Por Diego Carmona y Enzo Fiorentino

“Chile despertó”, decía la consigna que resonaba por las calles, se incluía en canciones y se rayaba en las paredes de Santiago y las principales ciudades del país a partir del 18-O. Miles; cientos de miles; millones de personas salían a las calles, gritaban, golpeaban cacerolas, enarbolaban banderas, marchaban y/o se manifestaban como podían por las causas que los movilizaban. La mayoría de forma pacífica, muchos otros con violencia y destrucción. Por sus frustraciones y sus necesidades insatisfechas, por las injusticias del sistema, las inequidades, las brechas de género y socioeconómicas, por el medioambiente, por la salud, por la educación, por el costo de la vida, por las carencias, por lo insuficiente, por derechos no garantizados y más. Por las fallas estructurales de un modelo que se venían arrastrando desde hacía tres décadas o incluso más tiempo, y que se habían acumulado y agrupado hasta explotar todas juntas y al mismo momento, como una olla de presión.

Lo espontáneo, inorgánico y transversal que fue el estallido también implicó que fuera, sobre todo al comienzo, un cúmulo de demandas sin forma ni dirección, sin unidad ni organización, y sin interlocutores ni líderes identificados ni validados con quienes sentarse a conversar y trabajar vías para darles respuesta y buscar soluciones desde la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019 ya se había alcanzado un acuerdo político para dar curso a un proceso constituyente y cambiar la Constitución vigente desde 1980, nacida en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero eso no calmó las aguas y las protestas y enfrentamientos seguían allá afuera. ¿Cómo se podía abordar políticamente y de forma efectiva algo tan amplio y desordenado si no se podía siquiera saber cuáles eran concretamente esas demandas?

Precisamente para dar respuesta a esa pregunta y tener algo sólido para establecer puntos de partida, fue que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida en ese entonces por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre de ese año una consulta ciudadana amplia para identificar, medir y encausar las diversas inquietudes que motivaban la revuelta social. Si bien no sería un instrumento vinculante, según decía Codina por esos días, pretendía ser un mecanismo para levantar información directamente desde las personas y así hacer que “La Moneda y el Congreso escuchen al pueblo”.

Participaron unos 225 municipios (el 65% de los que hay en el país) que implementaron el instrumento con libertad para adaptarlo a las características que más se adecúen a sus realidades. Había preguntas comunes y otras específicas para cada municipio, y podían participar personas desde los 14 años en adelante. Hubo durante esos días voto electrónico remoto y presencial, y en total fueron más de un millón de personas las que emitieron sus preferencias, entre adolescentes y adultos.

Los resultados mostraron una aplastante tendencia de la ciudadanía a favor de una nueva Constitución, con un 91% de los votos a favor. Como ya se sabía que habría un plebiscito de entrada que definiría si iba o no el proceso constituyente y cómo se haría, también se sondeó aquello: el 71% optó por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto; versus un 28% que prefería una Convención Mixta constitucional constituida en partes iguales por ciudadanos electos, y parlamentarios en ejercicio. El mensaje era claro: Chile necesitaba una nueva Carta Magna y que la hicieran las personas, no los políticos.

También se identificaron las principales prioridades de chilenos y chilenas para encausar el trabajo a realizar, ya sea por la vía constitucional, la política o la administrativa. Un 23,9% priorizó mejorar las pensiones para dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, seguido de un 24% que enfocó sus preferencias en mejorar el sistema de salud pública y su financiamiento. Un 16% se inclinó por un mayor acceso y calidad en la educación pública, mientras que otras preocupaciones importantes incluyeron la reducción de la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, y el acceso a viviendas de calidad, entre otros temas.

A cinco años del estallido, la esperanza de cambios profundos que había tras las masivas movilizaciones se ha diluido, y la percepción ciudadana de haber logrado con todo eso pareciera estar en su nivel más bajo, con la sensación de que hoy Chile está igual o incluso peor que el día antes del 18-O. Una encuesta de Cadem realizada en diciembre de 2019, señalaba que un 74% de los encuestados creía que Chile sería un mejor país después del estallido. Hoy, el 63% cree que ocurrió todo lo contrario y que el país está peor. ¿En qué quedó todo eso que la consulta de la AChM puso sobre la mesa? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no en las principales demandas ciudadanas que motivaron la revuelta?

Puroperiodismo revisó algunas de esas áreas para intentar responder esas preguntas, y lo que sigue es lo que encontramos.

Nueva Constitución: el cambio que no fue ni a la primera, ni a la segunda

«Un triunfo de la ciudadanía y la democracia», declaró el entonces presidente Sebastián Piñera tras el abrumador 78% de apoyo al «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con niveles de participación históricos, Chile elegía dar curso a un proceso constituyente a cargo de un órgano constituido exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas electas para redactar una nueva carta fundamental.

Parecía que la demanda de construir un nuevo pacto político nacido en democracia entraba en tierra derecha para concretarse. No era la primera vez que se intentaba redactar una nueva constitución. Al terminar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional, surgido de un proceso ciudadano amplio, en el que participaron de forma voluntaria y autogestionada más de 200 mil personas en encuentros y cabildos vecinales, provinciales y regionales, además de una consulta dirigida a los pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto entró al Congreso en las postrimerías de su período y luego, tras la llegada de Sebastián Piñera al poder por segunda vez, la decisión de La Moneda fue desestimarlo e impedir que avanzara.

Casi dos años después del estallido, el 4 de julio de 2021, se llevó a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, desarrollada por los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo de ese mismo año. Se configuró una mesa de trabajo con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y con un 64% de constituyentes independientes.

El proceso, eso sí, desde ese primer día, cuando el coro juvenil no pudo cantar el himno porque un grupo de convencionales protestaba, se empezó a desvirtuar de forma acelerada. Le siguió la salida anticipada y obligada de Rodrigo Rojas Vade cuando se supo que jamás tuvo cáncer, convencionales que llegaban disfrazados a las sesiones, otros que votaban desde la ducha, las supuestas versiones de fiestas y desbandes en sus salidas fuera de Santiago, las disputas internas por los grupos mayoritarios que, en vez de intentar consensos, buscaban pasar la aplanadora sobre sus contendores políticos que eran minoría; todo eso afectó la credibilidad y confianza de la ciudadanía en cómo se estaba trabajando en la Convención.

Portada de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Y a todo eso, se sumaba una cobertura mediática que se enfocaba más en las polémicas que en los avances y la fuerte campaña de desinformación que circuló durante todo el proceso por diversas plataformas y redes sociales y que desvió la atención de los temas de fondo. El trabajo culminó en una primera propuesta de nueva Constitución que no convenció a los votantes y que el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida que fue el proceso electoral más multitudinario de la historia democrática de Chile, se fue directo al tacho de basura con un aplastante 62% que eligió rechazar ese texto y volver a fojas cero.

Primer strike.

La contundente derrota del ‘Apruebo’ frente al ‘Rechazo’ fue un duro golpe para el movimiento “octubrista”. La sociedad, con el estallido y una pandemia a cuestas, ya estaba cansada y había comenzado a dar la espalda a las manifestaciones. “Algo que entendió la gente con el estallido, independiente de si se está a favor de la protesta o incluso del uso de la violencia en ciertas circunstancias, es que algunos actos no pueden ser justificados. Un ejemplo claro es la quema del metro”, dice Javiera Arce, politóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica.

Después vino un segundo intento, con el Consejo Constitucional de 2023. Aquí el trabajo partió con la base consensuada de una comisión de expertos, y se esperaba que el aprendizaje de lo ocurrido con la Convención allanara el camino para los acuerdos. Pero no sucedió. Esta vez, el proceso estuvo marcado por el desinterés de la ciudadanía, producto del agote por la intensidad que tuvo la experiencia anterior. La composición fue ahora mayoritariamente de derecha –con fuerte presencia de la ultraderecha–, que, al igual que hizo la izquierda en la Convención, renunció a buscar acuerdos y consensos para tratar de imponer su mayoría circunstancial. Su propuesta de nueva Constitución también fracasó en las urnas, con un 56% de electores que estuvieron en contra de darle curso.

Segundo strike.

Después de este segundo intento fallido, el presidente Gabriel Boric cerró la puerta para ir por una tercera vía constituyente, por lo que no se logró cambiar la Constitución de 1980, que sigue vigente en la actualidad.

Entonces, ¿todo lo relativo al debate constitucional quedó igual que antes del 18-O? En rigor, no, pues sí hubo un cambio importante antes de ese último plebiscito, y se dio en el Congreso: suprimir los quórums supramayoritarios mediante dos nuevas leyes.

La primera surgió del proyecto de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quórums necesarios para reformar la Constitución de 3/5 a 4/7, lo que disminuye la cantidad de votos requeridos para hacer cambios en la carta fundamental (ver ley). Si bien, este proyecto fue presentado con el fin de garantizar la victoria del Rechazo, significó un importante avance para futuras reformas constitucionales, las que antes eran casi imposibles debido al alto quórum.

Luego, a comienzos de 2023, se aprobó otra ley que redujo los quórums requeridos para modificar, esta vez, las leyes orgánicas constitucionales, eliminando el requisito de 4/7 y estableciendo el mínimo a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, igual que para las leyes de quórum calificado. Con ello, se baja la barrera fijada desde la dictadura que imposibilitaba cambios estructurales, aunque para que todo eso sirva de algo deben existir acuerdos que, con la composición actual del Congreso y la dispersión del sistema político, son difíciles de lograr.

Pensiones: La costumbre de discutir una reforma que no avanza, pero ahora está la PGU

En la lista de demandas prioritarias para la ciudadanía que surgieron con la consulta de la AChM en 2019, la que más selecciones tuvo fue “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”, es decir, el tema previsional.

Durante los primeros años post estallido hubo poco cambio en esta materia, salvo por un pequeño gran avance: la Pensión Garantizada Universal (PGU), presentada como proyecto de ley en diciembre de 2021 por el expresidente Piñera, cuando su segundo mandato ya se acercaba a su fin. Se tramitó de forma exprés y fue una de las últimas leyes importantes que alcanzó a promulgar.

Antes de la PGU, más del 50% de los jubilados en Chile recibía menos de $150 mil mensuales. El proyecto del exmandatario garantizaba una pensión mínima de $185 mil al mes, beneficiando al 90% más vulnerable de los pensionados. Posteriormente, en agosto de 2022, el presidente Boric presentó su Proyecto de Reforma de Pensiones, que busca incrementar la cobertura y el monto de la PGU a $250 mil. Además, incluía la creación de un Seguro Social, que contemplaba una cotización adicional gradual del 6%, destinada a un fondo común para mejorar las pensiones actuales, la cual sería cubierta por el empleador y no por el cotizante. Este enfoque busca establecer un sistema mixto que combine ahorro individual con un pilar solidario, garantizando así pensiones más dignas y sostenibles.

Adultos mayores manifestando en protestas posteriores al 18-O.

Es importante recordar que una de las principales promesas de campaña de Boric fue eliminar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existe desde 1981 y reemplazarlo por un modelo mixto que incluya administradoras públicas y privadas. La propuesta actual consiste en reemplazar las AFP y establecer un sistema Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), junto con otro sistema de Inversores de Pensiones Privados (IPP).

A pesar de los avances en el debate legislativo, que incluyen la firma de un protocolo de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la tramitación del proyecto y que el proyecto salga del Senado a comienzos de 2025, persisten desafíos significativos. La discusión se ha centrado en cómo implementar efectivamente el nuevo sistema y resolver dudas sobre aspectos como la heredabilidad de los fondos, el rol de las AFP y el destino de ese 6% extra. Recientemente, se han logrado consensos importantes gracias al trabajo de una Comisión Técnica que ha permitido acotar discrepancias, pero aún quedan incógnitas por resolver.

En ese sentido, los cambios concretos aún son insuficientes y la urgencia por reformar un sistema, que ha sido criticado por su ineficacia para garantizar pensiones adecuadas a la población, sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.

Educación: Nueva prueba para acceder a la educación superior y un proyecto para poner fin al CAE

Uno de los primeros cambios en el ámbito de la educación después del 18-O fue la eliminación definitiva de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU), criticada por ser una prueba altamente segregadora que favorecía a ciertos grupos debido a las brechas económicas existentes en el país. En 2020, se presentó la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT), que comenzó a funcionar en 2022 y, ese mismo año, se transformó en la PAES. Ambas pruebas tenían como objetivo «generar un sistema más equitativo y ofrecer mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria», según decía el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Una de las principales novedades fue la posibilidad de rendirla dos veces en un año.

Sin embargo, el tema más relevante en materia de educación ha sido el anuncio del proyecto que viene a cumplir una de las principales promesas de campaña del actual presidente, y quizás una de las que más ruido ha generado en el último tiempo: el fin al Crédito con Aval del Estado, el CAE.

