Anotaciones:

• Frank La Rue
• [01:50] «El eje del tema está en la libertad de opinión, en la libertad de pensamiento».
• [04:50] En América Latina «permitimos que prevaleciera la visión comercial de la comunicación».
• [07:48] «Los medios deben ser diversos».
• [10:00] Los medios públicos estatales «deben estar al servicio de la comunidad»
• [13:10] Hay que defender la neutralidad de internet.
• [17:30] El quehacer de los gobiernos debe ser transparente y abierto al pueblo.

Uno de los grandes logros en materia de profundización democrática en Chile ha sido la promulgación de la ley 20.285 sobre Transparencia y acceso a la información pública. Es esta normativa la que ha logrado un cambio en el Estado en cuanto permitir un paso del secretismo a la publicidad de los actos del Estado, en conformidad a los estándares internacionales en derechos humanos y especialmente, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes contra Chile.

Justamente, uno de los mayores avances de la Ley fue la creación del Consejo para la Transparencia, el cual tiene por objeto velar por el cumplimiento de la normativa, lo que implica en la práctica contar con un mecanismo que verifique que el Estado publique la información que la misma ley obliga mantener actualizada a todo el Estado en sus páginas web –transparencia activa- y que por otra parte, resuelva los conflictos que puedan surgir a partir del rechazo total o parcial por parte del Estado para entregar determinada información requerida –solicitud de acceso a la información o lo que se ha denominado
como transparencia pasiva-.

La relevancia del Consejo es enorme. La experiencia en materia del ejercicio de derechos fundamentales señala que muchas veces se reconocen los derechos humanos como meras declaraciones políticas de los Estados, pero que en la práctica se ven enfrentados a serios obstáculos para su ejercicio. Es en ese contexto que resulta fundamental el Consejo para que fiscalice que la ley de acceso a la información no sea solamente una declaración política de intenciones, sino que un derecho que como tal obligue al Estado a entregar la información.

En este sentido, a partir de abril de 2009 el Consejo ha cumplido en reglas generales su función. El mejor signo de esto último fue el difícil proceso de designación de los nuevos consejeros. Esto porque aunque la clase política no lo quiera reconocer, un organismo autónomo, con facultades sancionatorias vinculantes en materia de transparencia y acceso a la información, siempre será visto con sospecha. Por lo mismo, si el Consejo muestra una tendencia hacia revocar las negativas de entrega de la información, la clase política querrá nombrar personas más cercanas a los partidos políticos de manera tal de tener mayor control sobre las decisiones. En otras palabras, designar gente de confianza que no los moleste.

Esto último es una pésima noticia para la libertad de expresión y en especial para el acceso a la información. Estos derechos constituyen herramientas fundamentales en una democracia para el control ciudadano sobre sus autoridades, de manera tal que permita mayor participación y responsabilidad de las autoridades políticas sobre sus decisiones. Así, un Consejo integrado por personas cercanas a los partidos políticos, no constituye una garantía para las personas en materia de acceso. Por lo mismo, hubo un rechazo a los primeros candidatos a suceder a los salientes consejeros Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia, ya que Samuel Donoso y José María Eyzaguirre, eran personas cercanas a los partidos, cuya trayectoria no daba suficientes garantías para el funcionamiento del Consejo. A tal punto llegó la presión que ambos bajaron sus candidaturas.

Finalmente, han sido designados José Luis Santa María y Vivianne Blanlot. Si bien no me parece la persona más adecuada una ex ministra de Defensa, ministerio donde toda información se presume secreta por afectar la seguridad nacional, se debe aplaudir que finalmente llegue una mujer al Consejo. Conocida es la realidad nacional con una escasa participación de la mujer en los centros de toma de decisión, por lo que este nombramiento es un hecho no menor.

No queda otra opción como sociedad que continuar nuestra labor democrática de seguir fiscalizando a las autoridades políticas mediante la solicitud de información, y es de esperar que el Consejo con su nueva integración ejerza su autonomía plenamente, fortaleciendo los mecanismos democráticos de fiscalización y no incentivando una cultura de secretismo y reserva.

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Ira Stoll, creador de News Transparency.

