTO: Sofía Concha)

Acompañada por su esposo y Mariana San Martín, jefa de su campaña a senadora por la Región Metropolitana, Campillai apareció casi como una figura divina. Todos y todas quienes estaban cerca se percataron de inmediato de su presencia. Cámaras la rodearon, los gritos de “¡aguante, Fabiola!” se multiplicaron y las personas ahí presentes se acercaban para abrazarla y agradecer que estuviera allí, con el pueblo. Con una bandera mapuche en una mano y un cartel que rezaba “Justicia para Fabiola Campillai y Gustavo Gatica” en la otra, una manifestante se acercó hasta el tumulto de personas que la rodeaba. Al abrazarla se emocionó hasta las lágrimas: “Estamos aquí para acompañarte en tu lucha”, le dijo. 

Campillai se movió, se acercó al borde de la vereda y puso un pie en la Alameda para cruzar hacia el centro de esa plaza que tuvo hasta hace poco una estatua del general Manuel Baquedano montando su caballo, pero que ahora no es más que una base de cemento vacía rodeada de un muro de metal. Fue entonces que se cortó por primera vez en el día el tránsito de la principal arteria de la capital. Manifestantes se interpusieron entre los autos que hacían sonar sus bocinas y la caravana que acompañaba a Campillai en una suerte de procesión. 

Todo Chile conoció a Fabiola Campillai, una mujer simple y trabajadora de San Bernardo,  cuando se supo que fue víctima de un atentado por parte de Carabineros. 

Ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2019. Mientras ella se dirigía a su trabajo, sin ser parte de protestas ni desmanes, un efectivo policial disparó una bomba lacrimógena directamente a su rostro. Le reventó parcialmente el cráneo, dejándola sin visión, olfato ni gusto, además de provocarle múltiples fracturas faciales que le significaron diversas complicaciones de salud. Fue así que Fabiola Campillai se convirtió en la segunda persona del país que perdió totalmente la vista a causa de una agresión policial en el contexto de la revuelta social. Gustavo Gatica, que recibió impactos de perdigones en sus dos ojos, fue el primero. 

El caso de Campillai se transformó de inmediato en un emblema de la lucha social y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, como ya han acreditado sendos informes de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales. Si bien la agresión de la que fue víctima es hoy investigada por el Ministerio Público y hay una causa abierta en tribunales, su proceso no ha estado exento de polémica. El pasado 30 de julio, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva a Patricio Maturana, el carabinero acusado de dispararle a quemarropa la lacrimógena. Hasta hoy, tanto ella como su familia exigen justicia. 

Cámaras y micrófonos se agolparon para captar la imagen de mejor forma y registrar las palabras que ella diría en el corazón de la llamada “zona cero”. Quienes la acompañaban pedían que cualquier persona que se acercara lo hiciera con mascarilla. Y había que hacer espacio; todos querían estar cerca. Banderas negras se desplegaron detrás de quién hoy busca un cupo senatorial por la circunscripción siete. “Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular”, se puede leer en una de las banderas. Junto a los medios independientes que estaban allí, se apostaron las brigadas de primeros auxilios con sus escudos. No tanto para protegerla, sino más bien, porque también querían escucharla. 

“Chiquillos, hoy estamos aquí para apoyar y rendir homenaje a todos los jóvenes valientes que un 18 de octubre se atrevieron a representar todas nuestras demandas aquí, en Plaza Italia. Les damos las gracias a ellos y también rendimos homenaje a quienes no están hoy. Fueron muy valientes. Ellos tienen que ser recordados toda la vida por haber dejado sus vidas por nosotros, por apoyarnos, por querer un Chile mejor y por hacer que hoy esta plaza se convierta en Plaza Dignidad.”

No estuvo más de 10 minutos en la parte central de Plaza Baquedano, pero tampoco fue necesario más. Sus palabras resultaron ser una arenga para quienes la escuchaban. Todos, sin excepciones, la siguieron en su camino de retorno, pues en el cronograma había más actividades que esperaban su presencia. 

Antes de retirarse, Campillai se dio el tiempo para seguir abrazando a las personas que se le acercaban y posar para las fotografías que le pedían. Personas que estaban en los restoranes se paraban y gritaban “¡Fabiola, yo voy a votar por ti!”. Así como llegó, se retiró. No sin antes abastecerse de una pequeña colación que compró en un carrito a las afueras del metro. Su silueta desapareció al ritmo de una persona bajando una escalera. 

