Por Javiera Latorre y Nicolás García*

*Este reportaje fue realizado por estudiantes de tercer año de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del curso Periodismo y Análisis de Datos impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Al día siguiente de haber inscrito su candidatura al Senado en el Servicio Electoral (Servel), Jaime Mañalich dio una entrevista a Radio Bío Bío en la que aseguró que, si bien hacía un tiempo que le habían ofrecido desde Evópoli un cupo para competir por un escaño en el Congreso, hizo “todo lo posible para que fuera otra persona”. 

Para entonces, el médico y ex ministro de Salud llevaba un año y dos meses fuera de la vida pública, tras dejar la cartera en la que se desempeñó desde junio de 2019, luego de que CIPER revelara una doble contabilidad de los fallecidos por Covid-19 por parte del ministerio que encabezaba. La cifra de muertes que se reportaba oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) era superior a la que se informaba a diario a la ciudadanía en Chile, en uno de los momentos más duros y críticos de la pandemia. Ya renunciado, le costó incluso una acusación constitucional. Aunque ésta se rechazó y Mañalich salió indemne del proceso, por un tiempo desapareció de la escena política, pero sería algo breve.         

El 23 de agosto, día en que vencía el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales que se realizarán este domingo 21 de noviembre, su nombre fue registrado como independiente en un cupo de Evópoli, parte del pacto Chile Podemos Más. Fue así que se convirtió en una de las cartas fuertes del oficialismo para competir por uno de los cinco asientos que representarán a la Región Metropolitana en el Senado a partir de marzo de 2022.

Pero si no quería ser él, sino que fuera otra persona, ¿por qué aceptó postularse como congresista? El mismo Mañalich lo respondió en esa entrevista un día después de inscribirse: “Al final es cierto que hay una posibilidad de influir desde el parlamento, mejores políticas públicas; en lo que se tiene que definir en los próximos años para Chile”.   

Hoy, a sólo un día de la elección, de acuerdo con los registros de aportes de campaña publicados por el Servel -actualizados al 12 de noviembre-, el exministro lidera la nómina de candidaturas parlamentarias con mayor financiamiento, con ingresos que sumados superan los $253,5 millones. El monto se compone de un crédito bancario por $85,7 millones; otros $54 millones que puso de su propio bolsillo; y aportes de terceros -con y sin publicidad- por $113,9 millones. Le siguen la abogada socialista, Paulina Vodanovic, con un fondo total de apenas medio millón de pesos menos; sus compañeros de pacto, el actual diputado Luciano Cruz-Coke ($230,3 millones) y el senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón ($196,2 millones); y Guillermo Teillier, diputado comunista que, al igual que los demás, aspira a llegar a la Cámara Alta y quien, para pavimentar ese camino, cuenta con casi $147,4 millones.   

No es novedad que sea un candidato de derecha el primero en la lista de quienes más recursos recaudan para financiar sus campañas al Congreso. En 2017, cuando se realizaron las primeras elecciones parlamentarias bajo la nueva ley que regula el financiamiento electoral, quien ocupó ese sitial fue el actual presidente de RN, el senador Francisco Chahúan, con poco más $352 millones. Y también era seguido de cerca por una militante del Partido Socialista (PS): la senadora Isabel Allende, con unos $310 millones.  

El escenario político y social chileno se ha remecido y reconfigurado en los últimos cuatro años. Con un estallido social, una pandemia y una profunda crisis política e institucional de por medio, sumado a un proceso constituyente en curso, al menos siete partidos políticos desaparecieron y otros nueve emergieron, tanto de derecha y de centro como de izquierda. De hecho, dos de esos nuevos conglomerados hoy lideran -al menos según las encuestas- la carrera presidencial: Convergencia Social, con la candidatura de Gabriel Boric; y el Partido Republicano, con el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast.    

Los cambios, eso sí, no se ven reflejados en el balance general de las platas de campaña en la carrera al Parlamento. Aunque sí hay algunas variaciones. 

Puroperiodismo revisó, analizó y comparó las bases de datos con el detalle de aportes declarados por las candidaturas tanto en 2017 como en 2021 al Servel, para comprender cómo ha variado la ruta del dinero que financia a quienes tienen y tendrán el mandato constitucional de proponer, redactar y aprobar las leyes que rigen en el país. Es decir, postulantes al Senado y la Cámara de Diputados.  Quiénes y de qué partidos concentran la mayor parte de los recursos disponibles; qué vías de financiamiento son las predominantes; quiénes ponen la plata y adónde la dirigen; y qué fuerzas políticas han perdido o ganado apoyo financiero.         

Lo que sigue es lo que encontramos.

Bajan los millones

Todavía faltan los reportes de la última semana de campaña, por lo que los resultados aún son parciales, pero el balance general, de acuerdo con los datos disponibles a la fecha en el Servel, da cuenta de que las parlamentarias de este año han sido algo más austeras que en 2017. Entre las 185 candidaturas al Senado que han declarado ingresos y las 1.041 que postulan a integrar la Cámara Baja, suman un fondo total de casi $21.497 millones; 42% para candidaturas senatoriales y un 58% para las de diputados y diputadas. Contrastado con las cifras totales de las elecciones de 2017 -cuando el fondeo superó los $27.982 millones-, las campañas de 2021 han recibido un 23% menos de recursos.

