Por Isidora Varela y Polet Herrera

Si no fuera porque el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, lo incluyó en su programa de gobierno, posiblemente todo el debate que se ha dado en las últimas semanas respecto al rol que podría llegar a tener el Estado en la regulación de los medios de comunicación y la necesidad de una Ley de Medios, no existiría, o al menos no con el protagonismo que ha tenido durante el período de campañas de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.  

En el debate que organizó la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel) con Jadue y su contrincante en las primarias de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), fue precisamente ese uno de los puntos más polémicos. La periodista Mónica Pérez le preguntó al actual edil sobre la mención que hace en su programa a la eventual implementación de un Ministerio de la Comunicación. Él le dijo que no existía esa mención, pero lo cierto es que sí está, en la página 102: “Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”. 

Fue uno de los momentos más álgidos de la transmisión e incluso derivó en un tenso cara cara entre Jadue y la periodista. Pero más allá de la polémica puntual, tanto Jadue como Boric contemplan en sus programas medidas para regular los medios de comunicación y su estructura de propiedad e incidir en su sustentabilidad económica y la pluralidad de la información disponible para la ciudadanía.

No es, en todo caso, una discusión nueva, sino que al contrario, es algo que muchos actores vinculados al mundo de las comunicaciones vienen demandando desde hace años.

Actualmente, la ley que regula a los medios de comunicación y la prensa en general dentro del país corresponde a la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (Ley 19.733), publicada en 2001 y modificada por última vez en 2013. 

En esta ley, entre otras características, se consagra la libertad de expresión -ya establecida como un derecho fundamental en la Constitución-, así como la de emitir opinión y la de informar sin censura previa; asegura la libertad de fundar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social; y establece lo que son los medios de comunicación y quiénes son considerados periodistas.

Los medios de comunicación enfrentan momentos complejos actualmente. La “crisis de los medios” tiene una base económica, la cual ha mostrado la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación a raíz de masivos despidos en los medios. Según información publicada en otro reportaje de Puroperiodismo, desde 2017 hasta julio de 2020, se cuentan al menos 2.460 trabajadores desvinculados en diarios, revistas, canales de televisión y emisoras de radios, cifra que en el último tiempo no ha hecho más que aumentar.

Otros de los desafíos que enfrenta el periodismo tras el estallido social son los problemas de confianza, un fenómeno global del que no está exento Chile. “En un país con la propiedad de medios más concentrada en América Latina, los periodistas son vistos como parte de una clase política no representativa y hay resentimiento en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la prensa”, dice el Informe Reuters (2020).

En la actualización del Informe Reuters (2021), se publicaron los “desafíos” que han debido enfrentar los y las periodistas tras la crisis sanitaria y también un “periodo de examen de conciencia” sobre el rol que tienen en la sociedad. A pesar de que la confianza general (36%) hoy ha aumentado, sigue siendo baja para los estándares internacionales. 

Bajo este clima, los candidatos de Apruebo Dignidad han debatido sobre nuevas propuestas de regulación e implementación de políticas públicas para medios de comunicación. Una de las reacciones tras las discusiones ad portas de las primarias presidenciales es la de Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio y columnista de medios en Interferencia: “La discusión sobre los medios de comunicación estaba al debe. Tras el estallido de 2019 nuestra prensa no solo cayó fuertemente en credibilidad, sino que fue vista por parte de la ciudadanía como uno de los sectores que debía modificarse”.

Un análisis similar hace Claudia Lagos, periodista, doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois y académica de la Universidad de Chile: “Me parece que lo más relevante es que se haya planteado el tema y haber incorporado esto en sus programas. Lo más valioso de lo que ha surgido es que se haya abierto la pregunta sobre ¿qué regulación tenemos? ¿Qué sería lo ideal o lo posible?”.

Sobre el carácter del debate, Ortiz comentó que es positivo discutir sobre medios, pero que “lamentablemente algunas de las propuestas se han planteado de manera torpe e imprecisa, despertando una serie de fantasmas entre sectores más conservadores”. Por ello, recomienda tener una discusión en la cual se deba “incorporar la mayor cantidad de visiones, y no planteando el debate como una lucha entre buenos y malos”.

Puroperiodismo revisó las propuestas de ambos precandidatos y conversó con Ortiz, Lagos y otros expertos y representantes del gremio sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, las deudas existentes en cuanto al periodismo en Chile, y sobre el futuro de los medios de comunicación en el país.

“Nuevo Sistema de Medios Públicos” y reformas al CNTV: las propuestas de Boric

En el programa de gobierno de Gabriel Boric se menciona que “para una democracia plena es fundamental que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y/o presiones indebidas del gobierno en ejercicio, garantizando la libertad de expresión”. 

También, que el rol del Estado, en el ámbito de las comunicaciones, debe basarse en un sistema mixto de carácter autónomo, basado en “fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto, que asegure su sustentabilidad económica y social”. Un ejemplo de ello podría ser la BBC en el Reino Unido, donde el estado tiene la propiedad de las empresas informativas, pero no el monopolio, y los medios de comunicación son independientes de las líneas de los gobiernos de turno.

Para lograr lo anterior, el precandidato del Frente Amplio plantea distintas líneas de acción, como desarrollar un “Nuevo Sistema de Medios Públicos” (NSMP) y reformular el actual Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dando paso así a una nueva institucionalidad reguladora de las comunicaciones, el Consejo Regulador de las Comunicaciones (CRC).

Este NSMP, según se lee en el programa, tiene como objetivo proteger “el patrimonio simbólico, constituyéndose como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía, y sus expresiones de diversidad, paritario e intercultural, que promueva la interculturalidad, que fomente la circulación de conocimientos, local, regional y nacional”.

