*Esta investigación es el resultado del proyecto de título realizado por los autores en 2023, bajo la tutoría de la profesora Carolina Rojas, para optar por el título de periodistas en la Universidad Alberto Hurtado (UAH). El texto resultó ganador en la última edición del Premio Periodismo de Excelencia Universitario (PPEU) que otorga la UAH, y es publicado en simultáneo tanto por Puroperiodismo como por La Otra Diaria (LOD).

La mañana del domingo 27 de enero de 2019, Fernando Flores Espinoza (28) tuvo una discusión con su expareja, Silvana Garrido Urdiles (25), en el departamento que compartían con la pequeña hija de ambos. El edificio quedaba ubicado en la comuna de Santiago.

Durante la pelea, Fernando golpeó a Silvana en distintas partes de su cuerpo que ella intentó defenderse rasguñando y mordiéndolo. Finalmente, la agresión culminó cuando él la arrastró hasta el balcón y la lanzó desde el piso 23 en presencia de la niña.

La joven falleció de forma instantánea, tras caer en la terraza del segundo piso.

Fernando llamó a los padres de Silvana y a Carabineros para informarles lo que había ocurrido, mientras recorría el pasillo inquieto y entraba al departamento. En ese lapso, dos vecinos fueron a socorrerlo, uno de ellos tomó a su hija en brazos y el otro se quedó haciéndole compañía. A los minutos después, llegó al edificio el teniente Jorge Díaz para verificar un procedimiento sobre una persona que habría caído. Allí, entró al departamento 220 y vio el cuerpo de Silvana tendido en la terraza. El personal del SAMU constató su muerte. Luego subió al departamento desde donde fue arrojada Silvana. Allí encontró a Fernando sentado y alterado en un sillón, quien le explicó lo que supuestamente había pasado.

-Tuvimos una discusión y ella decidió lanzarse al vacío. De este modo, el funcionario clausuró el lugar.

Díaz inmediatamente se comunicó con el fiscal de turno, Fernando Donoso, quien ordenó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quien llegó al edificio a cargo del comisario Sebastián Vergara. En ese momento, Díaz le comentó que le llamaron la atención dos cosas que no le calzaban con un suicidio: primero, el desorden en el departamento en donde eran notorios los signos de pelea (como mechones de pelo color morado en el suelo, loza rota, ropa esparcida y el sillón corrido y el balcón llamativamente ordenado con plantas puestas en hilera. Esto sumado a que en los barrotes había huellas marcada); lo segundo; que la joven cayó muy cerca de la superficie del edificio: “El teorema de la caída libre dice que el cuerpo cae en parábola, por lo que la proyección de éste y los dedos marcados no era habitual que cayera muy a ras del lugar”, dice la declaración del policía.

En la terraza del segundo piso, la Brigada de Homicidios examinó el cuerpo de Silvana y así constataron lesiones de la caída y otras que no se debían directamente a ella. En el interior del departamento observaron el desorden, pero supusieron que era por los hábitos de la pareja. Al inspeccionar el balcón también notaron que estaba todo ordenado y, que en el tercer y último barrote, había huellas que parecían hechas desde el exterior. La perito dactiloscópica informó que no era posible levantarlas.

Así también no se recogieron otras pruebas –excepto el celular de Silvana que se encontró en el living– y solo fueron fotografiadas, estas fueron fundamentales para la investigación que vendría más adelante.

Mientras empadronaban el piso 23 y los aledaños, varios vecinos les informaron que durante la madrugada y la mañana escucharon gritos, golpes, portazos y objetos que se quebraron. Incluso, el vecino del piso de abajo, escuchó a una mujer que gritó: “¡Mira como me dejaste la cara!”. Y unos minutos después, a una niña que gritó: “¡Papá, no le pegues a mi mamá!”. Por último, el fiscal ordenó que se tomara una declaración a Fernando Flores Espinoza en calidad de testigo en dependencias de la Brigada de Homicidios. Allí, relató que Silvana decidió terminar con su vida.

Extracto de la declaración de Fernando Flores Espinoza (27 de enero de 2019):

“Ella me miró y me dijo: ‘Verdad que estoy sobrando’, y se dirigió nuevamente al living. Yo la seguí para responderle, pero ella iba llegando al balcón, observé que esta se subió al muro perimetral del balcón, se sostuvo del barrote superior que está sobre el muro para pasar las piernas hacia el exterior del muro, se giró, luego se soltó de los barrotes, se puso de pie quedando con su rostro mirando hacia el interior del departamento. Yo inmediatamente me dirigí hacia ella, pero había muchos objetos en el piso obstaculizando el camino. Por lo que cuando llegué al balcón esta dio un pequeño salto hacia atrás y se lanzó, no alcanzando siquiera a tocarla, observando que caía desde la altura con los pies hacia abajo”

Además, constató lesiones en el centro del Servicio de Atención Primario (SAPU) Rosita Renard, ya que tenía rasguños en su brazo derecho y un mordisco en uno de sus muslos. De acuerdo con su declaración, estas lesiones se produjeron a raíz de una discusión por celos. Sobre base a todas estas diligencias, la Brigada de Homicidios no encontró elementos que le hicieran suponer que había participación de terceros en la muerte de Silvana. Es decir, en un principio, su fallecimiento se asoció a un posible suicidio. Este fue un punto de inflexión para la familia y cercanos de la joven, quienes nunca creyeron en esa hipótesis.

Marcía Urdiles, madre de Silvana, fue una de las primeras en enterarse de lo ocurrido. A las 10:17 horas recibió la primera llamada: “‘Tía, la Silvana se lanzó por el balcón”, le informó la pareja de su hija y luego le cortó.

La madre de Silvana repasa los detalles de ese día, ella está sentada en el pasto de Plaza Brasil. La mujer es de estatura baja y lleva una melena de color morado, en recuerdo a la memoria de su hija. Enciende un cigarrillo y da una bocanada. A su lado dejó una pañoleta con una imagen de Silvana y una frase que reza: “No estamos todas, falta Silvana Garrido Urdiles”.

Dice que tras la llamada de Fernando, enseguida fue a comentarle a su esposo, quien se levantó para ir al departamento. “Me quise levantar para ir a la siga de él y no pude, luego entendí por qué me pasó eso. Llegó al lugar, y me informó que efectivamente mi hijita está muerta. Altiro dije que no podía ser y después salieron sus amigas a confirmarlo”, agrega.

–¿Por qué no creyó en la hipótesis del suicidio?

–Porque la Silvana nunca había pensado en quitarse la vida, tenía muchos proyectos. En lo principal, como mamá sé que mi hija nunca se iba a quitar la vida, sobre todo porque ella también era madre. Por eso nosotros sacamos la voz y lo hicimos público–responde Marcía.

La perspectiva de género

El caso de Silvana Garrido Urdiles fue asignado a la Fiscalía de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar de la Región Metropolitana Centro Norte, donde quedó en manos de la fiscala Paula Rojas, quien al revisar las fotografías del departamento le llamó la atención el desorden, la ropa esparcida en el suelo, los mechones de pelo, las huellas en los barrotes desde el exterior, entre otros elementos que no coincidían con alguien que quiso acabar con su vida.

–Me reuní con el equipo que trabajó en el sitio del suceso para indicarle que a mi juicio faltaban cosas por hacer y que no se hicieron, y que ya no se podían hacer–, confirma la Rojas en una entrevista.

La persecutora cuenta con su propia oficina en el tercer piso de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Allí recibió a Marcía Urdiles el 21 de febrero de 2019 para entrevistarla. Sentadas, una frente a la otra en el escritorio, conversaron por primera vez. La madre de Silvana le relató que su hija y Fernando fueron compañeros de trabajo en el restaurante Applebee’s de la comuna de Las Condes en el año 2013, y que a los meses después se enteró que estaban pololeando. Luego, de acuerdo con su declaración, el 2014 ellos se fueron a vivir juntos a un departamento que les arrendó el papá de Fernando. Dos años después, la joven quedó embarazada. Allí también, Marcía le comentó a la fiscala, una información que hasta esos días ella también ignoraba: en el velorio las amigas de Silvana le revelaron la violencia que su hija había vivido durante los seis años de relación.

“Ahí me contaron muchas cosas que no sabía, me enteré de la violencia que ella sufrió, que seguramente esas veces en que no me fue a ver y que solo me llamaba era para que yo no viera sus moretones en la cara”.

Y le recalcó a Rojas que no creía en la hipótesis del suicidio, ya que Silvana había concretado un plan para dejar a Fernando y llevarse a su hija, y que a más tardar se iría del departamento el lunes 28 de enero. “Entre el 21 y el 22 de enero del 2019, Silvana por primera vez me contó de sus planes y que quería separarse. Me dijo que estaba cansada de la vida que llevaba con Fernando y que necesitaba mi apoyo”, contó ante la mirada atenta de la persecutora.

También agregó que tras esta noticia aconsejó a su hija a que buscaran un departamento que estuviera cerca de ella para estar más juntas, y Silvana estuvo de acuerdo.

Estos antecedentes le llamaron la atención a la fiscala, ya que es una característica de la violencia intrafamiliar que los padres y los hermanos sean los últimos en enterarse de la situación en la que se encuentra la víctima. Al tomarlo y conectarlo con el plan de huida, más sentido le hizo el abuso que Fernando ejerció en la vida de Silvana. “Es de toda lógica que algo raro está pasando cuando una mujer quiere salir de esta relación tóxica. Estaba buscando un departamento, se había teñido el pelo, se había hecho las uñas. Una sabe que cuando una mujer está en un plan de huida, o incluso de conquista o planes que se vienen en el futuro, las mujeres solemos arreglarnos y exteriorizar esa alegría que llevamos por dentro”, explica Rojas.

Y al considerar lo relatado por la madre de Silvana y unir la información con las imágenes de la autopsia de Silvana y del departamento, se abrió una nueva arista de investigación.

“Si a mí la madre me dice: ‘Mi hija lo dejaba al día siguiente a más tardar’, y yo en las fotografías veo ropa tirada en el piso y bolsos, pienso que lo más probable es que ella haya hecho su bolso y él se los haya desarmado en una conducta celópata, porque se le está yendo de sus manos la situación con su pareja”, comenta la fiscala.

De este modo, dejó a un lado la hipótesis del suicidio de la Brigada de Homicidios y comenzó a investigar un femicidio.

Para poder demostrar que Fernando terminó con la vida de Silvana, Rojas dividió la investigación en tres partes: uno, analizar las circunstancias previas del hecho, que fue el continuum de violencia que sufrió la joven en la relación y que tenía un plan de huida; dos, analizar las circunstancias coetáneas del hecho, que fue el desorden en el departamento y lo llamativamente ordenado que estaba el balcón, las huellas en los barrotes, y algunas lesiones en el cuerpo de Silvana que no eran concordantes con la caída y tres, que fue analizar las circunstancias posteriores del hecho, como el comportamiento de Fernando tras la muerte de la joven. No asistió al velorio ni al funeral, luego se fue de vacaciones y no visitó jamás a su hija, quien quedó al cuidado de sus abuelos maternos.

Además, la fiscala usó la lógica y la experticia que le ha brindado su carrera como persecutora criminal. A eso se sumo a la investigación las abogadas querellantes de la causa: Francisca Millán, del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, y Paloma Galaz. De este modo, las tres aplicaron la perspectiva de género en la investigación para realizar diligencias que evidenciaran que en la muerte de Silvana sí hubo participación de terceros. Ese fue un avance fundamental la formalización de Fernando por el delito de femicidio el 10 de agosto de 2021, después de dos años del hecho. El hombre quedó en prisión preventiva ocho días después por instrucción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto dio altas esperanzas a la familia y cercanos de la joven, quienes siempre estuvieron presentes en el caso.

–La fiscala Paula Rojas ha dotado de perspectiva de género la investigación y ha trabajado reconociendo los errores en una instancia principal de la investigación, a fin de corregirlos para que cuando lleguemos a una instancia de juicio oral, tengamos las pruebas suficientes para lograr acreditar el femicidio y que el tribunal descarte la tesis del suicidio por parte de la defensa–dice Paloma Galaz.

En este camino para acreditar el femicidio, utilizaron como herramienta el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, de ONU Mujeres y las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en 2014. Este documento ofrece orientaciones y líneas de actuación “para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Además, está hecho para que lo utilicen voluntariamente países de América Latina y el Caribe, los cuales algunos de ellos participaron en los procesos de consulta y revisión. Por parte de Chile, estuvieron los representantes de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia Intrafamiliar (ambas pertenecientes a la Fiscalía Nacional), la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, entre otros.

En el ítem de Objetivos del Modelo de Protocolo, un elemento fundamental es que busca “promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres”. Incluso, en el capítulo III se señala que el Ministerio Público y las policías deben realizar las investigaciones por presuntos femicidios con perspectiva de género, ya que se permite alcanzar dos objetivos: “a) analizar las conexiones que existen entre la violencia contra la mujer y la violación a otros derechos humanos y b) plantear hipótesis del caso, basadas en los hallazgos preliminares, que identifiquen la discriminación, el odio por la condición de ser mujer, o a las ‘razones de género’ como los posibles móviles”.

Otro elemento fundamental del documento es que en el ítem de “Los casos de aplicación del Modelo de Protocolo” se aconseja aplicar sus directrices “frente a todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un femicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad”. Como en los casos de suicidios de mujeres, ya que “son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental” o “pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio”.

Por otro lado, el Modelo de Protocolo resalta las obligaciones internacionales que tienen los Estados frente a la violencia de género, como el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –conocido como la CEDAW (1979)– y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocido como la Convención de Belém do Pará (1994)–. Ambos ratificados por Chile, siendo el más utilizado por nuestras instituciones el Belém do Pará, ya que involucra al sistema judicial en el combate de la violencia contra las mujeres. Destacándose el artículo 7, inciso b, que indica que los Estados deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

De esta manera, el Modelo de Protocolo y ambos tratados internacionales fueron fundamentales para la investigación, en que la fiscala y las querellantes los tuvieron en cuenta para realizar las diligencias. Sin embargo, la Brigada de Homicidios no consideró estas directrices al llegar esa mañana al departamento, dando por hecho en una primer momento que se trató de un suicidio. Esta es una falla repetitiva de las instituciones al no aplicar la perspectiva de género ante las muertes violentas de mujeres. Sobre esto, el comisario Sebastián Vergara argumentó en su declaración, en el juicio oral del caso de Silvana: “Al año siguiente de la ocurrencia de estos hechos (2020) se generaron protocolos de trabajo con relación al femicidio”.

El femicidio: Un ejercicio de poder

“La Silvana fue mi primer amor”, dice Marcía y esboza una sonrisa. Sentada en el pasto mientras toca la pañoleta con la imagen de su hija, agrega que “el primer hijo para una madre siempre va a ser especial”. El 11 de agosto de 1993 nació su primogénita Silvana Marisol Garrido Urdiles y tres años después le siguió el nacimiento de su segunda hija, Brenda Garrido Urdiles, el 20 de agosto de 1996. “Cuando llegó Brenda, la Silvi iba a verla a la clínica todos los días y le llevaba un regalo. Ella lo único que le pedía era que no naciera para su cumpleaños, porque se lo iba a echar a perder. Y la Brenda fue tan obediente desde un comienzo con su hermana que le hizo caso”, recuerda la mujer.

Desde muy joven, Silvana tuvo un marcado interés por los tatuajes y, cada cierto tiempo, aparecía con un nuevo diseño en alguna parte de su cuerpo. Incluso, varias veces fue un lienzo para sus amigos tatuadores en eventos nacionales. Eso la llevó a desarrollar una afición por el modelaje, por lo que realizó varias sesiones fotográficas y fue parte de un portal de tatuajes. En paralelo, encontró su vocación en el maquillaje. Entró a estudiar Cosmetología en el Instituto John Kennedy. Luego trabajó como maquilladora para la marca Inglot en el Mall Arauco Maipú durante el 2018. Pero el cambio más importante en la vida de la joven fue el nacimiento de su primogénita en el 2015. Sus cercanos dicen que se refería a ella como “su único amor”.

Semanas antes de su muerte, Silvana buscó arriendos de departamentos para irse a vivir con su hija, anotó varias cotizaciones en una libreta. Esta decisión se la comentó a su círculo cercano. Días antes de su muerte realizó cambios en su apariencia, una amiga manicurista le hizo las uñas y otra amiga estilista le tiñó su cabello a color morado. Silvana –quien se describía como una mujer con “un metro y medio de choreza”– estaba lista para irse del departamento.

“Para la mayoría de las personas que no son feministas o no trabajan en el problema de la violencia hacia las mujeres, les cuesta mucho comprender que el femicidio es un ejercicio de poder”, dice Lorena Astudillo, una de las voceras de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. La abogada, quien se encuentra sentada en el patio de la organización, explica que por no entender esa definición el Ministerio Público no ha tipificado algunos femicidios como tal. “Esto sigue siendo un déficit que tanto los fiscales, como el Servicio Nacional de la Mujer comprendan esto”.

Además, recalca que una justicia con perspectiva de género implica que todos los agentes anteriores y posteriores debieran tener perspectiva de género y que en todas las profesiones se tiene que enseñar : “La institucionalidad no está a la altura”, confirma. Es decir, institucionalmente no se puede obligar a los agentes a aplicar la perspectiva de género, a menos de que exista una legislación que vaya en esa línea. Una posibilidad que se ve lejana para la mujer, ya que señala que en nuestro país “existen tratados internacionales que hoy día son completamente ignorados”.

Las fallas que se repiten

La cámara del computador se encuentra encendida y en la pantalla se logra ver a un hombre que se está acomodando el abrigo. En la entrevista, Javier Ahumada, abogado querellante en el femicidio de Yanira Díaz, asegura que si no es por la hermana de la víctima, María Lidia Diaz el caso hubiera quedado sepultado hace tres años bajo el rótulo de suicidio.

–Sin María, esta trayectoria no la hubiésemos conocido. Este cúmulo de fantásticos y formidables errores que se cometieron habrían pasado inadvertidos–dice el abogado.

Estos errores comenzaron en la madrugada del 28 de noviembre de 2020 en la comuna de Puerto Montt. Ese día, Yanira Díaz (25) se dirigió al domicilio de Claudio Ballesteros (32), con quien mantenía una relación desde hace un año. No vivían bajo el mismo techo. Una vez allí, el hombre golpeó a la joven, causándole lesiones y heridas cortantes. Tras la agresión, ambos se dirigieron a la casa de ella y ahí la volvió a golpear. El ataque que culminó cuando la estranguló con un elemento desconocido hasta causarle la muerte.

