*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Gabriel Boric era, por entonces, un diputado que se había alzado como la carta presidencial del Frente Amplio. Era 2021, en pleno período de campaña, y en medio de la vorágine de actividades, se dio el tiempo para reunirse con profesoras y profesores de Chile. Lo hizo a través de una reunión por Zoom en la que enfatizó su diferencia con los gobiernos que le antecedieron. Él pretendía alzarse entre los docentes como la carta que resolvería una las principales demandas de ese sector: la millonaria deuda histórica que se arrastra desde hace más de 43 años.

“Nuestro equipo está comprometido con esta reparación, a diferencia de quienes les han cerrado la puerta durante tanto tiempo (…) En nuestro gobierno va a haber una reparación y reconocimiento al daño que se les ha causado”, dijo en la reunión en que también estaba presente Antonia Orellana, parte de su comando y actual ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Por esa promesa y otras más, un grupo importante de integrantes del Colegio de Profesoras y Profesores, así como también docentes que durante décadas han exigido el pago de la deuda que viene desde que la educación pública se municipalizó en dictadura, le entregaron el apoyo a Boric. Confiaban y esperaban que cumpliera su palabra. Mal que mal, estaba en su programa de gobierno:

Apruebo Dignidad Plan N°10: “Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar, beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”.

Lo que salía en el papel no ocurrió. Boric lleva poco más de dos años de mandato, y no ha logrado cumplir esa promesa de campaña, algo que asumió durante su Cuenta Pública de 2023, cuando aseguró que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por ende necesitamos allegar más recursos con la Reforma Tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala y a quienes murmuran a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

Pero no hubo Reforma Tributaria; se cayó en el Congreso en marzo de 2023 y, con ello, gran parte del financiamiento que el gobierno esperaba tener para llevar adelante su agenda.

A pesar de eso, a casi un año de esa declaración, el Presidente sí hizo algo histórico, algo que ningún otro mandatario antes que él había hecho: reunirse en La Moneda con representantes del Colegio de Profesores y Profesoras para conversar sobre el tema. Esto sucedió el 15 de marzo, aunque no dio ninguna fecha ni un plan de proyecto para esta demanda.

“Hay compromiso incumplido. El candidato Boric comprometió una solución reparatoria a la deuda histórica. Luego, como presidente electo, reafirmó que eso iba cumplirse. El Presidente en ejercicio en dos oportunidades señaló que se iba a cumplir el compromiso de la deuda histórica y, cuando asumimos como directiva el 8 de enero, nos encontramos con el último compromiso incumplido, que era que en diciembre de 2023 se iba a dar una solución reparatoria”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores al salir de esa reunión.

Incertidumbre y frustración es lo que han manifestado un grupo importante de profesores afectados por la deuda. Mientras, al gobierno se le abrió un flanco político: ¿cómo tratar de cumplir la promesa en el escenario actual? En materia de Educación, este será quizás –junto a la polémica condonación del Crédito con aval del Estado (CAE)– uno de los temas que más expectativas generan de cara a la Cuenta Pública que dará el Presidente Boric este sábado 1 de junio.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, ante la consulta para este reportaje, solo se limitó a señalar que “esto es parte de la agenda que está desarrollando el gobierno”.

Años de lucha

En 1981, el mismo año en que el Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó el proceso de municipalización de la educación pública, el régimen de Augusto Pinochet emitió el Decreto Ley 3.551, que fijaba normas para las remuneraciones de funcionarios fiscales. En su artículo 40, el documento contemplaba a los profesores dependientes del Ministerio de Educación, y establecía que recibirían una asignación especial de entre el 50% y 90% de sus ingresos, incluyendo su sueldo base y otras asignaciones establecidas por ley.

Sin embargo, los y las profesores no recibieron el reajuste salarial contemplado en ese artículo; fue desconocido por los nuevos administradores de los establecimientos, es decir, los municipios. Con esto, los profesores perdieron su calidad de empleados del Estado, lo que tuvo impacto directo en sus beneficios salariales, en sus pagos previsionales y, en consecuencia, en las jubilaciones que hoy reciben.

