Según la Constitución, la calidad de ciudadano o ciudadana la tiene de forma automática cualquier persona de nacionalidad chilena que haya cumplido los 18 años y que no haya sido condenada a pena aflictiva. Es decir, por más de tres años. Si se cumple con esos requisitos, el Estado tiene la obligación de garantizar que se cumplan todos los derechos asociados, entre los cuales se encuentra el voto en cualquier tipo de comicio e incluso la posibilidad de postularse a ocupar un asiento en algún concejo municipal, un sillón alcaldicio, un escaño en el Congreso, la cabeza de una gobernación, un cupo entre quienes redactarán una nueva Constitución y, por qué no, el cargo de Presidente o Presidenta de la República. 

Hombres, mujeres o personas no binarias; ancianos y jóvenes; gordos, flacos, altos y bajos; de clase acomodada, media o baja; con estudios, sin estudios; sanos y enfermos; militantes e independientes; de izquierda, derecha, del centro o de ninguna parte; y un largo etcétera. Esa es la garantía constitucional: el sufragio es un derecho político para todos y todas por igual. Sólo quienes han sido declarados interdictos o acusados por un delito que merezca pena aflictiva, uno de carácter terrorista o una asociación ilícita, quedan excluidos de participar en las urnas. O al menos eso dice el papel.       

Faltaba un mes para las elecciones de este 15 y 16 de mayo cuando La Tercera publicó una carta que llevaba por título “Voto preso”. La escribió Antonella Oberti, coordinadora de alianzas de la Red de Acción Carcelaria, y allí aseguraba que “hoy en día, nadie que se encuentre residiendo en un centro penitenciario puede ejercer su derecho a sufragio, aun cuando muchas y muchos de ellos constitucionalmente no hayan sido privados de él”.

Y tiene razón. Según cifras de Gendarmería, hasta el 30 de abril de 2021, eran 45.733 las personas recluidas en recintos penitenciarios bajo un régimen cerrado. De ellas, 14.127 eran imputados o imputadas bajo investigación por supuestamente cometer algún delito, pero sin condena aún. Casi un tercio del total nacional. Podrían llegar a ser declarados culpables o quizás no, pero lo cierto es que mientras están en esa condición procesal, sus derechos políticos continúan vigentes y son parte del padrón habilitado para sufragar, aunque simplemente nada de eso se respeta. 

“Es fundamental que nos cuestionemos el costo que tiene para nuestra democracia tener a grupos marginados de participar en ella”, dice también la carta de Oberti.

Una persona que se encuentra privada de libertad -teóricamente- sólo debiese perder su derecho a la libertad de tránsito, “de moverse libremente de cualquier lugar a otro”, explica Oberti a Puroperiodismo, y agrega: “Ahora, en la práctica, lamentablemente se le restringen muchos más derechos. Muchas veces su libertad de expresión porque no siempre pueden decir lo que piensan, lo que necesitan; y también se les restringe su derecho a sufragio”.

¿Por qué? Por una serie de trabas logísticas, políticas y legales que el Servicio Electoral (Servel) y Gendarmería mantienen vigentes desde hace años, la negativa del gobierno a legislar para ponerles fin y el rechazo del Estado en su conjunto a dar curso a fallo emitido por la Corte Suprema a fines de 2017 que estableció que las personas privadas de libertad sí tenían derecho a votar.

“Es imprescindible avanzar en el voto preso, que ya se da en otros países de la región. En Bolivia o Ecuador, por ejemplo, ya ocurre. No necesitamos ‘inventar la rueda’, es sólo un tema de voluntad política”, sentenció la oficial del programa Chile y Cono Sur de IDEA International, la abogada y máster en derechos fundamentales María Jaraquemada, en un seminario sobre el tema que organizó la Red de Acción Carcelaria a mediados de esta semana.  

Las trabas que siguen en pie

Tanto Antonella Oberti, de la Red de Acción Carcelaria, como Marcela Jofré, directora técnica de la ONG Leasur, concuerdan en que los principales problemas que surgen al momento de exponer la temática del voto preso son las trabas que provienen desde el Servel y Gendarmería, y que entre ambas instituciones el problema no se soluciona. 

