Al comienzo, los ‘intramarchas’ eran algo así como un mito: se sabía que estaban ahí, pero no había pruebas de su existencia. Hacía años que en las protestas ciudadanas había sospechas de que carabineros o policías de civil se infiltraban para mimetizarse entre la gente y, desde adentro, dirigir la represión. La sensación creció tras el estallido social del 18-O y se acrecentó con videos y fotos capturadas in situ y viralizadas en redes sociales a modo de denuncias o funas. Pero seguían siendo algo extraoficial, algo que las autoridades negaban y que parecía imposible comprobar.

Pero eran una realidad.

La primera vez que leímos sobre estos ‘intramarchas’ fue gracias a una investigación que realizó la periodista egresada de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Josefa Barraza, y que plasmó en un reportaje que publicó en septiembre de 2020 en La Voz de los que Sobran. En ese trabajo, por primera vez se confirmaba la existencia de este equipo especial de la policía uniformada y su reconocimiento por parte del Ministerio del Interior como una medida para detener las movilizaciones que se habían desatado en todo el país.

Ese fue apenas el primero de una serie de reportajes y entrevistas que Barraza realizó para distintos medios y que, a medida que avanzaba, cerraba el cerco sobre aquellos carabineros que al límite –o incluso al margen– de la ley operaron encubiertos, como si fueran manifestantes, deteniendo por vías irregulares a quienes sí lo eran y justificando sin pruebas concretas el encarcelamiento de varios presos de la revuelta que, tras meses e incluso años en prisión, terminarían absueltos.

Toda esa línea de investigación periodística que Barraza rastreó por medio de entrevistas, documentos y pistas sueltas que fueron surgiendo en su camino, hoy es parte de su primer libro: “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”, que será presentado este viernes 22 de abril a las 17:00 horas en el auditorio E11 de la Universidad Alberto Hurtado (ver formulario para inscribirse).

En poco más de 100 páginas, el texto que publicó Editorial LOM relata cómo agentes del Estado se infiltraron en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que siguieron al 18-O, quiénes eran, cómo se organizaban e incluso, en voz de uno de ellos, quiénes dieron las órdenes. Al mismo tiempo, rescata las historias de las víctimas de esa represión y de las violaciones a los derechos humanos que ya han acreditado diversas instancias internacionales.

Dos años y seis meses han pasado desde que en Chile estalló aquel movimiento social que remecería toda la estructura política y social del país. En todo ese tiempo han pasado tantas cosas, desde el inicio de un proceso constituyente hasta la victoria de un Presidente que partió su ruta con el movimiento estudiantil. Pero una cosa que no se ha olvidado y ha tensionado estos dos procesos ha sido el de los denominados ‘presos políticos’ del estallido y con quienes los intramarchas están, inevitablemente, unidos.

Puroperiodismo conversó con Josefa Barraza a pocos días del lanzamiento que realizará en la que fuera su casa de estudios. En la siguiente entrevista, la periodista adelanta parte de lo que será esa presentación refiriéndose a su trabajo periodístico de investigación, a sus consecuencias y a qué se viene de aquí en adelante para ella.

Josefa Barraza, periodista y autora de «Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» (Ed. Lom, 2022)

–¿Cómo nace la idea de este libro?

De una manera sumamente espontánea; no lo tenía planificado ni organizado. Cuando me enteré del caso de los intramarchas en el verano de 2020, me di cuenta de que se generaba un efecto de bola de nieve. Ya no estaba frente a un solo caso, sino que a medida que iba investigando y reporteando más sobre el tema, me encontraba con uno, y otro, y otro, y otro y así se fue formando un grupo de casos intramarchas. Y esto [la idea del libro] ocurre finalmente en octubre de 2021. Imagínate lo que voy a contar: estaba en un cumpleaños y había un niño, muy tierno, con el que empecé a conversar. Ahí me di cuenta de que la mejor forma de dejar un testimonio, de dejar una investigación para las próximas generaciones sobre lo que había pasado en nuestro país, iba a ser a través de este libro. Y así nace, a través de una conversación con un niño.

–¿Qué aborda en este libro?

