El 4 de junio se cumplieron dos meses desde que la Convención Constitucional anunció una nueva estrategia comunicacional para dar a conocer el avance en el diseño de una propuesta para cambiar la actual Carta Magna. Y ese mismo día partió la cuenta regresiva de un mes para su disolución, la cual se hará efectiva una vez que hagan entrega al Presidente Gabriel Boric del borrador final que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre. El escenario de lo que ocurrirá esa jornada es aún incierto, y en gran parte influirá cómo se ha transmitido a la ciudadanía el proceso constituyente en su conjunto. ¿Qué aciertos y falencias se pueden ver términos de estrategia comunicacional? ¿Qué le queda por hacer a la Convención con el tiempo que le queda? Puroperiodismo conversó con Ximena Orchard, académica y experta en comunicación política, para analizar qué se hizo y no hizo en esa área, y qué opciones quedan a esta altura.

A comienzos de junio se cumplieron dos meses desde que los convencionales María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), anunciaran la necesidad de hacer cambios en su estrategia comunicacional. Fue el mismo día en que tres encuestas distintas –Feedback Research, Pulso Ciudadano y Cadem– mostraban que la opción del Rechazo era mayoritaria entre quienes respondieron a sus consultas.

Previamente ya habían solicitado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) una inyección extra de $400 millones para implementar una campaña comunicacional para difundir el último tramo de su trabajo y ampliar el conocimiento ciudadano del proceso constituyente antes del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Todo es parte de un plan en tres etapas que se empezó a diseñar tras la salida en febrero de la ex encargada de comunicaciones de la CC, la periodista Lorena Penjean, y el arribo en su reemplazo del cientista político Nicolás Fernández.

Algunos convencionales, como Martín Arrau y Ruggero Cozzi, criticaron esta acción por no considerarla parte del trabajo de la Convención, señalando que ésta se debería enfocar en otros aspectos. Acciones como la publicación de insertos han remecido las aguas internas y a comienzos de mayo, tras otros impasses comunicacionales, se anunciaron nuevas acciones de difusión: el programa televisivo semanal AquíCConversa; los personajes animados Sra. Norma y Don Justo; y columnas audiovisuales de los convencionales de todo el espectro político.

Así como se cumplieron a comienzos de junio dos meses desde estos giros comunicacionales, también partió la cuenta regresiva para el fin del proceso constituyente. Las fechas importantes para la CC se están acercando: el 5 de julio se entregará la versión final del borrador de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, con lo que se pondrá fin automático al órgano constituyente. Y luego, el 4 de septiembre, se votará la aprobación o el rechazo de la propuesta para reemplazar la Carta Magna vigente desde 1980.

¿Qué tan relevantes han sido las idas y vueltas comunicacionales de la CC? ¿Qué efectos han tenido las estrategias propuestas? Puroperiodismo conversó con Ximena Orchard, directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Comunicación Política de la Universidad de Sheffield, para responder estas y otras dudas sobre los aciertos, desaciertos e impactos sobre la ciudadanía de la forma en que la CC ha trasmitido el proceso constituyente.

Ximena Orchard, directora del Departamento de Periodismo UAH y experta en comunicación política.

–El 4 de abril se habló de una nueva estrategia comunicacional en la CC. ¿Cómo considera que se estaba realizando antes de esa fecha?

No hubo mucha estrategia de comunicación en relación a la Convención, más bien había una ausencia de ella. Dado todos los temas logísticos que la CC tuvo que resolver, sin mencionar la elaboración del reglamento de su propio funcionamiento, claramente el tema comunicacional no fue institucionalmente prioritario para la Convención al inicio de su formación. Ahora que han aparecido encuestas de opinión con un incremento de potencial rechazo a la Carta Magna, claramente, ahora sí es una prioridad.

–A principios de abril empezó la nueva campaña comunicacional de la CC agregando tres agencias para generar documentos informando del trabajo realizado, contenido audiovisual y comunicación digital. ¿Son las áreas donde se debían poner las fichas para abordar una efectiva comunicación del proceso o se debía dar prioridad a otras? Hubo convencionales que reclamaron bastante.

Como área, en principio, a mí me parecen correctas. Hay públicos distintos, por lo que lo ideal es que existan distintos tipos de contenido para todas las audiencias posibles. Es adecuado en el sentido de que la persona que quiera profundizar y ver un documento más detallado, pueda acceder a él. Pero sin duda, también necesitas generar piezas audiovisuales que sean más amigables, más breves y que efectivamente puedan ser difundidas por plataformas de redes sociales, televisión u otras.

Ojo público

–En febrero y en marzo fue cuando más porcentaje de gente no sabía o no respondía sobre la votación del plebiscito, según las encuestas de Cadem. ¿Por qué habrá pasado esto? 

Informarse adecuadamente del proceso es demandante. En especial para una persona con un consumo informativo normal, a diferencia de una que tiene interés particular en el tema. Yo pienso que, en general, la ciudadanía tiene interés en el proceso. El respaldo que existió con la opción Apruebo, en el primer plebiscito, le dio una base de legitimidad y hace que la gran mayoría de las personas observe lo que está ocurriendo. Entonces, que una persona no sepa qué votar, no lo interpreto como un rechazo al proceso o un indicador de que el proceso puede fracasar. Es un llamado de atención a lo que resta de este plebiscito, es necesario bajar información a las personas.

–¿Se puede considerar el aumento del Rechazo que han marcado las encuestas del último tiempo como efecto de una falla comunicacional? 

Creo que las percepciones públicas que existen sobre la Convención Constitucional actualmente no son necesaria o únicamente un problema de comunicación. Son una respuesta a muchos factores: primero, a las dinámicas que se han desarrollado dentro la misma institución, hay eventos que fueron súper devastadores desde el punto de vista de la percepción pública. Particularmente, el caso de Rojas Vade, que claramente marcó un punto de inflexión en los niveles de confianza que la gente expresaba. Otro factor, es que es un proceso extremadamente complejo, en el cual se están discutiendo varios temas de mucha profundidad, lo que no es fácil seguir. Incluso para las personas que nos interesa es difícil.

–¿Se podría decir que la falta de estrategia inicial llevó a Lorena Penjean a renunciar a principios de febrero? ¿Debería haberse cambiado antes la estrategia comunicacional?

Ese fue un indicador súper claro de que había un problema, en la medida de que ella efectivamente renunció denunciando una ausencia de interés por parte de la Mesa Directiva. De un interés que se expresara en recursos para el desarrollo del trabajo comunicacional, porque en ese minuto ella llegó a hacerse cargo de ese proceso sin tener presupuestos y equipos muy claros, tratando de implementar un trabajo en base a recursos voluntarios. De hecho, a muchas escuelas de periodismo, incluida esta, llegaron convocatorias para estudiantes que tuviesen interés en hacer trabajo voluntario para apoyar procesos de cobertura.

Circulación de la información

-¿Cómo podría haber aprovechado la CC a los medios especializados que surgieron para cubrir el proceso constituyente? ¿Podrían haber aportado a llegar más allá del nicho?

Efectivamente, hay varios medios de comunicación que se crearon para este fin, creo que han hecho un excelente trabajo, ha sido necesario, importante y útil para las personas interesadas en el proceso. Porque en el fondo son medios relativamente de nicho, más allá de los medios masivos. Los medios exclusivamente generados para la cobertura de la Convención es un trabajo espectacular pero orientado a su nicho, a gente interesada.

–¿De qué manera le llega la información a las personas que no hacen este seguimiento a la Convención?

El público más masivo se ha ido informando, no necesariamente porque ha hecho una búsqueda activa, sino que más incidentalmente, consumiendo noticias que se han aparecido en su contexto. Son las noticias que se han producido en los medios de comunicación masiva; ahí hay un esfuerzo evidente por generar información de mejor calidad. Pero inevitablemente, las coberturas de las noticias, no por tener algo en contra de la CC, tienden a centrarse en el conflicto. Eso es así, está dentro de los valores noticiosos y ha sido estudiado que esos son los eventos que generan coberturas y es lo esperable. Si tienes una persona encargada de comunicaciones que tenga manejo de ello, sabe que es un factor que es parte de. Tienes que trabajar para contrarrestarlo con otras estrategias informativas de otro tipo.

–La Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció en marzo una campaña de descalificación y desprestigio hacia la CC. ¿Basta la estrategia comunicacional de la Convención para hacer frente a esa y otras campañas? ¿Es suficiente la contratación de una agencia comunicacional dedicada a desmentir desinformación?

Debemos tener en consideración que, en este proceso, ambas opciones deberían estar representadas en la opinión pública. Lo que uno esperaría es que fuera de forma justa, con argumentos de su motivo y no con estrategias de descalificación o desinformación. De alguna forma se ha ido incorporando como un arma sucia en contextos electorales ¿Hay que contrarrestarlo? Sí. Está súper estudiado y el comportamiento de viralización que tiene la desinformación, el alcance que suele tener es mucho más alto que cualquier propuesta de verificación. No hay que renunciar a ese esfuerzo, pero claramente no compensa el daño de las campañas de desinformación. Ahora, pensar que las estrategias de fact checking son la solución a los problemas de desinformación, eso es quedarse corto para el problema que realmente es.

Imagen de la inauguración de la Convención Constitucional el 4 de julio de 2021 (Foto: Cristina Dorador, convencional independiente por el distrito 3)

Actores involucrados

–El 28 de mayo empezó la campaña del gobierno Hagamos Historia para realizar un voto informado en el plebiscito de septiembre. ¿Cómo puede aprovecharlo la CC?