Ambas dicen que el principal obstáculo es el Servel, el organismo que, administrativamente, debe encargarse de que todas las personas que tienen el derecho a votar puedan hacerlo. Eso incluye crear las circunscripciones electorales e instalar las mesas receptoras de sufragio necesarias para que ese objetivo se cumpla. 

Sin embargo, y como explica Oberti, “el Servel dice que ellos no pueden crear circunscripciones al interior de las cárceles [e instalar mesas de votación] con la ley vigente, y que se necesita un cambio en la ley orgánica para poder hacer eso”.

Patricio Santamaría, expresidente del Consejo Directivo del Servel y actual consejero del mismo, declaró a El Desconcierto durante 2020 -cuando se discutía el tema en la previa al plebiscito- que el sistema electoral chileno “es extremadamente reglado en lo que dice relación con el domicilio electoral, la conformación de las mesas receptoras de sufragios, la determinación de los locales de votación (…) y otros aspectos que impiden la implementación del voto a personas privadas de libertad y, por ende, con su derecho a circulación restringido”. 

Según Santamaría, la solución pasa por poner en marcha una reforma legal que permita “establecer mesas de votación en los centros penitenciarios, regule su funcionamiento y establezca el procedimiento para ejercer el derecho a sufragio”.

Por otro lado, en el artículo 2° del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de Gendarmería se establece que un principio rector de la actividad penitenciaria es “que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”.

Oberti señala que “Gendarmería es la encargada de velar, a través de este reglamento, de garantizar y mantener la noción de ciudadano de los internos y de que eso se respete, y no lo están cumpliendo”. 

Como el Servel no ha habilitado mesas receptoras de sufragio al interior de los recintos penales, las trabas que impedirían a Gendarmería garantizar que las y los privados de libertad que aún conservan su derecho a sufragio puedan ejercerlo, se basan en la logística del traslado de esos más de 14 mil internos e internas a sus respectivos locales de votación. Pero no es la única complicación. ¿Quiénes realizarían la labor de apoderados de mesa, y qué pasaría si es que sale electo alguien del medio libre como apoderado de una mesa al interior de un penal? O, por ejemplo, ¿qué hacer con personas privadas de libertad que deseen votar y que estén recluidas en una región distinta a su domicilio electoral?

Al final, es un impasse que sólo se puede solucionar por ley en el Congreso. 

El proyecto de ley sobre voto anticipado presentado en agosto de 2020 buscaba implementar el sufragio a través de correo postal para adultos mayores, personas que estén en internación hospitalaria, que se encuentren en cuarentena por motivos de salud o que sean parte de grupos de riesgo, y también a las personas privadas de libertad. Fue en esa discusión que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó una indicación que señala que el Servel estaría facultado para fijar normas especiales que facilitaran la votación de internos e internas penitenciarias, creando un padrón especial, normando el ingreso de propaganda a los recintos penales y determinando que los mismos internos sean vocales de mesa.

Sin embargo, el proyecto aún sigue en tramitación dentro del Congreso, sin movimiento en el Senado desde comienzos de marzo.

Oberti reconoce que la solución no es fácil: “Cuando uno empieza a poner el tema en la práctica, empiezan a aparecer estos pequeños problemas, pero con lo que siempre hay que quedarse es que estas personas tienen su calidad de ciudadanos plenamente vigentes y estas trabas son cosas que hay que solucionar siempre con el objetivo de garantizar que quienes tienen su derecho a ejercer sufragio, lo ejerzan”.

El fallo de la Corte Suprema: el precedente a favor del voto preso

En 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó recursos de protección en 12 regiones del país en contra del Servel y Gendarmería, para que las personas privadas de libertad y habilitadas para votar pudieran ejercer su derecho en las elecciones municipales de ese año. 