Principalmente, cómo el personal de Carabineros y la Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) se infiltró en las manifestaciones y en el estallido social. Pero no tan solo nos quedamos en eso, sino que además, cómo distintas esferas del poder –como Gendarmería, el Poder Judicial, el Ministerio Público y empresas privadas– se infiltraron también en el estallido social a través de los ‘intramarchas’. Entonces, cuando la gente cree que sólo se va a encontrar en el libro a Carabineros de Chile y los ‘intramarchas’, se equivocan: van a encontrar mucho más que eso.

–¿Cómo fue reportear algo que oficialmente no se quería revelar?

Fue sumamente complejo. Primero, partiendo porque la institución principal, Carabineros de Chile, me negó en todo momento información. Hasta el día de hoy estoy peleando para que reconozcan el concepto de ‘intramarchas’. A medida que iba reporteando y encontrando más casos, encontraba más obstáculos que debía sortear mi investigación, como el acceso a algunas carpetas investigativas secretas y confidenciales. Además, a medida que encontraba un caso, me encontraba con dos más, y tenía la necesidad de reportear todos los casos de los que tuviera conocimiento. No es fácil investigar a Carabineros en Chile. No es para nada sencillo y mucho menos cuando eres periodista independiente, freelance y cuando no tienes un contrato que te pueda blindar en caso de algo.

–¿Ha sufrido alguna presión o amenaza por este trabajo?

Creo que más que amenazas, sí he recibido cierto hostigamiento y violencia digital debido a este tipo de reporteo. Además, me han sucedido algunos hechos muy extraños que me los voy reservar, pero sí me he visto vulnerada en ciertas situaciones y puedo decir que tenían directa relación con los hechos que estoy investigando.

–¿En qué momento decide enfocarse en el estallido? Su trabajo previo se concentraba en historias sobre el Sename junto a Carola Rojas y, de repente, aparece como una periodista referente sobre casos de la revuelta…

Cuando salí de la escuela de periodismo de la UAH, mi meta, mi misión y anhelo era escribir solamente sobre Sename y casos de violencia sexual. Te estoy hablando de agosto de 2019, pero cuando ocurre el estallido social me doy cuenta de que hay muy pocas manos periodísticas para escribir y cubrir esos casos. O sea, teníamos a la prensa tradicional que estaba entregando una información que siempre era información oficial, pero cuando ingresaba a redes sociales, especialmente a Twitter, me encontraba con otra realidad. Era otro Chile, un Chile paralelo. Y ahí es cuando tomé la decisión, en noviembre de 2019, de empezar a cubrir casos del estallido social.

–¿Cómo parte esa ruta?

Mi primer reportaje fue una crónica sobre cómo jóvenes de escasos recursos se enfrentaban e integraban esta primera línea y cómo ellos, a través de sus historias de vida, se motivaban a salir a las calles a manifestarse. A medida que iba avanzando en mi reporteo, me fui topando con casos de presos de la revuelta, los cuales tampoco estaban siendo cubiertos por la prensa tradicional. Nadie estaba cubriendo esos casos y es ahí cuando, de manera autónoma y aprovechando que era periodista independiente, decidí que quería cubrir sus historias. Mi primer artículo sobre los presos de la revuelta fue sobre dos adolescentes que habían estado en el Sename, acusados de incendiar la Municipalidad de Buin. Luego me llegó el caso de Nicolás Ríos, el primer caso ‘intramarcha’ del que tuve conocimiento. Y después el de Cristian Valdebenito, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Ahí me comencé a relacionar no tan sólo con los presos de la revuelta, sino que también con las víctimas del estallido social y de la vulneración de sus derechos humanos. Es así como en 2020 empecé a desarrollar todo este tipo de periodismo independiente, de primera línea, de estallido social, y es la línea que he seguido en los últimos años.

–¿No cansa seguir tanto un solo tema?

Pero es que tampoco quita que investigue otros casos como violencia sexual, abusos en el Sename o lo que ocurre en Wallmapu. Incluso el texto «Tres disparos en el bosque«, que explica la muerte de Pablo Marchant (integrante de la CAM), fue preseleccionado para la última edición del Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Más que referente del estallido social, lamentablemente fui una de las pocas periodistas que se atrevió a creer y escribir casos de la revuelta. Me hubiese encantado que hubiera habido más manos para poder escribir, porque habrían sido más los casos cubiertos y se habrían masificado aún más las historias.

–¿Qué viene después de esto?