También el promedio de aportes recibidos ha disminuido, en parte porque ahora hay más candidatos y candidatas en competencia y menos dinero sobre la mesa. Si hace cuatro años quienes postulaban a ser diputados o diputadas dispusieron de una media de $22,7 millones durante sus campañas, ahora ese monto es de $12,8 millones, es decir, un 44% menos. En el caso de quienes optan a un escaño en el Senado, la baja es de un 15%, pues en 2017 recibieron en promedio unos $52 millones, mientras que ahora la cifra supera por poco los $44 millones. 

La Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, está vigente desde 2016 y establece que las candidaturas pueden financiar sus campañas con recursos propios, créditos y aportes o donaciones de personas naturales. Estas últimas pueden hacerlo de forma anónima, si el monto donado total es menor a las 20 UF (unos $612.350), o con publicidad, cuando lo aportado supera ese límite hasta un máximo de 315 UF (cerca de $9,6 millones). Sólo en esos últimos casos la ley obliga a revelar públicamente la identidad de quién pone la plata y, hasta la fecha, por esa vía se han recaudado unos $8.355 millones, es decir, cuatro de cada 10 pesos destinados a financiar las campañas parlamentarias de todo el espectro político.

Todas las recaudaciones de fondos se deben realizar a través del Sistema de Recepción de Aportes del Servel. Para las elecciones de este año, son las candidaturas independientes las que encabezan la lista de aportes de terceros. También porque son más que en 2017: si ese año eran 245 las que declararon ingresos en campaña, en esta oportunidad son 466 repartidas en las distintas listas en competencia. Entre todas, independiente de si van al Senado o a la Cámara o si forman parte o no de un pacto electoral, han juntado más de $2.012 millones, de los cuales un 89% proviene de donantes con identidad conocida. 

Si se toman en cuenta los ingresos de campaña según coalición, el balance es prácticamente el mismo que en las elecciones pasadas: la derecha arrasa, le siguen los partidos de centro izquierda y, detrás de ellos, la izquierda. 

Chile Podemos Más, el conglomerado de los partidos oficialistas, se adjudica la mayor parte de la torta. En total, las candidaturas de la UDI, RN y Evópoli han recaudado más de $8.259 millones, es decir, un 38% de todos los recursos que se han puesto a disposición de todas las campañas parlamentarias. ¿Cómo se compone ese monto? Un 15% ha sido a través de créditos bancarios; un 11% mediante aportes de sus propios candidatos y candidatas; un 28% con anticipo fiscal; y, el plato fuerte, un 46% con donaciones de terceros, la gran mayoría con publicidad.    

Por su parte, Nuevo Pacto Social -de los partidos de la ex Concertación junto al Partido Liberal- ha obtenido poco más de un cuarto de los fondos totales, principalmente mediante los anticipos fiscales (42%) y aportes de personas naturales que suman poco más de $1.961 millones (36%). 

Y Apruebo Dignidad, conformado por los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), han recaudado cerca de $2.445 millones, o sea, 11% de todo el financiamiento destinado a las candidaturas al Congreso. En su caso, la principal vía de ingresos han sido los créditos bancarios (35%) y los anticipos fiscales (34%), mientras que sólo un 22% del dinero que han logrado juntar viene de ciudadanos y ciudadanas que apuestan por su proyecto político.     

Más aportes, pero menos financiamiento: El complejo escenario de los partidos

Si la confianza ciudadana en las instituciones se graficara como un pozo, los partidos políticos estarían al fondo. Lo anterior se desprende de los datos que arrojó en agosto la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP): apenas un 4% de las personas consultadas manifestó tener mucha o bastante confianza en ellos y un 82% dijo no sentirse representado con ninguno. El fenómeno, hasta cierto punto, ha tenido su correlato en el financiamiento de las campañas, ya que los ingresos electorales de los partidos tradicionales en las elecciones de 2021 presentan una tendencia a la baja respecto a las de 2017.

“La desafección a los partidos políticos se está dando a nivel general en el mundo. Hay una crisis de la democracia representativa y en América Latina ha dado bastante. Esto tiene que ver porque en el continente ha habido mucha corrupción y desigualdad, lo que afecta a las instituciones públicas y, por lo tanto, a los partidos políticos”, explica la abogada y oficial de Programas para Chile y países del Cono Sur de IDEA International, María Jaraquemada. 

Los partidos que más variaciones negativas han evidenciado en el flujo de dinero para solventar sus candidaturas parlamentarias son los de la centroizquierda: el Partido Radical (PR) ha registrado un 69% menos de ingresos; el Partido por la Democracia (PPD), un 65% menos; la Democracia Cristiana, una disminución de 56%; y el Partido Socialista (PS), de un 23%. 