La propuesta consiste en la creación de cuatro medios de comunicación públicos: uno informativo, que tendrá como misión “proveer de información pluralista, oportuna, confiable y de calidad”; un medio cultural que buscará “inspirar, educar con un sentido crítico, entretener con calidad, entregar contenidos artísticos, interculturales, medioambientales y científicos”; un medio dedicado a niños, niñas y adolescentes que pretenderá desarrollar “una mirada crítica y plural, con participación de NNA en sus contenidos, que eduque y entretenga”; y por último, un medio “constituido por y representativo de los pueblos originarios, en sus propias lenguas y participativo”. 

Estos cuatro nuevos medios de comunicación, además de caracterizarse por plantearse como multiplataformas y pretender tener cobertura nacional, estarán coordinados por el Sistema de Medios Públicos, el cual tendrá un consejo ciudadano que “velará por el cumplimiento de la misión de cada uno de ellos”. También se menciona en la propuesta programática que “cada medio tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos e incorporarán una perspectiva de género”.

Carlos Reusser, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho de la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, considera que la propuesta de este NSMP “apunta a uno de los nudos de nuestro sistema de medios: la falta de diversidad, pluralismo y objetividad, que son la consecuencia tanto de la concentración de la propiedad, como también de la obsecuencia de los medios respecto de sus financistas, como son las empresas que contratan publicidad”.

Otra propuesta importante que plantea Gabriel Boric corresponde a la creación del Consejo Regulador de las Comunicaciones el cual, caracterizado por una perspectiva de género y gobernanza pluralista, pretende absorber la institucionalidad del actual CNTV, incorporando atribuciones de regulación sobre la industria radial y las telecomunicaciones. 

Este consejo, como se lee en el programa del candidato, “velará por el pluralismo interno y externo en las distintas plataformas, sancionando vulneraciones tanto de los valores democráticos como del derecho a la competencia”.

Los deberes de este consejo consistirán en “crear una Defensoría de las Audiencias que vele por las denuncias y preocupaciones de la ciudadanía en torno a la calidad de los contenidos de los distintos medios y soportes”; “desarrollar programas de educación continua de formación de audiencias, promoviendo una ciudadanía que estimule a los medios a producir mejores contenidos”; y “promover la transparencia de la información sobre inversión publicitaria e índices de audiencia, así como de abonados de todo el ecosistema de medios y tecnologías de comunicación”.

Sobre este punto, Reusser señala que este nuevo organismo estaría no sólo encargado de velar por el adecuado funcionamiento del mercado televisivo (como hace el CNTV), sino que también regularía y fiscalizaría a las radioemisoras que, hasta el momento, “escapan de casi toda forma de control”.

“Aparentemente, tendrá también mayores facultades que el CNTV, en el sentido de que debe velar por el efectivo pluralismo de los medios, el ‘talón de Aquiles’ del actual sistema, como por la defensa de los derechos de las audiencias y obligar a los regulados a ciertos estándares de transparencia”, agregó.

Por su parte, Andrés Azócar, exdirector de medios digitales en Copesa y Canal 13, dice que el programa del candidato Gabriel Boric “va en la idea de tratar de mejorar la condición de los periodistas (…) y que en [sus propuestas] hay matices que sí refuerzan la idea de que, en el fondo, al periodismo hay que apoyarlo”.

“Ley Orgánica de Comunicación” y nuevas políticas públicas: lo que propone Jadue

Un enfoque en nuevas políticas públicas, principalmente una Ley de Medios, una Defensoría de Audiencias y Públicos y la discusión de una posible nueva institucionalidad pública para el área de las comunicaciones en el país, son parte de las propuestas programáticas del precandidato comunista, Daniel Jadue.

La promoción de una Ley Orgánica de Comunicación (o Ley de Medios), según se lee en el programa, “permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital”. 

Esta ley, también buscaría permitir administrar “de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de financiamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados”. Y por último, también menciona a la nueva Constitución, la cual “deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada”. De hecho, su propuesta es que esa normativa sea una ley orgánica constitucional.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, señaló que “es muy interesante que por primera vez en la agenda presidencial se instale el tema de la Ley de Medios. Hace muchos años que esto ha sido instalado por el Colegio de Periodistas, pero por primera vez se transforma en un debate público que no solamente están generando los periodistas o las personas vinculadas a las comunicaciones, sino que se está transformando en un debate ciudadano”.

Reusser dice que es efectivo que en la actual Constitución y leyes vigentes no se cumplen las exigencias que la sociedad demanda respecto de los medios informativos: “Estos cuerpos normativos se limitan a establecer el derecho de propiedad sobre medios de comunicación social, pero no regulan los derechos de las audiencias ni el interés general de la sociedad”.

A pesar de que considera que falta especificación en la propuesta de Jadue, Reusser comenta que espera que, “a través de una ‘ley de medios’ se pretenda fomentar la creación de medios de comunicación, fortalecer medios públicos (en el entendido que no son una extensión del Gobierno), y restringir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, en aras de una pluralidad y diversidad de líneas editoriales”.

Otra de las propuestas consiste en la creación de una Defensoría de Audiencias y Públicos, como un organismo autónomo del Estado, el cual esté encargado de “velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos”. 

El papel de este organismo, como se lee en el programa del precandidato del PC, “será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros”.

Sobre la creación de esta Defensoría, Reusser comentó que estos organismos tienen una larga existencia en otros ordenamientos jurídicos. “En el fondo, son personas de prestigio que actúan denunciando y promoviendo cambios en lo que no funciona bien, pero éstas no tienen el poder de cambiar ni tienen el espacio para hacer público su malestar por lo abusivo o la mala calidad de los contenidos”.

Sin embargo, critica que la propuesta de Jadue acabe ahí, ya que “no indica qué atribuciones específicas tendría en Chile esta nueva institución, y que es tal vez la parte más importante que habría que saber”.