Me han preguntado si estoy trabajando en algo más o si es que me gustaría escribir un segundo libro. Pero primero me gustaría ver cómo nos va con “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”. Quiero vivir ese proceso correctamente, quiero llenarme del conocimiento que me va a dejar el lanzamiento de este primer libro y, si la gente lo recibe bien y tiene una buena aceptación, obviamente estaría planeando la escritura de un segundo libro que tenga relación directa con el estallido social. Pero sí, tengo en mente la escritura de un segundo libro, pero me voy a reservar de qué se trataría porque es una investigación que creo que dará que hablar e incomodará al poder. Y eso es lo que debemos hacer como periodistas: incomodar al poder y no ser relacionadores públicos; ser el puente para la búsqueda de verdad.

Pinchar en la imagen para inscribirse al lanzamiento que se realizará el viernes 22 de abril a las 17:00 en la UAH:

El libro «Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» se encuentra disponible para su compra en Lom.cl

Paulina Acevedo trabajaba esa noche en su computador cuando supo de una noticia en curso en el sector de Plaza Italia, a dos cuadras de su casa: después de haber sufrido repetidos ataques vandálicos en el contexto de las protestas ciudadanas, estaban retirando la estatua del general Manuel Baquedano. 

Eran cerca de las 23:00 del jueves 11 de marzo, en pleno toque de queda debido a la pandemia. Estando tan cerca, no lo pensó dos veces; tomó su credencial de prensa, su permiso único colectivo -que la autorizaba a trabajar a pesar de las restricciones-, se puso una mascarilla y partió a terreno para transmitir en directo para Radio Galáctika, una radio online independiente con sede en San Antonio donde Acevedo colabora en paralelo a su trabajo como periodista del Observatorio Ciudadano.

Mientras esperaba el enlace con la radio, captó para sus redes sociales registros de cómo todo se preparaba para que la enorme grúa, ya instalada, removiera de su base la imagen recién pintada de Baquedano y su caballo, y la elevara varios metros por el aire, llevándola lejos de donde nunca se había movido desde su instalación en 1928. Pero el enlace no se concretaba. Después de hora y media allí sin poder conectarse, volvió a su casa para cambiar el equipo e invitó a su hijo para que la ayudara a tomar fotos. Volvieron a la plaza y ahí estuvieron ambos junto a otros equipos de prensa, cubriendo sin problemas la noticia por al menos una hora. 

Pero en algún punto de la noche aparecieron dos manifestantes que desplegaron un lienzo. “Dignidad”, decía con letras rosadas. De inmediato fueron detenidos por Carabineros. Acevedo cuenta que se acercó para registrar con imágenes cómo los subían al carro policial, y que al darse vuelta vio que también se llevaban a su hijo. 

“Les pedí explicaciones y les señalé que yo era prensa acreditada, que él estaba conmigo haciendo registros, pero la policía no escucha. Observé cómo mi hijo era llevado con suma violencia. Uno de los policías señaló que le harían un control de identidad en la comisaría”, recuerda Acevedo.

Su hijo ya estaba arriba del carro policial mientras exigía que lo soltaran. Pero los carabineros no la escuchaban. Así que extendió su mano para que su hijo le pasara su cámara fotográfica. Fue entonces que la agarraron a ella, y mientras gritaba que era periodista, que tenía todos los permisos para ejercer su labor, a jalones la subieron también al vehículo. “Es imposible razonar con la policía”, alega. 

Una constante del último tiempo

Lo que le pasó esa noche a la periodista Paulina Acevedo está lejos de ser un caso aislado. Según antecedentes recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 se han registrado cerca de 300 casos de ataques por parte de fuerzas de orden público hacia la prensa mientras ésta ejercía su labor informativa. Esto ha ocurrido en distintas ciudades del país y ha afectado tanto a periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as como a otros/as profesionales de las comunicaciones. Las agresiones han sido principalmente con armas disuasivas y detenciones que en casi la totalidad de los casos han sido declaradas ilegales. De eso da cuenta un informe al que tuvo acceso Puroperiodismo, elaborado tras una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril representantes del Colegio de Periodistas y el presidente de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva.