Luego, trasladó el cuerpo hasta la cocina y lo dejó sobre una estufa a leña, donde le amarró una prenda de vestir alrededor de su cuello para hacer creer que su muerte se debió a un suicidio. Al terminar de camuflar el crimen, Claudio comenzó a pedir ayuda a los vecinos porque “alguien se mató”. Fue la vecina que vivía arriba de Yanira quien llamó a Carabineros.

Los primeros funcionarios que llegaron al lugar fueron Pablo Salazar y Pedro Montecinos, ambos de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, a quienes se les solicitó concurrir al domicilio para verificar un procedimiento sobre una persona fallecida. Afuera encontraron a Claudio, quien les dijo que su pareja se había ahorcado al interior de la casa y que cortó el vínculo para intentar reanimarla. Con esta información, los dos carabineros entraron a la vivienda para revisar a Yanira, y al tomarle el pulso comprobaron que estaba sin signos vitales.

Ante tal hallazgo, inspeccionaron detenidamente la posición y el estado del cuerpo de la joven. De acuerdo con la sentencia del caso, Salazar describió que “su rostro estaba un poco hinchado y que su pelo estaba mojado, al parecer tenía sangre o fluidos que había botado, y sus manos tenían manchas de sangre”. Esas mismas manchas las encontraron en el piso y en el baño del domicilio. Con estas observaciones, Montecinos llamó a la fiscal de turno, quien dio las primeras ordenes: cerrar el lugar y tomarle una declaración a Claudio –en calidad de testigo– y a la vecina que vivía arriba.

Para Javier Ahumada, hasta este punto, el trabajo estuvo bien hecho, ya que considera que los dos funcionarios realizaron una labor esperada. “Carabineros hizo un trabajo estándar y con eso fue suficiente. O sea, cuando uno ofrece el trabajo mínimo estándar tiende a ser suficiente, porque por eso es el estándar mínimo, ya que a partir de ahí opera. Entonces, con ellos no tengo reproche alguno”, comenta el abogado.

Desde ese momento en adelante los errores fueron evidentes. Tras las observaciones entregadas por ambos carabineros, la fiscala ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para investigar, ya que se estaría en presencia de un suicidio, pero habría manchas de sangre. De este modo, el equipo especializado llegó durante la mañana a cargo de la subcomisario Daniela Acuña, quien con el inspector Elvis Domínguez revisaron el interior de la vivienda.

Allí notaron el desorden generalizado y manchas color rojizas en la pieza de Yanira, en su celular y en el baño. A pesar de todo lo observado, que daba cuenta de que se ejerció una violencia previa contra la joven, tomaron la decisión de que no era necesario solicitar la presencia de peritos y no recogieron evidencias.

De acuerdo con la sentencia, al examinar el cuerpo de Yanira que estaba sobre la estufa a leña, Acuña relató que notaron la presencia de manchas color rojizas en su rostro, en sus manos y ropa. Y cuando vieron la prenda de vestir en su cuello “determinaron que se estaba en presencia de un suicidio”. Hipótesis que reafirmaron al ver las vigas en el techo, donde visualizaron que una de ellas no tenía polvo y que su ubicación coincidía con la posición del cuerpo de la joven. Además, la subcomisario pasó por alto un antecedente clave en la declaración de Claudio Ballesteros, quien reconoció que agredió a Yanira “al menos en una oportunidad”.

–La Policía de Investigaciones hizo una mierda de trabajo, una mierda de laburo–, dice Ahumada al recordar el trabajo que realizó dicha institución.

En el año 2012, el Ministerio Público dispuso el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile, que detalla exhaustivamente lo que debe hacer personal de fiscalía, policías, peritos, forenses y otros expertos a la hora de enfrentarse a un posible femicidio, y cómo desarrollar adecuadamente la investigación. Sin embargo, no es obligatorio tomarlo en cuenta, no menciona la perspectiva de género y se basa en la legislación antigua del femicidio (Ley 20.480). Pese a lo anterior, es el primer instrumento que aborda la investigación de este delito, entregando directrices básicas que no fueron consideradas en las muertes de Yanira Díaz y Silvana Garrido. Siendo una de ellas la importancia del rápido actual policial presente en el capítulo 2, inciso 2.1 Noticia Criminis: “La rápida actuación policial en orden a la investigación del lugar del hecho o escena del crimen, el levantamiento del cadáver, el aseguramiento de las pruebas que puedan hallarse en el lugar, la recogida de objetos relacionados con la comisión del crimen y de los restos o vestigios biológicos y su posterior análisis, será fundamental para la investigación y la determinación de los culpables (…) Todo ello requerirá que, por parte del investigador, se tenga una preparación adecuada para abordar la situación”.

Por otra parte, en el capítulo 3, inciso 3.4 Recogida y análisis de vestigios, se explica cómo deber ser la intervención de la policía en el sitio del suceso, donde tienen que considerar vestigios biológicos como sangre, semen y fluidos vaginales, pelos, uñas, piel, huellas, entre otros.

“La intervención de la policía ha de ser minuciosa, cautelosa (para no contaminar el lugar de los hechos), meticulosa y tranquila para que todo aquello que pueda aportar pistas sobre la comisión del hecho y del autor sea debidamente constatado; es fundamental que se recojan todas y cada uno de los objetos que puedan tener relación con el hecho y cualquier vestigio que puedan aportar información a la investigación”.

Cuando la Brigada de Homicidios terminó sus labores en el domicilio de Yanira, el cuerpo fue llevado hasta el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde el médico legista Luis Ojeda realizó la autopsia sobre la base del protocolo que la institución adecuó en pandemia, que consistía en hacer “una autopsia abreviada o focalizada, esto es, que se examinaba sólo el foco o lesión principal”. Asimismo, se consideraron los antecedentes enviados por la policía que indicaban que la joven habría atentado contra su vida. Junto con los hallazgos en el cuerpo, el médico concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento compatible con un suicidio, y que las múltiples lesiones que presentó eran atribuibles a terceras personas. Luego, se entregó a la joven a su familia para su respectivo velorio y funeral.

Sin embargo, la hipótesis del suicidio nunca fue creíble para los cercanos de Yanira, mucho menos para su hermana María Lidia Díaz, quien descartó inmediatamente esa conclusión al verla en el velorio.

Extracto de la declaración de María Lidia Díaz (26 de febrero de 2021):

“Pude ver a mi hermana, al ver su cara de inmediato me di cuenta que Yanira no se había quitado la vida (…) se le veía muy golpeada a pesar de todo el maquillaje que tenía, no me convencía que Yanira se hubiese quitado la vida, puedo dar fe que Yanira era una joven muy alegre, con muchos proyectos por delante, que quería por sobre todo a su hijo, no lo hubiese dejado solo, todo eso me hacía pensar que algo le había pasado”

Una mirada integral al cambio

Solo en el año 2022, al Ministerio Público ingresaron 1.359.885 casos de violencia de género. De ese total, 185.922 quedaron en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el lugar con más casos a nivel nacional. Al mismo tiempo, recibió la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar: 23.470.

Patricia Varas, fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF de la Metropolitana Centro Norte, habla sobre esta última cifra: “Es una brutalidad, de repente sé que como fiscalía cometemos errores, pero nadie dimensiona la cantidad de trabajo que de verdad existe (…) Evidentemente una no puede investigar, porque no da”, relata.

Ante este escenario que se venía repitiendo de años anteriores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Varas relata que en el 2018 el fiscal regional, Xavier Armendáriz, le solicitó al fiscal nacional de ese tiempo, Jorge Abbot, que se autorizara la creación de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF. Esta se formó en octubre de ese mismo año y fue la primera de su tipo a nivel nacional. “Me propusieron ser fiscal jefa, pero sin tener conocimientos en ese momento en temas de género. Hice un diplomado en género y derechos humanos que me ha ayudado mucho y también la lectura autodidacta respecto a estos temas”, comenta la fiscal.

A fines del año 2021, en la Fiscalía Metropolitana Oriente se creó la Fiscalía de Género sumándose a la ya existente en la Centro Norte.

En una sala de reuniones iluminada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la asistente de Marjorie Carrillo, fiscal adjunta de la Fiscalía de Género, ingresa con una jarra de agua que deja frente a la mujer. Ella llena su vaso y bebe un sorbo, mientras comenta que el propósito de aquella fiscalía es rescatar a las víctimas y brindarles un trato especial. Esto lo afirma porque antes de la creación de esta entidad, las investigaciones no lograban avanzar o llegar a buen término. “Antes las causas se archivaban y nosotros dijimos ‘no’. Hay que investigar con perspectiva de género. Hay que entender que las mujeres no están libres de tomar su decisión, no tienen conciencia del riesgo que corren”, relata.

Además, la fiscala confirma que fue necesaria su creación porque son delitos muy demandantes, entonces había que cumplir un cierto perfil para verlos.

Pero el primer acercamiento a la violencia de género en el Ministerio Público fue a finales del año 2017, con la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales a manos del consejo de fiscales, a fin de que las investigaciones se ejecuten bajo la perspectiva de Derechos Humanos y de género. Pero con la llegada del fiscal nacional Ángel Valencia la unidad se dividió en tres, una de ellas fue la Unidad Especializada en Género (UGEN), la cual cumple dos roles: dar asesoramiento durante la persecución penal y brindar apoyo a la gestión interna para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito institucional. En ese sentido, la UGEN puede asesorar, apoyar y colaborar en la investigación de los delitos de violencia de género contra las mujeres. Y actualmente, la Fiscalía Nacional cuenta con 98 fiscales especializados en esa área a nivel nacional.

En diciembre de 2021, la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales creó la Guía de primeras actuaciones ante casos de femicidio consumado y en ese mismo período el Ministerio Público emitió el Oficio FN Nº 1032/2021: Instrucción general que imparte criterios de actuación en delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

Ambos documentos tomaron como base el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y cuentan con un punto fundamental en común sobre la labor en el sitio del suceso: “En toda muerte violenta de mujeres debe considerarse como hipótesis inicial la ocurrencia de un femicidio, aunque en un principio pueda parecer un homicidio simple, un suicidio o un accidente. Ello, para incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos”. Sin embargo, no es obligatorio considerarlos para las investigaciones.

En las instalaciones de la Fiscalía Nacional, dentro de una sala de reuniones, hay una mesa rectangular que destaca. En una de las esquinas se encuentra ubicado Roberto Rodríguez, trabajador social de la UGEN. Con su libreta en mano, repasa sus apuntes y tras unos momentos levanta la mirada y declara que la elaboración del oficio fue resultado de la participación activa de fiscales y organizaciones de la sociedad civil, quienes llevaron a cabo rondas de conversación con el fin de captar las necesidades, los intereses y las críticas, para posteriormente incorporarlas al documento.

También destaca que la UGEN puede capacitar a las demás instituciones que cooperan en las investigaciones criminales, como Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Esto para que vayan acordes a los fiscales especializados en estas materias y evitar cometer fallas. Sin embargo, tanto para los fiscales, como para el resto de las instituciones las capacitaciones, las guías, los manuales y las instrucciones generales no son obligatorias.

–Tenemos un fuerte componente de capacitación y sensibilización para nuestro equipo, pero también trabajamos con organismos externos, aunque en menor intensidad. Nuestra preferencia son los fiscales, las fiscalas y los equipos. Hemos trabajado con las policías, pero somos un equipo pequeño. Sin embargo, tratamos de multiplicarnos a través de otras acciones– comenta Rodríguez.

La Fiscalía Nacional publicó en septiembre el Manual para la Investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio), un documento más actualizado que recomienda incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, reemplazando así el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile del 2012.

La primea línea: Carabineros y PDI

Dos días después del funeral de Yanira Díaz, su hermana María fue a revisar el domicilio de la joven para tratar de entender lo que sucedió. En el lugar también le llamó la atención el desorden y las manchas de sangre en las paredes del baño, por lo que se sentó en el sillón a fin de asimilar lo que vio. En eso, notó algo extraño que estaba debajo de un mueble, y al meter la mano sacó un gorro de lana que tenía en su interior dos armas. Tras esto, fue con su papá al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar cuenta del hallazgo a la subcomisario Daniela Acuña –quien estaba a cargo de la investigación–. La mujer derivó a María a otro departamento, ya que era un tema diferente a la muerte de Yanira. De modo que se acercó a la funcionaria María José Olavarría, quien le recibió la denuncia de las armas y le dijo que fuera al domicilio de su hermana, ya que ella llegaría con un equipo en unos minutos.

De esta manera, la Brigada de Homicidios inspeccionó nuevamente el lugar, pero está vez levantaron las dos armas, se llevaron el celular de Yanira. Fotografiaron la vivienda y el baño por la presencia de sangre en las paredes. También la funcionaria Olavarría revisó el teléfono de la joven y se dio cuenta de que había un contacto con el nombre “amorcito”, cuya fotografía coincidía con Claudio Ballesteros, además había audios de él que reclamaba que le devolviera sus pistolas. Y con estos nuevos antecedentes se exhumó el cuerpo de Yanira nueve días después de su muerte, a fin de realizar otra autopsia. Asimismo, la investigación pasó a manos de otra fiscal y a Labocar de Carabineros para investigar, tras estos hallazgos, un presunto femicidio.

–Después de que se dieron cuenta de que habían cometido un error fantástico, cuando se dan cuenta de que el error es tan grosero y que podrían correr cabezas ¡Zas! Listo, cambien de jugadores. Entra la fiscal Nathalie Yonsson y sale la anterior. Yo creo que todo el mundo olió el desastre que podría haber quedado y que puede quedar todavía–afirma Javier Ahumada.

Para abordar adecuadamente los femicidios, la PDI creó el 4 de noviembre de 2021 el Procedimiento de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Femicidio, que debe ser usado por todos los funcionarios en las investigaciones que sean por dicho delito. Y desde el 15 de septiembre de 2011 existe el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Homicidio y el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Parricidio, que pueden utilizarse para las indagaciones de muertes violentas de mujeres que estén dentro de estos últimos dos delitos.

Respecto a la aplicación de la perspectiva de, la jefa nacional de Delitos Contra las Personas, prefecta inspectora Maricela Gárate, recalca que debe ser considerada por parte de los funcionarios que investigan delitos de homicidios: “Se deben comprender los factores de riesgo y los patrones subyacentes que rodean a los femicidios (…) La perspectiva de género permite analizar y comprender la violencia contra las mujeres como un problema estructural y social, en lugar de tratar los casos como incidentes aislados”.

Otro acercamiento que ha tenido la PDI con esta herramienta es a través de sus Jefaturas Nacionales. Las cuales, de acuerdo con la prefecta inspectora, están a cargo de gestionar actividades académicas enmarcadas en los pilares I y II del Plan Estratégico 2023-2028 de la institución. El primer pilar se relaciona con la “Ética, Probidad, Derechos Humanos y Enfoque de Género”, y el segundo pilar con “Fortalecer permanentemente a nuestro Capital Humano con Enfoque de Género”. “Nuestros Pilares Estratégicos guardan relación con el fortalecimiento del capital humano, contribuyendo al relacionamiento profesional del personal institucional, para compartir conocimientos y experiencia adquirida gracias al trabajo intersectorial, las buenas prácticas, el perfeccionamiento y capacitación continua”, explica Gárate.

Además, destaca que la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina autoriza y gestiona capacitaciones en Violencia de Género. “Son dirigidas al personal institucional mediante diversos procesos de postulación voluntario. Instancias que consideran a las Brigadas Especializadas y a las Brigadas de Investigación Criminal a nivel nacional”, explica. De esta manera, al igual que las capacitaciones que realiza la Fiscalía Nacional, no son obligatorias para los funcionarios.

En la sala de reuniones del Departamento de Protección a Familias y Grupos Vulnerables de Carabineros, se encuentra la Coronel Virginia Ruiz, jefa del departamento, y a su lado Verónica Ortega, asesora y asistente social de la misma unidad. Ambas están inmersas en una conversación, tras ser consultadas por la Circular Nº 1774 llamada Violencia Intrafamiliar, Femicidio, Protocolo de Femicidio y parte tipo Violencia Intrafamiliar que se creó el 28 de enero de 2015 –y que fue recibida mediante Solicitud de Transparencia–. Ortega explica que es una circular interna de la institución que establece los protocolos que deben seguirse ante casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el documento considera la antigua legislación del femicidio (Ley 20.480) y no nombra la perspectiva de género.

–No se hace mención a la violencia contra la mujer, ya que en ese momento no se consideraban elementos claves como el acuerdo de Belém Do Pará o la CEDAW. Tampoco se había activado el Circuito Intersectorial de Femicidios que surge posteriormente, porque estas circulares responden a las realidades contextuales de los países. Y, en función de ello, se van realizando mejoras o perfeccionamientos en las acciones, en este caso, de la policía–comenta la asesora.

Tanto la Coronel Ruiz, como Ortega coinciden en que dicha circular no se ajusta a la realidad actual al no incorporar la Ley 21.212 (Ley Gabriela), pero reconocen que sirve como punto de partida para abordar este tipo de casos. En ese sentido, la asistente social afirma que al día de hoy Carabineros cuenta con todo lo relacionado con el abordaje diferenciado y oportuno de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. “Por eso hemos incorporado la Violencia Contra la Mujer (VCM) de manera transversal a nivel institucional, así como también la perspectiva de género para un abordaje más diferenciado”, confirma. Además, ambas funcionarias recalcan que desde hace dos años se ha estado capacitando al personal en VCM.

–Llevamos aproximadamente dos años certificando al personal que trabaja tanto en las salas de familia, como en la Oficina de Violencia Intrafamiliar. Este programa de capacitación se lleva a cabo una vez al año y tiene una duración de 40 horas–explica Ortega.

En cuanto a la actuación ante los casos de muertes violentas de mujeres, la asistente comenta que la institución recibe más del 98% de los procedimientos policiales debido a su amplia cobertura en el país, en comparación de la PDI. “Carabineros es quien inicia y activa el protocolo de femicidio. Se completa una ficha que luego se informa de inmediato, lo que desencadena toda la red de apoyo involucrando a otros organismos”, dice Ruiz.

En relación al procedimiento llevado a cabo en el sitio del suceso, la coronel puntualiza que la institución se limita a realizar las acciones correspondientes a su competencia, mientras que la investigación propiamente tal es responsabilidad de la PDI. “La investigación de los delitos es llevada a cabo por la PDI, ya que Carabineros, al ser los primeros en llegar al lugar, deben asegurar la escena del crimen, verificar la presencia de posibles víctimas colaterales como los hijos de las víctimas. Por lo tanto, es necesario sacarlos del lugar, activar el protocolo y, a partir de ese momento, los organismos gubernamentales comienzan a trabajar de inmediato para brindarles apoyo. Además, esto depende del fiscal al que se le derive la investigación, aunque generalmente estos casos son remitidos a la PDI”, relata.