Es un sitio que emula algunas características de los paradigmas que hoy reinan en internet: es como Amazon, porque los usuarios pueden escribir reseñas del trabajo de los perfilados; es como Google, porque la caja de búsquedas entrega sugerencias de resultados; y es como Wikipedia, porque cualquiera puede editar los perfiles y agregar nueva información.

Este es el abc de News Transparency (NT), la nueva creación de Ira Stoll, periodista fundador de un experimento medial llamado Future of Capitalism y un ciudadano convencido de que los actuales niveles de desconfianza hacia los medios de comunicación en Estados Unidos —y el alto grado de errores de su prensa— son perjudiciales para la democracia.

Por ello Stoll construyó este almacén de perfiles de periodistas, buscando «mejorar la precisión, calidad y transparencia del periodismo» al entregar información sobre las personas que producen las noticias, tales como sus «opiniones, relaciones, historia y agendas», además de correos, teléfonos de contacto, ex empleadores, publicaciones y estudios universitarios.

Contactamos por correo electrónico a Ira Stoll para conversar sobre el desempeño de NT en estos primeros días. El sitio se lanzó el domingo 30 de octubre y en menos de una semana logró 12 mil visitas. Hasta el momento tiene 1.400 perfiles, aunque la base de datos crece diariamente; Stoll dice ser el único que filtra los cambios que hacen los visitantes.

¿Cuáles son los límites editoriales en los perfiles? Stoll cuenta que NT se centra en el trabajo de los periodistas y no en «su apariencia o personalidad». «Si hay interpretaciones engañosas (en los perfiles), el sitio tiene mecanismos que permiten a los usuarios corregirlas inmediatamente, reemplazándolas con la información correcta, que es bastante mejor de lo que muchos periódicos hacen».

Stoll no se pronuncia sobre el impacto que su sitio tendrá en los medios estadounidenses. «No he realizado un estudio formal de las prácticas en la industria», dice. Lo que sí espera es que a través de NT el público pueda acceder a los medios y sus reporteros sin pasar por los «caprichos de las organizaciones de noticias». Y que, a la larga, eso sea la norma o el estándar para los vínculos con la audiencia.

—¿Has recibido feedback de los usuarios y de los perfilados?
Sí. Ya hemos recibido sugerencias para agregar en los perfiles un campo de situaciones financieras de los periodistas (acciones u otros instrumentos financieros que tengan ellos o sus familias); para agregar un campo que indique en qué país opera el periodista y cuál es su país de origen; y para agregar un campo que identifique a su empleador actual principal. Espero que el sitio mejore y cambie en respuesta a los usuarios, y ya estamos trabajando para evolucionar en reacción a algunas de esas sugerencias.

Durante octubre la Escuela de Ciudadanía Activa realizará una serie de talleres gratuitos con el objetivo de aportar con herramientas que ayuden a la equidad y están  enfocados «al uso y aplicación de las herramientas digitales para apoyar y potenciar las comunicaciones de las organizaciones ciudadanas».

Contarán con la presencia de destacados profesionales, entre ellos, Pedro Ramírez, editor del Centro de Investigación Periodística (Ciper) y ganador del Premio Periodismo de Excelencia 2009 de la Universidad Alberto Hurtado por su reportaje «La historia secreta del secuestro a Cristián Edwards», realizado junto a Cristóbal Peña.

El actual editor de Ciper realizará un taller el día miércoles 12 de octubre a las 18:30 horas, cuya temática será: ¿Cómo acceder a la información pública? Los temas de los otros talleres varían desde el uso de redes sociales, estrategias digitales y el ciberactivismo ciudadano.

Ayer en la ciudad de Washington se realizó el foro «Libertad de Prensa en las Américas». En la oportunidad participaron Carlos Lauría, del Programa Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), y Catalina Botero, Relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El caso mexicano asoma como el más graves. Desde que el presidente Calderón asumió el 2006, más de 30 periodistas han sido asesinados. «La impunidad es casi una garantía en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas. Supera el 85 por ciento», dijo Lauría. «Lo que está en juego acá es la estabilidad del sistema democrático», agregó en relación a la intimidación y acoso a la que son sometidos los profesionales en distintos países.