Según datos del Colegio de Profesores y Profesoras, son cerca de 76 mil los profesionales afectados, pero de esa cifra son cerca de 14 mil los que han fallecidos esperando una respuesta. Estos datos fueron dados a conocer en 2017, cuando se publicó el listado completo de los docentes afectados vivos y fallecidos. Las cifras, por supuesto, han variado desde entonces.

Docentes jubiladas se manifiestan frente a La Moneda (FOTO: José Venegas)

Han pasado diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia que han desconocido esta demanda y se negaron a entregar una reparación. En 2009, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso desconoció que la deuda siquiera existiera: “No existe una deuda histórica, ni moral, ni tampoco legal con el profesorado del país”.

Nicolás Eyzaguirre, cuando fue ministro de Educación al comienzo de la segunda administración de Bachelet, abordó el tema y entregó posibilidades de llegar a un acuerdo, sin embargo, antes de concretarlo fue cambiado de cartera para hacerse cargo de la agenda legislativa del gobierno como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Posteriormente, en 2017, su sucesora en el Ministerio de Educación (Mineduc), Adriana Delpiano, desconoció esta demanda, señalando que el Mineduc no tiene “nada más que hacer” con el tema y que no solo los profesores sufrieron un prejuicio en esa época. La situación fue empeorando con el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en el que no existió ninguna propuesta para abordar el problema.

El ex vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Hugo Geters, sostiene que uno de los problemas de la deuda histórica, en parte, es su origen, por lo que tiene un carácter ideológico. “Este bono tiene un carácter ideológico, porque la derecha se cierra en general a pagarlo”, asegura.

De ahí que en 2022 volviera, para muchos, la esperanza con la asunción de Gabriel Boric, en especial cuando a un mes de iniciado mandato, el Mineduc puso a disposición una plataforma para que docentes consultaran online si ya eran parte de la nómina o, bien, solicitar su inscripción en caso de no serlo. Sin embargo, como se ha mencionado durante todo este reportaje, esa reparación aún no se ha concretado por parte del gobierno y muy difícilmente ocurrirá, aunque eso aún está por verse.

La esperanza sigue

“¡Y la deuda que la paguen, y la deuda que la paguen, ahora ya, ahora ya!”, canta un grupo de profesoras que se reúne todos los jueves desde hace 18 años en la Plaza de la Constitución para exigir frente a La Moneda, ya no un pago como les debiera corresponder, sino que, simplemente, una reparación a su demanda. Ellas están constantemente allí, esperando una respuesta del gobierno mientras resisten las condiciones climáticas que sean: lluvias, frío, viento, calor; lo que se requiera hasta conseguir una solución.

A pesar de que aún no hay claridad en cómo se va a resolver esto, Patricia Muñoz, vicepresidenta del directorio nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, se muestra confiada. “Yo, la verdad, tengo mucha fe en que las cosas van a salir. No lo que uno soñaría, pero van a salir en una forma digna, como dijo el Presidente. Soy una de las mujeres que cree en él”, señala.

Grupo de docentes jubiladas que todos los jueves se reúne para manifestarse frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, en demanda a una solución a la deuda histórica. (FOTO: Colegio de Profesores y Profesoras)

No es la única. Patricia Garzo, profesora jubilada y vocera del grupo de docentes que todos los jueves protesta en la Plaza de la Constitución, es otra de las maestras que aún confía en que Boric cumpla su compromiso, pues es, al final, la administración que más los ha acercado a una resolución. “El gobierno del Presidente Boric es el que nos ha dado más esperanza”, dice.

En todo caso, también hay quienes, más que confianza, sienten que es una promesa cuya concreción deben exigir. Paola Ossandón, vicepresidenta metropolitana del gremio, es una de esas personas, y dice: “Nosotros, como Colegio de Profesores, le dimos nuestro apoyo porque el hizo un compromiso con nosotros antes de ser Presidente”.

