Por Antonia Pérez y Javiera Moreno

Era el jueves 11 de mayo de 2017, cerca de las diez de la noche. Las calles de ese sector en la Población Las Torres, en Cerrillos, guardaban la calma habitual de los barrios residenciales al poniente de Santiago. Pero esa noche, en los pasajes que cruzan el parque frente a la 34ª Comisaría Vista Alegre de Carabineros, algo rompió el silencio. Fue rápido, de apenas unos segundos: primero, el estruendo seco del motor de un auto que se detuvo de golpe; luego, el sonido apagado de un cuerpo que cayó al suelo; y entonces vinieron gritos, golpes, alaridos. Todo esto alertó a quienes estaban cerca del lugar.

Un hombre había sido atropellado. Los cinco sujetos que venían en el auto, después de arrollarlo, se bajaron y lo golpearon y apuñalaron una y otra y otra vez, sin siquiera importarles que hubiera vecinos pasando por allí. Daniela Pino, habitante del barrio, fue la primera en llegar.

“Yo estaba en la esquina con unas amigas. Lo primero que atiné fue a gritar que lo soltaran y que alguien lo ayudara. Al parecer, mis gritos los asustaron y lo dejaron a media calle tirado”, recuerda.

Se acercó al hombre, se arrodilló a su lado y lo sostuvo en brazos. Han pasado ocho años y aún guarda en su mente imágenes que no puede borrar: el cuerpo tendido en el suelo, la sangre que brotaba de esas heridas que se veían tan profundas para luego colarse por el pavimento, el silencio denso de los minutos posteriores, y el último suspiro de ese hombre desconocido que cayó muerto ahí mismo, en plena calle, sobre sus piernas.

“Vi que pasaba una tens y le pedí ayuda para intentar que el hombre no muriera. Le vendé todos los lugares en donde lo habían apuñalado y le hice RCP, pero lamentablemente nada de eso lo salvó”, cuenta Daniela.

Poco a poco, otros vecinos fueron saliendo de sus casas. Algunos miraban desde lejos, otros se acercaron sin saber muy bien qué hacer. La escena era irreal, algo completamente inusual para ese lugar específico. Pasaron minutos que parecieron horas, y cuando por fin llegó la ayuda de los servicios de emergencia, ya era tarde. Daniela cuenta que fue “uno de los momentos más angustiantes de mi vida”.

Hasta ese momento, hechos como ese parecían ajenos a la realidad del barrio: se habían visto robos, también algo de narcotráfico a pequeña escala, pero ¿asesinatos? No, eso no. ¡Si incluso tenían una unidad policial a menos de una cuadra! Por eso es que esa noche marcó un antes y un después tanto para Daniela como para toda su comunidad.

Carabineros atiende a un homicidio ocurrido en la vía pública.

María Teresa Jara, otra vecina del barrio, afirma a Puroperiodismo que desde ese día todos parecían salir con miedo de sus casas. “Fuimos muchos los que presenciamos la situación, y sin duda nos causó un trauma enorme, porque no nos sentíamos seguros ni saliendo a comprar el pan”, dice.

Difícil que no haya sido así, pues cuando los muertos de la violencia aparecen donde antes no se veían, todo cambia. El miedo, la inseguridad, la sensación de abandono y de desconfianza se esparcen y se meten en los hogares, en las plazas donde juegan los niños, en los locales donde se compra lo cotidiano y en las calles donde antes se compartía en comunidad. Y eso, en tiempos en que esa violencia avanza en intensidad y presencia territorial, se hace cada vez más común.

Los datos tras el avance de las muertes violentas

Seis años después, en marzo de 2023, pasó algo similar en el barrio Los Cardenales de la comuna de El Bosque: un cuerpo apareció entre los matorrales que bordean la cancha de fútbol del sector. El cadáver estaba tendido boca abajo, entre la basura y el pasto seco. Pero la escena parecía no ser lo suficientemente fuerte como para interrumpir la tarde. Los niños lo veían desde lejos, pero no dejaban de jugar. Nadie se alarmó, nadie gritó. La muerte, en este rincón del sur de Santiago, como en tantos otros del país, hace rato que dejó de sorprender.

En los últimos años, Chile ha experimentado una transformación en su panorama de seguridad. Según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público, en 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidio a nivel nacional: más de 100 en promedio por mes, es decir, unos seis por cada 100.000 habitantes. Y si la cifra parece alta –lo es–, hay algo positivo en ella, pues representa una disminución de la tasa en 4,8%, si se compara con 2023.

Los datos del informe dan otras pistas sobre cómo evoluciona la violencia: en al menos la mitad de los casos se usan armas de fuego y, aunque vienen a la baja (en 2018 eran el 47,3%), el año pasado un 35,6% de los casos estuvo vinculado a grupos del crimen organizado. Y otra cosa que se mantiene: 6 de cada 10 víctimas de homicidio muere en la vía pública.

El dato general no refleja las realidades que se viven en las distintas regiones. Si bien a veces las cantidades de víctimas parecieran no ser tan altas, cuando se analizan las tasas para la comparabilidad de los territorios, surgen datos realmente preocupantes. Por ejemplo, en los últimos años, las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá han llegado a tener tasas de hasta 17,5 y 13,5 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, respectivamente, muy por encima de los promedios nacionales y más cercanos a los datos de países como Guatemala y Paraguay (ver datos en Statista). En la Región de Aysén, si bien hubo tan solo 10 víctimas de homicidio en 2024, la tasa fue de 9,2. Eso sí, la Región Metropolitana (RM) sigue concentrando por lejos la mayor cantidad de homicidios consumados en el país, con el 45,7% de casos: 552 víctimas en 2024, seis menos que el año anterior.

El aumento de la violencia ha sido especialmente notorio en comunas del cinturón periférico de Santiago, como El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana o Lo Espejo, entre otras, que son consideradas “zonas de alto riesgo”. El Gobierno Regional Metropolitano afirmó en el marco de la Red de Observatorios para Delitos Violentos que el 34% de todos los homicidios de la RM se concentran en estas comunas, y el 60% de estos crímenes son cometidos con armas de fuego.

En los últimos meses, solo en Santiago se han registrado diversos casos de muertes violentas, como el cuerpo que se encontró en la cuesta Barriga, o de unos sujetos que siguieron a su víctima hasta el subterráneo de su edificio. A comienzos de marzo de este año, específicamente el jueves 6, hubo cuatro homicidios violentos en diferentes comunas; Ñuñoa, Recoleta, La Granja y San Bernardo. Y, lamentablemente, hechos como estos no son aislados, y en las noticias se muestran cada día. Los datos reafirman que los fines de semanas son cuando mayoritariamente ocurren estos asesinatos: se han llegado a contar hasta nueve homicidios en esos días.

En contraste, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), comunas del sector oriente, como Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura, presentan cifras significativamente más bajas de homicidios. Entre 2022 y 2024, Las Condes registró ocho, Lo Barnechea tres y Vitacura solo uno.

Esta disparidad en las cifras refleja lo que Santiago siempre ha sido: una ciudad fragmentada, donde la violencia se concentra en ciertos sectores, mientras otros permanecen relativamente ajenos a esta realidad, aunque el cerco cada vez se ha ido corriendo más. Y con ello, la percepción de inseguridad ha incrementado, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando cambios en sus rutinas diarias.

Cuando la muerte irrumpe la tranquilidad

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), Hugo Frühling, explica que cuando las personas sienten que corren un riesgo real de ser víctimas de un delito es cuando se “tienen consecuencias perceptibles, como el abandono de espacios públicos, renuencia a salir de noche, desconfianza interpersonal y modificación de conductas”.

La psicóloga clínica Javiera Sánchez explica que, al vivir una experiencia traumática, como la exposición a la muerte –directa o indirectamente–, pueden generar diversas consecuencias: desde malestar psicológico intenso hasta reacciones fisiológicas. “La percepción de seguridad podría verse alterada, siendo uno de los síntomas del estrés postraumático, trastorno que puede desarrollarse a partir de este tipo de experiencias. Predominan pensamientos o sentimientos angustiosos, miedo, culpa o rabia”, señala.

Además, advierte que el contexto social también se ve afectado: “La sintomatología descrita puede provocar una disminución en la participación de actividades comunitarias, lo que afecta el sentido de pertenencia y, en consecuencia, contribuye al deterioro del bienestar emocional colectivo”.

Algo que es clave en todo esto es la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prestar asistencia: si no es oportuna ni eficiente, todo se agrava; la incertidumbre, la desesperanza, el miedo y la desconfianza. Así ocurrió con el asesinato en Cerrillos de mayo de 2017. “Estuve esperando una hora que llegaran Carabineros y la ambulancia, siendo que tenemos a menos de una cuadra ambos servicios”, recuerda Daniela, y afirma que esto la dejó a ella y a sus vecinos incluso más atemorizados. Se sintieron desvalidos, abandonados.

Imagen de una de las tantos homicidios ocurridos en Santiago en los últimos años.

Magaly Pérez vive a solo media cuadra de donde ocurrió ese homicidio y refuerza lo que Daniela: “¿Cómo no me voy a sentir insegura, si teniendo la comisaría acá al frente no son capaces de llegar a tiempo? Si pasara otro incidente de este tipo, ¿qué respuesta tendríamos?”.

Los días posteriores fueron peores para Daniela, ya que no dejaba de recibir amenazas. “Yo conocía a los que hicieron esto, entonces pensaron que yo le iba a decir a los ratis que habían sido ellos. No me dejaban tranquila, hasta que se dieron cuenta que no había dicho nada”, explica.

En la Población Las Torres, en Cerrillos, a pesar de ya haber pasado años de lo ocurrido, aún se habla de ese cuerpo que atropellaron, golpearon y apuñalaron en su calles. Pero en otros lugares, como en Los Cardenales El Bosque, ya nadie pregunta por los muertos, como quedó en evidencia con ese cuerpo que encontraron en los matorrales.

“Ya es normal encontrarlos por aquí”

Era un sábado o domingo por la mañana; Catalina –cuyo nombre completo no mencionaremos como medida de protección– no logra recordar muy bien el día que no pudo cruzar la calle para ir a comprar porque había cintas policiales que impedían el paso. Demarcaban un espacio cercano a la cancha vecinal de Los Cardenales donde ella vive, ya que el cuerpo de un hombre yacía sin vida en la calle. Los recolectores de basura fueron quienes se percataron en primer lugar de esta situación y los vecinos alertaron a las autoridades y al resto de la comunidad.

Quienes residen en aquel sector de la comuna de El Bosque dicen, tristemente, ya estar familiarizados con estas situaciones. Para ellos un muerto en la calle no es algo que les cambie la vida, ni mucho menos que esté en la conversación colectiva más de una semana. Pero este caso llamó particularmente la atención de los vecinos debido a los altos signos de violencia que presentaba el cadáver en la parte superior de su cuerpo. Al principio, cuando Carabineros llegó al lugar, detuvieron a una madre y a su hijo con síndrome de Down, ya que ella misma lo había acusado de ser responsable del homicidio.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que las heridas que presentaba la víctima no podían haber sido provocadas por alguien sin conocimientos específicos, especialmente una profunda herida en el cuello que apuntaba a un asesinato planificado. Es decir, el joven acusado no tenía las capacidades para haber cometido el crimen. La persona encontrada muerta era pareja de una de las hijas de la mujer que denunció, y después se sabría que fue asesinado por un sicario que, en ese momento, era pareja de la madre.

“A mí no me afectó nada porque eso es algo que pasa siempre por acá. O sea, como que por acá siempre matan gente, entonces no es como tan raro (…) De hecho, hace como dos o tres meses atrás había una pelea entre dos familias y como que se mataban entre ellos, primero unos y luego los otros” comenta, ya acostumbrada, Catalina.

Esa reacción no es rara entre quienes se ven expuestos regularmente a este tipo de situaciones. La psicóloga Javiera Sánchez explica que “en el caso de aquellas personas que por diversos motivos deben estar expuestas a situaciones traumáticas de forma constante y/o a largo plazo, podría generar incluso un cambio de comportamiento, volviéndose más desconfiados, por lo tanto, híper vigilantes, estar en un constante estado de alerta, por miedo a que vuelva ocurrir una situación, comportamiento irritable”.

Catalina menciona que al lugar donde ella vive no entra Carabineros, a no ser que haya casos muy específicos, como fue en este, pues es considerado un “sector rojo”, donde constantemente ocurren robos, asesinatos, balaceras. Si no va la televisión a cubrir la noticia, pocos en el barrio le prestan mayor atención.

“Siempre he vivido aquí en el sector, en distintas casas de por aquí, y toda la vida ha sido peligroso. Un caso súper conocido es el de un cabro que era de situación de calle. O sea, él tenía su casa, pero andaba siempre en la calle, y lo encontraron muerto como en un potrero. Llegaron los pacos y no hicieron nada. También al compañero de colegio de una de mis primas lo mataron en su casa y tampoco hicieron nada”, afirma Catalina.

La costumbre de escuchar balas fuera de sus casas, saber cuándo las personas que viven en el sector andan arrancadas y las peleas constantes insensibilizaron a los vecinos. Si bien les gustaría poder tener una vida más tranquila, ya están acostumbrados a estas situaciones, como si eso de andar encontrando muertos en las calles fuera lo normal. Pero no por eso no hacen nada. Han optado por poner cámaras de seguridad en puntos estratégicos y cerrar sus pasajes con portones, y optar a las alarmas comunitarias con la idea de poder tener un poco más de control en su seguridad.

Esto se ve reflejado en lo que comenta el experto en seguridad Hugo Frühling: “Chile ha ensayado diversas intervenciones a nivel barrial en los últimos 20 años. Si bien ello ha llevado a inversiones interesantes, no existe a la fecha una rigurosa evaluación de impacto de esos programas puesto al día actual”.

Las historias de Cerrillos y El Bosque no son excepciones, y relatos y experiencias similares se pueden hallar en distintas zonas del país, ya no tan intermitentemente. Cada vez que sucede, es noticia, pero en algunos sectores pareciera que ya no lo es porque la violencia ya no irrumpe la rutina; es la rutina. Y la muerte que de allí surge deja de causar conmoción para convertirse en parte del paisaje cotidiano, como los portones cerrando pasajes o las cámaras en los postes.

Por Laura Solís Palma y Sofía Vera García*

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Periodismo de Investigación de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

“Yo siempre le decía: si escuchas balazos, tírate al suelo; si ves que alguien está peleando, corre, no te quedes mirando; si te pasa algo, yo me muero. Cuatro días antes de su muerte, ella me decía que no iba a pasar nada”.

Así recuerda Claudia Sánchez uno de los últimos consejos que le dio a su cuñada Mayra Castillo, una menor de 13 años que falleció a raíz de una balacera en Pedro Aguirre Cerda el 29 de diciembre de 2023, en vísperas de año nuevo. Mayra había salido de su casa para participar en la grabación de un video de música urbana que se realizaría en la emblemática Población La Victoria. La calle había sido “cerrada” por camionetas de los artistas, y los vecinos y su madre aseguran que habían cerca de 50 participantes en toda la producción del video: cámaras, maquillaje, cantantes, bailarines, seguridad y, entre ellos, Mayra, que participaba como extra.