Catalina Botero también habló sobre los marcos jurídicos que impiden el ejercicio del periodismo. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa demandó al periódico El Universo por 80 millones de dólares, aparte de una demanda penal, luego de la publicación de una columna crítica en su contra.

De Chile se destacó la legislación sobre acceso a la información, que ya tiene dos años de vigencia.

Felipe Heusser es abogado de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics y candidato a doctor por la misma institución. Desde 2009 es presidente —y cofundador— de la Fundación Ciudadano Inteligente, una ONG enfocada a la transparencia y la participación ciudadana a partir del uso de tecnologías y aplicaciones digitales.

La Fundación ha dado que hablar este año. En los días previos al 21 de mayo lanzaron su portal del mismo nombre, donde se hacía la evaluación del porcentaje de cumplimiento de las promesas del Presidente Piñera y del poder ejecutivo en la cuenta pública del año anterior. En tres días, cuenta Heusser, recibieron más de 25 mil visitas.

Pero también tienen otros portales (y otros en camino): Señalalo, una aplicación sobre las antenas de celulares; Vota Inteligente, que fomenta la rendición de cuenta de las autoridades públicas al publicar, por ejemplo, detallados perfiles de parlamentarios; o Acceso Inteligente, sitio web para facilitar el acceso a la información y del que ya les hablamos en Puroperiodismo.

Para más adelante esperan lanzar Criik (sobre bases de datos) y Donar, cuyo lema es «desde el corazón, sin dejar de usar la razón». Estaremos a la espera de esas nuevas iniciativas.

» Ir al especial de la ley 20.285
» Descargar ley 20.285

Ley 20.285 sobre acceso a la información pública

El II Seminario Internacional «Transparencia como Modernización del Estado», organizado por el Consejo para la Transparencia, fue escenario para el lanzamiento de Acceso Inteligente, un portal que se suma a otras iniciativas web como Vota Inteligente y Donar, desarrolladas por la Fundación Ciudadano Inteligente, una ONG abocada a la difusión de nuevas tecnologías para promover la participación ciudadana.

El abogado Felipe Heusser, presidente ejecutivo de la Fundación, alertó que, a dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, uno de los flancos débiles ha sido la promoción del derecho consagrado legalmente.

«Hay una necesidad de pedirle información al Estado. Y lo que trata de hacer Acceso Inteligente es responder a esa necesidad y facilitarle a los ciudadanos el ejercicio del derecho a la información».

Heusser fue el encargado de presentar las potencialidades del sitio web, las que podemos sintetizar en los siguientes puntos:

1. PRIVACIDAD

El usuario crea una cuenta en el portal y realiza sus solicitudes de información, pero es la Fundación Ciudadano Inteligente la que realiza computacionalmente el pedido. Felipe Heusser recalcó la relevancia de este «traspaso» de la identidad del solicitante, pues existen reparticiones como el Ministerio de Educación que exigen —en contra la ley— el rut de quien requiere la información.

2. AHORRO DE TIEMPO

El portal funciona como un canal único que permite al solicitante eludir una serie de «clicks» en la página del organismo para acceder al formulario respectivo. Además, todas las solicitudes de información realizadas a través de Acceso Inteligente serán públicas (salvo, repetimos, la identidad del solicitante), con el objeto de retroalimentar a otros usuarios en sus búsquedas y evitar la duplicidad de solicitudes, ahorrando tiempo.

3. ESTADÍSTICAS

Aunque aún no están disponibles, a medida que se produzca un cúmulo apreciable de solicitudes, Acceso Inteligente generará estadísticas adecuadas para monitorear, por ejmplo, los niveles de cumplimiento de los órganos públicos en materia de acceso a la información.

Sitio web: Acceso Inteligente

View Mapa del Centro Knight sobre acceso a la información en América Latina in a larger map

Para ver la información por país debes presionar las marcas de colores. Las marcas azules indican leyes que regulan el acceso a la información. Las marcas rosadas, leyes aprobadas pero aún sin ser promulgadas. El amarillo se refiere a leyes en trámite. El rojo, a países donde el acceso a la información no existe como ley, incluso si el derecho tiene reconocimiento constitucional.

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