En Chile, la crisis de confianza en las instituciones está presente hace ya bastante tiempo y los medios de comunicación lo han reflejado constantemente en reportajes, artículos, entrevistas y columnas de opinión en distintos soportes y formatos. Pero los medios también son parte de esa crisis. Según la encuesta «El Chile que viene» de medios y redes sociales, realizada por Cadem en enero de este año, la confianza en los medios de comunicación está liderada por las radios, seguido por diarios y portales online, y en tercer y cuarto lugar se encuentran los canales de televisión pagada y abierta. En una escala de 1 a 7, estos últimos aprueban, sí, pero casi raspando, con una nota promedio de 4,3.

Son también los canales de televisión los únicos en Chile que cuentan con un órgano censor del Estado: el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cuyo mandato, de acuerdo con la Ley 18.838, es “velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional”. Eso incluye la regulación de los contenidos. Y es en el cumplimiento de esa función que el CNTV recibe denuncias sobre posibles infracciones a esa misma ley o a lo dispuesto en las Normas sobre la Transmisión de Programas Culturales o las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión; revisa los antecedentes de cada caso y, si es pertinente, cursa sanciones.

Puroperiodismo revisó los datos públicos disponibles en la web del CNTV y solicitó, para su cruce, nuevos antecedentes vía Ley de Transparencia para conocer en detalle no sólo el número total de sanciones y multas cursadas en los últimos cinco años, sino también a qué canales se ha sancionado, por qué infracciones y por cuáles contenidos emitidos, con el fin de caracterizar la fiscalización que realiza el órgano sobre la oferta televisiva dispuesta a la ciudadanía.

De esa búsqueda, lo primero que se desprende es que durante los últimos cinco años el CNTV ha cursado 239 sanciones a canales de televisión abierta. Según sus balances de cargos y sanciones –disponibles hasta 2020 en su web–, las tres principales causales corresponden a la emisión de contenidos inapropiados para menores de edad que afectan “la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”; la afectación a la dignidad personal y vulneración de los derechos fundamentales; y la transmisión de contenidos sensacionalistas.

Chilevisión encabeza la nómina de canales más castigados por infringir las normativas, con 79 sanciones entre 2016 y 2021. TVN le sigue en la lista con 56 multas cursadas; luego están Mega y Canal 13, ambos con 46; y a la cola La Red se posiciona como el canal con menor número de sanciones, con una docena de ellas a su haber.

Más allá de los datos generales, la información obtenida para este reportaje permite identificar algunas fallas en las coberturas de algunos de los principales hechos noticiosos de los últimos años, como el uso engañoso de imágenes de archivo en notas sobre el estallido social o cómo ciertos canales han cruzado límites éticos para informar sobre casos de delitos de alta connotación pública, difuminando el rol informativo en el afán de ganar la carrera por mostrar lo que otros medios no.

Las dos sanciones del estallido social

El 18-O lo cambió todo en los medios de comunicación. El estallido de octubre y la revuelta social que se desató a lo largo del país los obligaron a reenfocar sus pautas para volcar sus coberturas hacia las protestas, la violencia callejera y la gran cantidad de información –verdadera o no–, que llegaba a las salas de prensa.

Luis Breull, director del Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV, explica que situaciones como esa “representan un especial desafío para la institución, ya que ponen muchas veces a prueba las capacidades humanas de revisión y análisis de contenidos, experiencias que siempre contribuyen con el mejoramiento de la labor de fiscalización, tarea que no se debe olvidar que se realiza en tiempo real”.

Según el historial de denuncias del CNTV, entre el 21 de octubre y fines de diciembre de 2019, fueron 544 las denuncias tramitadas por contenidos referentes al estallido social y las distintas manifestaciones que le siguieron. ¿Los canales denunciados? Mega, TVN y Canal 13. Sin embargo, la institución cursó solo dos sanciones en ese período.

La primera fue a Canal 13, por una nota emitida en su noticiero central la noche del 8 de noviembre de 2019 sobre saqueos y la supuesta receptación de los artículos robados en departamentos particulares del edificio patrimonial Portal Fernández Concha, en plena Plaza de Armas. La pieza audiovisual exhibía imágenes de esos saqueos entremezcladas con las de efectivos de Carabineros al interior del inmueble, entrando a los departamentos donde se habrían escondido las pertenencias. Pero algo no calzaba.

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— Señora 🇨🇱 (@mononerd) November 14, 2019

Tras examinar en detalle la nota y los videos aportados por los denunciantes, el CNTV concluyó que “varios de los segmentos audiovisuales para ilustrar los procedimientos llevados a cabo en el edificio patrimonial Portal Fernández Concha para la incautación de la mercadería sustraída en los numerosos saqueos ocurridos a partir del estallido social, corresponden a procedimientos llevados a cabo con mucha anterioridad, en el marco de investigaciones motivadas por el ejercicio de la prostitución en el referido edificio –y que fueran exhibidos por Canal 13 SpA el 29 de enero de 2019–”.

El acta de la sanción también señala que con ello se estaba afectando “el derecho de las personas a recibir información oportuna, veraz y objetiva, al no haber desplegado el grado de diligencia mínimo necesario al recabar los antecedentes para informar sobre el tema en cuestión, o al menos haber indicado que las imágenes utilizadas correspondían a imágenes de archivo”, y que la nota vulneraba “el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, a raíz del despliegue de contenidos audiovisuales que no se condecían con los hechos informados, viéndose afectado con ello el derecho a la libertad de expresión en lo que al derecho a recibir información se refiere”. Por esto, Canal 13 sólo recibió una amonestación.

La segunda sanción fue a Chilevisión, también por una nota emitida durante la edición central de su noticiario, aunque ésta ocurrió un día después que la de Canal 13 y se refería a las manifestaciones de “el que baila, pasa” durante la revuelta social.

Allí se observan distintos videos en que manifestantes conseguían que los conductores bajaran de los automóviles para bailar y conseguir el paso. La nota se enfoca en “las formas creativas y alegres de manifestarse” y, como se escucha en la voz en off de la misma, “una más de las expresiones pacíficas que Chile quiere ver, un desafío en medio de las movilizaciones, un reto que tiene que ver con baile”.

Imagen de protesta «El que baila pasa», popularizada durante las manifestaciones posteriores al estallido social de 2019.

