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Una noticia habitual que los medios escritos de nuestro país suelen incorporar en sus pautas informativas —casi siempre en las dedicadas a cultura o espectáculos— son las formulaciones de cargos o las sanciones que aplica el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), entidad que fiscaliza los contenidos de los canales de televisión que transmiten sus señales en forma abierta o a través del cable o por satélite.

En los últimos años se ha sumado como noticia, además, el número de denuncias que los televidentes formulan en pocas horas, gracias a la posibilidad de remitir las quejas a dicho órgano mediante un formulario en línea que implementó el CNTV. Tal hecho ocurrió en 2007 con una masiva campaña viralizada en contra del programa Papavilla que emitía el canal de cable MTV, dedicado principalmente a la música. Por un escaso voto, el CNTV no formuló cargos al programa que satirizaba al Vaticano como un grupo conformado por personas corruptas y torpes.

En este mes de junio —uno de los más futboleros de que se tenga recuerdo— el CNTV recibió más de 150 denuncias motivadas por las declaraciones de la doctora María Luisa Cordero en el programa Bienvenidos de Canal 13 sobre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, dos de los más destacados futbolistas nacionales. A Vidal lo trató de «horroroso, penca y engreído” y a Sánchez como «indio horroroso».

Velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión es una de las facultades del CNTV más discutidas según el principio de la libertad de expresión.

En tal contexto, tal vez sea oportuno evaluar la utilidad que tiene el CNTV, ahora que el gobierno de la Nueva Mayoría ha anunciado la intención de traspasar al futuro Ministerio de Cultura la facultad quizás más relevante que posee dicho ente: la asignación de fondos concursables a la industria de la televisión nacional. Sin la facultad de la entrega de subsidios estatales a los canales de televisión, tendría poca justificación contar con el CNTV si solo se dedica a velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión, como define la Constitución y la ley su potestad. Además porque han sido, sin duda, sus facultades más discutidas según el principio de la libertad de expresión desde la restauración de la democracia.

El catálogo de criterios y razones del CNTV para fundamentar sus sanciones es variado, desde los «Valores Morales y Culturales propios de la Nación” y la “Dignidad de las personas”, pasando por el “Sensacionalismo” y “Publicidad de uso y consumo de drogas” hasta la “Violencia Excesiva”, la “Truculencia” y la “Pornografía” (la lista completa está disponible en su sitio web).

Como puede advertirse, no hay temas en los cuales el CNTV no pueda sancionar. Los castigos aplicables van desde una amonestación hasta la caducidad de la concesión. En la práctica la sanciones que aplica dicho órgano son multas que van desde las 20 UTM ($ 841.040) a las 200 UTM ($ 8.410.400).

Dada la vaguedad e imprecisión de la mayoría de los criterios —solo se definen 4 de ellos—, el CNTV ha sancionado programas como un capítulo de Informe Especial exhibido en los años 90 por mostrar mujeres desnudas en un concierto musical, en el contexto de los cambios que comenzaba a experimentar Rusia luego de la desintegración de la URSS. También se sancionó por atentar contra los valores nacionales al programa “Aunque la busquen con vela…” de TVN, donde el cantante Jorge González criticaba ácidamente la llamada “chilenidad”; a Megavisión por la transmisión del célebre programa “A eso de…”, que divulgó la grabación de la conversación sostenida por el entonces senador Piñera; a Canal 13 por haber difundido la detención de Spiniak en su dormitorio; el desaparecido Canal 2 Rock and Pop fue sancionado en muchas ocasiones debido al enfoque transgresor de su programas, que había satirizado a personajes de la historia de nuestro país como el Presidente Allende y también de nuestros símbolos nacionales.

En la actualidad, el CNTV tiene preocupaciones más sencillas, como la protección de la dignidad de los participantes en reality shows; evalúa sancionar a Direct TV por la emisión a través del canal de cable MGM de la película de Rambo IV en horario para todo espectador, analizando las consecuencias en los niños de las aventuras de Stalone en el Sudeste asiático. También muy recientemente resolvió una docena de denuncias en contra de Mega por haber ironizado con la miopía del asesor de la diputada Vallejos, Javier Candía. Y más recientemente, de la eventual vulneración de la dignidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la doctora Cordero.

LA DOCTORA CORDERO EJERCE SU LIBERTAD DE OPINIÓN

Hace tiempo que se ha afirmado con razón que los criterios del CNTV poseen tal amplitud que resultan incompatibles con el principio de que toda restricción de la libertad de expresión se limitará claramente y ajustará estrictamente a la protección de un derecho o imperativo social definido y legítimo. En tal sentido, las normas de televisión deberían especificar claramente las conductas que constituyen infracción, puesto que infringe el principio fundamental del debido proceso.