En tanto, en la derecha el impacto pareciera ser menor. RN es el que más ha perdido, con un 29% menos que en 2017, mientras que la UDI registra una baja de tan solo un 4%. Evópoli, en cambio, vive una situación excepcional: es el único partido del sector que ha sacado cuentas alegres, casi doblando este año lo recaudado en las últimas elecciones parlamentarias.

“Creo que la política partidista está de capa caída. Chile es un país que está en un momento muy politizado (…) Para el plebiscito tuvimos una amplia participación electoral. Esto lo vimos venir desde hace un tiempo, pero en cámara lenta. Ha habido una desafección a los partidos políticos, al funcionamiento del Congreso, la poca participación pública, el estallido; todo eso ha ido alejando a la gente de los partidos”, dice Jaraquemada.

Pero no todas las formas de financiamiento se han desplomado. De hecho, los fondos provenientes de donaciones externas han crecido para la mayoría de los partidos. Evópoli, el PS y el Partido Humanista (PH), por ejemplo, han más que triplicado el monto de aportes hechos por personas naturales respecto a las elecciones de 2017. La UDI ya los duplicó y RN está cerca de hacerlo. Y el PC hoy cuenta con nueve veces más aportes privados que hace cuatro años.      

Los financistas no anónimos

Juan Manuel Casanueva es presidente del grupo de telecomunicaciones GTD y de Telefónica del Sur. Considerado uno de los principales impulsores de la fibra óptica en Chile, el año pasado fue condecorado por el Colegio de Ingenieros con uno de los más altos reconocimientos de la entidad gremial: el Premio Nacional Persona 2020. Y es también quien más dinero ha donado durante este período de campañas parlamentarias. En la lista, aparece en la cima con unos $100 millones que aportó no a una candidatura específica, sino que a la UDI: la mitad se repartiría entre sus postulantes al Senado y la otra entre quienes van por un cupo en la Cámara de Diputados.

En total, unas 3.356 personas han aportado dinero para financiar campañas al Parlamento. En promedio, cada uno ha puesto cerca de $972.500, pero la distribución de los montos es muy desigual. De hecho, la mitad ha donado $100.000 o menos, y así como al fondo de la lista hay quienes figuran con aportes por tan sólo $100, en la parte alta danzan los millones.

En las elecciones pasadas, Andrés Navarro Haeussler, presidente del directorio de Sonda -empresa multinacional dedicada a tecnologías de la información-, fue candidato a senador por el partido Ciudadanos, que entonces encabezaba el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Apareció ese año como el cuarto postulante con más recursos disponibles en su campaña, pero aun así, no ganó. Hoy Ciudadanos no existe legalmente como partido, pero Navarro vuelve a aparecer, ya no como candidato, sino como financista de campañas de Evópoli: le donó $58 millones para distribuir entre sus candidaturas al Senado.  

Otros que figuran en la parte alta de la nómina de financistas son los hermanos Carlos, Piero y Sandro Solari Donnagio, parte del grupo familiar ligado a Falabella. Entre los tres suman un pozo que supera los $105 millones y que repartieron entre los tres partidos que conforman el pacto Chile Podemos Más de la siguiente forma: $45,5 millones a la UDI, $36 millones a RN; y $24 millones a Evópoli.  

Entre quienes registran los mayores aportes también se encuentra Patricio Parodi Gil, director de Entel y presidente de Banco Consorcio, quien donó $36,5 millones para diversas candidaturas del bloque oficialista, entre ellas las de los y las senadores que aspiran a la reelección Jaqueline Van Rysselbergue (UDI), Javier Macaya (UDI), Ena Von Baer (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) e Iván Moreira (UDI). 

Por otro lado, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), fue quien realizó donaciones a candidaturas de más partidos: destinó $2.000.000 a la UDI; $5,5 millones a RN; $2.000.000 al Partido Republicano; $1.000.000 al PPD; $7.000.000 a distintos candidatos independientes; y $1.000.000 a Evópoli. Entre los destinatarios de ese dinero se encuentran los aspirantes al Senado Jaime Mañalich y Natalia Piergentili, presidenta del PPD; y diversos candidatos y candidatas a la Cámara por Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano que lidera José Antonio Kast.  

Nuevas caras y nuevos partidos en competencia  

En estas elecciones parlamentarias existen varios rostros conocidos que van a la reelección, como la diputada Karol Cariola (PC), que tiene casi $51 millones en su cuenta de campaña; la senadora Ena von Baer (UDI), que ha juntado $83,4 millones; el senador Manuel José Ossandón (RN), que  registra ingresos por $196,2 millones en aportes; o el también miembro de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), quien ya suma $105,9 millones. Pero también hay otros que buscan llegar por primera vez al Congreso y que son figuras tanto o más conocidas por la ciudadanía por diferentes motivos, ya sea por un rol previo en la política, en organizaciones de la sociedad civil o, incluso, por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. 

Jaime Mañalich es un ejemplo de ello. Su papel como exministro de Salud durante los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera le ha permitido reinventarse con el objetivo de llegar al Senado. El cientista político de la Universidad de Chile, Tomás Álvarez, explica respecto a su caso: “Él generó un capital político y los partidos de derecha se dieron cuenta de eso y lo adhirieron al sistema. No es una cara nueva, pero él evolucionó”. 