Si bien no se logró eliminar entonces la barrera, la vía judicial siguió hasta octubre de 2017, intentando que para las elecciones parlamentarias y presidenciales sí se pudiera avanzar.  Como se menciona en la página web del INDH, “se amplió a más regiones y penales, hasta alcanzar una cifra de 264 personas que han manifestado su interés de ejercer su derecho a sufragio en las próximas elecciones presidenciales”.

La Corte Suprema falló a fines de ese mismo mes a favor del voto preso, tras acoger cinco de los recursos presentados por el INDH, correspondientes a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Los Lagos y Magallanes.

Según se lee en los cinco fallos de la Suprema, es deber de Gendarmería “velar de manera activa porque se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia, debiendo tener en consideración al efecto no sólo de la normativa interna, sino que también de las disposiciones internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento legal”.

También, y apelando a tratados internacionales suscritos por Chile como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Suprema hace hincapié en que en éstos consideran “el derecho a sufragio como un derecho ciudadano, que debe ser garantizado en su ejercicio por el Estado y si bien puede estar sujeto a eventuales restricciones, éstas no pueden extenderse más allá de las señaladas en el respectivo instrumento, quedando excluida la privación de libertad como medida cautelar, o cuando la condena no lleva aparejada la pérdida del derecho a sufragio, como ocurre en el presente caso”.

Y, por último, se cita la Constitución, cuyo primer artículo “asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, siendo el derecho a voto una de las herramientas de participación ciudadana más relevante y afín con la democracia, motivo por el cual se deben implementar las medidas necesarias para resguardar el ejercicio de ese derecho a  quienes, aun cuando estén privados de libertad, no tienen suspendido su derecho a voto”.

La sentencia del máximo tribunal, según publicó el INDH, dice que “el Servicio Electoral está facultado para la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario, recordando que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, la condición jurídica de los/as internos/as es idéntica a la de los ciudadanos libres, llamando a respetar lo señalado en la Constitución en este sentido”.

Sin embargo, Oberti y Jofré concuerdan en que ni el Servel ni Gendarmería acataron la resolución del máximo tribunal.

Oberti asegura que “la Corte Suprema ordenó a Gendarmería y al Servel a adoptar todas las medidas necesarias para que la población privada de libertad que tiene su derecho a sufragio vigente, pueda votar. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha hecho. El Servel sigue alegando que se necesita un cambio de legislación”.

Jofré agrega: “Nos parece un error no solamente de interpretación de la ley, sino que además se agrava la omisión porque está dando un incumplimiento a una resolución judicial, a la cual un organismo público no está autorizado a calificar, sino simplemente a cumplir. (…) Y, desde Gendarmería tampoco han realizado nada para garantizar el derecho a voto, no existe al día de hoy ningún protocolo, nada que se refiera sobre la materia”.

Al consultar sobre el futuro del voto preso en las elecciones faltantes de este año, Oberti se muestra optimista, a pesar del tiempo que toman estos procesos legales. 

“Creo que se podría ver un cambio para el segundo semestre. Últimamente se han estado discutiendo en la Cámara de Diputados cambios legislativos en el sentido del voto anticipado, con circunscripciones al interior de las cárceles y con mesas receptoras al interior de los recintos penitenciarios. Entonces, el tema se está poniendo en la palestra política”, dice.

Ella cree que, a pesar de que hasta hoy las y los privados de libertad aún no pueden ejercer su derecho a voto, este fallo de la Corte Suprema marcó un precedente en el tema y que, gracias a este y el trabajo legislativo que se está realizando con el proyecto de ley de voto anticipado, la situación podría cambiar.

Desde Leasur, Marcela Jofré coincide con que el fallo de la Corte Suprema es un precedente frente al voto preso: “Es un fallo relevante porque hizo que el tema fuera más público y zanjó la discusión, que en el fondo no es si las las personas privadas de libertad pueden o no votar, eso ya está zanjado, sino el tema que se respete la ley y que se haga cumplir por parte de las autoridades”.