Ahí creo que son actores distintos, pero que cumplen roles complementarios. Por una parte, la Convención entrega su borrador final el 5 de julio, tras lo cual se disuelve como espacio institucional. Los esfuerzos comunicacionales que hoy realiza la Convención acaban en un mes. El gobierno entra a este escenario como otro actor que tiene una obligación de garantizar, o por lo menos promover, que exista una participación informada por parte de la ciudadanía. Son dos actores distintos que están actuando de forma complementaria. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno son necesarios para asegurar que no se extinga el trabajo cuando se entregue el documento en julio.

–Después de que se disuelva la CC como institución, los convencionales pueden seguir realizando actividades de campaña, como los partidos políticos. ¿Qué acciones cree que se darán comunicacionalmente?

La discusión pública va a estar dominada por otro tipo de actores: partidos políticos, convencionales que logren mantenerse en el debate público y otros grupos de interés que han surgido en el proceso, como organizaciones sociales y gremiales. A partir del 5 de julio empieza la campaña en un estilo electoral, no sólo una comunicación informativa, que es la que le cabe al gobierno. Pero en la discusión pública y en los medios de comunicación habrá un tono electoral.

–Para el plebiscito de 2020 se permitió la participación en franjas electorales y campañas formales de organizaciones independientes de la sociedad civil. ¿Considera factible que se les permita participar nuevamente?

Si bien todavía no se sabe cómo se va a resolver el tema, es posible que nuevamente se recurra a los partidos políticos y que estos deban organizarse en comandos que apoyen una opción u otra, eventualmente junto a organizaciones sociales. Lo paradójico es que muchos de esos partidos tuvieron participaciones marginales o nulas en la Convención. Además, el Congreso de hoy es distinto al que se tomó de referencia para la asignación de tiempos en la franja anterior, con otros partidos políticos representados.

–El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sólo definió las fechas y que cada opción tiene quince minutos. ¿Se podría generar un conflicto con los partidos políticos para conseguir tiempo?

Va a ser interesante ver la decisión del CNTV para ver los convocados de las opciones, pero lo más esperable es que sean los partidos políticos legalmente conformados los que estructuren la franja. Si se usa la fórmula anterior, los partidos tendrían que organizarse en torno a comandos y se les exigiría que involucren a organizaciones sociales en sus tiempos asignados. También si los partidos podrán participar de más de una opción, como sucedió con Renovación Nacional en la franja anterior.

Dando la espalda al Palacio de Tribunales y bajo la sombra que a esa hora de la mañana les hacía el ex Congreso Nacional, había cinco personas hincadas sobre sus rodillas, con los brazos cruzados por detrás de su espalda y sus manos atadas con pañuelos en las muñecas. Eran familiares de presos y presas de la revuelta social del 18 de octubre de 2019 y estaban allí a modo de protesta. Demandaban que el Estado les otorgue un indulto general. Las poleras que vestían esa mañana del lunes 18, cuando se cumplían dos años exactos del estallido, así lo evidenciaban: “Menos presxs políticos, más políticos presxs”, llevaban escrito. Habían también instalado pancartas con las fotos de sus familiares y las condenas que la justicia ha dictado en su contra, que van de tres a siete años de cárcel efectiva.

Jaquelin Gatica era una de ellas. Llevaba puesta una polera negra con el rostro de su hijo, Benjamín Espinoza, de 20 años, condenado por la quema y saqueo del Hotel Principado, apenas días después de desencadenada la revuelta. Contaba que él ya lleva casi dos años en la cárcel y que está “emocional y físicamente mal, porque ya no resiste más la prisión. La comida es mala, no come; lo único que espera es el día sábado, por la encomienda. Ha bajado mucho de peso, más o menos seis o siete kilos… Cada vez que lo voy a visitar lo veo más delgado”. 

Familiares de presos y presas de la revuelta protestando frente al Palacio de Tribunales y el ex Congreso Nacional a favor de un indulto general, a dos años del estallido social. (FOTO: Luciano Candia)

Mientras eso ocurría, adentro del ex Congreso Nacional, la conmemoración del segundo aniversario del 18-O tenía un cariz completamente distinto. En el emblemático recinto donde funciona desde julio la Convención Constitucional, la fecha coincidía con el inicio del debate de las materias que podrían pasar a ser parte de la futura Carta Fundamental; ese día partió la discusión de lo que podrá llegar a ser una nueva hoja de ruta para un nuevo Chile. 

Tras cruzar la entrada de calle Compañía, se veían a lo largo del pasillo fotografías que colgaban de un hilo con perros de ropa café, con capturas realizadas por Bastián Cifuentes –Periodista Furioso– durante los días más álgidos tras el estallido: un joven con sus manos sobre un carro lanza gases, siendo detenido en el sector de Plaza Baquedano, hoy rebautizado socialmente como Plaza Dignidad; una persona encapuchada frente a una barricada con una bandera mapuche colgada de su espalda; una mujer con una capucha roja, el puño en alto y un pañuelo morado feminista; un grupo de gente que alza una bandera mapuche entre medio de gases lacrimógenos; un hombre esquivando el chorro del carro lanzaaguas; y otras tres mujeres que no pudieron esquivarlo y que con sus manos se intentan proteger sus rostros. Con eso se encontraron varios y varias convencionales que llegaron a esa jornada cargada de simbolismos en el ex Congreso Nacional.

Las actividades en la Convención partieron ese día con una exposición organizada por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en la que el constituyente Ignacio Achurra (distrito 14), junto a su par Malucha Pinto (distrito 13) y la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, recorrieron una muestra de postales escritas y dibujadas por unas 160 niñas y niños para hacer saber a los y las convencionales sus requerimientos y anhelos para la nueva Carta Magna. En algunos mensajes se leía “no más zonas de sacrificio”, “más bosques nativos”, “más claridad en las palabras”, “acceso a remedios para mi abuelita”. Había un dibujo de una casa con chimenea y del humo salía el mensaje “acceso a la vivienda”, mientras que en otros decía “aborto legal, seguro y libre”, “todes somos migrantes” y “más arte en el colegio”, entre otros. 

“Hablan de la necesidad del arte y la cultura. Están llenos de ideas importantísimas, lo que nos confirma una vez más que tenemos que incorporar a los niños, niñas y adolescentes en esta construcción que estamos haciendo. Todo esto se está haciendo para esa generación, finalmente», dijo Malucha Pinto, mientras afuera continuaban las manifestaciones. 

Si bien todo se dio en el cronograma para que las fechas calzaran, lo cierto es que no fue casualidad que justo ese día comenzara el debate constitucional en la Convención Constitucional. La fecha fue decidida por parte de la Mesa Directiva Ampliada de las y los constituyentes, relacionado al simbolismo detrás del 18-O, que dio paso al momento político para la creación de una nueva Constitución. Fue así que  mientras en las calles de todo el país se iban generando concentraciones y manifestaciones para conmemorar los dos años del estallido social, en la Convención se daba paso a la sesión plenaria para comenzar con el debate constituyente, y partiría con los discursos de la Mesa Directiva Ampliada. 

Palabras al inicio

La primera en tomar la palabra fue Elisa Loncon, representante del pueblo mapuche y presidenta del órgano constituyente. En su discurso ante el pleno, dijo que “hoy esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos”. 

Elisa Loncon, presidenta de la Convención,.da inicio a la sesión de apertura del debate constitucional. (FOTO: Luciano Candia)

Continuó el vicepresidente de la Convención, el abogado constitucionalista y académico Jaime Bassa. Él aseguró que lo que empezaba ese día era “un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde los espacios de diálogo, en donde estén presentes todas las voces que emergen de los diferentes espacios de crecimiento político, colectivo de la voluntad popular”.

Luego, los vicepresidentes y vicepresidentas adjuntas hablaron en la misma línea, a excepción del exdiputado, exministro y actual constituyente de la UDI, Rodrigo Álvarez (distrito 23), quien afirmó ser parte de una “minoría” dentro de la Convención, y añadió que “hubiera preferido que el inicio de este debate constituyente fuera en cualquier otro día del calendario, pero, entonces, que este 18 de octubre sea una oportunidad distinta”.

La jornada continuó con actividades dentro del ex Congreso, como la intervención de lienzos con las consignas “con fuerza de los territorios”, “Chile despertó, no te duermas nunca más, un solo pueblo”, “NO  a Pascua Lama”, además, de la presencia de Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta; Felipe Riquelme, víctima de trauma ocular por parte de agentes del Estado en medio de la represión; y Patricio Bao, adulto mayor y también víctima de la violencia policial. 

Pero no sólo hubo actos conmemorativos. Tres comisiones temáticas sesionaron durante ese día: Medio Ambiente, Sistema Político, y Principios Constitucionales. En cada una de ellas se fijaron acuerdos básicos para organizar el trabajo bajo el reglamento de la Convención, aprobado en las semanas previas. También hubo constituyentes que salieron del ex Congreso para ir hasta la llamada Plaza Dignidad y sumarse a las masivas manifestaciones que, si bien en su mayoría fueron pacíficas y muy emotivas, terminaron esa noche con actos de violencia, enfrentamientos con Carabineros y saqueos en algunos locales comerciales.