Por último, las propuestas que Jadue presenta sobre nuevas políticas públicas dentro del ámbito de las comunicaciones, se enfocan en la anteriormente expuesta Ley Orgánica de Comunicación, como también en un Sistema de Medios Públicos y en la evaluación de implementar una institucionalidad pública en materia de comunicación.

Tal como se expone en sus propuestas programáticas, se propone sentar las bases de un Sistema de Medios Públicos donde se desarrolle “una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual)”. Y también, “evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación”.

Esta última propuesta, presentada como “Institucionalidad Pública de Comunicación”, pretende abrir un debate en el que se plantee la creación de un nuevo organismo público que englobe las políticas públicas que se presenten en materia de comunicación, para que dentro de esta institución sean analizadas y estudiadas, tomando como referencia las “experiencias de Ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.

Sobre el debate de una posible nueva institucionalidad, Claudia Lagos dice que “lo primero que se debería tener en consideración es que el Estado chileno ya regula los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y la infraestructura de la comunicación y telecomunicaciones. Entonces, no es que sea páramo y no haga nada, la pregunta es si la regulación que existe está articulada o no; si está pensada para el futuro y en una perspectiva de la convergencia. Y eso no está en la legislación vigente”.

Por otro lado, Ahumada considera que “es importante avanzar hacia la discusión de una nueva institucionalidad, pero desde una lógica de política de Estado y no a partir de los gobiernos de turno. A los medios de comunicación se les debe respetar su línea editorial y la libertad de expresión (…) y eso debiera estar regulado en un órgano de una composición mucho más participativa y ciudadana, por ejemplo, cómo se repiensa el directorio del CNTV y TVN, porque hoy, estos dos organismos representan a la vieja política del binominal”.

Las reacciones frente al debate 

El debate sobre nuevas propuestas de políticas públicas en medios ha generado diversas controversias al interior del periodismo, como por ejemplo, la columna de Daniel Matamala publicada en La Tercera a fines de junio o la entrevista realizada por Radio Universidad de Chile a Javiera Olivares, periodista, expresidenta del gremio y coordinadora de la Comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación. En ambas publicaciones quedan expuestas sus diferencias.

Para Marcos Ortiz es importante que el tema “continúe presente en la agenda para que no se diluya y debamos esperar otra elección presidencial para volver a instalarlo». Mientras que Ahumada agrega que “el Estado, más que deudas con el periodismo, tiene deudas con las comunicaciones”, y eso se constata en un “sistema de medios altamente concentrado en la propiedad y con poco incentivo real para la creación de nuevos medios”.

Por su parte, Lagos señala que “lo que urge, más allá del programa de Boric, de Jadue o de otro, es hacernos la pregunta acerca de cómo modernizar y complejizar la regulación que actualmente existe, que es desperdigada y no necesariamente coherente sobre medios. (…) Hay pruebas y evidencias de que en donde hay sistemas de medios de comunicación públicos, es decir, sistemas de medios en distintos soportes -desde lo digital hasta lo analógico- permiten que se levanten los estándares de calidad. Una de las cosas más importantes es que no hay una mirada convergente en términos de que no es posible sólo pensar en radio, televisión, diarios”, agrega.

En tanto, Andrés Azócar tiene una mirada crítica en general sobre como los políticos, la élite y las instituciones han abordado la situación actual de los medios. “No entienden el contexto y la realidad de los medios. Hoy es mucho más complejo hablar de un duopolio o monopolio, porque existen medios con licitación, concesiones radiofónicas, Internet y redes sociales que funcionan como distribuidores de contenidos y además como contenedores de medios más pequeños”, comenta.

Sobre las dificultades que están enfrentando los medios, Azócar considera “importante, ante la caída de la publicidad y el deterioro de los medios, que el Estado pueda generar fondos para potenciar a los medios de cualquier línea política”, pero debieran ser a su juicio “medios responsables” y con su respectiva autonomía. 

“Es importante la transparencia en la entrega de la publicidad estatal que muchas veces ha estado concentrada en medios tradicionales dejando de lado a medios alternativos (…) Y es necesario que los medios puedan ejercer libremente su trabajo, no sobre la base de un consejo editorial superior, sino sobre la base de una monetización que el Estado permita que haya un financiamiento que les permita a esos periodistas y a ese medio hacer su trabajo tranquilo sin un consejo superior que lo esté manejando”, advierte Azócar.

En un ambiente de elecciones y en curso el proceso constituyente, Reusser señala que “es esencial que los legisladores, e idealmente los constituyentes, entiendan que los medios de comunicación no son un producto o servicio cualquiera, no son homologables a otros bienes que se pueden comprar o vender libremente”.

Para finalizar, el académico mencionó que, “en el fondo, el derecho a la libertad de expresión y particularmente el derecho del ciudadano a ser informado, es uno de los núcleos de un sistema realmente democrático, por lo que es extraordinariamente importante el pluralismo de fuentes y la diversidad de puntos de vista editoriales (…) En nuestra actual situación, es crucial terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, particularmente de los diarios, periódicos y radios, que son los que en peores niveles de concentración se encuentran”.

“La libertad de expresión es una de las manifestaciones más potentes que pueden existir de la dignidad humana. No existe un ser humano pleno si éste no puede efectivamente pensar, razonar y opinar de manera absolutamente libre. Recibir distintos tipos de información y formarse así una idea de la realidad”.

Con estas palabras, el abogado, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Alberto Precht, expresa la importancia que tiene el derecho a la información para el desarrollo de las sociedades y la gravedad que reviste cuando éste se ve amenazado. Algo que en cierta medida está ocurriendo hoy en Chile.  