En octubre del año pasado, la Asociación Pensamiento Penal Chile, presentó dos recursos de protección a favor de personas privadas de libertad para que puedan ejercer su derecho a voto, los que todavía no han sido resueltos por la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Por lo anterior, los abogados Pablo Villar y Paula Vial, de la misma asociación, presentaron este lunes 10 de mayo una Orden de No Innovar antes de las votaciones de este 15 y 16 de mayo, para que, como se explica en la nota publicada por Radio Biobío, “se ejecute el ‘voto preso’ bajo el apercibimiento del delito de desacato en contra del Servel y Gendarmería de Chile, o bien, se suspenda la elección de esta semana mientras la Corte no resuelva esta nueva acción judicial”.

Foto: INDH

“Los marginados de la democracia”

Desde los inicios del proceso constituyente, este se vio como una oportunidad de participación ciudadana directa y de un momento histórico en Chile, donde las personas pudiesen exponer sus demandas sociales y así comenzar a crear un camino para generar respuesta a estas demandas.

Oberti cree que a pesar de que el país se encuentre en un proceso democrático histórico, aún hay grupos que se encuentran fuera de esta participación democrática. “La población privada de libertad está marginalizada políticamente por completo. Eso es lo que pasa cuando se priva del derecho a voto a una población, y no solamente a los privados de libertad; también está la gente que está postrada y no puede ir físicamente, quienes trabajan en faenas en la cordillera o en las minas, son varios los grupos excluidos, y lo grave es que cuando uno marginaliza políticamente a grupos, lo que hace también es impedir que se generen políticas públicas orientadas a mejorar la situación de esas poblaciones marginadas”, explica.

Por esto, considera que la Convención Constitucional, al ser una instancia de participación ciudadana, es un momento en el que se deben generar instancias para que los grupos marginados de la democracia puedan manifestar su voz.

Marcela Jofré, de la ONG Leasur, espera que se tomen medidas concretas. “Esperamos que, una vez constituida la Convención se incluyan en su reglamento mecanismos de participación que incluyan la participación de grupos históricamente excluidos, como los presos y presas de nuestro país. Y que en la nueva Constitución se garanticen mecanismos que aseguren su participación, más allá del voto propiamente tal, sino que se creen espacios de deliberación y debate, espacios de participación ciudadana”, menciona.

Y, desde el punto de vista de la base de la democracia, Oberti menciona que “la sociedad la conformamos todos, entonces cuando en instancias políticas o cívicas no participamos todos, esa democracia es ‘imperfecta’. Cuando nosotros no respetamos el principio más básico de la democracia, en que una persona es un voto, y todos los votos valen lo mismo, nos alejamos de ese ideal de democracia y eso es grave”.

“El Estado de Chile está en una violación grave de derechos humanos en esta materia, porque cuando hablamos del derecho a voto, no es solamente el hecho de ir a marcar un papel a una urna, sino que es el acto mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho de participación política, y en ese sentido es clave. Es uno de los derechos base de la democracia. Nosotros no podemos hablar de un proceso constituyente exitoso si este no incluye a las personas privadas de libertad y a otros grupos vulnerados que no tienen derecho a participación”, menciona Jofré.

Contienda de peces gordos

Desde el ala norte se escuchó que le habían pegado al Taita Mario, que se movieron camas, que hubo forcejeos. El Chocolo también gritó. “¡Me metieron mano!”. Un puntazo con arma blanca. Desde lejos se veía que peleaban otros también: el Bryan, el Cototo, el Monstruo Julián. Todos, dicen, de la población José María Caro. Los del grupo de la pieza uno se refugiaron allí, junto a otros dos internos avezados de los cuchillos. El Diego Portugués, hábil con las lanzas como nadie y tan asiduo a las riñas que ya había sufrido la pérdida de medio riñón; y el María de los Perros, amante de los animales y privado de libertad reiteradas veces desde la adolescencia. Ambos renombrados personajes del piso, los que tras ser acorralados se parapetaron, y comenzó la batalla con estoques que se acrecentó con un cruce de una litera de tres camas en la zona de la puerta.