Ver informe

El documento tiene por objeto exponer casos en los que la acción judicial se ha hecho presente en favor de la libertad de prensa en el contexto de las reiteradas agresiones a reporteros y periodistas, las que son definidas como “efectos restrictivos sobre la libertad de expresión”. En el informe también se expresa: “Los actos de violencia contra la prensa tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Para la realización del análisis, el ODC tomó en consideración los resultados de cuatro recursos de amparo y seis acciones de protección presentados a favor de profesionales de las comunicaciones en distintas cortes de Apelaciones del país. En la de Arica, por ejemplo, los autores se refieren a un recurso de amparo interpuesto a favor de tres periodistas que en octubre de 2019 fueron detenidas mientras ejercían en medio del toque de queda, de las cuales dos  fueron objeto de desnudamientos; de un fotógrafo que recibió el impacto de perdigones en su brazo y su abdomen, disparados por efectivos de Carabineros a menos de cinco metros de distancia; y también a un grupo de reporteros gráficos que, a pesar de mostrar sus cámaras en señal de aviso de que eran miembros de la prensa realizando su trabajo, fue reprimido con escopetas de perdigones. El recurso fue admitido parcialmente y derivó en un sumario a cargo de Carabineros y una investigación penal a cargo del Ministerio Público que fue formalizada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Arica.  

También se considera, entre otros, el caso de dos fotorreporteros que cubrían las protestas sociales y que recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el cese de actividades de inteligencia policial en su contra. En su caso, aunque el recurso fue inicialmente acogido por el tribunal, la Corte Suprema lo terminó revocando por ser supuestamente improcedente, en un fallo donde -dice el informe de la ODC- no existirían los fundamentos suficientes. La decisión judicial que dejó el caso en nada derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que analizó en profundidad el caso chileno en el último informe de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde en las 19 páginas que le dedica al país se da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura” (ver artículo en Puroperiodismo).       

Concluye el reporte del ODC: “De las acciones identificadas (10) sólo en uno de los casos se acogió parcialmente la petición, el resto de recurso fueron rechazados (3), inadmitidos (5) o reconducidos (1). En términos generales cabe afirmar, que en el periodo analizado, tanto el recurso de amparo como el de protección han resultado ser acciones ineficaces para proteger a quienes realizan la labor informativa frente a restricciones por parte de agentes del Estado. Ya sea por la inadmisión o por el rechazo de las acciones interpuestas, los órganos de justicia no han ejercido ninguna de las amplias facultades de las que disponen para tutelar los derechos fundamentales, evitando declarar la vulneración de derechos o la ilegalidad de las conductas reprochadas. Solo en uno de los casos se acoge, parcialmente, las peticiones de los recurrentes, ordenando la apertura de sumarios administrativos o investigaciones, entre otras medidas”. 

De los casi tres centenares de casos registrados por el ODC entre octubre de 2019 y marzo de 2021, la mayor parte ocurrió en Santiago y, además de detenciones arbitrarias, incluyen agresiones con el uso de proyectiles, gas pimienta y carros lanza agua. El detalle desglosado considera 27 detenciones y 103 agresiones -dos de ellas con trauma ocular y pérdida de visión en uno de los ojos- entre el estallido social y diciembre de 2019; 75 detenciones y 21 agresiones durante todo 2020; y 22 detenciones y 38 agresiones en los tres primeros meses de este año.

Datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC)

La excusa del artículo 318

A las 11:45 del 29 de marzo, el periodista Javier Arroyo llegó a las afueras de la Cárcel El Manzano, en Concepción. Se había programado una convocatoria para un punto de prensa relacionado a una persona privada de libertad en el contexto del estallido social. Cuando Arroyo arribó no había nada más que dos retenes móviles y algunos policías parados alrededor de los vehículos. 

El periodista del diario Resumen llamó por teléfono para corroborar si en algún momento había alcanzado a llegar alguien. Justo en ese momento recibe un mensaje de parte del medio explicando que los asistentes habían sido detenidos en el lugar. Él iba a responder ese mensaje cuando se le acercó un capitán de Carabineros para preguntarle qué hacía allí. Arroyo le explicó que estaba reporteando y le mostró su permiso temporal-colectivo que dispuso el medio, la credencial de reportero y su cédula de identidad. El oficial le respondió que no existía un permiso para reportear y que además el giro de la empresa era “publicidad y comunicaciones”, así que bajo ningún punto de vista su presencia se justificaba ahí.