Boric les ha dado ilusiones a miles de docentes que aún pese a no tener una respuesta concreta, creen en él. Un grupo importante le dieron su voto, le dieron toda la confianza, apostaron todo para que de una vez por todas un gobierno se haga cargo de esta demanda. No darles una respuesta a los maestros afectados, sería un gran golpe para ellos.

¿Y si no hay respuesta?

Consultado por Puroperiodismo para este reportaje, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, dice que “nosotros estamos muy intranquilos (…) pero, para ser justos, en la última reunión el Presidente no comprometió nada para las próximas semanas, sino que dijo que en los próximos meses [el Ejecutivo] enviaría un proyecto de ley”. Para ellos esta respuesta debiera darse a finales del primer semestre, y quizás tener algún anticipo en la Cuenta Pública de este año, con la esperanza de que esa promesa se cumpla durante este período presidencial.

¿Y qué pasaría si esa promesa, finalmente, no se cumple? Ante ese escenario, el presidente del gremio docente señaló que sería “muy lamentable” que Boric no respondiera a esta demanda. Para Aguilar, el incumplimiento de la reparación a la deuda histórica significaría que “la palabra de la autoridad no tiene valor alguno y, evidentemente, nosotros tendríamos que explorar otro campo de acción y, probablemente, no quede otro más que los tribunales internacionales”.

Ese camino no sería nuevo. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de un grupo de más de 800 maestros que recurrieron a esa instancia para exigir que el Estado chileno se haga responsable de la deuda y ejecute sentencias judiciales que ya les habían reconocido ese derecho. En su veredicto, la Corte declaró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes”.

En síntesis, lo que la CIDH señaló es que “el Estado de Chile es el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y a la propiedad de los docentes, así como el deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores”. Por ello, se condenó al Estado chileno a ejercer diversas medidas reparatorias, entre ellas, el «pago directo a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia».

Esta reparación va directamente a las 846 personas que participaron en el recurso ante la CIDH, y no al universo total de docentes afectados. Los primeros pagos ya se hicieron en diciembre de 2021 y de 2023, y el último debiese darse a fines de 2024.

En cuanto a qué sucederá con los demás, la respuesta aún está en un limbo y, muchos esperan que al menos parte de lo que viene se dilucide este sábado cuando el Presidente Boric se dirija a la nación para rendir su tercera Cuenta Pública. Después de eso, los y las profesoras sabrán mejor cuáles serán los pasos a seguir.

Este miércoles 1 de junio, cuando se cumplan exactos 82 días desde su llegada a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric llevará a cabo por primera vez en su mandato la tradicional Cuenta Pública frente al Congreso Pleno, diversas autoridades y la ciudadanía. Será su primera prueba de fuego en un contexto marcado por diversos frentes abiertos que no ha podido aún cerrar ni controlar.

Por una parte, está su acelerado desplome en las encuestas de opinión pública –la última Cadem arrojó un 57% de desaprobación–, situándolo como el mandatario con la caída más abrupta en los últimos años. También están

los constantes cuestionamientos al manejo de su gobierno en materias de seguridad y orden público, producto de la generalizada alza de la delincuencia y, sobre todo, los errores, idas y vueltas en la toma de decisiones para hacer frente a la violencia desatada en la llamada macrozona sur.

A lo anterior se suman los reiterados errores comunicacionales de varios de sus ministros, siendo la más expuesta la ministra del Interior, Izkia Siches, lo que le ha implicado al Ejecutivo la apertura de diversos flancos políticos. Lo anterior ha derivado, incluso, en la intervención a su cartera y la incorporación a puestos clave de figuras de la ex Nueva Mayoría, como la socialista Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet.