El grupo del Chocolo había logrado encerrar a los otros. Sin embargo, el infierno comenzaría segundos después. El reo denominado el Aguja, Juan Escanilla Leiva, junto al Alan, Alan Ñanco Soto, los dos de la pieza cuatro, tomaron un cilindro de gas y lo transformaron en lanzallamas. “Se te acabó la playa”, fue uno de los últimos gritos de batalla mientras por el hueco del metal avanzaba el gas. En el momento se sintió un fuerte golpe en una lata y el sonido de la válvula del cilindro que junto a la llama —cuentan— fue disminuyendo con el tiempo.

Lo primero que prendieron fue un colchón de litera que los atrapados pudieron atravesar con sus lanzas y botar hacia adelante separándolo de la estructura, pero el colchón nuevamente fue ingresado a la pieza chica por el Aguja, el Alan y los otros. Y en cosa de segundos, adentro y fuera se prendieron las cortinas, las sábanas, los cables de conexiones hechizas y todo el material de plástico que había en el sector y que comenzaba a caer como líquido hirviendo en el cuerpo de los detenidos.

—Está mi hermano, loco, déjenlo salir —gritaba el Palito que con un cuchillo en cada mano trataba de hacer entrar en razón a sus amigos—. Me van a matar a mi hermano, conchesumadre.

El interno Víctor lo escribió así en su relato del día siguiente en un cuaderno que guarda hasta hoy como tesoro:

Y prendio [sic] el fuego y a punta de lansa [sic] se empeso [sic] a llevar a cabo la tragedia. Cada vez encendían mas cosas: frazadas, colchones, ropa, biombos. Y lo peor fue el lanzallamas en nuestro piso todos gritábamos: loko no peleen, conversen a lo vio, se van a matar entre ustedes. Era algo que se había salido de control y se empesaba [sic] a incendiar el piso completo.

En la penúltima pieza del ala sur, un perquin, llamado Rasputín, informaba a los otros que permanecían acostados que afuera de la carreta había gente encapuchada encendiendo balones de gas. “¡Hay un machuca’o prendiendo fuego con una capucha amarilla!”. Esa alerta sirvió para que el resto reaccionara y saltara de los camarotes al suelo tratando de salvarse.

Al frente, los que gritaban y se apegaban a las ventanas para respirar entre las celosías de metal, se desmayaban de a poco por la inhalación de los gases y caían con sus cuerpos sobre los de sus compañeros. Ahí estaban el Henry, el Ampolleta, el Ale, el Jorgito, el Churreja. Los últimos dos habían tenido hace unas horas una pequeña discusión porque el Churreja, sin pedir permiso, había prestado un equipo de música, propiedad del Jorgito, al Ricky de la pieza sur.

Dentro del baño sur los internos se pisaban unos a otros y cuerpo a cuerpo luchaban por conseguir acercarse a alguna llave desde donde saliera un hilo de agua. Hubo quienes entraron gateando y otros que ya en el lugar se estiraban acostados entre la pileta y las duchas. Se revolcaban, se quemaban con el agua, ahora caliente, que se había juntado como una piscina en el suelo de cerámica. Los que estaban en las piezas, al ver llegar a los gendarmes, se asustaron sin pensar que era una ayuda. Corrieron hacia el fondo creyendo que los iban a castigar por participar en la gresca. “¡Vienen los pacos!”, gritaban. Y muy pocos se acercaron a la entrada.

Un sobreviviente del cuarto sur describió que al salir vio mucho humo negro y que por eso se tiró al piso. Que había olor a gas. Que encontró una bacinica y metió la cabeza. Que cuando llegaron los funcionarios, uno de ellos trató de abrir los candados, pero el candado de arriba fue imposible. Que otro gendarme metió su bota haciendo palanca y el primero gritó que empujaran la reja. Que con algunos reclusos hicieron fuerza en la parte inferior de las latas. Que en la parte de arriba el fierro de la reja estaba de color rojo. Encendido, incandescente.