El oficial explicó además que por las condiciones sanitarias respectivas a las fase 1 del Plan Paso a Paso, el punto de prensa era imposible. Mientras tanto, Javier Arroyo comenzó a grabar un audio de whatsapp para Resumen en el que le solicitó al capitán de apellido Espinoza que le explicara qué documentos debía tener para salir a reportear, a lo que él respondió que no daba cuñas. De un momento a otro, en palabras del periodista, “la situación comenzó a escalar”, y de ello quedó el siguiente registro:

🔴 #GRAVE • Carabineros detienen ilegalmente a reportero de Resumen pese a contar con salvoconducto mientras desempeña su labor.

Uno de los responsables es el capitán C. Espinoza, Concepción.

¡No mas ataques a la prensa alternativa! @rsumen pic.twitter.com/GRhOD2WVVs

— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 29, 2021

Acto seguido: Arroyo es detenido por Carabineros. Se resiste. Llegan al lugar más efectivos que, a la fuerza, lo suben al carro policial. El reportero del diario penquista pidió las justificaciones de su arresto, ante eso le respondieron que su detención se debía al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las restricciones sanitarias. Aquel argumento esgrimido para su detención no era cierto y se los hizo notar, porque sí llevaba consigo todos los documentos al día. “Entonces, la detención es por desacato”, recuerda el periodistas que le respondieron.  

Arroyo fue llevado a la 2ª Comisaría de Concepción, donde lo tuvieron retenido cerca de cuatro horas, para luego dejarlo ir sin cargos. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Paulina Acevedo un par de semanas antes, pero en Santiago, mientras cubría la remoción de una estatua.

Cuando ella y su hijo llegaron a la 19ª Comisaría de Santiago, les incautaron sus equipos de reporteo. A él lo dejaron salir entre las 5:00 y 6:00 del viernes 12 de marzo, pero a ella, que tenía toda la documentación en regla para trabajar a pesar de las restricciones de movimiento, se lo hicieron más difícil: pasaría a control detención por supuestamente infringir el artículo 318 y resistirse a la detención, así que debía ir a constatar lesiones. Estuvo encerrada con una veintena de personas en la comisaría por cerca de 14 horas. 

Cuando fue al control de detención, ella y su abogada se percataron de que el parte había sido adulterado, y que ahora se le imputaba haber participado en las manifestaciones que ocurrieron esa noche en la llamada Plaza Dignidad. Ella lo negó tajantemente, señalando que incluso había transmisiones en directo que mostraban que en ningún momento participó de los actos que le fueron imputados. En todo caso, “incluso, las personas que participaron de esos hechos fueron sobreseídas porque estaban en su derecho a expresarse”, cuenta.

Su caso fue desestimado y Acevedo quedó sin cargo alguno.

“Hay un uso excesivo de la fuerza y un procedimiento irregular. No hubo situación que amerite mi arresto, y así lo dijo también en la audiencia el juez de detención y la misma fiscalía, al ver las pruebas que otorgaba la policía. Los cargos realizados eran inexistentes y, por lo mismo, debía ser puesta en libertad”, dice a Puroperiodismo. 

“No tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas”

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dice que la mayoría de las detenciones hacia reporteros son por desórdenes o desórdenes graves en contexto de coberturas de protestas sociales o actos en contexto de pandemia, lo que significa tener que pasar una noche entera en un calabozo. De hecho, él mismo fue formalizado por esa razón el 1 de mayo de 2020.

Ahumada expresa además que “en casos como el mío hay querellas criminales: el intendente de la Región de Valparaíso [Jorge Ramírez] se querelló contra mí por supuestos desórdenes graves y por infringir el protocolo del Covid-19. Esto generó un proceso de investigación que duró prácticamente un año. En marzo recién se determinó no seguir la investigación, por lo que quedé sin ningún cargo”. 

Por eso fue que, en su calidad de dirigente del gremio, se juntó con el fiscal nacional Jorge Abbot para solicitarle que el Ministerio Público no avanzara en investigaciones contra periodistas, salvo que existan delitos comprobados o presunción de delitos.

El abogado Carlos Reusser, profesor de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, reconoce la situación y señala que el tema se vuelve aún más complejo cuando en las detenciones arbitrarias existen violencia física o acusaciones falsas de por medio.

