“La libertad de expresión es una de las manifestaciones más potentes que pueden existir de la dignidad humana. No existe un ser humano pleno si éste no puede efectivamente pensar, razonar y opinar de manera absolutamente libre. Recibir distintos tipos de información y formarse así una idea de la realidad”.

Con estas palabras, el abogado, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Alberto Precht, expresa la importancia que tiene el derecho a la información para el desarrollo de las sociedades y la gravedad que reviste cuando éste se ve amenazado. Algo que en cierta medida está ocurriendo hoy en Chile.  

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo publicó esta mañana dos artículos que dan cuenta de la preocupante situación actual del país en esta materia. En uno de ellos se muestra cómo ya son cerca de 300 los periodistas y comunicadores/as que han registrado ataques o detenciones arbitrarias e ilegales por el sólo hecho de ejercer su profesión durante el último año y medio (ver artículo). En el otro, se da cuenta de cómo Chile perdió en apenas un año tres posiciones en el ranking mundial que anualmente elabora Reporteros sin Fronteras, quedando en el puesto 54º, en el rango de naciones “con problemas significativos” en materia de libertad de expresión. 

Además, para entender en detalle el fenómeno, revisamos el duro análisis que hizo la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) en su último informe anual, donde da cuenta de graves y repetidos casos de agresiones, amenazas, censuras y diversas acciones efectuadas tanto por entes públicos como privados que vulneran el libre ejercicio de la prensa y el correcto acceso a la información pública (ver artículo). 

Es precisamente en ese último reporte que se señala que la pandemia ha afectado el acceso a información de organismos públicos, y que “el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó infracciones a la Ley de Transparencia por parte de organismos de salud y hospitales luego de haber fiscalizado a 25 de estos organismos. Según el CPLT, el 76,6% infringió la ley por ofrecer respuestas fuera del plazo determinado, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. La fiscalización también encontró que un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta”. 

Ante esta información, Precht da a entender en esta entrevista con Puroperiodismo que si bien el problema existe, comparativamente la situación no es tan mala, aunque asegura que “siempre se puede hacer mucho más”.

Alberto Precht, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en Periodismo UAH.

—La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dedicó a Chile el capítulo más extenso y con mayor cantidad de casos de la región. Usted comentó que a pesar de la situación que vive Chile, considera que no estamos tan mal, pero cada vez son más notorios los problemas por los que atravesamos. ¿Qué lectura hace de esta situación? 

Hay que partir de la base que la RELE no hacía informes acerca de Chile, y que se empiecen a elaborar éstos con mayor profundidad demuestra que hay un resquebrajamiento del cuidado de los derechos fundamentales en nuestro país. Evidentemente, la libertad de expresión y la libertad de prensa se han visto afectadas por el abuso policial, por las señales de presión y, efectivamente, es una lástima que Chile vuelva a estar en el escenario global. 

Trabajando en una institución como Transparencia Internacional me toca ver todos los días cómo hay periodistas asesinados alrededor del mundo, y esperamos que en Chile no lleguemos a esa situación. Lo que están viviendo los periodistas, por ejemplo, de El Faro, bajo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, son señales mucho más alarmantes que las nuestras. No significa que tengamos que dejar las nuestras de lado; acá lo que tiene que pasar es que efectivamente la prensa pueda efectuar con libertad su trabajo y que el Estado no reprima su accionar, menos espiando a los periodistas. 

—El Observatorio del Derecho a la Comunicación registra cerca de 300 periodistas y comunicadores/as agredidos o detenidos desde el estallido social de octubre de 2019.

Por eso también es importante que se pueda educar mejor a la ciudadanía en el rol de la prensa. Ha habido muchos periodistas que han sufrido por el solo hecho de ir a cubrir una manifestación y por trabajar en un determinado medio, y eso también -aunque no es una violación de derechos humanos- habla de una tensión con ciertos medios de comunicación. Al final, quien está ahí es un periodista haciendo su trabajo.  

Si hablamos de libertad de expresión tenemos que saber que los grandes medios tienen esa libertad editorial, y que así como hay que cuidar la de Interferencia, La Red, la de Opal o la de cualquier medio independiente, también hay que cuidar la de Mega y Canal 13, en el sentido de que el trabajo de un periodista es casi sagrado para que efectivamente una sociedad democrática pueda funcionar de buena forma. 

—Pero la mayoría de esos casos tienen que ver con acciones vulneratorias por parte de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué efecto tiene este panorama represivo y violento sobre el ejercicio de la prensa? ¿Qué recomendación puede dar?

La Ley de Prensa permite que sea fácil constituir un medio de comunicación, por lo que les he recomendado a muchos periodistas de medios alternativos que inscriban sus medios bajo esa ley. Eso debiese hacer que el fiscal se inhiba de la persecución penal. Pero antes de la persecución penal hay una detención y represión de la prensa que es inaceptable, y cuando un periodista o un cámara está sacando fotos, Carabineros no debería caer en los abusos que ha caído. 

Más grave sería -y, lamentablemente, ha pasado- que un fiscal levante cargos contra ese periodista, cuando eso no debiese ocurrir. Por lo mismo, deberíamos formalizar todavía más el trabajo de la prensa, para que los fiscales puedan decir desde un primer minuto ‘esto no corresponde, lo archivo, y que la prensa pueda seguir haciendo su labor’. 

—¿A qué cree que se debe ese actuar policial? 

Los abusos contra la prensa no son nuevos, y eso habla de una falta formativa en Carabineros. También hay una ilusión del actuar policial que cree que se puede actuar con una determinada impunidad que ya no existe. El Estado debiera defender los derechos fundamentales, y cuando esos derechos son vulnerados, uno esperaría que tal como se ponen acciones contra alguien que quemó un edificio, se pusieran también con mayor firmeza por parte del Consejo de Defensa del Estado con aquellos carabineros que han vulnerado, en este caso, la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa.