Primeras coordinaciones de comisiones temáticas

Una de las primeras propuestas que sonaron al día siguiente, ya con el debate constitucional activo, fue la del constituyente y abogado Manuel Woldarsky (distrito 10), quien llegó a la Convención como uno de los candidatos que participaron bajo el heterogéneo paraguas de la Lista del Pueblo. Él planteaba la necesidad de ampliar el plazo de redacción de la nueva Constitución, pues los nueve meses -prorrogables en tres más- definidos en la reforma constitucional que dio forma al proceso constituyente, a su juicio, no serían suficientes. Por eso propuso extenderlo a dos años, aunque no congregó mucho apoyo. 

Al respecto, dijo Bassa: 

“Creo que puede ser un poco apresurado pensar en extender el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, en estos momentos (…) Las comisiones provisorias, durante el mes de agosto, trabajaron de manera muy intensa, no solamente para producir unos 230 artículos de distintos reglamentos, sino que también para recibir de forma paralela, en audiencias públicas, a más de 800 u 820 audiencias, si no me equivoco. Entonces, el trabajo que hemos demostrado en este período de instalación, creo que da cuenta, de buena manera, de que el trabajo que se nos ha mandatado puede ser hecho en los nueve meses más los tres meses de prórroga que contempla la Constitución. Si, eventualmente, volvieran a surgir inconvenientes o imponderables, como ha pasado durante septiembre, habrá que evaluarlo en su momento, pero hoy día, con la información que tenemos hasta ahora, con los cronogramas que se están trabajando de manera preliminar, con el proceso de instalación de las comisiones y, especialmente, con la experiencia acumulada ya, me parece que no hay buenas razones para adelantar la discusión respecto a una prórroga más allá de los plazos que establece la Constitución”.

Imagen de fachada del ex Congreso Nacional (FOTO: Luciano Candia)

Durante las dos jornadas que siguieron (martes 19 y miércoles 20 de octubre) se eligieron a los coordinadores/as de las siete comisiones temáticas permanentes. Estos fueron: Adolfo Millabur (escaño reservado) y Jenniffer Mella (distrito 5) para la comisión de Forma de Estado; para la de Sistemas de Conocimiento y Cultura, la dupla elegida fue la conformada por Cristina Dorador (distrito 3) e Ignacio Achurra (Distrito 14); en Derechos Fundamentales, Damaris Abarca (distrito 14) y Matías Orellana (distrito 15); Christian Viera (distrito 17) y Vannesa Hoppe (distrito 21) harán lo mismo desde la comisión Sistema de Justicia; y en la de Sistema Político se designó a Ricardo Montero (distrito 18) y Rosa Catrileo (escaños reservados). 

En la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, se determinó que serían Camila Zárate (distrito 7) y Juan José Martin (distrito 12) los encargados de su coordinación; y, finalmente, para la de Principios Fundamentales, quedaron como coordinadoras las convencionales Ericka Portilla (distrito 4) y Beatriz Sánchez (distrito 12). Es decir, la coordinación de cinco de las siete comisiones quedó a cargo de representantes del Frente Amplio, en dos hay representantes del Colectivo Socialista y en otras dos la coordinación estará en manos de convencionales del pueblo mapuche. 

Acuerdos, discusiones y discursos

Uno de los hechos que también marcó la primera semana de debate constituyente fue el lanzamiento del Portal de Transparencia de la Convención Constitucional, como lo tiene cada institución y organismo estatal. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, señaló que para quienes están dispuestos en apoyar a la Convención, un punto clave es abrir la información “para la ciudadanía, para que sea ésta la que pida rendición de cuentas, y finalmente sea esa transparencia la que esté al servicio de la confianza y su recuperación; nos trae, por cierto, una profundización mayor de nuestra democracia”. 

En un pleno, el 20 de octubre se explicó el recibimiento de 27 oficios por parte del secretario de la Convención, John Smok. Uno de estos es sobre la revisión del criterio rector de paridad de género del Reglamento de la Convención, ya que en la comisión temática de Sistema de Justicia éste no se cumpliría. Sin embargo, desde la Mesa Directiva Ampliada señalaron que la integración de un varón disidencia sexual puede considerarse dentro de la paridad. 

Otro de los planteamientos que generó molestias en algunos constituyentes fue la decisión de sesionar en la región del Bío Bío, como la primera salida de la Convención -a realizarse entre el 22 y 26 de noviembre-. Así fue en el caso del constituyente del Partido Socialista (PS), Julio Álvarez (distrito 26), quien expresó que “la mesa tiene las facultades para gestionar, pero no para decidir dónde se efectuará”. Añadió: “Es cambiar una región más poblada por la segunda más poblada, es decir, un Santiago chico”. 

En esa misma línea, Pedro Muñoz (distrito 24), también PS, catalogó la decisión como un “capricho” del vicepresidente adjunto de la Convención y acusó que no se consideró la ausencia de dos integrantes de la Mesa Directiva Ampliada, él e Isabel Godoy. 

En respuesta a ello, Bassa señaló que se considerará para futuras salidas, porque faltan muchas, y que se eso se ratificará, pues “nos va a alcanzar para dos o tres salidas más en 2022”, afirmó. 

Considerando la apertura del debate constitucional, entre el miércoles 20 y el viernes 22, los y las convencionales constituyentes dieron apertura a la discusión con sus discursos, en los que expusieron antes sus pares sus expectativas, anhelos y también aprensiones sobre la próxima Carta Magna, así como vivencias personales que los motivaron a ser partícipes de la Convención.  

La constituyente más joven entre los y las 155 personas que conforman el pleno, Valentina Miranda (distrito 8), dio un emotivo discurso explicando su situación familiar y personal, que la llevó a tres intentos de suicidios: “No encontraba una salida a esos problemas. Esta historia es similar a las de millones de jóvenes que buscan las lucas a la mala para poder sobrevivir, jóvenes que no confían en la educación, en nada y en nadie”. 

Convencionales en el pleno el día de la inauguración del debate constitucional (FOTO: Luciano Candia)

“Mi convicción es que de aquí saldrá la Constitución ecologista, feminista, plurinacional e intercultural que nos permitirá un desarrollo integral de todas las personas de la sociedad”, planteó Miranda. 

Una visión muy distinta a la que planteó la constituyente de la UDI, exministra de Educación y una de las principales promotoras del Rechazo previo al plebisico de hace un año, Marcela Cubillos (distrito 11), al final de su intervención: “Quiero terminar señalando que una Constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios, que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar, no tiene destino. Es una Constitución condenada al fracaso”. 

El escritor, Jorge Baradit (constituyente por el distrito 10), dijo: “Creo que debemos darnos las condiciones para construir poder popular y herramientas para ejercerlo, porque no concibo una democracia que sólo nos permita marcar una raya en un papel cada cuatro años”.

En general, los discursos estuvieron marcados por la importancia del momento histórico que vive el país y el rol de los constituyentes de cara al futuro, la relevancia que tuvo para el proceso el estallido social del 18-O, las injusticias y desigualdades que lo provocaron y la necesidad de cambiar el paradigma de Chile como nación democrática. Se habló del Estado y del sistema político, social y económico, así como también de medioambiente, salud, educación, sostenibilidad, plurinacionalidad, inclusión e igualdad. La convencional Alejandra Pérez (distrito 9) intervino a torso desnudo, mostrando a todos y todas las presentes las cicatrices de su doble mastectomía debido a una cáncer de mamas, donde tenía escrito «Hasta que valga la pena vivir«. Con un emotivo y potente discurso, se refirió a las desigualdades en el acceso a la salud que afectan a la mayor parte de la población en Chile. 

Por su parte, Lidia González, representante en la Convención del pueblo yagán, se refirió a sus antepasados, aniquilados por colonos, subidos en barcos y exhibidos como animales en zoológicos humanos de Europa en contra de su voluntad (ver hilo que publicó en su cuenta de Twitter).

Hasta mañana, martes 26 de octubre, se extenderá el espacio para discursos de apertura en las comisiones de la Convención.

Por Isidora Varela, Polet Herrera y Amy Franklin

Fue una fría mañana la del domingo 4 de julio en Santiago, pero daban lo mismo las bajas temperaturas: en las calles todo se preparaba, todo se movía. Al amanecer, representantes de los distintos pueblos originarios comenzaron lo que sería una jornada histórica con ceremonias tradicionales de cada nación. El pueblo mapuche, por ejemplo, en un rito íntimo y a cargo de la machi Francisca Linconao, se reunió en el cerro Huelén para luego iniciar su procesión hacia el ex Congreso Nacional. Irían juntos y juntas enarbolando su bandera, la Wenufoye, y haciendo sonar cultrunes y trutrucas, acompañando a quienes desde esa jornada, formalmente, asumirían la representación de su cultura y su gente en la Convención Constitucional. 

Y allí estaban, con vestimentas tradicionales y listas para aceptar su rol constituyente, la misma Linconao, además de Elisa Loncon y Natividad Llanquileo.

Pasadas las 8:00 am, en la Alameda comenzaba a subir la temperatura. Afuera del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), un grupo de personas transitaba con banderas del Partido Comunista (PC), mientras otras sostenían un lienzo en el que se leía “Piñera: el pueblo manda, NO + AFP”. A su lado, un hombre en situación de calle dormía en el suelo.