Otra persona reconocida por la ciudadanía que irrumpe en la carrera parlamentaria es Fabiola Campillai, víctima de uno de los casos más emblemáticos de la violencia policial durante la revuelta del 18-O. El 26 de noviembre de 2019, mientras iba rumbo al paradero para ir a su trabajo, recibió en su rostro el impacto directo de una bomba lacrimógena que le destrozó el cráneo y la dejó ciega. Desde entonces, su figura se ha alzado como una de las más fuertes en la búsqueda de justicia, reparación y verdad por las violaciones a los derechos fundamentales que ocurrieron en Chile y que han sido acreditadas por diversos organismos internacionales. Ahora, Campillai busca llegar al Senado como independiente para convertirse en la primera senadora no vidente en la historia del país. Para ello, ha logrado recaudar poco más de $49 millones.

También hay nuevos partidos políticos que hace cuatro años no existían y que hoy juegan sus cartas para potenciarse desde el Poder Legislativo y, por lo mismo, han tenido que salir a buscar -como todos- financiamiento. 

Entre ellos están Centro Unido, un conglomerado liderado por el periodista y actual candidato a senador, Cristián Contreras, más conocido por su personaje televisivo, Dr. File. Promotor de teorías conspirativas y cuestionamientos a la real existencia de la pandemia por Covid-19, el partido surgió a fines de 2020 y se autodefine como «de centro político, alejado de izquierdas y derechas», aunque ha generado polémicas por aliarse con movimientos abiertamente pinochetistas. El partido cuenta ya con $123,8 millones para financiar sus candidaturas.  

Otro partido que antes no existía es Convergencia Social, la casa política de Gabriel Boric y de los actuales diputados Gael Yeomans, Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, todos hoy en competencia para seguir en la Cámara Baja -salvo el primero, que va por la Presidencia de la República-. Sus fondos de campaña suman poco más de $204 millones. 

Están además el Partido de la Gente, que hoy impulsa, entre otras candidaturas, la del economista Franco Parisi a la La Moneda, y que cuenta con unos $145,8 millones para sus campañas; y el Partido Nacional Ciudadano, el que menos recursos ha recaudado para estas elecciones parlamentarias, con apenas $28,8 millones. El otro partido nuevo que también está al fondo de la lista según dinero conseguido, es el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, con casi $56 millones. Pero no todos los partidos recientemente creados tienen poco financiamiento, pues al otro extremo de la nómina está el Partido Republicano, la plataforma política de ultraderecha creada por José Antonio Kast. Ellos han obtenido, a la fecha del último reporte de ingresos del Servel, $603,7 millones, es decir, el 3% del total de recursos involucrados en el proceso electoral vigente para elegir senadores y diputados.

El peso del dinero para ganar una elección

Si bien no es necesariamente un factor determinante por sí solo, la cantidad de dinero obtenido por las candidaturas sí puede incidir en el éxito o fracaso en una elección. Es lógico pensar que mientras más recursos tenga un candidato o candidata, mayor visibilidad tendrá entre los votantes, podrá lograr mayor alcance y difusión de sus ideas y propuestas y, así, cosechar el efecto de ello en la urnas. Pues al final, mal que mal, el gasto electoral es una inversión.

En 2017, fueron 130 candidatos los que competían por ocupar 23 cupos en el Senado. De quienes resultaron electos, salvo Carmen Gloria Aravena (Evópoli), que juntó poco más de $10 millones, todos recibieron ingresos por más del triple de esa cifra. Es más, de los y las 24 que invirtieron más de $100 millones, 14 triunfaron el día de la votación. Y de los 155 diputados elegidos ese mismo año, 38 estaban entre los 50 que más recursos tuvieron a su disposición.  

En todo caso, no siempre es así, y ejemplo de ello fue el plebiscito constituyente de octubre de 2020, cuando la opción Rechazo apabulló al Apruebo en términos de financiamiento de campañas, aunque en las urnas el resultado fue precisamente el inverso. Y lo mismo ocurrió en la elección de convencionales: el peso de la plata no fue, en general, un factor gravitante para obtener los votos de la ciudadanía.  

Dice María Jaraquemada: “Se está viendo que la manera de ganar campañas no es precisamente con más recursos o las campañas más costosas (…) En general, tener mayor financiamiento electoral ayuda a posicionarse en la urnas, pero habrá que ver en las elecciones de este domingo si es que lo que vimos son excepciones o se está armando una nueva tendencia. Hay que considerar que con la ley de límite de reelección hay más renovación en las caras políticas. Puede pasar que las personas lleguen [a las urnas] y se encuentren con un voto con una cantidad de nombres que desconocen y, en ese sentido, voten por el nombre que más les suene. Los candidatos logran eso con propaganda”.

Lo que ocurra dependerá tanto de eso como de otros factores, como el nivel de participación efectiva en el proceso electoral. No es comparable una votación presidencial o parlamentaria con el plebiscito, pues allí se elegía por dos opciones, no por una multiplicidad de personas. Por lo tanto, es imposible anticipar con certeza si volverán a participar los 7,5 millones de votantes de octubre de 2020, si serán más o si serán menos y, sobre todo, quiénes resultarán electos para representar los intereses de la ciudadanía.    