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo publicó esta mañana dos artículos que dan cuenta de la preocupante situación actual del país en esta materia. En uno de ellos se muestra cómo ya son cerca de 300 los periodistas y comunicadores/as que han registrado ataques o detenciones arbitrarias e ilegales por el sólo hecho de ejercer su profesión durante el último año y medio (ver artículo). En el otro, se da cuenta de cómo Chile perdió en apenas un año tres posiciones en el ranking mundial que anualmente elabora Reporteros sin Fronteras, quedando en el puesto 54º, en el rango de naciones “con problemas significativos” en materia de libertad de expresión. 

Además, para entender en detalle el fenómeno, revisamos el duro análisis que hizo la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) en su último informe anual, donde da cuenta de graves y repetidos casos de agresiones, amenazas, censuras y diversas acciones efectuadas tanto por entes públicos como privados que vulneran el libre ejercicio de la prensa y el correcto acceso a la información pública (ver artículo). 

Es precisamente en ese último reporte que se señala que la pandemia ha afectado el acceso a información de organismos públicos, y que “el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó infracciones a la Ley de Transparencia por parte de organismos de salud y hospitales luego de haber fiscalizado a 25 de estos organismos. Según el CPLT, el 76,6% infringió la ley por ofrecer respuestas fuera del plazo determinado, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. La fiscalización también encontró que un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta”. 

Ante esta información, Precht da a entender en esta entrevista con Puroperiodismo que si bien el problema existe, comparativamente la situación no es tan mala, aunque asegura que “siempre se puede hacer mucho más”.

Alberto Precht, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en Periodismo UAH.

—La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dedicó a Chile el capítulo más extenso y con mayor cantidad de casos de la región. Usted comentó que a pesar de la situación que vive Chile, considera que no estamos tan mal, pero cada vez son más notorios los problemas por los que atravesamos. ¿Qué lectura hace de esta situación? 

Hay que partir de la base que la RELE no hacía informes acerca de Chile, y que se empiecen a elaborar éstos con mayor profundidad demuestra que hay un resquebrajamiento del cuidado de los derechos fundamentales en nuestro país. Evidentemente, la libertad de expresión y la libertad de prensa se han visto afectadas por el abuso policial, por las señales de presión y, efectivamente, es una lástima que Chile vuelva a estar en el escenario global. 

Trabajando en una institución como Transparencia Internacional me toca ver todos los días cómo hay periodistas asesinados alrededor del mundo, y esperamos que en Chile no lleguemos a esa situación. Lo que están viviendo los periodistas, por ejemplo, de El Faro, bajo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, son señales mucho más alarmantes que las nuestras. No significa que tengamos que dejar las nuestras de lado; acá lo que tiene que pasar es que efectivamente la prensa pueda efectuar con libertad su trabajo y que el Estado no reprima su accionar, menos espiando a los periodistas. 

—El Observatorio del Derecho a la Comunicación registra cerca de 300 periodistas y comunicadores/as agredidos o detenidos desde el estallido social de octubre de 2019.

Por eso también es importante que se pueda educar mejor a la ciudadanía en el rol de la prensa. Ha habido muchos periodistas que han sufrido por el solo hecho de ir a cubrir una manifestación y por trabajar en un determinado medio, y eso también -aunque no es una violación de derechos humanos- habla de una tensión con ciertos medios de comunicación. Al final, quien está ahí es un periodista haciendo su trabajo.  

Si hablamos de libertad de expresión tenemos que saber que los grandes medios tienen esa libertad editorial, y que así como hay que cuidar la de Interferencia, La Red, la de Opal o la de cualquier medio independiente, también hay que cuidar la de Mega y Canal 13, en el sentido de que el trabajo de un periodista es casi sagrado para que efectivamente una sociedad democrática pueda funcionar de buena forma. 

—Pero la mayoría de esos casos tienen que ver con acciones vulneratorias por parte de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué efecto tiene este panorama represivo y violento sobre el ejercicio de la prensa? ¿Qué recomendación puede dar?

La Ley de Prensa permite que sea fácil constituir un medio de comunicación, por lo que les he recomendado a muchos periodistas de medios alternativos que inscriban sus medios bajo esa ley. Eso debiese hacer que el fiscal se inhiba de la persecución penal. Pero antes de la persecución penal hay una detención y represión de la prensa que es inaceptable, y cuando un periodista o un cámara está sacando fotos, Carabineros no debería caer en los abusos que ha caído. 

Más grave sería -y, lamentablemente, ha pasado- que un fiscal levante cargos contra ese periodista, cuando eso no debiese ocurrir. Por lo mismo, deberíamos formalizar todavía más el trabajo de la prensa, para que los fiscales puedan decir desde un primer minuto ‘esto no corresponde, lo archivo, y que la prensa pueda seguir haciendo su labor’. 

—¿A qué cree que se debe ese actuar policial? 

Los abusos contra la prensa no son nuevos, y eso habla de una falta formativa en Carabineros. También hay una ilusión del actuar policial que cree que se puede actuar con una determinada impunidad que ya no existe. El Estado debiera defender los derechos fundamentales, y cuando esos derechos son vulnerados, uno esperaría que tal como se ponen acciones contra alguien que quemó un edificio, se pusieran también con mayor firmeza por parte del Consejo de Defensa del Estado con aquellos carabineros que han vulnerado, en este caso, la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa.

—La RELE también pone énfasis en las denuncias sobre la falta de acceso a la información y el manejo de la pandemia en Chile. ¿Cómo considera que estamos en materia de acceso a la información vía Ley Transparencia? 

Nunca es suficiente. Hay estudios que señalan que Chile es el cuarto país con mejor acceso a la información en cuanto a la pandemia. Y efectivamente acá hay estadísticas, hay números. Eso se debió a la presión de muchos periodistas, entre ellos Alejandra Matus, que llevaron a cabo investigaciones que lograron que el Estado expusiera. 

Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que no hay información en general. Desde Transparencia Internacional hemos solicitado en más de 80 países información de acceso a la vacuna, y en todos nos han negado la información de los contratos, por ejemplo. Es bastante frustrante, porque no hablamos solamente del entorno latinoamericano; cuando le pedimos documentos a la Unión Europea, lo que se nos entrega está completamente tarjado. Entonces, por distintas razones, los estados han optado por tener mayores niveles de secreto. Claramente el acceso a la información se ha visto afectado y los plazos han sido más largos no teniendo que serlo. Ha habido una ralentización en la entrega de esa información. Sí hay que valorar que, cuando uno ve comparativamente, incluso con países grandes e importantes, la data chilena es de bastante calidad. Pero bueno, siempre se puede hacer muchísimo más, sin duda.

De transparencia, Fuerzas Armadas y espionaje a periodistas

—Usted hizo una charla en el Ejército un par de días antes del estallido social, donde se refirió a los ‘porqués’ clave en la institución que no son respondidos, ¿cómo lo sopesa ahora?

Las instituciones armadas son fundamentales en los países; que a uno le gusten o no, es otro tema. Por lo mismo, creo que uno tiene que trabajar con y no contra ellas, y esto significa ser activo vigilante y denunciante a las mismas. Claramente, para el Ejército y el mundo armado y uniformado, el paso de la opacidad a la transparencia es un cambio cultural muy duro. Es mucho más complejo de lo que vivió el Estado desde 2009 [con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia], que ya fue un cambio bastante traumático. Estos cambios toman tiempo. 

Cuando hay transparencia, lo que a primera luz se descubre son más las anomalías que las virtudes, y eso ha ocurrido en el Ejército. Por el buen trabajo de la prensa -toca sacarse el sombrero por el trabajo de Mauricio Weibel [quien destapó el llamado Milicogate]-, salieron a la luz estas cosas ocultas que permitieron develar otra serie de conductas. Eso lleva a que el Ejército tenga que tomar una decisión más bien institucional. Es una tensión permanente, y desde Chile Transparente tratamos de apoyar a que el Ejército resuelva esa tensión hacia la transparencia en su funcionamiento diario, sobre los privilegios que pueden tener y el por qué existen para así poder explicarlos de buena forma o ir eliminándolos.

—Respecto a los casos de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) hacia periodistas, y que el juez Juan Antonio Poblete, que aprobó las intervenciones, tuviese conocimiento de esto, pero que ahora lo revele de forma tal para exorcizar al Ejército, ¿qué opinión tiene sobre este tema particular?

Acá el juez Poblete o fue engañado o se dejó engañar, y ambas cosas son graves. Las leyes de inteligencia existen y tienen su razón de ser, y por lo mismo los criterios tienen que ser muy exigentes para que se autorice este tipo de operaciones. Lamentablemente, en este caso y también en el Caso Huracán, hemos visto como el civil que está a cargo de dar estas autorizaciones no ha sido lo suficientemente exigente ni riguroso al otorgarlas. 

Hay muchas explicaciones que tienen que dar tanto el Ejército como el Poder Judicial. Y ha habido un silencio importante de la Corte Suprema, que uno esperaría que fuese más activa en cómo los jueces de las cortes de Apelaciones están dando este tipo de autorizaciones. Quienes hemos trabajado denunciando los casos del Ejército tenemos la duda de si el día de mañana podemos ser espiados por hacer nuestro trabajo.

—Poco después de conocerse lo del espionaje, vino la sátira de un general en un programa humorístico en La Red y la polémica por las cartas del Ejército y las otras ramas de las FF.AA. criticando el contenido e incluso indicando cómo debe ejercerse el derecho de la libertad de expresión. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, respaldó ese actuar y al día siguiente el ministro vocero, Jaime Bellolio, expresaba que el interés del gobierno era defender y promover la libertad de expresión ¿Qué señales concretas cree que ha dado el Ejecutivo en cuanto a esta materia? 

Cuando el ministro Bellolio señala que las FF.AA. pueden opinar libremente cuando se sientan ofendidas por el caso de una sátira, hay una señal que consideramos incorrecta. Las Fuerzas Armadas tienen un valor simbólico y una posición constitucional que hace que su actuar en la esfera pública deba ser totalmente cuidadosa, tratando de evitar este tipo de señales. Sin embargo, soy de los que sostienen que en Chile gozamos de una libertad de prensa y libertad de expresión a niveles comparativos bastante amplia. Tenemos que avanzar hacia el perfeccionamiento, a una mayor diversificación de los medios, y a no retroceder a estados anteriores en los que existía censura. 

—Respecto al anuncio que hizo el CNTV de levantar cargos contra La Red por la entrevista al ‘Comandante Ramiro’, acusando falta de pluralismo en la entrevista y porque ésta pudo afectar la democracia y la paz social, los mismos argumentos que se habrían esgrimido desde La Moneda para ejercer presiones al medio a través de un “telefonazo”. ¿Cómo lee usted esta formulación de cargos del CNTV?

Lo rechazamos absolutamente. Demuestra el anacronismo que tiene el Consejo Nacional de Televisión. ¡Ya tener un órgano específico que regule la TV, cuando hoy tenemos un sistema multi-medial, es bastante anacrónico! Partiendo desde ahí, ya vemos una anomalía. Además, jurídicamente no hay ninguna vulneración a las normas de la Ley de Prensa o del funcionamiento específico de los canales de televisión. El ‘Comandante Ramiro’ está en todo su derecho de poder dar la entrevista, y el canal de tomar la decisión editorial que quiera. Uno podrá criticar como televidente que la entrevista no fue incisiva o que no hubo contrapunto, pero que eso afecte a la libertad de expresión o a las normas que regulan a nuestra televisión, creo que es absolutamente incorrecto y lamento que el CNTV, con esta señal, pueda afectar las líneas editoriales de los canales de televisión.