—La RELE también pone énfasis en las denuncias sobre la falta de acceso a la información y el manejo de la pandemia en Chile. ¿Cómo considera que estamos en materia de acceso a la información vía Ley Transparencia? 

Nunca es suficiente. Hay estudios que señalan que Chile es el cuarto país con mejor acceso a la información en cuanto a la pandemia. Y efectivamente acá hay estadísticas, hay números. Eso se debió a la presión de muchos periodistas, entre ellos Alejandra Matus, que llevaron a cabo investigaciones que lograron que el Estado expusiera. 

Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que no hay información en general. Desde Transparencia Internacional hemos solicitado en más de 80 países información de acceso a la vacuna, y en todos nos han negado la información de los contratos, por ejemplo. Es bastante frustrante, porque no hablamos solamente del entorno latinoamericano; cuando le pedimos documentos a la Unión Europea, lo que se nos entrega está completamente tarjado. Entonces, por distintas razones, los estados han optado por tener mayores niveles de secreto. Claramente el acceso a la información se ha visto afectado y los plazos han sido más largos no teniendo que serlo. Ha habido una ralentización en la entrega de esa información. Sí hay que valorar que, cuando uno ve comparativamente, incluso con países grandes e importantes, la data chilena es de bastante calidad. Pero bueno, siempre se puede hacer muchísimo más, sin duda.

De transparencia, Fuerzas Armadas y espionaje a periodistas

—Usted hizo una charla en el Ejército un par de días antes del estallido social, donde se refirió a los ‘porqués’ clave en la institución que no son respondidos, ¿cómo lo sopesa ahora?

Las instituciones armadas son fundamentales en los países; que a uno le gusten o no, es otro tema. Por lo mismo, creo que uno tiene que trabajar con y no contra ellas, y esto significa ser activo vigilante y denunciante a las mismas. Claramente, para el Ejército y el mundo armado y uniformado, el paso de la opacidad a la transparencia es un cambio cultural muy duro. Es mucho más complejo de lo que vivió el Estado desde 2009 [con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia], que ya fue un cambio bastante traumático. Estos cambios toman tiempo. 

Cuando hay transparencia, lo que a primera luz se descubre son más las anomalías que las virtudes, y eso ha ocurrido en el Ejército. Por el buen trabajo de la prensa -toca sacarse el sombrero por el trabajo de Mauricio Weibel [quien destapó el llamado Milicogate]-, salieron a la luz estas cosas ocultas que permitieron develar otra serie de conductas. Eso lleva a que el Ejército tenga que tomar una decisión más bien institucional. Es una tensión permanente, y desde Chile Transparente tratamos de apoyar a que el Ejército resuelva esa tensión hacia la transparencia en su funcionamiento diario, sobre los privilegios que pueden tener y el por qué existen para así poder explicarlos de buena forma o ir eliminándolos.

—Respecto a los casos de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) hacia periodistas, y que el juez Juan Antonio Poblete, que aprobó las intervenciones, tuviese conocimiento de esto, pero que ahora lo revele de forma tal para exorcizar al Ejército, ¿qué opinión tiene sobre este tema particular?

Acá el juez Poblete o fue engañado o se dejó engañar, y ambas cosas son graves. Las leyes de inteligencia existen y tienen su razón de ser, y por lo mismo los criterios tienen que ser muy exigentes para que se autorice este tipo de operaciones. Lamentablemente, en este caso y también en el Caso Huracán, hemos visto como el civil que está a cargo de dar estas autorizaciones no ha sido lo suficientemente exigente ni riguroso al otorgarlas. 

Hay muchas explicaciones que tienen que dar tanto el Ejército como el Poder Judicial. Y ha habido un silencio importante de la Corte Suprema, que uno esperaría que fuese más activa en cómo los jueces de las cortes de Apelaciones están dando este tipo de autorizaciones. Quienes hemos trabajado denunciando los casos del Ejército tenemos la duda de si el día de mañana podemos ser espiados por hacer nuestro trabajo.

—Poco después de conocerse lo del espionaje, vino la sátira de un general en un programa humorístico en La Red y la polémica por las cartas del Ejército y las otras ramas de las FF.AA. criticando el contenido e incluso indicando cómo debe ejercerse el derecho de la libertad de expresión. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, respaldó ese actuar y al día siguiente el ministro vocero, Jaime Bellolio, expresaba que el interés del gobierno era defender y promover la libertad de expresión ¿Qué señales concretas cree que ha dado el Ejecutivo en cuanto a esta materia? 

Cuando el ministro Bellolio señala que las FF.AA. pueden opinar libremente cuando se sientan ofendidas por el caso de una sátira, hay una señal que consideramos incorrecta. Las Fuerzas Armadas tienen un valor simbólico y una posición constitucional que hace que su actuar en la esfera pública deba ser totalmente cuidadosa, tratando de evitar este tipo de señales. Sin embargo, soy de los que sostienen que en Chile gozamos de una libertad de prensa y libertad de expresión a niveles comparativos bastante amplia. Tenemos que avanzar hacia el perfeccionamiento, a una mayor diversificación de los medios, y a no retroceder a estados anteriores en los que existía censura. 

—Respecto al anuncio que hizo el CNTV de levantar cargos contra La Red por la entrevista al ‘Comandante Ramiro’, acusando falta de pluralismo en la entrevista y porque ésta pudo afectar la democracia y la paz social, los mismos argumentos que se habrían esgrimido desde La Moneda para ejercer presiones al medio a través de un “telefonazo”. ¿Cómo lee usted esta formulación de cargos del CNTV?