Sin embargo, el CNTV expone en el acta del caso que la nota “exhibe un comportamiento que no se encuentra amparado por el derecho y que no responde a los principios democráticos, en tanto afectan de forma ilegítima la libre circulación de las personas en la vía pública, pudiendo además afectar el derecho a su integridad física y psíquica”, ya que fuerza a una persona a actuar en contra de su voluntad. Y que “la presentación de esta conducta mediante una valoración liviana y positiva por parte de la conductora del programa ciertamente podría exhibir un modelo de conducta negativo para aquellos menores de edad que se encontraban entre la audiencia que visualizaba el programa”.

Por esto, esta sanción concluyó en una infracción por haber emitido en horario de protección de menores de 18 años contenidos que “relativizan el fenómeno y las consecuencias del denominado ‘el que baila, pasa’, afectando con ello especialmente la integridad psíquica de quienes han sido víctima de dicha conducta y desconociendo en consecuencia su dignidad personal que les es inmanente. Además, la emisión de los contenidos fiscalizados en horario de protección de menores de edad, atendida su especial naturaleza, puede incidir negativamente en el proceso de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud de los menores de edad presentes al momento de su exhibición, por cuanto el fenómeno en cuestión, al ser presentado como algo liviano y jocoso, entraña el riesgo de que pueda ser replicado por parte de dicho grupo etario presente al momento de la emisión”.

Breull plantea que el tratamiento dado por los canales al estallido social se basa en que, “a partir del terremoto del 2010, se ha instalado un estilo o afán informativo 24/7 que no parece sano. No es sano para la audiencia receptora de los contenidos, que en los casos de magnitudes colectivas son también víctimas o al menos espectadores vulnerables que sufren con lo ocurrido, siendo sujetos de una intensa carga de angustia, [ni tampoco lo es] para la percepción de la confianza y calidad de la televisión, ya que los servicios de televisión se autoimponen la exigencia de transmitir ininterrumpidamente con escasa o nula capacidad de decidir qué es lo realmente oportuno, lo razonable, lo útil, lo verdaderamente informativo y con lo que en definitiva responden al rol social que poseen”.

Lo anterior, en palabras del jefe de fiscalizaciones del CNTV, hace que los canales se expongan “voluntariamente a cadenas de desprolijidades que pueden o terminan afectando la dignidad de las personas (…) y como indiferentes provocadores de la angustia y desazón de los espectadores. Desde el punto de vista estratégico programático se puede ver improvisación y una mal entendida oportunidad informativa”.

Nombres conocidos, sensacionalismo y vulneración de dignidad personal

Durante estos cinco años, son diversos los hechos que han marcado la pauta nacional por su gravedad y brutalidad: el ataque misógino que dejó ciega a Nabila Rifo; el juicio por la muerte y desaparición de Viviana Haeger; el femicidio de Fernanda Maciel; el asesinato de Nibaldo Villegas; el descuartizamiento de Ámbar Cornejo; y, el más reciente, la búsqueda del pequeño Tomás Bravo, entre otros. Todos casos que fueron cubiertos en vivo durante días, semanas y hasta meses, convirtiendo la cobertura periodística muchas veces en un show y una competencia al límite de lo ético.

El caso de Nabila Rifo, víctima de femicidio frustrado y mutilación en 2016 por parte de su ex pareja, Mauricio Ortega, en Coyhaique, resultó ser una de las coberturas que más conmoción causó en la opinión pública. De ahí que los medios siguieran cubriendo cada detalle de la historia y su desenlace por meses.

A casi un año del ataque y mientras se llevaba a cabo el juicio contra Ortega, Canal 13 exhibió en el matinal Bienvenidos parte de su informe ginecológico. El programa recibió más de 500 denuncias ante el CNTV, lo que derivó en una infracción por no solamente haber expuesto “antecedentes relativos a la intimidad de una mujer, sino que además, le fue propinado un trato violento y denigrante, que no se condice con su condición de víctima de un delito particularmente grave, respondiendo dicho trato a lógicas de violencia de género, importando todo lo anterior un desconocimiento de su derecho a la intimidad e integridad psíquica, y con ello, de su dignidad personal”. La sanción a la casa televisiva perteneciente al Grupo Luksic se materializó en junio de 2017 y se tradujo en una multa de 500 UTM (unos $23,4 millones de la época), la más alta que el órgano regulador ha cursado hasta ahora.

TVN también fue sancionado por el tratamiento dado al caso de Rifo. En particular, lo que el CNTV castigó fue la transmisión del programa Informe Especial del 10 de septiembre de 2017, en el que se cuestionó duramente el proceso de investigación judicial, incluyendo una entrevista exclusiva a Ortega desde la cárcel en la que dio su versión de los hechos sin contrapesos, instalando dudas sobre el relato de Rifo. El CNTV, tras recibir 108 denuncias, consideró que la emisión de ese reportaje “contiene elementos sensacionalistas, truculentos y, por tanto, vulneratorios de la dignidad y derechos fundamentales de la víctima del delito reseñado en la nota”, por lo que tres meses después cursó al canal estatal una multa de 100 UTM (cerca de $4,7 millones). En todo caso, la sanción no prosperó: en abril de 2018 la multa fue anulada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Breull comenta que “si bien hay un marco normativo conocido por la industria, con una extensa jurisprudencia que se refiere especialmente al tratamiento de situaciones extremas en las que se vulnera indolentemente la dignidad humana de todas las víctimas que son afectadas por este tipo de hechos, los servicios de televisión tienden a pasar por alto el respeto a las personas vulnerables o que se encuentran en estados de vulnerabilidad. Es posible que esta sea una de las lecciones no aprendidas por los servicios de televisión que los distancian de una sociedad que avanza velozmente en amplitud de derechos y que en consecuencia justifican la supervigilancia del CNTV”.

Nabila Rifo

En 2017 el país recordaba la desaparición y muerte de Viviana Haeger, pues después de siete años, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt juzgaba al principal sospechoso de su muerte, su viudo, Jaime Anguita. Todos los canales hicieron un seguimiento cercano de las jornadas de audiencias, aunque el único que recibió sanciones por esa cobertura fue, de nuevo, TVN, por “la transmisión de un contenido no apto para menores de edad, todo lo cual redundaría en la afectación de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”.