A muchas personas suelen no gustarle las películas de héroes solitarios e incomprendidos como Rambo. Pese a su gran popularidad, la doctora Cordero también cuenta con un alto número de detractores. Pero en ambos casos creo que no son razones válidas para aplicar un castigo. La doctora Cordero ejerce su libertad de opinión, expresa sus impresiones con vehemencia, y critica en forma excéntrica a veces. También suele emitir comentarios racistas y discriminatorios. Por muy minoritario que sea, el suyo es precisamente el tipo de discurso donde la libertad de expresión maximiza su función de protección contra mayoritaria y donde encuentra su máxima justificación.

La existencia del CNTV fomenta la autocensura de los canales de televisión y la supresión de puntos de vista minoritarios, lo cual redunda en un empobrecimiento del ya disminuido debate público existente en nuestro país.

La pregunta que cabe hacerse, creo, es sobre la eficacia que tiene el CNTV en su función de velar por “el correcto funcionamiento de la televisión”. Y también si es compatible en el contexto de una sociedad liberal, democrática y plural tener un órgano estatal encargado de definir lo adecuado y lo incorrecto de lo que transmiten los canales de televisión.

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El 20 de marzo de 2014 la Corte Suprema anuló el fallo en contra de Chilevisión, por el cual se lo obligaba a indemnizar con $50 millones a la doctora María Luisa Cordero por el uso de cámaras ocultas en el programa “En la mira” del 2003. En dicha emisión se mostraba a la psiquiatra entregando licencias médicas falsas a las personas que visitaban su consulta.

Además de absolver al equipo periodístico de cualquier responsabilidad en pos del ejercicio de su profesión, el máximo tribunal arguyó que la querellante no presentó pruebas contundentes que afirmaran un daño a su honra.

Conversamos con Pedro Anguita, abogado especialista en derecho de la información y docente de la Escuela de Periodismo UAH, acerca de este revés judicial.

—¿Cómo se explica que en una primera instancia Chilevisión fuera condenado a indemnizar a la doctora Cordero con $50 millones, y luego se anulara la sentencia?
Tanto el 6to juzgado civil de Santiago como la Corte de Apelaciones habían acogido la demanda civil presentada por la Dra. Cordero. La Corte Suprema tuvo otro criterio, por lo que acogió el recurso de casación que interpuso la defensa del canal de televisión. Para la Corte Suprema la demandante no probó el daño moral, por el que había sido condenado el canal. Suele entenderse por daño moral el sufrimiento que padece una persona a consecuencia de un hecho ilegal. A veces nuestros tribunales han dicho que no se requieren pruebas, dado que se presume, y en otros casos, como el que comentamos, han declarado que sí debe hacerse. La doctora Cordero, a juicio de nuestro máximo tribunal, no acreditó que como consecuencia de la cámara oculta haya sufrido un dolor susceptible de ser reparado civilmente.

«La doctora Cordero, a juicio de nuestro máximo tribunal, no acreditó que como consecuencia de la cámara oculta haya sufrido un dolor susceptible de ser reparado civilmente», dice Anguita.

—¿Qué tipo de pruebas debiera haber presentado para comprobar que hubo un daño moral a su persona?
La prueba del daño moral suele acreditarse con testigos, los cuales declaran sobre el estado de perturbación, de dolor, que le provocó el acto ilícito. También puede aportarse la declaración de psicólogos, psiquiatras que acrediten diagnósticos de depresión u otras enfermedades mentales a consecuencia del hecho reprochado al demandado, en este caso un canal de televisión.

—¿Se justifica el uso de cámaras ocultas sólo por el bien mayor de la sociedad, pasando a llevar los derechos de las personas grabadas?
Como se trata de un procedimiento muy discutido, pues el periodista encubre su identidad haciéndose pasar por otra persona y sin advertir al filmado, no es un procedimiento honesto ni leal. Sin embargo, hay casos en los que no existe otra alternativa para obtener una información que es muy valiosa y con gran trascendencia social. Poder discernir en cuáles casos se justifica, es donde está el debate.

—En el Derecho comparado, ¿cómo suelen resolverse estas colisiones de derechos? 
No hay una tendencia uniforme, ni siquiera en cada país. Diría que este conflicto se resuelve según las variables y particularidades de cada caso, siendo una muy relevante: la justificación que dan los periodistas respecto al uso de este procedimiento discutible como es la cámara oculta.

—Has sido crítico del artículo 161-A que penaliza las situaciones de este tipo. ¿Ves en el corto o mediano plazo alguna posibilidad para reformularlo o derogarlo?
El gobierno de Sebastián Pinera envió el pasado 10 de marzo, al Congreso Nacional, un proyecto de reforma integral del código penal. Las nuevas autoridades comparten la idea de sustituir nuestro ya antiguo código penal. El proyecto enviado reforma tanto la protección penal de la vida privada como la honra. Podría ser la oportunidad para despenalizar la protección de la honra, eliminando los delitos de injurias y calumnias. Y también de una buena tipificación de la protección de la vida privada que, a mi juicio, debería seguir teniendo una protección punitiva. El debate legislativo será, estimo, largo. Espero que tengamos mejores normas que las actuales.