Lo rechazamos absolutamente. Demuestra el anacronismo que tiene el Consejo Nacional de Televisión. ¡Ya tener un órgano específico que regule la TV, cuando hoy tenemos un sistema multi-medial, es bastante anacrónico! Partiendo desde ahí, ya vemos una anomalía. Además, jurídicamente no hay ninguna vulneración a las normas de la Ley de Prensa o del funcionamiento específico de los canales de televisión. El ‘Comandante Ramiro’ está en todo su derecho de poder dar la entrevista, y el canal de tomar la decisión editorial que quiera. Uno podrá criticar como televidente que la entrevista no fue incisiva o que no hubo contrapunto, pero que eso afecte a la libertad de expresión o a las normas que regulan a nuestra televisión, creo que es absolutamente incorrecto y lamento que el CNTV, con esta señal, pueda afectar las líneas editoriales de los canales de televisión.

—¿Dónde está el límite? ¿Los hay?

Los únicos límites que tiene la libertad de expresión son muy específicos y están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos: en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos límites? El discurso de odio, que es distinto del discurso odioso, es decir la promoción activa de la violación de la dignidad de una determinada comunidad; el afectar el derecho de menores como la promoción de pornografía infantil, de la pedofilia; y el incentivar la guerra. Y en este caso, estando en contra de los dichos del ‘Comandante Ramiro’, como persona y televidente, ese es el único juicio que puedo hacer, pero él no promovió ningún discurso de odio, ni que afecte la infancia ni que promueva la guerra entre chilenos.

Paulina Acevedo trabajaba esa noche en su computador cuando supo de una noticia en curso en el sector de Plaza Italia, a dos cuadras de su casa: después de haber sufrido repetidos ataques vandálicos en el contexto de las protestas ciudadanas, estaban retirando la estatua del general Manuel Baquedano. 

Eran cerca de las 23:00 del jueves 11 de marzo, en pleno toque de queda debido a la pandemia. Estando tan cerca, no lo pensó dos veces; tomó su credencial de prensa, su permiso único colectivo -que la autorizaba a trabajar a pesar de las restricciones-, se puso una mascarilla y partió a terreno para transmitir en directo para Radio Galáctika, una radio online independiente con sede en San Antonio donde Acevedo colabora en paralelo a su trabajo como periodista del Observatorio Ciudadano.

Mientras esperaba el enlace con la radio, captó para sus redes sociales registros de cómo todo se preparaba para que la enorme grúa, ya instalada, removiera de su base la imagen recién pintada de Baquedano y su caballo, y la elevara varios metros por el aire, llevándola lejos de donde nunca se había movido desde su instalación en 1928. Pero el enlace no se concretaba. Después de hora y media allí sin poder conectarse, volvió a su casa para cambiar el equipo e invitó a su hijo para que la ayudara a tomar fotos. Volvieron a la plaza y ahí estuvieron ambos junto a otros equipos de prensa, cubriendo sin problemas la noticia por al menos una hora. 

Pero en algún punto de la noche aparecieron dos manifestantes que desplegaron un lienzo. “Dignidad”, decía con letras rosadas. De inmediato fueron detenidos por Carabineros. Acevedo cuenta que se acercó para registrar con imágenes cómo los subían al carro policial, y que al darse vuelta vio que también se llevaban a su hijo. 

“Les pedí explicaciones y les señalé que yo era prensa acreditada, que él estaba conmigo haciendo registros, pero la policía no escucha. Observé cómo mi hijo era llevado con suma violencia. Uno de los policías señaló que le harían un control de identidad en la comisaría”, recuerda Acevedo.

Su hijo ya estaba arriba del carro policial mientras exigía que lo soltaran. Pero los carabineros no la escuchaban. Así que extendió su mano para que su hijo le pasara su cámara fotográfica. Fue entonces que la agarraron a ella, y mientras gritaba que era periodista, que tenía todos los permisos para ejercer su labor, a jalones la subieron también al vehículo. “Es imposible razonar con la policía”, alega. 

Una constante del último tiempo

Lo que le pasó esa noche a la periodista Paulina Acevedo está lejos de ser un caso aislado. Según antecedentes recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 se han registrado cerca de 300 casos de ataques por parte de fuerzas de orden público hacia la prensa mientras ésta ejercía su labor informativa. Esto ha ocurrido en distintas ciudades del país y ha afectado tanto a periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as como a otros/as profesionales de las comunicaciones. Las agresiones han sido principalmente con armas disuasivas y detenciones que en casi la totalidad de los casos han sido declaradas ilegales. De eso da cuenta un informe al que tuvo acceso Puroperiodismo, elaborado tras una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril representantes del Colegio de Periodistas y el presidente de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva.

Ver informe

El documento tiene por objeto exponer casos en los que la acción judicial se ha hecho presente en favor de la libertad de prensa en el contexto de las reiteradas agresiones a reporteros y periodistas, las que son definidas como “efectos restrictivos sobre la libertad de expresión”. En el informe también se expresa: “Los actos de violencia contra la prensa tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Para la realización del análisis, el ODC tomó en consideración los resultados de cuatro recursos de amparo y seis acciones de protección presentados a favor de profesionales de las comunicaciones en distintas cortes de Apelaciones del país. En la de Arica, por ejemplo, los autores se refieren a un recurso de amparo interpuesto a favor de tres periodistas que en octubre de 2019 fueron detenidas mientras ejercían en medio del toque de queda, de las cuales dos  fueron objeto de desnudamientos; de un fotógrafo que recibió el impacto de perdigones en su brazo y su abdomen, disparados por efectivos de Carabineros a menos de cinco metros de distancia; y también a un grupo de reporteros gráficos que, a pesar de mostrar sus cámaras en señal de aviso de que eran miembros de la prensa realizando su trabajo, fue reprimido con escopetas de perdigones. El recurso fue admitido parcialmente y derivó en un sumario a cargo de Carabineros y una investigación penal a cargo del Ministerio Público que fue formalizada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Arica.  