De pronto, el sonido de las balas hizo evidente que el caos ya se había desatado en la intersección de las calles Eugenio Matte y Carlos Marx, a metros de donde se grababa el video. Toda la producción se detuvo. Quienes estaban allí, salieron corriendo con susto, buscando un refugio, un sitio seguro, pero no Mayra. A ella, una bala la alcanzó. Ese día hubo cuatro heridos y tres muertos, y este estos últimos estaba la adolescente. En las calles de Pedro Aguirre Cerda aún se exponen pancartas que dicen “Te recordamos Mayra”, y su madre, Esmeralda Santis, tiene en su hogar carteles con los que exige justicia para su hija.

Actualmente, el caso tiene en prisión preventiva a dos sospechosos, aunque la información por parte de la fiscalía es limitada por razones investigativas. Lo que sí se sabe es que Mayra fue solo una de los más de 140 niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de edad que figuran desde 2022 en las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadísticas de Información en Salud del Ministerio de Salud (DEIS), y que han fallecido por agresiones con armas cortantes o de fuego, dando cuenta de un escenario crítico para la seguridad de la infancia en Chile.

La situación es grave. De acuerdo con esos mismos datos, las muertes violentas con armas son la segunda causa de defunción más común entre los NNA, especialmente entre los adolescentes en Chile.

Existe una desigualdad de condiciones en los afectados de estas muertes violentas; los separan distintas comunas, distintas edades y distintos contextos socioeconómicos. Algunos solo estaban en el lugar incorrecto, en el momento equivocado; otros veían la calle y las luces nocturnas como una normalidad, como si nada pasara a su alrededor. A varios los buscaron especialmente para matarlos. Ciertamente existe un patrón de conducta en los niños que se encuentran en entornos violentos, ya sea porque viven del robo, son blanco de ajuste de cuentas o simplemente no pueden escapar de esta pesadilla.

Los datos demuestran que las cifras se mantienen en un mismo rango. Para este reportaje se analizaron dos tipos de muertes violentas identificadas en la base de datos de defunciones del DEIS (que se actualiza semanalmente): con armas de fuego (disparo directo e indirecto) y armas blancas (acuchillamiento). Los datos que allí se exponen concuerdan con los que entregó vía Ley de Transparencia la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien la información estadística también fue solicitada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, esa repartición denegó el acceso por supuestamente no poder revelar datos que comprometan la identidad de los afectados –lo cual no fue solicitado para esta investigación–, y actualmente hay un recurso ante el Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión.

Si bien la información de la base de datos del DEIS puede llegar a cambiar, pues es información preliminar, es un buen indicador respecto de las distintas causas de muerte en Chile para cualquier tipo de población. Es ahí donde se logra encontrar que durante 2022 se registraron en el país unas 57 muertes de menores de edad debido a la acción de terceros y el uso de armas. En 2023, fueron 49 y, en lo que va de 2024, han fallecido 51 niños, niñas y adolescentes. Cabe recalcar que en estas cifras no se detalla el motivo intelectual de las muertes, por lo que también podrían clasificar como infanticidios, pero gracias a los datos otorgados por PDI a través de Ley de Transparencia sobre los homicidios de menores en la Región Metropolitana, se puede hacer un desglose más directo de las causas intelectuales.

Lo de Mayra fue pura mala suerte en un lugar donde esa mala suerte no resulta tan azarosa. Ni ella ni los jóvenes que protagonizaban el video musical ni quienes lo producían tenían vínculo o relación alguna con la balacera ocurrida, pero las balas yendo de lado a lado por la zona no son tan extrañas. Claudia Sánchez, la cuñada de Mayra, explica a Puroperiodismo que sospechan de un ajuste de cuentas entre bandas criminales del sector, posiblemente ligados a los otros dos adultos de nacionalidad colombiana que también fallecieron ese día.

Los detalles, en todo caso, no se saben. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene aún este avance en secreto por seguridad de la familia y para mantener en cautela la búsqueda de los responsables. Mientras, las autoridades comunales de Pedro Aguirre Cerda han aportado con apoyo judicial y psicológico a su familia.

“La municipalidad me prestó un abogado. Usted sabe que en este tiempo, si no tenemos dinero, no tenemos nada, o sea, para tener un abogado hay que tener dinero y yo no lo tengo. Gracias a Dios, el alcalde me prestó un abogado”, dice la madre de Mayra.

El círculo de la violencia

Para poder comprobar si efectivamente las cifras de muertes violentas en menores han aumentado durante los últimos años, Puroperiodismo revisó y comparó los decesos por acción de armas que se presentan en la base de datos del DEIS, considerando los primeros semestres del 2022, 2023 y 2024. Como resultado pudimos concluir que los crímenes mantienen una similitud en su cantidad efectuada, lo que es bastante sorprendente, pues siempre el número es muy similar. Desde enero a junio ocurren entre 20 y 27 asesinatos de este tipo en menores por año.

Con respecto a estas cifras, nos preguntamos si existe una respuesta social o psicológica por la cual todos los años se presente la misma cantidad de muertes violentas y que no haya una disminución. Los niños que han sido víctimas de asesinato tienen la similitud que se encontraban viviendo en entornos vulnerables, ya sea por el sector geográfico que habitaban como poblaciones precarias o eran víctimas de violencia intrafamiliar. También si dentro de sus círculos cercanos existía alguna conexión con bandas armadas y/o negocios ilícitos.

Parece que la violencia suele ser lo normal en la vida de estos niños, es por eso que no se da la instancia de denuncia, porque no logran identificar cuándo están siendo vulnerados. Javiera Olguín Meza es trabajadora social y se desempeñó un tiempo en la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) de la Municipalidad de Padre Hurtado. Allí se interiorizó en la vida de los menores de edad que sufren vulneraciones e identificó los patrones de conducta de esos niños y sus familias.

“Al insertar al niño dentro del programa y hacer el seguimiento, siempre se puede identificar cierto patrón en los núcleos familiares de quienes tratamos y, en estos casos, este patrón era la drogadicción. Muchas veces fue el narcotráfico y problemas con el alcohol. Esto siempre fue un patrón detonante que provocaba la violencia intrafamiliar. (…) Se notaba un patrón dentro de la violencia intrafamiliar en los casos que trataba la OPD. En la mayoría de estos casos, los padres seguían juntos a pesar del abuso físico, psicológico y económico. Esto provocaba que el niño naturalizara o más bien, creciera acostumbrado a este tipo de violencia”, explica la profesional.

Imagen referencial generada con IA

El azar mortal en las calles

Se podría esperar que en los entornos violentos, o rodeado de personas que andan en “malos pasos”, ocurran estos lamentables sucesos. No se justifican, pero comprendiendo los contextos y los factores en que estos se desarrollan, podrían no ser tan inesperados. Sin embargo, existen casos en los que se han visto afectados directamente menores de edad que no tienen ninguna relación con círculos de violencia.

En 2021, indignó a toda la comuna de La Pintana el caso de una niña de 2 años que fue herida gravemente a causa de una balacera. Evelyn Maturana solía vivir en aquella comuna entre los años 2020 y 2023, de donde se mudó por las pésimas condiciones de vida que ofrece un ambiente así para su pequeña hija. No fue su hija la herida aquella noche de feria navideña en la Población Santo Tomás, pero sí la hija de su amiga.

“Nadie quería decir quién fue porque entre todos se conocen y se cobran después. De hecho, sus hijas [refiriéndose a las de la mujer que era su amiga] ya venían creciendo con armas porque mataron a su tío de un disparo en la cabeza en su propio departamento”, relata.

Lo que Evelyn percibe no es solo una sensación, sino más bien un fenómeno social recurrente y ya instalado en estas zonas donde la violencia se ha transformado en el pan de cada día. Esto se viene reflejando desde hace años en distintas zonas de Santiago y el país, como han dado cuenta diversos trabajos periodísticos, entre ellos, la serie de investigaciones sobre las zonas ocupadas que ha desarrollado Ciper desde 2009, que muestran cómo la influencia del narco y el crimen organizado se ha ido adueñando del territorio que el Estado ha dejado de lado.

Quisimos consultar a aquellos que trabajan en fiscalía para dimensionar esta problemática, puesto que se esperaría que las denuncias proviniesen de aquellas comunas consideradas como “zona rojas” o conflictivas, pero el fiscal Alex Cortez, quien dirige al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó lo siguiente:

“Se da un poco la sensación, por la televisión y por los medios, de que hay un caos. El otro día yo estaba en La Victoria y decían que casi todos los días había balaceras, pero los vecinos ya no denuncian porque están cansados y se conocen entre ellos mismos.  La fiscalía puede hacer algo, pero eso corresponde a otras autoridades”.

Infancias atravesadas por la venganza

Los niños, niñas y adolescentes lamentablemente son utilizados como un medio para amenazar a otros. Es por esto que algunas muertes corresponden a ajustes de cuentas entre bandas, u otra índole de carácter vengativo. A través de la Ley de Transparencia, la PDI entregó una base de datos en donde indican la cantidad de casos, edad del menor, comuna donde se realizó el hecho, y el tipo de lesiones, pero vinculado exclusivamente a sucesos que hayan sido relacionados a enfrentamiento entre bandas y ajuste de cuentas.

Entre enero de 2021 y abril de 2024, se han comprobado 12 casos en que las víctimas menores de edad fueron elegidas como blanco de una venganza. Algunas de las categorías que la PDI ha podido identificar como motivación tras estas vendettas:

• Ajuste de cuentas, represalias por atropello de mascota
• Represalias debido a que el menor atacado había sido víctima de robo en el domicilio por el autor
• Conflictos con la banda
• Ajuste de cuentas
• Ajuste de cuentas por hermano mayor delincuente
• Ajuste de cuentas por no pago de deuda de padre de la víctima
• Otros

En situaciones críticas como esta, está claro que las infancias no se desarrollan con normalidad, o que podrían más tarde transformarse en delincuentes y sufrir la responsabilidad penal que conlleva cometer delitos después de los 18 años. La Defensoría de la Niñez, en su estudio Niños, niñas, adolescentes, víctimas de homicidio y armas de fuego, explica las consecuencias que desencadena en los menores enfrentarse en una sociedad en donde la violencia se ha vuelto algo permanente.

“Dentro de este contexto, en septiembre de 2023 el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez publicó un análisis a los casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales. Dentro de sus hallazgos, se identificó un aumento de 173% en los casos relativos al porte de armas de diferente tipo entre 2019 y 2022”, señala el documento.

A través de la extracción de datos de la Defensoría, el siguiente gráfico representa los fallecimientos desde el año 2000 a 2023 que corresponden a menores de edad a causa de armas de fuego, una gran amenaza para las infancias:

Un hallazgo relevante es que 2022 parece ser el año más crítico, registrando 49 muertes por armas de fuego en total. Sin embargo, resulta preocupante pensar que –de acuerdo con los datos del DEIS– estamos a octubre de 2024, el año aún no acaba, y las cifras que se registran ya superan ese número.

Otro dato importante que surge del documento a nivel nacional es el siguiente: “Al analizar los antecedentes por región, la tabla 2 nos muestra que, en términos de cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, la Región Metropolitana encabeza la lista con un total de 58 defunciones por este motivo, seguido de Biobío con 14. Al analizar por tasa, la región de Tarapacá es la que tiene una mayor tasa con respecto a su población de todo el país, seguido de la Región del Biobío”.

Algunas verdades en secreto

Los medios de comunicación juegan un papel importante al presentar distintas noticias al público. Después de la pandemia, se ha hablado mucho sobre la delincuencia en el país y se expone que “está desatada”, que salir a la calle es demasiado peligroso y no se puede vivir en paz. Diversas encuestas de opinión pública dan cuenta de esa percepción en la ciudadanía. En el caso de las muertes violentas de menores, este tópico está descartado y solo son titulares sensacionalistas, pues los datos no dan cuenta de un aumento explosivo, sino de una igualmente preocupante tendencia que se mantiene.

Ahora, hablando de delincuencia en general y no solo de NNA, parece estar sucediendo lo mismo, cualquier persona puede buscar las comparaciones de cantidad de delitos años atrás versus el 2024 y se comprueba que incluso las muertes han disminuido y esto lo confirman estudios del Ministerio Público y datos consolidados de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes. Mientras que en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100 mil habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas. De 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023. Aún así, detrás de esos números hay personas que murieron por la violencia, y el balance sigue siendo más abultado de lo que era hace unos pocos años.

Lo que causa la sensación de inseguridad no es tanto la cantidad, sino que el tipo de delito que se está cometiendo. El fiscal Cortez comenta que “ahora tenemos una criminalidad distinta, en donde el tipo de delitos ya es distinto a lo que veíamos antes. Antes no veíamos descuartizados, no veníamos personas torturadas, no veíamos personas quemadas. Lo mataban directamente, ahora lo matan, pero dejan como el mensaje de ‘te puede pasar esto’”. Un fenómeno que no es nuevo y que un reportaje de La Tercera ya a comienzos de 2019 mostraba cómo el fenómeno del homicidio había mutado por las técnicas del crimen organizado.

“Yo creo que siempre hemos tenido esta delincuencia. O sea, si vamos al tipo de delitos que existen desde siempre, en términos numéricos más o menos se mantienen estables. La diferencia probablemente está en que alguna parte de los delitos que se cometen actualmente son mucho más fuertes para la población de lo que eran antes, y esto está principalmente relacionado con la irrupción de ciertas organizaciones criminales extranjeras y el tipo de delito que cometen”, agrega el fiscal.

La Victoria es una de las poblaciones con más casos de criminalidad en la Región Metropolitana y es importante conocer la versión de las mismas personas que viven ahí. Por eso es que nos contactamos con las parvularias que hacen clases en el Jardín “La Victoria”, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora administrativa Rosani Lagos y la directora del área inicial Alicia Meneses. Ambas contaron sus sensaciones sobre cómo se vive en la población y la visión errada que tiene el resto del país a causa del sensacionalismo de los medios de comunicación.

Ella han tenido experiencia directa con la violencia: en 2022, justo afuera de sus muros se desató una balacera. La reacción de las parvularias fue cantar a los niños y niñas para distraerlos de los ruidos. La noticia se volvió viral en los medios y distintos periodistas acudieron a la zona a reportera. Estas son las apreciaciones de las directoras del jardín:

“Los medios y noticieros nos entrevistaron y nos hicieron sentir como que todo es terrible y malo. (…) En algunos medios actuaban como que quisieran que dijéramos que los niños hacían clases tras las rejas y con chalecos antibalas, cuando no es así. En estos sectores no pasan siempre cosas malas y queremos resaltar lo bueno que hace esta comunidad educativa. (…) La Victoria y Pedro Aguirre Cerda también tienen cosas lindas. Nosotras en el jardín hacemos lo mejor para los niños y se trabaja en comunidad con todos: el CESFAM, tías del aseo, educadoras, entre todos aportamos. Es muy dañino quedarse solo con lo negativo”, dice Lagos.

“Aquí nuestros niños son todos distintos, y nosotras partimos desde la base de que el tema valórico es super importante. Eso es en lo que creemos, nuestro proyecto está basado en el respeto, los derechos humanos, y en generar un ambiente para convivir. (…) El pilar fundamental, primero para todos los seres humanos, parte desde el amor, el amor al prójimo. No un amor al prójimo en el sentido cristiano, sino vivir en una sociedad que sea más justa, que sea más respetuosa, donde haya libertad”, añade Meneses.