El caso de Fernanda Maciel, la joven embarazada que estuvo 500 días desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en una bodega cercana a su casa, también le significó a Canal 13 una sanción por parte del CNTV. Fue por exhibir el 21 de febrero de 2019 en su programa Bienvenidos al psíquico Ismael Torres, quien, valiéndose de recursos audiovisuales y de prendas usadas por Maciel, “obtiene visiones que supuestamente ayudarían a esclarecer su desaparición, constituyendo el contenido de la emisión de tipo sensacionalista (…) afectando con ello la dignidad de la propia Fernanda Maciel y de su familia; la primera en razón del tratamiento del hecho, y la de su familia, en cuanto la victimización secundaria que experimentarían por lo mismo”.

Por el mismo caso fue sancionado TVN: por exhibir en una nota periodística su perfil psicológico, “lo cual redundaría en la victimización secundaria de sus familiares mediante una afectación a su integridad psíquica y su honra”, dice el acta del CNTV.

Breull explica que frente a las coberturas de casos de violencia de género y la importancia que esto está tomando en la sociedad actual, son temas que “están contemplados en el marco normativo vigente. La Ley 20.750 modificó la Ley 18.838 y amplió el ámbito de acción en materias de fiscalización del CNTV, incorporando dentro del correcto funcionamiento los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos los tratados internacionales ratificados por Chile”.

Fernanda Maciel

Por la cobertura de la muerte del profesor Nibaldo Villegas, asesinado en 2018 por su ex pareja, Johanna Hernández, el CNTV cursó cinco sanciones: tres a Chilevisión, una a TVN y otra a La Red; todas por exhibir contenido sensacionalista que “redundaría en la afectación de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, e integridad psíquica de los deudos de la víctima”.

Dos años después desapareció Ámbar Cornejo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado una semana después en la casa que su madre compartía con su pareja, Hugo Bustamante, un ex convicto condenado por el brutal homicidio de una madre y su hijo y que estaba en libertad condicional. La cobertura de Chilevisión fue sancionada por el CNTV debido a su “carácter sensacionalista, pudiendo con ello afectar la integridad psíquica de los deudos de la víctima”. Y por motivos similares fueron sancionados en 2021 Chilevisión y Mega, aunque por otro caso: la desaparición y muerte del niño Tomás Bravo. Cada uno de los canales recibió dos sanciones del ente censor.

Sobre los casos mencionados y la repetición de infracciones a la vulneración a la dignidad personal y exhibición de contenidos sensacionalistas, Luis Breull comenta que “el actuar del CNTV se sustenta sobre la base del respeto a la libertad de expresión y programación de los servicios de televisión”, y es por eso que las acciones de supervigilancia y fiscalización son siempre ex post y se evalúan de manera individual; en caso contrario, sería censura.

–¿Existen medidas específicas que se puedan tomar frente a estos casos?

“El riesgo de prefijar un criterio especial para ciertos tipos de contenidos podría conducir a un prejuzgamiento del actuar de los servicios de televisión. No obstante, cuando la fiscalización de los casos llega a los tribunales y son sentenciados permite ir formando jurisprudencia en diversas situaciones, lo que deriva en un enriquecimiento de la mirada y del actuar sobre situaciones futuras de índole similar”, responde Breull.

Sanciones por programación cultural y horario protegido para menores

Las Normas de Transmisión de Programas Culturales consideran “la importancia de la televisión, como un medio masivo, para el incremento y desarrollo de la cultura y el conocimiento, así como para la valoración del patrimonio y la identidad nacional y universal”.

Sin embargo, casi todos los canales de televisión abierta han faltado a estas normas, específicamente a la obligación de transmitir al menos cuatro horas de programación cultural a la semana. Durante el período revisado, los canales que cuentan con mayor cantidad de sanciones por este motivo son TVN y Chilevisión, con 12 y ocho sanciones, respectivamente.

Los canales de televisión también son regulados por las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, las cuales se originan por lo impuesto por la Ley 18.838 en su artículo 12°, el cual menciona que es el propio CNTV el que “dictará las normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres”.

De la misma forma, la legislación menciona que “tales normas podrán incluir la designación de horarios sólo dentro de los cuales se podrá exhibir programación no apta para menores de edad la que estará, en todo caso, precedida de una advertencia visual y acústica o identificada mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración”. Es decir, el aviso que se escucha y ve diariamente a las 10 de la noche, donde se señala que el horario para menores de edad ha finalizado.

Sin embargo, desde 2016 todos los canales de señal abierta han omitido al menos una vez esta señalización.

Sobre estas faltas de los canales de televisión, Breull dice que “  Y que, en cada proceso sancionatorio que lleva adelante la institución, se respeta el debido proceso donde, luego de una formulación de cargos, los canales de televisión pueden hacer llegar sus descargos y, con esos antecedentes, el CNTV resuelve de forma fundada. “Aquí se revelan antecedentes y argumentos que proporcionan al medio regulado el razonamiento sobre el cual actuó el Consejo, por eso, cada caso permite desplegar un ejercicio de aprendizaje”, agregó.

El nuevo CNTV

El 10 de marzo, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo anunció que a partir de este año el CNTV sería presidido por Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo 2007 e integrante del directorio de TVN entre 2000 y 2004.

“El CNTV es un organismo autónomo, independiente, que va a cumplir ese rol de asumir que la televisión tiene que estar en sintonía con estos cambios, con esa amplitud, con esta demanda de más democracia, de más diversidad, de más pluralidad que tanta falta nos hace al país”, dijo Zerán al asumir el cargo.

Bajo esta línea, Breull mencionó que “la normativa vigente es el marco de acción en donde la nueva dirección busca dar cuenta del país que vivimos hoy, con todas las problemáticas y temas emergentes que marcan la convivencia ciudadana”.

“No estamos en 1989 ni en los 2000, sino en 2022 y eso reporta una exigencia mayor para comprender cómo ha evolucionado la sociedad y los criterios o múltiples miradas en torno a ello. Feminismo, discriminación, xenofobia, discursos de odio, nuevas aristas sobre la dignidad y nuevos parámetros para comprender el desarrollo de temáticas identitarias referidas a género y a lo que se entiende y se despliega como familia o matrimonio, por ejemplo”, concluyó.