Además, Ruiz afirma que la institución no tiene la capacidad investigativa y que los funcionarios que están en “la población” no están para investigar. Y si es que el fiscal le deriva a Carabineros la investigación de un presunto femicidio, es al OS-9 o Labocar.

El Departamento Investigación de Organizaciones Criminales del OS-9 emitió el Protocolo de Actuación Delitos de Homicidio y Femicidio –recibido mediante Solicitud de Transparencia– que entrega actuaciones generales para abordar dichos delitos en el sitio del suceso, mientras se espera a que llegue el equipo especializado. De todas sus recomendaciones, se destaca la de “resguardar el Sitio del Suceso (…) dejando constancia de las personas que se encontraban” y la de “identificar, fijar y levantar toda la evidencia física útil que tenga relación con el hecho investigado, preservándola, resguardándola conforme a formulario de cadena de custodia”. Siendo actuaciones básicas, pero primordiales a fin de evitar cometer fallas en una primera instancia ante un posible femicidio.

Las fallas del proceso forense

El cuerpo de Silvana Garrido Urdiles llegó al Servicio Médico Legal (SML) a las horas después de ocurrido el hecho. Allí, el médico tanatólogo Germán Tapia realizó la autopsia de rigor. Al terminar, colocó los hallazgos y sus conclusiones en un informe emitido el 26 de febrero de 2019, en el que se determinó que “no se encuentran lesiones de naturaleza distinta a la contusa en la superficie corporal”.

Y respecto a la participación de terceros: “No se reconocen lesiones de naturaleza distintas a las provocadas por mecanismo de liberación de alta energía secundaria a una precipitación”.

Estas conclusiones no fueron creíbles para la fiscala Paula Rojas, ya que al ver las fotografías de la autopsia notó una lesión a la altura de las mamas que presentía que no se realizó por la precipitación. De modo que solicitó una ampliación del informe para verificar qué compatibilidad pueden tener las lesiones con la caída. Asimismo, la persecutora dio cuenta de una falla en el procedimiento realizado: no se recabaron muestras de contenido vaginal y anal de la joven; algo fundamental para Rojas, ya que Fernando Flores declaró que mantuvo relaciones sexuales con Silvana horas antes de su muerte.

Otra falla que estableció la fiscala fue que no se tomaron muestras de debajo de las uñas de Silvana, a lo que Tapia indicó que “al examen externo del cuerpo de la víctima se realizó de forma completa y exhaustiva no encontrándose restos orgánicos, ni de otra naturaleza de debajo de las uñas de ambas manos. Por lo cual no se realizó raspado de las mismas”.

Por último, Rojas determinó como otra falla la no ejecución de un examen al cuero cabelludo de la joven “para ver si había lugares de donde se hubiese sacado pelo, ya que era compatible con el que encontraron en el sitio del suceso”. En esa línea, afirma que estos errores se pudieron evitar si es que el fiscal de flagrancia hubiese dado las respectivas instrucciones a la hora de realizar la autopsia. “Si el fiscal de flagrancia instruye que se hagan determinados peritajes, el SML los hace”, recalca la funcionaria, y agrega que luego comprendió que todo esto al día de hoy son, en definitiva, diligencias que no se hacen o no se hacían porque no existía un protocolo que así lo obligara.

Las fallas también ocurrieron con Yanira Díaz a manos del médico legista Luis Ojeda, quien le realizó una autopsia abreviada bajo el antecedente remitido que indicaba que “habría sido encontrada suspendida en una viga”. De este modo, solo se enfocó en la lesión principal que estaba en cuello de la joven y dio cuenta de que el vínculo con el que supuestamente se había ahorcado estaba intacto, o sea, Claudio Ballesteros nunca lo cortó como lo señaló en un primer momento.

–Entiendo que el SML haya aplicado mal el protocolo, porque fueron inducidos al error. Pero no entiendo que no fueron capaces de interpretar la huella en el cuello de Yanira de la manera que naturalmente cualquier persona haya podido interpretarlo–expresa Javier Ahumada.

Tras el cambio de fiscal y de policía en el caso, el cuerpo de Yanira fue exhumado nueve días después del hecho y se le realizó una segunda autopsia a manos del médico legista Rodrigo Águila, quien comprobó la existencia de infiltraciones sanguíneas en el cuello –no observadas en la primera autopsia– que hacen compatible la muerte de la joven con asfixia por estrangulación con signos de sofocación, atribuible a terceras personas.

Estas fallas en las autopsias de Silvana Garrido y Yanira Díaz buscan ser combatidas por el SML. Actualmente, la institución cuenta con un Encargado Nacional de Género, quien es Marco Mosso, un cargo que surgió en el 2001 por mandato de la Administración Central del Estado a través del –llamado actualmente– Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En esa instancia se determinó que se implementaran planes y políticas de género, de modo que el encargado aborda temas relacionados a ese ámbito, pero no exclusivamente. “Se espera que prontamente exista una reestructuración, en la cual este cargo ya tenga una cierta dedicación más exclusiva a todos los temas propios de género”, señala Mosso.

El funcionario explica que las capacitaciones sobre violencia de género e intrafamiliar desde hace mucho tiempo se vienen ejecutando al interior del servicio. Y detalla que en 2017 surgen las de femicidio: “Con la incorporación formal de nuestra institución al Circuito Intersectorial de Femicidios. En el cual, se capacita con respecto al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y de ahí todos los años se ha seguido haciendo”, comenta.

Las capacitaciones comenzaron a generarse en el Instituto Carlos Ybar, lugar que cuenta con el Área de Extensión, Docencia e Investigación en Materias de Médicos Legales y de Ciencias Forenses del SML. En la actualidad, las instancias formativas pueden venir del Encargado Nacional de Género y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Además, se realizan anualmente con cierta periodicidad, pero no existe obligatoriedad formativa con respecto al desarrollo de estos cursos.

El 20 de abril de 2021 el SML elaboró el Protocolo Pericial Tanatológico en Casos de Sospecha de Femicidio: Aplicación del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. El que debe ser aplicado a nivel nacional y establece un criterio mínimo de exploración en el cuerpo de la víctima. En esa línea, en el inciso I. Fundamentos, señala que tiene que realizarse en casos de “muerte violenta de mujeres en las que el Ministerio Público sospeche (o no pueda descartar) participación de terceros en contexto de violencia género”. Es decir, para que el SML aplique este protocolo, la instrucción debe venir del fiscal a cargo de la investigación.

La justicia

Mientras mira a la gente pasar por la Plaza Brasil, Marcía Urdiles relata su proceso tras la muerte de Silvana. “Estuve muy mal, pero después de seis meses me dije: ‘Esto es lo que tengo: una parte de mi vida se fue con mi hija y la otra quedó con la bendición –haciendo referencia a su nieta–. ¿Qué hago para mantenerme en pie? ¿Para qué sirvo ahora?’. Mil preguntas me hice”. En eso hace una pausa y recuerda cuando Silvana le confesó su preocupación con la desaparición de Fernanda Maciel. “Ella no pensó en la Fernanda, sino que pensó en su mamá y me comentó: ‘Pobre madre, cómo debe de estar. Ay mamá, si a mí me pasa algo así me imagino cómo sufrirás tú’. En ese momento no le hice sentido a ese comentario, pero cuando me pasó entendí que mi misión es ir en apoyo de las mamás para contenerlas y ayudarlas”, relata la mujer.

Es así como en su camino por la búsqueda de justicia conoció a otras madres y padres que se encontraban en su misma situación: sus hijas también fueron víctimas de la violencia de género. De este modo, formaron una agrupación llamada “Hermanas y hermanos en el dolor” para contenerse y ayudarse ante cualquier duda sobre el acceso al sistema judicial, sobre la base de sus propias experiencias con las investigaciones de sus hijas. Marcía comenta que cuentan con 31 casos de mujeres, de los cuales algunos ya tienen condena, otros están en proceso a ello y el resto aún no han tenido un avance. Asimismo, afirma que estos casos representan a todas las víctimas que no son parte de la agrupación porque son “todas importantes”.

Luego de cuatro años, el 18 de abril de 2023 a las afueras del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Marcía Urdiles y su hija Brenda, acompañadas por la manada de Silvana –amigas de la joven– y miembros de Hermanas y hermanos en el dolor, esperaban con parlante y notebook en mano a que se diera inicio a la audiencia de sentencia que se iba a realizar de manera online.

Para sorpresa de todas, en último momento que se podía ingresar a la sala. Ante esto, la abogada querellante Francisca Millán, quien se encontraba en su domicilio, le pidió al magistrado retrasar la instancia un par de minutos para estar presente con la familia de la joven y así cerrar de una manera más humana este doloroso proceso; petición que fue aceptada.

Con la llegada de Millán se dio inicio a la audiencia, en donde se condenó a Fernando Flores Espinoza a presidio perpetuo simple por el delito de femicidio en contra de Silvana Garrido Urdiles. Es así que se logró acreditar que la mañana del 27 de enero de 2019 Fernando agredió a la joven, para luego empujarla contra el balcón y lanzarla. Para esto fueron fundamentales las labores de la perito criminalista Vivian Bustos y el doctor Felipe Asenjo, ya que demostraron que Silvana intentó salvarse sujetándose con sus manos a los barrotes desde el exterior –acción que explica las huellas marcadas–.

En la sentencia, el tribunal hizo referencia a la hipótesis del suicidio que planteó en un primer momento el comisario Sebastián Vergara, en el documento se lee: “El tribunal no comparte la aseveración vertida por el referido funcionario policial, resultando inexplicable su conclusión, resultando evidente que la misma se fundó principalmente en la versión que el acusado les dio el día de los hechos, al relatar que Silvana se había suicidado”.

Además, los jueces consideraron para su veredicto el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Respecto a este último destacaron el artículo 3 (“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”) y el artículo 7 (“obliga al Estado a actuar con la debida diligencia para investigar la violencia contra la mujer”), para reconocer que en un primer momento no fueron debidamente observadas en el caso, pero que “sí lo fue con posterioridad en virtud de la exhaustiva investigación llevada a cabo por el Ministerio Público”.

Y siete meses antes, el 17 de septiembre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Claudio Ballesteros Maldonado a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo por su autoría en el femicidio íntimo contra su pareja Yanira Díaz Vera. Para este resultado muy relevante la labor de la fiscal Nathalie Yonsson y la de los abogados querellantes, Javier Ahumada y Carlos Urzúa, quienes lograron acreditar que la madrugada del 28 de noviembre de 2020 Claudio agredió primeramente en su domicilio a Yanira, para luego culminar el ataque en la vivienda de ella.

Al terminar de relatar su largo camino en búsqueda de justicia, Marcía Urdiles recalca que seguirá trabajando para que su hija no sea una cifra más de femicidio, junto con las otras víctimas que son parte de “Hermanas y hermanos en el dolor”. “La lucha es por todas”, dice Marcía y vuelve a posar su mirada en la pañoleta con la imagen de Silvana.

 *Este reportaje fue realizado durante 2022 y corresponde a la Tesina de las autoras para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

El 11 de agosto de 2021, Jairo Moronta recibió un llamado de un número desconocido que alteraría su nueva vida en Chile. A su lado, se encontraban Yorgelis Blanco, su pareja, y Jairito, su hijo. Ella lo miró extrañada al notar como el rostro se le desconfiguraba al contestar el teléfono.

—Aló, ¿Con quién hablo? –dijo Jairo.

—Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Jairo Moronta? –le preguntó de vuelta una voz masculina al otro lado de la línea.

—Sí, mande, con él.

—Mire, usted habla con la Policía de Investigaciones de Chile. Lo llamó para informarle que tiene una carta de expulsión emitida ahora en agosto, por su ingreso al país por paso no habilitado, dictada por la autoridad administrativa.

Hubo un momento de silencio. Mientras, en apenas unos segundos que parecían no acabar, Jairo reflexionaba “qué carajos significa esto”. Le dio las gracias al policía y cortó la llamada.

Yorgelis cuenta que sintió entonces una rara mezcla de emociones: alegría, pero a la vez, miedo. “Alegría es porque, al llegar la carta de expulsión, se podría revocar la con un abogado, y miedo porque se lo podían llevar en cualquier momento”, dice.

Un día después, Jairo buscó el grupo de Facebook “Venezolanos en Chile” para pedir ayuda:

“Hola, buenas noches. ¿Quién me puede asesorar con mi caso? Llegué hace dos años acá de manera ilegal y automáticamente me autodenuncié y me llegó la carta de expulsión hace un día. Tengo un hijo chileno de tres meses. Me dijeron que tengo que buscar un abogado para que me ayude. Solo tengo 10 días para hacer mis papeles, pero no sé cómo hacerlo. Si alguien me puede asesorar con eso, por favor. Gracias”.

La situación de Yorgelis y Jairo era de total incertidumbre. Era como si el mundo se les viniera encima. Su sueño de por fin instalarse y armar con solidez una nueva vida en Chile, esa que no encontraron en una Venezuela sumida hace años en una profunda crisis, se empezaba a desmoronar. Era un punto de inflexión en su historia, la misma que han vivido y viven miles de migrantes en un país que se ha convertido –posiblemente– en la etapa final de la búsqueda del “sueño americano” en la Latinoamérica del siglo XXI; y en un lugar donde la disputa por concretarlo es con el mismo Estado que podría hacerlo realidad.

A pesar de los cambios legales en materia de migración, el Estado chileno aún mantiene vacíos y deficiencias en cuanto a la protección de migrantes, lo que provoca, por ejemplo, la falta en servicios de salud, impidiendo el acceso a un tratamiento médico en caso de requerirse; solamente pueden ir a urgencias, es decir, ante situaciones extremas. No tienen protección legal, quedando a la deriva para regularizar su situación; menos pueden encontrar trabajo por no estar con residencia legal, lo que les imposibilita tener un contrato laboral, así también sus cotizaciones y previsiones.

Desde ese día, el de la llamada, que en la mente de Yorgelis no paran de aparecer las mismas preguntas una y otra y otra vez. ¿Qué hacer con sus vidas después de recibir la noticia de que en cualquier momento el padre de su hijo de menos de un año y de otro que está por nacer, puede ser expulsado del país? ¿Dónde iría a parar la travesía que comenzaron juntos en el techo de su casa en Venezuela dos años antes?

Bajo la luz de la luna

Se vislumbran los últimos rayos de sol mientras, cerca de las ocho, anochece en Maracaibo. Yorgelis Blanco, una mujer morocha de ojos oscuros con una mirada profunda e intensa, cejas perfectamente perfiladas que combinan con su largo pelo azabache, de nariz respingada –con un piercing circular brillante plateado– y labios gruesos con un toque de brillo, prepara un par de mantas y almohadas para subir al techo de su casa junto a su familia. Ya están acostumbrados a la rutina de ver sus rostros iluminados solo por la luz de la luna.

En mayo, las noches en esa zona al noroeste de Venezuela son cálidas, con temperaturas que promedian los 30 °C, aunque es una constante casi todo el año. Por eso al llegar al tejado de arcilla no se sorprenden al encontrar a sus vecinos compartiendo desde las puntas de sus casas en la misma situación.

Familias durmiendo en techos de sus viviendas en Maracaibo para capear el calor en temporada de apagones a comienzos de 2019 (FOTO: ilustración generada por IA a partir de imagen original publicada en Notiactual.com)

Fallas eléctricas y apagones masivos viven los habitantes de Venezuela la mayor parte del tiempo ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Ese año, 2019, se registraron 87.610 fallas eléctricas, lo que significó un promedio de 240 cortes de luz al día, según el “Comité de afectados por los apagones” de Venezuela.

“Dormíamos en los techos de bloque con mi abuela, mis primos y mis padres. La gente también dormía en las calles porque el frío no llega”, recuerda Yorgelis. Sin embargo, el clima tropical no es la única razón para que nadie se quiera quedar en sus habitaciones: la delincuencia en Maracaibo va cada vez más al alza.

Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, la región cerró en 2019 con más de 16 mil muertes solo por causas violentas.

Ese año fue decisivo para Yorgelis: “No hallábamos qué hacer, estábamos hasta aquí”, dice mientras se agarra con las dos manos su garganta. Vivían sin luz la mitad del día, y no solo era eso. También estaban las dificultades para conseguir alimento y tener un sustento económico; todo la impulsaba a buscar un nuevo destino.

Su vecino y novio, Jairo Moronta, tenía en ese momento 23 años y el pelo igual de negro que sus ojos. La nariz gruesa, dientes muy blancos, un pequeño bigote y barba delgada que rodeaba la silueta de su rostro de oreja a oreja y unas cejas perfiladas. Fue entonces que le contó que tenía primos en Chile y que ellos le habían comentado de las oportunidades laborales en el país del sur. También le dijo que él ya había tomado la decisión de viajar en los próximos días.

“Aquí todo estaba escaso, caro, las luces se iban por un mes entero y solamente comíamos lentejas; realmente pasábamos hambre. La desesperación por ayudar a la familia nos motivó a salir”, cuenta hoy Yorgelis, quien un mes después de que su pareja se fuera de Venezuela, emprendió sola el viaje terrestre a su encuentro, hasta el sueño prometido.

***

Yorgelis y Jairo son solamente dos de las millones de personas que migran porque se ven obligadas a salir de sus países para tener una mejor calidad de vida. Datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Civil, apuntan a que ya entonces existían 1,5 millones de personas extranjeras residentes habituales en Chile, es decir, un 0,8% más que el año anterior.

De los cinco países con más extranjeros residentes en Chile, en 2020 se mantuvo la tendencia de los dos años previos: primero estaba Venezuela, con 448.138 personas (30,7%), seguido por Perú (16,3%) y Haití (12,5%).

En mayo de 2022, en entrevista con Pulso, Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, informó que junto al INE estaban realizando una nueva estadística oficial, con un remozado sistema de contabilización de la población extranjera. Thayer sostenía que “lo más probable es que suba la cifra, pero porque se contabilizará a los irregulares, más que por el hecho de que hayan ingresado más migrantes”.

“Estamos revisando la metodología, porque queremos incluir en esa estimación de población extranjera a los que están de manera irregular y así transparentar la cifra”, explicaba la autoridad.

Según el informe sobre Las Migraciones en el Mundo 2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo la migración ha aumentado en las últimas décadas. El total estimado en 2019 sostiene que a nivel global eran unas 272 millones de personas las que no vivían en su país natal, cifra superior en 110 millones a la estadística de 1990. O sea, casi un 69% más.

Dentro de este boom migratorio, “hay más personas que nunca viviendo en el extranjero”, siendo Chile el país de la región en el que más aumentó la migración, producto de la crisis social y económica que enfrentan otros países, según se explica en el reporte de la ONU.