Unas cuadras más arriba, por el Cine Arte Alameda, con sus puertas aún cerradas tras el incendio que sufrió a fines de 2019, tapadas con varias capas de pintura y restos de papeles en donde se leían consignas, caminaban dos mujeres a paso agitado buscando la llamada “Plaza Dignidad”. Ambas venían junto a un contingente de personas desde Viña del Mar para apoyar durante la jornada inaugural de la Convención Constitucional a la constituyente independiente por el distrito 7, Camila Zárate, y a los demás convencionales electos de la Lista del Pueblo. Mientras caminaban, una de ellas se integró a afirmar un lienzo que tenía puños alzados dibujados y la frase que ha resonado por todo Chile desde octubre de 2019: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. 

Manifestantes en el monumento al general Baquedano. 4 de julio de 2021. (Foto: Luciano Candia).

Ruidos, cánticos, consignas y decenas de personas que se sumaban a cada minuto que pasaba. Era el ambiente que se vivía en los instantes previos a la ceremonia que daría inicio a la Convención donde, por un período máximo de un año, 155 ciudadanos y ciudadanas electas se reunirían para dar forma a una nueva Constitución. La primera instancia de ese tipo en la historia de Chile y la primera con representación paritaria del mundo.    

Puroperiodismo estuvo presente tanto al interior del ex Congreso como en las manifestaciones convocadas para esa fecha, y conversó con convencionales, manifestantes, participantes de cabildos y organizaciones sociales para conocer su visión sobre el proceso constituyente que, a pesar de lo accidentado de esa jornada y los problemas técnicos que impedirían en los días siguientes que se comenzara a sesionar, ya entró en tierra derecha. Ésta es la crónica de ese día.

De la “Zona Cero” al ex Congreso

Mientras sonaban batucadas y gritos con las consignas del estallido social y la liberación de los presos de la revuelta, cerca del Teatro Universidad de Chile se divisaban a los constituyentes de la Lista del Pueblo, entre ellos, a Alejandra Pérez, convencional por el distrito 9.

«Hace mucho empezamos a decir basta, pero hace 629 días nuestra querida y valiente juventud, saltando un torniquete, nos unió para gritarlo. Entre humo de lacrimógenas, ruido de cacerolas, banderas y gritos de clamor volvimos a mirarnos, volvimos a fundirnos en un abrazo, volvimos a tomarnos de las manos para exigir dignidad», dijo Pérez en Plaza Dignidad.

A las 9:00 am, en la esquina de Irene Morales con Alameda, frente al memorial que se levantó para conmemorar a manifestantes que fallecieron durante el estallido -muchos por acción de agentes del Estado-, un grupo de personas se reunió para recordar a quienes se han convertido en emblemas de la lucha social. “Libertad, justicia y reparación”, decía uno de los lienzos que sostenían los y las manifestantes.  

Rodearon la base del monumento al general Manuel Baquedano, tapado desde marzo por un muro metálico de más de 3 metros de alto. Había quienes lo golpeaban con piedras y manos, con el mismo ritmo de los cacerolazos. Otros, rayaban consignas y pegaban panfletos en sus paredes naranjas.

Mujer manifestante golpeando muro del monumento al general Baquedano. 4 de julio de 2021. (Foto: Isidora Varela L.).

A su lado, un pequeño grupo de mujeres con banderas moradas y pañuelos verdes comenzaban a agruparse. Era la Agrupación de Mujeres de Macul, quienes se organizaron para asistir juntas a la manifestación. 

“Esto es nunca más sin nosotras, tenemos que estar tanto en lo institucional como en la calle (…) En la Convención Constitucional nos asombró el alto apoyo de las votaciones. Estuvimos sobrerrepresentadas y jamás lo esperábamos, no sólo se siente nuestro movimiento, sino que también hay un apoyo transversal; las mujeres que están hoy día no sólo fueron votadas por mujeres”, expresaron.

Así, con un lienzo donde se leía “Nueva Constitución con el pueblo o nada”, la marcha convocada por la Lista del Pueblo iniciaba su camino hacia el ex Congreso Nacional, con la intención de que sus constituyentes fueran acompañados por sus familiares, amigos y los mismos manifestantes hasta donde sesionaría la Convención, porque “esto no es de los 155 constituyentes, este proceso es de todos los chilenos y chilenas”, como mencionó Rodrigo Rojas, el “Pelao Vade”, constituyente de la Lista del Pueblo por el distrito 13. 

El ingreso de los constituyentes

La sede del ex Congreso Nacional, en pleno centro histórico: todo confluía ahí. 

Para los y las 155 convencionales que esa mañana asumirían el papel que en mayo la ciudadanía les delegó con el voto, el ingreso estaba por un viejo portón de fierro en la intersección de Bandera con Compañía, que resguardaban cuatro Carabineros. A medida que llegaban, pasaban directo al patio, donde -por motivos sanitarios- se llevaría a cabo la ceremonia, bajo un espacio encarpado especialmente para la ocasión. A cada constituyente se le entregó un kit sanitario con alcohol gel y una mascarilla de recambio. El ambiente era extraño. Mientras había quienes guardaban compostura y esperaban que todo se diera con solemnidad, otros y otras aprovecharon la instancia para llevar al minuto uno de la Convención la protesta ciudadana.

Un grupo de constituyentes feministas, con pañuelos verdes y morados, entró con un lienzo que decía: “Desde hoy, siempre con nosotras”. Lo sostenía más de una decena de mujeres, entre ellas las convencionales Malucha Pinto, Valentina Miranda y Patricia Politzer. Algunas llevaban una polera negra que decía “¡Libertad a l@s pres@s polític@s de la revuelta!”, y se escuchaba el conocido grito feminista “ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”.

A las 10:00 am estaba contemplado comenzar la ceremonia, y la mayoría de los y las presentes, ante las consultas de la prensa, manifestaban una profunda emoción y esperanza por el proceso. Constanza Schönhaut (CS), convencional del Frente Amplio por el distrito 11 que llegó ese día caminando desde el Barrio Yungay junto a sus adherentes, dijo a Puroperiodismo: 

También Politzer, periodista independiente y actual representante en la Convención por el distrito 10, se refirió a la instancia que estaba por comenzar, la que calificó como “una fiesta de la democracia”:

Otra entrada que marcó la jornada fue la de la machi Francisca Linconao. Autoridad espiritual mapuche, es también una de las figuras más potentes del activismo por los derechos humanos de su pueblo. Fue vinculada al asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, lo que la llevó a estar nueve meses en prisión bajo la Ley Antiterrorista, para luego de cuatro años de persecución y hostigamientos, ser absuelta de cualquier responsabilidad por la justicia. En mayo resultó electa para ocupar uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios -fue la representante indígena más votada en el país- y ese domingo 4 de julio, llegó con hojas de canelo en alto, y seguida por los otros seis constituyentes de su pueblo tras el ritual en el cerro Huelén.

Si bien la machi optó por no interactuar mucho con la prensa, conversó brevemente con Puroperiodismo, primero en mapudungún (“mari mari pu lamngen, mari mari kom puche”, haciendo un saludo a las mujeres y luego uno al pueblo en general) y luego en castellano, para expresar las necesidades de su pueblo frente a la Convención Constitucional y exigir la “libertad a los mapuches y no mapuches por la revuelta en Santiago, porque los jóvenes están sufriendo por salir a la calle”. 

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Tensión en el centro histórico

En el patio del ex Congreso, mientras todo se preparaba para dar comienzo a la ceremonia que encabezaría la secretaria relatora del Tribunal Electoral (Tricel), Carmen Gloria Valladares, se escuchaban gritos y cánticos contra “la Constitución de Pinochet” y la liberación de los presos de la revuelta. Mientras, los y las convencionales de derecha miraban en grupo la escena con gestos de desagrado.

Hasta ese momento, lo que sucedía adentro corría por un carril paralelo a lo que pasaba en la calle. Allá afuera, a una cuadra, Plaza de Armas estaba cercada con vallas papales. Entre la multitud se podía divisar la bandera de los pueblos andinos, la Whipala, como también la congregación del pueblo mapuche y organizaciones de familiares y adherentes a los presos y presas tras el estallido social. Los cánticos de protesta y las batucadas seguían. La marcha ya estaba en la intersección de Compañía y Ahumada; los y las manifestantes tenían ya al frente a Carabineros. Pasó, entonces, lo predecible y quizás, inevitable. 

Un grupo de personas botó el cerco de seguridad. Carabineros se replegó y apareció el contingente de Fuerzas Especiales, con sus carros lanzaaguas y lanzagases. Gritos, piedras, disparos y gas lacrimógeno por todas partes. El mismo día que partía la Convención, volvía a las calles la imagen de las protestas del 18 de octubre de 2019: la “primera línea” enfrentada con Carabineros.

Pero a diferencia de otras instancias similares, en que nada de lo que ocurra afuera detiene la ceremonia, varios constituyentes, en su mayoría pertenecientes a la Lista del Pueblo, exigían detener todo, gritando “no más represión”. No pararon ni siquiera cuando el cuarteto de cuerdas de la Fundación de Orquestas Juveniles comenzó a tocar el himno nacional. Hasta la mesa donde se encontraba Valladares, encabezando la sesión, llegó la constituyente Elsa Labraña, de la Lista del Pueblo, con una fotografía de José Miguel Uribe (joven que falleció el 21 de octubre de 2019 tras sufrir un disparo por el empresario Francisco José Fuenzalida Calvo).

“¡No puedes seguir con esto! ¡Llevamos 30 años, podemos esperar un día! ¡Un año si querís, pero páralo!”, gritó Labraña. 