Marcha contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, 3 de junio de 2017. Foto: Paulakindsvater, Wikimedia.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2016 hubo 52 femicidios. Bajo el hashtag #NiUnaMenos, miles de mujeres y hombres en América Latina se han organizado en las redes sociales para generar conciencia respecto a la violencia de género. El 18 de octubre 2016, acerca de 200 mil personas marcharon por las calles de Buenos Aires, más de 50 mil en Santiago de Chile. La alarmante cifra de femicidios en Chile y en América Latina ha llevado el tema de la violencia de género a la agenda pública.

En Chile, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y la Red de Asistencia a Víctimas han publicado un documento titulado “Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres que son víctimas de violencia de violencia”. En septiembre de 2016, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina emitió un documento donde hace algunas recomendaciones sobre el tratamiento mediático responsable en casos de violencia contra las mujeres. Las investigadoras y periodistas chilenas Karen Vergara y Cecilia Ananías analizaron el tratamiento informativo que los medios digitales les dan al femicidio. El resultado fue un artículo que reveló los principales errores que cometen los periodistas al escribir sobre el asesinato de mujeres.

A partir de esos documentos es posible formular algunas recomendaciones para los periodistas a los cuales les toca reportar los casos de violencia de género.

SACAR LA VIOLENCIA DEL ESPACIO PRIVADO

En los medios de comunicación se ha producido una operación de reducción del campo visual de la violencia. Así, se pasa de concebir la violencia sólo como el maltrato doméstico, a ignorar todos los maltratos que no sean físicos y dar sólo importancia a aquellos que acaban con el resultado de muerte.

Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Para organismos internacionales, en cambio, un femicidio es cualquier asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer, sin vínculo necesario entre el autor y la víctima. También existe el “feminicidio” que se refiere a las relaciones de poder que existen atrás del asesinato.  Por eso, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile registra una cifra mucho más baja de femicidios que la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.

Esta Red ha sido un actor muy relevante en el proceso de la visibilización de la violencia de género en Chile, además de criticar el contexto legal que existe en el país. “Los medios de comunicación han ayudado a establecer el término femicidio. Antes era concebido como un asesinato más”, señala Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red. “Lo que pasó en nuestro país con los femicidios es que se metieron los legisladores, tomaron el concepto, lo interpretaron como quisieron y lo devolvieron hecho una ley. Una ley que es malísima porque en nuestro país se enfoca mucho en la familia, por lo tanto entienden el femicidio como el asesinato de una mujer por su pareja. Nada más”.

En consecuencia, es recomendable que los periodistas denominen todos los asesinatos de mujeres como “femicidios” o “feminicidios” y no solamente los asesinatos dentro de una relación de pareja.

La acción de la Red Chilena que coordina Lorena se orienta a identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres como un continuo presente a lo largo de nuestras vidas y relacionar toda manifestación de violencia contra las mujeres —verbal, sexual, simbólica y el femicidio como expresión extrema— como parte de este continuo. En los medios chilenos no sólo se reducen todas las formas de violencia que reciben las mujeres —trata, acoso, abusos sexuales, matrimonios forzosos, agresiones sexuales, etc. — a la que se ejerce por parte de quienes tienen una relación afectiva —como hace la Ley—, sino que se establece una estrecha relación entre violencia y agresión física, que impide visualizar la violencia psicológica y la sexual. Y lo es incluso para aquellas personas que las padecen porque no las ven como tal, haciéndose aún más difícil su denuncia.

Hay varios ejemplos que reflejan eso, como algunas portadas de La Cuarta, uno de los diarios más leídos en Chile y también uno de los más criticado por su cobertura sensacionalista de los femicidios. Los titulares más polémicos han sido “Hizo anticucho con la polola” y “El amor y los celos la mataron”. En Twitter, centenares de críticas por parte de hombres, mujeres y organizaciones feministas hicieron del hashtag #LaCuartaFemicida el primer trending topic a nivel nacional en marzo del 2016.

Por eso, es necesario que en su cobertura los medios saquen el tema de la violencia de género del espacio privado familiar y visibilicen las diferentes formas de violencia, ya que las agresiones ocurren también en otros lugares como el espacio de trabajo, las escuelas o en la calle, afectando a diferentes grupos: mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y lesbianas, entre otras.

EMPODERAR EN VEZ DE VICTIMIZAR

Si no se toman los resguardos necesarios, la forma de difusión mediática de una situación de violencia puede convertirse en una instancia de revictimización. Es importante evitar la estigmatización, la culpabilización y la sexualización de las mujeres que padecen o han padecido violencia porque construyen un sentido negativo respecto de la persona, y proponen marcos interpretativos peligrosos que pueden terminar legitimando los actos de violencia.

Los abordajes de casos de mujeres víctimas de violencia en los que se las construye como una persona que “bebe alcohol”, le gusta “salir de noche” o vestirse de determinada manera, tienden a montar una imagen de aquellas mujeres como merecedoras de la violencia. El caso de Nabila Rifo, una mujer de Coyhaique que sufrió un brutal ataque de su expareja, refleja esto. Programas de televisión pusieron énfasis en que ella había tomado mucho la noche del ataque o que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era el imputado. Fueron informaciones que humillaron a la víctima y justificaron la agresión.

Uno de los problemas detectados por las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías fue una categoría que denominaron como “falta de empatía hacia la víctima”. Mientras muchas víctimas fueron sobreexpuestas en imágenes, de los agresores rara vez se entregaba su nombre ni mucho menos fotografías, a pesar de que algunos habían confesado el crimen. En algunas noticias existió justificación de su actuar, especialmente en el caso de Juliana Acevedo, cuyo asesinato y posterior descuartizamiento fue adjudicado a violencia mutua, celos, amor o al fragor de la discusión. En el caso de Karen Wilson, se hizo mucho hincapié en que acababa de pedirle el divorcio a su agresor y que tenía una nueva relación. Así lo refleja la noticia en Soy Chile, publicada el 5 de marzo de 2016: “Los trámites unilaterales para conseguir el divorcio y los celos por su nueva relación habría [sic] desatado el femicidio que cobró la vida de la ex profesora de biología del colegio Netland School de Antofagasta, Karen Wilson Villagrán de 31 años”.

En el caso de Magaly Carriel, una mujer de Talcahuano de 63 años que se encontraba postrada cuando fue asesinada por su esposo, el mismo medio afirmó: “Si bien, el marido de la mujer no ha confesado el crimen, se conoció que la víctima había denunciado dos veces a su esposo por maltrato. Sin embargo, estas acusaciones no llegaron a judicializarse debido a que Magaly Carriel no ratificaba sus denuncias puesto que defendía a su agresor”.