Con ese efímero, pero potente acto de presencia, quedó marcado el inicio de una nueva conmemoración del estallido social. 

***

17:05 marcaba el reloj. El sol no daba tregua. Dos furgones policiales separados por una calle de distancia esperaban en el lugar como un tipo de escolta personal. Las puertas del Museo del Estallido Social comenzaban a abrirse y salían los primeros rostros encapuchados con instrumentos musicales en sus manos. 

La fachada del lugar ubicada a pasos de la esquina de Dardignac con Constitución, en pleno barrio Bellavista, es algo así como una versión chilena de la famosa “Guernica” que pintó Pablo Picasso a mediados de 1937 para representar el bombardeo a la ciudad que lleva el mismo nombre durante la Guerra Civil Española. Los artistas realizaron un semicírculo en la mitad de la calle y comenzaron a ensayar las melodías antes de que partiera la caravana hacia la Plaza Dignidad, ubicada a unas pocas cuadras.

Músico encapuchado de la banda que salió del Museo del Estallido Social (FOTO: Sofía Concha)

Mientras la banda musical todavía afinaba sus instrumentos y ensayaba, al lugar llegó el vehículo que transportaría una figura canina de aproximadamente tres metros de altura. Las preparaciones estaban casi listas. Entre dos personas montaron la cabeza de la “Negra Matapacos” y afinaron los detalles: ataron un enorme pañuelo verde a su cuello -representación del movimiento feminista-, y ya con eso estaba todo listo para partir. 

La caravana se dividía en cuatro filas. Al final iba el vehículo con la Matapacos; adelante les seguía el grupo de músicos encapuchados, con sus instrumentos de viento y percusión; luego tres hombres caracterizados como calaveras; tres mujeres que danzaban al compás de la batucada, y finalmente un lienzo con una consigna clara: “Octubre no cabe en un lienzo”. 

Imagen de manifestantes a los dos años del estallido social (FOTO: Luciano Candia)

Dos cuadras hacia abajo, dos hacia la izquierda, y luego subir fuerte y derecho por la Avenida Andrés Bello hacia la Plaza. A medida que avanza la caravana, se suman transeúntes y gente que también se dirige a la plaza. Los músicos hacen una pausa de repente: “¡Liberar, liberar!”. Gritan y continúan tocando. Se suman bocinazos y celulares que graban todo lo que ocurre. La calle está cortada por la masividad de la protesta. La caravana se despliega por el medio de la avenida y se le suma un amplio contingente de personas que descansa en el Parque Forestal. A lo lejos se divisa el humo de distintas barricadas que acompañan el evento conmemorativo. 

La comitiva se divide en dos: la cachorra Negra Matapacos continúa su trayecto hacia la Plaza para dar vueltas alrededor de donde estaba la estatua del General Baquedano, y la banda de músicos se repliega por el parque en dirección al memorial de Mauricio Fredes, fallecido en noviembre de 2020 tras huir de la arremetida policial y caer en un pozo que no estaba sellado, ubicado en la intersección de Ramón Corvalán y la Alameda.  

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Mientras la caravana que salió del Museo del Estallido Social recorría las calles de Santiago, en plena Alameda, las Brigadas Ramona Parra (BRP) hacían lo suyo en el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con sus brochas, overoles y tarros de pintura: blanco, negro y rojo. Partieron tomando las medidas para replicar su diseño en los muros, ahí fue cuando entraron en escena los trazadores. Una vez plasmado el diseño, era el turno de la pintura. 

La BRP existe desde los ‘60, y desde su inicio han tenido una estrecha relación con las Juventudes Comunistas (JJCC). En sus murales hacen alusión a las demandas sociales de la ciudadanía. 

Era una veintena de jóvenes con sus manos y ropa llena de pintura. Con palos de escoba para alcanzar cada rincón de la muralla escribían: “Unidad, lucha y organización. Por la dignidad de los pueblos”. A la izquierda de esa frase, una bandera chilena negra y blanca tenía en su interior las palabras “Ley de indulto general, libertad a los presxs politicxs”. A la derecha de la consigna estaba el famoso negro matapacos con la imagen del Presidente. “Fuera Piñera!”, decía con letras blancas. 