Fue entonces que Valladares, mostrando una calma que fue destacada de inmediato por los medios y en redes sociales, decidió suspender la actividad. Y ahí varios representantes se pararon y salieron.   

El primero fue Rodrigo Rojas, el “Pelao Vade”, quien salió del ex Congreso a enfrentar la situación tras oír los estruendos que venían de la calle. “No se puede creer que quieran empezar una Convención cuando hay un carro lanzaaguas maltratando a nuestra gente, como lo han hecho por más de 600 días”, dijo. Luego, junto a otros y otras de sus pares se paró frente al carro lanzaaguas con las manos en alto, y así evitar su avance.

Las puertas del ex Congreso se cerraron, y sólo se dejó entrar y salir a constituyentes. A la prensa no se le permitió salir. “Una vez que salen no entran”, les dijeron a los y las periodistas que cubrían el evento. 

Convencional constituyente Rodrigo Rojas abrazando a la lonko Juanita Millal. 4 de julio de 2021. (Foto: Luciano Candia).

En Plaza de Armas la manifestación no cesaba y estaban presentes tanto observadores tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como brigadas de salud para prestar primeros auxilios a los y las manifestantes. Una de estas brigadas era Movimiento de Salud en Resistencia, y una de sus integrantes, Natali Jarpa, comentó a Puroperiodismo que durante la manifestación de ese 4 de julio atendieron “a personas quemadas por el agua del guanaco, gaseadas con gas pimienta y personas que han sido lastimadas por lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo. Ha sido una protesta brutal, en donde hemos atendido a decenas de personas heridas”.

Entre la masa de manifestantes, también se encontraba la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Frente al Portal Fernández Concha, estaba el lienzo de la coordinadora y Álvaro Silva, uno de sus integrantes: “El costo de que hoy exista la Constituyente fue muy alto, el costo fue la pérdida y baleo de nuestros ojos, y no hay nada que homenajear y celebrar. Nosotros estamos aquí para exigir verdad, justicia y reparación, eso es lo que le pedimos a los constituyentes”. 

La manifestación fue transcurriendo entre avances y retrocesos de la “primera línea”, aunque fue amainando en intensidad. En el ex Congreso, en cambio, todo se reanudó a eso de las 12:40.

“Hoy se funda un nuevo Chile”

Fue cerca de la una de la tarde cuando, a pesar de que los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros continuaban en las cercanías, Valladares dio inicio a la votación para elegir a quienes serían los líderes de la convención. 

Las dos votaciones que se realizaron por la presidencia de la Convención Constitucional fueron lideradas con las dos primeras mayorías de votos por Elisa Loncon (quien es constituyente por escaño reservado del pueblo mapuche) y Harry Jürgensen (RN), convencional por el distrito 25 bajo la lista Vamos por Chile. Y finalmente, quien resultó electa para la presidencia con 96 votos, fue Elisa Loncon, académica, lingüista y activista mapuche. 

Con una Wenufoye en sus manos y la junto a la machi Linconao, Loncon subió al estrado y se dirigió al país hablando en mapudungún sus primeras palabras como presidenta de la Convención Constitucional: “Mari mari pu lamngen, mari mari kom pu che, mari mari Chile mapu”.

“Hoy se funda un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los territorios, ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución”, fueron parte de sus palabras.

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A las cinco de la tarde comenzó la votación por la vicepresidencia de la Convención, la cual, una hora y media después y luego de tres vueltas, terminó con la elección del abogado constitucionalista y académico Jaime Bassa, quien llegó a la instancia como independiente, con cupo de Convergencia Social, por el distrito 7.

“Hoy día empezamos a transitar un camino republicano, pero también un camino popular, un camino de representación democrática, pero también de participación social. Creo que el desafío que tenemos ahora, de aquí en adelante, es ser capaces de construir esa trenza desde la justicia, desde la inclusión, desde el respeto, desde la diversidad”, mencionó Jaime Bassa luego de ser electo.

Ya proclamados en sus nuevos cargos, la presidenta Elisa Loncon pidió un minuto de silencio por “los fallecidos de los pueblos originarios, por los fallecidos en dictadura, por los fallecidos del estallido social y por las víctimas de femicidios”.

Poco después, con la mesa ya constituida, se dio término a la ceremonia.

Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional,  y Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional. 4 de julio de 2021. (Foto: Cristina Dorador, convencional independiente por el distrito 3).

A pesar de los obstáculos que los y las miembros de la Convención tuvieron que sortear durante la jornada inaugural, el proceso fue reconocido a nivel mundial. El diario El País de España, titulaba “Una indígena mapuche presidirá la convención constituyente que tendrá que escribir un nuevo Chile” y anunció que iniciará una publicación quincenal de un análisis del proceso constituyente; la cadena alemana Deustche Welle publicó que la “ONU alaba instalación de Convención que redactará una nueva Constitución de Chile”; y BBC Mundo destacó la elección de Elisa Loncon para la presidencia de la Convención Constitucional.

Así, se dio inicio a un proceso histórico en Chile, el cual llevará en los próximos 9 meses (con tres prorrogables) a la Convención Constitucional a escribir una nueva Constitución para el país, para que a mediados del próximo año, se realice un nuevo plebiscito en el que se aprobará o rechazará la nueva Carta Magna. 

Fernanda tenía 13 años en octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social. Las marchas, las protestas, las consignas, los enfrentamientos con Carabineros, la violencia callejera y la lucha de una sociedad que llegó a un punto de inflexión y no retorno. Al inicio, sentía algo de temor, así que no participaba en las manifestaciones. “Lo comparaba con una película, no creía lo que estaba pasando, pero empecé a darme cuenta de que por algo había sucedido todo”, cuenta.

La del 25 de octubre fue la primera a la que asistió. “La marcha más grande de Chile”, decía la convocatoria que circuló en redes sociales, y así fue: la más grande de todas. Sólo considerando las calles de Santiago, más de 1.200.000 personas se concentraron esa jornada y ahí, entre medio de la muchedumbre, en el epicentro de todo, en la llamada Plaza Dignidad, estaban Fernanda y su mamá. Ya no tenía miedo, pero siempre estaba pendiente por si la perdía de vista, de estar en todo momento con su celular a mano por si pasaba algo -cualquier cosa- o de estar lista por si tenían que correr.

Fernanda vive en Peñalolén, y después de ese día, comenzó a ir a más manifestaciones junto a su mamá. Cuenta que “siempre iba con ella, nunca sola. Íbamos a los llamados que se hacían en Plaza Egaña porque nos quedaba más cerca o a lugares y plazas acá en la comuna, y siempre en los cacerolazos desde la casa”. 

Con 15 años, dice hoy tener la película clara: “Vivimos en un país donde los y las adolescentes nos damos cuenta de lo que sucede, entonces no poder participar más allá de las protestas es fome, porque somos chilenos y chilenas y es como si nuestra opinión se ignorara”.

Lo que siente no es excepcional y resulta paradójico si se revisa lo ocurrido en los últimos años con las principales movilizaciones que han marcado al país. En 2006, con la llamada Revolución Pingüina, fueron los y las estudiantes secundarios quienes propiciaron en las calles y mediante la toma de diversos establecimientos la reforma del sistema de Educación, aunque en las decisiones adoptadas no tuvieron voz ni voto. Con el movimiento estudiantil de 2011, pasó lo mismo y ahora, con el proceso constituyente, ocurrió igual: fueron los niños, niñas y adolescentes (NNA) quienes, saltando los torniquetes del Metro, dieron el puntapié inicial a la protesta ciudadana que derivó en el camino para cambiar la Constitución de 1980. Pero no pudieron participar en el plebiscito ni votar por sus representantes en la Convención Constitucional que este domingo 4 de julio comenzará a sesionar.   

Como aún no se definen los mecanismos de participación ciudadana que operarán durante el año que dure el trabajo de los y las convencionales constituyentes, el rol que los NNA tendrán en el proceso es incierto. Sin derecho a voto ni incidencia directa, hoy se ven obligados a seguir movilizándose desde los márgenes de la institucionalidad, apoyando las pocas instancias informales que distintos organismos han impulsado y presionando para que, eventualmente, cuando se tenga que aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución, puedan acudir a las urnas y marcar una preferencia. 

Gentileza: Reuters

Excluidos por edad  

Ya en 2015 se podía ver en un documento elaborado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la preocupación de que “en el ordenamiento jurídico [chileno] no se reconozca expresamente el derecho del niño a ser escuchado y que se tenga en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que le afecten”. El informe también resaltaba que “no existen estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la elaboración de las políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia, y en particular procesos que muestren de qué manera se tienen debidamente en cuenta sus opiniones”. Eso último, en todo caso, cambió en 2018, cuando se creó la Defensoría de la Niñez.

Pero los NNA siguen excluidos de los procesos formales de toma de decisiones y para Fernanda, al igual que muchos, eso está mal: ella cree que los y las menores de edad deberían poder votar. 

“Somos muchos, y esto se puede ver en las manifestaciones: siempre hay muchos adolescentes. Tenemos opiniones y queremos participar. Si bien pueden decir ‘ya van a poder participar’, yo tengo 15 años y me faltan todavía tres para poder hacerlo, y es algo que a una le gustaría que pasara ahora. Tenemos opiniones y queremos hacerlas visibles en algo más grande, no sólo en conversaciones simples o en la calle”, dice.