El gendarme que generaría el espacio y que luego lloraría en el juicio al recordar lo ocurrido era Cesar Gómez Antipe. Después de que el cabo Bravo intentara hacer funcionar el equipo IFEX contraincendios desde la escalera tres veces y que el teniente Hormazábal ocupara en dos ocasiones el extintor, Veroíza —que posteriormente pasaría todo un día hospitalizado por la fuerte exposición al calor— entregaba las llaves del manojo a Gómez. El manojo era grueso y tenía doce llaves. Gómez encontró el cartón que decía “4”, pero al acercarse al candado e introducir por completo la llave, tras varios intentos esta no giró. El calor ya impedía respirar.

Ahí ordenó:

—¡Péguenle pata’ a la reja!

—Échenle las camas encima —gritaban otros funcionarios hacia adentro.

Y en uno de esos tantos intentos Gómez visualizó un movimiento en la parte inferior de la reja, gracias al cual algunos internos pudieron salir. El primero fue Fernando Panaguirre, seguido por Jaime Hernández. No obstante, un recluso que venía atrás no pudo pasar por el espacio de 20 centímetros que quedó entre puerta y puerta. Por eso retrocedió para que salieran Patricio Bastías, Nicolás Cáceres y Juan Carlos Ramírez. Ese hombre solo salió horas después sin vida y cubierto de hollín.

La estrategia de embriagar a los avezados del colectivo, cual táctica de guerra para luego expulsarlos, había llevado a los dos bandos a la muerte. Las peleas con arma blanca en recintos penitenciarios nunca dejarían de existir. Solo en los tres años siguientes (de 2011 a 2014), de 563 muertes en las cárceles chilenas, 290 serían por enfermedad, 79 por suicidio y 194 por riña. Hoy los porcentajes no varían.

Códigos de penal

El siete de diciembre de 2010, día anterior a la tragedia, se realizó en ese piso y esa torre un allanamiento a las 15.30 horas. Inspecciones que se intensificaban en el mes de diciembre por los feriados, las fiestas de fin de año y la recordada fuga de cuatro integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en helicóptero el 31 de diciembre de 1996. Con ese objetivo, los internos del Centro de Detención Preventiva de San Miguel (CDP de San Miguel) eran bajados en forma rápida y reducidos por los guardias en columnas al medio del patio.

La Unidad de Seguridad Especial Penitenciaria (USEP) no vendría ese día con sus uniformes especiales y sus perros, pues aquello era solicitado solamente cuando el procedimiento se realizaba en una torre completa.

En aquel allanamiento, a cargo del teniente Eduardo Medel, encargado de la cruceta —nombre que se les daba a las torres por su forma de cruz—, se encontraron 40 litros de chicha en un balde dentro del baño, 16 estoques de distintas dimensiones y dos teléfonos celulares en el pasillo. No había chips ni carcasas de teléfonos como otras veces. Y nada comparado a los uniformes de Gendarmería descubiertos en la torre tres, un par de meses atrás, dentro de las tazas turcas de los baños. Un hallazgo que dejó a los vigilantes con la idea de una fuga inminente y la necesidad de remodelar los baños con inodoros normales, un cambio que estaba en pleno proceso y tenía la escalera caracol de la torre cinco inutilizada, llena de materiales de construcción. Además, trascendía una información de carácter “informal” sobre la tenencia de armas de fuego a manos de la población penal.

Pero, aunque esa tarde se incautaran varias especies, en la noche del siete de diciembre y la madrugada del día ocho los teléfonos no dejaron de funcionar en el piso, y la chicha y la pasta base continuaron pasando de mano en mano.

Los presos “del cuarto” tenían estrategias, similares a las del resto del penal. Una era el llamado correo, mecanismo gracias al cual se trasladaban conchos de pájaro verde (bebida alcohólica hecha con fruta y útiles de carpintería que necesitaba por lo menos 15 días de fermentación), cigarros y lanzas. A través de cordones, tiras de género o pitillas, subían y bajaban el elemento prohibido. Pero la estrategia más conocida era la del pelotazo, una bola envuelta en scotch que contenía teléfonos, sierras de diez centímetros para hacer los cuchillos, droga, dinero, dibujos de los hijos o cartas de amor. También chicota, la pastilla conocida como “píldora del olvido”.