PROTEGER Y RESPETAR A LAS VÍCTIMAS

Para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, es necesario evitar difundir imágenes de ellas, sus datos personales, mostrar el espacio personal que habitan y su entorno familiar, así como cualquier aspecto que pueda ponerlas en riesgo. Así se destaca en las Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres víctimas de violencia, documento elaborado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Red de Asistencia a Víctimas.

Es fundamental atender a la especificidad de los casos que refieren a niñas y adolescentes, quienes poseen protecciones aún mayores. La difusión mediática de un caso de violencia contra una mujer debe evitar exponer la intimidad de la persona que la sufre o sufrió y lesionar su dignidad, por ejemplo mediante la difusión de datos personales o de la presentación de aspecto morbosos.

Eso pasó, nuevamente, con Nabila. Su caso y su tratamiento mediático generó un profundo impacto porque no solamente fue naturalizado sino que además se publicaron detalles íntimos de ella, como su examen ginecológico, lo que conllevó una multa del CNTV a Canal 13. Este tipo de coberturas no sólo no proveen información socialmente necesaria ni relevante, sino que tampoco consideran los efectos traumáticos y la incidencia negativa que puede generar en el proceso de recuperación que atraviesan las personas afectadas por violencia.

USAR LENGUAJE PRECISO, RESPETUOSO E INFORMATIVO

Es necesario que la violencia contra mujeres y niñas sea siempre denominada “violencia de género“. Es recomendable que las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres sean nombradas como “femicidios” o “feminicidios”, en tanto éste es el término sugerido nacional e internacionalmente para identificar la especificidad de la problemática.

El Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile es una de las organizaciones que denuncia la violencia de género en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.  A través de sus redes sociales han puesto en práctica la “reescritura” de titulares que ignoran o invisibilizan la violencia de género. Por ejemplo, toman un título que afirma “Joven dice que fue agredida en el Metro y que nadie la ayudó” y elaboran una corrección: “Joven fue víctima de acoso sexual en el Metro y nadie la ayudó”.

Muchas veces los femicidios son denominados como “crímenes de pasión”. Un ejemplo de  título del diario La Cuarta: “La Historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional”.

Lorena Astudillo, de la Red Chilena hacia la Violencia contra las mujeres, rechaza el uso del término “pasional” o “crímenes de amor”. “Tienen todo un patrón común que es la violencia machista. No solamente la pareja puede ser femicida, sino también los hombres que matan a una trabajadora sexual o los que violan y matan a una niña. Son manifestaciones del poder machista y de dominación”.

Además, la cobertura no debería identificar a la mujer con el delito, al decir, por ejemplo, “la abusada”, “la golpeada” o “la violentada”. Es importante que el lenguaje y las imágenes utilizadas para informar sobre un hecho de violencia contra una mujer se ajusten a un enfoque de derechos, como se destaca en las Recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina. A su vez, se sugiere ampliar las formas de nombrar, presentando a la mujer no sólo como “víctima”, sino hacer referencia a la resistencia y la posibilidad de recuperación de las víctimas.

También es recomendable el uso de la expresión “mujer en situación de violencia”, en tanto posibilita resaltar el carácter temporario de la situación y la posibilidad de salir de ella. Estos usos del lenguaje son importantes porque otorgan a la problemática en cuestión elementos para ampliar su abordaje y su comprensión crítica y reflexiva por parte de las audiencias. Así, la cobertura informativa puede convertirse, directa e indirectamente, en una provisión de recursos para quienes sufren situaciones similares y carecen de herramientas para enfrentarlas.

EVITAR EL SENSACIONALISMO

Las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías identificaron un excesivo morbo y sensacionalismo en la entrega de información en los medios de comunicación, especialmente en el caso de Juliana Acevedo. En marzo de 2016, La Tercera escribió en una nota titulada “De los celos al horror” que fue duramente criticada por adjudicar el asesinato de Juliana a los celos de su pareja y, fundamentalmente, por dar detalles extremadamente gráficos y explícitos de cómo fue el femicidio.

Es imprescindible que la información relativa a un caso de violencia evite transformar el hecho en un espectáculo trágico o en fuente de diversión, como sucedió en el caso ya nombrado de Nabila Rifo. Por el contrario, se recomienda tener presente que la violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido en nuestra sociedad que trae consecuencias negativas para la vida de quien la padece, de su entorno, y para toda la sociedad. La cobertura mediática de los casos de violencia contra las mujeres puede contribuir a un fin social cuando se centra en los aspectos sociales y no en la morbosidad individual del hecho, apuntando a visibilizar el carácter de problemática social y multidimensional de la violencia de género contra las mujeres.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERIODISTAS

Pese a que existe un constante crecimiento de la conciencia respecto de la importancia de la igualdad de oportunidades y la erradicación del sexismo de la sociedad chilena, la naturalización de conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación genera un estancamiento cultural que hay que advertir. Los medios de comunicación tienen un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad respecto a la violencia de género. Por lo tanto, este artículo es un llamado a todos los periodistas que trabajan en medios de comunicación a reflexionar sobre la cobertura de los casos de violencia de género y elaborar una práctica periodística profesional y responsable.

Foto: El Mercurio

Una noticia habitual que los medios escritos de nuestro país suelen incorporar en sus pautas informativas —casi siempre en las dedicadas a cultura o espectáculos— son las formulaciones de cargos o las sanciones que aplica el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), entidad que fiscaliza los contenidos de los canales de televisión que transmiten sus señales en forma abierta o a través del cable o por satélite.

En los últimos años se ha sumado como noticia, además, el número de denuncias que los televidentes formulan en pocas horas, gracias a la posibilidad de remitir las quejas a dicho órgano mediante un formulario en línea que implementó el CNTV. Tal hecho ocurrió en 2007 con una masiva campaña viralizada en contra del programa Papavilla que emitía el canal de cable MTV, dedicado principalmente a la música. Por un escaso voto, el CNTV no formuló cargos al programa que satirizaba al Vaticano como un grupo conformado por personas corruptas y torpes.

En este mes de junio —uno de los más futboleros de que se tenga recuerdo— el CNTV recibió más de 150 denuncias motivadas por las declaraciones de la doctora María Luisa Cordero en el programa Bienvenidos de Canal 13 sobre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, dos de los más destacados futbolistas nacionales. A Vidal lo trató de «horroroso, penca y engreído” y a Sánchez como «indio horroroso».

Velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión es una de las facultades del CNTV más discutidas según el principio de la libertad de expresión.

En tal contexto, tal vez sea oportuno evaluar la utilidad que tiene el CNTV, ahora que el gobierno de la Nueva Mayoría ha anunciado la intención de traspasar al futuro Ministerio de Cultura la facultad quizás más relevante que posee dicho ente: la asignación de fondos concursables a la industria de la televisión nacional. Sin la facultad de la entrega de subsidios estatales a los canales de televisión, tendría poca justificación contar con el CNTV si solo se dedica a velar por el correcto funcionamiento de los canales de televisión, como define la Constitución y la ley su potestad. Además porque han sido, sin duda, sus facultades más discutidas según el principio de la libertad de expresión desde la restauración de la democracia.

El catálogo de criterios y razones del CNTV para fundamentar sus sanciones es variado, desde los «Valores Morales y Culturales propios de la Nación” y la “Dignidad de las personas”, pasando por el “Sensacionalismo” y “Publicidad de uso y consumo de drogas” hasta la “Violencia Excesiva”, la “Truculencia” y la “Pornografía” (la lista completa está disponible en su sitio web).

Como puede advertirse, no hay temas en los cuales el CNTV no pueda sancionar. Los castigos aplicables van desde una amonestación hasta la caducidad de la concesión. En la práctica la sanciones que aplica dicho órgano son multas que van desde las 20 UTM ($ 841.040) a las 200 UTM ($ 8.410.400).

Dada la vaguedad e imprecisión de la mayoría de los criterios —solo se definen 4 de ellos—, el CNTV ha sancionado programas como un capítulo de Informe Especial exhibido en los años 90 por mostrar mujeres desnudas en un concierto musical, en el contexto de los cambios que comenzaba a experimentar Rusia luego de la desintegración de la URSS. También se sancionó por atentar contra los valores nacionales al programa “Aunque la busquen con vela…” de TVN, donde el cantante Jorge González criticaba ácidamente la llamada “chilenidad”; a Megavisión por la transmisión del célebre programa “A eso de…”, que divulgó la grabación de la conversación sostenida por el entonces senador Piñera; a Canal 13 por haber difundido la detención de Spiniak en su dormitorio; el desaparecido Canal 2 Rock and Pop fue sancionado en muchas ocasiones debido al enfoque transgresor de su programas, que había satirizado a personajes de la historia de nuestro país como el Presidente Allende y también de nuestros símbolos nacionales.

En la actualidad, el CNTV tiene preocupaciones más sencillas, como la protección de la dignidad de los participantes en reality shows; evalúa sancionar a Direct TV por la emisión a través del canal de cable MGM de la película de Rambo IV en horario para todo espectador, analizando las consecuencias en los niños de las aventuras de Stalone en el Sudeste asiático. También muy recientemente resolvió una docena de denuncias en contra de Mega por haber ironizado con la miopía del asesor de la diputada Vallejos, Javier Candía. Y más recientemente, de la eventual vulneración de la dignidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la doctora Cordero.

LA DOCTORA CORDERO EJERCE SU LIBERTAD DE OPINIÓN

Hace tiempo que se ha afirmado con razón que los criterios del CNTV poseen tal amplitud que resultan incompatibles con el principio de que toda restricción de la libertad de expresión se limitará claramente y ajustará estrictamente a la protección de un derecho o imperativo social definido y legítimo. En tal sentido, las normas de televisión deberían especificar claramente las conductas que constituyen infracción, puesto que infringe el principio fundamental del debido proceso.

A muchas personas suelen no gustarle las películas de héroes solitarios e incomprendidos como Rambo. Pese a su gran popularidad, la doctora Cordero también cuenta con un alto número de detractores. Pero en ambos casos creo que no son razones válidas para aplicar un castigo. La doctora Cordero ejerce su libertad de opinión, expresa sus impresiones con vehemencia, y critica en forma excéntrica a veces. También suele emitir comentarios racistas y discriminatorios. Por muy minoritario que sea, el suyo es precisamente el tipo de discurso donde la libertad de expresión maximiza su función de protección contra mayoritaria y donde encuentra su máxima justificación.

La existencia del CNTV fomenta la autocensura de los canales de televisión y la supresión de puntos de vista minoritarios, lo cual redunda en un empobrecimiento del ya disminuido debate público existente en nuestro país.

La pregunta que cabe hacerse, creo, es sobre la eficacia que tiene el CNTV en su función de velar por “el correcto funcionamiento de la televisión”. Y también si es compatible en el contexto de una sociedad liberal, democrática y plural tener un órgano estatal encargado de definir lo adecuado y lo incorrecto de lo que transmiten los canales de televisión.

Foto: Whitepuffycloud, Flickr

Para la mayoría de las personas, el tema de la televisión digital, abierta y gratuita, está asociada a la posibilidad de tener un mayor número de canales. Imaginan una oferta que supera largamente la actual en cantidad y que está asociada a una mejor calidad técnica en la recepción de la imagen y el sonido.

El público quiere ver televisión con la mejor calidad técnica posible y de la manera como lo ha hecho hasta ahora. A juzgar por la cantidad de aparatos receptores, inteligentes (Smart TV) o no, que se han vendido en los últimos meses, a nadie le preocupa mucho la inversión que esto trae aparejada. La promesa de más y mejor televisión parece demasiado atractiva.

Hoy un proyecto que modifica la Ley orgánica del CNTV con más de 500 indicaciones se encuentra en una comisión conjunta del Senado para una discusión que se presume tomará algún tiempo. Pretende resolver en un solo cuerpo legal temas técnicos, administrativos y de regulación.

Pero como todo proyecto debemos revisar su forma y fondo

La forma en que este nuevo avance y su casi incomprensible tecnología, con siglas que poco explican –como TDT , TDH, Simulcast , ISBT– y numerosos artículos de prensa que explican cómo estas señales serán distribuidas en el país es interesante, atractiva, y parece el núcleo del tema.