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El proyecto fue anunciado el pasado lunes 7 de octubre e ingresado dos días después al Congreso, y propone eliminar el CAE como vía para solventar los estudios superiores para reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Uno de los aspectos más importantes de este nuevo mecanismo, y a diferencia del CAE, es que no es un crédito y los bancos no serán parte de la ecuación; será el Estado el que entregue los recursos directamente a las instituciones. En cuanto a la retribución, si la persona percibe menos del salario mínimo, no retribuirá ni se extenderá su deuda y si su ingreso es superior, no retribuirá más de un 8% mensual.

El proyecto contempla un sistema de reorganización y condonación de la deuda, que no será universal, y que se divide en tres: inicial, adicional por pago anticipado y progresiva mensual (más detalles del proyecto, aquí).

No ha habido grandes cambios en los otros niveles educativos.

Salud: Fin al copago en Fonasa y la universalidad de la atención primaria

A partir del 1 de septiembre de 2022, más de cinco millones de personas dejaron de pagar copagos en el sistema público de salud de Chile, gracias a una medida impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Los derechos no tienen que ser un negocio”, señaló el mandatario al anunciar la iniciativa que elimina los cobros adicionales por servicios, tratamientos y medicamentos para los afiliados a Fonasa.

Durante años, el copago ha sido una fuerte carga para miles de familias que, aunque accedían a servicios de salud pública, debían cubrir un porcentaje de los costos. Esta política había sido duramente criticada por sectores que denunciaban la exclusión de personas que, aun con Fonasa, no podían permitirse ciertos tratamientos médicos debido a los pagos adicionales.

Médicos manifestándose por mejoras en el área de la salud durante el estallido social.

Con la eliminación de estos cobros, se busca garantizar un acceso más equitativo y universal a la salud. La medida no solo responde a una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema público frente al aumento en la demanda que podría generar.

También se cuenta entre los avances la implementación del programa APSUniversal, que busca la universalización de la atención primaria de salud, ampliando su cobertura a personas afiliadas a Isapres o funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Este programa ha logrado expandir su cobertura de 7 a 21 comunas en todo el país, beneficiando a más de 49.000 personas con acceso equitativo a servicios de salud. Además, se ha priorizado la atención en salud mental, con más de 5,4 millones de atenciones registradas hasta marzo de 2024, incluyendo un apoyo significativo a través de la línea de prevención del suicidio.

Sin embargo, hoy, a cinco años del estallido, el sistema público de salud aún enfrenta varios de sus problemas estructurales, como largas listas de espera y críticas sobre la calidad y accesibilidad de las prestaciones.

De la ilusión a la decepción

Desde aquella agitada época de octubre, que rompió los paradigmas de la sociedad y la política chilena, muchas son las interrogantes que se han planteado al respecto para entender estas incongruencias de la población. ¿Cómo fue posible que una moción que contaba con 91,1% de apoyo terminara con un doble fracaso constitucional? ¿Que la esperanza de cambios en apenas cinco años se diluyera hasta casi haber olvidado lo sucedido con una narrativa que hoy pone la violencia y los destrozos ocurridos –que sí, existieron– como un manto que cubre la ilusión de una ciudadanía que salió en masa a manifestarse para mejorar su calidad de vida?

“Pasa que en lugar de priorizar el contenido y el fondo de las propuestas, muchas veces se dio más importancia a la performatividad y a gestos simbólicos. Esto alejó a las personas, ya que la falta de claridad y seriedad en algunos momentos generó desconfianza”, señala Javiera Arce.

Sin embargo, también hay que considerar que hubo una fuerte campaña del terror a través de desinformación en torno a la lucha política. “La fuerte campaña en contra, especialmente desde sectores de la derecha, aprovechó estas debilidades. A través de noticias falsas o tergiversaciones, se difundieron ideas alarmantes, como que se iban a expropiar propiedades para privilegiar ciertos grupos, como los mapuches”, cerró.

A dos años del plebiscito de 2022, solo un 19% de la población considera que se debería realizar un nuevo proceso constituyente. Existe una clara sensación de arrepentimiento social respecto al octubrismo. Como se mencionó antes, si un 74% de la población creía que Chile sería un mejor país después del Estallido, hoy un 63% cree que quedó peor.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 los casos de víctimas de trauma ocular que se registraron en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el período que duró el estallido social; todas lesiones ocasionadas por agentes del Estado. Desde entonces, han existido dos programas públicos de reparación y rehabilitación: uno implementado por el gobierno de Sebastián Piñera (PIRO), el otro bajo la administración de Gabriel Boric (PACTO), con dispares resultados y coberturas. Hoy a 5 años de la revuelta, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, relata cómo ha sido la respuesta por parte del aparato estatal para estas todas esas personas que sufrieron la mutilación de sus ojos producto de la negligencia y brutalidad policial.

El 8 de noviembre de 2019, como cada viernes por esos días, fue una jornada de protesta. Según lo informado entonces por la Intendencia Metropolitana, fueron 75.000 las personas que se congregaron ese día en las movilizaciones del centro, y allí, en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, el estudiante de psicología Gustavo Gatica tomaba imágenes con su cámara. La fotografía, dicen quienes lo conocen, era una de sus aficiones. Cerca de las 18:00 horas, cuando ya el enfrentamiento con las fuerzas públicas se había desatado, recibió los disparos policiales.

Dos perdigones de goma, uno en cada ojo. “Traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, decía el primer parte médico de su caso, que terminó siendo uno de los más emblemáticos relacionados a la brutal represión que caracterizó las movilizaciones del estallido social.

Cuando ocurrió, lo de los ojos heridos por acción de Carabineros y sus agentes que, en vez de disparar al cuerpo –como indicaban los protocolos– apuntaban directa e indiscriminadamente a la cara de los manifestantes, era algo ya casi cotidiano, y la historia de Gatica se sumaba al triste listado que culminaría con un saldo de más de 460 víctimas con traumas oculares. Ellos son parte del costo humano que dejó la revuelta ciudadana que partió el 18-O.

Se abrieron dos caminos: uno para buscar justicia, el otro para la reparación. En el primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de 1.500 querellas para perseguir penalmente a quienes violaron los derechos humanos durante las protestas, incluyendo en ese lote a quienes dispararon los balines y lacrimógenas que hirieron e incluso dejaron con pérdida total o parcial de la vista a esas personas de forma permanente.

En cuanto a la reparación, a pesar de que los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han implementado programas para reparar y rehabilitar a las víctimas –con distintos enfoques—, el camino hacia la sanación ha sido complejo. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), lanzado a fines de 2019, se centró en ofrecer atención médica y psicológica a los afectados, aunque ha sido fuertemente criticado por su cobertura insuficiente. Por su parte, el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) se introdujo posteriormente con un enfoque más amplio, que incluye apoyo psicosocial y laboral.

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten críticas sobre la efectividad y el alcance real de estas iniciativas, y en esa lucha ha estado durante los últimos cinco años la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares (CVTO), agrupación en la que participan tanto víctimas directas como sus familiares para exigir verdad, justicia y reparación de forma organizada y colectiva al Estado de Chile.

En esta entrevista con Puroperiodismo, Marta Valdés, vocera de la CVTO, se refiere a los avances que han vivido en estos años, a las deudas que aún persisten y al peligro del cambio de narrativas para criminalizar la protesta, anulando con ello el recuerdo y la lucha de estas personas que no sólo sufrieron una herida física, sino que se convirtieron en un recordatorio constante del costo humano que tuvo el fenómeno social que vino con el 18-O.

“Estos cinco años han sido difíciles. Los medios de comunicación tradicionales han insistido en decir que quienes se movilizaron el 18 de octubre eran todos delincuentes, han criminalizado el movimiento. Por lo tanto, eso revictimiza a nuestros compañeros y compañeras, cuando se instala que todos y todas son delincuentes. Nos parece lamentable la criminalización que ha hecho la derecha al movimiento social”, dice.

La justicia, la reparación y la lucha contra el olvido

–A 5 años del estallido social, ¿cuál es su balance respecto a la reparación y rehabilitación por parte del Estado a las víctimas de traumas oculares?

En el tema del proceso de reparación, bueno, hoy día el programa PACTO es algo que debemos reconocer, ya que hemos sido más escuchados. Ha mejorado la calidad de profesionales, de la atención y tenemos mayor cobertura, tanto psicólogos como psiquiatras, lo que carecía en el programa PIRO que creó el exministro de Salud, Jaime Mañalich en el gobierno de Piñera. Esto fue una forma de blanquear su imagen y decir que se estaban haciendo cargo de los daños que provocaron, cuando era un programa precario que no cumplía con las necesidades de nuestros compañeros. De hecho, producto del abandono psicológico es que también tuvimos suicidios de nuestros compañeros y eso se produjo por el abandono que hubo.

–¿Han tenido más avances, entonces, con este gobierno?

En el tema de reparación, sí hemos podido avanzar con este gobierno, aunque obviamente queda más por hacer, pero sí se ha contado, por lo menos, con esa ayuda. Con ese reconocimiento a hacerse cargo el Estado de los daños que provocaron.

–Son muy pocos los casos judiciales que han llegado a una condena o incluso a una individualización de los responsables, quedando la mayoría archivada. ¿Qué opina respecto a la impunidad de los carabineros involucrados?

El tema de la impunidad es algo que nos complica mucho y afecta a los compañeros psicológicamente, porque es un tema que daña y que los mantiene con mucha rabia e indignación, como también a sus familiares. Creemos que con eso no hemos logrado avanzar lo necesario. Este gobierno nos pareció que protegía al ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez cuando se pidió que fuera formalizado, hace mucho rato debería haber sido formalizado y debería haber justicia. Nosotros pedimos prisión preventiva para los carabineros que provocaron tanta brutalidad contra quienes nos manifestamos de forma pacífica desde el 18 de octubre. No es posible que solo se les dé arraigo nacional y una firma cada 15 días. No es suficiente para el peligro que ellos representan para la sociedad, debiera haber sido cárcel preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación, pero, lamentablemente, aquí la justicia opera de forma desigual y eso es muy molesto, de verdad que nos indigna mucho.

–Diversas encuestas dan cuenta de que hoy la ciudadanía percibe de forma muy distinta lo que fue el estallido social, con una valoración negativa de algo que hace cinco años tuvo un apoyo multitudinario y transversal. ¿Qué opina al respecto?

Hemos percibido que el pueblo ha tendido a “comprar” un poco el discurso que se ha instalado desde los medios de comunicación tradicionales y de la derecha en que en las protestas que se dieron desde el 18 de octubre, todos quienes estaban en la calle eran delincuentes. Pero, afortunadamente, no todos y todas lo han creído. Hay varias convocatorias para marchas y actividades en conmemoración a lo ocurrido con el 18-O, y eso habla de que hay un sector del pueblo que está absolutamente negado a creer lo que se ha dicho en los medios, lo que han querido instalar en la opinión pública.

–¿Cuál cree que es el impacto que estos discursos han tenido en la construcción de memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido?

Creemos que hoy todavía existe memoria y hay que seguir trabajando, porque la derecha apuesta a terminarla.  Les conviene a quienes han violentado históricamente al pueblo y al Estado. Así que creemos que hay que seguir dando la lucha, hay que seguir de pie, hay que seguir avanzando en memoria para asegurarle a las futuras generaciones que no se repita la violación de los derechos humanos desde el Estado o de quien sea, a quienes se manifiestan pacíficamente. Cuando hablamos de vivir en democracia, es poder salir a las calles y manifestarse de forma pacífica, y no terminar mutilado, siendo preso político, suicidado en las comisarías o siendo torturado por carabineros. Así que creemos que todavía hay memoria en parte del pueblo y hay que seguir trabajando para no ser olvidados, porque lo peor que puede pasarle a las víctimas y a quienes entregaron su vida el 18 de octubre en la revuelta popular es ser olvidados.

A esta altura, ya es sabido cómo todo se desató: las manifestaciones las iniciaron estudiantes secundarios en Santiago saltando en masa torniquetes, descontentos por el aumento de $30 en la tarifa del transporte público. Era octubre de 2019, los días previos al viernes 18.

También ya se sabe que no fue ese hecho en particular lo que hizo estallar el amplio descontento, sino que era tan solo la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde hace mucho, con demasiadas demandas ciudadanas insatisfechas por años, décadas incluso. Millones de personas terminarían uniéndose en una movilización espontánea, transversal y nacional que, entre el caos, la violencia y las incertidumbres, estaba caracterizada por la esperanza de cambios estructurales que mejoraran la vida de las personas.