Lo mencionado por Fernanda también se ve reflejado en el Estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes realizado por la Defensoría de la Niñez en 2019, cuando el proceso constituyente recién tomaba forma. El 53,7% de los/as encuestados/as mencionó que le gustaría participar en los plebiscitos contemplados para una nueva Constitución, y un 58% consideraba que se debía incluir a menores de 18 años en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna. Por supuesto, eso no ocurrió.

El estudio de la Defensoría de la Niñez también dio cuenta de una alta participación en las movilizaciones: un 55,5% de los NNA encuestados habían participado en manifestaciones y un 38,2% había sido parte de conversaciones en los establecimientos educacionales.

Chile suscribió en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece que “los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez”. En otras palabras, la obligación del Estado de garantizar el derecho de los NNA a expresar su opinión en los temas que le atañen directa e indirectamente. Algo que no estaría ocurriendo.

“Los niños, niñas y adolescentes siguen invisibilizados y ausentes. El Estado se ha negado, a pesar de la obligación que le impuso la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años, a reconocerles y tratarles de manera plena, como sujetos de derecho. Para que esta nueva etapa país constituya, de verdad, un nuevo trato con ellas y ellos, su voz, ideas y propuestas no pueden seguir ausentes”, escribió Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, en una columna que publicó CNN Chile.

Antonia Rolland, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES Chile), dice: “Creemos que los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos que pueden pensar, argumentar y que esto es válido, que sus experiencias y vivencias son igual de válidas a las que tienen los adultos (…) vivimos en una sociedad totalmente adultocéntrica, donde un claro ejemplo es que nosotros no podemos votar sólo por ser menores de edad, como si no tuviéramos la suficiente capacidad para hacerlo. Por eso nos ha tocado tener solamente otras formas de organización, desmarcadas de la institucionalidad”.

Muy jóvenes para votar

Fernanda estudia en el Colegio Santa Marta, en Ñuñoa, y junto a sus compañeros y compañeras, se organizó durante el estallido social para ser parte de las manifestaciones.

Entre “paros de lápices” y una fuga fallida del establecimiento, lograron llegar a un acuerdo con la dirección del colegio para realizar conversatorios sobre la crisis política que se estaba viviendo y colocar lienzos y pancartas en la fachada del establecimiento, demostrando que también eran conscientes de lo que sucedía.

“Es algo que nos afecta a todos, independiente de la edad que tengamos. Es algo que está sucediendo ahora y las decisiones que se vayan tomando nos van a afectar también cuando crezcamos. Por ejemplo, sobre las pensiones: si no se reclama ahora, cuando yo termine de trabajar va a seguir pasando y por eso salgo a protestar, porque quiero que lo que está mal ahora, cambie para el futuro”, dice.

Aunque no pudo votar para el plebiscito de octubre de 2020, Fernanda estaba feliz de que su familia lo hiciera. “A pesar de que mucha gente fue a votar, que yo no pudiera hacerlo, al ser una persona que vio y participó del estallido social, da lata”.

Al menos 11 países ya disminuyeron la edad mínima para votar por debajo de los 18 años. En la región, están Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Cuba, donde el voto para adolescentes desde los 16 años está permitido y es voluntario. En Chile, sobre todo tras la revuelta del 18-O, se ha intentado rebajar la edad para el sufragio y así darle la posibilidad a las y los estudiantes secundarios de ser parte del proceso constituyente. Todo ha sido, hasta ahora, infructuoso.  

En mayo de 2020, la defensora de la Niñez solicitó formalmente al Congreso rebajar hasta los 16 años la edad de votación en los plebiscitos de entrada y salida del proceso constituyente. “Una de las formas en que se puede hacer efectivo el derecho a ser oído de las y los adolescentes, y dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité [de los Derechos del Niño], es precisamente permitiendo su sufragio voluntario en las distintas etapas contempladas en el itinerario constituyente, concretando así una participación que integre a este grupo de la población, que son agentes claves del desarrollo del país, efectivizando sus derechos”, dice el documento que Muñoz envió a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. 

Pero la petición no prosperó.

En abril de este año, el diputado Boris Barrera (PC) volvió a la carga con una moción para modificar la Constitución e incluir en el padrón que deberá votar de forma obligatoria en el plebiscito de salida a votantes desde los 14 años de edad. Sin embargo, a pesar de haber sido acogida a trámite, la iniciativa no ha tenido movimientos desde su ingreso.

Participar desde el margen

La Convención Constitucional está compuesta por 77 mujeres y 78 hombres, como resultado de la paridad de género. La más joven tiene 21 años; el mayor, 81.

Según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el rango etario para describir a una persona como joven es entre los 15 y 29 años. Bajo este principio, sólo hay ocho jóvenes en la Convención Constitucional, apenas el 5% de los y las convencionales. De ellos, sólo cuatro mencionan en sus programas promover el reconocimiento explícito de los NNA como sujetos de derecho.

A pesar de que hasta ahora los menores de edad no son partícipes del proceso constituyente, han existido distintas instancias para que entreguen su opinión frente a los temas que se proponen para la nueva Constitución, abriendo caminos una participación -indirecta, hasta ahora- en el camino constituyente.

Una fue la encuesta “Los niños también votan”, realizada por la ONG World Vision durante octubre de 2020, previo al plebiscito de entrada. 17.318 NNA entre 6 y 17 años respondieron el cuestionario. Fernanda fue una de ellas. Fue su forma de participar y exponer su opinión frente al proceso histórico que vive el país.

La encuesta arrojó que el 94% piensa que la opinión de su grupo etario debe ser considerada para el futuro del país. Y entre los adolescentes de 14 a 17 años (el grupo al que pertenece Fernanda), el 96,5% declaró que le gustaría poder votar. También, el 61% señaló que lo más importante es que su opinión sea tomada en cuenta.

Otros resultados: el 36,2% propuso que los adolescentes puedan votar de igual forma que los adultos; el 16,8% que se les permita exponer en el Congreso sus argumentos a favor del voto juvenil; y el 16,2% que se invite a los representantes estudiantiles para que aporten en políticas enfocadas en educación.

A pesar de esos esfuerzos para incluir de alguna forma a los NNA, la vocera de la ACES Chile acusa que desde el inicio del proceso constituyente, han sido aislados: “Para nosotros, como estudiantes secundarios, menores de 18 años, que no podamos votar era algo que nos esperábamos. Por ende, nuestra forma de accionar respecto al proceso constituyente siempre va a ser desde la calle, la movilización, porque ha sido la única forma que hemos tenido, nuestra única garantía”.

También, ven el proceso constituyente con una mirada crítica. Rolland señala que “no creemos que se logre la transformación social que necesitamos y por la que venimos luchando hace años, sin embargo, sí se ve como un espacio donde se puede poner sobre la mesa el debate de cuáles son nuestras necesidades y exigencias”. 

Por esto, y debido a que posicionan su política desde fuera de la institucionalidad, agrega que como ACES Chile tienen como objetivo “articularnos con más sectores, poder tener organización más amplia con más estudiantes”.

La Defensoría de la Niñez publicó el pasado 11 de junio el Boletín N°1 “Participación de niños, niñas y adolescentes en la Convención Constitucional”, de la campaña “Mi Voz en la Constitución”, la cual pretende que los niños, niñas y adolescentes puedan participar del proceso constituyente que está en curso. 

En el documento se entregan recomendaciones relacionadas con el reglamento de la Convención Constitucional, y fundamentalmente con las áreas de trabajo de los convencionales electos con los derechos de los NNA y sus formas de participación. 

Algunas de las recomendaciones expuestas corresponden a que las solicitudes y peticiones que realicen niños, niñas y adolescentes se envíen a la Convención Constitucional con la Defensoría de la Niñez como intermediario; que se generen metodologías e instancias de participación para grupos específicos (como NNA que vivan en zonas rurales o en el extranjero, que estén bajo protección de Estado, que sean migrantes, refugiados o parte de pueblos originarios, que cuenten con alguna discapacidad, etc.); y que en la instancia de ratificación final de la propuesta de la nueva Constitución, el plebiscito de salida, se incluya la posibilidad del reconocimiento del derecho a sufragio para adolescentes.

Patricia Muñoz comentó en un video subido a las redes sociales de la institución que “en este primer boletín lo que hemos querido plantearle a las y los convencionales constitucionales es que es necesario asegurar el reconocimiento, respeto, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que es imprescindible de que les reconozcamos como sujetos de derechos y que, por tanto, en dicha virtud, esta Convención Constitucional les permita participar de manera efectiva e incidente en aquellas instancias de debate y análisis que permitirán construir nuestra nueva regulación a través de la Constitución”.

Otras formas de participación

Hasta ahora, la participación de los NNA dentro del proceso constituyente sigue siendo incierta. Sin embargo, existen distintas actividades para que ellos puedan debatir y entregar su opinión sobre la nueva Constitución y las temáticas que para ellos y ellas son fundamentales.

La Defensoría de la Niñez está realizando una campaña llamada “Mi Voz en la Constitución”, en la que invitan a niños, niñas y adolescentes a enviar “sus pensamientos y sentimientos sobre sus derechos y lo que debe considerar la nueva Constitución” a través de piezas de arte, para así buscar “incidir en el reconocimiento, respeto, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la generación de una nueva Constitución Política de la República, considerando su participación efectiva”. 