En la antesala a lo que será el discurso de Boric ante la nación, Puroperiodismo conversó con el abogado, analista político y columnista, Gonzalo Cordero –quien también es consejero asesor de Libertad y Desarrollo y miembro del directorio de TVN–, para profundizar y analizar respecto a la situación actual del gobierno en sus primeros tres meses.

Gonzalo Cordero, abogado, analista político y columnista.

–El gobierno de Gabriel Boric se acerca a cumplir 100 días. ¿Cómo califica el cumplimiento de las promesas de campaña durante este periodo?

Creo que los primeros tres meses de gobierno del presidente Boric han sido decepcionantes. Un gobierno cuyos principales exponentes vienen criticando muy duramente y hace muchos años el modelo de desarrollo, el sistema político y que además es gente joven, por lo que imaginaba que iba a ser un gobierno que entraría con mucha energía, voluntad de cambio e ímpetu de hacer las cosas de una manera distinta y ha caído, a mi juicio, en el peor de los mundos: no hacen nada; no las hacen de una manera distinta ni las hace como se han hecho tradicionalmente. Es un gobierno que ha caído, fundamentalmente, en la inactividad.

–¿En qué frentes ve esa “inactividad”?

En cuanto a la gestión de la pandemia, el gobierno desapareció. Dejó de ser un actor relevante en su información y conducción, y da la impresión de que la pandemia se conduce más o menos administrativamente y no políticamente. En materia económica se ha encontrado con una situación compleja, con una inflación muy alta para los parámetros de Chile y, por lo tanto, con la imposibilidad de seguir dando los bonos que ellos hace meses ellos exigían al gobierno de Sebastián Piñera. Uno podría definir la conducción del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como bastante conservadora, pero se vuelve a lo del principio: no coincide con las expectativas que había respecto del gobierno. Mientras, en La Araucanía el gobierno pensaba que el cambio de signo político iba a generar por sí mismo un efecto pacificador y no lo generó, sino que todo lo contrario. Esto ha llevado al Ejecutivo a la fuerza a asumir el problema como uno urgente de orden público, pero el gobierno no cree en eso, entonces tampoco lo hacen con convicción. Primero trata no decretar un estado de excepción constitucional, después decreta uno con limitaciones.

–Ayer se renovó ese estado de excepción, tras el asesinato del trabajador forestal Juan Segundo Catril la semana pasada.

La declaración de la ministra Izkia Siches de que nunca se había visto un atentado contra civiles es una declaración que da cuenta de lo que hay en el fondo del pensamiento del gobierno: creía que el problema del conflicto de la Araucanía era un conflicto con motivo de la represión y militarización en la zona, y que por lo tanto, si cambiabas esa lógica represiva, ibas a obtener per se una pacificación. Y se encuentran que, de un día para otro, un trabajador perteneciente a la misma etnia mapuche es asesinado.

«Para el plebiscito de salida, tanto el Apruebo como el Rechazo tienen un 45% ya asegurado, por lo que lo va a definir ese 10% que está entremedio, y en ese 10% la aprobación del gobierno es determinante. Ese porcentaje va a votar a favor o en contra del gobierno, no de la Constitución. Creo que es el factor más determinante de todos.»

–¿Se podría afirmar que decretar estado de excepción en La Araucanía es una derrota ideológica y política para el gobierno?

Tengo la impresión de que el gobierno no tiene cómo no mantener el estado de excepción y creo que mantenerlo acotado va a ser objeto de críticas fuertes, porque con el estado de excepción acotado mataron al trabajador la semana pasada. Además, un estado de excepción acotado es ridículo, porque tú no le dices a la gente, a los que realizan atentados o a los que roban madera adónde van a estar los militares. A mi juicio, si el gobierno mantiene el estado acotado, que es lo mínimo a lo que está obligado hacer, políticamente va a ser una derrota y lo va a dejar entre la espada y la pared: por su lado izquierdo lo van a criticar por mantener el estado de excepción y por su lado derecho lo van a criticar por mantenerlo acotado. Entonces, si no lo mantiene, va a tener al 85% de la gente de La Araucanía y al 80% del país en contra. Si lo lleva a un estado de emergencia normal, va a tener a toda la oposición a favor, pero a todo su electorado natural en contra.