El fenómeno se dio de forma paulatina. En 2017, se registró una ola de 110.166 personas migrantes que llegaron provenientes de Haití, según cifras del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), producto de la crisis social y económica de la región caribeña. La siguiente población que emigró fueron personas desde Venezuela bajo el mismo criterio de búsqueda: huir de un país en constante y profunda crisis en pos de encontrar mejores oportunidades de vida.

Con la situación de Venezuela, Yorgelis dejó de estudiar: “Quedé hasta tercero medio –bachiller–, me puse a trabajar en un centro comercial de atención al cliente y con eso ayudaba a mis papás, pero como ya no me daba el presupuesto fue que me vine para acá”.

Aunque la diáspora en Venezuela partió hace ya varios años, nunca habían llegado tantos inmigrantes a Chile desde ese país como en 2019. El actuar del gobierno de Sebastián Piñera fue clave para este proceso.

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El 22 de febrero de 2019, el ahora exmandatario viajó hasta Cúcuta, Venezuela, para entregar ayuda humanitaria junto a otros líderes políticos. Era, supuestamente, el día en que el régimen de Nicolás Maduro caería. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le quitaría su apoyo al gobierno, que abrirían las fronteras para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y que estarían las condiciones para un retorno triunfal del líder opositor y “presidente designado”, Juan Guaidó. La información venía de la inteligencia colombiana y estadounidense, y como Piñera pretendía alzarse como un líder a nivel regional a favor de la democracia y en contra de gobiernos autoritarios, asistió y se puso en primera línea en un mediático evento cultural y geopolítico que terminó en desastre.

El gobierno de Maduro no cayó y la visita del Presidente chileno generó consecuencias que repercuten hasta el día de hoy.

El ímpetu y apoyo al pueblo venezolano que evidenció Piñera esa jornada fue interpretado por Yorgelis, Jairo y miles de sus compatriotas que veían el Venezuela Live Aid –concierto benéfico de ayuda al país– como el refrendo de algo que él mismo había dicho tiempo atrás en una entrevista con Deutsche Welle: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos que buscaban nuevas oportunidades”.

Comenzar una nueva vida fuera de la crisis y con las puertas chilenas abiertas no parecía ser una mala idea.

En esa fecha, las condiciones para ingresar al territorio eran muy distintas a las de hoy. No era necesario tener una visa, sino que simplemente con su cédula de identidad, un ciudadano venezolano podía ingresar de manera regular por los pasos fronterizos habilitados, lo que cambió posteriormente con la visa consular y la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) que estableció el expresidente tras su viaje a Cúcuta.

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Pese a que Jairo viajó días antes de necesitar una visa con la idea de llegar e ingresar de forma regular por tierra, un atraso hizo que todo cambiara durante su trayecto. Después de 5.120 kilómetros recorridos hacia Chile, el bus en que iba quedó varado en Tacna, Perú, lo que le significó dos días de retraso en medio de una fecha clave para el cambio de normativa para el ingreso de venezolanos al país. Si el cronograma se cumplía, solo le bastaba tener su identificación para entrar al país, pero el retraso le implicó llegar cuando ya era necesario contar con una visa que, por supuesto, Jairo no tenía. La posibilidad de volver a Maracaibo ya no era opción.

Entre la disyuntiva de qué hacer, cómo acceder a la visa y no tener los recursos para volver nuevamente a Venezuela, un hombre le ofreció pasarlo de manera ilegal a Chile.

“¿Qué hago? –se preguntó Jairo–. Gastar plata que no tengo para volver… están mis primos esperándome… –se decía a sí mismo, confundido– esto es lo que me tocó”.

Finalmente, aceptó lo que nunca pensó que debería hacer.

Pagó cerca de 150 dólares para cruzar caminando la frontera por Colchane. Ahí lo dejaría el coyote que lo guió por el desierto, quien –dice Jairo– desapareció apenas lo dejó allí y nunca más lo volvió a ver. Una vez en Chile, lo primero que hizo fue autodenunciarse. Esto es una medida para dar cuenta de su ingreso clandestino, un hecho que a la fecha que Jairo ingresó al país era considerado delito.

Así como Jairo llegó a Chile viajando desde Venezuela, también lo hacen miles de inmigrantes. Entre ellos, Jesús, de 21 años, junto a su esposa de 17 y su hija de uno. Los tres estuvieron siete días caminando por el desierto y en los únicos momentos que paraban a descansar, se dedicaban a darle las preparitas a su hija –refiriéndose a la leche de la bebé–.

No saben cuánto pagaron, ya que sus familiares lo hicieron por ellos. Tampoco se autodenunciaron por voluntad propia, sino porque fueron sorprendidos en una residencia clandestina que fue allanada por la PDI en septiembre de 2021, en un operativo que buscaba desbaratar una banda ilegal de tráfico ilícito de personas. Tuvieron que hacer el trámite de autodenuncia como víctimas de trata de migrantes.

Los 57 inmigrantes que se encontraban en la residencia, entre ellos 19 menores de edad, tuvieron que mostrar un documento que acreditara su identidad para quedar en los registros oficiales de ingreso clandestino.

“Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormimos afuera –decía Jesús el día del allanamiento, apuntando un colchón sucio y en mal estado que se encontraba en el piso del patio con una frazada floreada encima–. En el desayuno alcancé a comer pan con mortadela y galleticas”.

Migrantes cruzando la frontera por Colchane, en la Región de Tarapacá, febrero de 2022. (FOTO: ilustración generada por IA a partir de fotografía gentileza de Rodrigo Martínez, encargado prensa del alcalde de Colchane)

Con el colapso de la economía, millones de personas en Venezuela quedaron incapacitadas de satisfacer sus necesidades básicas y han optado por migrar. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos y venezolanas han abandonado su país en los últimos años y, de ellos, cerca de un millón ha solicitado asilo.

En ese contexto de desplazamiento masivo, al menos 42 personas de ese país perdieron la vida en su intento de emigrar a otras partes de la región en 2018, y en los años siguientes no harían más que aumentar. En 2021, al menos la mitad de los 18 migrantes que fallecieron en la frontera chilena –y que fueron hallados– venían de Venezuela y, al año siguiente, hasta julio, cuatro de los siete cuerpos encontrados tenían consigo papeles que certificaban la misma nacionalidad.

En 2021 se llegó a un récord histórico de personas que ingresaron de manera clandestina a Chile: según datos obtenidos vía Ley de Transparencia a la PDI, 56.586 inmigrantes llegaron ese año al país a través de pasos no habilitados, un aumento de 235,8% respecto del año anterior (ver gráfico nº1). Y entre enero y mayo de 2022, ya sumaban 27 mil; 12 mil mujeres y 15 mil hombres.

La gran mayoría ha seguido la misma ruta que Yorgelis, Jairo y Jesús (ver gráfico nº2). De esas personas que entraron a Chile de forma irregular en 2021, las provenientes de Venezuela predominan con 43 mil (76,78%). Le siguen quienes vienen de Bolivia (12,33%), Colombia (4,08%), Haití (3,38%) y Perú (1,40%). Eso sí, todas estas cifras contemplan solamente a quienes se autodenunciaron o fueron fiscalizados y denunciados por la policía, y se estima que son varios miles más los que no han pasado por ninguno de esos procesos; la cifra negra.

El diputado por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), argumenta: “Existe una cifra negra de acuerdo con lo que me ha dicho el delegado presidencial. Ellos creen que es un volumen muy grande de gente y se tiene un aproximado, pero no me atrevería a dar una cifra porque podría cometer un error”.

Richard Salazar, abogado y defensor público penal de Arica, quien ha litigado diferentes casos sobre migración, afirma que “la gente siempre viene porque hay un tema por el ‘sueño americano’. Vienen con la idea de mejorar su situación, su calidad de vida, su estándar de vida”.

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El viaje de Yorgelis Blanco también fue por el desierto desde Venezuela, y en cada paso que recuerda vuelve a sentir el temor, “el miedo de que una persona te haga daño constantemente, todo eso no es fácil”.

Iba con 13 venezolanos y ninguno se conocía entre sí. Solo tenían en común el origen y la búsqueda de un mejor futuro.

“Yo demoré ocho días en llegar acá y fue el mismo proceso que Jairo: de Venezuela a Colombia, un bus; de Colombia a Ecuador, un bus; de Ecuador a Lima, otro bus y de ahí a Tacna. De allá pa’ acá, caminando. Igual un peruano me pasó –uno distinto que pasó a Jairo–. Me cobró 100 dólares, lo único que me quedaba. Comí solo pan y bebí agua; a veces la gente me regalaba comida”, detalla.

Lo más difícil fue lidiar con el miedo. “Pensaba que los Carabineros me iban a agarrar, me iban a deportar, iba a perder el viaje y no quería”, cuenta.

Una vez que llegaron a Arica, los 13 emprendieron su viaje a diferentes puntos del país. La mayoría se fue a Santiago, pero ella iba aún más allá: hacia Angol, donde la esperaba su novio. Tomó su último bus.

Ilustración referencial generada por IA

La mayoría de los migrantes que llegan al país se concentran en ciudades como Antofagasta, Valparaíso y Santiago, principalmente por los servicios, oportunidades laborales e incluso el clima. Pero Yorgelis y Jairo optaron por Angol, una localidad de la Región de La Araucanía caracterizada por las actividades agropecuarias y forestales, donde las temperaturas promedio en invierno varían entre los 4° y 12° C y que en verano fluctúan entre los 10° y 26° C. Además, era donde hace un año estaban instalados los primos de Jairo, todos solteros y sin hijos.

La pareja se quedó al principio con ellos en una casa de pequeñas piezas, donde una estaba reservada para los dos. Eran la única pareja del grupo y cada uno debía aportar para el pago de las cuentas.

Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Ambos encontraron trabajos provisorios y todo el dinero que ganaban estaba comprometido para los gastos de la casa, imposibilitados a ayudar a sus familias en Venezuela y porque ellos veían “como toda la plata que sobraba –de las cuentas– se la quedaba la prima, así que mejor nos apartamos”, cuenta ella.

Con el poco dinero que tenían, la pareja arrendó una casa de un ambiente en Angol, “más bien una pieza por lo chiquitica –precisa Yorgelis–, pero mucho más cómoda” que donde vivían antes.

En enero de 2020 su vida dio un nuevo giro: se enteraron de que ella tenía 12 semanas de embarazo. Esto implicaba más amor, pero también, un nuevo integrante a quien alimentar.

Aun así, siguieron con sus vidas como si nada. Yorgelis se desempeñaba como empaquetadora en el mercado Super Ganga, “una de las partes en las que no me pedían papeles, porque lo hacían en todos lados”, explica. Jairo, por su parte, comenzó a trabajar en una constructora con un empleador de nacionalidad venezolana. Quién mejor que él podría entender la situación por la que pasaba su familia –pensaban–, pero no fue así. Yorgelis crítica que “es un hombre muy malo para la paga, nunca tiene los sueldos a tiempo”.

A pesar de estar embarazada, siguió trabajando porque así podían ayudar a sus familias en Venezuela y no dependían del inestable pago de Jairo, a quién le debían pagar $300 mil, aunque a veces le pagaban entre $50 y $80 mil mensuales; como no tenía contrato, no podía exigir su pago. Yorgelis aguantó lo más que pudo, hasta que no pudo soportar el peso de estar todo el día de pie. “Trabajé hasta los seis meses de embarazo, porque a mí no se me nota la pancita”, afirma.

Hacían maravillas para pagar los $180 mil que les cobraban de alquiler, más los $30 mil de servicios a los que Yorgelis no les encuentra explicación.

“Yo no tengo luz en la sala, ni en la cocina; solo tengo luz en mi cuarto y de agua yo solo gasto cuando cocino o cuando nos bañamos, nada más”, dice. Por lo tanto, aprovechan la luz del día al máximo, tal como lo hacían en Venezuela, aunque no en los techos bajo la luminosidad de la luna, porque aquí llueve bastante y hace muchísimo más frío del que estaban acostumbrados.

Un espejismo en el oasis

Ya tenía 39 semanas de embarazo, así que era cosa de tiempo. La noche previa al nacimiento del bebé, Yorgelis se acostó con un malestar en su vientre que consideró “normal”, pero al día siguiente ya no podía soportar el dolor y su fuente se rompió.

Según la Ley de Migraciones y Extranjería, una mujer migrante en Chile tiene derecho a ser atendida durante el proceso de preparto, parto y puerperio independiente de su nacionalidad y situación migratoria. Además, según señala la abogada especialista en migración y ex presidenta del SJM, Macarena Rodríguez, existe una visa para embarazadas “que opera solamente con el certificado de la matrona, o sea, la mujer acredita el embarazo y ese certificado es suficiente para pedir una visa que dura todo el embarazo. Eso garantiza que será atendida en el consultorio de salud para sus controles del embarazo”.

Ahora bien, la experta explica que la visa para embarazadas termina una vez que el parto se concreta, sin embargo, los nueve meses se consideran desde que se otorga el documento, por lo que “se puede utilizar la visa un tiempo más”.

Yorgelis fue a las dos de la tarde junto a su novio al Hospital Dr. Mauricio Heyermann, el único ubicado en Angol, y cuatro horas más tarde estaban junto a su hijo Jairo, llamado como su padre, aunque a él le dicen “Jairito” de cariño. Yorgelis recuerda que lo más complicado de dar a luz fue que, a pesar de la compañía de su pareja, quería a su mamá aquí; “me sentía sola”, sostiene con nostalgia.

“Podría dar a luz cuantas veces quisiera, porque me atendieron súper bien”. Los meses anteriores, Yorgelis fue asistida en el Cesfam más cercano a su domicilio y aunque no se encuentra regularizada en el país, solo se le solicitó una carta con la dirección de su vivienda y documentación de identificación para que Fonasa le otorgara el beneficio de recibir atención médica junto a su bebé.

Aunque existe una protección legal para los recién nacidos –quienes nacen como chilenos– y el cuidado a la mujer en el embarazo, el proceso para que los migrantes se integren al sistema de salud en Chile cuenta con barreras que limitan la atención.

Según el informe “Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso de la salud de la población migrante residente en Chile”, elaborado por el SJM con datos de 2020 y 2021, un 75% de los migrantes está adscrito al modelo público Fonasa, mientras que un 12% lo está al sistema privado Isapre. Aquellos que se encuentran irregulares en el país y sin recursos, pueden acceder de forma gratuita y quedar cubiertos en el tramo “A” de Fonasa, pero solo en caso de emergencia. Además, uno de cada siete niños, niñas y/o adolescentes migrantes no forma parte de ningún modelo previsional de salud.

Las mayores dificultades con relación a la salud de los migrantes están en la información asimétrica y el choque cultural, lo que trae como consecuencia mayores barreras para acceder al servicio.

Dentro del 11% de extranjeros que no se encuentran dentro del sistema previsional de salud está Andrea Fuenmagar (25), quien padece de diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que afecta el modo en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

“Se me ha hecho muy complicado que me puedan ver en un centro médico porque no tengo papeles”, comenta la venezolana.

Antes de su llegada a Chile, vivió en Colombia y en Ecuador, territorios donde sí tuvo la oportunidad de ingresar a los sistemas de salud, incluso estuvo hospitalizada y fue atendida de manera gratuita, pero debido a la falta de trabajo emigró a Chile. “Y aquí no me estoy inyectando insulina porque el tratamiento me sale súper caro. Por fuera me puede salir $40 mil un lápiz que dura 15 días y tengo que utilizar dos tipos de insulina diferentes. Me inyecto tres veces al día, no me dura casi nada”, dice, y agrega: “Como está la situación por las leyes y por mi tratamiento de salud, creo que es mejor regresar a mi país y poder tener más acceso allá”.

“Con respecto a las personas que están en situación migratoria irregular, ellos no tienen posibilidad de tener un RUT, de tener una cédula de identidad vigente, de poder pagar las cotizaciones previsionales y poder acceder a la salud, entonces en el caso de ellos, se les garantiza la atención de urgencia, que es lo único a lo que pueden acceder, y eso, es tremendamente dañino, porque la atención de urgencia podría ser muchísimo más compleja, más cara, más todo, que una labor preventiva”, explica Macarena Rodríguez.

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La ley de migración chilena de 1975 cambió y entró en vigencia otra versión en febrero de 2022. Quienes hayan ingresado de forma irregular antes de la nueva ley, se deberán regir con la antigua. Y en esa situación está Jairo y bajo esas condiciones fue que recibió su orden de expulsión, pues el ingreso ilegal es un delito para la ley que estuvo vigente por 47 años. Para la normativa actual, en cambio, es apenas una falta administrativa, aunque de igual forma da pie para deportar a migrantes.

En Chile existen dos tipos de expulsiones: administrativa y judicial. La diferencia está en que la primera “dice relación con aquella en que el producto de la expulsión es proveniente de algún incumplimiento de los requisitos administrativos para la permanencia en el país”, explica el defensor público penal Richard Salazar. La expulsión judicial en cambio, “se relaciona con la Ley 18.216, que regula como pena sustitutiva la expulsión de las personas extranjeras frente a la condena de un delito”, dice el abogado.

Las causales para decretar órdenes de expulsión administrativa son variadas: por el ingreso o egreso del país con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona; o por hacerlo de manera clandestina u otros motivos. Pueden ser decretadas desde el Ministerio del Interior a través del subsecretario del Interior o del director del Servicio Nacional de Migraciones, o por el Tribunal competente, según indica el reglamento.

Para el caso de una reconducción de un inmigrante es que la persona esté imputada por un crimen en su país de origen, o bien, haya cometido uno en Chile.

Tras haber ingresado ilegal y haberse autodenunciado en el momento, Jairo debía ir a firmar mensualmente al cuartel de la PDI como parte del procedimiento de regularización.

La oficinas de Extranjería de la PDI suelen llenarse con largas filas de migrantes irregulares que acuden a firmar. (FOTO: ilustración generada por IA a partir de fotografía original publicada por Eltiempo.com)

“Una vez que la persona decide comenzar un proceso de regularización, el primer paso es realizar una autodenuncia en la PDI por haber ingresado por un paso no habilitado a Chile. Luego de eso, la PDI le entrega a la persona un papel que se llama Tarjeta de Extranjero Infractor, para dejar registro de las personas que tienen que hacer firma –mensual, cada dos meses o quincenal; depende del funcionario–, y se hace un informe policial que da cuenta del ingreso por paso no habilitado de la persona puntual que se manda a las que ahora son las delegaciones presidenciales”, explica Constanza Salgado, quien al momento de ser entrevistada para este reportaje ejercía como abogada del SJM.

Si bien la autodenuncia es una atenuante para la regularización de la situación migratoria, también hay quienes eligen no hacerlo en el momento del ingreso al país por, entre otras razones, temor, desconocimiento de la ley o falta de asesoría legal. Uno es el caso de Yorgelis.