Por otro lado, desde el 31 de mayo hasta el 16 de julio, se está llevando a cabo el proyecto “Voces Juveniles”, un ciclo de cabildos ciudadanos online entre jóvenes de 15 y 29 años para dialogar sobre una Constitución ecológica. La instancia está patrocinada por la ONG CEUS Chile, la Fundación Friedrich Ebert y North American Association for Environmental Education, y tiene como objetivo que los resultados de estos cabildos sean entregados como insumo para la Convención Constitucional.

Fernanda ve expectante el proceso constituyente y espera que resulten cosas buenas. Observa atenta lo que pase con las pensiones, porque vive con sus abuelos y para ella es una realidad cercana: “Es algo que está mal hace muchísimos años, no puede ser que una persona haya trabajado durante tanto tiempo y su pensión mínima sea de $130 mil, eso debe cambiar”. 

Sigue pensando en la participación de los adolescentes como ella. Cree que debieran ser parte activa del proceso porque “nosotros [los secundarios] partimos con esto y estuvimos día tras día, también lo vivimos y salimos a la calle, y los que no podían, participaban desde sus casas o sus colegios, nosotros también lo vivimos en carne propia”. Por esto, piensa que debieran organizarse y que sean los dirigentes secundarios quienes, luego de que se escuche la voz de todos y todas las jóvenes, lleven sus propuestas hacia la Convención para ser reconocidos en una nueva Constitución. 

Dice a modo de cierre: “Los adolescentes ya somos partícipes de lo que está sucediendo, ya entendemos, y nos deberían reconocer como ciudadanos”.

Por Camila Torres y Polet Herrera 

“No son 30 pesos, son 30 años”, gritó la ciudadanía de norte a sur. Una frase breve pero potente, que resume la crisis de representatividad de los partidos políticos que ya venía arrastrándose desde hace un buen tiempo y que tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, ya simplemente no dio para más. Y así, fueron transcurriendo semanas de manifestaciones autoconvocadas por redes sociales sin que nadie pudiera adjudicarse el liderazgo del movimiento.

Fue el origen de lo que ocurre hoy. En las calles, la población exigía el cambio de la Constitución y, a casi cuatro semanas del estallido, la Mesa de Unidad Social -conglomerado que reúne a representantes de sindicatos u organizaciones civiles- convocó una huelga general para el 12 de noviembre, una jornada de paralización que causó un dolor de cabeza para el Presidente Sebastián Piñera hasta el punto de casi decretar estado de excepción.

Las protestas siguieron esa noche en Santiago y regiones, mientras Piñera, a las 21:00 en su oficina en La Moneda, según publicó Ex-Ante, por medio del entonces ministro de Defensa Alberto Espina, se comunicó con el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, quien no compartió la idea de sacar los militares a la calle debido al “uso de armamento inadecuado” y la falta de “un amplio consenso e institucional”. Es así como el Presidente solicitó estar solo para llegar a una resolución que informó en un punto de prensa una hora después: la institucionalidad debía llegar a un acuerdo enfocado en la paz, justicia y la redacción de una nueva Constitución ratificada a través de un plebiscito. 

El oficialismo y la oposición empezaron a tener sus primeros acercamientos durante la mañana del 14 de noviembre de 2019. En tanto, afuera del Congreso nuevas movilizaciones se tenían previstas al cumplirse un año del homicidio por la espalda de Camilo Catrillanca a manos de Carabineros.

Tras 15 horas de tensas conversaciones en el Congreso, en la madrugada del 15 de noviembre, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), anunció la firma del “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución” por 11 partidos políticos y un solitario diputado de Convergencia Social que actuó por cuenta propia, Gabriel Boric. Se abría así un camino constituyente en el país que, con el tiempo, se iría complementando hasta ser el primero en el mundo con una composición 100% paritaria, el primero en Chile con participación directa de la ciudadanía a través del voto y el primero que garantiza mediante escaños reservados la participación de los pueblos originarios en una instancia clave para el futuro de la nación. 

Vino el plebiscito del 25 de octubre, realizado en plena pandemia y con la más alta participación desde el retorno de la democracia. Ganó el Apruebo y la Convención Constitucional. Y desde entonces, la carrera por ser parte de ese órgano se desató. 

Cada día que pasaba, un nuevo nombre aparecía en la prensa o en redes sociales postulándose para ser convencional constituyente. Ya sea bajo el alero de un partido político, por la vía independiente o por un escaño reservado, cientos -si no miles- de personas se pusieron a la fila para lograr estar en las papeletas, y el 11 de enero se definirá por fin quienes estarán ahí.

A diferencia de otras elecciones, éstas tendrán un foco primordialmente ciudadano. Un artículo de Contexto Factual da cuenta, a partir de distintos datos, que el valor de los políticos está en su nivel más bajo, que la gente no los quiere en la Convención y que es la hora de los independientes. 

Puroperiodismo conversó con precandidatos y precandidatas constituyentes que provienen de ese mundo y que surgieron tras el estallido: asambleas territoriales, coordinadoras feministas y espacios sociales, para conocer sus historias, el despliegue de sus campañas en este contexto de pandemia y sus vías para pavimentar por medio de firmas un camino a la Convención que todavía está hecho de tierra. 

Las mujeres por una Constitución paritaria

Aunque el Censo de 2017 arrojó que el 51,1% de la población chilena son mujeres, en la Constitución apenas se les menciona una sola vez. Pero ahora, esas más de 8 millones de mujeres del país tendrán un protagonismo inédito en la redacción de la nueva Carta Magna. 

Diversos países han aumentado la participación femenina en sus procesos constituyentes. De acuerdo con ONU Mujeres, Siria aumentó la participación de un 10% a un 30% de mujeres en cargos para redactar una nueva constitución. El mismo porcentaje se alcanzó en Túnez, en 2011; en Bolivia fue un 34% y en Islandia fue el 40%. Pero Chile ahora irá más allá que cualquier otro país en la historia y el órgano que escribirá una Carta Fundamental a partir del segundo semestre de 2021 será paritario. 

La paridad es clave. Según ONU Mujeres, “cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros. La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50% de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno”. 

A continuación, la historia de tres mujeres que buscan ser parte de esa mitad para redactar una Constitución con perspectiva de género.

Claudia Cáceres nació y se crió en Talca, la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de Chile hace 202 años. Es comunicadora audiovisual, pero hace más de 10 años que se dedica a la gestión comunitaria. Trabaja en la ONG Domodungu, que se enfoca en temas de género, libertad y derechos de las mujeres, y participa en la Coordinadora 8M del Maule, desde donde salió su candidatura independiente junto a otras colectivas. 

Cuenta que en la Región del Maule está presente “la invisibilización del trabajo doméstico, la violencia machista. Tuvimos cuatro femicidios en 2020 en la región. Aquí todavía se da la dinámica del patrón de fundo”. 

Según cifras del Informe sobre el Desarrollo Humano, las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre dos y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado. 

Pero desde el Acuerdo por la Paz se crearon muchas dudas. Cáceres dice que en las colectivas donde participa se generó “mucha crítica de cómo se gestó: a espaldas del pueblo, casi como un salvavidas a este gobierno. (Estamos) bien decepcionadas de los partidos políticos que aprobaron leyes que criminalizan la protesta”. 

La precandidata a convencional por el distrito 17 decidió participar del proceso tras largas conversaciones y debates en los lugares donde ejerce trabajo territorial. “No podemos estar marchando y denunciando eternamente si no somos capaces de disputar esos espacios. Es la manera de poder incidir de manera honesta sobre qué cambios queremos de ahora en adelante”, afirma.

Ahora está en pleno proceso de lograr los 548 patrocinios que le permitirían aparecer en la papeleta del 11 de abril.

Por el Distrito 20 va Daniela Guzmán Huenchuleo. Se define a sí misma como “madre, pobladora y mujer mapuche”. Su historia en política comenzó a temprana edad. Estudió la básica en el colegio público Darío Salas, pero tras obtener una beca que se entregó por vez única y excepcional en la comuna de San Pedro de la Paz, llegó al colegio privado Concepción San Pedro. Ese cambio la hizo darse cuenta de las diferencias en el sistema educacional. 

Guzmán es evangélica. Cuenta que pasó toda su vida en la comunidad cristiana y actualmente es parte de la Primera Iglesia Bautista de Coronel. 

Así describe su primer paso en la ruta a ser convencional constituyente: “Cuando cumplí 18 sentí la necesidad de salir de las cuatro paredes de mi iglesia y salir a mi población. Me pilla justo octubre en esa búsqueda de mi lugar y llegué a la Asamblea Popular La Boca Sur del Bío Bío”. 

La asamblea de la que participa se gestó el 20 de octubre de 2019, y ahí ha participado tomando parte de las vocerías, la cual ha funcionado como acompañamiento para los presos de la revuelta. Ahora junta firmas para postularse al distrito 20. Necesita al menos 755.

Su principal motivación para estar en la Convención es la experiencia de desigualdad que le tocó ver cuando llegó a un colegio privado: ninguno de sus compañeros siquiera conocía su población. 

“Somos el mejor ejemplo del daño que nos hizo la dictadura y después la democracia en cuanto a políticas habitacionales. No sólo hablamos del tipo de vivienda, tamaño y calidad, las cuales son paupérrimas, sino que lo que acompañó estas medidas habitacionales: segregación, abandono, desigualdad y la narco cultura que se instaló”, enfatiza.