–¿Qué temas cree que marcarán la primera Cuenta Pública del Presidente Boric?

Lo que él diga en materia de seguridad y orden público; lo que diga respecto a La Araucanía, a la delincuencia en general, el narcotráfico, la inmigración ilegal y todo lo que tenga que ver en ese ámbito, creo que será fundamental. Además de todo lo que comente en materia económica: cómo va a enfrentar la inflación, la crisis que viene, el desempleo, cómo va a recuperar la inversión, cómo transitamos de los dos años de pandemia a una situación económica más normalizada en medio de una crisis… Lamentablemente, veo que esos dos temas son los más incómodos para él, donde tiene menos credibilidad y más problemas internos. Al Presidente le habría venido bien que el país estuviera con un crecimiento de 4% o 5% y que, el tema estuviera con una demanda de más igualdad, de más equidad. Pero cuando el problema no es ese, sino que es un país estancado, con una crisis económica a la vuelta de la esquina, con una inflación y desempleo crecientes, es la cancha más incómoda. Y tiene dos alternativas: hacerse cargo de estos temas o tratar de poner otros en la agenda, como la nueva Constitución, los derechos sociales y todo eso. Sin embargo, me temo que si hace eso se va aplicar la frase de la campaña de Bill Clinton, it’s the economy stupid.

Expectativas y gobernabilidad

–Una de las promesas de campaña fue refundar Carabineros, lo que se ha diluido en el último tiempo. ¿Cómo estos detalles han afectado la percepción ciudadana del gobierno?

Este es un gobierno cuya base electoral tiene mucho que ver con Plaza Italia o lo que ellos llaman Plaza Dignidad, y con esa voluntad revolucionaria, lo que está provocando una tensión al interior del gobierno que, creo, es insostenible. Es muy difícil equilibrar al gobierno con la presencia del Partido Comunista (PC) y del Partido Socialista (PS) dentro de la coalición del gobierno. El Presidente Allende lo intentó y no lo logró, y no creo que el Presidente Boric tenga la capacidad de lograr lo que Allende no. Desde ese punto de vista, hay una tensión muy fuerte respecto de con quién gobierna. El problema es que su círculo de confianza más íntimo –Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Karol Cariola y otros– son personas de un mundo que no se siente cómodo con los Escalonas o los Elizaldes, por lo que antes o después se va a encontrar con una terrible disyuntiva: si salva su gobierno o salva sus vínculos personales.

«Y el problema del gobierno es que cada vez que cometen un error comunicacional y dicen cosas que no calzan con la realidad, aparecen como incompetentes para gobernar y lamentablemente cargan con esa mochila.»

–¿Este problema vendría por la inclusión de partidos de la ex Nueva Mayoría o por falta de liderazgo y/o gobernabilidad del Presidente?

El gobierno tiene un problema de gobernabilidad y eso está dado por el hecho de que el PC y una parte del propio Frente Amplio (FA) entienden que es su proyecto transformador, lo que choca con la percepción de la mayoría del país. La gente vota por diferentes razones: uno no tiene que creer que porque un 55% de las personas votó por Boric, hay un 55% que quiere un proyecto revolucionario. Eso lo puede querer el 20% o 25% de esos votantes, que ya es mucho, pero el otro 75% no. Entonces, en la medida de que el Presidente persevera en esa línea, empieza a sufrir un costo en popularidad gigantesco que empieza a repercutir también en gobernabilidad. Eso lo paraliza políticamente y eso es lo que le dice Camilo Escalona [a través de una entrevista en El Mercurio], que su tabla de salvación es el PS, que le dará estabilidad, que tiene quilla, profundidad. Pero para Boric, hacer al PS el partido eje de su gobierno es sacrificar a la persona para salvar al político.