También se considera, entre otros, el caso de dos fotorreporteros que cubrían las protestas sociales y que recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el cese de actividades de inteligencia policial en su contra. En su caso, aunque el recurso fue inicialmente acogido por el tribunal, la Corte Suprema lo terminó revocando por ser supuestamente improcedente, en un fallo donde -dice el informe de la ODC- no existirían los fundamentos suficientes. La decisión judicial que dejó el caso en nada derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que analizó en profundidad el caso chileno en el último informe de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde en las 19 páginas que le dedica al país se da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura” (ver artículo en Puroperiodismo).       

Concluye el reporte del ODC: “De las acciones identificadas (10) sólo en uno de los casos se acogió parcialmente la petición, el resto de recurso fueron rechazados (3), inadmitidos (5) o reconducidos (1). En términos generales cabe afirmar, que en el periodo analizado, tanto el recurso de amparo como el de protección han resultado ser acciones ineficaces para proteger a quienes realizan la labor informativa frente a restricciones por parte de agentes del Estado. Ya sea por la inadmisión o por el rechazo de las acciones interpuestas, los órganos de justicia no han ejercido ninguna de las amplias facultades de las que disponen para tutelar los derechos fundamentales, evitando declarar la vulneración de derechos o la ilegalidad de las conductas reprochadas. Solo en uno de los casos se acoge, parcialmente, las peticiones de los recurrentes, ordenando la apertura de sumarios administrativos o investigaciones, entre otras medidas”. 

De los casi tres centenares de casos registrados por el ODC entre octubre de 2019 y marzo de 2021, la mayor parte ocurrió en Santiago y, además de detenciones arbitrarias, incluyen agresiones con el uso de proyectiles, gas pimienta y carros lanza agua. El detalle desglosado considera 27 detenciones y 103 agresiones -dos de ellas con trauma ocular y pérdida de visión en uno de los ojos- entre el estallido social y diciembre de 2019; 75 detenciones y 21 agresiones durante todo 2020; y 22 detenciones y 38 agresiones en los tres primeros meses de este año.

Datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC)

La excusa del artículo 318

A las 11:45 del 29 de marzo, el periodista Javier Arroyo llegó a las afueras de la Cárcel El Manzano, en Concepción. Se había programado una convocatoria para un punto de prensa relacionado a una persona privada de libertad en el contexto del estallido social. Cuando Arroyo arribó no había nada más que dos retenes móviles y algunos policías parados alrededor de los vehículos. 

El periodista del diario Resumen llamó por teléfono para corroborar si en algún momento había alcanzado a llegar alguien. Justo en ese momento recibe un mensaje de parte del medio explicando que los asistentes habían sido detenidos en el lugar. Él iba a responder ese mensaje cuando se le acercó un capitán de Carabineros para preguntarle qué hacía allí. Arroyo le explicó que estaba reporteando y le mostró su permiso temporal-colectivo que dispuso el medio, la credencial de reportero y su cédula de identidad. El oficial le respondió que no existía un permiso para reportear y que además el giro de la empresa era “publicidad y comunicaciones”, así que bajo ningún punto de vista su presencia se justificaba ahí.

El oficial explicó además que por las condiciones sanitarias respectivas a las fase 1 del Plan Paso a Paso, el punto de prensa era imposible. Mientras tanto, Javier Arroyo comenzó a grabar un audio de whatsapp para Resumen en el que le solicitó al capitán de apellido Espinoza que le explicara qué documentos debía tener para salir a reportear, a lo que él respondió que no daba cuñas. De un momento a otro, en palabras del periodista, “la situación comenzó a escalar”, y de ello quedó el siguiente registro:

🔴 #GRAVE • Carabineros detienen ilegalmente a reportero de Resumen pese a contar con salvoconducto mientras desempeña su labor.

Uno de los responsables es el capitán C. Espinoza, Concepción.

¡No mas ataques a la prensa alternativa! @rsumen pic.twitter.com/GRhOD2WVVs

— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 29, 2021

Acto seguido: Arroyo es detenido por Carabineros. Se resiste. Llegan al lugar más efectivos que, a la fuerza, lo suben al carro policial. El reportero del diario penquista pidió las justificaciones de su arresto, ante eso le respondieron que su detención se debía al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las restricciones sanitarias. Aquel argumento esgrimido para su detención no era cierto y se los hizo notar, porque sí llevaba consigo todos los documentos al día. “Entonces, la detención es por desacato”, recuerda el periodistas que le respondieron.  

Arroyo fue llevado a la 2ª Comisaría de Concepción, donde lo tuvieron retenido cerca de cuatro horas, para luego dejarlo ir sin cargos. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Paulina Acevedo un par de semanas antes, pero en Santiago, mientras cubría la remoción de una estatua.

Cuando ella y su hijo llegaron a la 19ª Comisaría de Santiago, les incautaron sus equipos de reporteo. A él lo dejaron salir entre las 5:00 y 6:00 del viernes 12 de marzo, pero a ella, que tenía toda la documentación en regla para trabajar a pesar de las restricciones de movimiento, se lo hicieron más difícil: pasaría a control detención por supuestamente infringir el artículo 318 y resistirse a la detención, así que debía ir a constatar lesiones. Estuvo encerrada con una veintena de personas en la comisaría por cerca de 14 horas. 

Cuando fue al control de detención, ella y su abogada se percataron de que el parte había sido adulterado, y que ahora se le imputaba haber participado en las manifestaciones que ocurrieron esa noche en la llamada Plaza Dignidad. Ella lo negó tajantemente, señalando que incluso había transmisiones en directo que mostraban que en ningún momento participó de los actos que le fueron imputados. En todo caso, “incluso, las personas que participaron de esos hechos fueron sobreseídas porque estaban en su derecho a expresarse”, cuenta.