Marta era muy pequeña cuando comenzó a sentir fuertes dolores en su cuerpo. En las piernas, las manos, en los pies. A los 8 años fue diagnosticada con artritis idiopática juvenil, una enfermedad autoinmune con la que su sistema inmunológico deja de funcionar correctamente y produce inflamación y rigidez en las articulaciones.

Por entonces, no había especialistas en Chile que trabajaran la enfermedad con menores de edad, por lo que tuvo que ser tratada por un reumatólogo de adultos. “El tratamiento no fue el más adecuado para una niña de 8 años, así que obviamente la enfermedad fue avanzando súper rápido y, en vez de ir mejorando, me iba sintiendo peor y así fue el transcurso de mi niñez y mi adolescencia”, cuenta.

Tenía 27 años cuando le diagnosticaron polimiositis, una enfermedad crónica que afecta a los músculos y que generalmente está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Y luego, el Síndrome de Sjögren, otra enfermedad crónica autoinmune vinculada a su artritis idiopática. Por esto, tuvieron que ponerle prótesis de cadera, en una rodilla y debían realizarle fijaciones en dos cervicales. Estuvo a punto de morir.

-Se me cortaron los ligamentos de la cervical. Esto comenzó a progresar y necesitaba que me hicieran la fijación pronto, pero en Chile los médicos empezaron a tirarse la pelota unos con otros. Nadie se quería hacer responsable de lo que iba a pasar porque no tenía mucha chance de sobrevivir. (…) Yo tenía 0,01% de probabilidad de seguir viva y a esas alturas yo estaba en silla de ruedas y la mitad de mi cuerpo no se movía. (…) Me dijeron que me quedaban dos meses de vida -recuerda.

Cuando sus médicos tratantes la notificaron de sus pocas probabilidades de vivir, Marta se vino abajo. “Yo siempre he sido súper curiosa de la vida, a pesar de la enfermedad, de los dolores y todo, siempre he querido saber qué más va a pasar”, dice. 

Si su esperanza no estaba en Chile, quizás sí allá afuera, así que empezó a buscar ayuda en otros países.

Escribió primero a Christopher & Dana Reeve Foundation, una organización benéfica en Estados Unidos que ayuda a encontrar tratamientos y curas para la parálisis causada por lesiones de la médula espinal y trastornos neurológicos. También investigó opciones en Cuba, pero en casi todos los lugares que encontraba, las soluciones eran las mismas que en Chile, salvo una. La posible solución estaba en India; allá podría operarse. 

-Fue la opción que tomé porque era ‘o me muero o lo intento’. Por último, si me moría allá, lo iba a haber intentado igual, y si sobrevivía, genial. 

Su viaje a India fue a principios de los 2000. Marta viajó sola, en una silla de ruedas y con ayuda para respirar. Fueron más de 24 horas de viaje hasta llegar a su destino y lograr la operación que debía fijar sus cervicales. 

Llevaba dos días en India y, tras acostumbrarse al cambio de horario, comenzó a sentirse bien. Pudo pararse de la silla de ruedas y, gracias a un cercano a su familia que vivía en ese país, viajó por unos pocos días a la ciudad de Udaipur. Pudo caminar y conocer brevemente una nación y una cultura que -dice- desde pequeña le llamaban la atención.

Pero luego colapsó. Tuvieron que trasladarla en helicóptero desde su hotel hasta Nueva Delhi para operarla de urgencia en el Apollo Hospital, un recinto sanitario internacional donde llegan casos de todo el mundo con todo tipo de enfermedades. Una junta médica, tras horas de debates y conversaciones, autorizó la intervención. Marta llamó a su familia, “para hablar con ellos, quizás, por última vez”, y comenzó el procedimiento.

-Fue algo muy lindo. Un equipo médico enorme hizo una oración, se tomaron todos de las manos… yo estaba muy nerviosa y pusieron música para que me relajara. Me explicaron todo lo que me harían, fue todo muy lindo. (…) Las cirugías que había tenido aquí en Chile no se comparan con la que tuve allá.

Luego de esa operación y de semanas de terapia de recuperación, Marta volvió al país caminando. “Llegué a Chile caminando y cuando me vieron, no me reconocieron en el aeropuerto porque esperaban que saliera en una silla de ruedas y salí como cualquier otro pasajero”, cuenta.

-Fue como renacer, pero sabía que ese renacer iba a tener su tope.

Y ese tope ya llegó. Toda su recuperación se derrumbó y vinieron nuevas enfermedades, todas dolorosas. Y ahora, a sus 46 años, Marta -que no se llama Marta, pues pidió reserva de su identidad para este reportaje- ya no da más, ya no quiere más. Mientras en Chile se discute en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte digna, ella siente que no puede esperar, que ya fue suficiente y que morir ya no es un riesgo, sino un derecho que ella, consciente y voluntariamente, quiere ejercer. 