“Yo no me autodenuncié porque me dio mucho miedo”, sostiene la mujer, y aún no tiene mucha idea de qué pasará con su situación migratoria porque no sabe bien cómo regularizarse. Ya lo hizo vía online en el sitio web de la PDI en diciembre en 2021, a dos años de su llegada, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

Ese mismo mes fue el último que Jairo firmó en la PDI tras su proceso de autodenuncia. Pero al recibir el llamado y su carta de expulsión, no sabía cómo proseguir los siguientes meses.

Aunque ambos se autodenunciaron, no han podido regularizar su situación por la falta de asesoría legal que les permita tener su documentación, por ejemplo, cédulas de identidad chilena.

“La realidad migratoria es obligación del Estado, no es que las personas quieran ser irregulares, sino que los estados faciliten la manera en que las personas se regularicen, de manera de que puedan tener la autonomía para insertarse en la sociedad. A su vez, favorece la movilidad interna”, señala Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de la organización Movimiento de Acción Migrante.

Ante la noticia de que en cualquier momento la PDI podría ir a buscar a Jairo para subirlo a un avión y devolverlo a Venezuela, dejando a su hijo de un año y a su novia a miles de kilómetros de distancia, la familia comenzó a tener una sensación de inseguridad y no sabían con quién asesorarse para evitar la separación familiar.

“A él le salió su carta de expulsión, pero como nosotros no tenemos trabajo con contrato ni nada, sino lo que nos salga, no teníamos cómo pagar un abogado que le pudiera ayudar a apelar, porque él tenía que apelar [para dejar sin efecto la orden de expulsión] y debía seguir ese proceso. Tenía diez días para apelar, pero no pudo porque los abogados le quitaban como $400 mil y no los teníamos. Todavía tiene su papel de expulsión”, sostiene Yorgelis.

Navegando por internet descubrieron al SJM, una organización dedicada a la “promoción y protección a la dignidad a los derechos de migrantes y refugiados en Chile”, según se describe en su sitio web. Su trabajo es multidimensional para el apoyo a personas migrantes en el país e incluye una área jurídica, mediante la cual asesoran sobre la situación migratoria y, en algunos casos, presentan recursos de amparo para dejar sin efecto órdenes de expulsión.

Jairo y Yorgelis descargaron la aplicación MigrApp que pertenece a la organización y mandaron un correo. Meses después, en abril de 2022, recibieron una respuesta en que les pedían “paciencia” para abordar su caso, ya que tienen en cola muchos más.

El SJM no es la única entidad que presta este tipo de asesorías. Al igual que a Jairo, pero en febrero de 2019, a la dominicana Doris Pineda también la notificaron de una orden de expulsión del país tras ingresar por un paso no habilitado. Ella vino a Chile por una oferta laboral de asesora de hogar, razón por la cual vendió su casa en República Dominicana.

Dejó en su país a sus dos hijas de 24 y 16 años con la expectativa de darles una mejor vida en Chile. Sin embargo, a diferencia de Jairo, Doris se asesoró a través de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, entidad que logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera su caso y pudiera quedarse en el país junto a su nueva pareja chilena.

Algo parecido ocurrió con Aníbal Márquez, venezolano indocumentado que trabaja informalmente como chofer de Uber en Chile. El 24 de abril de 2021 se emitió su orden de expulsión por ingresar por un paso no habilitado junto a su hijo menor de edad. Él se asesoró con la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Dos meses después, su expulsión fue revocada.

Pero muchos no corren la misma suerte ni esas instituciones dan abasto para el nivel de demanda. Eso sí, las causas judiciales predominan por sobre las administrativas, es decir, los extranjeros que cometen delitos son los más deportados del país, pero aun así no son pocos quienes llegan en busca de una vida mejor y son devueltos a sus países a pesar de no tener antecedentes penales.

En 2019 se materializaron 2.232 expulsiones: 557 por decisión administrativa y 1.745 por sentencia judicial. Al año siguiente, se concretaron 1.470 deportaciones, de las que apenas un 14% fueron administrativas. En 2021, de las 913 expulsiones ejecutadas, 246 fueron decretadas por el Ministerio del Interior y 667 por tribunales de justicia. Y durante el primer semestre de 2022 se materializaron 590 expulsiones de migrantes. Según información de la PDI obtenida vía Ley de Transparencia, de cada 100 expulsiones realizadas durante 2022, 98 han sido de origen judicial (ver gráfico nº3).

La abogada Pía Balbontín, quien se dedica a asesorar a personas migrantes, comenta que, “el lío está en que el 80% de las personas que han sido expulsadas no tienen recursos económicos o no saben cómo enfrentar estas situaciones y, en definitiva, es muy fácil solicitar un recurso, pero si no saben qué es lo que realmente tienen que hacer o quién lo tiene que solicitar, se aplica la expulsión”.

En esa situación están Jairo y Yorgelis, aunque en distintas posiciones: como solo a él lo notificaron de una eventual expulsión, el riesgo de la separación familiar es lo que más les aterra.

¿Cuántas de esas deportaciones han derivado en quebrantamientos de familias? No está claro. Si bien se le consultó por ese dato a la PDI, en su respuesta se especifica: “Se hace presente que no se cuenta con información si los extranjeros expulsados mantienen un vínculo en el país”. Por lo tanto, es otra cifra negra que los Moronta Blanco no quieren pasar a engrosar, menos ahora.

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En enero de 2022 Yorgelis supo que sería mamá nuevamente. Desde temprano esperaba a Jairo con nervios: esa noche le revelaría que serían padres por segunda vez. Él, al llegar a casa después de una extensa jornada laboral, aprovechó de jugar con su hijo y conversar con Yorgelis.

Al enterarse, Jairo sintió diferentes emociones. Ser papá de nuevo lo hacía muy feliz, pero a la vez sabía que pasaban por un periodo complejo por la sombra de la expulsión y la difícil situación económica.

“Yo quería botarlo”, recuerda ella, haciendo referencia a la posibilidad de hacerse un aborto. A sus siete semanas de embarazo, fue a la matrona y le comentó que no quería tener a su bebé, quería esperar a que Jairito creciera para poder tener otro.

“Ella me dijo que iba a hablar conmigo, que debía ir a la psicóloga, que es una vida y que aquí era un delito abortar. Así que no me lo permitió. Al final no lo boté, pero yo misma me puse a reflexionar, a aceptarlo”, dice.

Decidieron que en algún momento deberán pagar una asesoría legal de manera particular. “El abogado que podamos contratar es para Jairo, para que vaya y gane la apelación y así pueda meter un contrato e ir comenzando con sus papeles”, explica Yorgelis, aunque como no han podido ahorrar para poder contratar a un abogado particular, siguen en un limbo.

El proceso de regulación migratoria es relevante para establecerse en el país, pues aquellos que no hayan realizado la tramitación de su visado, por haber llegado por pasos no habilitados, “tendrán un plazo de 180 días para abandonar el país”, dicta la nueva ley de migraciones^.

Según señaló a la prensa el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, “el cambio de la ley hace mucho más humano y mucho más digno el proceso de solicitar visa”.

“Sin duda es un instrumento acorde a los tiempos actuales. El decreto ley 1.094 [el antiguo] tiene la palabra derecho 13 veces, y 11 veces se utiliza esa palabra como sinónimo del tributo que tiene que pagar la persona al Estado. Nunca se reconoce el derecho de las personas migrantes y ahí hay un avance súper importante”, indica Macarena Rodríguez sobre la nueva ley.

En otro aspecto, la abogada afirmó que también existen progresos con relación a la materia de expulsión, ya que da la posibilidad a que las personas puedan exponer sus antecedentes frente a una orden de expulsión, pues antes “nunca se contempló un espacio para que pudieran decir ‘mire tengo un bebé (…) o, si efectivamente cometí ese delito, pero cumplí la pena (…)’, no había ese espacio. Ahora está, pero a nuestro juicio, como SJM, todavía es imperfecto”.

A pesar del avance en la materia, Rodríguez dice que “la norma debiera decir que esos antecedentes pueden justificar que no se dicte la orden de expulsión, porque además de la posibilidad de hacer descargos, la persona debería tener la posibilidad de tener una audiencia, a ir un con abogado, a tener intérprete, o sea, hay otros requisitos adicionales para considerar que hay un debido proceso”.

Para Yorgelis, los cambios legales migratorios han implicado un proceso frustrante para establecerse por completo en la sociedad chilena, especialmente junto a su hijo. “Acá no tengo a alguien que me oriente, que me diga ‘mira, tú tienes que hacer eso, ya que vas a ser mamá de dos chilenos’. Por eso no me he movido con mis papeles. Algunas personas me dicen que yo podría estar legal, como soy la mamá de los niños, podría otorgarle los papeles a Jairo, pero no sé cómo es”.

Las políticas migratorias no solo deben tener en consideración las leyes chilenas, sino que también existen tratados internacionales a los que el Estado está suscrito para –especialmente– resguardar los Derechos Humanos de los migrantes que buscan establecerse en el territorio.

El Pacto de San José de Costa Rica es uno de ellos. Pía Balbontín argumenta que tiene directa relación con la situación migratoria, ya que “hay una norma de este Pacto que indica contra excepciones de derechos que no se pueden suspender y, por tanto, no vale la justificación para el gobierno chileno el caso fortuito de fuerza mayor”. Esto en el caso de que “haya derechos relativos a la revinculación familiar, que son los derechos de protección a la familia y todos los derechos consagrados respectos a los derechos de los niños”.

La abogada reveló su experiencia con un caso de reunificación familiar, en el que un hombre colombiano estuvo a minutos de abordar un avión y dejar a su familia por un “cagazo del Gobierno”.

Alonso Pinzón, se llama él y lleva viviendo 12 años en Chile. Viajó junto a su familia de vacaciones al extranjero, en medio de la tramitación de su visa definitiva, por lo cual consultó y la PDI le afirmó que no tenía ningún inconveniente para viajar y volver al país donde reside. Sin embargo, fue detenido en el aeropuerto cuando intento ingresar a Chile, acusado de cometer un delito.

“Efectivamente, él tuvo un caso penal hace 15 años del que fue absuelto”, dice Balbontín, quien asegura que toda la información se había enviado a Chile y que, a pesar de ello, le decretaron una expulsión judicial.

“Este señor estuvo a 20 minutos de abordar el avión a Colombia y quedar en tierra de nadie, ad portas de ser separado de su familia. Fue uno de los casos en los que se borró la información entre 1993 y 2021”, cuenta la abogada.

La pérdida de información a la que se refiere la abogada es una de las mayores críticas que se le hace al gobierno de Sebastián Piñera con relación al resguardo de datos de migrantes. En octubre de 2021 hubo una falla en la base de datos que almacena la información correspondiente a los migrantes en Chile, el denominado Sistema B3000, que tenía a su cargo el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio. Fue una falla grave: casi tres décadas de datos migratorios se esfumaron de un día para otro.

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El hecho salió a la luz cuatro meses después, en febrero de 2022, con un reportaje de CIPER que reveló la pérdida de datos de migrantes desde 1993 hasta 2021, lo que fue informado en un comunicado que pasó desapercibido ante la prensa en noviembre de ese año. “Se produjo una falla en uno de los sistemas informáticos que permite la gestión de las solicitudes de nuevas visas de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, el cual es administrado por la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y utilizado por el Servicio Nacional de Migraciones”, dice el documento.

Macarena Rodríguez afirma que “es un sistema integrado y antiguo y que dentro está toda la información de migración. Es un repositorio de datos individuales”.

CIPER explica que hubo una reconstrucción de los datos a través de información contenida en la PDI, el Poder Judicial, otro sistema de Extranjería y el trabajo “a mano” de los mismos trabajadores de la entidad encargada del almacenamiento de los documentos.

Pese a ello, Rodríguez señala que “lo cierto es que sí hay pérdida. Nosotros sí tenemos algunos casos que han desaparecido del sistema y de la plataforma de Extranjería –porque tenemos nuestros propios registros–. Esto da cuenta de que la autoridad no sabe si logró recuperar toda la información”.

Nicolás Torrealba, jefe de gabinete del director del Servicio Nacional de Migraciones, afirma que “se recuperó la mayoría [de los datos], pero así y todo, hay algunos casos puntuales que van saliendo y en la medida que van saliendo, se tienen que ir buscando la información”.

La abogada explica que hay tres posibles consecuencias de este hecho. La primera es la afectación de los derechos de las personas y vulneración a la garantía que tienen todas las personas de protección de su vida privada. La segunda, la responsabilidad del Estado, porque “no puede eximirse de la responsabilidad de la pérdida de datos, es el guardián de esos datos por ley”. Y la tercera, dice, es “con respecto a la solución”.

“A mí me parece que lo correcto es decir ‘esto ocurrió, se detecta, y, por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas’. Por ejemplo, a quienes habían presentado solicitudes, a que crearemos un canal para que esas personas puedan entregar nuevamente su información para su solicitud en caso de que se hubiese perdido”, plantea Rodríguez.

La realidad fue que en junio de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) ya habría informado a la Subsecretaría del Interior de la falta de seguridad en el sistema ante una posible crisis. El informe 784/2019 señala que “a la fecha de la auditoría no existían planes de continuidad operacional y de recuperación ante desastres que permitan garantizar la provisión de los servicios críticos de la entidad, generando un eventual riesgo en la disponibilidad de los sistemas en su infraestructura tecnológica”.

“El sistema informático tenía una serie de deficiencias, entonces ahí hay algunas fallas que no han sido cubiertas por esa recopilación de información”, dice Torrealba.

Agrega que “en este minuto estamos trabajando con tres plataformas distintas: una es la base de datos del B3000; la otra es la de tramitación, que es un sistema simple; y hay una tercera plataforma del Registro Nacional de Extranjeros. La obligación que tenemos en la nueva Ley de Migraciones es generar una plataforma –que está en proceso de construcción– y esperamos que recoja toda la base de datos que tienen el sistema B3000. De todas maneras, habrá otra plataforma que sea para la tramitación”.

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En Colchane se dispusieron como albergues sanitarios distintos colegios por la pandemia, pero el 30 de noviembre de 2021 todo cambió: cientos de ellos recibieron una orden de expulsión y no entendían por qué.

Todo se tramitó de forma exprés. El 4 de diciembre, 138 migrantes fueron subidos a un avión, expulsados por ingreso clandestino y otros varios por causas penales. No tuvieron tiempo para que un abogado impidiera su deportación.

“Nos iban a deportar, entonces ahí tuvimos que buscar un abogado, pero no nos dejaron salir y, entonces, ¿cómo uno busca un abogado? Internet. Llegamos al primero que apareció. Él tenía recurso de amparo por todos nosotros, pero nos fueron a buscar a las 02:00 de la mañana y nos llevaron a la policía para ponernos unos trajes blancos. No pudimos hacer nada y nos expulsaron como delincuentes”, recuerda Ricardo Meléndez, uno de los jóvenes que fue deportado.

“Empecé a redactar este recurso de amparo ese día en la tarde. ¡Era una locura, porque eran más de 100 personas y había que agregar uno por uno los datos! Al final, terminé presentando el recurso solo por 70. Cerca de las 21 horas me seguían mandando mensajes de WhatsApp, diciendo que los iban a expulsar. Yo les decía que se quedaran tranquilos; hasta la madrugada yo seguía escribiendo, llenando el recurso de amparo. Imposible hacer un recurso en tan poco tiempo”, explica Juan Manuel Sáez, el abogado que contactaron por internet.

“Nos pusieron en fila y nos montaron a los venezolanos al avión. Yo tenía un rayo de fe, de que algo iba a pasar, de que alguien iba a llegar, que iban a cancelar todo. Como una película, pero la verdad es que la vida era algo diferente. La realidad apesta. Y, bueno, nunca pasó nada. Nadie llegó, nadie nos ayudó”, dice Ricardo en una videollamada desde Venezuela con ojos vidriosos y voz acongojada.

Esto es algo que Jairo no quiere vivir. “Seguimos igual, seguimos en lo mismo, ninguna respuesta. Solo estoy esperando que él trabaje fijo en una parte para reunir dinero para contratar un abogado, porque si no lo hacemos así, no vamos a hacer nunca un papel”, afirma Yorgelis.

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La preocupación de ser expulsados del país pasó a otro plano semanas más tarde, cuando en abril de 2022 Jairo llegó a casa con una mala noticia: había renunciado a su trabajo, luego de varias semanas sin que su jefe le pagara el sueldo.

De acuerdo, al primer boletín del INE sobre empleo migrante, en 2021 hubo un alza en la fuerza de trabajo de un 18,7%, esto corresponde a más de un millón de personas. Lo preocupante es la cantidad de empleos informales: de las nuevas plazas de trabajo, un 52% es informal y carece de contrato laboral, y en esa situación están más de 280 mil extranjeros.

Así estuvo Jairo en la constructora en Angol durante un año y cuatro meses, con la incertidumbre constante de cuándo recibiría sus salarios que a duras penas les daba para vivir. “Solo nos alcanzaba para hacer la mitad de la compra para comer”, dice Yorgelis.

Pese al desempleo, Yorgelis y Jairo han formado lazos en su comunidad, especialmente en la iglesia, donde han hecho amigos que los han ayudado con canastas de comida y cosas para sus hijos en su duro pasar, desde ropa a leche y juguetes para Jairito.

En el centro de Santiago, la situación de Marialex Subero es distinta a la de la familia que reside en Angol. Con solo tres años viviendo en Chile, ha trabajado en más de diez empleos distintos.

En medio de una gran fila, Marialex lleva esperando más de cinco horas para renovar el pasaporte en la Embajada de Venezuela, en Providencia, pero no se compara con el año y medio que tuvo que esperar para conseguir una cita para hacer el trámite. A su lado, se encuentra Jayson, quien viste con un abrigo rojo y trae un casco de moto en la mano. En su espalda lleva un bolso de delivery, ya preparado para irse a trabajar luego de finalizar los trámites.

Su estadía ha estado limitada por la tramitación de documentos, especialmente la de Marialex, quien a poco de cumplir cuatro años en Chile, aún no tiene su carnet de identidad y eso le dificulta conseguir empleo. “Al principio nos dijeron que teníamos problemas con el contrato, así que me darían el permiso de trabajo, pero resulta que me lo negaron”, situación que se repitió al menos tres veces más, hasta que en octubre pasado le dijeron que le otorgarían la regulación.

El artículo 14 de la Ley de Migraciones indica que los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos que los chilenos. Esto implica, por ejemplo, trabajar en condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad y a ser informado de los posibles riesgos laborales, hecho que, por ejemplo, Marialex ni Jairo tendrían garantizado del todo por su situación migratoria.