Mural pintado a las afueras del GAM (FOTO: Sofía Concha)

En poco menos de dos horas el mural ya estaba listo. Los detalles los hacían con brochas más pequeñas y con pintura en spray. La encargada nacional de las Brigadas Ramona Parra, Anayka Fuentealba, comentaba que el propósito del colectivo siempre será plasmar las demandas sociales en sus murales. 

“A dos años del inicio de la revuelta social, queremos retratar que la lucha y la organización deben seguir en pie […] donde nos debemos seguir manteniendo en las calles, en las murallas, en los espacios que nos quedan desde la organización popular”, decía mientras todo a su alrededor se movía en medio de las manifestaciones que ya tomaban fuerza. 

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Ya cerca de las 20:00 horas, la plaza estaba a tope. Una gran barricada por Vicuña Mackenna levantaba gran cantidad de humo, y un grupo de trompetas, saxos, trombones y percusión le daban vida a los cánticos que se entremezclaban con gritos de diversas consignas sociales y el gas de las lacrimógenas que, como suele ocurrir los días de protesta, se adueña del centro de Santiago hasta casi coparlo todo. Los primeros estruendos de fuegos artificiales se empezaron a escuchar y las bengalas comenzaron a encenderse. El ambiente ya era de fiesta. 

A esa hora costaba caminar por las cercanías de Plaza Baquedano, pues eran innumerables las manifestaciones se efectuaban al unísono. Una banda de punk instalada en el teatro de la U. de Chile provocaba la euforia de quienes los escuchaban, mientras la “Negra Matapacos” seguía dando vueltas a la plaza como si fuera un carrusel. Banderas gigantes se desplegaban, bandas seguían tocando y miles de personas continuaban llegando hasta el centro de la rotonda.  

El grueso de personas se veía disminuido cada vez más en dirección al oriente, ya cerca de la estación de metro El Salvador. Poco quedaba a esa hora de la mercadería que llevaron los comerciantes y muchas personas ya empezaban a retirarse de la marcha para ir de vuelta a sus hogares, comentando en el camino las excentricidades que siempre se viven en las manifestaciones. Un pequeño grupo de carabineros esperaba su momento de actuar, pues en unas pocas horas más tendrían que enfrentarse a los manifestantes para desalojarlos, a las escaleras del Cerro Santa Lucía en llamas y a uno que otro saqueo. Y al día siguiente, todo volvería a la normalidad, o a lo que ahora en Chile se le puede llamar así: una rutina que desde hace dos años, cada cierto tiempo se interrumpe con el grito de miles -si no millones- de chilenos que se toman las calles por un nuevo Chile que ya está construcción, pero que muchos y muchas todavía no logran ver convertido en realidad.

Dando la espalda al Palacio de Tribunales y bajo la sombra que a esa hora de la mañana les hacía el ex Congreso Nacional, había cinco personas hincadas sobre sus rodillas, con los brazos cruzados por detrás de su espalda y sus manos atadas con pañuelos en las muñecas. Eran familiares de presos y presas de la revuelta social del 18 de octubre de 2019 y estaban allí a modo de protesta. Demandaban que el Estado les otorgue un indulto general. Las poleras que vestían esa mañana del lunes 18, cuando se cumplían dos años exactos del estallido, así lo evidenciaban: “Menos presxs políticos, más políticos presxs”, llevaban escrito. Habían también instalado pancartas con las fotos de sus familiares y las condenas que la justicia ha dictado en su contra, que van de tres a siete años de cárcel efectiva.

Jaquelin Gatica era una de ellas. Llevaba puesta una polera negra con el rostro de su hijo, Benjamín Espinoza, de 20 años, condenado por la quema y saqueo del Hotel Principado, apenas días después de desencadenada la revuelta. Contaba que él ya lleva casi dos años en la cárcel y que está “emocional y físicamente mal, porque ya no resiste más la prisión. La comida es mala, no come; lo único que espera es el día sábado, por la encomienda. Ha bajado mucho de peso, más o menos seis o siete kilos… Cada vez que lo voy a visitar lo veo más delgado”. 

Familiares de presos y presas de la revuelta protestando frente al Palacio de Tribunales y el ex Congreso Nacional a favor de un indulto general, a dos años del estallido social. (FOTO: Luciano Candia)

Mientras eso ocurría, adentro del ex Congreso Nacional, la conmemoración del segundo aniversario del 18-O tenía un cariz completamente distinto. En el emblemático recinto donde funciona desde julio la Convención Constitucional, la fecha coincidía con el inicio del debate de las materias que podrían pasar a ser parte de la futura Carta Fundamental; ese día partió la discusión de lo que podrá llegar a ser una nueva hoja de ruta para un nuevo Chile. 