—¿Dónde está el límite? ¿Los hay?

Los únicos límites que tiene la libertad de expresión son muy específicos y están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos: en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos límites? El discurso de odio, que es distinto del discurso odioso, es decir la promoción activa de la violación de la dignidad de una determinada comunidad; el afectar el derecho de menores como la promoción de pornografía infantil, de la pedofilia; y el incentivar la guerra. Y en este caso, estando en contra de los dichos del ‘Comandante Ramiro’, como persona y televidente, ese es el único juicio que puedo hacer, pero él no promovió ningún discurso de odio, ni que afecte la infancia ni que promueva la guerra entre chilenos.

Paulina Acevedo trabajaba esa noche en su computador cuando supo de una noticia en curso en el sector de Plaza Italia, a dos cuadras de su casa: después de haber sufrido repetidos ataques vandálicos en el contexto de las protestas ciudadanas, estaban retirando la estatua del general Manuel Baquedano. 

Eran cerca de las 23:00 del jueves 11 de marzo, en pleno toque de queda debido a la pandemia. Estando tan cerca, no lo pensó dos veces; tomó su credencial de prensa, su permiso único colectivo -que la autorizaba a trabajar a pesar de las restricciones-, se puso una mascarilla y partió a terreno para transmitir en directo para Radio Galáctika, una radio online independiente con sede en San Antonio donde Acevedo colabora en paralelo a su trabajo como periodista del Observatorio Ciudadano.

Mientras esperaba el enlace con la radio, captó para sus redes sociales registros de cómo todo se preparaba para que la enorme grúa, ya instalada, removiera de su base la imagen recién pintada de Baquedano y su caballo, y la elevara varios metros por el aire, llevándola lejos de donde nunca se había movido desde su instalación en 1928. Pero el enlace no se concretaba. Después de hora y media allí sin poder conectarse, volvió a su casa para cambiar el equipo e invitó a su hijo para que la ayudara a tomar fotos. Volvieron a la plaza y ahí estuvieron ambos junto a otros equipos de prensa, cubriendo sin problemas la noticia por al menos una hora. 

Pero en algún punto de la noche aparecieron dos manifestantes que desplegaron un lienzo. “Dignidad”, decía con letras rosadas. De inmediato fueron detenidos por Carabineros. Acevedo cuenta que se acercó para registrar con imágenes cómo los subían al carro policial, y que al darse vuelta vio que también se llevaban a su hijo. 

“Les pedí explicaciones y les señalé que yo era prensa acreditada, que él estaba conmigo haciendo registros, pero la policía no escucha. Observé cómo mi hijo era llevado con suma violencia. Uno de los policías señaló que le harían un control de identidad en la comisaría”, recuerda Acevedo.

Su hijo ya estaba arriba del carro policial mientras exigía que lo soltaran. Pero los carabineros no la escuchaban. Así que extendió su mano para que su hijo le pasara su cámara fotográfica. Fue entonces que la agarraron a ella, y mientras gritaba que era periodista, que tenía todos los permisos para ejercer su labor, a jalones la subieron también al vehículo. “Es imposible razonar con la policía”, alega. 

Una constante del último tiempo

Lo que le pasó esa noche a la periodista Paulina Acevedo está lejos de ser un caso aislado. Según antecedentes recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 se han registrado cerca de 300 casos de ataques por parte de fuerzas de orden público hacia la prensa mientras ésta ejercía su labor informativa. Esto ha ocurrido en distintas ciudades del país y ha afectado tanto a periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as como a otros/as profesionales de las comunicaciones. Las agresiones han sido principalmente con armas disuasivas y detenciones que en casi la totalidad de los casos han sido declaradas ilegales. De eso da cuenta un informe al que tuvo acceso Puroperiodismo, elaborado tras una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril representantes del Colegio de Periodistas y el presidente de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva.

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El documento tiene por objeto exponer casos en los que la acción judicial se ha hecho presente en favor de la libertad de prensa en el contexto de las reiteradas agresiones a reporteros y periodistas, las que son definidas como “efectos restrictivos sobre la libertad de expresión”. En el informe también se expresa: “Los actos de violencia contra la prensa tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Para la realización del análisis, el ODC tomó en consideración los resultados de cuatro recursos de amparo y seis acciones de protección presentados a favor de profesionales de las comunicaciones en distintas cortes de Apelaciones del país. En la de Arica, por ejemplo, los autores se refieren a un recurso de amparo interpuesto a favor de tres periodistas que en octubre de 2019 fueron detenidas mientras ejercían en medio del toque de queda, de las cuales dos  fueron objeto de desnudamientos; de un fotógrafo que recibió el impacto de perdigones en su brazo y su abdomen, disparados por efectivos de Carabineros a menos de cinco metros de distancia; y también a un grupo de reporteros gráficos que, a pesar de mostrar sus cámaras en señal de aviso de que eran miembros de la prensa realizando su trabajo, fue reprimido con escopetas de perdigones. El recurso fue admitido parcialmente y derivó en un sumario a cargo de Carabineros y una investigación penal a cargo del Ministerio Público que fue formalizada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Arica.  

También se considera, entre otros, el caso de dos fotorreporteros que cubrían las protestas sociales y que recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el cese de actividades de inteligencia policial en su contra. En su caso, aunque el recurso fue inicialmente acogido por el tribunal, la Corte Suprema lo terminó revocando por ser supuestamente improcedente, en un fallo donde -dice el informe de la ODC- no existirían los fundamentos suficientes. La decisión judicial que dejó el caso en nada derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que analizó en profundidad el caso chileno en el último informe de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde en las 19 páginas que le dedica al país se da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura” (ver artículo en Puroperiodismo).       