Si bien ese movimiento remeció a todo el país y al sistema político por completo, y puso a Chile bajo el foco y las miradas de todo el mundo, el fenómeno no era algo exclusivamente local. Ya antes había ocurrido en Ecuador, frente un paquete de medidas económicas impulsadas por el gobierno del entonces presidente, Lenin Moreno, que se encontraron con un fuerte rechazo ciudadano y de las más poderosas organizaciones de la sociedad civil. Después, en 2021, pasaría algo similar Colombia.

Hubo también otras movilizaciones importantes, como la llamada “Revolución de las Pititas”, en Bolivia, tras las acusaciones de fraude electoral por parte del entonces presidente Evo Morales, quien competía por un nuevo período en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, lo que terminó con su renuncia y posterior exilio. También ocurrió en Perú (2022), tras el intento de autogolpe del mandatario Pedro Castillo –quien terminaría destituido y detenido–, y allá se extendió por meses, debido a la profunda crisis institucional del sistema político peruano en su conjunto.

Esas últimas dos, si bien remecieron a sus respectivos países y coinciden con las demás experiencias en las movilizaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas públicas de orden y seguridad y la heridas y muertes de cientos de ciudadanos y ciudadanas en medio de las protestas, se diferencian de las otras en que apuntaban a hechos específicos de la política local, mientras que las de Chile, Ecuador y Colombia tienen en común algo más que la violencia: surgieron de las profundas grietas producidas por injusticias enquistadas en sus estructuras sociales.

¿Qué similitudes y diferencias tuvieron esos procesos con lo que ocurrió en Chile? ¿De qué manera el descontento ciudadano frente a sistemas que no responden de forma satisfactoria a sus inquietudes han marcado la política latinoamericana de los últimos años? Puroperiodismo revisó esos procesos y conversó con especialistas que arrojan luces sobre estas preguntas.

Ecuador, 2019: la convulsión social que antecedió al estallido chileno

Sólo unos días antes de que todo empezara a ocurrir en Santiago, el 1 de octubre de 2019, el entonces mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, dio a conocer en cadena nacional una serie de seis medidas económicas y laborales, además de 13 propuestas legislativas que buscaban impulsar la alicaída economía de su país. Lo que logró fue todo lo contrario.

Entre los principales puntos incluidos en el paquete estaban la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra, eliminando con ello un subsidio a los combustibles que, se esperaba, implicaría un ahorro público por alrededor de US$ 1.300 millones, aunque se traducía en un aumento importante en el gasto de los hogares. Proponía también un impuesto especial a empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones anuales, con el objetivo de recaudar más de 30 veces ese monto con el fin de destinarlos a seguridad, educación y salud. Se anunciaron reducciones arancelarias para maquinaria y tecnología, así como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. En el ámbito laboral, se introdujeron nuevas modalidades de contratación que afectarían a futuros empleados y se redujeron las vacaciones para funcionarios públicos de 30 a 15 días.

Eso es tan solo una muestra de lo que proponía la administración de Moreno, quien entonces enfatizó en que todo el paquete eran decisiones necesarias y “postergadas durante décadas”, que buscaban un equilibrio entre la austeridad fiscal y el apoyo social. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, anunció que 300.000 familias recibirían un bono adicional mensual de US$ 15.

Imágenes de protestas en Ecuador durante 2019 (FOTO: Diariojuridico.com)

La respuesta fue el rechazo rotundo de las principales organizaciones de la sociedad civil, además de gremios, sindicatos y algunos partidos políticos. Vinieron, entonces, marchas multitudinarias, paros generales, enfrentamientos, violencia, destrucción, como la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, entre otros. Las movilizaciones duraron hasta el 13 de octubre, y en esos 12 días hubo casi 1.200 personas detenidos, 1.340 heridas y ocho asesinadas.

A diferencia de lo ocurrido en Chile, en Ecuador se logró un acuerdo entre el gobierno y los gremios involucrados en las protestas en un plazo acotado, lo que terminó con la anulación de algunas de las medidas más polémicas y, con ello, el fin de las protestas.

Para el historiador Juan Pablo Vásquez, doctor en Estudios Americanos y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, “el caso ecuatoriano es muy especial, porque es un país que vive cada cierto tiempo convulsiones de ese tipo. Si se revisan los últimos 30 años de su historia, no te vas a encontrar con un solo evento de estos, sino que varios. Ahora, igual hay procesos y contextos en común con el caso chileno”.

Vásquez se refiere a lo que pasó en Colombia dos años después.

Colombia, 2021: la otra estructura neoliberal que se tambaleó

El experto explica que entre todos los otros movimientos ocurridos en América Latina durante los últimos años, quizás el que más se asemeja a lo ocurrido en Chile fue el estallido social de Colombia en abril de 2021.

Fue en plena pandemia por Covid-19, y se inició por el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, la cual, para muchos, iba en desmedro de la clase media, ya que aumentaba los impuestos para este sector. Las manifestaciones, que en un comienzo se enfocaron en la eliminación de esa reforma, rápidamente se expandieron para abordar una variedad de problemas sociales y económicos mucho más profundo y estructurales, incluyendo la desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos exacerbados por la crisis sanitaria.

“El caso colombiano tiene más elementos en común con el caso chileno. Ambos tienen la característica de ser países donde el modelo económico neoliberal es muy profundo, con las políticas neoliberales más profundizadas, tanto en la institucionalidad como en la cotidianidad en el sentido común de las personas”, dice Vásquez.

Paro nacional en Colombia , 2021 (FOTO: Flickr de Oxi.Ap)

Aunque el gobierno de Duque retiró en cuatro días la reforma tributaria, las protestas se prolongaron hasta diciembre de 2021, y en ellas se registraron constantemente enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con más de 70 muertes y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que, al igual que en Chile, fueron acreditados y documentados por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra similitud fue el impacto que tuvo el movimiento ciudadano para el alzamiento de figuras políticas que proponían importantes cambios estructurales. En Chile fue Gabriel Boric; en Colombia, el actual presidente Gustavo Petro.

“Ambos casos también se asemejan en que, después de la revuelta, surgen en las elecciones presidenciales personas que figuran con proyectos políticos innovadores y cercanos al clamor popular y, una vez en el gobierno, tanto Petro como Boric establecen políticas más moderadas que las que planteaban, porque se encuentran con una serie de obstáculos para poder cumplir sus objetivos”, acota Vásquez.

El 18/O en el contexto internacional

Para entender cómo surgió el estallido social en Chile hay que comprender que había desde antes un gran descontento con la clase política y los pilares del sistema político-económico imperante desde la dictadura. Así lo plantea el sociólogo e investigador de la Universidad Católica de Temuco, Jorge Baeza: “Chile venia experimentando una situación que se estaba dando en diferentes partes del mundo, que consiste en una creciente situación de malestar fruto de la desigualdad que está instalada en muchos países. Un antecedente claro es la Revolución Pingüina de 2006 y las protestas universitarias del 2011; incluso se puede comparar con el movimiento de los indignados en España que protestaban en la conocida Puerta del Sol de Madrid”.

Todo esto, según Baeza se empezó a extender en diferentes rubros y sectores de la sociedad, como la salud, el trabajo, la vivienda y la educacion, entre muchos otros.

El factor común en todos esos casos, y en muchos otros más, es la percepción y frustración de mucha gente que siente que el Estado les ha fallado y no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas. Pero, ¿esto implica que el sistema político de esos haya colapsado o está en crisis? Baeza responde que “no tengo la posibilidad de decir con completa certeza de que hay un colapso. Primero, porque el sistema político en Latinoamérica tiene una muy fuerte capacidad de defenderse, y el núcleo del centro no ha logrado ser alterado porque existe una capa fuerte que ha permitido resistir y lograr sobrellevar esta clase de movimientos sociales. Lo que sí es notorio e incluso se aprecia viendo encuestas de los últimos días, es que aparece algo preocupante como el planteamiento de una parte de la población que cree que, ante ciertas circunstancias, es mejor un gobierno autoritario que un gobierno democrático, argumentando que esto trae más tranquilidad o que le da lo mismo el tipo de gobierno que tenga porque solo le importa mantener su trabajo”.

Comienzan a aparecer los primeros rastros del atardecer. El sol comienza a bajar, el ambiente se ve naranjo, el cielo está despejado. De fondo, se escucha el sonido característico que formó parte del estallido social: “tac, tac, tac”; el cacerolazo, esta vez, sonando en paraderos, en las cortinas de metal de los locales comerciales ya cerrados, en las señales de tránsito.

–¡Ayuda! ¡Ayuda!– se escucha desde la Alameda, un joven grita con sus ojos cerrados, intentando tocarse la cara.

–¡Compa! ¡Acá!

Son las cinco de la tarde y se ve un carro lanza aguas, “el guanaco”, acompañado de un lanzagases, “un zorrillo”, cruzando velozmente y apuntando hacia los manifestantes que se encontraban en ese momento en la arteria principal de Santiago. Todos corren. Unos hacia las alturas del Cerro Huelén, otros por pequeñas calles de los alrededores, aunque igual hay grupos que aguantan en la calzada central. El joven que pedía ayuda había sido alcanzado por los gases lacrimógenos, mientras un grupo de mujeres le indica una pequeña calle aledaña para poder asistirlo y limpiarle el rostro.

–Gracias compas, me salvaron la vida –les dijo.

Menor de edad es atendido por brigadistas de salud en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, luego de ser alcanzado por el carro lanzaaguas. (FOTO: Isidora Varela L.)

Para esta tercera conmemoración del estallido social, el Gobierno desplegó cerca de 5 mil funcionarios de Carabineros por Santiago y un total 25 mil policías a nivel nacional para el control del orden público, según constató La Tercera. Este plan de contingencia contempló la utilización de drones y cámaras corporales, además de coberturas especiales para zonas específicas de conflicto, como Plaza Baquedano.

“Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos”, mencionó el Presidente Gabriel Boric en su discurso por la conmemoración del 18-O.

Pasadas las seis de la tarde, las cercanías de Plaza Baquedano –popularmente rebautizada como Plaza Dignidad–, el epicentro del estallido, se encuentra llena de manifestantes. Mientras unos intentan llegar hasta la cima de la plaza, otros se manifiestan a lo largo de la calzada de la Alameda.

Se genera un punto de conflicto entre Carabineros y manifestantes en calle Namur, al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral. Entre una nube de gas lacrimógeno, se asoma un carro de Carabineros y efectivos a pie. Del otro, manifestantes encapuchados.

Rápidamente, los manifestantes se dispersan. Un efectivo policial había lanzado una bomba lacrimógena a sus pies, llegando a la esquina de calle Namur con Alameda. “¡Pateen esa weá!”, se escucha. “¡Láncenla de vuelta!”, gritan de nuevo, mientras algunos caen al suelo por el efecto de los gases.

Minutos después, un grupo de personas se encuentra agolpada en un kiosco ubicado en calle Ramón Corvalán con la Alameda, la mítica esquina del conflicto entre “la primera línea” y Carabineros durante 2019. Se escucha como cae el agua del carro lanza aguas en el techo del pequeño inmueble, mientras su dueña se coloca una máscara de gas.

Todo se va a negro.

La lluvia ácida que dispara el carro lanza aguas resuena entre el techo y el escudo de un brigadista de salud que se encuentra entre las personas, y se comienza a escuchar al grupo tosiendo. “Es el agua del guanaco”, se escucha. Comienza a escucharse también la voz de algunos carabineros lejanamente. El grupo se dispersa, mientras el brigadista moja las caras de quienes se encontraban en el lugar con una mezcla de leche de magnesia y suero, para frenar el efecto de los gases lacrimógenos en la piel.

–Avance –ordena un efectivo de control de orden público, con casco y escudo, a quien no se le ve el rostro detrás de su uniforme y equipamiento.

–Estamos avanzando… –le responden los manifestantes, mientras son dirigidos hacia el interior de la calle Ramón Corvalán.

–¡Avance! ¡Avance!

–¡No veí que estamos tratando de avanzar! ¡No se puede! –gritan.

–¡Te estoy grabando! –grita de vuelta el Carabinero, mientras apunta la cámara corporal que se lleva en su pecho.

Al mismo tiempo que el grupo de manifestantes dobla por Ramón Corvalán, también doblan dos carros policiales. De estos, se bajan dos grupos de aproximadamente 10 efectivos, quienes quedan mirando directamente a los manifestantes. Algunos caminan hacia el Parque San Borja, otros vuelven a la Alameda. La tensión queda ahí, en el aire, al igual que el resto del gas lacrimógeno, que aún se siente.

(1) Carabineros apostados en locales comerciales fuera del hotel Crowne Plaza.
(2) Carabineros dirigiendo a manifestantes hacia la calle Ramón Corvalán, luego del uso del carro lanzaaguas y gases lacrimógenos.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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A raíz de la tercera conmemoración del estallido social,   en el que mencionan que “ningún alto mando responsable de la estrategia desplegada para callar las protestas a toda costa ha sido imputado y tan solo se conocen 16 condenas en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo”.