Tras cruzar la entrada de calle Compañía, se veían a lo largo del pasillo fotografías que colgaban de un hilo con perros de ropa café, con capturas realizadas por Bastián Cifuentes –Periodista Furioso– durante los días más álgidos tras el estallido: un joven con sus manos sobre un carro lanza gases, siendo detenido en el sector de Plaza Baquedano, hoy rebautizado socialmente como Plaza Dignidad; una persona encapuchada frente a una barricada con una bandera mapuche colgada de su espalda; una mujer con una capucha roja, el puño en alto y un pañuelo morado feminista; un grupo de gente que alza una bandera mapuche entre medio de gases lacrimógenos; un hombre esquivando el chorro del carro lanzaaguas; y otras tres mujeres que no pudieron esquivarlo y que con sus manos se intentan proteger sus rostros. Con eso se encontraron varios y varias convencionales que llegaron a esa jornada cargada de simbolismos en el ex Congreso Nacional.

Las actividades en la Convención partieron ese día con una exposición organizada por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en la que el constituyente Ignacio Achurra (distrito 14), junto a su par Malucha Pinto (distrito 13) y la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, recorrieron una muestra de postales escritas y dibujadas por unas 160 niñas y niños para hacer saber a los y las convencionales sus requerimientos y anhelos para la nueva Carta Magna. En algunos mensajes se leía “no más zonas de sacrificio”, “más bosques nativos”, “más claridad en las palabras”, “acceso a remedios para mi abuelita”. Había un dibujo de una casa con chimenea y del humo salía el mensaje “acceso a la vivienda”, mientras que en otros decía “aborto legal, seguro y libre”, “todes somos migrantes” y “más arte en el colegio”, entre otros. 

“Hablan de la necesidad del arte y la cultura. Están llenos de ideas importantísimas, lo que nos confirma una vez más que tenemos que incorporar a los niños, niñas y adolescentes en esta construcción que estamos haciendo. Todo esto se está haciendo para esa generación, finalmente», dijo Malucha Pinto, mientras afuera continuaban las manifestaciones. 

Si bien todo se dio en el cronograma para que las fechas calzaran, lo cierto es que no fue casualidad que justo ese día comenzara el debate constitucional en la Convención Constitucional. La fecha fue decidida por parte de la Mesa Directiva Ampliada de las y los constituyentes, relacionado al simbolismo detrás del 18-O, que dio paso al momento político para la creación de una nueva Constitución. Fue así que  mientras en las calles de todo el país se iban generando concentraciones y manifestaciones para conmemorar los dos años del estallido social, en la Convención se daba paso a la sesión plenaria para comenzar con el debate constituyente, y partiría con los discursos de la Mesa Directiva Ampliada. 

Palabras al inicio

La primera en tomar la palabra fue Elisa Loncon, representante del pueblo mapuche y presidenta del órgano constituyente. En su discurso ante el pleno, dijo que “hoy esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos”. 

Elisa Loncon, presidenta de la Convención,.da inicio a la sesión de apertura del debate constitucional. (FOTO: Luciano Candia)

Continuó el vicepresidente de la Convención, el abogado constitucionalista y académico Jaime Bassa. Él aseguró que lo que empezaba ese día era “un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde los espacios de diálogo, en donde estén presentes todas las voces que emergen de los diferentes espacios de crecimiento político, colectivo de la voluntad popular”.

Luego, los vicepresidentes y vicepresidentas adjuntas hablaron en la misma línea, a excepción del exdiputado, exministro y actual constituyente de la UDI, Rodrigo Álvarez (distrito 23), quien afirmó ser parte de una “minoría” dentro de la Convención, y añadió que “hubiera preferido que el inicio de este debate constituyente fuera en cualquier otro día del calendario, pero, entonces, que este 18 de octubre sea una oportunidad distinta”.

La jornada continuó con actividades dentro del ex Congreso, como la intervención de lienzos con las consignas “con fuerza de los territorios”, “Chile despertó, no te duermas nunca más, un solo pueblo”, “NO  a Pascua Lama”, además, de la presencia de Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta; Felipe Riquelme, víctima de trauma ocular por parte de agentes del Estado en medio de la represión; y Patricio Bao, adulto mayor y también víctima de la violencia policial. 