Concluye el reporte del ODC: “De las acciones identificadas (10) sólo en uno de los casos se acogió parcialmente la petición, el resto de recurso fueron rechazados (3), inadmitidos (5) o reconducidos (1). En términos generales cabe afirmar, que en el periodo analizado, tanto el recurso de amparo como el de protección han resultado ser acciones ineficaces para proteger a quienes realizan la labor informativa frente a restricciones por parte de agentes del Estado. Ya sea por la inadmisión o por el rechazo de las acciones interpuestas, los órganos de justicia no han ejercido ninguna de las amplias facultades de las que disponen para tutelar los derechos fundamentales, evitando declarar la vulneración de derechos o la ilegalidad de las conductas reprochadas. Solo en uno de los casos se acoge, parcialmente, las peticiones de los recurrentes, ordenando la apertura de sumarios administrativos o investigaciones, entre otras medidas”. 

De los casi tres centenares de casos registrados por el ODC entre octubre de 2019 y marzo de 2021, la mayor parte ocurrió en Santiago y, además de detenciones arbitrarias, incluyen agresiones con el uso de proyectiles, gas pimienta y carros lanza agua. El detalle desglosado considera 27 detenciones y 103 agresiones -dos de ellas con trauma ocular y pérdida de visión en uno de los ojos- entre el estallido social y diciembre de 2019; 75 detenciones y 21 agresiones durante todo 2020; y 22 detenciones y 38 agresiones en los tres primeros meses de este año.

Datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC)

La excusa del artículo 318

A las 11:45 del 29 de marzo, el periodista Javier Arroyo llegó a las afueras de la Cárcel El Manzano, en Concepción. Se había programado una convocatoria para un punto de prensa relacionado a una persona privada de libertad en el contexto del estallido social. Cuando Arroyo arribó no había nada más que dos retenes móviles y algunos policías parados alrededor de los vehículos. 

El periodista del diario Resumen llamó por teléfono para corroborar si en algún momento había alcanzado a llegar alguien. Justo en ese momento recibe un mensaje de parte del medio explicando que los asistentes habían sido detenidos en el lugar. Él iba a responder ese mensaje cuando se le acercó un capitán de Carabineros para preguntarle qué hacía allí. Arroyo le explicó que estaba reporteando y le mostró su permiso temporal-colectivo que dispuso el medio, la credencial de reportero y su cédula de identidad. El oficial le respondió que no existía un permiso para reportear y que además el giro de la empresa era “publicidad y comunicaciones”, así que bajo ningún punto de vista su presencia se justificaba ahí.

El oficial explicó además que por las condiciones sanitarias respectivas a las fase 1 del Plan Paso a Paso, el punto de prensa era imposible. Mientras tanto, Javier Arroyo comenzó a grabar un audio de whatsapp para Resumen en el que le solicitó al capitán de apellido Espinoza que le explicara qué documentos debía tener para salir a reportear, a lo que él respondió que no daba cuñas. De un momento a otro, en palabras del periodista, “la situación comenzó a escalar”, y de ello quedó el siguiente registro:

🔴 #GRAVE • Carabineros detienen ilegalmente a reportero de Resumen pese a contar con salvoconducto mientras desempeña su labor.

Uno de los responsables es el capitán C. Espinoza, Concepción.

¡No mas ataques a la prensa alternativa! @rsumen pic.twitter.com/GRhOD2WVVs

— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 29, 2021

Acto seguido: Arroyo es detenido por Carabineros. Se resiste. Llegan al lugar más efectivos que, a la fuerza, lo suben al carro policial. El reportero del diario penquista pidió las justificaciones de su arresto, ante eso le respondieron que su detención se debía al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las restricciones sanitarias. Aquel argumento esgrimido para su detención no era cierto y se los hizo notar, porque sí llevaba consigo todos los documentos al día. “Entonces, la detención es por desacato”, recuerda el periodistas que le respondieron.  

Arroyo fue llevado a la 2ª Comisaría de Concepción, donde lo tuvieron retenido cerca de cuatro horas, para luego dejarlo ir sin cargos. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Paulina Acevedo un par de semanas antes, pero en Santiago, mientras cubría la remoción de una estatua.

Cuando ella y su hijo llegaron a la 19ª Comisaría de Santiago, les incautaron sus equipos de reporteo. A él lo dejaron salir entre las 5:00 y 6:00 del viernes 12 de marzo, pero a ella, que tenía toda la documentación en regla para trabajar a pesar de las restricciones de movimiento, se lo hicieron más difícil: pasaría a control detención por supuestamente infringir el artículo 318 y resistirse a la detención, así que debía ir a constatar lesiones. Estuvo encerrada con una veintena de personas en la comisaría por cerca de 14 horas. 

Cuando fue al control de detención, ella y su abogada se percataron de que el parte había sido adulterado, y que ahora se le imputaba haber participado en las manifestaciones que ocurrieron esa noche en la llamada Plaza Dignidad. Ella lo negó tajantemente, señalando que incluso había transmisiones en directo que mostraban que en ningún momento participó de los actos que le fueron imputados. En todo caso, “incluso, las personas que participaron de esos hechos fueron sobreseídas porque estaban en su derecho a expresarse”, cuenta.

Su caso fue desestimado y Acevedo quedó sin cargo alguno.

“Hay un uso excesivo de la fuerza y un procedimiento irregular. No hubo situación que amerite mi arresto, y así lo dijo también en la audiencia el juez de detención y la misma fiscalía, al ver las pruebas que otorgaba la policía. Los cargos realizados eran inexistentes y, por lo mismo, debía ser puesta en libertad”, dice a Puroperiodismo. 

“No tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas”

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dice que la mayoría de las detenciones hacia reporteros son por desórdenes o desórdenes graves en contexto de coberturas de protestas sociales o actos en contexto de pandemia, lo que significa tener que pasar una noche entera en un calabozo. De hecho, él mismo fue formalizado por esa razón el 1 de mayo de 2020.