“Si tú me dices que un periodista que está haciendo su trabajo es detenido ilegalmente para evitar que siga ahí, esto es un delito previsto por la ley de prensa. Si estás hablando de torturas, es otro tipo de vulneración que se encuentra en el Código Penal (apremios ilegítimos), y ante eso los periodistas pueden -y deben- reclamar. Si se están cometiendo delitos contra los periodistas por la policía es porque estos no se querellan”, dice Reusser.

Ante la pregunta de si es razonable endurecer la ley contra carabineros que realizan detenciones ilegales o levantan acusaciones falsas para justificar su accionar en contra de la prensa, Reusser dice: “La ley prohíbe el apremio ilegítimo, la ley prohíbe que los funcionarios públicos impidan la labor de periodistas. Esto no tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas: de cómo se construye Carabineros, qué respaldos le das, cómo les permiten seguir haciendo lo que hacen. No tiene que ver con cambios legislativos, son temas políticos y de sus instituciones”. 

Puroperiodismo se comunicó con Carabineros para solicitar una respuesta oficial por parte de la institución respecto a los protocolos y las repetidas acciones que han tomado contra periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as durante el último año y medio, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La contraofensiva

Tras su experiencia, Paulina Acevedo tomó acciones legales contra Carabineros. Alega que haber sido detenida y esposada, trasladada a un calabozo de una comisaría y después al Centro de Justicia para su control de detención, fue una vulneración de sus derechos y algo que le afectó profundamente. “No es decir ‘ya está, fui sobreseída y la causa fue archivada’. Son horas perdidas que nadie me devuelve”, dice, y asegura que perseguirá las responsabilidades de los policías involucrados hasta que se establezca que Carabineros falsificó un documento que presentó ante el tribunal, delito que se define como falsificación de instrumento público. 

Pero la anterior es sólo una de las razones que la motivan a iniciar una contraofensiva. Su otra motivación es que “con esta querella busco que los periodistas y comunicadores denuncien. Si las denuncias empiezan a surgir, la justicia no las podrá eludir. Mi caso reviste diferentes elementos que podrían provocar una sanción a Carabineros, y lo busco es estimular a otros colegas”. 

Acevedo aseguró a Puroperiodismo que efectuará una denuncia en la propia institución para que se haga un sumario administrativo. 

En el caso de Javier Arroyo, Carabineros expresó que él se había opuesto a la detención y que también se le había solicitado otro documento, un contrato o certificado laboral. El periodista sostiene que ese punto es falso, porque el certificado laboral lo llevaba con él el día que lo detuvieron en Concepción. Eso lo agregó al recurso de amparo que presentó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Carabineros. “El documento lo tenía en formato pdf, de hecho lo utilicé al día siguiente para ir a vacunarme”, cuenta Arroyo recordando esto último ya como una anécdota. 

Carlos Reusser reafirma esta idea: “Nadie va a abogar por la vulneración de derechos que sufres, entonces son los mismos afectados quienes deben querellarse derechamente. Si renuncian a ese ejercicio no hay nada más que hacer”.

Ante la repetición de casos en que se han vulnerado los derechos de profesionales de las comunicaciones mientras ejercen su labor informativa, el ODC elaboró un instructivo básico para comunicadores, con recomendaciones e indicaciones paso a paso para conocer los protocolos de Carabineros y saber cómo prevenir o cómo proceder ante una posible detención. El documento íntegro lo pueden encontrar a continuación:

La ciudadanía ha repudiado la violencia en contra de comunidades mapuches | Foto: todosnuestrosmuertos, Flickr

Hace pocos días Antonio Delfau SJ publicó una columna sobre el periodismo y los derechos humanos, a propósito de periodistas que ven dificultado su trabajo, o derechamente sufren violaciones a los derechos humanos. Esto por situaciones duras que han ocurrido en América Latina. Cuando la leí pensé «menos mal esto no pasa en Chile hoy».

Pero hoy día mismo en Malleco al periodista Nestor Aburto, de Radio BioBio, se le prohibió entrar a cubrir el allanamiento de carabineros a una comunidad mapuche, siendo que a otros medios sí se les permitió. Me cuenta Nestor que los efectivos de Fuerzas Especiales le dijeron que la prohibición de entrar a Radio BíoBío venía del alto mando.