En la misma espera se encuentran Jairo y Yorgelis.

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El anhelo de una mujer venezolana que hace fila en la embajada es trabajar en recursos humanos, área en la que se graduó años atrás en Venezuela, pero ante la falta de documentación, no puede inscribirse en una universidad chilena. Situación similar es la de otra chica, quien estudió comunicaciones durante cinco años en su país, pero no puede ejercer aquí, ya que “me harían estudiarla desde el principio y sin papeles es complicado”, señala. Ambas pidieron que no se mencionaran sus nombres en este reportaje, pues –dicen– es lo mismo que viven miles de mujeres migrantes y profesionales en Chile.

Según se explica a través de la plataforma Chile Atiende, hay chilenos/as y extranjeros/as que pueden reconocer y registrar sus títulos profesionales obtenidos en otros territorios –lo que los habilitaría para poder ejercer–, siempre y cuando sean países con quienes se hayan celebrado tratados. Caso que no es el de ambas, ya que Venezuela no forma parte de un pacto internacional con Chile sobre la materia.

Un informe realizado por el SJM junto a Educación 2020, indica que la población migrante que accede a la educación superior es baja debido a las necesidades de trabajo, por lo que solo un 50% de personas migrantes entre 18 a 24 años de edad está trabajando, en comparación a un 28% de chilenos de la misma edad.

Las cifras en la educación primaria y secundaria son distintas. Durante 2019, las matrículas migrantes crecieron exponencialmente en un 40% (114 mil) con respecto a los años anteriores, mientras que en 2020 fue un 10% y en 2021 un 7%.

Ante la disminución de matrículas escolares, pero el aumento de migrantes en el país, es relevante recalcar los derechos del niño y la niña, donde “todos los niños tienen derecho a la educación. El Estado debe garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal (…)”. Punto que no se cumple del todo, ya que cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) señalan que más de 180 mil menores –chilenos y migrantes– abandonaron el sistema escolar durante la pandemia.

A través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la oficial de educación, Francisca Morales, explica que se “ha visto afectada su situación educativa [de la niñez migrante], tanto por falta de acceso a internet, cuando han estado matriculados, pero en especial por la falta de acceso a espacios educativos”.

En el caso de Jairito, quien ya tiene un año, sus razones para no comenzar a asistir al jardín son otras. El dinero limita que sus padres quieran enviarlo a otro lugar. Y, ahora, con la renuncia de su padre, es más difícil que el niño ingrese al jardín particular. De todas formas están buscando jardines gratuitos en las cercanías de su hogar.

Un rayo de luz

El invierno de 2022 llegó y quedarse sin trabajo fue solo el inicio de nuevos problemas para los Moronta Blanco. Yorgelis y Jairo deben buscar un nuevo lugar para vivir, ya que no les alcanza para pagar el alquiler de su casa en Angol y llevan atrasos en el pago del arriendo. La dueña ya les advirtió que si en una semana no pagan, deberán irse.

El balance trimestral de Yapo Propiedades en 2021 evidenció que la Región de La Araucanía era uno de los lugares con precios más bajos para arrendar una casa, con un promedio de $270 mil. Sin embargo, la inflación en Chile ha provocado alzas impresionantes que ya a mediados de 2021 superaban el 10%, y que en el último tiempo no han hecho más que subir.

Durante las tardes, mientras Yorgelis se dedica a la crianza, Jairo sale a buscar trabajo. Y después de las siete de la tarde se juntan para ir a buscar arriendos por el sector. “Es muy difícil. Quieren cobrar un alquiler de $350 o $400 mil. Y son casas que no valen ese precio”, dice la mujer con un tono de desánimo y seis meses de embarazo a cuestas.

La familia paga un arriendo de casi la mitad de lo que han visto en otros lugares, más el uso de servicios a un precio menor, ya que solo tienen luz en la habitación donde duermen, por lo que al caer la noche todos deben irse al cuarto para no quedar a oscuras. “La casa solamente tiene los tomacorrientes. El cuarto es muy pequeño; nada más me cabe la cama y ya”, cuenta.

A pesar de ya haberse acostumbrado a estar sin luz, las bajas temperaturas son cada vez más latentes en Angol. “Esta casa es muy fría y acá hace mucho frío, queremos buscar otra casa donde le podamos echar leña”.

No solo es el alto costo de encontrar una casa, sino que, la familia tampoco es recibida en piezas compartidas, ya que no aceptan niños.

Ir a vivir a Santiago tampoco es una opción: el ritmo de vida ahí es muy rápido y el avanzado embarazo de Yorgelis complicaría el traslado. “Aquí tengo todos los controles del bebé. O sea, para irme a otra ciudad es como comenzar desde cero”, relata la mujer, quien, además, hace énfasis en que extrañarían los lazos de amistad que han formado.

Un informe del SJM de 2020 indica que el acceso a la vivienda de personas migrantes, como casa propia, es solo un 15%, mientras que un cuarto de quienes arriendan lo hace sin contrato de por medio.

Asimismo, existe un alto déficit habitacional, que bordea al medio millón de personas, lo que tiene como consecuencia más de 40 mil viviendas allegadas y 21 mil con hacinamiento en el país.

Ante esta situación, el diputado Renzo Trisotti señala que “hay gente que lleva años postulando una vivienda y que por distintas razones no la obtiene y siente que por el solo hecho de ser extranjero se la van a dar antes. Ahí viene también un tema de educación, porque si bien el Frente Amplio incluyó ciertas indicaciones, que querían que por el solo pisar nuestro territorio tú le dieras una vivienda o la opción a una vivienda o todos los beneficios sociales, eso se rechazó y no quedó en la ley, pero la gente sigue sintiendo que al extranjero por el solo hecho de serlo, se le da preferencia en la entrega de vivienda”.

Las pésimas condiciones de vida hacen que Yorgelis y Jairo solo sientan un déjà vu de su antigua vida de Venezuela.

Tras una semana sin éxito en la desesperada búsqueda de un nuevo hogar, para no quedar en la calle, decidieron pedirle más tiempo a su arrendataria, quien aceptó un par de días más, solo por el bebé.

Yorgelis ya no acompaña a Jairo a buscar un nuevo arriendo, porque Jairito se enfermó y ahora el padre debe ir solo a recorrer Angol. Por el momento, llevar al niño a un centro de salud no es opción, ya que el doctor solo le da paracetamol y tampoco tienen dinero para medicamentos más caros. Es ella quien cuida la tos seca del pequeño.

El panorama es incierto. A Yorgelis le quedan tres meses de embarazo. Pero no son la única familia que pasa por esto: a lo largo de Chile, hay cientos de migrantes que viven en situaciones vulnerables y, con el costo de la vida actual, solo quieren volver a sus países.

Del total de las expulsiones administrativas dictadas desde el 2013 al año 2021, 17,95% se ha materializado, con un peak en 2013, donde de las 2.067 órdenes de expulsiones decretadas 1.053 fueron ejecutadas, lo que corresponde a un 50,94%. Del total de las cartas de expulsión dictaminadas en nueve años, existen 27.117 personas están pasando por la misma situación que la familia Moronta Blanco: vivir a la sombra de una expulsión (ver gráfico nº4).

En cambio, para el caso de las expulsiones vía judiciales, se han materializado 6.912, lo que corresponde al 69,09% del total entre 2013 y 2021, es decir, 3.093 personas están a la espera de la ejecución de su expulsión. Cabe destacar que estas son penas privativas de libertad que son sustituidas por la expulsión de la persona migrante, ya sea un delito cometido en Chile o en otro país.

***

Un mes después de un oscuro vivir, Marisol, una amiga de la iglesia de Yorgelis, fue a visitarla con una grata noticia: encontró para ellos una casa en la calle Valdivia, a un paso del centro de Angol, donde pueden arrendar a un precio accesible.

A tres minutos de la nueva vivienda, Jairo encontró trabajo como garzón y con una paga fija de $330 mil mensuales. Descontando el arriendo, ahora tienen $130 mil para subsistir como familia al mes.

“Ayer, 10 de julio 2022, el dueño me pidió papeles para poder arrendar y resulta que no tengo y se molestó. Hoy esperaré su respuesta, en nombre de Dios –dice Yorgelis, y agrega con tono calmado y alegre– Y yo confío en Dios. El domingo tenemos que ir a la iglesia; hay que seguir yendo para que sigan mejorando las cosas”.

La orden de expulsión sigue vigente.

Por Laura Moreno y Rodrigo Arriagada*

*Este reportaje fue realizado durante 2021 y parte de 2022, y corresponde a la Tesina de los autores para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Lidia Díaz despertó la mañana del 28 de noviembre de 2020 y lo primero que hizo fue enviarle a su hermano mayor, Miguel, una foto por WhatsApp. En la imagen se detallaban las ayudas sociales que estaba ofreciendo el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Eran cerca de las 6:00 am, por lo que intentó seguir con su rutina. Al rato, él la llamó de vuelta:

–La Yanira ya no está. Se murió.

Lidia pensó que era una broma cruel. Yanira, su hermana menor, de 25 años, había vivido con ella la mayor parte de su vida. Se criaron juntas en las Aldeas Infantiles SOS, en Puerto Varas, y Lidia siempre la protegió. Eran tan cercanas que cuando Yanira egresó de la residencia, Lidia la invitó a vivir con ella en Concepción. También la ayudó a terminar el colegio y la acompañó durante el embarazo y en el nacimiento de B, su sobrino y único hijo de Yanira.

Incrédula aún, Lidia le insistió a Miguel que la comunicara con su hermana menor. Él decía que no podía, que realmente estaba muerta y que, según los primeros peritajes, había sido un suicido. Lidia colgó y tomó de inmediato un bus con destino a Puerto Montt, donde Yanira vivía, en el sector de Angelmó. Cuando llegó, se dio cuenta de que todo era cierto: tal como dice su certificado de defunción, Yanira falleció ahorcada poco antes de que Lidia enviara la foto a su hermano, a las 4:40 de la madrugada, apenas unos días antes de cumplir 26 años.

Lidia llegó al velorio de su hermana. Mirándola en el ataúd, era incapaz de cuadrar la situación. La conocía bien y sabía que, aunque en su adolescencia había vivido cuadros depresivos, jamás dejaría solo a su hijo de forma voluntaria. Por eso, tenía una sola certeza rondando su cabeza en ese instante: el suicidio de Yanira era una farsa; a su hermana la habían matado.

–¿Qué la hizo dudar de la versión inicial?

–Es que en ese momento la vi y no era ella. Tenía su cabeza completamente golpeada, hundida, y la nariz hinchada –responde Lidia.

Las fotos tomadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de eso. La piel lisa y trigueña de Yanira mostraba zonas hinchadas y amoratadas. A Yanira la encontraron en su hogar, sobre la cocina a leña, semidesnuda, con una uña faltante, la nariz quebrada y una contusión en su cabeza que terminó en fractura.

Aunque la PDI sostenía que Yanira Díaz había atentado contra su integridad, al igual que su hermana, su madre, Elisa Vera, sospechaba que no, que a Yanira la asesinaron y que todo apuntaba hacia Claudio Ballesteros, con quien llevaba una relación de aproximadamente 9 meses.

Semanas más tarde, tras exhumar el cuerpo y realizar una segunda autopsia, se confirmó que no había sido un suicidio, aunque su certificado de defunción aún lo señala como tal. Se estableció la tesis del femicidio y se abrió una investigación penal en la que el principal sospechoso era, precisamente, Ballesteros. Yanira Díaz se convirtió así en la mujer número 40 en ser asesinada en contexto de violencia de género durante 2020, según la estadística oficial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMEG).

Actividad conmemorativa por Yanira Díaz. (FOTO: Cortesía Ni Una Menos Puerto Montt)

Lidia comenzó entonces a denunciar las irregularidades del caso en todos los espacios que encontró mientras con su familia se hacían cargo de B, de apenas 8 años. Con la lentitud de la justicia y la falta de resguardo hacia el menor, sin saberlo, pasaban a ser parte del grueso número de víctimas colaterales del femicidio en Chile, aquellas que el Estado no contempla en ninguna de sus políticas.

Desde que se tipificó por ley el femicidio como crimen en 2010, hasta el 11 de julio del 2022, han muerto en Chile 501 mujeres en expresiones de violencia de género, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). No obstante, hay organizaciones feministas que contabilizan muchas más. Esto debido a que, hasta la modificación de la Ley de Femicidios con la llamada Ley Gabriela, sólo se consideraban como femicidios los casos dónde hubiese una relación conyugal o, al menos, de convivencia. Las organizaciones feministas, en cambio, identificaban esta acción como un atentado motivado por razones de género, lo que ampliaba considerablemente el espectro. En otras palabras, consignaron que diferentes crímenes que habían sido imputados como simples homicidios, tenían un sesgo de misoginia y que, por tanto, había que reconocerlos como femicidios.

En el Código Penal, el femicidio está definido como el delito en el cual un hombre mata a una mujer «que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común»; «en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia», o «en razón de su género». Pero pareciera ser que la institucionalidad no ha pensado en las personas que quedan después de que una madre, una hermana o una hija muere en un femicidio.

En ningún apartado de la Ley de Femicidio, de Violencia Intrafamiliar o en el segmento de menores del Código Civil hay referencias sobre el cuidado de menores en estos casos. Esto quiere decir que las familias de las víctimas directas no sólo tienen que disputar los procesos de custodia de los hijos de las mujeres asesinadas; en muchas ocasiones esto se suma a investigaciones negligentes, carencias económicas, dificultades psicoemocionales y disputas legales por herencias que, a veces, tienen como contraparte al mismo femicida.

A pesar de que las cifras oficiales contabilizan 909 víctimas indirectas de femicidio consumado entre 2014 –año en que comienza a sistematizarse esta información– y 2020, no hay todavía legislación existente para asegurar su bienestar económico ni psicosocial (hay un proyecto que se discute en el Congreso, pero aún en su etapa inicial). En definitiva, quedan a la deriva en una ruta que entremezcla los caminos legales y económicos con el dolor de la pérdida y el abandono del Estado. De ellos y ellas trata esta investigación.

Ni siquiera un PDF

A pesar de que en cuestión de semanas el caso de Yanira Díaz comenzó a tratarse como un femicidio, su hermana Lidia acusa falta de atención en el caso por parte del MinMEG. No es de extrañar, si se considera que el SernamEG consideró en su presupuesto anual 2021 apenas $65,5 millones para pagar honorarios de apoyo jurídico a las familias de mujeres víctimas de femicidios en todo el país, según respondió el servicio a una solicitud de acceso a información pública.. Esto representa cerca del 0,1% del presupuesto total de la cartera, que en 2021 alcanzó los $64.565 millones, repartido entre la Subsecretaría de la Mujer y el SernamEG.

El apoyo jurídico que ofrecen desde el SernamEG, dicen personas consultadas para este reportaje, en muchas ocasiones es deficiente y no son pocas las víctimas colaterales que terminan optando por abogados particulares para llevar sus casos. De hecho, en su respuesta, el mismo servicio reconoce que “al no ser un programa, la información solicitada sobre cobertura, prestaciones, duración de éstas y evaluaciones no existe”. Lidia Díaz, por ejemplo, cuenta que su experiencia con los servicios estatales dejó mucho que desear:

–Partimos el caso con un defensor público cuando todavía se trabajaba la tesis del suicidio. Cuando se confirmó el femicidio, nos llamó el fiscal Carlos Pincheira [de la Fiscalía de Puerto Montt] para indicarnos que nos pasarían un abogado del Servicio de la Mujer, pero luego el abogado dejó la institución y se suponía que iban a pasarnos a otro. Todavía estamos esperando que nos llamen.

Lidia optó por buscar un jurista de manera particular. Hoy la representa un amigo de su pareja como querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, para la cual en diciembre se extendió el plazo de investigación hasta marzo del 2022.

Publicación en Facebook sobre el femicidio de Yanira Díaz.

En todo caso, no todas las víctimas colaterales del femicidio lo experimentan igual. Para Paula Valenzuela, por ejemplo, el trato con los abogados públicos no ha sido tan complejo. Así cuenta vía telefónica, con voz agitada.

Dice que tiene poco tiempo para hablar y es entendible: se hace cargo de su hermano menor, de su propio hijo y también de dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Soledad, quien fue asesinada en julio de 2020 en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins. El femicida, después del crimen, quemó la casa para esconder la evidencia. Su caso fue el primero de ‘femicidio no íntimo’ juzgado en el país tras la ampliación de la ley de femicidios en marzo de 2020. Esto quiere decir que el asesino de Soledad no tenía una relación sentimental con ella.

–El caso está en nada –se lamenta Paula–. De hecho, me llamó hace poco la abogada y me dijo que el fiscal iba a pedir más tiempo de investigación, entonces, puede que recién sea hasta dentro de tres meses más.

Con la abogada hablan solo previamente a las audiencias de preparación de juicio oral. Ese es, indica Paula, el único aporte que ha hecho el Estado para acompañarla en su situación. Ni siquiera tuvieron algún tipo de ayuda para llevar a los testigos a declarar ante la PDI de Rancagua. Por suerte, las cuarentenas por la pandemia de Covid-19 la terminaron favoreciendo en ese sentido, porque la realización telemática de las audiencias le permitía asistir sin tener que ver dónde dejar a los niños ni cómo pagar pasajes.

Tras la muerte de su hermana, asesinada a los 29 años, no sólo ha tenido que hacerse cargo de llevar el caso adelante. El grupo familiar de Soledad estaba compuesto por C, el hermano menor de ella y Paula, que quedó a su cuidado tras la muerte de su madre. Con ello, Paula no solo se hizo cargo de él, sino que también de sus tres sobrinos: G de 8, V de 11 y M de 13. Ninguno de los niños fue testigo de la muerte de su madre. Semanas antes, Soledad había enviado a los menores con Paula, para poder trabajar sin riesgo de contagios. Los cuatro estaban en Santiago el día que Paula fue asesinada y quemada dentro de su hogar.

–Ha sido difícil porque soy sola. Yo tenía viviendo conmigo a G y llegó un momento en que no pude más, no me dio para cuidarlo, y por eso se fue con el papá. Cuando murió la mamá, él se puso como una guagua y yo trabajo, estudio y no me daba para cuidarlo. He tirado licencia médica porque me dio ansiedad y estrés. Ahora estoy recién volviendo a trabajar –cuenta Paula.

Las dos niñas mayores quedaron a su cargo. Su padre no forma parte de sus vidas después de que en 2010 Soledad escapara junto a su hija mayor, estando embarazada de la menor, por las agresiones que sufría por parte de su expareja. Con ella fallecida, ese hombre no sólo es actualmente el tutor legal de las niñas, sino que, como estaban casados, también le corresponde la administración de los ahorros previsionales que Soledad dejó en su AFP.