Pero no sólo hubo actos conmemorativos. Tres comisiones temáticas sesionaron durante ese día: Medio Ambiente, Sistema Político, y Principios Constitucionales. En cada una de ellas se fijaron acuerdos básicos para organizar el trabajo bajo el reglamento de la Convención, aprobado en las semanas previas. También hubo constituyentes que salieron del ex Congreso para ir hasta la llamada Plaza Dignidad y sumarse a las masivas manifestaciones que, si bien en su mayoría fueron pacíficas y muy emotivas, terminaron esa noche con actos de violencia, enfrentamientos con Carabineros y saqueos en algunos locales comerciales.

Primeras coordinaciones de comisiones temáticas

Una de las primeras propuestas que sonaron al día siguiente, ya con el debate constitucional activo, fue la del constituyente y abogado Manuel Woldarsky (distrito 10), quien llegó a la Convención como uno de los candidatos que participaron bajo el heterogéneo paraguas de la Lista del Pueblo. Él planteaba la necesidad de ampliar el plazo de redacción de la nueva Constitución, pues los nueve meses -prorrogables en tres más- definidos en la reforma constitucional que dio forma al proceso constituyente, a su juicio, no serían suficientes. Por eso propuso extenderlo a dos años, aunque no congregó mucho apoyo. 

Al respecto, dijo Bassa: 

“Creo que puede ser un poco apresurado pensar en extender el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, en estos momentos (…) Las comisiones provisorias, durante el mes de agosto, trabajaron de manera muy intensa, no solamente para producir unos 230 artículos de distintos reglamentos, sino que también para recibir de forma paralela, en audiencias públicas, a más de 800 u 820 audiencias, si no me equivoco. Entonces, el trabajo que hemos demostrado en este período de instalación, creo que da cuenta, de buena manera, de que el trabajo que se nos ha mandatado puede ser hecho en los nueve meses más los tres meses de prórroga que contempla la Constitución. Si, eventualmente, volvieran a surgir inconvenientes o imponderables, como ha pasado durante septiembre, habrá que evaluarlo en su momento, pero hoy día, con la información que tenemos hasta ahora, con los cronogramas que se están trabajando de manera preliminar, con el proceso de instalación de las comisiones y, especialmente, con la experiencia acumulada ya, me parece que no hay buenas razones para adelantar la discusión respecto a una prórroga más allá de los plazos que establece la Constitución”.

Imagen de fachada del ex Congreso Nacional (FOTO: Luciano Candia)

Durante las dos jornadas que siguieron (martes 19 y miércoles 20 de octubre) se eligieron a los coordinadores/as de las siete comisiones temáticas permanentes. Estos fueron: Adolfo Millabur (escaño reservado) y Jenniffer Mella (distrito 5) para la comisión de Forma de Estado; para la de Sistemas de Conocimiento y Cultura, la dupla elegida fue la conformada por Cristina Dorador (distrito 3) e Ignacio Achurra (Distrito 14); en Derechos Fundamentales, Damaris Abarca (distrito 14) y Matías Orellana (distrito 15); Christian Viera (distrito 17) y Vannesa Hoppe (distrito 21) harán lo mismo desde la comisión Sistema de Justicia; y en la de Sistema Político se designó a Ricardo Montero (distrito 18) y Rosa Catrileo (escaños reservados). 

En la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, se determinó que serían Camila Zárate (distrito 7) y Juan José Martin (distrito 12) los encargados de su coordinación; y, finalmente, para la de Principios Fundamentales, quedaron como coordinadoras las convencionales Ericka Portilla (distrito 4) y Beatriz Sánchez (distrito 12). Es decir, la coordinación de cinco de las siete comisiones quedó a cargo de representantes del Frente Amplio, en dos hay representantes del Colectivo Socialista y en otras dos la coordinación estará en manos de convencionales del pueblo mapuche. 

Acuerdos, discusiones y discursos

Uno de los hechos que también marcó la primera semana de debate constituyente fue el lanzamiento del Portal de Transparencia de la Convención Constitucional, como lo tiene cada institución y organismo estatal. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, señaló que para quienes están dispuestos en apoyar a la Convención, un punto clave es abrir la información “para la ciudadanía, para que sea ésta la que pida rendición de cuentas, y finalmente sea esa transparencia la que esté al servicio de la confianza y su recuperación; nos trae, por cierto, una profundización mayor de nuestra democracia”. 