Y ya tiene casi todo listo para emprender sola un nuevo viaje, el último, rumbo a Suiza, donde la muerte asistida es legal. Marta sólo quiere que pase la pandemia para poder viajar y así ponerle fin a todo.       

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El proyecto de ley de muerte digna y cuidados paliativos que está actualmente en discusión en el Congreso y que este martes 20 de abril se votará en la Cámara de Diputados y Diputadas, busca regular la asistencia médica para morir de forma digna a través de dos formas de aplicación: eutanasia y suicidio médicamente asistido.

¿No son lo mismo? No. La eutanasia, tal como se contempla en la iniciativa legal, se define como “la administración realizada por un profesional de la salud, siempre indicada por orden y supervisión médica, de una sustancia a una persona que lo haya requerido y que cause su muerte”.

En cambio, “la asistencia médica para morir puede comprender la prescripción y dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que lo haya requerido, de manera que ésta se la pueda autoadministrar causando su propia muerte, siempre bajo supervisión médica al momento de dicha administración”. Ese es el suicidio médicamente asistido, también conocido como muerte asistida.

Cámara de Diputados y Diputadas

Según este proyecto, quienes podrían acceder a una eventual ley de muerte digna serían pacientes que deben “haber sido diagnosticados de un problema de salud irremediable por dos médicos especialistas en la enfermedad o dolencia que motiva la solicitud”. Pero no sólo eso. Deber ser mayores de 18 años; encontrarse conscientes al momento de la solicitud; “contar con la certificación de un médico psiquiatra que señale que, al momento de la solicitud, el solicitante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales; y manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa”.

Por lo tanto, la normativa expone que quienes podrían solicitar la eutanasia o muerte asistida, deben padecer enfermedades graves e irremediables. Y esto sucede cuando ha sido “diagnosticada de una enfermedad terminal; cuando posee una enfermedad o dolencia seria e incurable; su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades; o su enfermedad, dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables”.

Tal como ocurrió con la Ley de Aborto en tres causales, en caso de aprobarse esta iniciativa, los médicos y médicas requeridas para realizar el procedimiento y que no se encuentren a favor, podrían abstenerse y presentar objeción de conciencia, derivando al paciente a otro equipo clínico no objetante.

En el caso de Marta, si el proyecto de ley es aprobado, podría calificar para ser una beneficiaria. Sin embargo, piensa que falta mucho para que se convierta en ley. Y puede tener razón. 

La discusión actual proviene de cuatro proyectos distintos que fueron refundidos, uno ingresado en 2011, otro en 2014 y dos más en 2018 (boletines 11.577-11 y 11745-11), y aún no sale de su primer trámite constitucional. Y ella siente -o más bien sabe- que no le queda mucho tiempo, pues tampoco le quedan opciones de tratamiento.

Su médico tratante le comentó hace un tiempo que acceder a cuidados paliativos le ayudaría a lidiar con su dolor crónico, ya que “estamos súper limitados en cuanto a medicamentos, porque no los puedo usar todos y los que sí puedo usar, ya estoy al tope y me pueden seguir subiendo las dosis”, explica Marta. Pero los cuidados paliativos tampoco son una opción, pues la ley vigente sólo aplica para casos de pacientes oncológicos que estén en etapa terminal. Por lo tanto, en el hospital donde se atiende no los puede recibir.

Marta cree que “por lo menos, que ya exista el proyecto es un avance y va a ayudar a mucha gente. (…) Para lo lento que se mueve todo [en el Congreso], ya es gran cosa. Pero falta mucho”.

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Luego de esa operación en India, y su retorno a Chile caminando, Marta sabía que no podía quedarse en el país. “Mientras durara ese tiempo, ese límite, sabía que tenía que aprovecharlo al máximo. Estaba con un buen tratamiento médico y mi enfermedad se podía llevar bien, sin grandes crisis ni mucho dolor. Viajé mucho, conocí muchos lugares y a mucha gente”, cuenta.

En 2012, mientras vivía en Inglaterra, le diagnosticaron fibromialgia (una alteración crónica que se caracteriza por dolor en zonas anatómicas definidas y que es de difícil diagnóstico). Fue entonces que entró en una crisis de la que ya no hubo vuelta atrás.

-Todas las enfermedades que tengo implican dolor. (…) Me empecé a sentir mal, sabía que de esta crisis no iba a salir fácilmente y tuve que tomar la decisión de volver, necesitaba que alguien estuviera conmigo y me ‘cuidara’. Así que volví. Y obviamente de esa crisis no salí. Volví a usar silla de ruedas para salir, aunque en mi casa puedo caminar. (…) Hay días en que los dolores son horribles, del infierno, no se los doy a nadie. Prácticamente no duermo por los dolores, y si lo hago, duermo muy poco o duermo con pastillas, pero dentro de esa somnolencia, siempre es con dolor. Y es super agotador.

Actualmente, Marta vive en Chile junto a su madre. Cuenta que es ella quien mantiene el orden en su casa, quien cocina y limpia, ya que, debido a sus dolores, sólo puede asearse y vestirse por su cuenta. 