Después del femicidio, Paula puso a todos los niños en tratamiento psicológico particular. Comenta que son reacios a hablar del tema y que por lo mismo dejaron de asistir a terapia. En paralelo, puso un recurso de protección en favor de las niñas, porque no sabía qué hacer con ellas en términos legales. Como nadie del Estado la orientó, siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas cercanas. “Fue como que murió la Sole y los niños quedaron ahí no más”, recuerda.

Con la acción judicial interpuesta, comenzó el engorroso trámite para la adopción y las niñas empezaron el Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), que se acercó para hacer contención a las menores. Esto como parte procedimental tras la interposición del recurso de protección para la solicitud de custodia. Paula comenta que un amigo fue el que le recomendó poner el recurso y es gracias a eso que actualmente las niñas están en tratamiento y se le asignó el cuidado provisorio. Según la escasa información pública en torno al tema, la página web del Ministerio de Desarrollo Social define estos programas como una instancia que realiza evaluaciones a niños, niñas y adolescentes que hayan vivido algún tipo de victimización o que sean infractores de ley.

A Paula constantemente le han otorgado la custodia provisoria de las niñas. Para eso, si bien el Estado puede aportar con el abogado que lleve la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ella acusa que la espera para la atención es tal que prefiere hacer rifas para solventar los trámites legales respecto a sus sobrinas.

Lo complejo es que M y V no son las únicas niñas que quedan sin sus madres en contextos de femicidios. El Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que coordina al SernamEG, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Menores (Sename, hoy Servicio Mejor Niñez) actualmente es el único espacio de orientación estatal ante estos casos, pero por definición y tal como expresa el SernamEG en su respuesta a una solicitud de acceso a información pública para esta investigación, no tiene presupuesto porque funciona como espacio de coordinación.

El último informe, publicado a principios de diciembre de 2021, indica que 59 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás durante 2020: 10 más que en 2019. Si se considera la estadística desde 2010, cuando se empezó a desarrollar el catastro, la cifra de todo el período sube a 635 menores (ver gráfico).

Elaboración propia con información recogida de los informes ministeriales desde 2010 a 2020. El gráfico permite desagregar la cantidad de femicidios, de víctimas colaterales y de los menores de edad afectados por este tipo de delitos. El gráfico evidencia que los femicidios impactan más personas que la víctima directa.

El hijo de Yanira Díaz, B, también se quedó sin su madre. Su papá vive en Taiwán, China, por lo que no lo ve regularmente. Tras el femicidio de Yanira, su familia evaluó que lo mejor era que él se quedara con su abuela, Elisa, en Puerto Montt:

–Yo me quería traer al niño –dice Lidia–, pero también sabía que era necesario que mi mamá calmara su pena. Ahora tiene un cuidado provisorio y su papá también ayuda a mi mamá con plata. Él y los amigos de mi hermana. Eso igual me alegra el corazón. Ella era muy querida y, con el B. allá, no se van a olvidar de su carita.

A la familia de Yanira tampoco le indicaron cómo llevar adelante los procesos para la custodia de B. De hecho, el menor no ha recibido ningún tipo de apoyo psicosocial por parte del Sename o cualquier otra institución pública a casi un año del asesinato de su madre. Por lo tanto, está en un limbo, sin que haya aún nada definitivo respecto a qué pasará con sus cuidados.

Tanto Paula Valenzuela como Lidia Díaz creen que el MinMEG debiese intervenir más en el tema de los cuidados a los menores: “No sé mucho de nada legal y yo pensé que el Ministerio de la Mujer apoyaría en eso. No te entregan ni un manual. Ni siquiera un PDF. No te ayudan en ninguna cosa con los niños”, dice Paula.

Este problema se ha vuelto generalizado. Patricia Varela es socióloga, experta en temáticas de género y directora de estudios de Isonoma Consultorías Sociales, un centro dedicado a la investigación social, evaluación de políticas públicas, asesorías y capacitaciones. Desde esa posición ha podido desarrollar distintos programas y estudios para el MinMEG:

–Los casos que pueden darse tras un femicidio son sumamente variados. Te encuentras con un niño o niña que su papá se mató, se va a ir preso o va a desaparecer; su madre está muerta y no hay una pensión. El Estado no sustenta la vida material de esas niñas y niños –asegura la especialista.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el padre de los menores que han perdido a su madre o cuidadora, es el asesino. Al estar privado de libertad, el homicida y padre de los menores afectados no se hace cargo de sus obligaciones económicas con ellos por no estar generando ingresos por el cumplimento de condena o prisión preventiva.

Las pensiones de alimentos, si bien pueden establecerse contra personas privadas de libertad, no tienen posibilidad de ser cumplidas. En palabras del abogado de familia, Jaime Fuentes, “dentro de los recintos penales las personas privadas de libertad no tienen forma de generar ingresos”. Pero la solución a ese conflicto se encuentra en el Código Civil. Según lo establecido en el Artículo 232, son los abuelos de la línea del padre o madre que no provee quienes se deben hacer cargo de manera subsidiaria de esta pensión. Es decir, debe existir una demanda previa al padre para el pago de pensión y una vez establecida y constatada la imposibilidad del pago de estos alimentos, son los abuelos paternos quienes deben ser demandados para exigir el pago de los mismos.

En esta misma línea, la abogada penalista y socia del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz, señala que las víctimas colaterales viven las consecuencias negativas del delito durante todo el proceso posterior a la comisión de éste. Este tipo de violencia se le conoce como victimización secundaria y, según Galaz, también tiene un énfasis en las mujeres:

–Cuando la mamá de un niño es asesinada, son probablemente otras mujeres las que se van a hacer cargo, y no hay apoyo material, entonces se profundiza la vulnerabilidad de estas familias. De hecho, ni siquiera se asegura un tratamiento de salud mental, siendo que cada vez que una mujer muere es porque el Estado falló.

Un fenómeno distinto

La foto de perfil de Lidia Díaz, tanto en su WhatsApp como en su cuenta de Facebook, es la misma: aparece un retrato de su hermana con la consigna “#Alerta Morada” y su nombre, Yanira Díaz. Abajo, en letras rojas con un fondo blanco se lee «No fue suicidio, fue femicidio».  Al lado, 25 años, la edad de Yanira, y el día de su muerte.

Tras velar a su hermana, Lidia fue junto a su madre, su hermano menor y un amigo de la familia a la casa donde Yanira vivía. Habían escuchado que había gente metiéndose al inmueble y decidieron ir a revisar. Ahí encontraron todo dado vuelta.

–Yo entré y supe lo que pasó ahí –recuerda Lidia–. Había cáscaras de papas tiradas, muchas latas de cerveza, cigarros apagados en el calefactor. Cualquiera que conozca a Yanira sabe que ella jamás habría hecho eso, ella no era así.

Gracias a una amiga de Yanira, supo que Claudio Ballesteros la golpeaba. Ella le mostró un audio a Lidia:

“Ahora ando cagada de miedo porque le rompí el vidrio– se le escucha decir a Yanira–. Amiga, hueón, tuve una noche de la mierda. El maricón culiao me arrastró en la parte de atrás de la camioneta; me sacó la chucha”.

Ahí, Lidia vio fotos que su hermana envió a su amiga posterior a la golpiza. Esas imágenes forman parte de las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Puerto Montt para establecer que su hermana era víctima de violencia en el pololeo. Ella y Claudio Ballesteros llevaban una relación de entre nueve meses y un año.

La legislación chilena sólo considera los golpes en una relación cuando estos se dan en el marco de la convivencia, puesto que se enmarcan dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Además, solamente se considera delito cuando la violencia tiene resultado de muerte, o bien, se prueba su ejercicio habitual. Para la vocera de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, esto es un problema enorme de la legislación y prevención en torno a la violencia de género:

–Nos parece un desatino que se le dé permiso a los agresores para hacer un hábito la violencia intrafamiliar. Para nosotras, la Ley de Violencia Intrafamiliar se estancó, han pasado 30 años desde su creación.

Ese, dicen varias expertas, es uno de los principales problemas para el tratamiento de este tipo de casos: la ley en Chile no considera la violencia contra la mujer de forma integral, sino que conforme se consuman distintos tipos de crímenes, se inicia un proceso judicial diferente, sin necesariamente considerar la dinámica de violencia ejercida por su victimario. Esto, por ejemplo, se evidencia en casos de suicidio femicida, donde hay una agresión psicológica constante hacia la víctima que opta por quitarse la vida.

Para la socióloga Patricia Varela, el problema es previo a la comisión del femicidio. Según ella, esta forma de enfrentar la violencia contra la mujer no permite al sistema establecer mecanismos de prevención eficientes:

–No hay un marco interpretativo que permita un abordaje integral, multisectorial, con la complejidad que requiere, y que aborde la situación de la violencia contra las mujeres en general y en la problemática del femicidio en particular. Eso, por supuesto, se traduce en que la oferta pública que tiene que ver con la prevención, con el abordaje y la reparación también sea súper insuficiente.

A pesar de esto, según la Ley de Presupuestos de 2021, el MinMEG destina por glosa poco más de $19.285 millones para la atención a víctimas de violencia de género. De esos recursos, el 95% va a parar a convenios con organismos privados que llevan adelante las políticas de acompañamiento. En prevención solo se gasta poco más de $1.200 millones.

Sin embargo, las políticas de prevención no han funcionado plenamente. De las 43 mujeres asesinadas durante 2020, 19 habían denunciado a sus homicidas por violencia intrafamiliar previamente. En cada uno de esos casos el Estado pudo intervenir para evitar las muertes, pero no ocurrió. Para Lorena Astudillo, esto es grave:

–Hay nula visión de prevenir. Lo que creo que esperamos las mujeres es no tener que vivir violencia, y la institucionalidad no lo promueve. No encontramos en la institucionalidad un espacio empático ni que sancione lo que les ha pasado a estas mujeres.

Varela considera que es clave que los programas de prevención aborden la fenomenología de los crímenes feminicidas y de género:

–Es el único delito en el cual la víctima ha tenido una relación con su victimario, donde muchas veces hay hijos en común, donde hubo un proyecto de vida compartido, por tanto, hay empatía y lealtades que hacen que la víctima también tenga un comportamiento distinto a si fuera víctima de cualquier otro atentado de violencia. Ante las primeras expresiones de violencia vienen esas preguntas: si yo denuncio, ¿cómo se alimentan mis hijos?

A pesar de la complejidad de estas agresiones, no todas las mujeres que denuncian femicidio frustrado tienen seguimiento. Según el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio, 13 de los 43 hombres que consumaron este crimen en 2020 tenían condenas previas por delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, es decir, el 30,2%. El porcentaje desciende a un 23,2% cuando se habla de los 151 femicidios frustrados que se registraron ese mismo año.

Las mujeres denunciantes que son asesinadas y las mujeres violentadas que no se atreven a denunciar a sus victimarios, son reflejo de la misma realidad: el femicidio es en muy pocos casos el primer hecho de violencia dentro de una pareja. Cuando ocurre dentro de un grupo familiar, la víctima directa de violencia deja de ser sólo la mujer agredida y afecta a menores de edad que crecen en entornos de violencia. Cuando una mujer es asesinada, con o sin convivencia previa, las víctimas indirectas son quienes deben exigir justicia y cuidados, la mayoría de las veces en soledad, sin preparación alguna ni recursos suficientes.

–Cómo quedan los niños, cómo sufren, cómo la pasan después, si comen o no comen, a ellos no les importa. Yo tengo que arreglármelas sola para ver cómo comen, cómo viven, cómo estudian, todo; también los abogados, porque a mí nadie me ayuda del gobierno –dice Paula Valenzuela.

Prevención: una deuda del Ministerio

La Isla Caguach es una de las islas menores del archipiélago de Chiloé, a la cual se llega en un viaje de dos horas en lancha desde la comuna de Quinchao. Allí viven cerca de 550 personas. La localidad no tiene mayores particularidades, salvo por la Peregrinación del Cristo Nazareno que se realiza todos los años y que le da a los habitantes la posibilidad de generar ingresos por el fuerte turístico que este evento significa.

Mónica Mansilla vivía en el sector de La Capilla. Allí, en su vivienda, fue encontrada sin vida el 19 de diciembre del 2019. Los peritajes establecieron acción de terceros; Mónica fue agredida y asesinada. Su hija, Marcia Aro (35), cuenta que la noche anterior llamó a su mamá para ver cómo estaba. Se encontraba preocupada por ella, puesto que había tenido una relación de 17 años con Carlos Vivar, quien en reiteradas ocasiones la había agredido.

La noche anterior, recuerda Marcia, su madre iba a ir a la celebración de una licenciatura de octavo básico de la escuela de la isla. Tocaría su banda favorita, Los Indomables del Sur, un conjunto musical intérprete de rancheras que venía desde Quellón. Marcia le pidió que se cuidara y no durmió hasta pasadas las 3:30 de la mañana. A esa hora, su madre le comentó que ya iba camino a la casa y que podía despreocuparse, que no había pasado nada.

–Mi mamá era una mujer muy alegre, andaba siempre con esa vibra especial. Ella se había separado de Carlos hacía 17 días y por eso yo le decía que se cuidara, que dejara la luz prendida de la casa. Desde el término, era un sermón de todas las noches decirle que dejara las luces prendidas, que cerrara bien su casa. Tenía temor de que le pasara algo –recuerda.

Marcia se despidió de su mamá. A la mañana siguiente, no se llamaron. Como Mónica había estado de fiesta, su hija pensó que lo mejor era dejarla dormir hasta tarde y ocupó su día haciendo trámites. A las 4 de la tarde recién sonó su teléfono: su tía la llamaba para informarle que Mónica estaba mal, que le habían infligido heridas y estaba pronta a fallecer. A kilómetros de Isla Caguach, en la comuna de Dalcahue, Marcia se desesperó. Al rato, una prima enfermera, la contactó, también vía telefónica:

–Marcia, no pude hacer nada con la tía.

Marcia Aro (de morado) junto a su madre, Mónica Mansilla. (FOTO: Cortesía de Marcia Aro)

En medio de la angustia, la primera persona que se le vino a la cabeza fue Carlos. Lo llamó y le preguntó qué le hizo a su madre. Le sacó en cara los 17 años de abusos contra ella, pero él aseguraba no haberle hecho nada. A los días fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Mónica Mansilla.

–Mi mamá había hecho varias denuncias, pero siempre las retiraba. Él decía que iba a cambiar, que no le iba a volver a hacer daño. Muchas veces salió mal parada con nosotras por defender a Carlos y yo creo que también el miedo le ganó, por eso retiraba las denuncias –cuenta Marcia.

Al revisar el fallo del caso, dentro de los antecedentes aparecen diferentes episodios de agresión de parte de Carlos a Mónica. El 24 de abril de 2019, por ejemplo, Vivar chocó en su camioneta con el auto que su pareja manejaba, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre del mismo año durante una discusión, él quemó el celular de Mónica y luego la persiguió con un cuchillo por toda la pampa. Tras este episodio, terminaron su relación.

A pesar de los antecedentes de violencia y de la acción de terceros vinculada a la muerte de Mónica, ella no está en el registro de femicidios de 2019 y el Tribunal Oral en lo Penal de Castro absolvió a Carlos Vivar por falta de pruebas. Tras alcanzar la libertad, Vivar se trasladó a vivir a Dalcahue, comuna en la que viven Marcia y sus hermanos. Los hijos de Mónica solicitaron la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que fue aceptada. Actualmente, Vivar se encuentra con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal

A Marcia son varias las cosas que le hacen ruido al pensar en el caso de su madre. La primera es cómo no hubo intervención del Estado cuando su madre denunciaba violencia intrafamiliar. Cuenta que en cada uno de los partes de constatación de lesiones, la sigla VIF aparece dentro del registro.

–¿Nunca hubo ninguna institución que hiciera un seguimiento, aunque ella retirara las denuncias?

–No. Yo no sé cómo es posible que, estando la información ahí, nadie haga nada. Todos en la isla sabían lo que a mi mamá le pasaba.

La prevención ha sido el gran talón de Aquiles de las políticas elaboradas por el MinMEG La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, lo plantea del siguiente modo:

–El ministerio ofrece la denuncia como única solución a la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos, nos encontramos que solo podemos hacerlo cuando es ejercida por nuestra pareja. En el caso de que se quiera denunciar al pololo, si no vivimos juntos ni tenemos hijos en común, queda prácticamente en nada. Si queremos denunciar a los tipos que nos dan un agarrón en la calle, te piden el nombre, la dirección y todos los antecedentes. Si no, queda en nada. Si se quiere denunciar al vecino que se masturba cada vez que pasas, queda en nada. Entonces, cuando la ministra dice a las mujeres ‘vayan a denunciar la violencia’, no dicen que sólo es denunciable la violencia intrafamiliar, por lo tanto, la violencia está enmarcada en un contexto de convivir con una pareja o de tener hijos en común.

Los cuestionamientos a la capacidad del MinMEG y a sus respectivas instituciones derivadas (Subsecretaría de la Mujer y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género) han prevalecido en el tiempo. Durante el aumento de violencia intrafamiliar vivido en 2020 por las cuarentenas, la implementación del protocolo Mascarilla-19, para que las mujeres denuncien en farmacias en caso de ser agredidas, fue duramente cuestionado por inconsistencias en su aplicación, tal como dio cuenta una investigación de CIPER. Como ya se adelantó en esta investigación, el SernamEG otorga anualmente poco más de $1.210 millones para estos efectos. Estos son otorgados al sector privado, encargado de generar consultorías y asesorías y campañas.

Para la Ley de Presupuestos del año 2022, se dispuso un aumento hacia los $1.264 millones, es decir, de tan sólo 4,5%. Tal como en 2021, los recursos serán otorgados a privados para la ejecución de los programas. Patricia Varela considera que la educación de los hombres es fundamental en este aspecto. En ese sentido, rescata el trabajo realizado por los Centros de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia. Sin embargo, les pone un pero:

–Son programas súper recientes, no hay evaluaciones de impacto en los resultados de eso y tienen un problema, que es que los hombres tienen que aceptar que son violentos para entrar, porque el ingreso es voluntario.

Ese antecedente tiene un aterrizaje clarísimo: de los 384 femicidios ocurridos entre 2020 y 2011, al menos 130 contaban con denuncia previa (ver gráfico). A este dato no se le puede dar un techo, puesto que desde 2011 a 2013 sólo consideraban en los informes los femicidios consumados con medidas cautelares.

Elaboración propia con datos recogidos de los informes ministeriales desde 2010 hasta fines de 2020. El gráfico describe la existencia de denuncias previas a la consumación de femicidio. En concreto, el gráfico muestra la cantidad de delitos consumados a pesar de las denuncias previas de las víctimas ¿Por qué no se intervino en estos casos?