Víctor, recuerda: “Todo dependía de la calidad del pelotero. Este se tenía que parar en la calle Frankfurt, cerca de nuestra cancha, y tirar el pelotazo. De esos pelotazos no todos llegaban. Algunos volaban con mucha fuerza y pasaban de largo al patio de la torre cuatro, mientras que otros eran interceptados por los pacos. De un total de diez pelotazos, uno podía alcanzar cuatro, apenas”. Aún así, si no tenían suerte con recibir el envío, los mismos reos compraban en el interior de la cárcel tres pedazos de sierra por diez mil pesos para hacer cuchillos.

Con las herramientas subían a las piezas, cortaban los fierros de los camarotes, medían el arma de acuerdo a la cantidad de baldosas (tres o cuatro), las marcaban en el suelo y terminaban de afilar, demorándose un día en eso. Finalmente, le adherían al cuchillo un palo de dos por dos centímetros de ancho y con ello se transformaba en lanza. Si no quedaba apretada, el fierro afilado se amarraba con elásticos de calzoncillos.

La vida en el CDP de San Miguel tenía mañas y códigos. Si había que armar cuchillos era porque siempre podía ser necesario agarrarse a tajos después de que se cerraban las rejas y se pasaba la última cuenta a las 17.00 o 17.30 horas. Los problemas se solucionaban en el momento. Si alguno no tenía el valor de pelear, iba a venir un amigo suyo y lo iba a tajear por poco vivo. El mundo era de los vivos en San Miguel y la limpieza, también. “Limpieza es viveza” se le decía al perquin para que hiciera la pega. Que hiciera las camas, que ordenara los camaros, que limpiara el baño. El dueño del perquin no podía dar muestras de suciedad. Tenía que oler bien, usar ropa de marca, mantener un buen ambiente.

“El perquin te hacía de todo. También le podías llamar ‘hijo’ y él te podía decir ‘papi’ o ‘tío’. Te traía los platos con la cagá de comida del rancho (palabra con la que se denomina la comida entregada por el Estado en prisión). Te cocinaba, o el hueón se echaba la culpa si venían los pacos y te encontraban algo escondido. Pero no era gratis. Había que alimentarlo y vestirlo, porque nunca andaban con plata: no los iba a ver nadie. Lo más seguro es que los perquins estaban ahí por volaos, por andar en la calle paveando. Entonces siempre estaban agradecidos. Yo quería a mi perquin”, asegura Roberto, otro de los sobrevivientes.

Los que saben de estadísticas carcelarias entienden que las fichas de clasificación de los reclusos no siempre daban cuenta de la realidad. Que un reo tuviese, dentro de la Unidad Penal, más infracciones o castigos que otro en los papeles, no significaba que fuera peligroso. A veces eran sus jefes o dueños quienes cometían las infracciones y el perquin asumía la culpa.

Cuando el rancho llegaba a la reja en fondos de comida hirviendo, el perquin se acercaba con los platos y se lo llevaba a los demás que esperaban en las carretas. “Nosotros le sacábamos la tumba (carne) al plato y con eso nos hacíamos algo mejor. O las papas. Cocinábamos tallarines con salsa. Cazuela. Algo rico. Por último, freíamos todo y le poníamos ensalada. Nadie se comía el rancho”, reconoce José, sobreviviente del ala norte. En general, la comida fiscal traía “sopas de misterio”, aseguran. Sopas con fideos, verdura o papas. Todo recocido.

Porque comer comida de cárcel era y sigue siendo de poco estatus. Que el rancho lo comieran los que no sonaban en el piso, los que tenían poca ficha y no buena ficha, como se le denominaba al choro, al más vivo. Comer rancho implicaba que ningún familiar les ingresaba comida o no había dinero para comprar en las movidas con los presos que trabajaban en el casino, que vendían a escondidas los kilos de porotos, tallarines, arroz y carne. Por eso el choro acogía a quienes tenían “buena situación”, porque este recibía más encomiendas y así alimentaba a los demás y a sus jefes.