La relación entre los fenómenos inseguridad/migración no es nueva. Ha estado presente en el discurso público de candidatos en diversos procesos electorales de los últimos años en el país, en dichos de diversas autoridades y en columnas y entrevistas de distintos líderes de opinión. También es una constante en la cobertura mediática de los delitos que se cometen en Chile: la nacionalidad de los involucrados pareciera ser un factor obligado a considerar y mencionar, al menos cuando los victimarios son extranjeros.

Los datos duros dan cuenta de que sí, ha aumentado la delincuencia en el territorio nacional y también la migración, sin que necesariamente haya una correlación de causalidad entre ambos fenómenos. Pero en la opinión pública pareciera que cada vez se ven más entrelazados.

Según datos del Banco Mundial, hay cerca de 532 mil migrantes venezolanos en Chile, además de otro millón de personas de otras nacionalidades. La gran mayoría eligió salir de sus naciones para buscar mejores oportunidades económicas, sociales y políticas, por lo que este país se ha convertido en un lugar donde pueden soñar con estabilidad y cobijo. Sin embargo, la última encuesta Cadem arrojó que un 51% de las personas encuestadas considera que la migración ha sido un detonante de la crisis de inseguridad y el 28% lo menciona de forma espontánea como el principal motivo que incide en el alza de la delincuencia.

La psicóloga y magíster en sociología Andrea Espinoza, ex directora social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y actual directora de Comunidad Universitaria en la UAH, se refiere a esta situación en esta entrevista, y asegura que no existe evidencia aún que establezca una relación de causa/efecto entre los fenómenos, y que esa “percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligando la migración con la inseguridad”.

Andrez Espinoza, ex directora social del SJM y actual directora de Comunidad Universitaria UAH.

“No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad”

–¿Cómo se puede entender la crisis humanitaria por la cual están llegando tantos migrantes a nuestro país, principalmente desde Venezuela?

La percepción que tiene la ciudadanía ante Venezuela es una percepción distinta a las crisis de armas, por ejemplo: el caos de Ucrania y Rusia por la guerra. Los chilenos y chilenas tendemos a ver eso como más urgente que la crisis humanitaria. La mayoría de las personas que llegan a Chile desde Venezuela en los últimos años, ingresan al territorio nacional por pasos no habilitados, es decir, de forma terrestre, y la mayoría lo hace caminando por el norte de Chile, ya sea por la frontera de Arica, Chacalluta o la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá. Al ingresar por un paso no habilitado, las posibilidades de regularizarse son muy escasas. Las personas que se pueden regular y estar en Chile son niños y niñas. Es un círculo, porque los padres o la mayoría de las madres, si no se pueden regular no tienen rut, y no pueden acceder a un trabajo formal. Creo que la manera más adecuada y urgente, es que todas las personas que han llegado a Chile por pasos no habilitados se puedan regularizar.

–¿Cómo afecta en materia de seguridad que estas personas migrantes no tengan acceso a una regularización?

No ha habido en Chile una regularización masiva desde 2018, y eso conlleva a que, como no tienen sus papeles al día, no sabemos quién está dentro de nuestro territorio. Podemos estimar un número porque, cuando uno llega a Chile por paso no habilitado, hay un trámite que se llama autodenuncia, que es como decir “yo, Andrea Espinoza, estoy irregular en el territorio chileno”, pero no sabemos nada más. Si se identifica a los ciudadanos extranjeros que están en el país, va a ser más fácil saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven actualmente. Cuando se genera la regularización, hay requisitos, y uno es no tener antecedentes penales.

–¿Cómo se explica que la percepción de la ciudadanía apunte a la migración como la responsable de aumentar la inseguridad?

No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad o inseguridad, no existe evidencia todavía para saber si hay delitos que cometen ciertos migrantes. Lo que pasa es que los casos están siendo de alta connotación pública y antes en Chile no se veían, pero no existe aún evidencia desde el punto vista académico cuantitativo, es muy limitada la producción de información y conocimiento científico sobre eso.

– ¿A qué se debe entonces la sensación de rechazo hacia los migrantes?

Hay una encuesta que sacó la Universidad Católica (Encuesta Bicentenario) y que le pregunta a la población nacional: ¿piensa usted que la migración es un problema? En la última edición del sondeo, el 70% dijo que sí, y después hay una siguiente pregunta: ¿usted ha tenido alguna vez problema con un migrante? Menos del 20% ha tenido un problema directo con un migrante. La percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligado la migración con la inseguridad. También los periodistas tienen una alta responsabilidad, porque a ciertos crímenes le ponen nacionalidad, pero cuando lo comete un chileno, no.

–¿Cómo se explica socialmente este actuar de los chilenos?

Puede que estemos ante un choque cultural. Históricamente, no hemos sabido cómo relacionarnos ni siquiera con nuestro propio pueblo originario. Por supuesto que hay costumbres que nos van a costar más, pero la convivencia finalmente es una construcción.

Si los chilenos en general tendemos a escuchar la música un poco más baja que las personas de ciertos países de Latinoamérica, hacer que este problema no exista no es la solución, sino que conversar cara a cara y buscar soluciones. Este problema está en todo tipo de espacios, es un tema convivir entre estudiantes, entre estudiantes y trabajadores, entre estudiantes y profesores. No sé si es un problema de Chile, pero falta emplear mayor comunicación y enfrentar las diferencias.

Por Mauricio Alarcón y Patricio Pinto

El mercado mayorista Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, es enorme, algo así como una pequeña ciudad dentro de otra: 32 hectáreas de comercio y bullicio donde convergen tanto vendedores como compradores a gran escala. Camiones, carros, cajas llenas de mercadería y personas de distintas edades, sexo y nacionalidad; miles cada día, entrando, saliendo y pululando de aquí para allá y de allá para acá, con música que suena fuerte de fondo y gritos y olores que cruzan el aire. Además del mercado, hay en su interior restaurantes y fuentes de soda, sucursales bancarias, clínicas veterinarias y oficinas, entre otras cosas. Es el mayor mercado hortofrutícola de Chile, y uno de los más grandes de Latinoamérica. Un laberinto de compra y venta donde, si se va a pie, sólo se puede acceder a través de cuatro entradas.

La primera está ubicada sobre Avenida Maipú, frente a las vías del tren, la llamada Puerta 11. Al otro lado, por Avenida Cerrillos, también hay un solo acceso, la Puerta 2. Las otras, las entradas más intrigantes, están en la calle La Rural, una pequeña y angosta vía que divide el recinto en dos: al sur el patio 2 y al norte el patio 1. Al primero se ingresa por el acceso Alfa 1; al segundo por la Puerta 14. Y es aquí donde se encuentra el mayor control de seguridad, ese que se inauguraba con bombos y platillos el lunes 1 de abril y que ese mismo día falló de manera escandalosa.

El incidente salió en vivo y en directo por la televisión y aumentó las dudas respecto a si eran o no efectivas las medidas que se estaban empezando a implementar en Lo Valledor para reducir la creciente delincuencia e inseguridad en la zona, las que eran consideradas desde varios sectores como una acción discriminatoria contra migrantes y, particularmente, contra aquellos que se encuentran en situación irregular en el país. Las críticas vinieron incluso desde el gobierno, en especial, por el requisito excluyente de portar un carnet chileno vigente, que se había anunciado días antes. Sin él, nadie podría entrar.

Ante la polémica generada tras el anuncio de la administración, la prensa estaba expectante por cómo se implementaría, por lo que ese primer lunes de abril, equipos televisivos estaban desplegados en terreno desde primera hora. Fue entonces que Mariana Cea, una mujer indigente chilena de 54 años, se negó a mostrar su cédula de identidad al tratar de entrar y, al impedirle el ingreso con un carro de supermercado, fue retenida por un vigilante privado. Luego, intentó zafarse y le quitó el revólver del cinto, para después disparar varias veces. Además del vigilante, hirió a otras dos personas, entre ellos un camarógrafo de Chilevisión.

“Estábamos todos partiendo con la marcha blanca, y yo mismo le dije al vigilante: ‘Oye, que no haya escándalo, no quiero que haya problemas’, porque lo lógico es que él la hubiera tirado el suelo y esposado rápidamente. Pero claro, habría sido peor, porque las cámaras estaban en vivo. Yo creo que la sacamos barata con ese asunto”, cuenta a Puroperiodismo Marcelo Araya, jefe de Comunicaciones y vocero de Lo Valledor.

Todo ocurrió fuera del mercado, en la calle La Rural. Por ende, la seguridad privada contratada por la administración no tenía la facultad para retener a la mujer ni mucho menos utilizar sus implementos de defensa. Como sucedió en la vía pública, Carabineros debió haber actuado de forma inmediata y tomar el control de la situación.

Esta última calle es donde más se han registrado conflictos entre comerciantes y clientes, así como también la comisión de delitos. Y si bien tras el incidente se especuló con que la medida se reevaluaría, lo cierto es que la administración ya había tomado la decisión y no habría vuelta atrás. La marcha blanca del nuevo plan de seguridad seguiría su curso y el próximo 6 de mayo entrará en régimen de forma completa.

¿Cómo ha avanzado esa marcha blanca y qué impacto ha tenido en el día a día del principal punto de abastecimiento para miles de locales y restaurantes de la Región Metropolitana? Puroperiodismo volvió a Lo Valledor a casi cuatro semanas del incidente. Esto fue lo que encontramos.

Accesos y medidas de seguridad

La Puerta 14 sigue siendo la única donde la implementación del nuevo plan pareciera estar en marcha de forma más completa. Mientras los demás puntos de ingreso peatonal son supervisados por un solo guardia que solicita el carnet u otro documento de identificación válido como condición única para ingresar, en el acceso de La Rural cada persona que llega es recibida por más de un guardia que, además de pedir el documento de identidad, hacen pasar por un detector de metales y por el giro de un torniquete.

Eso lo que se quiere implementar para controlar el ingreso de peatones. Sin embargo, la seguridad hoy es flexible. Como la Puerta 14 es la única que tiene esos dispositivos tecnológicos de seguridad, no es utilizada regularmente por los transeúntes que desean ingresar. Solo unos pocos extranjeros la utilizan. De hecho, la mayoría de las personas prefieren las otras puertas que aparecen señalizadas en un folleto oficial que emitió Lo Valledor, en el que indican que solo son cuatro accesos peatonales –quedan fuera las puertas 5 y 4, pues no son exclusivas de acceso en la medida de seguridad implementada–. Y no en todas las ocasiones solicitan la cédula de identidad.

Folleto informativo con mapa del Mercado Lo Valledor y puntos de acceso peatonal.

Cuando acudimos los días 17 y 19 de abril, estuvimos en el lugar entre las 9:00 y 13:00 horas, y en todo ese tiempo hubo al menos cinco personas que no llevaban su carnet y que, aun así, pudieron ingresar, incluso con carros de carga.

El ingreso de peatones para la compra minorista en Lo Valledor empezó durante la pandemia por Covid-19, cuando se decidió abrir las puertas a vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda para abastecerse de alimentos. Para el término de ese período, se siguió dejando entrar gente y se aprendió a convivir con los transeúntes. Pero el mayor flujo vino aparejado con un aumento de delitos, como hurtos o robos, venta de drogas y otros conflictos, muchos de ellos violentos. En octubre de 2023, por ejemplo, un comerciante fue baleado y asaltado: le robaron $60 millones.

Según consigna un artículo de DF Mas, los registros del Plan Cuadrante de Carabineros para ese sector, en lo que va de este año, señalan que ya ha habido unos 124 robos con violencia, un tercio más que los 93 que se registraron en todo 2023; casi el doble que los 68 de 2022 y un 143% que 51 de 2021. Además, la comuna es la que tiene una de las más bajas tasas de detenciones. Fue a partir de todo eso que se decidió aumentar los mecanismos de control y las barreras para el ingreso.

Al interior hay un equipo de monitoreo de 400 cámaras que funcionan 24/7, junto con el equipo de vigilancia en terreno. Las principales divisiones dentro del equipo lo componen guardias de seguridad que visten de rojo y controlan los accesos. Les siguen los guardias de tránsito, que se encargan de verificar la correcta circulación de los vehículos dentro del recinto. También están los guardias tácticos que visten de negro completo, y suelen encargarse de vigilar puntos estratégicos como oficinas o acudir como principal apoyo en caso de disturbios. Y, por último, los vigilantes privados (VVPP), que se encargan de patrullar en motocicletas y resguardar el lugar, siendo ellos los únicos con la facultad de portar armamento disuasivo y de fuego, específicamente, un revólver calibre 38 especial de cuatro pulgadas.

“Documento habilitado” y despidos a extranjeros

A pesar de que los afiches informativos con las medidas de seguridad especifican que los peatones deben ingresar con la cédula de identidad chilena, esa no es la única manera de acreditar identidad. Consultado por Puroperiodismo, Araya aclara que, más que exigir que sea la cédula chilena, más bien se pedirá un “documento habilitado”, el cual puede variar según los tratados internacionales de ingreso y tránsito que los distintos países han logrado con Chile.

Lo anterior significa que, si un ciudadano peruano sin carnet nacional quiere entrar a Lo Valledor, podrá hacerlo con su respectivo DNI, pues ese documento es suficiente para que pueda estar en Chile de forma regular. En cambio, un ciudadano venezolano tendrá que mostrar su pasaporte con los respectivos timbres y permisos para estar de forma regular en el país, ya que este es el documento necesario para ingresar desde Venezuela, por los tratados de ingreso entre ambos países.

Folletos relativos a la seguridad que se entregan en el Mercado Lo Valledor.

Otro conflicto que se ha generado por la exigencia de documentos de identificación, es que en muchos de los locales de Lo Valledor trabajan extranjeros, muchos de ellos sin una situación migratoria regularizada. Algunos locatarios señalaron a Puroperiodismo que trabajan con cinco o más trabajadores indocumentados, por lo que no podrán mantenerlos, ya que tendrán impedido el ingreso al mega mercado hortofrutícola.  De esa manera, gran parte terminará perdiendo su fuente laboral.

“Lo que yo no comparto es que, por ejemplo, hay extranjeros que aquí de verdad vienen a trabajar y se les está negando. Pero, de todas maneras, la fiscalización ayuda a que no haya venta de droga o simplemente gente deambulando dentro de Lo Valledor”, dice la locataria Javiera Gálvez.

Algo similar cuenta Jaime Agusto: “Yo trabajo con unos seis extranjeros y ninguno tiene papeles, pero no saben qué hacer, porque como hay tanto trabajo, no han tenido tiempo de ir hacer su documentación. Por mí, no quiero que se vayan, pero por otro lado, no es malo que [desde la administración] estén exigiendo y trabajando para un mejor control. Como jefe y organizador de mi local, si llegara a perder muchos empleados porque no consiguen regularizarse, tengo pensado ir a hablar directamente con la administración y hacerme responsable, si hay que firmar un papel o hacerme cargo de los que no tienen documentos”.

Esta situación ha generado opiniones divididas entre comerciantes y locatarios, pues si bien muchos se arriesgan a perder parte importante de su fuerza laboral, también están conformes con la medida, pues ésta reafirmaría la sensación de seguridad dentro del lugar, lo que responde a esa sensación generalizada de que el aumento de delitos está asociada al aumento de población migrante irregular.