El énfasis se ha puesto, en algunas ocasiones, en la búsqueda de reparación a las víctimas colaterales. Actualmente, la madre de Yanira Díaz recibe acompañamiento psicológico por parte del SernamEG en Puerto Montt. Del mismo modo, Marcia Aro comenta que su hermana fue apoyada también para enfrentar el duelo por su madre.

–Se hicieron muy presentes desde el SernamEG para ayudar a mi hermana, que estaba embarazada en ese momento. La apoyaron psicológicamente para enfrentar toda esta situación –dice Marcia.

Es cierto que el Estado acompañó a una de las hijas de Mónica, pero no todos corren la misma suerte. Si bien en este caso, los tres hijos eran mayores de edad y uno de ellos recibió atención psicológica inmediata y gestionada desde el Estado, en reiteradas ocasiones las familias viven calvarios judiciales entremezclados con el desamparo económico. ¿Qué ocurre cuando las víctimas colaterales son niños, niñas o adolescentes?

Niños abandonados

Según datos obtenidos desde el SernamEG, durante 2020 fueron 715 los niños, niñas y adolescentes los que ingresaron junto a sus madres a Casas de Acogida. Esos menores son todos víctimas colaterales de femicidio frustrado y que, por cierto, también se ven impactados a diferentes secuelas. Para Patricia Varela, de Isonoma Consultorías Sociales, el diagnóstico es claro:

–Son niños que crecieron en un entorno donde la violencia en la pareja estuvo normalizada, más allá de la reparación de la pérdida de la madre, que ya es terrible en sí misma para cualquier ser humano; más todavía en la infancia. Además, hay que hacer un trabajo con esos niños y niñas para poder, de alguna manera, reconstruir que existe otra forma de relacionarse en la pareja, que la violencia no era normal.

La legislación chilena no contempla planes de reparación o de apoyo socioeconómico para los menores de edad víctimas colaterales de un femicidio. En ese sentido, no existe instancia formal de apoyo para niños, niñas y adolescentes y, para atención psicológica, se terminan plegando a otras iniciativas públicas según sea cada caso.

Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado el 18 de diciembre de 2020 por la diputada comunista Karol Cariola, el cual busca garantizar condiciones básicas para el sustento material de aquellas víctimas colaterales del femicidio. Para la parlamentaria, “niños, niñas, hijos o hijas quedan completamente desamparados, familiares, hombres y mujeres, padres, madres, nietos, sobrinos, familiares directos que viven las consecuencias no sólo del dolor, sino también de no tener la reparación necesaria en términos de trabajo, vivienda; quedan con deudas gigantes porque a veces los juicios tienen que correr por cuenta propia, etcétera. Son muchos los puntos en que hoy en día este proyecto de ley viene a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de construir justicia y reparación integral”.

En esa línea, el proyecto de ley, que contó también con el apoyo de diferentes parlamentarias de oposición, pretende garantizar condiciones que permitan el acceso a la justicia, asesorando y acompañando a las familias en todos los procesos judiciales relacionados al femicidio, y generar condiciones que permitan reparar y garantizar condiciones de no repetición mediante acciones de desagravio.

Este proyecto fue realizado en conjunto con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ana Fuentes, que preside esta instancia, comenta que el proyecto de ley también busca suspender todos los derechos paternales de aquellos investigados como autores de un femicidio, para evitar el contacto de un homicida con sus hijos:

–Estamos pidiendo varias cosas, por ejemplo, que el femicida pierda la potestad de cuidar a sus hijos, porque los niños no tienen por qué ir a visitar al asesino de su mamá.

El proyecto de ley también le entrega la responsabilidad al Estado de garantizar a las personas dependientes de la víctima de femicidio y de quienes se hagan cargo de sus cuidados, vivienda, acceso a prestaciones de salud y educación en todos los niveles.

Esto hace sentido al ver las cifras de sistematización más reciente: el Circuito Intersectorial del Femicidio (2019) estableció que hubo 19 casos consumados dónde víctima y victimario tenían hijos e hijas en común, 10 casos dónde el hijo es solo de la víctima y 7 sólo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran sólo de la víctima y 21 casos sólo del victimario. Es en estos casos donde el SernamEG pone el acento.

Según indicaron en un oficio entregado a la Defensoría de la Niñez –al cual tuvimos acceso vía Ley de Transparencia–, «en el caso de los dispositivos programáticos de la red SernamEG, el perfil por Orientaciones Técnicas de todos ellos, es igualmente para mujeres mayores de 18 años para su representación jurídica, por tanto, el registro de NNA atendidos, y como se ve en la primera parte de este respuesta, está referida principalmente en los/as NNA que ingresan junto a sus madres a las Casas de Acogida de Pareja o a la Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas o Mujeres Migrantes en Situación de Explotación».

Por su parte, el nuevo Servicio Mejor Niñez –continuador del Sename en materia de protección de NNA vulnerados–, no ha querido dar respuesta a preguntas planteadas para este reportaje, ni sus portavoces han accedido a una entrevista. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el psicólogo y experto en desarrollo infanto-juvenil, Felipe Lecannelier, tiene varias cosas que aportar. Considera que hay una falta de criterio enorme en la forma de establecer prioridades en el cuidado de los menores dentro del país:

–En general, el rol del Estado es bien paradójico porque el financiamiento, las políticas públicas y los programas están destinados a niños no de extremo sufrimiento, como es el caso de los hijos de víctimas de femicidio. Hay una contradicción porque mientras más extrema es la situación del niño, mientras más traumática, existe menos ayuda del Estado en financiamiento, programas y políticas públicas. El Estado chileno ha olvidado las experiencias traumáticas, no sólo de los niños, sino que también de los adultos.

Bien lo sabe Paula Valenzuela, que tras quedar como responsable de sus sobrinas no sólo ha tenido que darles manutención, sino también enfrentar todo el proceso de adopción. El abogado de familia, Jaime Fuentes, explica que un caso de estas características puede durar entre cuatro y cinco años. Esto, debido a que primero hay que establecer, a través de peritajes, que los menores están en susceptibilidad de ser adoptados:

–Los procesos de adopción en Chile son bien engorrosos por esto mismo. En la etapa de susceptibilidad hay que demostrar que los padres no son aptos para el cuidado, no están presentes o están fallecidos y eso los convierte en menores sin tutor legal. Esto es con muchos trámites entre medio; audiencias, peritajes, informes socioeconómicos, psicológicos, entre varios más.

Además de esta problemática, muchas veces el patrimonio que poseían las madres no puede ser usado por los hijos. Un fenómeno que se repite es que el cónyuge, tras asesinar a su esposa, queda como heredero de sus bienes. Ana Fuentes denuncia que esta situación es bastante recurrente dentro de la agrupación que representa:

–Muchas veces nos ha tocado ver que los asesinos de las víctimas venden las propiedades que eran de ellas o usan sus fondos de pensiones para pagarse un defensor. Creemos que esta situación es inaceptable.

La abogada Margreth Arriagada comenta que esto es solucionable a través de una causa de indignidad. A través de sus años de experiencia en tribunales civiles, comenta que, si bien el femicidio no es una causa de indignidad, se podría sostener una causa de estas características por medio del numeral primero del artículo 968 del Código Civil: “La demanda penal se puede dar en simultáneo de la demanda civil, pero se necesita culpabilidad en la primera para poder ganar la segunda”, comenta. Esto es un problema si se considera que la resolución de casos de femicidio puede demorar hasta dos años en ser cerrados.

–En todo caso, llevo cinco años trabajando en el tribunal y nunca he visto una indignidad. No sé si es porque la gente no usa el procedimiento o qué, pero por mis manos nunca ha pasado una.

Investigaciones negligentes

El 24 de agosto de 2020 Nancy Cortés, de 55 años, pudo escuchar un veredicto que llevaba dos años esperando: Erwin Aedo Soto fue hallado culpable del homicidio de su hija, Paola Alvarado, a quien asesinó en Curacautín. El caso ocurrido en 2018, previo a la creación de la Ley Gabriela, no se abordó desde una perspectiva de género porque en esa época solo se configuraba femicidio cuando había una relación de convivencia o de cónyuges entre la víctima y el victimario.

Paola, madre de un hijo, era trabajadora sexual. Nadie de su familia sabía que se dedicaba a eso. En un viaje de trabajo acordó un horario con Aedo, quien –de acuerdo con su propia declaración– tras haber accedido al servicio, se negó a pagarle los $400 mil que habían acordado. La discusión fue en escalada hasta que él la golpeó, la mató y, según sus palabras, “la tiré al Río Dillo”.

Nancy recuerda que esperaba a su hija de vuelta en Santiago con un ceviche, pero ella no llegó. El día pasó y comenzó a asustarse, puesto que Paola no contestaba el teléfono. Al día siguiente una amiga de su hija, con quien había viajado a Temuco, le contó a qué se dedicaba Paola, que se había reunido con un cliente en Curacautín y que no había vuelto al hostal en días. Para Nancy esto es fundamental para entender la negligencia en la que cayó la PDI investigando el caso:

–Si mi hija hubiese sido, no sé, de otra clase social, no la habrían tratado así. Imagínese usted, por ejemplo, de la Fernanda Maciel cuántas cosas dijeron y terminó siendo el vecino quien la enterró a cuadras de su casa.

Tras el asesinato de Paola, Nancy comenzó a viajar continuamente a Curacautín. Allí comenzó a tejerse una red de ayuda hacia ella. Cada vez que iba, más gente sabía de su caso y la acompañaba en las búsquedas. Cada vez eran más personas quienes le ofrecían alojamiento y alimentación. En medio de toda esa red de solidaridad, el trago más amargo de la búsqueda fue cortesía de la PDI.

Nancy recuerda que no la dejaron poner la denuncia por presunta desgracia. Ahí, según ella, partió todo mal. Para la búsqueda de su hija no se hicieron georreferencias con los teléfonos ni se buscó en lugares cercanos al trabajo de Aedo. Recorriendo esa zona en búsquedas que Nancy gestionó, encontraron una zapatilla de su hija que tuvo que ir a dejar directamente a la PDI, puesto que ningún funcionario llegó a levantar la evidencia. A los días encontraron sangre de Paola en el auto de Aedo.

Nancy Cortés junto a su hija Paola (FOTO: Cortesía Nancy Cortés)

–Cuando encontraron eso, me dijeron que venían acá a la casa a buscar más cosas de la Paola: cepillo de pelos, cepillo de dientes, por el ADN. Pasó una semana y no venían. Yo llamé al fiscal para ver qué pasaba. Le dije que si no venían, yo iba a ir hasta la plaza de Curacautín a quemarme a lo bonzo. No me iba a quedar así. –recuerda.

No es la primera vez que se generan dificultades en las investigaciones relacionadas a muertes de mujeres. En el caso de Yanira Díaz, por ejemplo, las negligencias en la investigación permitieron que el caso se cerrara en una primera instancia a través de un suicidio simulado. La familia presionó para que se exhumara el cuerpo y se realizara una segunda autopsia, que demostró que sí hubo intervención de terceros en el deceso de Yanira; en el caso de Mónica Mansilla, la familia tuvo que pedir la nulidad del caso y si extendemos la mirada a otros asesinatos y desapariciones de mujeres, hay casos de evidente negligencia como la desaparición y posterior hallazgo de Viviana Haeger o el crimen contra Nicole Saavedra.

Lorena Astudillo considera que esto se debe a una desidia por parte de las entidades investigadoras y lo ejemplifica con el caso de Nicole:

–El mismo equipo, que investigó el asesinato de Nicole, investigó el de Nibaldo [Villegas], el profesor asesinado en la Quinta Región. En una semana, ya habían cruzado todas las antenas telefónicas; tenían las escuchas; lograron saber cada uno de los puntos en donde los asesinos habían andado, incluso sabían en qué playa habían intentado quemarlo, y tenían a los testigos. Con Nicole se demoraron años en cruzar las antenas telefónicas, años en revisar su teléfono. Luego de revisarlo se dieron cuenta de que nunca dejó de funcionar. Recién ahí revisaron el IP y llegaron a donde estaba el asesino, pero en eso demoraron tres años, en algo que se les pidió insistentemente que hicieran.

Para la abogada Paloma Galaz, esto es parte de un problema estructural. Ella indica que, frente a hechos de este tipo, quienes están a cargo son las fiscalías y que son ellos quienes ordenan las diligencias. Esto, sin perjuicio de que las policías tienen que estar capacitadas para estos casos:

–Las recomendaciones internacionales indican que quienes llevan estos casos debiesen ser altamente calificados. Es fundamental que, ante estos casos, la primera teoría debe ser el femicidio, porque hay mucho material probatorio que puede perderse si se comienza con una tesis más leve.

Según información entregada a través de la Ley de Transparencia, desde la creación del Circuito Intersectorial del Femicidio, 53 de estos crímenes consumados no han sido asesorados por el Sernameg. 181 sí lo fueron y 83 no pudieron asesorarse porque el agresor se suicidó.

Lo último

Han pasado poco más de tres meses desde que Erwin Aedo Soto fue sentenciado a 14 años de prisión por su delito contra Paola Alvarado. Se le aplicó la pena de presidio mayor en su grado medio debido a que, a pesar de haber asesinado a Paola tras contratar sus servicios sexuales y negarse a pagar la suma acordada, con la legislación vigente al momento del delito se habría tratado de un simple homicidio y se habría desestimado el sesgo de género.

Al preguntarle a Nancy, madre de Paola, cómo se encuentra, dice que está bien, que ya está en casa y sin ninguna novedad. Al consultarle cómo ha sido el proceso, dice que se da cuenta de que se va quedando sola. A tres años de la desaparición de Paola, cada vez tiene menos recursos para hacer las búsquedas y cada vez menos gente la acompaña. Nancy entiende que buscar a una persona que lleva tanto tiempo perdida deja de ser una prioridad.

–Me siento muy sola, abandonada totalmente. Este hombre fue condenado a 14 años y no entregó el cuerpo de mi hija porque no tuve el dinero suficiente para pagar un buen abogado, entonces, igual es una angustia muy grande, ya que tengo pensar cómo vuelvo de nuevo al sur con recursos, buscar gente. Todo lo he hecho yo. Todas las noches tengo pesadillas de que estoy preparándome para la búsqueda y me despierto muy temprano.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró a Aedo Soto culpable de homicidio simple, pero fue absuelto de los cargos de homicidio calificado y secuestro. En la instancia, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, destacó el fallo condenatorio a pesar de no tener el cuerpo de la víctima, considerándolo un hito en términos jurídicos. Lo que para el fiscal es una respuesta inédita para la justicia, para Nancy sigue siendo una herida abierta:

–A ella la extraño demasiado, me hace mucha falta. Me duele no poder cerrar un ciclo con ella, no poder aprovechar los veranos para salir a buscarla porque cada vez me cuesta más. Por recursos, por todo. No sé, quizás debería bajar los brazos, no seguir, pero es algo muy triste para mí no poder viajar y buscarla.

Tras esa reflexión, la conversación con Nancy sigue y a ratos entra en banalidades. Al rato comenta que está esperando que se apruebe en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para viajar a Curacautín y seguir revisando el terreno donde encontró la zapatilla de su hija. Cabe destacar que los peritajes arrojaron que el cuerpo de Paola Alvarado Cortés no fue arrojado al río. Por eso sigue abierta la investigación contra Erwin Aedo Soto por inhumación ilegal.

En el caso de Yanira Díaz, su hermana Lidia está a la espera de que comience el juicio contra Claudio Ballesteros. El 26 de noviembre se le notificó desde la Fiscalía Local de Puerto Montt que el 2 de diciembre se realizó una audiencia de ampliación de la investigación. A principios de julio del 2022 le confirmaron que el 1 de agosto comenzará el juicio. Al alargarse los peritajes, Lidia se contactó con distintas orgánicas feministas, medios y organizaciones de la sociedad civil para una agitación durante el día de la audiencia. Dice que la única forma de obtener justicia es haciendo ruido.

Paula Valenzuela, hermana de Soledad Valenzuela, está expectante a la próxima audiencia de renovación de custodia provisoria de sus sobrinas. Aún no se realiza el juicio contra el asesino de su hermana, que se ha aplazado hasta enero y sabe que el proceso para optar a la adopción de sus sobrinas durará bastante tiempo. La hija de Mónica Mansilla, por su parte, prepara lo que será el nuevo juicio contra quien, asegura, le quitó la vida a su madre. Tanto ella como sus hermanos menores se han encontrado con Carlos Vivar en la calle en reiteradas ocasiones:

–Yo hubiese esperado que por último le pusieran alguna prohibición de andar por ahí, porque para nosotros es fuerte verlo en la calle, el supermercado o tomando el colectivo. –dice Marcia.

Manifestación en Paseo Bulnes de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio.

Al 31 de noviembre del 2021, 43 femicidios fueron consumados. De estos, 11 víctimas eran madres de niños, niñas o adolescentes, dejando un saldo de 15 menores que perdieron a sus madres por violencia de género y un niño asesinado junto a su madre.

A pesar de la urgencia de establecer una ley de cuidados para las víctimas colaterales, el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola en enero de 2021 recién comenzó a ser discutido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas en mayo de este año. Ana Fuentes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio se lamenta de esto: “Es como si nos hubiesen tirado para la cola y nuestras familias necesitan el apoyo ahora”, indica.

A pesar de las dificultades y contratiempos, ni Paula Valenzuela, ni Marcia Aro, ni Lidia Díaz ni Nancy Cortés han dado marcha atrás en su búsqueda de justicia. Nancy resume sus motivaciones de la siguiente manera:

–Esto no se trata sólo de mi hija. Hay que seguir en la lucha por todas.

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Esta investigación se realizó gracias a la ayuda inconmensurable de diferentes organizaciones sociales, a los testimonios desinteresados de Lidia, Marcia, Nancy y Paula, que compartieron sus relatos con nosotros y a distintos académicos y profesionales que otorgaron sus apreciaciones sobre las falencias de las leyes y políticas públicas de nuestro país. Ni el Servicio Mejor Niñez, ni el Servicio Nacional de la Mujer ni la Defensoría de la Niñez quisieron hacerse parte de esta investigación, alegando problemas de agenda o, simplemente, ignorando nuestros acercamientos.

El cuerpo de Claudia Cordero Rivero (36), madre de dos hijos, fue encontrado el lunes 10 de enero. La Policía de Investigaciones realiza la investigación ante un eventual femicidio perpetrado por su esposo, quien se suicidó. Claudia Cordero fue la primera mujer víctima de femicidio de 2022 y sus hijos, de 6 y 14 años, engrosan el registro de víctimas indirectas menores de edad.