Pero después de algunos momentos de reflexión, podríamos concluir que para el público, un mayor análisis del mundo de la tecnología es casi innecesario. Si en la solución final se utiliza una red terrestre (TDT) o una transmisión directa del satélite al hogar (DTH), o si el período que deberán convivir los sistemas análogos y digitales (Simulcast) es de 5 o 10 años es prácticamente indistinto: los ingenieros de nuestros canales están perfectamente capacitados para implementar la solución final que se adopte, que a la postre pasará por el monto de la inversión y que, dicho sea de paso, no es menor: equivale a 6 o 7 años de las utilidades de la industria completa que los canales tendrán que asumir con sus propios recursos.

Podríamos imaginar entonces, idealmente y en un plazo más o menos breve, una pantalla llena de canales con posibilidad de conectarse a Internet (el futuro) y con capacidades interactivas. Desde un punto de vista técnico, un éxito total.

Pero superadas las vallas tecnológicas (un desafío oneroso pero abordable), la cuestión de fondo es los contenidos que transportaremos por este medio y cómo se podrían financiar. Aquí los problemas se agudizan y complejizan en forma importante.

Actualmente los canales disponen solo de los recursos que obtienen de la venta de publicidad y destinan más del 50% de sus ingresos a la preparación de sus programas, con el agravante de que el monto total de la inversión publicitaria no ha crecido; se mantiene estable desde hace varios años.

Estamos hablando de una industria influyente pero pequeña, frágil y llena de obligaciones.

Sin nuevas fuentes de recursos, parece poco probable que la industria, en las condiciones actuales, sea capaz de aumentar sus porcentajes de producción sin dañar seriamente la calidad de sus realizaciones u obligándola a extranjerizar su oferta más allá de un equilibrio recomendable.

Actualmente un canal transmite alrededor de 7.000 horas al año. En nuestro país los canales de televisión abierta agrupados en Anatel, emiten alrededor de 50.000 horas anuales. Imaginemos por un momento la llegada de otros siete canales. ¿Seremos capaces de producir o encontrar en el mercado internacional 100.000 horas de relativo buen nivel o caeremos en una vorágine de mediocridad sin sentido?

Por otra parte no falta quien se pregunta, y quizás con razón, si la oferta actual es la adecuada. Hay evidentemente una homogeneidad: pareciera que la tendencia va en el sentido de una entretención mayoritariamente liviana, en perjuicio de programas de mayor contenido y todo bajo la premisa de que es lo que la gente busca, lo que la satisface y lo que entrega los ratings necesarios para obtener los recursos. Se asemeja más a una espiral perversa que a un círculo virtuoso.

En ocasiones se escucha que este fenómeno es mundial y que en todas partes ocurre lo mismo. Al revisar las ofertas de países desarrollados efectivamente encontramos el mismo tipo de programas, pero son fruto de otras fuentes de financiamiento, en una proporción diferente que permite espacios para conversación, análisis, ciencia, tecnología, economía, política nacional e internacional, medicina y otros. Finalmente es una decisión soberana de cada canal y es el público el encargado de resolver.

Agreguemos a lo anterior que la disposición del espectador –el momento en que podrá acceder a estos contenidos– necesariamente cambiará con las nuevas tecnologías. La TV móvil o los equipos que nos permiten ver a la hora que más nos acomode los programas que nosotros seleccionaremos previamente alterarán nuestros hábitos. El espectador estará empoderado como nunca antes, y dejará de ser un consumidor pasivo para transformarse en uno activo, crítico y dueño de sus tiempos.

La ingeniería nos abrirá espacios y posibilidades hoy inimaginables, pero sin duda los contenidos serán las estrellas de esta nueva revolución que nos trae la tecnología digital. Es el punto medular al que debemos dirigir nuestros esfuerzos. La calidad de los programas, la creatividad y diversidad de la oferta generada a un costo accesible será el verdadero tema de fondo. Sin contenidos aceptables tendremos un mundo vacío y una vez más habremos confundido el medio con el fin.

Después de todo, nuestros parlamentarios y reguladores han tenido razón en dilatar la discusión legislativa. Hemos ocupado demasiado tiempo en discutir sobre la duración de las concesiones, la televisión de pago o los porcentajes de esto o aquello. Todo muy importante, pero lo único realmente valioso son los contenidos.

Para su ejecución los canales requieren estabilidad, reglas claras, diseñar e implementar nuevas fuentes de recursos, neutralidad tecnológica para utilizar los avances que la ingeniería moderna nos entrega y sobre todo la defensa de la propiedad de sus contenidos.

Primero, una aclaración: esta encuesta de Puroperiodismo replica una pregunta que The Guardian ha dirigido a sus lectores con motivo del escándalo de las escuchas ilegales del desaparecido periódico sensacionalista News of The World. Sin embargo, sus fundamentos pueden aplicarse a cualquier sistema de medios de una sociedad que aspirar a fortalecer su democracia.

Para introducir el tema hemos publicado una columna de Claudia Godoy, Productora Ejecutiva del Área de Programación de TVN, sobre el funcionamiento de la TV y el rol que le cabe al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en esta tarea. A continuación proponemos algunas ideas —o más bien preguntas— para enriquecer una discusión en torno a la regulación de la prensa en Chile:

• ¿Funciona la autorregulación de los medios en un mercado donde la eficiente y rápida captación de audiencias parece ineludible para sobrevivir?
• En esta línea, ¿qué se le debe pedir a las escuelas de periodismo?
• El Colegio de Periodista no tiene la tuición ética sobre el ejercicio profesional, la que actualmente reside en los Tribunales de Justicia que nunca han ejercido esta facultad. ¿En qué medida el Colegio puede contribuir a mejorar el desempeño de periodistas y medios?
• ¿Un órgano autónomo puede ser facultado, en una sociedad democrática, para sancionar excesos cometidos por medios? Como referencia, el CNTV puede sancionar a los canales que vulneren determinados principios consagrados legalmente.
• ¿Deben los periodistas enfrentar sanciones penales o civiles por errores, inexactitudes o faltas a la ética que cometan en su desempeño profesional?

¿Qué rol le cabe al CNTV en el "correcto funcionamiento" de los servicios de televisión? | Foto: Puroperiodismo

¿Espejo o faro? Esta pregunta ha sido recurrente en los canales de televisión durante los últimos 10 años. Hay quienes siguen creyendo que los chilenos necesitan una luz casi celestial que los guíe por el buen camino ciudadano e incluso personal o moral. Existe una confusión al creer que vivimos en un país casi infantil que requiere de un papá que le diga qué hacer y cómo hacerlo. Esta no es la misión de la TV. Esta misma forma de ver que tienen muchos al interior de las emisoras sobre guiar a los televidentes (ciudadanos) es la que aplica el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sobre los canales. Decir cómo debe programar, a qué horas y con qué tipo de contenido, como si la TV chilena fuera un adolescente que castigas cuando llega tarde del carrete. Y como muchos padres tienen claro, los pataleos frente a los hijos ya no funcionan.