Las casas o carretas —espacios en los que se organizan los reos para vivir— estaban separados por sábanas, frazadas fiscales, forro de colchones fiscales celestes, y toallas, afirmadas en cordeles. Así se juntaban grupos por amistad, por barrios, poblaciones o afinidad. Y cuando no había cocinilla con balón de gas, se quemaban zapatillas o ropa, todo lo que fuera combustible, en un fogón. La espuma de los colchones tenía además la utilidad de funcionar como papel higiénico, aunque con esto se tapara el alcantarillado. Los gendarmes se quejaban con ellos, pero nunca hubo cambios de conducta.

En la noche se jugaba a las cartas mientras tomaban mate. Algunos apostaban con billetes. Sobre esas jornadas, Roberto, uno más de los sobrevivientes del incendio, describe: “Generalmente era tranquilo, no hacíamos tantos carretes, más bien compartir. Porque pa’ carretear tenías que preparar la chicha como tres semanas y, si te la pillaban antes, el copete se iba en cana, o sea, se lo llevaba el paco y ahí uno perdía no más. Pero sí poníamos música fuerte o veíamos tele. Jugábamos carta hasta bien tarde”.

Ahí se conversaba sobre las parejas, sobre las peleas con ellas. Se decían “andabai con el carro”, “andai con el trineo”, “andai con el trineo salvaje”. Si habían hablado con las novias y discutían, lo otros se burlaban. “Quedaste bravo con la bruja”, en son de broma. Pero si se veía alguna riña el tono de la discusión cambiaba, porque además de cuchillos, se manejaban cilindros de gas en casi todas las casas, cilindros que eran comprados con el sistema regulado de Economato, aprobado por el jefe interno, el director regional y admitido a nivel nacional por la institución. Aún cuando en el cuarto piso de la torre cinco de San Miguel el uso de los balones en peleas no se daba por primera vez.

Para eso se mandaba a un perquin al patio de carga con el balón de gas vacío y tras el pago de 5.900 pesos por uno de cinco kilos o 10.900 pesos por uno de once, el interno volvía con combustible para cocinar. Práctica criticada por riesgosa, al igual que el uso de parafina dentro de las celdas porque facilitaba los levantamientos en los penales. En los motines, los internos también se monreaban. Ese término significaba amarrar las rejas con cables y paños para que Gendarmería no pudiera ingresar. También introducir palos de fósforos en los candados. Mientras que para transformar el balón en un “soplete” solo había que adherir una manguera o tubo a la válvula y prender la punta con un encendedor. Lo otro era lanzar el balón completo en medio del fuego por si soltaba gas y aumentar así el tamaño de la hoguera.

En las mañanas, la vida comenzaba temprano con la cuenta. Entraban los gendarmes, los internos salían de las carretas y se volvían un número. Una ficha pequeña de cartón con un timbre del Gobierno de Chile se completaba con el número de internos de cada colectivo, de cada piso, de cada torre. Luego, los que participaban de la escuela municipal “Hugo Morales Bizama”, que funcionaba dentro de la cárcel, se levantaban. De los que murieron en el incendio, 19 privados de libertad estudiaban en ella.

El alcalde de la comuna, Julio Palestro, el mismo ocho de diciembre después de la tragedia, comunicó a los medios que lamentaba “la muerte de los 19 alumnos de la escuela municipal”, pero inmediatamente a ello afirmó que desde el 2000 estaba haciendo gestiones con los vecinos para trasladar el recinto penal de su comuna “por la delincuencia”.

El edil Palestro se refería a la escuela que funcionaba de lunes a viernes, con ciclos y capacitaciones en la mañana y, en la tarde con dos primeros niveles (de 1º a 4º básico), cuatro segundos (de 5º a 6º) y cuatro terceros (de 7º a 8º). Eran 303 alumnos en total, con cinco profesores, un jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) y un director de Escuela. El CDP en total albergaba 1.956 prisioneros el día del incendio y su capacidad era de algo más de 700. No hubo forma de esconder el hacinamiento aquel día.

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