“Este 18 de octubre nos recuerda la fuerza transformadora de las protestas multitudinarias que desencadenaron un proceso constituyente aún en curso. Sin embargo nos enfrenta también a la lamentable situación de impunidad generalizada. Los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales,” mencionó Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile  a través del mismo comunicado.

Durante 2020, la misma ONG publicó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, el cual se centró en analizar las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 por funcionarios de Carabineros, durante el contexto de las protestas sociales.

Tal como se expone en el documento, la investigación se centra únicamente en el actuar de Carabineros de Chile debido a que “las violaciones de derechos humanos que los oficiales de esta institución llevaron a cabo, habrían sido de carácter generalizado, y al tratarse de la institución encargada del resguardo del orden público de manera permanente, requiere de un análisis más profundo y un abordaje estructural”.

Así, Amnistía Internacional sugiere que durante el tiempo que duró la investigación, funcionarios de Carabineros “no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo”.

El informe da cuenta de que más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas (de acuerdo con datos del Ministerio de Salud) y que al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por impacto de balines (de acuerdo con el INDH).

Además, según datos de la Fiscalía Nacional expuestos en el informe, se contabilizaron 5.558 víctimas de violencia institucional, siendo 4.170 de estas denuncias en contra del personal de Carabineros. Y también, que la institución registró 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos).

Amnistía Internacional también expone que, a pesar de los daños a la propiedad, la alta cantidad de manifestantes lesionados y uniformados de Carabineros que acabaron heridos, “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores”.

Es decir, que tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, existió una responsabilidad de los mandos estratégicos de Carabineros (que corresponden al general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad), ya que se expone que estos cargos de la institución policial podrían haber tomado diversas acciones para frenar las violaciones a los derechos humanos durante el primer mes de protestas, pero no lo hicieron.

Amnistía Internacional basó esta premisa en hechos documentados, entre ellos, como que “los mandos estratégicos de Carabineros habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando” y que “se utilizaron armas cuya naturaleza era notoriamente indiscriminada y lesiva, y por ende era contraria al estándar internacional. El general director no limitó el uso de balines de goma y metal hasta que se cuestionó la composición de dicha munición y la cifra de lesionados oculares rebasó los 250 casos”, según se lee en el informe.

Y, como uno de los puntos fundamentales, es que “lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino que habrían sido respaldados por el general director”. Esto se evidenció a través de la filtración de un audio del general director de Carabineros de ese momento, Mario Rozas, donde aseguraba que no daría de baja a ningún funcionario independientemente de su conducta.

Lo anterior se evidencia, según el informe expuesto, por el mínimo número de sanciones en relación al número de denuncias, en donde hasta el 8 de noviembre de 2019, “sólo se habían abierto 346 investigaciones administrativas y no se habían emitido sanciones, a pesar de que para esa fecha Carabineros había registrado casi 800 heridos civiles a través de su procedimiento de información interna y el Ministerio de Salud más de 8.000”.

Amnistía Internacional, al finalizar este informe, hace un llamado a que la Fiscalía Nacional continúe con las investigaciones y “a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos [de Carabineros], quienes estando en una posición de garante, habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”.

También, menciona una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a que este informe “evidencia la necesidad de un mayor control de la institución por parte del poder civil, así como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos”.

(1) Carabineros cortando el paso a la altura de Avenida Vicuña Mackenna, frente a Plaza Baquedano.
(2) Manifestantes arriba de la base en donde, antes de que fuera retirado, se encontraba el monumento al General Baquedano.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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El atardecer se ve a lo largo de toda la Alameda, la cual se rompe por una línea de cascos y uniformes verdes a la altura de Avenida Vicuña Mackenna. El cielo está naranjo, casi rojo. La falta de nubes se rompe con los restos del humo de barricadas que se levantaron en algún momento de la jornada, antes de que fueran apagadas por el carro lanzaaguas. La calzada está mojada, con grandes pozas de agua. Algunas con barro, otras con una extraña capa blanca encima.

De un momento a otro, la línea de carabineros que se mantenía cortando el paso de la Alameda se rompe. Se suben a los distintos carros policiales y se retiran del lugar. No alcanza a observarse hacia dónde se dirigen, ya que segundos después los manifestantes corren hacia los restos del monumento del General Baquedano.

Se escuchan gritos, se prenden bengalas, aparecen nuevamente las banderas, resuena nuevamente el “tac, tac, tac”, el cacerolazo.

–¡Recuperamos la plaza! –grita alguien.

La gente se reúne, algunos se abrazan. Otros simplemente se mantienen al pie del ex monumento, con sus rostros blancos por los gases. Comienza a sonar “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros, a través de un parlante. Los manifestantes comienzan a cantar al unísono.

A lo lejos, desde distintas direcciones, se observan las luces de los carros policiales. También, a lo lejos, gracias al viento que corría, se escapa el rastro de las lacrimógenas y la represión.

Era un viernes como cualquier otro, aunque este era especial porque era el último antes de un nuevo aniversario del estallido social. Era, entonces, el viernes 14 de octubre de 2022, y el potente sol de una naciente primavera envolvía el centro de Santiago. Mientras, el sonido del metal golpeado al compás de los manifestantes hacía recordar varias de esas tardes que siguieron al 18 de octubre de 2019, el 18-O.

No era lo mismo, pero algo de todo eso aún estaba allí: de las millares de personas que marchaban a diario en estas calles; de la música; del arte; de los gritos, los colores, la esperanza, la rabia y la indignación; de las piedras, los gases lacrimógenos y los disparos represivos; de los mutilados, de los muertos… Pero a esta altura, a casi tres años, el ruido no crecía y quedaba solo en eso, en un recuerdo de lo que fue. Ni la convocatoria ni el contexto actual se asemejan a lo que fue la llamada “zona cero”.

A las seis de la tarde el contingente policial ya se había desplegado, como ya es costumbre: tres carros lanzaaguas, dos lanza gases y cuatro retenes móviles estaban apostados alrededor del sector de Plaza Italia –o Plaza Dignidad, como fue rebautizada popularmente– a la espera de ese caos que por un tiempo lo dominó todo en el lugar y sus alrededores. Pero caos no había.  El tránsito vehicular era expedito y la única interrupción para quienes transitaban por el lugar era esa luz verde del semáforo de tres tiempos, en una espera que se vuelve eterna en días de calor. Lo que sí había era una veintena de manifestantes ubicada en la vereda sur, bajo el frontis del teatro de la Universidad de Chile, que gritaba consignas varias que se perdían en medio de los sonidos normales de la ciudad. La que más se repetía era la misma que gritan cada viernes una y otra vez como si fuera un mantra: la exigencia de liberación inmediata “a los presos por luchar”.

Paralelamente, en el hoyo que hasta octubre de 2019 fuera el acceso principal de la estación de metro Baquedano, se empezaban a reunir los integrantes del colectivo ‘Jardín de la resistencia’, los custodios de ese espacio hoy clausurado y tomado para la memoria.

Rodeados por paredes blancas colmadas de rayados, murales y otras muestras artísticas que mantienen vivas las demandas de la movilización ciudadana, y en medio del jardín con distintas y coloridas flores y plantas que allí se instaló, conversaban tranquilos acerca de la coyuntura política actual, reían y reflexionaban sobre el tercer aniversario del estallido social que se aproximaba. Dos de ellos pintaban una de las paredes, esbozando lo que pretende ser un nuevo mural, luego de que los pasados fueran borrados semanas antes. Esa es, mal que mal, su labor autoimpuesta: la constante recuperación de un lugar clave para el recuerdo de ese punto de inflexión histórico que fue la revuelta del 18-O.

Memorial, viernes 15 de octubre de 2022.

Espacio verde de memoria

“El Jardín de la resistencia” como tal no tiene una fecha de fundación exacta. Pero si se quisiera hablar de alguna, tendría que ser durante el verano de 2020, cuando se registraron las primeras intervenciones para crear un jardín y tratar de embellecer un lugar vandalizado y abandonado. Desde entonces, fue creciendo y durante los meses posteriores recibió el aporte de diferentes organizaciones ciudadanas y personas de a pie que organizada o espontáneamente, quisieron otorgarle al espacio una nueva vida mediante alguna acción de arte, plantas o decoraciones.

En enero de este año el jardín pasó a tener una organización como colectivo. Hoy lo componen fotógrafos, brigadistas de salud y manifestantes de diversas profesiones y oficios que se conocieron al fervor de la protesta social. Su idea, dicen, es recuperar el lugar y establecerlo como un sitio de memoria, pues entienden al espacio público como uno abierto a la acción política, y desde ahí nace la idea de conservar el ex zócalo de la estación Baquedano.

“Creemos que es un espacio que le pertenece al pueblo, que es un espacio especialmente de resistencia y que el Estado nos debe este espacio, por toda la violencia y todo el terrorismo de Estado que desarrollaron a partir del 18-O”, dice la periodista Paulina Acevedo, quien integra el colectivo.

No han dejado de asistir ningún viernes al jardín, donde una vez al mes realizan diferentes actividades: conversatorios, performance musicales, intervenciones teatrales, ollas comunes, exposiciones fotográficas y acopio de alimentos, entre otros.

Acto musical realizado en el ex zócalo de la estación Baquedano el 17 de febrero de 2022 (FOTO: Instagram Jardín de la resistencia)

La principal motivación de los y las integrantes del ‘Jardín de la resistencia’ es no olvidar lo ocurrido en ese lugar en el contexto de la revuelta: la brutalidad policial, las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, las mutilaciones oculares, a quienes murieron y las vejaciones cometidas por parte de las policías a manifestantes (ver video 1 y video 2).

“El espacio es importante para mostrarle a la gente en un espacio tangible lo que acá sucedió. Porque no tenemos que olvidar lo que pasó: en la comisaría de acá los pacos, los primeros días, arrestaron a gente, secuestraron a gente y la torturaron adentro. También disparaban a la gente través de las puertas desde acá. Poco se habla de eso. Por eso encontramos importante que esto no se destruya, porque es el epicentro de la violencia de Estado; hay que mantenerlo porque no hay que repetirlo”, dice Acevedo.

Lo interesante de lo que Acevedo identifica como un “espacio verde de memoria”, es que en cada flor o planta instalada en el lugar tenía hasta no mucho un cartel con los nombres de diferentes personas que perdieron la vida en el contexto del estallido social –la cifras oficiales identifican al menos 34, por diversas causas–. En el sentido metafórico, su recuerdo no se apagaría y haría florecer cosas nuevas. Pero eso fue destruido.

Información sobre plantas y recuerdos de fallecidos (FOTOS: Twitter @RobertoMerken)

Las plantas no pelean

Durante la madrugada del 25 de septiembre, un grupo de personas vestidas con overoles blancos concurrió al ‘Jardín de la resistencia’ y lo intervino para hacer “limpieza”. Pintaron el espacio entero de blanco, borrando los diferentes murales y se deshicieron de todas las plantas instaladas en el lugar. El acto se lo adjudicaron grupos de ultraderecha vinculados al llamado Team Patriota que encabeza el ex líder de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, más conocido como ‘Pancho Malo’.

“Las plantas no pelean” fue una de las primeras consignas pintadas en la consecuente recuperación que hizo el colectivo que construyó y cuidaba el jardín. Para sus integrantes, fue triste, pero también era algo que preveían, pues sabían que solo era cosa de tiempo para que sucediera, y hoy lo ven desde el lado positivo.

«Como le damos vuelta a la tuerca, creemos que es un lienzo blanco en el que podemos volver a resurgir. Porque si hay algo que nos diferencia de estos grupos fascistas es que nosotros trabajamos de manera colectiva y de día. Ellos trabajan en la noche, escondidos y son cuatro o cinco locos. Esa es la gracia que tiene este espacio: que la gente lo respeta y lo cuida. Y por eso vamos a volver una y otra vez, porque es nuestro espacio”, dice la periodista y activista.

Replantación del jardín, luego de que grupos de ultraderecha lo dejaran vacío y pintado. 25 de septiembre de 2022. (FOTO: Instagram Jardín de la resistencia)

Para este martes 18 de octubre, a modo de conmemoración, el colectivo ha programado en el lugar una exhibición de fotos que recuerde lo ocurrido durante el estallido social.

«La convocatoria [en Plaza Dignidad] ha bajado, pero es el proceso natural después de tres años de lucha y resistencia. Justamente por eso creemos que lo que hace este espacio es mantener viva la memoria y eso es lo que nos interesa, por los caídos, mujeres y hombres, y también por los mutilados.  Y también por lo que significa el espacio físico. Es importante mantenerlo, a pesar de que la gente no venga en masa como antes. (…) En ese sentido, queremos que la gente lo sienta, lo viva y que si vienen a plantar o hacer una expresión artística vamos a estar ahí apañando”, concluye Acevedo.