Los medicamentos que toma no le ayudan para contener los dolores porque su cuerpo ya creó resistencia a éstos, y ya no es posible aumentar las dosis, ya que podrían provocarle consecuencias graves, como un paro cardíaco. 

-No quiero llegar al punto en que me tengan que mudar y darme de comer en la boca, porque ya lo viví una vez cuando era adolescente. No quiero terminar así. Yo ya me siento prisionera de mi cuerpo, mi mente funciona súper bien, pero mi cuerpo no, entonces estoy como en una cárcel.

Marta ve que la sociedad toma muy mal el tema de la eutanasia y la muerte asistida en el país. A su juicio, falta mucha empatía para debatir el tema y respetar lo que otras personas están viviendo. 

-Todos sacan a Dios. Y está bien, respetamos las creencias religiosas, pero también respetemos el punto de vista de otros y por lo que están pasando. Es muy fácil decir ‘no, yo estoy en contra de la eutanasia, es que Dios se va a enojar contigo’ y no sé qué más, pero, ¿te pones a pensar cómo lo está pasando esa persona? ¿En los dolores, en que no puede hacer nada, en que vive más en la Luna que en la Tierra debido a los medicamentos que toma?

La falta de tratamiento y de posibilidades de lograr una cura en Chile, la obligaron a buscar opciones en el extranjero. Eso sí, ya no ansiando una mejoría, sino un lugar donde una muerte digna y asistida fuera legal; un lugar para ir a morir. 

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En el mundo hay siete países donde la eutanasia es legal. En otros casos, se legalizó la muerte asistida y, como ocurre en Estados Unidos, depende de la legislación de cada estado.

El caso más actual es el de España, donde la eutanasia fue legalizada el pasado 18 de marzo, y entrará en vigor en junio. Pero fue Holanda el primer país que aprobó la eutanasia y la muerte asistida, convirtiéndolo en un derecho garantizado por ley desde 2002. Luego, el mismo año, se legalizó en Bélgica una ley que no distingue entre eutanasia y muerte asistida.

Siete años después se aprobó la ley de cuidados paliativos, eutanasia y muerte asistida en Luxemburgo, donde se estableció que sólo pueden acceder a ella mayores de 18 años con una enfermedad sin cura, la cual conlleve un dolor insoportable y constante.

En Canadá, la eutanasia es legal desde 2016. Esta ley, según información publicada por El País, permite acceder a una muerte digna a “mayores de edad, conscientes y competentes, con una enfermedad, discapacidad o afección graves e incurables, un declive avanzado de capacidades y sufrimiento físico o psíquico imposibles de aliviar”.

Colombia es el único país de Latinoamérica donde está regulado el derecho a una muerte digna. Según BBC Mundo, esto ocurrió en 2014 y se requiere “tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera ‘clara, informada, completa y precisa’”.

En Estados Unidos, la eutanasia es ilegal. Sin embargo, la muerte asistida depende de la legislación de cada estado: es legal en Oregon, Washington, los distritos de Columbia y Maine, California, Colorado, Vermont, Hawai y Nueva Jersey.

En Australia, en 2017 entró en vigor la ley de muerte asistida en el estado de Victoria, con una cláusula que fija que si el paciente está impedido, puede pedir la intervención de un médico. Durante 2020, en Nueva Zelanda se legalizó la eutanasia para mayores de 18 años y con la autorización de dos médicos.

Y, en Suiza, a pesar de que la eutanasia es delito, la muerte asistida es legal desde el 2006. Es en este país donde Marta encontró la ayuda que necesitaba con Dignitas, una organización que ofrece acompañamiento a personas que buscan morir con dignidad.

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“Dignitas: Vivir con dignidad y morir con dignidad”, fue lo que Marta leyó en la página web de la fundación cuando la encontró en internet. Llamó su atención enseguida. Estuvo días revisando la información que entregaban en el portal web, hasta que decidió escribirles y contarles de su caso. Recibió una respuesta al día siguiente.

Dignitas es una organización suiza que tiene como objetivo “asegurar una vida y una muerte digna a sus miembros y permitir que otras personas se beneficien de estos valores”.

Según datos de su página web, Dignitas cuenta con más de 7.100 miembros de 69 países diferentes. También es parte de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir (WFRtDS) y Right to Die Europe (RtDE).

Al no tener el dinero suficiente para hacerse socia de la fundación, desde Dignitas le señalaron que eso no sería problema. Le pidieron acreditar su situación socioeconómica y, luego de eso, le anunciaron que su proceso sería gratuito. 

Así, comenzó un camino de acompañamiento en un proceso donde, en Suiza, Marta encontraría una muerte digna. Un proceso de papeleos, cartas certificadas y correos electrónicos que, actualmente, la tienen esperando un último certificado, el cual le entregaría la “luz verde” -como Marta la llama- para poder viajar a realizar el procedimiento.

-Al tener esa luz verde, es como una salida de emergencia: lo tienes asegurado y puedes tomarla cuando quieras (…). Les puedo decir que viajo en tal fecha, o puedo esperar porque aún no estoy lista. Es tener la opción.

Sin embargo, dice que este no sería su caso. Marta viajaría pronto.