Hay que considerar que Radio BioBio en las semanas anteriores ha cubierto los siguientes hechos noticiosos respecto a la Novena Zona de Carabineros:

http://www.biobiochile.cl/2011/08/11/justicia-invalida-tesis-de-legitima-defensa-de-carabinero-que-mato-a-comunero-jaime-mendoza-collio.shtml

http://www.biobiochile.cl/2011/08/14/solicitan-que-carabineros-de-la-araucania-aclare-procedimiento-en-muerte-de-jaime-mendoza-collio.shtml

http://www.biobiochile.cl/2011/08/12/mapuches-recuerdan-muerte-de-comunero-que-fallecio-tras-disparo-del-gope.shtml

Me cuenta Nestor que lo llamó el Ministro del Interior para pedir disculpas, que esa no era política del gobierno, etc…

¡¡¡Nestor le responde que el tema importante no es ese, que lo fundamental es la violencia que están viviendo las comunidades mapuche en este momento!!!

Me dice que no quiere dar entrevistas a otros medios, porque no quiere ser él el tema, sino que lo sean los mapuche que son violentados en estos momentos.

Patricio Valenzuela al momento de su detención | Foto: gentileza de Juan Carlos Cáceres

Patricio Valenzuela Hohmann, reportero gráfico freelance y presidente de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, fue detenido el pasado jueves 26 de agosto mientras cubría la marcha convocada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Un video grabado por La Tercera muestra el momento exacto.

Dice que se trató de una detención injustificada, que sólo entró a un restorán a fotografiar a un ‘sapo’ —carabinero vestido de civil— que escapó de la muchedumbre tras ser descubierto. La presencia de policía encubierta en la marcha también fue denunciada por el diputado comunista Guillermo Tellier, quien habló de un ‘montaje’ del Gobierno para boicotear las manifestaciones.

Patricio Valenzuela dice que esto, su detención, no es nuevo. Que viene de administraciones anteriores, que es un problema de la sociedad y que, además, se observa con mayor profundidad en la Araucanía, donde el Estado de Derecho se esfumó y donde los periodistas que sí desean cubrir el tema deben lidiar con obstáculos insalvables.

Valenzuela accedió a conversar con Puroperiodismo para dar testimonio de un trato hacia periodistas y gráficos que, según él, debe denunciarse y eliminarse.

—¿Te habían detenido antes?
Sí, me detuvieron hace unos dos años atrás, en una situación parecida a esta. Pero esa vez yo fui, quizás, un poco más beligerante con carabineros. Así que nada, me quedé callado, acepté, pagué mi multa y listo. Pero ahora fue una realidad totalmente diferente.

—¿Qué pasó en la marcha de la ANEF?
Yo andaba desde las nueve y media, diez de la mañana, cubriendo, haciendo fotos, dando vueltas. Recorriendo tranquilamente. Uno anda haciendo lo que pilla. Comenzó la marcha, se empezó a juntar gente, los estudiantes de la Plaza de Armas salieron caminando por Huérfanos. Yo me pasé por La Moneda, donde había algunos funcionarios públicos haciendo sus cosas, y ningún problema. Como siempre queda un grupo, mayoritariamente de estudiantes que les interesa generar algún tipo de conflicto con la fuerza pública, y prenden fueguitos. Eso pasó durante veinte segundos, que son comunes y pueden sonar raras para el resto de las personas. Uno está acostumbrado.

Yo estaba en el bandejón central, un poco más arriba de la plaza Los Héroes, y de repente veo un grupo de gente y escucho ‘¡sapo, sapo sapo!’ y miré y corrí detrás porque eventualmente podía ser la noticia eso que podía suceder. Por lo tanto, había que fotografiarlo. Veo a la gente corriendo y este personaje —yo no lo había visto y no tenía ninguna identificación ni nada— se metió en un restorán de nombre alemán y subió por una escalera que había a un segundo piso. Obviamente que yo me meto al restorán, empiezo a calibrar mi cámara porque la luz que había afuera y la que había adentro era totalmente distinta. Empiezo a sacar fotos y de repente me agarran por detrás y cacho que eran carabineros; me agarran por detrás y yo trataba de proteger mis equipos.

—¿Cuándo entraste al local alguien te dijo algo?
Nadie dijo nada. Había otra gente haciendo fotos o grabando, no sé. De repente me agarran y me tiran al suelo.