Al comienzo, los ‘intramarchas’ eran algo así como un mito: se sabía que estaban ahí, pero no había pruebas de su existencia. Hacía años que en las protestas ciudadanas había sospechas de que carabineros o policías de civil se infiltraban para mimetizarse entre la gente y, desde adentro, dirigir la represión. La sensación creció tras el estallido social del 18-O y se acrecentó con videos y fotos capturadas in situ y viralizadas en redes sociales a modo de denuncias o funas. Pero seguían siendo algo extraoficial, algo que las autoridades negaban y que parecía imposible comprobar.

Pero eran una realidad.

La primera vez que leímos sobre estos ‘intramarchas’ fue gracias a una investigación que realizó la periodista egresada de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Josefa Barraza, y que plasmó en un reportaje que publicó en septiembre de 2020 en La Voz de los que Sobran. En ese trabajo, por primera vez se confirmaba la existencia de este equipo especial de la policía uniformada y su reconocimiento por parte del Ministerio del Interior como una medida para detener las movilizaciones que se habían desatado en todo el país.

Ese fue apenas el primero de una serie de reportajes y entrevistas que Barraza realizó para distintos medios y que, a medida que avanzaba, cerraba el cerco sobre aquellos carabineros que al límite –o incluso al margen– de la ley operaron encubiertos, como si fueran manifestantes, deteniendo por vías irregulares a quienes sí lo eran y justificando sin pruebas concretas el encarcelamiento de varios presos de la revuelta que, tras meses e incluso años en prisión, terminarían absueltos.

Toda esa línea de investigación periodística que Barraza rastreó por medio de entrevistas, documentos y pistas sueltas que fueron surgiendo en su camino, hoy es parte de su primer libro: “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”, que será presentado este viernes 22 de abril a las 17:00 horas en el auditorio E11 de la Universidad Alberto Hurtado (ver formulario para inscribirse).

En poco más de 100 páginas, el texto que publicó Editorial LOM relata cómo agentes del Estado se infiltraron en las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que siguieron al 18-O, quiénes eran, cómo se organizaban e incluso, en voz de uno de ellos, quiénes dieron las órdenes. Al mismo tiempo, rescata las historias de las víctimas de esa represión y de las violaciones a los derechos humanos que ya han acreditado diversas instancias internacionales.

Dos años y seis meses han pasado desde que en Chile estalló aquel movimiento social que remecería toda la estructura política y social del país. En todo ese tiempo han pasado tantas cosas, desde el inicio de un proceso constituyente hasta la victoria de un Presidente que partió su ruta con el movimiento estudiantil. Pero una cosa que no se ha olvidado y ha tensionado estos dos procesos ha sido el de los denominados ‘presos políticos’ del estallido y con quienes los intramarchas están, inevitablemente, unidos.

Puroperiodismo conversó con Josefa Barraza a pocos días del lanzamiento que realizará en la que fuera su casa de estudios. En la siguiente entrevista, la periodista adelanta parte de lo que será esa presentación refiriéndose a su trabajo periodístico de investigación, a sus consecuencias y a qué se viene de aquí en adelante para ella.

Josefa Barraza, periodista y autora de «Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» (Ed. Lom, 2022)

–¿Cómo nace la idea de este libro?

De una manera sumamente espontánea; no lo tenía planificado ni organizado. Cuando me enteré del caso de los intramarchas en el verano de 2020, me di cuenta de que se generaba un efecto de bola de nieve. Ya no estaba frente a un solo caso, sino que a medida que iba investigando y reporteando más sobre el tema, me encontraba con uno, y otro, y otro, y otro y así se fue formando un grupo de casos intramarchas. Y esto [la idea del libro] ocurre finalmente en octubre de 2021. Imagínate lo que voy a contar: estaba en un cumpleaños y había un niño, muy tierno, con el que empecé a conversar. Ahí me di cuenta de que la mejor forma de dejar un testimonio, de dejar una investigación para las próximas generaciones sobre lo que había pasado en nuestro país, iba a ser a través de este libro. Y así nace, a través de una conversación con un niño.

–¿Qué aborda en este libro?

Principalmente, cómo el personal de Carabineros y la Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) se infiltró en las manifestaciones y en el estallido social. Pero no tan solo nos quedamos en eso, sino que además, cómo distintas esferas del poder –como Gendarmería, el Poder Judicial, el Ministerio Público y empresas privadas– se infiltraron también en el estallido social a través de los ‘intramarchas’. Entonces, cuando la gente cree que sólo se va a encontrar en el libro a Carabineros de Chile y los ‘intramarchas’, se equivocan: van a encontrar mucho más que eso.

–¿Cómo fue reportear algo que oficialmente no se quería revelar?

Fue sumamente complejo. Primero, partiendo porque la institución principal, Carabineros de Chile, me negó en todo momento información. Hasta el día de hoy estoy peleando para que reconozcan el concepto de ‘intramarchas’. A medida que iba reporteando y encontrando más casos, encontraba más obstáculos que debía sortear mi investigación, como el acceso a algunas carpetas investigativas secretas y confidenciales. Además, a medida que encontraba un caso, me encontraba con dos más, y tenía la necesidad de reportear todos los casos de los que tuviera conocimiento. No es fácil investigar a Carabineros en Chile. No es para nada sencillo y mucho menos cuando eres periodista independiente, freelance y cuando no tienes un contrato que te pueda blindar en caso de algo.

–¿Ha sufrido alguna presión o amenaza por este trabajo?

Creo que más que amenazas, sí he recibido cierto hostigamiento y violencia digital debido a este tipo de reporteo. Además, me han sucedido algunos hechos muy extraños que me los voy reservar, pero sí me he visto vulnerada en ciertas situaciones y puedo decir que tenían directa relación con los hechos que estoy investigando.

–¿En qué momento decide enfocarse en el estallido? Su trabajo previo se concentraba en historias sobre el Sename junto a Carola Rojas y, de repente, aparece como una periodista referente sobre casos de la revuelta…

Cuando salí de la escuela de periodismo de la UAH, mi meta, mi misión y anhelo era escribir solamente sobre Sename y casos de violencia sexual. Te estoy hablando de agosto de 2019, pero cuando ocurre el estallido social me doy cuenta de que hay muy pocas manos periodísticas para escribir y cubrir esos casos. O sea, teníamos a la prensa tradicional que estaba entregando una información que siempre era información oficial, pero cuando ingresaba a redes sociales, especialmente a Twitter, me encontraba con otra realidad. Era otro Chile, un Chile paralelo. Y ahí es cuando tomé la decisión, en noviembre de 2019, de empezar a cubrir casos del estallido social.

–¿Cómo parte esa ruta?

Mi primer reportaje fue una crónica sobre cómo jóvenes de escasos recursos se enfrentaban e integraban esta primera línea y cómo ellos, a través de sus historias de vida, se motivaban a salir a las calles a manifestarse. A medida que iba avanzando en mi reporteo, me fui topando con casos de presos de la revuelta, los cuales tampoco estaban siendo cubiertos por la prensa tradicional. Nadie estaba cubriendo esos casos y es ahí cuando, de manera autónoma y aprovechando que era periodista independiente, decidí que quería cubrir sus historias. Mi primer artículo sobre los presos de la revuelta fue sobre dos adolescentes que habían estado en el Sename, acusados de incendiar la Municipalidad de Buin. Luego me llegó el caso de Nicolás Ríos, el primer caso ‘intramarcha’ del que tuve conocimiento. Y después el de Cristian Valdebenito, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Ahí me comencé a relacionar no tan sólo con los presos de la revuelta, sino que también con las víctimas del estallido social y de la vulneración de sus derechos humanos. Es así como en 2020 empecé a desarrollar todo este tipo de periodismo independiente, de primera línea, de estallido social, y es la línea que he seguido en los últimos años.

–¿No cansa seguir tanto un solo tema?

Pero es que tampoco quita que investigue otros casos como violencia sexual, abusos en el Sename o lo que ocurre en Wallmapu. Incluso el texto «Tres disparos en el bosque«, que explica la muerte de Pablo Marchant (integrante de la CAM), fue preseleccionado para la última edición del Premio Periodismo de Excelencia de la UAH. Más que referente del estallido social, lamentablemente fui una de las pocas periodistas que se atrevió a creer y escribir casos de la revuelta. Me hubiese encantado que hubiera habido más manos para poder escribir, porque habrían sido más los casos cubiertos y se habrían masificado aún más las historias.

–¿Qué viene después de esto?

Me han preguntado si estoy trabajando en algo más o si es que me gustaría escribir un segundo libro. Pero primero me gustaría ver cómo nos va con “Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social”. Quiero vivir ese proceso correctamente, quiero llenarme del conocimiento que me va a dejar el lanzamiento de este primer libro y, si la gente lo recibe bien y tiene una buena aceptación, obviamente estaría planeando la escritura de un segundo libro que tenga relación directa con el estallido social. Pero sí, tengo en mente la escritura de un segundo libro, pero me voy a reservar de qué se trataría porque es una investigación que creo que dará que hablar e incomodará al poder. Y eso es lo que debemos hacer como periodistas: incomodar al poder y no ser relacionadores públicos; ser el puente para la búsqueda de verdad.

Pinchar en la imagen para inscribirse al lanzamiento que se realizará el viernes 22 de abril a las 17:00 en la UAH:

El libro «Los intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el estallido social» se encuentra disponible para su compra en Lom.cl

Por Daniel Lillo, Luciano Candia y Sofía Concha

Eran cerca de las 10:00 am y en la estación del metro Los Héroes las personas circulaban con normalidad. Ahí, donde hacía exactos dos años, el 18 de octubre de 2019, comenzaron las evasiones de estudiantes secundarios y se registraron los primeros enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, se vivía un ambiente que oscilaba entre la tranquilidad de los usuarios de la red de metro y el evidente nerviosismo de los guardias. La salida por Almirante Barroso estaba cerrada y un contingente de alrededor 10 guardias se apostaban a un lado de los torniquetes. Su expresión denotaba tensión. Debían estar preparados por si surgía algún intento de evasión, alguna manifestación u otro movimiento inesperado. Pese a la curiosidad que despertaba la situación, ya era la hora de partir a donde se desarrollarían la mayor parte de las actividades convocadas para la segunda conmemoración popular de esa histórica jornada que lo cambió todo en el país,  la denominada zona cero del estallido: el sector de Plaza Baquedano, hoy más conocido como Plaza Dignidad.

A esa hora aún funcionaba con normalidad la estación Baquedano, y la situación era similar a la de Los Héroes: gran número de guardias custodiando accesos y torniquetes a la espera de que algo sucediera. Y ya en las inmediaciones estaba ocurriendo. 

En la salida de la estación que da a la calle Ramón Carnicer nos encontramos con los primeros manifestantes y equipos rescatistas. No había nubes en el cielo y bajo el intenso sol también se instalaban los primeros comerciantes ambulantes, listos para vender sus productos: el merchandising del 18-O. 

Poleras con la imagen de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, protagonistas y sobrevivientes de dos de las más emblemáticos casos de violencia policial durante el estallido social; chapitas con imágenes del perro “matapacos”; pañoletas verdes, y otros tantos productos que hacen alusión a las protestas de 2019. Para todo hay un mercado, y así como la demanda aumenta a medida que llegan los y las manifestantes, la oferta crece para satisfacerla, especialmente en un momento en que la cesantía y la crisis económica afecta a millones de personas en el país. 

Los restaurantes, quioscos y locales comerciales del centro funcionaban, también, con normalidad, como si sus dueños no supieran qué podría ocurrir después o, si lo sabían, tuvieran la tranquilidad de que aún les quedaba tiempo para reaccionar. Personas que desayunaban y compraban el diario a los pies de los edificios turri con toda naturalidad contrastaban con quienes estaban a la espera de que, una vez más, comenzaran las movilizaciones. Contando a la rápida, no eran más de 30 las personas que se reunían y entonaban unos tibios cánticos. “¡No estamos todos, faltan los presos!”, se escuchaba. 

Bajo el exterior del Teatro Universidad de Chile se aglutinaban manifestantes en busca de la escasa sombra que dan a esa hora de la mañana los edificios de nueve pisos que lo coronan. En el lugar que ocupaban los hinchas de la “U” en las protestas, había también un grupo de hinchas colocolinos. Preguntaban a qué hora partirían las manifestaciones cuando, justo en frente, comenzaba la primera intervención artística. 