En un pleno, el 20 de octubre se explicó el recibimiento de 27 oficios por parte del secretario de la Convención, John Smok. Uno de estos es sobre la revisión del criterio rector de paridad de género del Reglamento de la Convención, ya que en la comisión temática de Sistema de Justicia éste no se cumpliría. Sin embargo, desde la Mesa Directiva Ampliada señalaron que la integración de un varón disidencia sexual puede considerarse dentro de la paridad. 

Otro de los planteamientos que generó molestias en algunos constituyentes fue la decisión de sesionar en la región del Bío Bío, como la primera salida de la Convención -a realizarse entre el 22 y 26 de noviembre-. Así fue en el caso del constituyente del Partido Socialista (PS), Julio Álvarez (distrito 26), quien expresó que “la mesa tiene las facultades para gestionar, pero no para decidir dónde se efectuará”. Añadió: “Es cambiar una región más poblada por la segunda más poblada, es decir, un Santiago chico”. 

En esa misma línea, Pedro Muñoz (distrito 24), también PS, catalogó la decisión como un “capricho” del vicepresidente adjunto de la Convención y acusó que no se consideró la ausencia de dos integrantes de la Mesa Directiva Ampliada, él e Isabel Godoy. 

En respuesta a ello, Bassa señaló que se considerará para futuras salidas, porque faltan muchas, y que se eso se ratificará, pues “nos va a alcanzar para dos o tres salidas más en 2022”, afirmó. 

Considerando la apertura del debate constitucional, entre el miércoles 20 y el viernes 22, los y las convencionales constituyentes dieron apertura a la discusión con sus discursos, en los que expusieron antes sus pares sus expectativas, anhelos y también aprensiones sobre la próxima Carta Magna, así como vivencias personales que los motivaron a ser partícipes de la Convención.  

La constituyente más joven entre los y las 155 personas que conforman el pleno, Valentina Miranda (distrito 8), dio un emotivo discurso explicando su situación familiar y personal, que la llevó a tres intentos de suicidios: “No encontraba una salida a esos problemas. Esta historia es similar a las de millones de jóvenes que buscan las lucas a la mala para poder sobrevivir, jóvenes que no confían en la educación, en nada y en nadie”. 

Convencionales en el pleno el día de la inauguración del debate constitucional (FOTO: Luciano Candia)

“Mi convicción es que de aquí saldrá la Constitución ecologista, feminista, plurinacional e intercultural que nos permitirá un desarrollo integral de todas las personas de la sociedad”, planteó Miranda. 

Una visión muy distinta a la que planteó la constituyente de la UDI, exministra de Educación y una de las principales promotoras del Rechazo previo al plebisico de hace un año, Marcela Cubillos (distrito 11), al final de su intervención: “Quiero terminar señalando que una Constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios, que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar, no tiene destino. Es una Constitución condenada al fracaso”. 

El escritor, Jorge Baradit (constituyente por el distrito 10), dijo: “Creo que debemos darnos las condiciones para construir poder popular y herramientas para ejercerlo, porque no concibo una democracia que sólo nos permita marcar una raya en un papel cada cuatro años”.

En general, los discursos estuvieron marcados por la importancia del momento histórico que vive el país y el rol de los constituyentes de cara al futuro, la relevancia que tuvo para el proceso el estallido social del 18-O, las injusticias y desigualdades que lo provocaron y la necesidad de cambiar el paradigma de Chile como nación democrática. Se habló del Estado y del sistema político, social y económico, así como también de medioambiente, salud, educación, sostenibilidad, plurinacionalidad, inclusión e igualdad. La convencional Alejandra Pérez (distrito 9) intervino a torso desnudo, mostrando a todos y todas las presentes las cicatrices de su doble mastectomía debido a una cáncer de mamas, donde tenía escrito «Hasta que valga la pena vivir«. Con un emotivo y potente discurso, se refirió a las desigualdades en el acceso a la salud que afectan a la mayor parte de la población en Chile. 

Por su parte, Lidia González, representante en la Convención del pueblo yagán, se refirió a sus antepasados, aniquilados por colonos, subidos en barcos y exhibidos como animales en zoológicos humanos de Europa en contra de su voluntad (ver hilo que publicó en su cuenta de Twitter).

Hasta mañana, martes 26 de octubre, se extenderá el espacio para discursos de apertura en las comisiones de la Convención.