Su caso fue desestimado y Acevedo quedó sin cargo alguno.

“Hay un uso excesivo de la fuerza y un procedimiento irregular. No hubo situación que amerite mi arresto, y así lo dijo también en la audiencia el juez de detención y la misma fiscalía, al ver las pruebas que otorgaba la policía. Los cargos realizados eran inexistentes y, por lo mismo, debía ser puesta en libertad”, dice a Puroperiodismo. 

“No tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas”

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dice que la mayoría de las detenciones hacia reporteros son por desórdenes o desórdenes graves en contexto de coberturas de protestas sociales o actos en contexto de pandemia, lo que significa tener que pasar una noche entera en un calabozo. De hecho, él mismo fue formalizado por esa razón el 1 de mayo de 2020.

Ahumada expresa además que “en casos como el mío hay querellas criminales: el intendente de la Región de Valparaíso [Jorge Ramírez] se querelló contra mí por supuestos desórdenes graves y por infringir el protocolo del Covid-19. Esto generó un proceso de investigación que duró prácticamente un año. En marzo recién se determinó no seguir la investigación, por lo que quedé sin ningún cargo”. 

Por eso fue que, en su calidad de dirigente del gremio, se juntó con el fiscal nacional Jorge Abbot para solicitarle que el Ministerio Público no avanzara en investigaciones contra periodistas, salvo que existan delitos comprobados o presunción de delitos.

El abogado Carlos Reusser, profesor de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, reconoce la situación y señala que el tema se vuelve aún más complejo cuando en las detenciones arbitrarias existen violencia física o acusaciones falsas de por medio.

“Si tú me dices que un periodista que está haciendo su trabajo es detenido ilegalmente para evitar que siga ahí, esto es un delito previsto por la ley de prensa. Si estás hablando de torturas, es otro tipo de vulneración que se encuentra en el Código Penal (apremios ilegítimos), y ante eso los periodistas pueden -y deben- reclamar. Si se están cometiendo delitos contra los periodistas por la policía es porque estos no se querellan”, dice Reusser.

Ante la pregunta de si es razonable endurecer la ley contra carabineros que realizan detenciones ilegales o levantan acusaciones falsas para justificar su accionar en contra de la prensa, Reusser dice: “La ley prohíbe el apremio ilegítimo, la ley prohíbe que los funcionarios públicos impidan la labor de periodistas. Esto no tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas: de cómo se construye Carabineros, qué respaldos le das, cómo les permiten seguir haciendo lo que hacen. No tiene que ver con cambios legislativos, son temas políticos y de sus instituciones”. 

Puroperiodismo se comunicó con Carabineros para solicitar una respuesta oficial por parte de la institución respecto a los protocolos y las repetidas acciones que han tomado contra periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as durante el último año y medio, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La contraofensiva

Tras su experiencia, Paulina Acevedo tomó acciones legales contra Carabineros. Alega que haber sido detenida y esposada, trasladada a un calabozo de una comisaría y después al Centro de Justicia para su control de detención, fue una vulneración de sus derechos y algo que le afectó profundamente. “No es decir ‘ya está, fui sobreseída y la causa fue archivada’. Son horas perdidas que nadie me devuelve”, dice, y asegura que perseguirá las responsabilidades de los policías involucrados hasta que se establezca que Carabineros falsificó un documento que presentó ante el tribunal, delito que se define como falsificación de instrumento público. 

Pero la anterior es sólo una de las razones que la motivan a iniciar una contraofensiva. Su otra motivación es que “con esta querella busco que los periodistas y comunicadores denuncien. Si las denuncias empiezan a surgir, la justicia no las podrá eludir. Mi caso reviste diferentes elementos que podrían provocar una sanción a Carabineros, y lo busco es estimular a otros colegas”. 

Acevedo aseguró a Puroperiodismo que efectuará una denuncia en la propia institución para que se haga un sumario administrativo. 

En el caso de Javier Arroyo, Carabineros expresó que él se había opuesto a la detención y que también se le había solicitado otro documento, un contrato o certificado laboral. El periodista sostiene que ese punto es falso, porque el certificado laboral lo llevaba con él el día que lo detuvieron en Concepción. Eso lo agregó al recurso de amparo que presentó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Carabineros. “El documento lo tenía en formato pdf, de hecho lo utilicé al día siguiente para ir a vacunarme”, cuenta Arroyo recordando esto último ya como una anécdota. 

Carlos Reusser reafirma esta idea: “Nadie va a abogar por la vulneración de derechos que sufres, entonces son los mismos afectados quienes deben querellarse derechamente. Si renuncian a ese ejercicio no hay nada más que hacer”.

Ante la repetición de casos en que se han vulnerado los derechos de profesionales de las comunicaciones mientras ejercen su labor informativa, el ODC elaboró un instructivo básico para comunicadores, con recomendaciones e indicaciones paso a paso para conocer los protocolos de Carabineros y saber cómo prevenir o cómo proceder ante una posible detención. El documento íntegro lo pueden encontrar a continuación:

El 3 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. La pandemia llegó, pero el periodismo no se fue en cuarentena, aunque sí debió enfrentar cambios como la instauración de salas de redacción virtuales, agregar en el kit del reporteo diario la mascarilla y jabón gel, además de aprender a mantener la distancia en los puntos de prensa para protegerse del coronavirus.

Pero en la región de La Araucanía, algo falló el viernes 20 de marzo. La entonces seremi de Salud, Katia Guzmán, lideró un punto de prensa en el regimiento Tucapel de Temuco en el que participaron autoridades regionales y trabajadores de la comunicación. Según un reportaje publicado por Interferencia, eran “alrededor de 20 personas”. 