—¿Había otros gráficos?
Había otra gente grabando, haciendo fotos. Yo conozco a mis colegas, a mis amigos y a mi gente la ubico, los que trabajan para las agencias nos conocemos todos. Me tiran al suelo, sillas pa’ allá, sillas pa’ acá y yo diciendo ‘soy de prensa, soy de prensa’. Me agarran y me sacan afuera y me suben al bus. Y sería todo. Hasta como las siete y media, un cuarto para las ocho, cuando me soltaron. En ese momento no vi a las personas involucradas, pero empiezan a subir a otra gente y empiezan a subir carabineros de civil, y se tapaban. Obviamente me amenazaron y me quisieron quitar mis equipos, creían que estaba filmando y grabando. Yo conozco mis derechos y también mis deberes y no lo iba a hacer, porque eso es una cuestión fiscal.

—¿Había carabineros infiltrados en la marcha?
Yo los vi a todos. El condoro o la culpa es de ellos en el sentido de que los pillaron. Los descubrieron como infiltrados, por lo que es un problema de ellos. Yo subí, entregué mis credenciales, me identifiqué como prensa y vi que de alguna forma u otra se habían condoreado con lo que habían hecho.

—¿Te dieron alguna explicación?
No, nada. Nunca dicen nada. Puras amenazas nomás. En ningún momento me golpearon, aparte de tirarme al suelo.

MALOS TRATOS

Patricio Valenzuela afirma que en la comisaría vio tratos vejatorios contra funcionarios públicos que fueron detenidos junto a él. Incluso dice que hubo amenazas de aplicar la ley anti terrorista o formalizaciones por robo con violencia contra una mujer que lloraba desconsolada.

También relata con incredulidad las amenazas en su contra: “Me querían acusar por desórdenes. Había un teniente que parece que estaba a cargo del procedimiento, y me decía que ellos tenían grabados videos de mi pegándole a los carabineros. Después cambiaron el cuento y me pasaron, al final, por obstrucción a la labor policial, que es una cosa absolutamente ambigua. No sé cuál es la definición real de eso ni cuáles son las actuaciones de alguien respecto a eso”.

—¿Niegas que algunos de tus actos o dichos hayan justificado la detención?
Totalmente. Si yo no me di ni cuenta de cuando me agarraron por la espalda. Creo que en ningún momento les dije garabatos a los carabineros ni nada, solamente ‘soy de prensa, soy de prensa’, mientras me tenían en el suelo, cuidando mis equipos.

—¿Son estas marchas el frente informativo donde los gráficos y camarógrafos tienen mayores dificultades para ejercer su labor?
Sí, totalmente en cosas como estas. En actos que tienen que ver la delincuencia, crónica roja, usualmente están apoyados o están con carabineros, un cuento que siempre ha existido. No sé si es ético eso, pero siempre ha existido. Los carabineros, sobre todo los de fuerzas especiales —y estos personajes que andan infiltrados— se supone que deberían ser profesionales y tener una claridad respecto a cómo funcionar en situaciones de alto riesgo, o en situaciones donde la adrenalina a veces está muy fuerte.

—A qué atribuyes este trato: ¿a un arrebato del funcionario policial o es una orden que viene desde el poder ejecutivo?
Primero que nada, esto no es nuevo. Esto viene pasando hace mucho tiempo. El caso de Victor Salas, fotógrafo de la agencia EFE. A él en el año 2008, para una marcha del 21 de mayo, un carabinero de la policía montada de Fuerzas Especiales le pegó un fustazo en el ojo, una serie de problemas, pasó a la justicia militar y no ha quedado en nada. No tiene que ver específicamente con este gobierno. De alguna forma u otra, no hay apremio físico, violencia, hacia uno. Pero sí hay un serio problema hacia quiénes son quiénes, cómo funciona cómo, cómo ordenamos esta situación. Yo no puedo andar con así una credencial que me dé carabineros, por poner un ejemplo, para que los carabineros la respondan, porque las otras personas que están involucradas van a ejercer violencia hacia mí. Como le ha pasado a muchos fotógrafos que le han llegado peñascazos en protestas.

—¿La misma gente que está en la protesta?
Han agarrado a piedras el móvil de Chilevisión, por ponerte un ejemplo. Estamos al medio.

—¿Es una encrucijada? La visibilidad les juega en contra en ambos sentidos.
Absolutamente.