Al preguntarle a Araya sobre el impacto de esos efectos y qué haría la administración de Lo Valledor para hacerle frente, fue tajante: “No hay nada que hacer. Los locatarios que tengan trabajando a extranjeros que están indocumentados no podrán ingresar, jodieron nomás”.

La Rural

La calle La Rural cruza y divide el mercado y une las avenida Maipú y Cerrillos. Es un transitado tramo de aproximadamente 450 metros, donde feriantes y clientes intercambian mercaderías y visitan el mercado. Hasta el 23 de enero de 2023, era un espacio privado, pues Lo Valledor tenía desde hacía 25 años la concesión para su uso y administración. Pero, entonces, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda decidió no renovar el contrato y determinó que La Rural es un bien de uso público. Esta decisión fue ratificada en la sesión extraordinaria N° 2 del 93° Concejo Municipal, en la que se votó por reducir la duración de la concesión y no aceptar la oferta económica de la empresa para prorrogarla, reafirmando el derecho municipal de retomar el control de la calle, ya que muchos feriantes ocupaban ese espacio para instalarse con puestos, creando todo lo que conllevan los intercambios de mercadería.

La municipalidad se comprometió a instalar casetas de seguridad con todo el mobiliario para que funcionarios de su unidad de Seguridad Ciudadana las ocupen, y también a demarcar estacionamientos con vigilancia en todo momento. Si bien eso ocurrió, lo cierto es que pudimos observar que durante los horarios de mayor y menor circulación en La Rural (entre las 10:00 y las 14:00 horas), no hay presencia de operativos o rondas de seguridad civil, como tampoco se han instalado parquímetros establecidos.

El vocero de Lo Valledor dice: “Nosotros triplicamos el monto que traíamos desde los 25 años. No le estamos rogando. Es importante la calle y podemos vivir sin la calle, pero con problemas, porque se generó una especie de tubo de delincuencia. El alcalde y cuatro concejales tienen una obsesión de no sé qué tipo con el tema del mundo privado. Les aclaré que podíamos simpatizar en algunas ideas, pero esta bronca entre el mundo privado y el mundo público ya está superada. Hoy día, si no hay privados cooperando en el sistema con el Estado, se va a complicar en varios ámbitos”.

Consultado por Puroperiodismo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, junto con señalar que ya estaba “cansado de tener que comentar sobre Lo Valledor”, se limitó a decir lo mismo que ha dicho en declaraciones anteriores:

“En cuanto a la medida, se da cuenta lo improvisado que fueron. Desde el primer minuto salí a respaldar que acá era muy necesaria una coordinación previa, y es por esto que hay que juntarse, hacer un trabajo mancomunado, para que todos podamos aportar en esta crisis de seguridad. Como alcalde, pedí hace mucho tiempo que pudiéramos contar con presencia permanente de Carabineros a través de un retén en el mercado de abasto más grande de Chile. Y de esta forma, haber podido evitar y planificar de mejor manera lo que era una marcha blanca, y que se tiñó de rojo, siendo muy lamentable”.

La municipalidad realizó una consulta ciudadana a fines de 2023 y comienzos de 2024 para determinar democráticamente qué hacer con La Rural: si debía ser administrada por el municipio o por una empresa externa que se adjudique esa labor a través de una licitación pública. Votaron 707 personas y la opción de abrirse a una nueva concesión privada se alzó con la mayoría de las preferencias: 56,86%.

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Mientras eso aún no ocurra, La Rural sigue siendo un espacio que hoy está, hasta cierto punto, en tierra de nadie, según señalan fuentes consultadas para este reportaje. Y es ahí donde se han visto la mayor cantidad de conflictos y hechos violentos o delictuales.  El plan de Lo Valledor, en lo próximo, es cerrar el próximo 6 de mayo el período de marcha blanca de su plan de seguridad, y desde la empresa aseguran que no “relajaran” el protocolo. Y eso mismo puede ser, según algunos, una especie de declaración de guerra contra los grupos que comenten los delitos en el sector, comerciantes ambulantes y otros.

Si bien la empresa que administra el mercado ha dado la orden a guardias y otros funcionarios de no hablar con la prensa, uno de los guardias rompió el silencio bajo reserva de identidad y alerta que lo pueda pasar ese día es incierto, pero no se debe bajar la guardia. Dijo: “El 6 de mayo estaremos más preparados que nunca, e incluso vamos a estar todos más violentos, por el contexto que se vivirá”.

*Esta investigación es el resultado del proyecto de título realizado por los autores en 2023, bajo la tutoría de la profesora Carolina Rojas, para optar por el título de periodistas en la Universidad Alberto Hurtado (UAH). El texto resultó ganador en la última edición del Premio Periodismo de Excelencia Universitario (PPEU) que otorga la UAH, y es publicado en simultáneo tanto por Puroperiodismo como por La Otra Diaria (LOD).

La mañana del domingo 27 de enero de 2019, Fernando Flores Espinoza (28) tuvo una discusión con su expareja, Silvana Garrido Urdiles (25), en el departamento que compartían con la pequeña hija de ambos. El edificio quedaba ubicado en la comuna de Santiago.

Durante la pelea, Fernando golpeó a Silvana en distintas partes de su cuerpo que ella intentó defenderse rasguñando y mordiéndolo. Finalmente, la agresión culminó cuando él la arrastró hasta el balcón y la lanzó desde el piso 23 en presencia de la niña.

La joven falleció de forma instantánea, tras caer en la terraza del segundo piso.

Fernando llamó a los padres de Silvana y a Carabineros para informarles lo que había ocurrido, mientras recorría el pasillo inquieto y entraba al departamento. En ese lapso, dos vecinos fueron a socorrerlo, uno de ellos tomó a su hija en brazos y el otro se quedó haciéndole compañía. A los minutos después, llegó al edificio el teniente Jorge Díaz para verificar un procedimiento sobre una persona que habría caído. Allí, entró al departamento 220 y vio el cuerpo de Silvana tendido en la terraza. El personal del SAMU constató su muerte. Luego subió al departamento desde donde fue arrojada Silvana. Allí encontró a Fernando sentado y alterado en un sillón, quien le explicó lo que supuestamente había pasado.

-Tuvimos una discusión y ella decidió lanzarse al vacío. De este modo, el funcionario clausuró el lugar.

Díaz inmediatamente se comunicó con el fiscal de turno, Fernando Donoso, quien ordenó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quien llegó al edificio a cargo del comisario Sebastián Vergara. En ese momento, Díaz le comentó que le llamaron la atención dos cosas que no le calzaban con un suicidio: primero, el desorden en el departamento en donde eran notorios los signos de pelea (como mechones de pelo color morado en el suelo, loza rota, ropa esparcida y el sillón corrido y el balcón llamativamente ordenado con plantas puestas en hilera. Esto sumado a que en los barrotes había huellas marcada); lo segundo; que la joven cayó muy cerca de la superficie del edificio: “El teorema de la caída libre dice que el cuerpo cae en parábola, por lo que la proyección de éste y los dedos marcados no era habitual que cayera muy a ras del lugar”, dice la declaración del policía.

En la terraza del segundo piso, la Brigada de Homicidios examinó el cuerpo de Silvana y así constataron lesiones de la caída y otras que no se debían directamente a ella. En el interior del departamento observaron el desorden, pero supusieron que era por los hábitos de la pareja. Al inspeccionar el balcón también notaron que estaba todo ordenado y, que en el tercer y último barrote, había huellas que parecían hechas desde el exterior. La perito dactiloscópica informó que no era posible levantarlas.

Así también no se recogieron otras pruebas –excepto el celular de Silvana que se encontró en el living– y solo fueron fotografiadas, estas fueron fundamentales para la investigación que vendría más adelante.

Mientras empadronaban el piso 23 y los aledaños, varios vecinos les informaron que durante la madrugada y la mañana escucharon gritos, golpes, portazos y objetos que se quebraron. Incluso, el vecino del piso de abajo, escuchó a una mujer que gritó: “¡Mira como me dejaste la cara!”. Y unos minutos después, a una niña que gritó: “¡Papá, no le pegues a mi mamá!”. Por último, el fiscal ordenó que se tomara una declaración a Fernando Flores Espinoza en calidad de testigo en dependencias de la Brigada de Homicidios. Allí, relató que Silvana decidió terminar con su vida.

Extracto de la declaración de Fernando Flores Espinoza (27 de enero de 2019):

“Ella me miró y me dijo: ‘Verdad que estoy sobrando’, y se dirigió nuevamente al living. Yo la seguí para responderle, pero ella iba llegando al balcón, observé que esta se subió al muro perimetral del balcón, se sostuvo del barrote superior que está sobre el muro para pasar las piernas hacia el exterior del muro, se giró, luego se soltó de los barrotes, se puso de pie quedando con su rostro mirando hacia el interior del departamento. Yo inmediatamente me dirigí hacia ella, pero había muchos objetos en el piso obstaculizando el camino. Por lo que cuando llegué al balcón esta dio un pequeño salto hacia atrás y se lanzó, no alcanzando siquiera a tocarla, observando que caía desde la altura con los pies hacia abajo”

Además, constató lesiones en el centro del Servicio de Atención Primario (SAPU) Rosita Renard, ya que tenía rasguños en su brazo derecho y un mordisco en uno de sus muslos. De acuerdo con su declaración, estas lesiones se produjeron a raíz de una discusión por celos. Sobre base a todas estas diligencias, la Brigada de Homicidios no encontró elementos que le hicieran suponer que había participación de terceros en la muerte de Silvana. Es decir, en un principio, su fallecimiento se asoció a un posible suicidio. Este fue un punto de inflexión para la familia y cercanos de la joven, quienes nunca creyeron en esa hipótesis.

Marcía Urdiles, madre de Silvana, fue una de las primeras en enterarse de lo ocurrido. A las 10:17 horas recibió la primera llamada: “‘Tía, la Silvana se lanzó por el balcón”, le informó la pareja de su hija y luego le cortó.

La madre de Silvana repasa los detalles de ese día, ella está sentada en el pasto de Plaza Brasil. La mujer es de estatura baja y lleva una melena de color morado, en recuerdo a la memoria de su hija. Enciende un cigarrillo y da una bocanada. A su lado dejó una pañoleta con una imagen de Silvana y una frase que reza: “No estamos todas, falta Silvana Garrido Urdiles”.

Dice que tras la llamada de Fernando, enseguida fue a comentarle a su esposo, quien se levantó para ir al departamento. “Me quise levantar para ir a la siga de él y no pude, luego entendí por qué me pasó eso. Llegó al lugar, y me informó que efectivamente mi hijita está muerta. Altiro dije que no podía ser y después salieron sus amigas a confirmarlo”, agrega.

–¿Por qué no creyó en la hipótesis del suicidio?

–Porque la Silvana nunca había pensado en quitarse la vida, tenía muchos proyectos. En lo principal, como mamá sé que mi hija nunca se iba a quitar la vida, sobre todo porque ella también era madre. Por eso nosotros sacamos la voz y lo hicimos público–responde Marcía.

La perspectiva de género

El caso de Silvana Garrido Urdiles fue asignado a la Fiscalía de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar de la Región Metropolitana Centro Norte, donde quedó en manos de la fiscala Paula Rojas, quien al revisar las fotografías del departamento le llamó la atención el desorden, la ropa esparcida en el suelo, los mechones de pelo, las huellas en los barrotes desde el exterior, entre otros elementos que no coincidían con alguien que quiso acabar con su vida.

–Me reuní con el equipo que trabajó en el sitio del suceso para indicarle que a mi juicio faltaban cosas por hacer y que no se hicieron, y que ya no se podían hacer–, confirma la Rojas en una entrevista.

La persecutora cuenta con su propia oficina en el tercer piso de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Allí recibió a Marcía Urdiles el 21 de febrero de 2019 para entrevistarla. Sentadas, una frente a la otra en el escritorio, conversaron por primera vez. La madre de Silvana le relató que su hija y Fernando fueron compañeros de trabajo en el restaurante Applebee’s de la comuna de Las Condes en el año 2013, y que a los meses después se enteró que estaban pololeando. Luego, de acuerdo con su declaración, el 2014 ellos se fueron a vivir juntos a un departamento que les arrendó el papá de Fernando. Dos años después, la joven quedó embarazada. Allí también, Marcía le comentó a la fiscala, una información que hasta esos días ella también ignoraba: en el velorio las amigas de Silvana le revelaron la violencia que su hija había vivido durante los seis años de relación.

“Ahí me contaron muchas cosas que no sabía, me enteré de la violencia que ella sufrió, que seguramente esas veces en que no me fue a ver y que solo me llamaba era para que yo no viera sus moretones en la cara”.

Y le recalcó a Rojas que no creía en la hipótesis del suicidio, ya que Silvana había concretado un plan para dejar a Fernando y llevarse a su hija, y que a más tardar se iría del departamento el lunes 28 de enero. “Entre el 21 y el 22 de enero del 2019, Silvana por primera vez me contó de sus planes y que quería separarse. Me dijo que estaba cansada de la vida que llevaba con Fernando y que necesitaba mi apoyo”, contó ante la mirada atenta de la persecutora.

También agregó que tras esta noticia aconsejó a su hija a que buscaran un departamento que estuviera cerca de ella para estar más juntas, y Silvana estuvo de acuerdo.

Estos antecedentes le llamaron la atención a la fiscala, ya que es una característica de la violencia intrafamiliar que los padres y los hermanos sean los últimos en enterarse de la situación en la que se encuentra la víctima. Al tomarlo y conectarlo con el plan de huida, más sentido le hizo el abuso que Fernando ejerció en la vida de Silvana. “Es de toda lógica que algo raro está pasando cuando una mujer quiere salir de esta relación tóxica. Estaba buscando un departamento, se había teñido el pelo, se había hecho las uñas. Una sabe que cuando una mujer está en un plan de huida, o incluso de conquista o planes que se vienen en el futuro, las mujeres solemos arreglarnos y exteriorizar esa alegría que llevamos por dentro”, explica Rojas.

Y al considerar lo relatado por la madre de Silvana y unir la información con las imágenes de la autopsia de Silvana y del departamento, se abrió una nueva arista de investigación.

“Si a mí la madre me dice: ‘Mi hija lo dejaba al día siguiente a más tardar’, y yo en las fotografías veo ropa tirada en el piso y bolsos, pienso que lo más probable es que ella haya hecho su bolso y él se los haya desarmado en una conducta celópata, porque se le está yendo de sus manos la situación con su pareja”, comenta la fiscala.

De este modo, dejó a un lado la hipótesis del suicidio de la Brigada de Homicidios y comenzó a investigar un femicidio.

Para poder demostrar que Fernando terminó con la vida de Silvana, Rojas dividió la investigación en tres partes: uno, analizar las circunstancias previas del hecho, que fue el continuum de violencia que sufrió la joven en la relación y que tenía un plan de huida; dos, analizar las circunstancias coetáneas del hecho, que fue el desorden en el departamento y lo llamativamente ordenado que estaba el balcón, las huellas en los barrotes, y algunas lesiones en el cuerpo de Silvana que no eran concordantes con la caída y tres, que fue analizar las circunstancias posteriores del hecho, como el comportamiento de Fernando tras la muerte de la joven. No asistió al velorio ni al funeral, luego se fue de vacaciones y no visitó jamás a su hija, quien quedó al cuidado de sus abuelos maternos.