El grupo Cuerpo en Narrativa realizó una sólida presentación. La fuerza de sus movimientos y la expresión de sus rostros, que denotaban enojo y sufrimiento, daban cuenta de la intención de este grupo de artistas .“Todo este grupo humano tiene el objetivo de decirle a la gente que no hemos soltado las calles. Los artistas estamos totalmente conscientes de lo que está pasando… Quizás no hemos cuestionado si Chile despertó, podemos estar somnolientos pero también más fuertes y unidos que nunca”, dice una de sus integrantes.

Al terminar la presentación, explotaron los aplausos de las personas reunidas alrededor del improvisado escenario callejero. El grupo se movió hacia el centro de la Plaza Italia para repetir la coreografía. Los espectadores retornaron a lo suyo y el ambiente volvió a ser de tranquilidad. Había sido tan sólo un anticipo de lo que vendría. 

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Parecía que así transcurriría toda la mañana, entre la normalidad del tránsito, las personas que realizaban su rutina como cualquier otro día y una que otra manifestación aislada. Pero todo cambió cuando por el acceso que da hacia la avenida General Bustamante, emergió por las escaleras de la estación Baquedano Fabiola Campillai Rojas.

Fabiola Campillai tras emerger del metro Baquedano (FOTO: Sofía Concha)

Acompañada por su esposo y Mariana San Martín, jefa de su campaña a senadora por la Región Metropolitana, Campillai apareció casi como una figura divina. Todos y todas quienes estaban cerca se percataron de inmediato de su presencia. Cámaras la rodearon, los gritos de “¡aguante, Fabiola!” se multiplicaron y las personas ahí presentes se acercaban para abrazarla y agradecer que estuviera allí, con el pueblo. Con una bandera mapuche en una mano y un cartel que rezaba “Justicia para Fabiola Campillai y Gustavo Gatica” en la otra, una manifestante se acercó hasta el tumulto de personas que la rodeaba. Al abrazarla se emocionó hasta las lágrimas: “Estamos aquí para acompañarte en tu lucha”, le dijo. 

Campillai se movió, se acercó al borde de la vereda y puso un pie en la Alameda para cruzar hacia el centro de esa plaza que tuvo hasta hace poco una estatua del general Manuel Baquedano montando su caballo, pero que ahora no es más que una base de cemento vacía rodeada de un muro de metal. Fue entonces que se cortó por primera vez en el día el tránsito de la principal arteria de la capital. Manifestantes se interpusieron entre los autos que hacían sonar sus bocinas y la caravana que acompañaba a Campillai en una suerte de procesión. 

Todo Chile conoció a Fabiola Campillai, una mujer simple y trabajadora de San Bernardo,  cuando se supo que fue víctima de un atentado por parte de Carabineros. 

Ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2019. Mientras ella se dirigía a su trabajo, sin ser parte de protestas ni desmanes, un efectivo policial disparó una bomba lacrimógena directamente a su rostro. Le reventó parcialmente el cráneo, dejándola sin visión, olfato ni gusto, además de provocarle múltiples fracturas faciales que le significaron diversas complicaciones de salud. Fue así que Fabiola Campillai se convirtió en la segunda persona del país que perdió totalmente la vista a causa de una agresión policial en el contexto de la revuelta social. Gustavo Gatica, que recibió impactos de perdigones en sus dos ojos, fue el primero. 

El caso de Campillai se transformó de inmediato en un emblema de la lucha social y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, como ya han acreditado sendos informes de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales. Si bien la agresión de la que fue víctima es hoy investigada por el Ministerio Público y hay una causa abierta en tribunales, su proceso no ha estado exento de polémica. El pasado 30 de julio, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva a Patricio Maturana, el carabinero acusado de dispararle a quemarropa la lacrimógena. Hasta hoy, tanto ella como su familia exigen justicia. 

Cámaras y micrófonos se agolparon para captar la imagen de mejor forma y registrar las palabras que ella diría en el corazón de la llamada “zona cero”. Quienes la acompañaban pedían que cualquier persona que se acercara lo hiciera con mascarilla. Y había que hacer espacio; todos querían estar cerca. Banderas negras se desplegaron detrás de quién hoy busca un cupo senatorial por la circunscripción siete. “Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular”, se puede leer en una de las banderas. Junto a los medios independientes que estaban allí, se apostaron las brigadas de primeros auxilios con sus escudos. No tanto para protegerla, sino más bien, porque también querían escucharla. 

“Chiquillos, hoy estamos aquí para apoyar y rendir homenaje a todos los jóvenes valientes que un 18 de octubre se atrevieron a representar todas nuestras demandas aquí, en Plaza Italia. Les damos las gracias a ellos y también rendimos homenaje a quienes no están hoy. Fueron muy valientes. Ellos tienen que ser recordados toda la vida por haber dejado sus vidas por nosotros, por apoyarnos, por querer un Chile mejor y por hacer que hoy esta plaza se convierta en Plaza Dignidad.”

No estuvo más de 10 minutos en la parte central de Plaza Baquedano, pero tampoco fue necesario más. Sus palabras resultaron ser una arenga para quienes la escuchaban. Todos, sin excepciones, la siguieron en su camino de retorno, pues en el cronograma había más actividades que esperaban su presencia. 

Antes de retirarse, Campillai se dio el tiempo para seguir abrazando a las personas que se le acercaban y posar para las fotografías que le pedían. Personas que estaban en los restoranes se paraban y gritaban “¡Fabiola, yo voy a votar por ti!”. Así como llegó, se retiró. No sin antes abastecerse de una pequeña colación que compró en un carrito a las afueras del metro. Su silueta desapareció al ritmo de una persona bajando una escalera. 

Con ese efímero, pero potente acto de presencia, quedó marcado el inicio de una nueva conmemoración del estallido social. 

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17:05 marcaba el reloj. El sol no daba tregua. Dos furgones policiales separados por una calle de distancia esperaban en el lugar como un tipo de escolta personal. Las puertas del Museo del Estallido Social comenzaban a abrirse y salían los primeros rostros encapuchados con instrumentos musicales en sus manos. 

La fachada del lugar ubicada a pasos de la esquina de Dardignac con Constitución, en pleno barrio Bellavista, es algo así como una versión chilena de la famosa “Guernica” que pintó Pablo Picasso a mediados de 1937 para representar el bombardeo a la ciudad que lleva el mismo nombre durante la Guerra Civil Española. Los artistas realizaron un semicírculo en la mitad de la calle y comenzaron a ensayar las melodías antes de que partiera la caravana hacia la Plaza Dignidad, ubicada a unas pocas cuadras.

Músico encapuchado de la banda que salió del Museo del Estallido Social (FOTO: Sofía Concha)

Mientras la banda musical todavía afinaba sus instrumentos y ensayaba, al lugar llegó el vehículo que transportaría una figura canina de aproximadamente tres metros de altura. Las preparaciones estaban casi listas. Entre dos personas montaron la cabeza de la “Negra Matapacos” y afinaron los detalles: ataron un enorme pañuelo verde a su cuello -representación del movimiento feminista-, y ya con eso estaba todo listo para partir. 

La caravana se dividía en cuatro filas. Al final iba el vehículo con la Matapacos; adelante les seguía el grupo de músicos encapuchados, con sus instrumentos de viento y percusión; luego tres hombres caracterizados como calaveras; tres mujeres que danzaban al compás de la batucada, y finalmente un lienzo con una consigna clara: “Octubre no cabe en un lienzo”. 

Imagen de manifestantes a los dos años del estallido social (FOTO: Luciano Candia)

Dos cuadras hacia abajo, dos hacia la izquierda, y luego subir fuerte y derecho por la Avenida Andrés Bello hacia la Plaza. A medida que avanza la caravana, se suman transeúntes y gente que también se dirige a la plaza. Los músicos hacen una pausa de repente: “¡Liberar, liberar!”. Gritan y continúan tocando. Se suman bocinazos y celulares que graban todo lo que ocurre. La calle está cortada por la masividad de la protesta. La caravana se despliega por el medio de la avenida y se le suma un amplio contingente de personas que descansa en el Parque Forestal. A lo lejos se divisa el humo de distintas barricadas que acompañan el evento conmemorativo. 

La comitiva se divide en dos: la cachorra Negra Matapacos continúa su trayecto hacia la Plaza para dar vueltas alrededor de donde estaba la estatua del General Baquedano, y la banda de músicos se repliega por el parque en dirección al memorial de Mauricio Fredes, fallecido en noviembre de 2020 tras huir de la arremetida policial y caer en un pozo que no estaba sellado, ubicado en la intersección de Ramón Corvalán y la Alameda.  

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Mientras la caravana que salió del Museo del Estallido Social recorría las calles de Santiago, en plena Alameda, las Brigadas Ramona Parra (BRP) hacían lo suyo en el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con sus brochas, overoles y tarros de pintura: blanco, negro y rojo. Partieron tomando las medidas para replicar su diseño en los muros, ahí fue cuando entraron en escena los trazadores. Una vez plasmado el diseño, era el turno de la pintura. 

La BRP existe desde los ‘60, y desde su inicio han tenido una estrecha relación con las Juventudes Comunistas (JJCC). En sus murales hacen alusión a las demandas sociales de la ciudadanía. 

Era una veintena de jóvenes con sus manos y ropa llena de pintura. Con palos de escoba para alcanzar cada rincón de la muralla escribían: “Unidad, lucha y organización. Por la dignidad de los pueblos”. A la izquierda de esa frase, una bandera chilena negra y blanca tenía en su interior las palabras “Ley de indulto general, libertad a los presxs politicxs”. A la derecha de la consigna estaba el famoso negro matapacos con la imagen del Presidente. “Fuera Piñera!”, decía con letras blancas. 

Mural pintado a las afueras del GAM (FOTO: Sofía Concha)

En poco menos de dos horas el mural ya estaba listo. Los detalles los hacían con brochas más pequeñas y con pintura en spray. La encargada nacional de las Brigadas Ramona Parra, Anayka Fuentealba, comentaba que el propósito del colectivo siempre será plasmar las demandas sociales en sus murales. 

“A dos años del inicio de la revuelta social, queremos retratar que la lucha y la organización deben seguir en pie […] donde nos debemos seguir manteniendo en las calles, en las murallas, en los espacios que nos quedan desde la organización popular”, decía mientras todo a su alrededor se movía en medio de las manifestaciones que ya tomaban fuerza. 

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Ya cerca de las 20:00 horas, la plaza estaba a tope. Una gran barricada por Vicuña Mackenna levantaba gran cantidad de humo, y un grupo de trompetas, saxos, trombones y percusión le daban vida a los cánticos que se entremezclaban con gritos de diversas consignas sociales y el gas de las lacrimógenas que, como suele ocurrir los días de protesta, se adueña del centro de Santiago hasta casi coparlo todo. Los primeros estruendos de fuegos artificiales se empezaron a escuchar y las bengalas comenzaron a encenderse. El ambiente ya era de fiesta. 

A esa hora costaba caminar por las cercanías de Plaza Baquedano, pues eran innumerables las manifestaciones se efectuaban al unísono. Una banda de punk instalada en el teatro de la U. de Chile provocaba la euforia de quienes los escuchaban, mientras la “Negra Matapacos” seguía dando vueltas a la plaza como si fuera un carrusel. Banderas gigantes se desplegaban, bandas seguían tocando y miles de personas continuaban llegando hasta el centro de la rotonda.  

El grueso de personas se veía disminuido cada vez más en dirección al oriente, ya cerca de la estación de metro El Salvador. Poco quedaba a esa hora de la mercadería que llevaron los comerciantes y muchas personas ya empezaban a retirarse de la marcha para ir de vuelta a sus hogares, comentando en el camino las excentricidades que siempre se viven en las manifestaciones. Un pequeño grupo de carabineros esperaba su momento de actuar, pues en unas pocas horas más tendrían que enfrentarse a los manifestantes para desalojarlos, a las escaleras del Cerro Santa Lucía en llamas y a uno que otro saqueo. Y al día siguiente, todo volvería a la normalidad, o a lo que ahora en Chile se le puede llamar así: una rutina que desde hace dos años, cada cierto tiempo se interrumpe con el grito de miles -si no millones- de chilenos que se toman las calles por un nuevo Chile que ya está construcción, pero que muchos y muchas todavía no logran ver convertido en realidad.

*Este reportaje fue realizado por la estudiante de 5º año de Periodismo UAH, Camila Torres, y publicado originalmente en El Desconcierto.

El pasado viernes la Agrupación por la Libertad de los Presos Políticos de Lo Hermida, se manifestó sobre el puente que cruza el canal San Carlos, exigiendo la tramitación inmediata de la ley de indultos que busca la liberación de los presos en el contexto de estallido social, que lleva más de diez meses en el Senado. El proyecto de ley contempla la liberación de aquellos que, imputados o condenados, fueron aprehendidos en el contexto de manifestaciones desde el estallido social y que excluye a funcionarios de las ramas de Fuerzas Armadas del país.