La rueda de prensa culminó sin mayores inconvenientes, como cualquier otra. Pero esa misma noche se encendieron las alarmas, cuando el periodista Roberto Neira comentó en Interferencia que tras recibir el comunicado de prensa de la seremi y sus audios, se dio cuenta que en aquella cita no se informó sobre un caso de Covid-19 positivo de un funcionario de dicha institución, quien se había reunido con la seremi Guzmán y participó en actos públicos.

El 22 de marzo se confirmó que la seremi de Salud de La Araucanía fue diagnosticada de Covid-19, y debido a los contactos estrechos, gran parte del gobierno regional (nueve seremis y dos directores) y ocho periodistas -cinco que cubrían la actividad para distintos medios y tres que pertenecían a servicios públicos- debieron paralizar sus funciones laborales y realizar cuarentenas. 

La reacción del Colegio de Periodistas de la Araucanía y de otras entidades fue realizar acciones judiciales contra la seremi Guzmán. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación por eventuales delitos contra la salud pública, bajo el artículo 318 del Código Penal. Y el Ministerio de Salud, por su parte, suspendió de sus funciones a la autoridad regional para realizar un sumario interno, del cual fue sobreseída el 2 de julio del año pasado, aunque poco después presentó su renuncia.

Este suceso es uno de los tantos casos que consigna sobre Chile el último Informe Anual de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicado a comienzos de abril. Es, entre todos los otros que recoge el reporte, quizás el que podría parecer más anecdótico. En las 19 páginas que el organismo dedica al país, el organismo da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”, todas ocurridas durante 2020.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo revisó los diferentes casos que tuvo a la vista la RELE y las observaciones que realizó al Estado chileno, bajo un contexto de crisis sanitaria y obstaculización del ejercicio del periodismo que ha afectado a gran parte de la región.

Ver informe completo:

Chile cae en el ranking

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), toda Latinoamérica se encuentra en una zona roja: “La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”.

En ese ranking, Chile está actualmente en el puesto 54, es decir, bajó tres posiciones el último año. ¿Por qué? En su análisis, RSF señala como principal argumento que en el país -al igual que en Haití, que está 33 puestos más abajo- “cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa”, aunque en general sigue entre los mejor posicionados de la región: sólo lo superan Costa Rica, que está 5º; Uruguay, en el lugar 18º; y República Dominicana, 50º. 

En eso no tienen nada que ver -al menos hasta ahora- los graves casos que se han revelado sobre espionaje realizado por el Ejército contra periodistas que investigaban casos de corrupción en sus filas o temas vinculados a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Tampoco las polémicas cartas emitidas por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas -y avaladas por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica- para criticar un programa humorístico e indicar cómo debe ejercerse la libertad de expresión. Ni los llamados telefónicos realizados desde La Moneda para intentar incidir en la línea editorial de un canal de televisión.

No, pues todo lo anterior pasó este año, en 2021, y lo que se mide en el ranking se refiere a lo ocurrido durante 2020. Entonces, si bien nada de eso alcanzó a estar cubierto, la baja sí tiene estrecha relación con lo que señala la RELE en su informe anual, donde se da cuenta de distintas dificultades que han tenido periodistas y comunicadores/as en el país para ejercer su labor informativa en un contexto que entremezcla la protesta social que se arrastra desde octubre de 2019, la pandemia, procesos de profunda transformación política como el plebiscito de octubre, la represión policial y otros actos de censura por parte de organismos tanto públicos como privados.  

Aunque el año pasado las manifestaciones ciudadanas se vieron restringidas debido a las medidas sanitarias, decenas de periodistas, camarógrafos/as y fotógrafos/as sufrieron agresiones o incluso detenciones arbitrarias mientras realizaban su tarea de informar a la población (ver artículo en Puroperiodismo). 

El reporte de la RELE recoge varios de esos casos. Entre ellos, el de un fotógrafo del Diario Atacama y un periodista independiente que fueron agredidos y detenidos mientras cubrían la protesta en un liceo de Copiapó en contra de la PSU. También mencionan el caso del camarógrafo de la agencia francesa AFP, Jaime Esquivel, quien fue golpeado y rociado con gas pimienta por un grupo de ocho personas tras de negarse a dejar de grabar lo que ocurría en una manifestación; o el de Marcelo Hernández, por entonces reportero gráfico de la Agencia ATON, que en marzo de 2020 recibió el impacto en su rostro de una bomba lacrimógena, provocándole una herida ocular.

Situaciones como las descritas se repitieron en diversas oportunidades durante 2020, y son varios los casos que se consignan en el informe internacional, aunque si se pudiera identificar las fechas -o coberturas- más conflictivas, éstas podrían ser dos: el 1 de mayo y el día del plebiscito.  

1 de mayo: una jornada de detenciones a periodistas

El Día Internacional de los Trabajadores tuvo como antecedente la irrupción de la crisis sanitaria y la recientemente promulgada Ley de Protección al Empleo, además de un aumento explosivo de la cesantía en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre de marzo a mayo de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 11,2%, “siendo la más alta en toda la serie desde 2010”.

El Presidente Sebastián Piñera en su discurso de esa jornada en La Moneda aclaró: “La situación se ha ido agravando, por lo tanto es muy posible -casi seguro-, que las cifras de desempleo verdaderas que tenemos hoy día sea mucho mayor y que esté creciendo”. Y así fue, el año pasado en la primera ola de la pandemia casi tres millones de personas perdieron sus empleos.

En tanto, mientras el Ejecutivo realizaba su discurso, en Plaza Italia -rebautizada popularmente como Plaza Dignidad- se congregaban cientos de manifestantes y, por supuesto, equipos periodísticos que cubrían lo que pasaba. 

El informe de la RELE constató que “funcionarios de Carabineros detuvieron a trabajadores de la prensa que cubrían en vivo una manifestación programada por el Día del Trabajador, e intentaron obstaculizar la protesta con carros lanzaaguas”. Al menos 57 personas fueron detenidas en aquella jornada, dentro de este total figuran dirigentes sindicales.