«Los canales y el CNTV están equivocados: ni el público busca un papá en la televisión, ni la TV necesita un controlador que le diga cómo actuar».

Por tanto, ambos, canales y CNTV, están equivocados: ni el público busca un papá en la televisión, ni la TV necesita un controlador que le diga cómo actuar. Hace ya tiempo que las libertades individuales permiten a los ciudadanos elegir qué ver y cuándo. Son individuos capaces de rechazar lo que consideran morboso, de mal gusto, violento o, sin más, optar por ver este contenido. Si el CNTV se escandaliza, hay otros millones que optan por ellos.

Podrán decir que la televisión cae en graves errores de contenido, y que en muchas ocasiones abusa de su autoridad sobre ciudadanos indefensos (un ejemplo, los familiares de los reos muertos en la cárcel de San Miguel). Es verdad. Pero el camino para castigar estas acciones están claramente establecidas en la ley, y deben ser los tribunales, como está ocurriendo hoy en el Reino Unido, los que deben investigar y sancionar a quienes pasen el límite de la norma.

Por otro lado, los periodistas deben tener claro y conocer en profundidad las reglas éticas y legales que nos rigen. Hoy centenares de reporteros desconocen la diferencia entre los público y lo privado, lo que se puede publicar o no publicar, y los canales de televisión deben hacerse responsables ante los tribunales de poner en pantalla personas que no saben ejercer la profesión de periodista, y que poco conocen de ella, trasgrediendo a diario el valor de la real información y simplemente publicando rumores a lo que llaman, con desenfado, reporteo.

La tarea es larga, pero es labor de los medios —y no de un CNTV— el lograr que tengamos una televisión de calidad, que informe y entretenga y que no se sienta faro de un país que hace ya rato tiene ciudadanos que requieren que empaticen con sus vidas, pero que no les digan cómo vivirla.

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En un reciente diagnóstico, Jimena Villegas argumentó: «Es bien probable que no haya un área más transversalmente criticada de la televisión chilena 2011 que la de los noticieros: sus detractores suelen sostener que la calidad está tan mala que ya no tienen vuelta». Otros analistas también han hecho hincapié en un deficiente estado actual de la carta de contenidos informativos de las 9 de la noche. Luis Breull, por ejemplo, escribió de «TVN y su crisis conceptual».

Sin ánimo de individualizar en determinado canal, el pesimismo y desprecio en redes sociales como Twitter ha tenido su correlato en el plano cotidiano: el año pasado casi una de cada cinco quejas dirigidas al Consejo Nacional de Televisión apuntó a los noticiarios, ya fuera por falta de pluralidad o sensacionalismo.

Queremos expandir el debate, buscar alternativas, proponer otras miradas. Si te dieran las facultades para armar y desarmar un noticiero de televisión, ¿qué harías exactamente? Queremos que consideren o propongan:

• Pauta de temas (qué entra, qué sale, qué se mantiene)
• Enfoques o puntos de vista
• Segmentos y duración

El foro está abierto a sus opiniones y aportes.

» Descargar la ley 18.838

Ley 18.838 crea el Consejo Nacional de Televisión

En el siguiente enlace se puede descargar la presentación en formato pdf. Para la realización del Estudio Cobertura Televisiva del Terremoto se analizaron 565 horas de televisión y 5.121 notas periodísticas. También se efectuaron mil encuestas telefónicas, además de grupos focales y entrevistas.

El Consejo Nacional de Televisión realizó un estudio que revela la importancia de este medio de comunicación en la reconstrucción del país. Para ello, se realizó un foro-panel en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, donde se debatieron los principales resultados del Estudio Cobertura Televisiva del Terremoto, una investigación sobre el impacto mediático que generó el trabajo televisivo durante el terremoto. Una cobertura, según se desprende del Estudio, generada a partir de los afectados y no de las instituciones gubernamentales o las voces de los expertos.

En la cita participaron el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes sj, el periodista Amaro Gómez-Pablos, la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Silvia Pellegrini, y el director de Radio Biobío, Tomás Mosciatti.

“Con la realización de este estudio —explicó Herman Chadwick, presidente del CNTV—, como organismo regulador de la televisión chilena, buscamos establecer junto con la industria, la academia y la ciudadanía, estándares y orientaciones de la cobertura de tragedias y así estar mejor preparados como sociedad para futuras situaciones”.

El informe, uno de los más extensos que se ha realizado en términos de análisis de pantalla, indica la relevancia e influencia que tiene la televisión. La entrega de información es uno de los aspectos mejor evaluados frente a la cobertura del terremoto.

Según datos de la Encuesta telefónica, más de la mitad de los encuestados (56%) reconoce haber visto mucho más televisión de lo habitual. Dos de cada tres encuestados que tienen hijos (68%) afirmaron que los menores siguieron la cobertura televisiva de la catástrofe. Del estudio se desprende una crítica de las audiencias: la falta de programación asociada a la distracción. Las personas hicieron ver la falta de programas misceláneos de entretención (32%) y telenovelas (18%).

Una de las conclusiones del Estudio es que la televisión como industria carece de estándares adecuados para reaccionar ante situaciones de emergencia y drama humano, algo que fue percibido en el trabajo de los «rostros televisivos», carentes, según las audiencias, de «herramientas  para procesar y tratar la información».

Periodistas evalúan la cobertura mediática del terremoto

En el siguiente video, realizado para la inauguración del año académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, seis periodistas hacen un diagnóstico del trabajo que los medios de comunicación realizaron tras el terremoto del 27 de febrero. Eliana Rozas (jefa de Estándares Editoriales de CNN Chile), Paula Escobar (directora Revistas de El Mercurio), Cristián Bofill (director del diario La Tercera), Enrique Mujica (director revista Qué Pasa), Jorge Cabezas (director Departamento de Prensa de TVN) y Nibaldo Mosciatti (conductor Radio Bío Bío) entregan su evaluación de la cobertura mediática.