El 11 de agosto se aprobó en la Comisión de Constitución la idea de legislar. Sin embargo, aún quedan dos indicaciones por votar y requieren 25 votos para su aprobación. Una de ellas es vital, ya que indica qué autoridad otorgará el indulto. De acuerdo al senador independiente Pedro Araya, «en el caso en que en la votación en Sala no se alcance el quórum para esas dos normas, habría un proyecto de ley que otorgue el indulto, pero no habría autoridad que lo aplique «.

En ese contexto, durante el marco de la Cuarta Jornada de Mujeres Penalistas y Criminólogas, las abogadas de Derechos Humanos, Karinna Fernández y Francisca Hernández, expusieron los resultados preliminares de una investigación que busca dar luces sobre quiénes son los presos de la revuelta. De acuerdo a la información registrada por ambas, actualmente son 1.048 las personas involucradas en casos relacionados al estallido social y que podrían ser indultadas. Durante la presentación, indicaron que, de las 835 personas registradas hasta ahora, un 57% fue formalizada por robo en lugar no habitado.

Motivos de la prisión

De acuerdo a la investigación de las abogadas, los delitos más comunes que se visualizan en este contexto corresponden a saqueos a grandes cadenas de supermercados. Entre ellas, destacan Walmart, Montserrat, además de la realización de barricadas y uso de bombas molotov.

En cuanto a las medidas cautelares, las personas que fueron formalizadas por robo en lugar no habitado, un 9% obtuvo como primera medida cautelar la prisión preventiva. Fernández recalca un caso en el que dos personas permanecieron 138 días en prisión preventiva por la sustracción de cuatro bolsas de leche Milo, 21 bolsas de 400 grs. de detergente Ariel y 12 botellas de aceite marca Merkat.

El estudio alcanzó aproximadamente el 80% de casos revisados de un total de 1.048. Karinna Fernández afirma que en este estado de la investigación es posible hacer ciertas aseveraciones. Hasta el momento, el 8,5% de los casos revisados corresponde a causas en donde los acusados son niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, no se han judicializado causas respecto de víctimas. Según la abogada, “en los casos, tanto de homicidios frustrados como de porte de armas, en ningún caso existen víctimas lesionadas en su integridad, solo daño a la propiedad”.

El pasado 8 de agosto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró que el proyecto de ley de indulto “no corresponde. Y más que un indulto, es una amnistía. Por lo tanto, el concepto no aplica”.  Es importante recalcar que la cartera a cargo de Delgado, en aproximadamente un 93% de los casos, presentó querella bajo la figura del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso cuando la misma tienda o supermercado no presentó acción alguna. Karinna Fernández indica que “hay un tema de rendición de cuentas: cómo el Estado financia, qué tipo de querellas protege y qué tipo de bienes. Y aquí no estamos hablando de bienes públicos, sino que estamos hablando precisamente de papel higiénico, latas de cerveza, aceite, pañales”.

Por otra parte, existe una clara tendencia respecto a las querellas y la decisión de perseverar del Ministerio Público. De los 835 casos estudiados, sólo en un 2% la fiscalía tomó la decisión autónoma de no perseverar. Lo anterior se contrasta con los delitos de causas perpetrados por agentes estatales, en donde un 46% de los casos el Ministerio Público tomó la misma decisión.

El largo camino del proyecto de ley

Han pasado 343 días desde que el proyecto de ley ingresó de la mano de los senadores Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre. Hoy, existen dos normas que deben ser discutidas y votadas. Se trata de el primer inciso del artículo 4 y el artículo 5, los cuales pasarán a ser votados en general y requieren 25 votos para su aprobación. El proyecto ha pasado por tres comisiones. En primera instancia, por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, luego a la Comisión de Seguridad Pública, y finalmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Respecto a esto, Claudio Nash, abogado y doctor en derecho, indica que la “comisión debiera quedar integrada por personas que den confianza a los distintos involucrados en estos temas, como el Poder Judicial, político y, por supuesto, las víctimas, de que se hará un escrutinio serio respecto de quienes serán los beneficiados por la ley si es que es aprobada por el parlamento”.

El proyecto no cuenta con una indicación de urgencia, por lo que son las comisiones las cuales deben decidir cuándo se realizarán las votaciones en el pleno del Senado. Raquel Torres, psicóloga y vocera del Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, indica que “nosotros lo vemos como un trámite de proyecto de ley y sabemos que se puede demorar más o menos. Pero para los chicos y sus familias estamos hablando de sus proyectos de vida. Entonces, entre más tiempo pase, el sufrimiento y el desaliento es mayor”. De acuerdo a la investigación, el rango etario de las personas privadas de libertad se concentra entre los 20 y 40 años de edad.

Hasta la fecha, el 66% del universo de personas en este contexto se encuentra aún en calidad de imputada y no condenada. De hecho, sólo cerca del 12% de las personas estudiadas se encuentra con una condena en primera instancia, principalmente por los delitos de robo en lugar no habitado (37%), delitos de la Ley de Control de Armas (17%), desórdenes públicos (6%) e incendio (11%).

Por Martín Oyanedel U. y María José Vidal*

*Esta entrevista fue realizada por alumnos del Taller de Crónicas y Entrevistas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Juan Cristóbal Peña. 

A partir del 18 de octubre de 2019, cuando las personas se volcaron a las calles exigiendo un país más justo y digno, diversos hechos llamaron la atención. Uno de ellos fue la irrupción de los hinchas y las barras de equipos de fútbol en Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad, para mostrar su descontento bajo los colores de los clubes de sus amores. Incluso, dejando de lado las eternas rivalidades  como las Colo Colo y la Universidad de Chile (la U), los dos clubes deportivos más populares del país.

Una de las organizaciones que se hizo presente durante el periodo de protestas en Chile fue Las Bulla, un grupo de mujeres que además del feminismo tienen en común su amor por la U. Luchan por erradicar las prácticas machistas y misóginas dentro del fútbol, la hinchada y todos los espacios donde se ven involucradas, dentro o fuera del estadio. Todo esto, a través de un trabajo político, social, cultural y deportivo.

Creada en 2017 como una comisión de género de la Asamblea de Hinchas Azules (AHA), Las Bulla a partir de una de las tantas cosas que ya no dieron para más en este país y gestaron el estallido del 18-O: la violencia sistemática contra las mujeres. En cuanto a la forma de organizarse optan por la horizontalidad y la formulación de comisiones, erradicando las jerarquías y dándole importancia a las opiniones de las cerca de 30 mujeres que actualmente pertenecen a la organización.

Al conmemorarse el primer año del estallido social, Valentina Cortés (25), estudiante de Pedagogía en Historia, cuenta cómo vivió este momento como hincha de la U e integrante de la comisión de comunicación de Las Bulla, a la cual pertenece hace dos años.

-¿Cómo se involucraron Las Bulla en el estallido social?

-Como todas las organizaciones, el estallido nos llamó, era lo que habíamos pedido toda la vida. Nos llegó de sorpresa y cuando pasó, nos dimos cuenta de que en el espacio donde nos desenvolvíamos se encontraban muchas de las personas más afectadas. Para ser honesta, yo no era una de las que la estaba pasando mal en octubre, pero sabíamos que existían otras compañeras de nuestros espacios en esta situación. De alguna u otra forma teníamos que hacernos cargo de eso y salir. Teníamos que ser parte de esto, no nos podíamos quedar abajo.

Al principio, todos los días nos juntábamos en Plaza Italia, sólo queríamos estar ahí. La primera semana fue un desahogo muy grande y las personas a nuestro alrededor nos recibieron muy bien. Por primera vez recibían bien a las barras. A medida que pasaron los días comenzamos a ver que esto no se acababa y nosotras estábamos de acuerdo con que no terminara esta lucha… Muchas se unieron por sus luchas personales. Nosotras nos enfocamos en dar apoyo a las camaradas (*así se llaman entre hinchas de la U) que lo necesitaban y hacer un trabajo comunicacional para generar conciencia.

(Foto: @las_bulla en Instagram)

-¿Cómo percibieron el recibimiento de la gente, entendiendo la estigmatización histórica hacia las barras?

-Me emocioné. Por primera vez en la vida dejamos de ser las quiltras y los quiltros de la sociedad, los lumpen o los curados. Nos respetaban, la gente se sentía segura con nuestra presencia. Quizás se nos asoció con que estábamos en la primera o segunda línea y no íbamos a dejar pasar a los pacos. No vengo a decir: “Oye, yo estuve en primera línea”, pero no conozco a ninguna que no haya tenido que patear una lacrimógena. Creo que la gente estaba feliz de que pudiéramos expresar la rabia que ellos no podían. Nosotras hicimos parte a quienes no podían estar ahí. Las barras fueron la imagen para decirle a los poderosos que el problema son ustedes. Yo creo que eso para las personas fue sorprendente. Por fin se identificaba un enemigo. Por primera vez estaba la sociedad civil unida.

-Con respecto a la comunión de las barras durante el Estallido Social, ¿hubo un cambio real o fue solo para el momento de las manifestaciones?

-Hubo un cambio real en el sentido de que comprendimos que no estamos solas, que hay personas que piensan igual y están cansados. Creo que finalmente nos dimos cuenta de que el enemigo no es el del otro equipo. Las barras se unieron porque siempre hemos sido estigmatizados de alguna manera u otra. Para algunas personas todos son barra. Se nos trata de lumpen, de ignorantes. Tal vez no todos tengan educación institucional, pero en el estadio conviven muchas de las personas olvidadas por la sociedad. Octubre fue por ellos y por eso llegamos todos a la conclusión de acabar con el fútbol ese mes.

Nunca habíamos marchado con las comisiones de otros equipos, pero sí compartimos en reuniones. En octubre estábamos una al lado de la otra y entonamos las mismas canciones. Nosotras queremos erradicar la violencia que existe contra el hincha del otro equipo, los insultos que en su gran mayoría son misóginos.  A veces es un poco complejo luchar con ello, pero lo que se vivió en Plaza Dignidad fue muy distinto. Vi a personajes que me encontraba en el estadio conviviendo con hinchas de otros equipos. Creo que el cambio en las hinchadas viene más desde este mismo tipo de comisiones (Las Bulla) que de la barra misma, porque en estas últimas el sentimiento es más grande, la camiseta tira más. Pero no es solo responsabilidad de las barras, o sea, somos lo que somos por lo que también es el país.

-¿Cómo responden a los comentaristas deportivos que dicen “con qué moral participan de esto (protesta) si la misma jerarquización de las barras es desigual”?

-En las barras existen esas jerarquías, pero es distinto. Tú no eres líder porque estés pagando u oprimiendo a otro. Existe la idea de la jerarquía, pero se da a través de lo que tú haces por el club, eso es lo que te hace alguien dentro de la barra. No lo alabamos, pero sí lo comprendemos. Sin embargo, no se puede comparar con la jerarquización y el elitismo que existe hoy en Chile. En la barra hay gente como nosotras, que intenta hacer el espacio más feminista e inclusivo. Hay gente que hace escuelas libres en las poblaciones, los fines de semana y es autogestionado. Todo eso es la hinchada.

-¿Qué hito creen que fue más importante en lo que vino tras el 18-O?

-Para nosotras lo de octubre no ha terminado. No termina con el plebiscito ni con la nueva Constitución. El 18 de octubre nos comprometimos a no parar hasta cambiar, no solo nuestros espacios, sino que también las condiciones en que vivimos. Ese viernes nos comprometimos con algo mucho más grande que nuestra trinchera a través del estadio.

Ese día nos marcó, porque se comenzaron a dar otro tipo de conversaciones. Aunque la Constitución no vaya a ser la solución, hemos iniciado conversatorios sobre la actual Carta Magna y la jornada del plebiscito para poder informar a las personas y preguntarnos qué es lo que vamos a crear el día de mañana.

-¿Y la intervención de Las Tesis en el Estadio Nacional?

-Fue muy potente, me emociona, se me eriza la piel cuando lo recuerdo. No esperábamos que fuera así. Esto nació por las otras intervenciones realizadas en Santiago, después nosotras hicimos nuestro llamado, que coincidió con otras organizaciones feministas en el mismo lugar y cuando llegamos había mucha gente. Vimos a muchas mujeres que no habíamos visto nunca, ni participado en actividades convocadas por nosotras. Me encontré con amigas de mi papá (fundador de la barra), barristas conocidas vinculadas a viejas prácticas. Se juntaron todas las generaciones. La gente coreaba el himno de Las Tesis como si fuera el top #1 de los Billboard, fue sorprendente y no querían parar. En todo momento se escuchó que alguien estaba gritando. Salimos en todas partes. Vi a muchas mujeres que nunca imaginé que se pondrían de ese lado de la vereda. Esa tarde fue muy emocionante hasta el día de hoy.