Además, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó que fueron 15 los profesionales “subidos a un carro celular de la policía y llevados hasta la novena comisaría de Providencia”. Dice el informe: 

“Entre los periodistas detenidos había representantes de medios internacionales, como los camarógrafos Jaime Esquivel de la agencia Agence France Presse, Luis Hidalgo de la Associated Press, e Iván Alvarado de Reuters; y también de medios locales, como el periodista Rodrigo Pérez y la productora Alejandra Pacheco de TVN (televisión pública chilena), y los periodistas Francisca Sandoval Astudillo, Gabriel Cardozo Silva, Gerardo Cortes y Gonzalo Barrido de Señal Tres La Victoria, entre otros. Algunos de ellos, incluso, pudieron registrar con sus celulares el momento en que eran detenidos y subidos al carro policial”.

El general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, ante el desempeño policial durante la jornada del 1 de mayo respondió: “No estaban todos con sus credenciales y estaban con teléfonos celulares y, por lo tanto, lo que corresponde en ese caso es cerciorarse efectivamente su calidad de periodistas”.  

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, agregó en Radio Cooperativa que “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. La respuesta de los y las periodistas ante las autoridades que destacó la oficina especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue que estos sí contaban con sus credenciales y salvoconductos para realizar su trabajo, además de respetar las condiciones sanitarias. 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Amante de la TV 📺 (@alguien_te_observa)

Obstáculos en la cobertura del plebiscito

Apruebo. Rechazo. Dos opciones que causaron revuelo en Chile. En plena pandemia, la población debió escoger cambiar o mantener la Constitución redactada en 1980.

Las urnas se abrieron a las 8:00 y dentro del horario de votación se estableció uno especial para proteger a los grupos de riesgo debido al contexto sanitario. A medida que transcurría el histórico 25 de octubre, la participación iba aumentando mientras transcurría el día. Ya a las ocho de la tarde terminó el horario para ir a votar.

Durante el conteo de votos, sonaron las bocinas y las cacerolas, hasta que los resultados fueron públicos. Un 78,27% de la población escogió cambiar la constitución, mientras que un 78,99% escogió la Convención Constitucional como órgano redactor de una nueva carta magna. 

En el epicentro de las protestas del estallido social, en las plazas, en las calles y en todos los rincones del país se realizaron celebraciones tras el resultado del plebiscito. Pero, detrás de esa alegría, la cobertura periodística debió enfrentar diversas complejidades para informar a la población.

Según se lee en su informe anual, la RELE “recibió información sobre amenazas y amedrentamientos a periodistas y medios días previos al Plebiscito Nacional”. Entre esos casos destacó el de la periodista, corresponsal extranjera y académica, Carolina Trejo.

Una noticia publicada por El Periodista informó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile y el Colegio Médico de Chile interpusieron querellas criminales en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas “a la integridad física y psíquica” y recurrieron al 3° y 4° Juzgado de Garantía, con el fin de que se realizará una investigación a la participación del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad”, quienes difundieron panfletos con un símbolo de “araña” acompañado con los datos personales y fotografías de Trejo. Lo mismo habrían hecho con la doctora Carla Pellegrin y el doctor Roberto Bermúdez Pellegrin el 16 de octubre de 2020.

Además, El Periodista publicó que tanto a la periodista como a los profesionales de la salud se les “imputan delitos, y se les critica abiertamente por posturas y actividades políticas realizadas (…) Las acciones legales (fueron) declaradas admisibles”.

La RELE consignó en su informe: “Los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

Nueve días después de este suceso, la Relatoría Especial obtuvo información sobre los diversos obstáculos que enfrentó la prensa durante la cobertura del 25 de octubre. Entre otros, el informe destaca el “impedimento para acreditarse como prensa por parte de periodistas independientes, la ausencia de listados con los medios autorizados para ingresar a puestos de votación, prohibición y expulsión de periodistas de puestos de votación y durante el conteo de votos, e incluso la detención de algunos trabajadores de prensa”. Como por ejemplo, el caso de un periodista en la región de Aysén, cuyo celular fue retenido.

Pero los ataques y agresiones consignados no pararon ahí. El 12 de noviembre en Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones “habría sido detenido de manera violenta, tirado al suelo y esposado mientras un funcionario [de Carabineros] lo habría inmovilizado con una rodilla sobre su cabeza. El comunicador había grabado la detención de un grupo de rescatistas en medio de las manifestaciones de ese día. En la comisaría, el comunicador habría sido amedrentado para borrar su material. Luego de que el material no estuviera disponible para ser difundido, Carabineros dejó libre al comunicador”. 

A la semana, la policía roció con gas pimienta a un reportero gráfico del medio Libre Edición. Por esos mismos días, la periodista Alison Vivanco denunciaba un ataque con químicos desde un carro policial mientras cubría una protesta contra el Presidente Piñera y fines de ese mismo mes un fotoperiodista terminó con contusiones y su equipo destrozado luego de que Carabineros le disparara el chorro de un carro lanzaaguas directo al cuerpo a menos de 20 metros de distancia.  

Pandemia, información pública y crisis del periodismo 

“La Relatoría Especial ha registrado con preocupación los diferentes efectos que la contingencia generada por el nuevo virus COVID-19 ha tenido en la libertad de expresión en Chile”, señala el informe. 

Uno de los efectos que ha traído la pandemia, agregó la oficina de la CIDH, “(son los) obstáculos al momento de cubrir temas generales o de la pandemia específicamente”. Lo anterior se produce, debido a las “restricciones de movilización” aplicadas por las autoridades, y en diversos sucesos los periodistas han sido “detenidos por presuntamente violar esta disposición a pesar de ser eximidos de esta”, así como también han debido denunciar “hostigamiento y procedimientos de control desproporcionados para la circulación de periodistas en el contexto de la pandemia”.