Además, la fiscala usó la lógica y la experticia que le ha brindado su carrera como persecutora criminal. A eso se sumo a la investigación las abogadas querellantes de la causa: Francisca Millán, del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, y Paloma Galaz. De este modo, las tres aplicaron la perspectiva de género en la investigación para realizar diligencias que evidenciaran que en la muerte de Silvana sí hubo participación de terceros. Ese fue un avance fundamental la formalización de Fernando por el delito de femicidio el 10 de agosto de 2021, después de dos años del hecho. El hombre quedó en prisión preventiva ocho días después por instrucción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto dio altas esperanzas a la familia y cercanos de la joven, quienes siempre estuvieron presentes en el caso.

–La fiscala Paula Rojas ha dotado de perspectiva de género la investigación y ha trabajado reconociendo los errores en una instancia principal de la investigación, a fin de corregirlos para que cuando lleguemos a una instancia de juicio oral, tengamos las pruebas suficientes para lograr acreditar el femicidio y que el tribunal descarte la tesis del suicidio por parte de la defensa–dice Paloma Galaz.

En este camino para acreditar el femicidio, utilizaron como herramienta el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, de ONU Mujeres y las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en 2014. Este documento ofrece orientaciones y líneas de actuación “para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Además, está hecho para que lo utilicen voluntariamente países de América Latina y el Caribe, los cuales algunos de ellos participaron en los procesos de consulta y revisión. Por parte de Chile, estuvieron los representantes de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia Intrafamiliar (ambas pertenecientes a la Fiscalía Nacional), la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, entre otros.

En el ítem de Objetivos del Modelo de Protocolo, un elemento fundamental es que busca “promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres”. Incluso, en el capítulo III se señala que el Ministerio Público y las policías deben realizar las investigaciones por presuntos femicidios con perspectiva de género, ya que se permite alcanzar dos objetivos: “a) analizar las conexiones que existen entre la violencia contra la mujer y la violación a otros derechos humanos y b) plantear hipótesis del caso, basadas en los hallazgos preliminares, que identifiquen la discriminación, el odio por la condición de ser mujer, o a las ‘razones de género’ como los posibles móviles”.

Otro elemento fundamental del documento es que en el ítem de “Los casos de aplicación del Modelo de Protocolo” se aconseja aplicar sus directrices “frente a todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un femicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad”. Como en los casos de suicidios de mujeres, ya que “son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental” o “pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio”.

Por otro lado, el Modelo de Protocolo resalta las obligaciones internacionales que tienen los Estados frente a la violencia de género, como el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –conocido como la CEDAW (1979)– y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocido como la Convención de Belém do Pará (1994)–. Ambos ratificados por Chile, siendo el más utilizado por nuestras instituciones el Belém do Pará, ya que involucra al sistema judicial en el combate de la violencia contra las mujeres. Destacándose el artículo 7, inciso b, que indica que los Estados deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

De esta manera, el Modelo de Protocolo y ambos tratados internacionales fueron fundamentales para la investigación, en que la fiscala y las querellantes los tuvieron en cuenta para realizar las diligencias. Sin embargo, la Brigada de Homicidios no consideró estas directrices al llegar esa mañana al departamento, dando por hecho en una primer momento que se trató de un suicidio. Esta es una falla repetitiva de las instituciones al no aplicar la perspectiva de género ante las muertes violentas de mujeres. Sobre esto, el comisario Sebastián Vergara argumentó en su declaración, en el juicio oral del caso de Silvana: “Al año siguiente de la ocurrencia de estos hechos (2020) se generaron protocolos de trabajo con relación al femicidio”.

El femicidio: Un ejercicio de poder

“La Silvana fue mi primer amor”, dice Marcía y esboza una sonrisa. Sentada en el pasto mientras toca la pañoleta con la imagen de su hija, agrega que “el primer hijo para una madre siempre va a ser especial”. El 11 de agosto de 1993 nació su primogénita Silvana Marisol Garrido Urdiles y tres años después le siguió el nacimiento de su segunda hija, Brenda Garrido Urdiles, el 20 de agosto de 1996. “Cuando llegó Brenda, la Silvi iba a verla a la clínica todos los días y le llevaba un regalo. Ella lo único que le pedía era que no naciera para su cumpleaños, porque se lo iba a echar a perder. Y la Brenda fue tan obediente desde un comienzo con su hermana que le hizo caso”, recuerda la mujer.

Desde muy joven, Silvana tuvo un marcado interés por los tatuajes y, cada cierto tiempo, aparecía con un nuevo diseño en alguna parte de su cuerpo. Incluso, varias veces fue un lienzo para sus amigos tatuadores en eventos nacionales. Eso la llevó a desarrollar una afición por el modelaje, por lo que realizó varias sesiones fotográficas y fue parte de un portal de tatuajes. En paralelo, encontró su vocación en el maquillaje. Entró a estudiar Cosmetología en el Instituto John Kennedy. Luego trabajó como maquilladora para la marca Inglot en el Mall Arauco Maipú durante el 2018. Pero el cambio más importante en la vida de la joven fue el nacimiento de su primogénita en el 2015. Sus cercanos dicen que se refería a ella como “su único amor”.

Semanas antes de su muerte, Silvana buscó arriendos de departamentos para irse a vivir con su hija, anotó varias cotizaciones en una libreta. Esta decisión se la comentó a su círculo cercano. Días antes de su muerte realizó cambios en su apariencia, una amiga manicurista le hizo las uñas y otra amiga estilista le tiñó su cabello a color morado. Silvana –quien se describía como una mujer con “un metro y medio de choreza”– estaba lista para irse del departamento.

“Para la mayoría de las personas que no son feministas o no trabajan en el problema de la violencia hacia las mujeres, les cuesta mucho comprender que el femicidio es un ejercicio de poder”, dice Lorena Astudillo, una de las voceras de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. La abogada, quien se encuentra sentada en el patio de la organización, explica que por no entender esa definición el Ministerio Público no ha tipificado algunos femicidios como tal. “Esto sigue siendo un déficit que tanto los fiscales, como el Servicio Nacional de la Mujer comprendan esto”.

Además, recalca que una justicia con perspectiva de género implica que todos los agentes anteriores y posteriores debieran tener perspectiva de género y que en todas las profesiones se tiene que enseñar : “La institucionalidad no está a la altura”, confirma. Es decir, institucionalmente no se puede obligar a los agentes a aplicar la perspectiva de género, a menos de que exista una legislación que vaya en esa línea. Una posibilidad que se ve lejana para la mujer, ya que señala que en nuestro país “existen tratados internacionales que hoy día son completamente ignorados”.

Las fallas que se repiten

La cámara del computador se encuentra encendida y en la pantalla se logra ver a un hombre que se está acomodando el abrigo. En la entrevista, Javier Ahumada, abogado querellante en el femicidio de Yanira Díaz, asegura que si no es por la hermana de la víctima, María Lidia Diaz el caso hubiera quedado sepultado hace tres años bajo el rótulo de suicidio.

–Sin María, esta trayectoria no la hubiésemos conocido. Este cúmulo de fantásticos y formidables errores que se cometieron habrían pasado inadvertidos–dice el abogado.

Estos errores comenzaron en la madrugada del 28 de noviembre de 2020 en la comuna de Puerto Montt. Ese día, Yanira Díaz (25) se dirigió al domicilio de Claudio Ballesteros (32), con quien mantenía una relación desde hace un año. No vivían bajo el mismo techo. Una vez allí, el hombre golpeó a la joven, causándole lesiones y heridas cortantes. Tras la agresión, ambos se dirigieron a la casa de ella y ahí la volvió a golpear. El ataque que culminó cuando la estranguló con un elemento desconocido hasta causarle la muerte.

Luego, trasladó el cuerpo hasta la cocina y lo dejó sobre una estufa a leña, donde le amarró una prenda de vestir alrededor de su cuello para hacer creer que su muerte se debió a un suicidio. Al terminar de camuflar el crimen, Claudio comenzó a pedir ayuda a los vecinos porque “alguien se mató”. Fue la vecina que vivía arriba de Yanira quien llamó a Carabineros.

Los primeros funcionarios que llegaron al lugar fueron Pablo Salazar y Pedro Montecinos, ambos de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, a quienes se les solicitó concurrir al domicilio para verificar un procedimiento sobre una persona fallecida. Afuera encontraron a Claudio, quien les dijo que su pareja se había ahorcado al interior de la casa y que cortó el vínculo para intentar reanimarla. Con esta información, los dos carabineros entraron a la vivienda para revisar a Yanira, y al tomarle el pulso comprobaron que estaba sin signos vitales.

Ante tal hallazgo, inspeccionaron detenidamente la posición y el estado del cuerpo de la joven. De acuerdo con la sentencia del caso, Salazar describió que “su rostro estaba un poco hinchado y que su pelo estaba mojado, al parecer tenía sangre o fluidos que había botado, y sus manos tenían manchas de sangre”. Esas mismas manchas las encontraron en el piso y en el baño del domicilio. Con estas observaciones, Montecinos llamó a la fiscal de turno, quien dio las primeras ordenes: cerrar el lugar y tomarle una declaración a Claudio –en calidad de testigo– y a la vecina que vivía arriba.

Para Javier Ahumada, hasta este punto, el trabajo estuvo bien hecho, ya que considera que los dos funcionarios realizaron una labor esperada. “Carabineros hizo un trabajo estándar y con eso fue suficiente. O sea, cuando uno ofrece el trabajo mínimo estándar tiende a ser suficiente, porque por eso es el estándar mínimo, ya que a partir de ahí opera. Entonces, con ellos no tengo reproche alguno”, comenta el abogado.

Desde ese momento en adelante los errores fueron evidentes. Tras las observaciones entregadas por ambos carabineros, la fiscala ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para investigar, ya que se estaría en presencia de un suicidio, pero habría manchas de sangre. De este modo, el equipo especializado llegó durante la mañana a cargo de la subcomisario Daniela Acuña, quien con el inspector Elvis Domínguez revisaron el interior de la vivienda.

Allí notaron el desorden generalizado y manchas color rojizas en la pieza de Yanira, en su celular y en el baño. A pesar de todo lo observado, que daba cuenta de que se ejerció una violencia previa contra la joven, tomaron la decisión de que no era necesario solicitar la presencia de peritos y no recogieron evidencias.

De acuerdo con la sentencia, al examinar el cuerpo de Yanira que estaba sobre la estufa a leña, Acuña relató que notaron la presencia de manchas color rojizas en su rostro, en sus manos y ropa. Y cuando vieron la prenda de vestir en su cuello “determinaron que se estaba en presencia de un suicidio”. Hipótesis que reafirmaron al ver las vigas en el techo, donde visualizaron que una de ellas no tenía polvo y que su ubicación coincidía con la posición del cuerpo de la joven. Además, la subcomisario pasó por alto un antecedente clave en la declaración de Claudio Ballesteros, quien reconoció que agredió a Yanira “al menos en una oportunidad”.

–La Policía de Investigaciones hizo una mierda de trabajo, una mierda de laburo–, dice Ahumada al recordar el trabajo que realizó dicha institución.

En el año 2012, el Ministerio Público dispuso el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile, que detalla exhaustivamente lo que debe hacer personal de fiscalía, policías, peritos, forenses y otros expertos a la hora de enfrentarse a un posible femicidio, y cómo desarrollar adecuadamente la investigación. Sin embargo, no es obligatorio tomarlo en cuenta, no menciona la perspectiva de género y se basa en la legislación antigua del femicidio (Ley 20.480). Pese a lo anterior, es el primer instrumento que aborda la investigación de este delito, entregando directrices básicas que no fueron consideradas en las muertes de Yanira Díaz y Silvana Garrido. Siendo una de ellas la importancia del rápido actual policial presente en el capítulo 2, inciso 2.1 Noticia Criminis: “La rápida actuación policial en orden a la investigación del lugar del hecho o escena del crimen, el levantamiento del cadáver, el aseguramiento de las pruebas que puedan hallarse en el lugar, la recogida de objetos relacionados con la comisión del crimen y de los restos o vestigios biológicos y su posterior análisis, será fundamental para la investigación y la determinación de los culpables (…) Todo ello requerirá que, por parte del investigador, se tenga una preparación adecuada para abordar la situación”.

Por otra parte, en el capítulo 3, inciso 3.4 Recogida y análisis de vestigios, se explica cómo deber ser la intervención de la policía en el sitio del suceso, donde tienen que considerar vestigios biológicos como sangre, semen y fluidos vaginales, pelos, uñas, piel, huellas, entre otros.

“La intervención de la policía ha de ser minuciosa, cautelosa (para no contaminar el lugar de los hechos), meticulosa y tranquila para que todo aquello que pueda aportar pistas sobre la comisión del hecho y del autor sea debidamente constatado; es fundamental que se recojan todas y cada uno de los objetos que puedan tener relación con el hecho y cualquier vestigio que puedan aportar información a la investigación”.

Cuando la Brigada de Homicidios terminó sus labores en el domicilio de Yanira, el cuerpo fue llevado hasta el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde el médico legista Luis Ojeda realizó la autopsia sobre la base del protocolo que la institución adecuó en pandemia, que consistía en hacer “una autopsia abreviada o focalizada, esto es, que se examinaba sólo el foco o lesión principal”. Asimismo, se consideraron los antecedentes enviados por la policía que indicaban que la joven habría atentado contra su vida. Junto con los hallazgos en el cuerpo, el médico concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento compatible con un suicidio, y que las múltiples lesiones que presentó eran atribuibles a terceras personas. Luego, se entregó a la joven a su familia para su respectivo velorio y funeral.

Sin embargo, la hipótesis del suicidio nunca fue creíble para los cercanos de Yanira, mucho menos para su hermana María Lidia Díaz, quien descartó inmediatamente esa conclusión al verla en el velorio.

Extracto de la declaración de María Lidia Díaz (26 de febrero de 2021):

“Pude ver a mi hermana, al ver su cara de inmediato me di cuenta que Yanira no se había quitado la vida (…) se le veía muy golpeada a pesar de todo el maquillaje que tenía, no me convencía que Yanira se hubiese quitado la vida, puedo dar fe que Yanira era una joven muy alegre, con muchos proyectos por delante, que quería por sobre todo a su hijo, no lo hubiese dejado solo, todo eso me hacía pensar que algo le había pasado”

Una mirada integral al cambio

Solo en el año 2022, al Ministerio Público ingresaron 1.359.885 casos de violencia de género. De ese total, 185.922 quedaron en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el lugar con más casos a nivel nacional. Al mismo tiempo, recibió la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar: 23.470.

Patricia Varas, fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF de la Metropolitana Centro Norte, habla sobre esta última cifra: “Es una brutalidad, de repente sé que como fiscalía cometemos errores, pero nadie dimensiona la cantidad de trabajo que de verdad existe (…) Evidentemente una no puede investigar, porque no da”, relata.

Ante este escenario que se venía repitiendo de años anteriores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Varas relata que en el 2018 el fiscal regional, Xavier Armendáriz, le solicitó al fiscal nacional de ese tiempo, Jorge Abbot, que se autorizara la creación de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF. Esta se formó en octubre de ese mismo año y fue la primera de su tipo a nivel nacional. “Me propusieron ser fiscal jefa, pero sin tener conocimientos en ese momento en temas de género. Hice un diplomado en género y derechos humanos que me ha ayudado mucho y también la lectura autodidacta respecto a estos temas”, comenta la fiscal.