También por el distrito 20 va Valentina Torres. En Concepción comenzó su activismo social hace más de cinco años. Sin embargo, desde otra vereda: la maternidad. Fundadora de Madre Canguro, una organización que cuenta con una comunidad de alrededor de 5.000 madres, Torres define su rol como “un activismo social en cuanto a la crianza”.

Durante el estallido, Torres terminó sus estudios de antropología, criando y siendo dueña de casa. Comenta que fue un “proceso difícil porque quería estar en la calle, pero criar al mismo tiempo. Ahí comenzó el relevo de ayuda entre mujeres para que algunas nos pudiéramos acompañar en la crianza mientras otras iban a marchar o trabajar”. Durante la contingencia nacional también participaba como dirigente social de Convergencia Social en Concepción. Tras el acuerdo del 15 de noviembre renunció al partido y salió de la ciudad debido a supuestos amedrentamientos de parte de Carabineros. Dejó atrás la militancia y un recurso de amparo y protección. 

“Nunca nos habíamos organizado políticamente, pero después del estallido social nos dimos cuenta que tenemos que ser parte del proceso”, dice.

Escaños reservados: una deuda pendiente

El debate sobre los escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención Constitucional se prolongó hasta diciembre. Chile Vamos no compartía la idea de los cupos supernumerarios ni la autoidentificación para la votación de los candidatos.

Una de las voces más críticas de esta discusión fue la diputada Emilia Nuyado (PS), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios: “Aquí primó la herencia transversal de la derecha, la izquierda y del centro de tener actitudes discriminatorias, clasistas y racistas hacia los pueblos originarios”, comentó en conversación con El Mostrador. 

Al final, 17 escaños intranumerarios fueron asignados para los pueblos originarios, en un distrito único y con candidaturas individuales que pueden ser patrocinadas por agrupaciones indígenas o mediante la recolección de firmas de personas con pertenencia étnica acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi): 120 como mínimo para representantes mapuche, aimaras y diaguitas y 70 para los otros pueblos (ver artículo de Contexto Factual). 

Puroperiodismo conversó con Ingrid Conejeros y Ricardo Inalef, ambos candidatos constituyentes mapuche. 

En la videollamada, aparece Conejeros con trenzas y joyas tradicionales, y a sus espaldas, una bandera azul acompañada de un guñelve (Wüṉyelfe), la estrella de ocho puntas, símbolo de la cosmovisión mapuche. Han sido días agitados para la profesora y artesana que se encuentra en plena recolección de firmas para la inscripción de su candidatura en el Servel. 

“Fue una lucha bien dura el tener los escaños que tenemos ahora. Pese a que no nos gusta como quedó, es un avance y estamos agarrando lo poco que nos está quedando y buscando la forma para, en esos espacios reducidos, poder hacer algo”, comenta.

El despliegue de su campaña se ha realizado en dos frentes: el digital, centrado en redes sociales; y el territorial, en comunas que no estén en cuarentena para lograr las 120 firmas digitales que le exige la ley para oficializar su candidatura.

Ingrid Conejeros (Foto: Facebook)

No es la primera vez que recorre La Araucanía con apuro. Es conocida en la región por participar en varios colectivos mapuche de índole social y cultural, y por el rol que tuvo desde 2016 como ex vocera (werken) de la machi Francisa Linconao -también precandidata por un cupo a indígena- . “Voy a asumir ese rol, si usted confía en mí”, recuerda Conejeros que le dijo a Linconao cuando estaba en prisión, acusada de haber participado en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay (cargo del cual fue absuelta definitivamente en 2018).

Ingrid Conejeros oficializó su precandidatura en una ceremonia realizada en una comunidad en Licanco Chico, en la comuna de Padre Las Casas, y su ruta la ha seguido acompañada del colectivo Trawun mapuche político, resaltando la plurinacionalidad como un eje que pretende llevar a la Convención si sale electa. Lo considera “un reconocimiento histórico y eso se refiere a la invasión hacia nuestro pueblo y usurpación de territorios, además exigir reparación y generar una relación distinta, un Estado en el cual cohabitamos con otras naciones originarias y con el pueblo chileno”.

El derecho a la lengua, salud y educación desde un enfoque intercultural son otros temas que busca plasmar en una nueva Constitución. “Estoy con mucho ánimo y ganas porque detrás de esta candidatura hay mucho trabajo. Nuestra estrategia es llegar como una especie de infiltrado, mostrar lo que sucede y denunciar cuando el proceso no se realice con transparencia”, dice.

Por su parte, Ricardo Inalef tiene una voz fuerte y gesticula para hilar sus ideas. Su precandidatura es apoyada por organizaciones comunitarias y comunidades mapuche y huincas, y dice que de resultar electo, su rol será parlamentar como mapuche en un proceso que es chileno. Aun así, explica:  “No representamos al pueblo mapuche, ninguno de nosotros puede ir con ese timbre; yo voy en representación de las organizaciones que me respaldan, pues atribuirse eso tiene implicancias históricas y políticas”. 

Inalef es psicólogo y dirigente, aunque para él, la historia de donde proviene es lo importante: su lof -comunidad de origen- está en Karilafquén, cerca del río Toltén. Luego vivió en Concepción para después migrar a Santiago, a La Florida, la cual acuñó como su “segunda comunidad”. Actualmente es parte de la organización mapuche Los Sin Tierra, que surgió para reunir a generaciones mapuche que quedaron sin territorios tras un decreto dictado en dictadura, donde cada integrante tiene una ficha que contiene su historial familiar, y la restitución territorial se realiza a través de una demanda colectiva contra el Estado chileno.  

“Nuestros puntos centrales son la restitución de nuestro Wall Mapu, la liberación de nuestros presos políticos y la desmilitarización de nuestras comunidades”, dice. 

En la revuelta de octubre promovió, al igual que gran parte del pueblo chileno, la realización de una Asamblea Constituyente, y aunque el acuerdo del 15 de noviembre abrió un proceso para redactar una nueva Constitución, él aún lo ve como “una traición a los pueblos en lucha”, un pacto realizado en un contexto de violaciones a los derechos humanos.

Un sentimiento parecido le provocó la discusión de los escaños reservados, que califica como “una decepción total”. Dice: “El análisis que hacemos es que el Estado desde nuestro nacimiento ha actuado así. El racismo es brutal, no nos sorprende, y por la defensa de nuestra reconstrucción de la nación mapuche y por nuestros derechos, vamos a asumir los costos”.

Su grupo de apoyo se extiende desde Chiloé hasta Valparaíso, a pesar de que  considera que el escenario es adverso,“hemos aprendido a través de nuestras familias y pueblo  históricamente a subvertir las condiciones que nos impone el Estado, y en eso trabajamos todo para saltar el cerco o torniquete como saltaron los chiquillos en el metro”, recalcó Inalef. 

Los nudos en la Convención Constitucional

En enero de 2020, Espacio Público publicó un documento llamado Recomendaciones para fomentar inclusión en el proceso constituyente. Allí, dice: “Es indispensable tener un proceso de participación ciudadana bien diseñado, ampliamente convocante e inclusivo, tanto en el periodo entre el plebiscito y la elección de los convencionales constituyentes, como durante el funcionamiento de la convención constituyente”.

Tras el plebiscito de octubre, el mismo centro de estudios publicó una encuesta junto a IPSOS para responder una pregunta específica: ¿Qué perfil de constituyentes queremos en la Convención? A pesar de que un 75% se manifestó interesado en el proceso constituyente, el 55% declaró estar nada o poco informado sobre la elección de convencionales que se realizará en abril de 2021.

“Hay desconocimiento sobre el proceso de elección de las y los constituyentes, el plebiscito de salida y sobre el contenido que regula una constitución, desconocimiento que se atribuye desigualmente en la población, afectando principalmente a mujeres, grupos socioeconómicos más bajos y personas residentes en regiones”, concluye la consulta.

En tanto, los perfiles que generan mayor confianza para participar en el órgano que redactará una nueva Carta Magna son personas expertas en temas constitucionales (53%) y profesionales en diversas áreas y dirigentes que representen demandas de movimientos sociales, ambos perfiles con 36% de las preferencias. En contraste, los que generan menor confianza son personas con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos (52%) y rostros de personas conocidas (42%).  Además, un 64% de los encuestados prefiere que los candidatos constituyentes no tengan militancia política.  

La cientista política y académica de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, concuerda con que existe un problema de acceso a la información en el proceso constituyente, acompañado de una “expectativa” por parte de la ciudadanía por el “desconocimiento de mecanismos de democracia participativa y democracia directa”, lo que ha impulsado la candidatura de independientes. 

Otro factor importante es el ambiente de desconfianza institucional que ha manifestado la población. “Se observa hace ya 10 años, es decir, los partidos se encuentran entre 2 a 3% de confianza, lo mismo el Congreso. Es así como los partidos han sido declarados casi intrascendentes (…) Este desgaste responde a que no están cumpliendo su función en el sistema político: filtrar demandas y comunicar a la sociedad con el gobierno”, asegura.

El 11 de enero termina el plazo para la inscripción de las candidaturas de independientes e indígenas en el Servel. Luego, en abril es la elección de los convencionales. Y a pesar de las altas expectativas que ha mostrado la ciudadanía, Arce advierte: “El proceso puede ser medio decepcionante, porque  la oposición va a ir media dividida más los independientes, mientras que a la derecha le va a ir súper bien”.