(Foto: @vicen_tico_ en Instagram)

-Actualmente, ¿cómo están funcionando Las Bulla con un proceso eleccionario tan cercano?

-Estamos con apoyos sociales para las compañeras que, aunque estén fuera de la organización oficial, necesiten apoyo. Estamos trabajando para el plebiscito y todo el proceso constituyente, generando bajadas comunicacionales para apoyar el Apruebo y la Convención Constitucional. Iniciamos un proceso para ver qué nos gustaría que dijera la nueva Constitución, esto lo hacemos en conjunto con la AHA. Nos hemos dedicado a estudiar y bajar información, con la Asamblea estamos buscando modelos de clubes, leyes del deporte, etc. Hace tiempo estuvimos buscando qué decían otras constituciones con respecto al deporte. Ahora mismo estamos de lleno en lo que es el proceso constituyente para informarnos y ser parte.

-¿Han existido espacios de conversación con otros equipos sobre lo mismo?

-Hace un par de semanas nació la idea de generar una coordinadora de las organizaciones feministas de los equipos de fútbol, tanto como de primera, segunda y tercera división. Estamos trabajando en lo que nosotras no queremos transar en la nueva Carta Magna y eso después llevarlo a cabo en conversatorios con las otras comisiones relacionadas. Por ahora cada una está enfocada en realizar sus propias reflexiones.

-¿Por qué manifestarse detrás de una camiseta y tomar un rol político desde un club?

-Varias veces he escuchado por qué politizan la U. El fútbol es político, no tengo recuerdos de no estar en lucha desde que entré a Las Bulla, sobre todo por la masificación del feminismo en el mundo. Creo que las luchas son personales aunque sean comunitarias, a cada uno lo mueve algo. El estadio es un espacio muy masculinizado, demasiado vendido al capitalismo. Lo que pasa en el estadio es lo que pasa en Chile, la realidad que vive la sociedad. Dependiendo del lugar donde te pongas en el estadio es la clase de persona que uno ve. El estadio es la vida misma, confluyen muchos tipos de sociedad, de culturas, es donde está conviviendo la gente y es necesario cambiarlo. Mi trinchera de lucha es esta y no quiero que cuando esté jubilada y siga yendo al estadio continúe viendo prácticas como esta.

Por Isidora Varela L. y Martín Oyarce L.*

*Esta entrevista fue realizada por alumnos del Taller de Crónicas y Entrevistas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Juan Cristóbal Peña. 

“Yo dije: altiro perdí el ojo. Supe altiro, porque apenas me pegaron y me llevaban los cabros a la brigada de salud me intentaba abrir el ojo, pero no veía nada. Tenía la ropa, las zapatillas, todo lleno de sangre. Veía la cara de la gente, me miraban con cara de espanto”.

El 12 de noviembre de 2019, Daniel Acevedo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo izquierdo, ocasionándole un estallido ocular.

Daniel tiene 34 años. Vive en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y trabajaba instalando gráficas publicitarias. Hace un mes se encuentra trabajando en la municipalidad de su comuna en el área de organismos comunitarios.

Comenzó a ir a las manifestaciones en Plaza Dignidad desde el inicio del estallido social. “Íbamos con mis amigos a mirar, a andar en bici, pasábamos por las protestas y nos quedábamos un rato ahí, arrancábamos de los pacos, pero siempre era en bicicleta”, dice.

Para el 12 de noviembre hubo un llamado a paro nacional. El estallido social llevaba tres semanas y ya se exigía una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. La paralización fue llamada desde la Mesa de Unidad Social y fue adherida por distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, como la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros.

La convocatoria comenzó a las 11 de la mañana. Daniel ese día estuvo trabajando en su casa. Recuerda que las manifestaciones comenzaron desde muy temprano en distintos puntos de Santiago. Cerca de las seis y media de la tarde, tomó su bicicleta para que, junto a su amigo David, comenzara su camino hacia Plaza Dignidad.

Luego de 20 minutos desde su casa, llegaron a la «zona cero». Dejaron sus bicicletas cerca de la estación de metro Baquedano, para dirigirse hacia Pío Nono, donde se encontrarían con Lisette, su cuñada. Al llegar al lugar, ella lo llamó por teléfono. Estaba frente al Hotel Crowne Plaza, así que Daniel y David emprendieron hacia allá, una de las zonas más complicadas de enfrentamiento entre Carabineros y la llamada «Primera Línea».

Durante todas las manifestaciones, Daniel llevaba consigo elementos de protección. “Ya sabíamos que estaban pesados [los Carabineros] y a veces sentíamos los silbidos de los disparos, por eso siempre íbamos con antiparras y el casco de la bicicleta”, cuenta.

Daniel se encontraba en Ramón Corvalán con la Alameda. “El ambiente estaba pesado. Tuvimos que cruzar hacia la vereda sur porque al otro lado andaban los guanacos y los zorrillos”, recuerda. Divisó a Lisette a la distancia y, mientras intentaba caminar hacia ella, comenzaron los disparos.

“Nos agachamos porque sabíamos que disparaban a los ojos. Cruzamos a la vereda poniente [de Ramón Corvalán] y, en el momento en que me levanto, me doy vuelta y miro hacia la calle Carabineros de Chile y me llega el golpe”, recuerda Daniel. “Vi la bomba a menos de un metro, vi que venía humeando, me llegó y no alcancé a reaccionar”, agrega. Al mismo tiempo, David recibía un perdigón en uno de sus pies. Luego del impacto de la lacrimógena, se perdieron de vista.

Daniel no cayó al suelo, ni quedó inconsciente. Al momento de recibir el impacto, manifestantes que se encontraban en el lugar lo socorrieron inmediatamente. Ensangrentado, fue llevado a un punto de salud cercano al Hotel Crowne Plaza. En ese momento Daniel no sentía dolor. “Casi en ningún momento sentí dolor, ni en el ojo mismo. Yo creo que fue por la adrenalina”, cuenta.

Mientras iba hacia el punto de salud, Daniel escucha que alguien grita “¡Petao, Petao!”, que es como lo llaman en su barrio. Era un vecino que, al reconocerlo, se quedó junto a él. Daniel le entregó su celular para que le avisara a sus cercanos sobre la agresión. “Yo le avisé por un audio de Whatsapp a Haydee, mi pareja, y después le pasé el teléfono a mi conocido y le dije que llamara a los tres primeros números, mi cuñada, su pareja y mi amigo”, dice Daniel.

Lo siguiente es un recuerdo difuso. Según él fueron cerca de 30 minutos los que pasaron entre que recibió el impacto, fue atendido por primeros auxilios y llevado a otro punto de salud en el Centro Cultural Gabriela Mistral, para luego tomar una ambulancia que lo llevaría a la Clínica Santa María. “No sé realmente si fue ahí, pero yo creo que sí. Iba todo vendado, no veía nada”, dice.

En la ambulancia en la que llevaban a Daniel, iban 5 personas más. Uno de ellos perdió la vista parcialmente igual que él.

Daniel Acevedo en una marcha junto a personas de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares.

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El martes 12 de noviembre, el día que ingresó al recinto médico, Daniel supo que había perdido la vista en su ojo izquierdo. En urgencias, un oftalmólogo le realizó un examen físico y pruebas visuales. En el momento en que Daniel no vio la luz ni la mano del médico, asumió que había perdido la vista. “No me querían decir, pero yo sabía. El médico les dijo a todos pero a mi no me quería decir”, cuenta.

Fue ingresado a pabellón el día miércoles a las seis de la tarde. Daniel presentaba un estallido ocular. La operación constó de una evisceración en su ojo, la cual es una intervención quirúrgica en donde se vacía el contenido del globo ocular y se coloca un implante. En palabras de Daniel, lo que le ocurrió fue “como cuando revientas un huevo frito, así se me abrió el ojo, se reventó”.

A la 1 de la mañana del día jueves salió del pabellón. Ese mismo día le dieron el alta, sin embargo, Daniel pidió quedarse un día más por los fuertes dolores de cabeza que sentía.

El golpe de la bomba lacrimógena no solo provocó un estallido ocular, sino también una fractura en su nariz. Una segunda operación a la que tuvo que someterse dos semanas después de lo sucedido. Semanas en las que volvió dos veces a la Clínica Santa María por intensos dolores de cabeza. En esa operación a la nariz, que fue en la Clínica Dávila, descubrieron que aún tenía exceso de sangre en el cráneo que no sacaron de la operación de su ojo izquierdo. Luego de eso, los intensos dolores de cabeza acabaron.

-¿Cómo fueron los días después del 12 de noviembre para ti?

-Igual fueron difíciles. Era difícil de aceptar. Tenías que acostumbrarte a ver con un puro ojo, a tomar las cosas de nuevo. También me costaba levantarme al baño los primeros días. Fue difícil al principio, igual yo intentaba no caer. Intenté caleta que no se me hiciera tan difícil.

-¿Cómo te sentías tú, en lo personal? ¿Qué pasaba por tu cabeza?

-Yo intentaba ser fuerte, intentaba olvidar lo que me había pasado, para no hundirme como había otros cabros, compañeros que les pasó, que sufrieron depresiones y esas cosas. Yo no, me sentía bien.

El día viernes 15 de noviembre Daniel volvió a su casa. No quería que fuera nadie. Se sentía cansado después de lo sucedido. Al otro día a las nueve de la mañana ya habían visitas. “Estuve ese día hasta las doce de la noche con gente. Habían momentos en que decía ‘ya no quiero más porque estoy cansado, quiero dormir un rato, me duele la cabeza’”, cuenta. A diferencia de otras personas que sufrieron traumas oculares, asegura Daniel, él tuvo un gran apoyo de sus conocidos y vecinos. Gracias a ello no decayó ni, incluso, necesitó ir a terapia psicológica.

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El 13 de diciembre de 2019, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular realizó una manifestación frente a La Moneda para protestar por la cantidad de heridos oculares que existían hasta esa fecha. Daniel, junto a Haydee, su pareja, y Lisette, su cuñada, asistieron a la manifestación.

“Estuvimos como media hora y me quise ir. Llevaba poco tiempo desde el accidente. Igual sentía como miedo de que me pasara en el otro ojo, empezó a llegar la gente y llegaron los guanacos y todo eso y dije que nos fuéramos”, recuerda.

Hasta el 13 de marzo de 2020, las víctimas de heridas oculares corresponden a 460 personas según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Daniel, con el asesoramiento de Los Ojos de Chile y Libertades Públicas, es una de las 22 personas que presentó la primera demanda colectiva civil en la Región Metropolitana con la cual se busca establecer la responsabilidad del Estado en las lesiones oculares que sufrieron.

En la demanda se menciona que “estas lesiones sufridas por nuestros representados son consecuencia directa e inmediata de una serie de abusos en el uso de la fuerza, así como de un cúmulo de graves negligencias cometidas, a distinto nivel, por Carabineros de Chile”, dice el texto publicado por El Mercurio.

Esta acción judicial fue presentada ante el 15° Juzgado Civil de Santiago el agosto de este año, y reúne en 143 páginas estos 22 casos de personas que sufrieron lesiones oculares desde octubre de 2019.

A casi un año del estallido social, Daniel piensa que aún no hay justicia.

“La coordinadora sigue peleando para que se investiguen estas cosas, tienen juntas con ministerios, subsecretarías, gente de derechos humanos, todos ellos, pero no han conseguido mucho porque igual el gobierno está cegado a que todos los que fueron víctimas no fue porque les dispararon ellos [los Carabineros], algunos han dicho que fue hasta con piedrazos que perdieron la visión”, dice.

-¿Sientes que el Estado te debe algo a ti y a todas las personas que han sufrido violencia policial?

-Yo pienso que más que nos debe, creo que tienen que asumir lo que mandaron a hacer a los mismos pacos, porque ellos mismos mandaban a reprimirnos de esa manera. Yo creo que alguien mandó a hacer eso, porque cómo tanta víctima, cómo tantos traumas oculares… Yo creo que sí mandaron a que nos cegaran como se dice, porque nos quieren cegar. Creo que deben hacerse responsables de todo esto y no han querido hasta el momento. No quieren hacerse responsables de los accidentes… así nos llaman. No nos llaman como parte de la represión que hicieron ellos, nos llaman accidentes. No víctimas, accidentes.

-¿Piensas que va a haber justicia con quienes han sufrido traumas oculares?

-Ha habido justicia, pero con uno que otro. Con los que son más mediáticos. Los que somos como NN en el sentido de los traumas, yo pienso que nunca van a pillar a quien nos disparó. Nunca van a investigar quién disparó a Daniel Acevedo.