A fines del año 2021, en la Fiscalía Metropolitana Oriente se creó la Fiscalía de Género sumándose a la ya existente en la Centro Norte.

En una sala de reuniones iluminada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la asistente de Marjorie Carrillo, fiscal adjunta de la Fiscalía de Género, ingresa con una jarra de agua que deja frente a la mujer. Ella llena su vaso y bebe un sorbo, mientras comenta que el propósito de aquella fiscalía es rescatar a las víctimas y brindarles un trato especial. Esto lo afirma porque antes de la creación de esta entidad, las investigaciones no lograban avanzar o llegar a buen término. “Antes las causas se archivaban y nosotros dijimos ‘no’. Hay que investigar con perspectiva de género. Hay que entender que las mujeres no están libres de tomar su decisión, no tienen conciencia del riesgo que corren”, relata.

Además, la fiscala confirma que fue necesaria su creación porque son delitos muy demandantes, entonces había que cumplir un cierto perfil para verlos.

Pero el primer acercamiento a la violencia de género en el Ministerio Público fue a finales del año 2017, con la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales a manos del consejo de fiscales, a fin de que las investigaciones se ejecuten bajo la perspectiva de Derechos Humanos y de género. Pero con la llegada del fiscal nacional Ángel Valencia la unidad se dividió en tres, una de ellas fue la Unidad Especializada en Género (UGEN), la cual cumple dos roles: dar asesoramiento durante la persecución penal y brindar apoyo a la gestión interna para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito institucional. En ese sentido, la UGEN puede asesorar, apoyar y colaborar en la investigación de los delitos de violencia de género contra las mujeres. Y actualmente, la Fiscalía Nacional cuenta con 98 fiscales especializados en esa área a nivel nacional.

En diciembre de 2021, la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales creó la Guía de primeras actuaciones ante casos de femicidio consumado y en ese mismo período el Ministerio Público emitió el Oficio FN Nº 1032/2021: Instrucción general que imparte criterios de actuación en delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

Ambos documentos tomaron como base el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y cuentan con un punto fundamental en común sobre la labor en el sitio del suceso: “En toda muerte violenta de mujeres debe considerarse como hipótesis inicial la ocurrencia de un femicidio, aunque en un principio pueda parecer un homicidio simple, un suicidio o un accidente. Ello, para incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos”. Sin embargo, no es obligatorio considerarlos para las investigaciones.

En las instalaciones de la Fiscalía Nacional, dentro de una sala de reuniones, hay una mesa rectangular que destaca. En una de las esquinas se encuentra ubicado Roberto Rodríguez, trabajador social de la UGEN. Con su libreta en mano, repasa sus apuntes y tras unos momentos levanta la mirada y declara que la elaboración del oficio fue resultado de la participación activa de fiscales y organizaciones de la sociedad civil, quienes llevaron a cabo rondas de conversación con el fin de captar las necesidades, los intereses y las críticas, para posteriormente incorporarlas al documento.

También destaca que la UGEN puede capacitar a las demás instituciones que cooperan en las investigaciones criminales, como Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Esto para que vayan acordes a los fiscales especializados en estas materias y evitar cometer fallas. Sin embargo, tanto para los fiscales, como para el resto de las instituciones las capacitaciones, las guías, los manuales y las instrucciones generales no son obligatorias.

–Tenemos un fuerte componente de capacitación y sensibilización para nuestro equipo, pero también trabajamos con organismos externos, aunque en menor intensidad. Nuestra preferencia son los fiscales, las fiscalas y los equipos. Hemos trabajado con las policías, pero somos un equipo pequeño. Sin embargo, tratamos de multiplicarnos a través de otras acciones– comenta Rodríguez.

La Fiscalía Nacional publicó en septiembre el Manual para la Investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio), un documento más actualizado que recomienda incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, reemplazando así el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile del 2012.

La primea línea: Carabineros y PDI

Dos días después del funeral de Yanira Díaz, su hermana María fue a revisar el domicilio de la joven para tratar de entender lo que sucedió. En el lugar también le llamó la atención el desorden y las manchas de sangre en las paredes del baño, por lo que se sentó en el sillón a fin de asimilar lo que vio. En eso, notó algo extraño que estaba debajo de un mueble, y al meter la mano sacó un gorro de lana que tenía en su interior dos armas. Tras esto, fue con su papá al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar cuenta del hallazgo a la subcomisario Daniela Acuña –quien estaba a cargo de la investigación–. La mujer derivó a María a otro departamento, ya que era un tema diferente a la muerte de Yanira. De modo que se acercó a la funcionaria María José Olavarría, quien le recibió la denuncia de las armas y le dijo que fuera al domicilio de su hermana, ya que ella llegaría con un equipo en unos minutos.

De esta manera, la Brigada de Homicidios inspeccionó nuevamente el lugar, pero está vez levantaron las dos armas, se llevaron el celular de Yanira. Fotografiaron la vivienda y el baño por la presencia de sangre en las paredes. También la funcionaria Olavarría revisó el teléfono de la joven y se dio cuenta de que había un contacto con el nombre “amorcito”, cuya fotografía coincidía con Claudio Ballesteros, además había audios de él que reclamaba que le devolviera sus pistolas. Y con estos nuevos antecedentes se exhumó el cuerpo de Yanira nueve días después de su muerte, a fin de realizar otra autopsia. Asimismo, la investigación pasó a manos de otra fiscal y a Labocar de Carabineros para investigar, tras estos hallazgos, un presunto femicidio.

–Después de que se dieron cuenta de que habían cometido un error fantástico, cuando se dan cuenta de que el error es tan grosero y que podrían correr cabezas ¡Zas! Listo, cambien de jugadores. Entra la fiscal Nathalie Yonsson y sale la anterior. Yo creo que todo el mundo olió el desastre que podría haber quedado y que puede quedar todavía–afirma Javier Ahumada.

Para abordar adecuadamente los femicidios, la PDI creó el 4 de noviembre de 2021 el Procedimiento de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Femicidio, que debe ser usado por todos los funcionarios en las investigaciones que sean por dicho delito. Y desde el 15 de septiembre de 2011 existe el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Homicidio y el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Parricidio, que pueden utilizarse para las indagaciones de muertes violentas de mujeres que estén dentro de estos últimos dos delitos.

Respecto a la aplicación de la perspectiva de, la jefa nacional de Delitos Contra las Personas, prefecta inspectora Maricela Gárate, recalca que debe ser considerada por parte de los funcionarios que investigan delitos de homicidios: “Se deben comprender los factores de riesgo y los patrones subyacentes que rodean a los femicidios (…) La perspectiva de género permite analizar y comprender la violencia contra las mujeres como un problema estructural y social, en lugar de tratar los casos como incidentes aislados”.

Otro acercamiento que ha tenido la PDI con esta herramienta es a través de sus Jefaturas Nacionales. Las cuales, de acuerdo con la prefecta inspectora, están a cargo de gestionar actividades académicas enmarcadas en los pilares I y II del Plan Estratégico 2023-2028 de la institución. El primer pilar se relaciona con la “Ética, Probidad, Derechos Humanos y Enfoque de Género”, y el segundo pilar con “Fortalecer permanentemente a nuestro Capital Humano con Enfoque de Género”. “Nuestros Pilares Estratégicos guardan relación con el fortalecimiento del capital humano, contribuyendo al relacionamiento profesional del personal institucional, para compartir conocimientos y experiencia adquirida gracias al trabajo intersectorial, las buenas prácticas, el perfeccionamiento y capacitación continua”, explica Gárate.

Además, destaca que la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina autoriza y gestiona capacitaciones en Violencia de Género. “Son dirigidas al personal institucional mediante diversos procesos de postulación voluntario. Instancias que consideran a las Brigadas Especializadas y a las Brigadas de Investigación Criminal a nivel nacional”, explica. De esta manera, al igual que las capacitaciones que realiza la Fiscalía Nacional, no son obligatorias para los funcionarios.

En la sala de reuniones del Departamento de Protección a Familias y Grupos Vulnerables de Carabineros, se encuentra la Coronel Virginia Ruiz, jefa del departamento, y a su lado Verónica Ortega, asesora y asistente social de la misma unidad. Ambas están inmersas en una conversación, tras ser consultadas por la Circular Nº 1774 llamada Violencia Intrafamiliar, Femicidio, Protocolo de Femicidio y parte tipo Violencia Intrafamiliar que se creó el 28 de enero de 2015 –y que fue recibida mediante Solicitud de Transparencia–. Ortega explica que es una circular interna de la institución que establece los protocolos que deben seguirse ante casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el documento considera la antigua legislación del femicidio (Ley 20.480) y no nombra la perspectiva de género.

–No se hace mención a la violencia contra la mujer, ya que en ese momento no se consideraban elementos claves como el acuerdo de Belém Do Pará o la CEDAW. Tampoco se había activado el Circuito Intersectorial de Femicidios que surge posteriormente, porque estas circulares responden a las realidades contextuales de los países. Y, en función de ello, se van realizando mejoras o perfeccionamientos en las acciones, en este caso, de la policía–comenta la asesora.

Tanto la Coronel Ruiz, como Ortega coinciden en que dicha circular no se ajusta a la realidad actual al no incorporar la Ley 21.212 (Ley Gabriela), pero reconocen que sirve como punto de partida para abordar este tipo de casos. En ese sentido, la asistente social afirma que al día de hoy Carabineros cuenta con todo lo relacionado con el abordaje diferenciado y oportuno de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. “Por eso hemos incorporado la Violencia Contra la Mujer (VCM) de manera transversal a nivel institucional, así como también la perspectiva de género para un abordaje más diferenciado”, confirma. Además, ambas funcionarias recalcan que desde hace dos años se ha estado capacitando al personal en VCM.

–Llevamos aproximadamente dos años certificando al personal que trabaja tanto en las salas de familia, como en la Oficina de Violencia Intrafamiliar. Este programa de capacitación se lleva a cabo una vez al año y tiene una duración de 40 horas–explica Ortega.

En cuanto a la actuación ante los casos de muertes violentas de mujeres, la asistente comenta que la institución recibe más del 98% de los procedimientos policiales debido a su amplia cobertura en el país, en comparación de la PDI. “Carabineros es quien inicia y activa el protocolo de femicidio. Se completa una ficha que luego se informa de inmediato, lo que desencadena toda la red de apoyo involucrando a otros organismos”, dice Ruiz.

En relación al procedimiento llevado a cabo en el sitio del suceso, la coronel puntualiza que la institución se limita a realizar las acciones correspondientes a su competencia, mientras que la investigación propiamente tal es responsabilidad de la PDI. “La investigación de los delitos es llevada a cabo por la PDI, ya que Carabineros, al ser los primeros en llegar al lugar, deben asegurar la escena del crimen, verificar la presencia de posibles víctimas colaterales como los hijos de las víctimas. Por lo tanto, es necesario sacarlos del lugar, activar el protocolo y, a partir de ese momento, los organismos gubernamentales comienzan a trabajar de inmediato para brindarles apoyo. Además, esto depende del fiscal al que se le derive la investigación, aunque generalmente estos casos son remitidos a la PDI”, relata.

Además, Ruiz afirma que la institución no tiene la capacidad investigativa y que los funcionarios que están en “la población” no están para investigar. Y si es que el fiscal le deriva a Carabineros la investigación de un presunto femicidio, es al OS-9 o Labocar.

El Departamento Investigación de Organizaciones Criminales del OS-9 emitió el Protocolo de Actuación Delitos de Homicidio y Femicidio –recibido mediante Solicitud de Transparencia– que entrega actuaciones generales para abordar dichos delitos en el sitio del suceso, mientras se espera a que llegue el equipo especializado. De todas sus recomendaciones, se destaca la de “resguardar el Sitio del Suceso (…) dejando constancia de las personas que se encontraban” y la de “identificar, fijar y levantar toda la evidencia física útil que tenga relación con el hecho investigado, preservándola, resguardándola conforme a formulario de cadena de custodia”. Siendo actuaciones básicas, pero primordiales a fin de evitar cometer fallas en una primera instancia ante un posible femicidio.

Las fallas del proceso forense

El cuerpo de Silvana Garrido Urdiles llegó al Servicio Médico Legal (SML) a las horas después de ocurrido el hecho. Allí, el médico tanatólogo Germán Tapia realizó la autopsia de rigor. Al terminar, colocó los hallazgos y sus conclusiones en un informe emitido el 26 de febrero de 2019, en el que se determinó que “no se encuentran lesiones de naturaleza distinta a la contusa en la superficie corporal”.

Y respecto a la participación de terceros: “No se reconocen lesiones de naturaleza distintas a las provocadas por mecanismo de liberación de alta energía secundaria a una precipitación”.

Estas conclusiones no fueron creíbles para la fiscala Paula Rojas, ya que al ver las fotografías de la autopsia notó una lesión a la altura de las mamas que presentía que no se realizó por la precipitación. De modo que solicitó una ampliación del informe para verificar qué compatibilidad pueden tener las lesiones con la caída. Asimismo, la persecutora dio cuenta de una falla en el procedimiento realizado: no se recabaron muestras de contenido vaginal y anal de la joven; algo fundamental para Rojas, ya que Fernando Flores declaró que mantuvo relaciones sexuales con Silvana horas antes de su muerte.

Otra falla que estableció la fiscala fue que no se tomaron muestras de debajo de las uñas de Silvana, a lo que Tapia indicó que “al examen externo del cuerpo de la víctima se realizó de forma completa y exhaustiva no encontrándose restos orgánicos, ni de otra naturaleza de debajo de las uñas de ambas manos. Por lo cual no se realizó raspado de las mismas”.

Por último, Rojas determinó como otra falla la no ejecución de un examen al cuero cabelludo de la joven “para ver si había lugares de donde se hubiese sacado pelo, ya que era compatible con el que encontraron en el sitio del suceso”. En esa línea, afirma que estos errores se pudieron evitar si es que el fiscal de flagrancia hubiese dado las respectivas instrucciones a la hora de realizar la autopsia. “Si el fiscal de flagrancia instruye que se hagan determinados peritajes, el SML los hace”, recalca la funcionaria, y agrega que luego comprendió que todo esto al día de hoy son, en definitiva, diligencias que no se hacen o no se hacían porque no existía un protocolo que así lo obligara.

Las fallas también ocurrieron con Yanira Díaz a manos del médico legista Luis Ojeda, quien le realizó una autopsia abreviada bajo el antecedente remitido que indicaba que “habría sido encontrada suspendida en una viga”. De este modo, solo se enfocó en la lesión principal que estaba en cuello de la joven y dio cuenta de que el vínculo con el que supuestamente se había ahorcado estaba intacto, o sea, Claudio Ballesteros nunca lo cortó como lo señaló en un primer momento.

–Entiendo que el SML haya aplicado mal el protocolo, porque fueron inducidos al error. Pero no entiendo que no fueron capaces de interpretar la huella en el cuello de Yanira de la manera que naturalmente cualquier persona haya podido interpretarlo–expresa Javier Ahumada.