Entre las observaciones que la RELE realizó respecto a Chile, destaca el “impacto” de la crisis sanitaria, que ha acrecentado la “vulnerabilidad” de los y las trabajadores de la comunicación, acompañado de “despidos masivos” por “motivos económicos” en medios estatales y privados, además el “cierre” de ediciones impresas. En esa línea, el reporte menciona más de 164 despidos en TVN ocurridos desde diciembre de 2020 a marzo de este año, al menos 61 contratos suspendidos en Publimetro, y otros tantos despidos en El Mercurio, Mega y La Red; el cierre de las ediciones impresas de La Cuarta y La Tercera durante los días de semana -lo que implicó a fines de enero el despido de cerca de 200 personas de Copesa-; y el cierre definitivo de La Discusión de Chillán y El Centro, de Talca. 

Otro aspecto destacado en el anuario de la RELE y que estaría relacionado con el contexto sanitario, es que “los periodistas también han manifestado mayor dificultad para acceder a información pública respecto de la pandemia, así como para hacer preguntas en ruedas de prensa”. 

Además, entre las complejidades que recopiló la RELE, “está la imposibilidad de contrapreguntar, el cambio de horarios para entregar la información, así como la poca gestión comunicacional”. La oficina destacó el informe emitido el 20 de octubre del 2020 por el Consejo para la Transparencia (CPTL)- entidad autónoma del Estado encargada de garantizar, fiscalizar y promover el contenido del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la función pública-, en el cual informó que aún persistían a esa fecha “deficiencias” en la información entregada en el sitio oficial del gobierno para la entrega de la información sobre la pandemia, las que ya “habían sido notificadas al gobierno”.

En dicho informe, el CPTL  agregó: “No se ofrece información sobre el número total de casos negativos, las fuentes de exposición a nuevos casos confirmados, tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles o cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando”.  Por último, el informe constató que el sitio oficial “no desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género”.

También en materia de transparencia, se consigna la demora excesiva o negativa que han tenido ciertos organismos públicos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, pasando en muchos casos por encima de lo establecido en la ley. Tal como publicó CIPER en marzo de este año, el Ministerio de Salud era el que más incumplimientos registraba a marzo de este año -, seguido por las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Economía.       

Por otro lado, la RELE también destaca casos de censura ocurridos en el país, como la querella que interpuso Carabineros en contra del colectivo LasTesis, la que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera; el fallo de la Corte Suprema contra Radio Bío Bío que la obligó a retirar de sus plataformas la grabación de una conversación entre una jueza y un operador político al considerar que se había publicado de manera ilegal; los focos de luz que intentaron borrar una proyección artística de Delight Lab a un costado del edificio de Telefónica; y la eliminación por parte de la policía de la obra de Francisco Tapia que mostraba la figura de un carabinero colgando del balcón a punto de dispararse un tiro en la boca.  

La situación actual

Durante los últimos meses, el debate sobre la situación de la libertad de expresión en Chile se ha vuelto parte central de la agenda. Por una parte, producto del “telefonazo” que realizó la asesora presidencial Magdalena Díaz al dueño del canal de televisión La Red en Miami para criticar la línea editorial que han tomado sus programas bajo la dirección del periodista Víctor Gutiérrez, en especial luego de la transmisión de una polémica entrevista realizada en prisión al ex frentista y asesino de Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro. Aunque la acción fue rechazada por los ejecutivos del canal y fue llevado hasta la CIDH, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le formuló cargos a la estación por supuestamente infringir el principio de imparcialidad.

El mismo canal fue objeto de críticas abiertas por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, las que emitieron declaraciones públicas -respaldadas por el ministro de Defensa- denunciando un programa humorístico en el que satirizaban a un general del Ejército. En sus misivas, se criticaban supuestas injurias contra la entidad castrense y se señalaba cómo debía ejercerse el derecho de libertad de expresión, lo que ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones, como el Colegio de Periodistas, por, entre otras cosas, haber pasado por el alto el mandato constitucional de no deliberación que pesa sobre las instituciones armadas y no haber hecho ninguna declaración cuando sólo un par de semanas antes se había conocido la operación de espionaje que el mismo Ejército habría emprendido en contra de al menos seis periodistas que investigaban casos de corrupción en su interior y delitos de lesa humanidad.  

Entre los periodistas que habrían sido objetos de espionaje se encuentran Mauricio Weibel, Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo, Pascale Bonnefoy, Danae Fuster y Santiago Pavlovic. Todos esos casos han generado acciones judiciales, políticas y gremiales, que incluyen, entre otros, la solicitud por parte del Colegio de Periodistas de seguimiento por parte de la RELE y una carta suscrita por distintas escuelas de Periodismo del país que este lunes 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de  Prensa,  será entregada al Presidente Piñera para exigir medidas que tiendan a reducir el intervencionismo, la censura y propender a un ambiente propicio para el buen ejercicio de la labor de los y las periodistas.    

A fines de abril, El Periodista informó que la Corte de Apelaciones de Santiago “acogió de manera parcial el recurso de protección ingresado por el senador Alejandro Navarro (PRO) en favor del canal La Red (…) desestimando la denuncia contra el mandataria y estableciendo un plazo de cinco días para que (Magdalena Díaz) remita a la Corte Suprema la información referida a los hechos denunciados”. 

El sábado 1 de mayo, el mismo senador Navarro informó que en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado tratará como central la situación respecto al derecho a la información y la libertad de prensa en el país. A las 15.30 de la tarde se sesionará y participarán el ministro de Defensa, Baldo Prokurica; Mónica González, periodista y Premio Nacional de Periodismo; y los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, quienes fueron espiados vía telefónica por el Ejército.