-Mis dolores son demasiado fuertes, no puedo usar morfina porque no tengo tolerancia, casi todos esos opioides no los puedo usar, estoy muy limitada en cuanto a medicamentos. (…) A los dolores de la artritis idiopática estoy acostumbrada y los sé manejar bien, pero los de la polimiositis y la fibromialgia, que son más ‘nuevos’ en el fondo, me cuesta más manejarlos. Entonces, es una tortura y se pasa de verdad muy mal.

Cuando tomó esta decisión, al principio no quería comentarle a su familia. Había pensado en contarles los días antes de partir, pero desde Dignitas le dijeron que ellos tenían que saberlo. Le explicaron que era más bien por temas de que Marta no se sentiría bien el día de la partida si su familia no sabía lo que haría, y que para sus cercanos sería también muy doloroso enterarse después de lo sucedido. Marta tuvo que tomarse un tiempo, pero accedió.

Un día, estaba junto a su madre y su hermano, y en la televisión comienzan a escuchar una noticia sobre la eutanasia. Su madre dice que apoyaba la eutanasia porque “se daba cuenta que era gente que estaba sufriendo, que lo necesitaba”, cuenta Marta. Y ahí, mientras hablaban del tema, les contó.

Entre lágrimas, y la llegada de una noticia que no esperaban, el hermano de Marta y su madre le dijeron que sí, que la apoyaban en su decisión.

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Actualmente, Marta y su madre se encuentran juntando dinero para costear los últimos gastos que deben realizar para terminar el proceso. Su madre es su principal ayuda en temas económicos, pero en su último viaje, no la acompañará. Marta ya decidió que viajará sola a Suiza, y mientras revisa pasajes y lugares donde hospedarse, la embarga un sentimiento de tristeza e impotencia. 

-Es triste darte cuenta de eso, de pensar que tienes que irte al otro lado del mundo a ponerle fin a los días de tormento con tu enfermedad porque en tu propio país no está permitido. (…) Ni siquiera te puedes ir a un país donde hablan tu idioma. Más encima te vas a tener que morir hablando en otro idioma. Es como entre fuerte, triste, doloroso.

Mientras espera a que los trámites que le faltan estén listos, y le den su “luz verde” para decidir la fecha de partida, Marta prepara su último viaje sabiendo que ya no volverá. ¿Qué ocurrirá después? También lo tiene resuelto. Sus cenizas las recibirá un amigo suyo y las llevará al lugar del planeta que más le gusta: India.

*El nombre real de Marta fue modificado para proteger su identidad.

Entre el 27 y 29 de junio de 2012 se realizará el I Congreso Internacional sobre Estudios de Periodismo, una instancia para analizar los desafíos de la labor periodística en el siglo XXI, tomando en cuenta los cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos a nivel internacional.

Como se explica en el sitio web del Congreso, se «espera aportar al diagnóstico del estado de la profesión periodística y de las transformaciones que ésta ha sufrido alrededor del mundo, analizando las causas de su estado actual y evaluando las posibilidades futuras dentro del campo».

El encuentro es organizado por la Universidad de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago y Universidad de Porto. Contará con clases magistrales de distintos profesionales e investigadores, nacionales y extranjeros; entre ellos los académicos David Weaver, Silvio Waisbord , Thomas Hanitzsch y Jay Blumler.  Se llevará a cabo en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la  Universidad de Santiago, será bilingüe y tendrá traducción simultánea.

Los organizadores invitan a enviar ponencias, las cuales pueden ser individuales o colectivas, deben contar con resultados de investigación empírica y no superar las 25 páginas. Antes del 7 de diciembre se tienen que enviar los resúmenes. Los seleccionados tendrán plazo hasta el 30 de marzo para presentar el trabajo completo. El valor de la inscripción es de US$100 para ponentes y US$60 para asistentes.

El 23 y 24 octubre se realizará, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Primer Congreso de Trabajadores de las Comunicaciones y las Artes Audiovisuales, que tiene por objetivo reunir a los trabajadores para reflexionar y debatir en torno a la libertad de expresión, la propiedad intelectual, la situación laboral de este sector, y la televisión digital y pública. La idea es generar estrategias que puedan proteger y mejorar la calidad de la industria.

El Congreso tiene tres modalidades de participación: como exponente, quienes deberán inscribirse presentando un documento que trate una de las temáticas mencionadas; como delegado de alguna institución que tenga que ver con medios de comunicación; como oyente, quienes asistirán a escuchar los debates y sesiones plenarias (los interesadas deben escribir a congresotca2010@gmail.com)

Este seminario es convocado por la Federación de Sindicatos de Canales y Productoras de la Televisión Chilena (sindicatos TVN, Canal 13, Chilevisión, RED televisión y UCV televisión), Colegio de Periodistas de Chile, Federación de trabajadores Copesa, el Sindicato del Área Periodística del Diario La Nación y los gremios del sector de cine y audiovisual representados en Plataforma Audiovisual.

Contacto:
Leonel Cajas: 09 843 53 78 (Sindicato Canal 13 )
Nancy Arancibia: 09 743 46 11 (Sindicato diario  La Nación)