Tras el cambio de fiscal y de policía en el caso, el cuerpo de Yanira fue exhumado nueve días después del hecho y se le realizó una segunda autopsia a manos del médico legista Rodrigo Águila, quien comprobó la existencia de infiltraciones sanguíneas en el cuello –no observadas en la primera autopsia– que hacen compatible la muerte de la joven con asfixia por estrangulación con signos de sofocación, atribuible a terceras personas.

Estas fallas en las autopsias de Silvana Garrido y Yanira Díaz buscan ser combatidas por el SML. Actualmente, la institución cuenta con un Encargado Nacional de Género, quien es Marco Mosso, un cargo que surgió en el 2001 por mandato de la Administración Central del Estado a través del –llamado actualmente– Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En esa instancia se determinó que se implementaran planes y políticas de género, de modo que el encargado aborda temas relacionados a ese ámbito, pero no exclusivamente. “Se espera que prontamente exista una reestructuración, en la cual este cargo ya tenga una cierta dedicación más exclusiva a todos los temas propios de género”, señala Mosso.

El funcionario explica que las capacitaciones sobre violencia de género e intrafamiliar desde hace mucho tiempo se vienen ejecutando al interior del servicio. Y detalla que en 2017 surgen las de femicidio: “Con la incorporación formal de nuestra institución al Circuito Intersectorial de Femicidios. En el cual, se capacita con respecto al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y de ahí todos los años se ha seguido haciendo”, comenta.

Las capacitaciones comenzaron a generarse en el Instituto Carlos Ybar, lugar que cuenta con el Área de Extensión, Docencia e Investigación en Materias de Médicos Legales y de Ciencias Forenses del SML. En la actualidad, las instancias formativas pueden venir del Encargado Nacional de Género y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Además, se realizan anualmente con cierta periodicidad, pero no existe obligatoriedad formativa con respecto al desarrollo de estos cursos.

El 20 de abril de 2021 el SML elaboró el Protocolo Pericial Tanatológico en Casos de Sospecha de Femicidio: Aplicación del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. El que debe ser aplicado a nivel nacional y establece un criterio mínimo de exploración en el cuerpo de la víctima. En esa línea, en el inciso I. Fundamentos, señala que tiene que realizarse en casos de “muerte violenta de mujeres en las que el Ministerio Público sospeche (o no pueda descartar) participación de terceros en contexto de violencia género”. Es decir, para que el SML aplique este protocolo, la instrucción debe venir del fiscal a cargo de la investigación.

La justicia

Mientras mira a la gente pasar por la Plaza Brasil, Marcía Urdiles relata su proceso tras la muerte de Silvana. “Estuve muy mal, pero después de seis meses me dije: ‘Esto es lo que tengo: una parte de mi vida se fue con mi hija y la otra quedó con la bendición –haciendo referencia a su nieta–. ¿Qué hago para mantenerme en pie? ¿Para qué sirvo ahora?’. Mil preguntas me hice”. En eso hace una pausa y recuerda cuando Silvana le confesó su preocupación con la desaparición de Fernanda Maciel. “Ella no pensó en la Fernanda, sino que pensó en su mamá y me comentó: ‘Pobre madre, cómo debe de estar. Ay mamá, si a mí me pasa algo así me imagino cómo sufrirás tú’. En ese momento no le hice sentido a ese comentario, pero cuando me pasó entendí que mi misión es ir en apoyo de las mamás para contenerlas y ayudarlas”, relata la mujer.

Es así como en su camino por la búsqueda de justicia conoció a otras madres y padres que se encontraban en su misma situación: sus hijas también fueron víctimas de la violencia de género. De este modo, formaron una agrupación llamada “Hermanas y hermanos en el dolor” para contenerse y ayudarse ante cualquier duda sobre el acceso al sistema judicial, sobre la base de sus propias experiencias con las investigaciones de sus hijas. Marcía comenta que cuentan con 31 casos de mujeres, de los cuales algunos ya tienen condena, otros están en proceso a ello y el resto aún no han tenido un avance. Asimismo, afirma que estos casos representan a todas las víctimas que no son parte de la agrupación porque son “todas importantes”.

Luego de cuatro años, el 18 de abril de 2023 a las afueras del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Marcía Urdiles y su hija Brenda, acompañadas por la manada de Silvana –amigas de la joven– y miembros de Hermanas y hermanos en el dolor, esperaban con parlante y notebook en mano a que se diera inicio a la audiencia de sentencia que se iba a realizar de manera online.

Para sorpresa de todas, en último momento que se podía ingresar a la sala. Ante esto, la abogada querellante Francisca Millán, quien se encontraba en su domicilio, le pidió al magistrado retrasar la instancia un par de minutos para estar presente con la familia de la joven y así cerrar de una manera más humana este doloroso proceso; petición que fue aceptada.

Con la llegada de Millán se dio inicio a la audiencia, en donde se condenó a Fernando Flores Espinoza a presidio perpetuo simple por el delito de femicidio en contra de Silvana Garrido Urdiles. Es así que se logró acreditar que la mañana del 27 de enero de 2019 Fernando agredió a la joven, para luego empujarla contra el balcón y lanzarla. Para esto fueron fundamentales las labores de la perito criminalista Vivian Bustos y el doctor Felipe Asenjo, ya que demostraron que Silvana intentó salvarse sujetándose con sus manos a los barrotes desde el exterior –acción que explica las huellas marcadas–.

En la sentencia, el tribunal hizo referencia a la hipótesis del suicidio que planteó en un primer momento el comisario Sebastián Vergara, en el documento se lee: “El tribunal no comparte la aseveración vertida por el referido funcionario policial, resultando inexplicable su conclusión, resultando evidente que la misma se fundó principalmente en la versión que el acusado les dio el día de los hechos, al relatar que Silvana se había suicidado”.

Además, los jueces consideraron para su veredicto el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Respecto a este último destacaron el artículo 3 (“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”) y el artículo 7 (“obliga al Estado a actuar con la debida diligencia para investigar la violencia contra la mujer”), para reconocer que en un primer momento no fueron debidamente observadas en el caso, pero que “sí lo fue con posterioridad en virtud de la exhaustiva investigación llevada a cabo por el Ministerio Público”.

Y siete meses antes, el 17 de septiembre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Claudio Ballesteros Maldonado a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo por su autoría en el femicidio íntimo contra su pareja Yanira Díaz Vera. Para este resultado muy relevante la labor de la fiscal Nathalie Yonsson y la de los abogados querellantes, Javier Ahumada y Carlos Urzúa, quienes lograron acreditar que la madrugada del 28 de noviembre de 2020 Claudio agredió primeramente en su domicilio a Yanira, para luego culminar el ataque en la vivienda de ella.

Al terminar de relatar su largo camino en búsqueda de justicia, Marcía Urdiles recalca que seguirá trabajando para que su hija no sea una cifra más de femicidio, junto con las otras víctimas que son parte de “Hermanas y hermanos en el dolor”. “La lucha es por todas”, dice Marcía y vuelve a posar su mirada en la pañoleta con la imagen de Silvana.

Por Ailine Jodre y Rodrigo Díaz Raquelich

Comienza una nueva jornada. Son las 06:00 am del 20 de marzo y la única certeza es la incertidumbre. No es primera vez que iré a censar a un sector considerado “complicado” y este, en particular, no lo es tanto para mí, pues frecuentemente lo transito. Sí, es un lugar que tiene sus complejidades, donde la droga ha generado estragos y el Estado pareciera no poder acceder. Aquí, en Villa Las Hortencias, en San Bernardo, como en tantos otros sectores similares de Chile, es más fácil ser un soldado del narco que convertirse en alguien que sale adelante a pesar del contexto adverso.

Es lo que muchos servicios, tanto públicos como privados, catalogan como una zona roja, un barrio crítico, o bien, como se le conoce en la nomenclatura de quienes están a cargo de llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2024, un Área de Levantamiento Focalizado (ALF). Así se definen en la resolución que emitió en febrero el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para establecer las fechas de inicio del trabajo de campo:

Áreas de Levantamiento Focalizado: aquellas que pueden comprender una o más manzanas o áreas de levantamiento donde se prevé o se tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos de violencia, amenazas, ataques armados o incendiarios, robos, asaltos o daño a la propiedad tanto pública como privada, o, en definitiva, circunstancias que pongan en riesgo la integridad física de los y las censistas que deban realizar labores de recolección en dichas áreas.

Hace unas semanas nos tocó censar en una de esas ALF: un conjunto de blocks ubicado en el sector de Padre Hurtado con Pirineos, también en la comuna de San Bernardo. Antes de ir, nos explicaron que, por las complejidades demográficas del lugar, debíamos abordarlo de una manera diferente a como se nos enseñó en la capacitación que nos dio el INE al comienzo del Censo. La primera diferencia es que sería algo así como una misión de choque, con muchos grupos de censistas dispuestos para ir a esos sitios en una sola jornada. La orden fue llamar a la vivienda, y si no sale ningún residente, dejar un papel con una invitación para realizar el Censo en línea de manera autónoma, con un código personal e intransferible, y salir rápido. Lo anterior contrasta con la práctica habitual, en la que se realizan dos visitas y, luego de no obtener respuestas, recién entonces se deja el código para que los habitantes puedan autocensarse en línea.

Eso sí, el cuadrante que abarca Padre Hurtado-Pirineos-Luis Uribe-Las Nieves no estaba categorizada oficialmente como una ALF, pero en la práctica sí lo es. Mis compañeros y yo conocemos el sector, y todos sabemos que en varios departamentos de esa zona trafican distintos tipos de drogas y que, cada cierto tiempo, en esas calles hay peleas entre bandas rivales. De hecho, nos tocó que un día, mientras censábamos, tanto mi grupo como otros que estaban cerca fuimos testigos de un gran operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el que se allanaron unos 40 domicilios, se detuvo a unas 19 personas, se incautaron al menos 15 armas de fuego y se desbarataron bandas dedicadas al tráfico de drogas y de armas, además de estar vinculadas a diversos homicidios cometidos en la capital. Tuvimos que salir rápidamente del lugar y ser trasladados rápidamente en furgones dispuestos por el INE hasta el local censal.

Aunque el INE nos envió por correo un protocolo sobre cómo actuar en caso de situaciones complejas, como accidentes o ser víctima de algún delito, al salir a censar en lugares complicados existe una permanente incertidumbre sobre si uno volverá sano y salvo al hogar.

Casos han ocurrido. En marzo se supo que una censista en Rancagua sintió primero un estruendo y luego un dolor en su pierna: le habían disparado un balín de acero. A otra, en Lautaro, un hombre la obligó a punta de rifle a ingresar a su domicilio, donde luego abusó sexualmente de ella. En Independencia, hace poco asaltaron a uno con golpes de pistola y, como ha ocurrido en varios otros lugares, en Ovalle a otro censista le robaron a la fuerza su celular.

Lo anterior ha hecho que la relación que se forma entre censistas sea positiva y, casi, de amistad. Más allá de si uno busca o no este tipo de vínculos, es inevitable establecer lazos, y esos lazos se han ido expandiendo a censistas de otros lugares gracias a los grupos ad hoc que se crearon en Whatsapp. 

Fue así como conocí a Lucía, quien ha estado censando en el sector donde está la Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Ella comenta que, a pesar de los resguardos que han tomado, se ha visto enfrentada a varias situaciones hostiles o incluso violentas, como ver un lanzazo (definido en el Diccionario de Americanismos como un “robo sorpresivo seguido de una huida veloz), o cuando a una compañera suya un hombre no le quiso contestar la encuesta y la agredió con un “pechazo”. 

Cae la noche

Ahora que cambió la hora, se ha vuelto más complejo censar en las tardes: oscurece más temprano y transitar por estas ALF se vuelve incluso más riesgoso. Lucía cuenta que en La Legua no pueden censar más allá de las 18:00, lo mismo que en el sector donde estoy censando por estos días, y ese criterio para este tipo de sectores resulta lógico: cayendo la oscuridad, reina la inseguridad.

Pero ese criterio no se sigue para todos los lugares, porque antes de acudir al sector donde entramos, estuvimos en uno que podría haber calificado perfectamente como ALF, pero no se definió así. Afortunadamente, nuestro coordinador de grupo fue criterioso y abordamos esa zona como si lo fuera: entramos y salimos de cada block todos juntos; parecíamos un  grupo de niños de jardín infantil, liderados por la parvularia. Más allá de lo irrisorio de la escena, era la manera más segura para el grupo.

Fue allí cuando, al finalizar la ronda en uno de los conjuntos de blocks, un grupo de jóvenes –que luego sabríamos que eran narcotraficantes–, nos miraban con atención y sospecha. El coordinador de nuestro grupo se acercó a hablar con ellos para explicarles que nosotros solamente estábamos censando, y que no nos interesaba nada más que cumplir nuestra labor. La explicación, al parecer, fue satisfactoria, porque al menos por ese rato se retiraron, aunque luego empezaron a aparecer consumidores habituales que se nos acercaban a quienes estábamos censando para preguntarnos si es que teníamos “algo” que venderles.

Vivencias como estas hacen reflexionar sobre cómo el narco se ha expandido hasta tomar el control de muchos sectores al interior de villas y poblaciones a lo largo del país, precisamente aquellos donde el Estado pareciera no estar ni satisfacer los requerimientos mínimos de sus habitantes. Ya en 2021, una investigación de CIPER identificó la existencia de al menos 174 sectores de ese tipo sólo en la Región Metropolitana, barrios donde el tráfico de drogas es visto por una importante parte de la población como una alternativa más que válida para la promoción social y su desarrollo económico, al punto de considerarlo un “trabajo”, tal como nos comentó una vecina, que nos recomendó que no fuéramos a censar a una torre determinada después del mediodía, porque llegaban personas de otros lugares de Santiago a “trabajar”.

Al consultar para este artículo en el INE sobre cómo se han estado abordando las situaciones de acoso, hostigamiento y/o violencia que han enfrentado censistas a lo largo de este proceso censal, declinaron a entregar respuestas y sólo nos remitieron al sitio web oficial del Censo 2024, a la sección de boletines, donde ni siquiera hay referencia alguna a ese tipo de situaciones, ni menos al catastro oficial de ALF identificadas para este proceso de levantamiento de información demográfica.

Sólo después de buscar por muchas páginas de internet, entre los papeles que nos entregaron en las capacitaciones del INE y tras consultar con diversas personas, dimos con el “Protocolo de Seguro Accidentes Personales”, cuya existencia era desconocida entre muchos censistas, incluyéndome.

En dicho documento se encuentra la información oficial con la explicación del Seguro de accidentes personales que contrató el INE, sobre la cobertura del mismo, un flujograma sobre cómo un o una censista debe de actuar en caso de accidente o de ser víctima de un asalto con robo de especies, como así también la cobertura de gastos médicos y sus respectivos reembolsos. Sin embargo, al leerlo detenidamente, no existe un protocolo con respecto a qué se tiene que hacer o cómo hay que actuar en caso de que se tenga que trabajar en un AFL.

Al ser consultado, para este artículo, Gustavo Cofré, presidente del Sindicato de Trabajadores de Honorarios del INE, me preguntó muy interesado si había ido a censar a un AFL e incluso si había tenido algún contacto cercano con narcotraficantes. También me comentó que el sindicato se mostró muy colaborativo con el Censo, aunque esta acción no sea recíproca y que evalúan realizar una denuncia mediática con respecto a la poca preocupación de la integridad física y psicológica del censista para generar más respeto a los trabajadores y se den cuenta que no son un número, sino que personas como cualquier otra.