–¿En esa ecuación se sumarían los errores comunicacionales de sus ministros, como los de Izkia Siches y Jeanette Vega?

Mucho. Uno siempre debe tener mucho cuidado de no validar a los estereotipos que te afectan. Si tú eres de derecha debes tener mucho cuidado con decir algo que te haga parecer alguien muy frío, alguien a quien no le importan las personas, alguien para quien la economía es más importante que la gente. Un tipo de izquierda debe tener mucho con cuidado con parecer incompetente para gobernar, incapaz de dar seguridad y orden público, incapaz de generar empleo y dinamismo económico. Y el problema del gobierno es que cada vez que cometen un error comunicacional y dicen cosas que no calzan con la realidad, aparecen como incompetentes para gobernar y lamentablemente cargan con esa mochila.

–Escalona le ofrece “una tabla de salvación” al gobierno ante un Frente Amplio que no tiene experiencia política. ¿Puede eso afectar su gobernabilidad y explicar el desplome significativo en las expectativas?

Hay que ser justos: no es lo mismo comparar los ‘90 con el 2022. El mundo no es el mismo ni la sociedad es la misma. Para nosotros era inimaginable que un presidente tuviera un 7% de apoyo y Piñera llegó a tener un 7%. La sociedad actual es mucho más volátil y, probablemente, lo que estamos viviendo es un nuevo funcionamiento, una nueva cultura. Es más, lo que estamos viendo ahora es más comparable con lo que se viene para adelante que con el pasado, lo cual no quita que le genere un problema serio el gobierno. Porque claro, el gobierno se va a enfrentar al plebiscito de salida de la nueva Constitución en tres meses, y si a los seis meses de gobierno el Presidente Boric se encuentra con que su gran proyecto –que es la nueva Constitución– es derrotado y que, además está con un 15% de apoyo en las encuestas, y sumado a eso está con una crisis de las dos coaliciones que gobiernan, el escenario no puede ser más catastrófico para él. El gobierno tiene que jugarse el todo por el todo en ganar el plebiscito y así lograr tener un reimpulso.

Plebiscito e impuestos

­­–Estos primeros meses de gobierno y su baja aprobación, ¿podrían afectar en lo que pueda decidir la ciudadanía en el plebiscito de salida de la nueva Constitución?

Completamente. Uno tiene que pensar que para el plebiscito de salida, tanto el Apruebo como el Rechazo tienen un 45% ya asegurado, por lo que lo va a definir ese 10% que está entremedio, y en ese 10% la aprobación del gobierno es determinante. Ese porcentaje va a votar a favor o en contra del gobierno, no de la Constitución. Creo que es el factor más determinante de todos.

–La reforma tributaria fue uno de los ejes centrales en la propuesta de campaña, incluso el ministro Marcel señaló que estaría para junio y aún no la ingresan. ¿Cree que es justificado este retraso y qué impacto tendrá?

Es justificado, totalmente. Al gobierno, con el tema tributario, le está pasando lo mismo que le pasó con La Araucanía: tienen una imagen que no calza con la realidad y hoy día se están enfrentando a esa realidad. En la estructura tributaria actual, las rentas altas tienen un impuesto marginal de 45% y subirlo al 50% o pasarlo es muy difícil. Si subes la tasa marginal un 5% al tramo más alto, que son pocas personas, y comienzas a ver cuánto vas a recaudar para los problemas del país, te das cuenta que no es nada. La segunda alternativa es subirles el impuesto a las empresas, pero Chile tiene una de las cargas tributarias más altas de la OCDE, por lo que queda una tercera alternativa que los expertos dicen mucho, que es ampliar la base, o sea, hacer que la clase media pague impuestos, lo que sería de una impopularidad brutal y que, significaría darle en bandeja el discurso a la derecha. En resumen, el gobierno está en un zapato chino en el tema tributario, porque necesita más recaudación, pero, en la práctica, no es fácil recaudar.