Otros problemas en terreno

Como en todo trabajo, hay que detenerse en algún momento para almorzar, descansar y retomar fuerzas o, incluso, ir al baño, sin embargo, esto se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza, ya que no siempre existe la coordinación para que exista un lugar cercano donde poder comer ni hacer las necesidades de manera digna, situación que se complejiza aún más en este tipo de zonas.

Ahí cobra mayor relevancia el rol del coordinador de grupo, la persona encargada de liderar a las cuadrillas de censistas en terreno y que tiene entre sus atribuciones velar por la integridad del grupo. 

En el caso de los baños, supuestamente habría una coordinación con las respectivas juntas de vecinos de los lugares donde trabajaríamos durante los cuatro meses que dura el proceso de recolección de datos de campo, pero no siempre ha ocurrido así. Varias veces nos hemos encontrado con sedes sociales cerradas y/o inhabilitadas para que pudiésemos hacer uso básico de ellas.

En un momento en que empiezan a cambiar las condiciones climáticas, con bajas en las temperaturas y el inicio de la temporada de lluvias, quedan dudas respecto de cómo se velará para garantizar tanto la seguridad como las condiciones mínimas que tendrán los censistas para realizar nuestra labor. A pesar de todo, tenemos la esperanza de que no nos pase nada malo, ni a mí ni a mis compañeros y compañeras, que ojalá podamos desarrollar nuestra tarea de la mejor forma posible para dar un buen cierre a este proceso que, a fin de cuentas, es de todos los chilenos y chilenas y que servirá no sólo para saber cuántos somos y cómo vivimos, sino que también para establecer bases que permitan la toma de decisiones en materia de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.

Durante esta semana el tema con más apariciones en las portadas de El Mercurio y La Tercera fue la candidatura presidencial del senador Eduardo Frei (12). Después le siguieron el caso del joven delincuente apodado “Cisarro” (10), la crisis económica enfocada en el ámbito nacional (9), el conflicto parlamentario del Partido Radical al interior de la Concertación (6) y, en quinto lugar, con la misma cantidad de apariciones, la violación y asesinato de Francisca Silva, una niña de cinco años, en Valparaíso (6).

Respecto de las elecciones presidenciales Eduardo Frei lideró ampliamente en número de apariciones en ambos medios (12), seguido por el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami (4) y Sebastián Piñera (2). Las informaciones relativas a Enríquez-Ominami no fueron exclusivamente de su campaña, sino más bien indirectas y enfocadas en el accidente casero que sufrió su media hermana. El Mercurio, en tanto, triplicó las informaciones que su competencia publicó sobre el candidato Frei.

En cuanto al tratamiento de los candidatos, esta semana disminuyeron las acusaciones entre los contendores por lo que el tono de expresión utilizado por los medios también sufrió una alteración: de las descalificaciones se pasó a la revisión de propuestas específicas. Salvo por el accidente de la media hermana del candidato Henríquez-Ominami —que copó las noticias sobre él y su familia—, las noticias relativas a Sebastián Piñera y Eduardo Frei se enfocaron en la relevancia de sus programas presidenciales. Lo anterior fue evidente en la cobertura que El Mercurio hizo del candidato concertacionista, pues enfatizó en temas como su política económica («Documento de Océanos Azules y la Concertación solicita a Frei incluir una reforma tributaria» [sábado 08 de agosto]) y futuras reformas al ejecutivo («Tres nuevos ministerios incluye propuesta programática de Frei» [lunes 03 de agosto]).

El caso del menor de edad apodado “Cisarro” fue el segundo tema con más cobertura. La noticia giró en torno a su reclusión en un centro del Sename —después de haber sido detenido por manejar un auto robado— y, luego, a un posterior «rescate» por parte de un grupo de amigos. Es importante destacar que ambos medios utilizaron en todas sus informaciones (10) el alias “Cisarro”, pese a reclamos de instituciones como Carabineros o el mismo Sename.

La cobertura de la crisis económica mantiene la tendencia entre un pesimismo y optimismo noticioso. Las precarias cifras del IMACEC de junio y los datos que dan cuenta de una detención en el pago de cotizaciones se enfrentan, así, a la mejor rentabilidad de la bolsa chilena y la recuperación de pérdidas del 2008 por parte de los cotizantes de AFP. El desglose por medio permite apreciar la divergencia entre el enfoque negativo y positivo en torno a estas informaciones en ambos medios.

El crimen de Francisca Silva en Valparaíso obtuvo igual número de portadas en ambos medios (3). El tratamiento de la noticia pasó del impacto del hecho a recoger las revelaciones del fiscal del caso, que reavivaron la animadversión hacia el asesino confeso. Aunque en la atmósfera se instaló la discusión sobre la restitución de la pena de muerte como medida punitiva para este tipo de delitos, los medios analizados sólo publicaron una información relativa a este tema («Multitud clama por pena de muerte para el violador y asesino de niña» [El Mercurio, jueves 6 de agosto]).

El deporte tuvo una importante cobertura durante esta semana con, en primer lugar, el campeonato nacional de fútbol (6) y, en segundo lugar, un evento deportivo excepcional: el partido entre Colo Colo y la selección de Isla de Pascua en el inicio de la Copa Chile (4). También se debe sumar, en esta línea, el debut de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana (3). En la natación, en tanto, Kristel Köbrich tuvo portadas en ambos medios (1 y 1), aunque con menor cobertura que los eventos descritos, lo que no se condice con la relevancia de los logros obtenidos en el Mundial de Natación pero que sí le entrega mayor cobertura a un deporte de escasa popularidad en nuestro país.

Esta semana el conflicto mapuche en la región de la Araucanía siguió presente en las portadas, aunque solamente a través de El Mercurio (3). De los enfrentamientos de la semana pasada —más templados o invisibles en esta oportunidad— se ha pasado a la vertiente política del problema; de ahí que El Mercurio haya dado cuenta de las críticas de los fiscales de la zona por falta de preocupación («Fiscales advierten formalmente de la gravedad del conflicto mapuche» [domingo 2 de agosto]) o la actuación de otro poder del Estado en la materia («Alianza interpelará al ministro Pérez Yoma por violencia en la Araucanía» [lunes 3 de agosto]).

El ámbito internacional retrocedió en primacía en relación a semanas anteriores, al punto de que el primer tema con más apariciones quedó en el noveno lugar de los 25 temas con más cobertura. Siguiendo la línea nacional, la crisis económica global ha estado presente por los indicadores positivos de las últimas semanas (4), empatando con las críticas de Evo Morales a un eventual triunfo presidencial de Sebastián Piñera, y los altos y bajos de la pretemporada del Real Madrid alrededor del mundo. Con tres apariciones siguen la política venezolana y el debut de los equipos chilenos —Unión Española y la Universidad de Chile— en la Copa Sudamericana.

Cabe destacar la cobertura de la política venezolana, exclusiva de El Mercurio. Tres hechos sin conexión aparente son recogidos por este diario para dar cuenta de supuestos atentados del gobierno de Hugo Chávez al libre mercado («Chávez interviene grandes cafetaleras y amenaza con expropiarlas» [martes 4 de agosto de 2009]) y la libertad de expresión («Chávez cierra 34 emisoras y entregará las concesiones a radios comunitarias» [sábado 1 de agosto] y «Venezuela será el único país del continente en penar delitos mediáticos» [lunes 3 de agosto]).

Las diferencias que entrega el desglose por cada medio se remarca en la cobertura de la política venezolana, en las noticias referidas al club español Real Madrid y la crisis económica internacional; estas asimetrías pueden explicarse por la mayor cantidad de noticias que destina El Mercurio a todos los temas. Los otros temas tienen contrastes menores, al punto de que algunas noticias —como las críticas de Evo Morales a Piñera— coinciden plenamente.

Metodología

Este informe, preparado por el área de investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, se propone mostrar cuáles son las noticias del día que la prensa escrita destaca en sus portadas y con qué frecuencia, durante el período analizado. Para ello se ha limitado el estudio a dos importantes diarios chilenos: El Mercurio, de propiedad del grupo El Mercurio S.A y La Tercera, de propiedad de Copesa.

Pese a que estos no son los diarios más leídos (como sí lo son los llamados “diarios populares” Las Últimas Noticias y la Cuarta, según cifras de la Asociación Nacional de Prensa, ANP), los hemos considerado debido a que tienen más de una noticia destacada en su portada, a diferencia de los diarios más populares que sólo destacan un tema cada día.

Para este informe fueron revisadas las portadas de los diarios El Mercurio y La Tercera entre el sábado 1 de agosto y el domingo 9 de agosto. Mientras El Mercurio publicó 170 informaciones en portada, La Tercera publicó 54. Esta cifra debe tomarse en consideración al leer los siguientes resultados y analizar las diferencias sustantivas en cuanto a la cobertura de algunos temas específicos.

La obtención de estos datos sobre la frecuencia de temas o tópicos en las portadas nos permitirá, más adelante, analizar fenómenos puntuales y así complementar la información respecto de aquellas noticias más cubiertas en las portadas de estos diarios y la comparación que pueda hacerse entre ellos.

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Área de investigación
Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado
Sábado 01 al domingo 09 de agosto de 2009

Anexo

Por ámbito internacional entendemos todo hecho noticioso ocurrido fuera de nuestras fronteras.

Cristóbal, nombre de pila del “Cisarro”, cumplía reclusión en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico de Pudahuel luego de su última captura. El sábado 1 de agosto, un grupo de sus amigos ingresó al Centro —que no posee custodia policial— portando armas de fuego e intimidando al personal para poder liberarlo. Al día siguiente Carabineros logró recapturarlo mientras tomaba cerveza con unos amigos. La prensa aprovechó de indagar qué hizo Cristóbal mientras estuvo prófugo: «Las movidas nueve horas del Cisarro que mediaron entre su fuga y captura» [El Mercurio, lunes 03 de agosto de 2009].

Se recogieron las informaciones publicadas en portada entre el sábado 1 y el domingo 9 de agosto. Mientras El Mercurio publicó 170 informaciones en portada, La Tercera publicó 54 noticias. Esta cifra debe tomarse en consideración al leer los siguientes resultados y analizar las diferencias sustantivas en cuanto a la cobertura de algunos temas específicos. Entre paréntesis se indica el número de noticias aparecidas en portadas.

Blog de El Mercurio. Comentario 38 a la editorial “Cisarro y una política insostenible”, posteada por Alejandro Ruz Carrasco, a las 11:13 del 4 de agosto. “La solucion es simple, hay que matarlo. Ese cabro chico no tiene vuelta y nunca dejará de ser ordinario y falta de respeto. PD: Antes que salten las voces de alerta contra la intolerancia, les señalo que esta es solo mi manera de expresar de que (sic) cualquier tipo de inversión en ese energúmeno es pérdida”.

Hace unos días, Eduardo Arriagada divagaba sobre los blogs en el periodismo chileno y de alguna manera profetizaba lo que ocurrió días después en El Mercurio:

Hay dos problemas serios en los blogs característicos de nuestros diarios: muchos no son más que la publicación en internet de una columna idéntica a la del papel y los comentarios que se publican no son profesionalmente moderados. Cómo los columnistas no reciben la instrucción de comentar las reacciones a sus post (de hecho la mayoría trabaja en forma casi ad honorem) y esa labor tampoco es encargada a un tercero de la redacción, los comentarios de los lectores no son respondidos, por lo que no hay una buena conversación, que es lo que resulta de en un buen blog.

El problema es que esa opción además provoca, creo, un círculo vicioso de participación frustrada de muchos lectores: la experiencia comparada con otros blogs de diarios como otros blogs chilenos muestra que algo en esos diarios provoca que terminen siendo espacios bastante tóxicos dominados por intolerantes que valoran una discusión altamente ideologizada y descalificadora. Al no existir moderación se publican expresiones completamente disonantes con esos medios, que no tienen relación alguna con la línea editorial de ellos. Los grados de xenofobia, desinformación y agresividad permitidos condicionan las características de sus más asiduos usuarios.

Tal cual. Más de veinticuatro horas después, veo que el comentario del señor Ruz sigue ahí, muy campante, confundido y legitimado como parte de la “conversación” que los blogs permiten.

El comentario es, por cierto, el más fuerte de los 121 publicados al momento de revisar, un día después. Pero no está totalmente solo. Diego Espinoza Chávez, comentario número 30, propone, sin mucho respeto por la ortografía, algo parecido, aunque operado más bien por el azar: “el esta perdido ya no es un caso que se pueda salvar es un futuro delicuente y asesino, lo mejor es que justo cuando valla (sic) por la calle, un auto accidentalmenete (sic) lo atropelle y lo haga pedazos… seria lo mejor para el pais… y asi uno a uno los delincuentes que gastan fondos de gobierno en alimentacion y techo manteniendo las carceles…. saludos muerte a los delincuentes que aterran la vida de los que trabajamos dia dia…”. Gera Ruiz Exeverría, otra persona inmune a las reglas ortográficas, expone lo siguiente en el comentario 41: “por favor juzguenlo como una persona normal, pa qe aprenda y despues se kgue llorando en la cana, yo voy a estar sentao en mi casa trankilo viendo la tele y mas encima kgao de la risa !”. Matilda Samaniego (comentario 46) le echa la culpa a la prensa y caracteriza así al muchacho: “Son ‘semillas de maldad’ que no tienen arreglo”. Alfonso Loyola Contreras (comentario 53): “No se preocupen tanto por el Cisarro: sigan dándole soga y al final se va a ahorcar solito. Va a salirle otro más choro y hasta ahí va a llegar”.

Estoy 80% de acuerdo con lo que propone Arriagada. Comentarios como los anteriores, o al menos como el del señor Ruz, que derechamente llama a cometer un crimen, no deberían formar parte de una comunidad de bloggeros a quienes se les pide registrarse justamente para controlar a los descerebrados y mantener la conversación en un nivel adecuado. Pero soy más optimista. Si la organización periodística no modera, al menos la misma comunidad de opinadores, incluso aquellos que están por la tesis de la “mano dura” contra el menor, aplica una cierta etiqueta bloggera y aísla al estúpido: más de 24 horas después nadie había contestado directamente la proposición de Ruz, lo que transformó a su posdata en algo ridículo. Por lo demás, los comentaristas más moderados lograron establecer un diálogo entre ellos, que si bien tenía mucho de descalificación personal e intolerancia, al menos dejaba ver las ideas.
Para cerrar, creo que el mejor ejercicio periodístico con respecto a la historia de este niño lo ha hecho La Segunda, al entrevistar el martes a la enfermera que recibió al lloroso y demolido niño en la unidad de Psiquiatría del hospital Calvo Mackenna:

Lo único que hice fue estirarle la mano y él la cogió”, relató AdrianaVega (27 años), oriunda de Los Angeles y egresada de la Universidad de Concepción. Ella calificó de “cariñoterapia” la estrategia que utilizó para ganarse la confianza del menor.

“Después lo llevé de la mano y lo orienté en la unidad. Lo que hice fue tratarlo como niño, amorosamente y por su nombre”: una actitud que fue clave para que C.C.M. se calmara, pues apenas arribó al recinto médico se puso a llorar pidiendo a su mamá.