Ahumada expresa además que “en casos como el mío hay querellas criminales: el intendente de la Región de Valparaíso [Jorge Ramírez] se querelló contra mí por supuestos desórdenes graves y por infringir el protocolo del Covid-19. Esto generó un proceso de investigación que duró prácticamente un año. En marzo recién se determinó no seguir la investigación, por lo que quedé sin ningún cargo”. 

Por eso fue que, en su calidad de dirigente del gremio, se juntó con el fiscal nacional Jorge Abbot para solicitarle que el Ministerio Público no avanzara en investigaciones contra periodistas, salvo que existan delitos comprobados o presunción de delitos.

El abogado Carlos Reusser, profesor de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, reconoce la situación y señala que el tema se vuelve aún más complejo cuando en las detenciones arbitrarias existen violencia física o acusaciones falsas de por medio.

“Si tú me dices que un periodista que está haciendo su trabajo es detenido ilegalmente para evitar que siga ahí, esto es un delito previsto por la ley de prensa. Si estás hablando de torturas, es otro tipo de vulneración que se encuentra en el Código Penal (apremios ilegítimos), y ante eso los periodistas pueden -y deben- reclamar. Si se están cometiendo delitos contra los periodistas por la policía es porque estos no se querellan”, dice Reusser.

Ante la pregunta de si es razonable endurecer la ley contra carabineros que realizan detenciones ilegales o levantan acusaciones falsas para justificar su accionar en contra de la prensa, Reusser dice: “La ley prohíbe el apremio ilegítimo, la ley prohíbe que los funcionarios públicos impidan la labor de periodistas. Esto no tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas: de cómo se construye Carabineros, qué respaldos le das, cómo les permiten seguir haciendo lo que hacen. No tiene que ver con cambios legislativos, son temas políticos y de sus instituciones”. 

Puroperiodismo se comunicó con Carabineros para solicitar una respuesta oficial por parte de la institución respecto a los protocolos y las repetidas acciones que han tomado contra periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as durante el último año y medio, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La contraofensiva

Tras su experiencia, Paulina Acevedo tomó acciones legales contra Carabineros. Alega que haber sido detenida y esposada, trasladada a un calabozo de una comisaría y después al Centro de Justicia para su control de detención, fue una vulneración de sus derechos y algo que le afectó profundamente. “No es decir ‘ya está, fui sobreseída y la causa fue archivada’. Son horas perdidas que nadie me devuelve”, dice, y asegura que perseguirá las responsabilidades de los policías involucrados hasta que se establezca que Carabineros falsificó un documento que presentó ante el tribunal, delito que se define como falsificación de instrumento público. 

Pero la anterior es sólo una de las razones que la motivan a iniciar una contraofensiva. Su otra motivación es que “con esta querella busco que los periodistas y comunicadores denuncien. Si las denuncias empiezan a surgir, la justicia no las podrá eludir. Mi caso reviste diferentes elementos que podrían provocar una sanción a Carabineros, y lo busco es estimular a otros colegas”. 

Acevedo aseguró a Puroperiodismo que efectuará una denuncia en la propia institución para que se haga un sumario administrativo. 

En el caso de Javier Arroyo, Carabineros expresó que él se había opuesto a la detención y que también se le había solicitado otro documento, un contrato o certificado laboral. El periodista sostiene que ese punto es falso, porque el certificado laboral lo llevaba con él el día que lo detuvieron en Concepción. Eso lo agregó al recurso de amparo que presentó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Carabineros. “El documento lo tenía en formato pdf, de hecho lo utilicé al día siguiente para ir a vacunarme”, cuenta Arroyo recordando esto último ya como una anécdota. 

Carlos Reusser reafirma esta idea: “Nadie va a abogar por la vulneración de derechos que sufres, entonces son los mismos afectados quienes deben querellarse derechamente. Si renuncian a ese ejercicio no hay nada más que hacer”.

Ante la repetición de casos en que se han vulnerado los derechos de profesionales de las comunicaciones mientras ejercen su labor informativa, el ODC elaboró un instructivo básico para comunicadores, con recomendaciones e indicaciones paso a paso para conocer los protocolos de Carabineros y saber cómo prevenir o cómo proceder ante una posible detención. El documento íntegro lo pueden encontrar a continuación:

El 3 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. La pandemia llegó, pero el periodismo no se fue en cuarentena, aunque sí debió enfrentar cambios como la instauración de salas de redacción virtuales, agregar en el kit del reporteo diario la mascarilla y jabón gel, además de aprender a mantener la distancia en los puntos de prensa para protegerse del coronavirus.

Pero en la región de La Araucanía, algo falló el viernes 20 de marzo. La entonces seremi de Salud, Katia Guzmán, lideró un punto de prensa en el regimiento Tucapel de Temuco en el que participaron autoridades regionales y trabajadores de la comunicación. Según un reportaje publicado por Interferencia, eran “alrededor de 20 personas”. 

La rueda de prensa culminó sin mayores inconvenientes, como cualquier otra. Pero esa misma noche se encendieron las alarmas, cuando el periodista Roberto Neira comentó en Interferencia que tras recibir el comunicado de prensa de la seremi y sus audios, se dio cuenta que en aquella cita no se informó sobre un caso de Covid-19 positivo de un funcionario de dicha institución, quien se había reunido con la seremi Guzmán y participó en actos públicos.

El 22 de marzo se confirmó que la seremi de Salud de La Araucanía fue diagnosticada de Covid-19, y debido a los contactos estrechos, gran parte del gobierno regional (nueve seremis y dos directores) y ocho periodistas -cinco que cubrían la actividad para distintos medios y tres que pertenecían a servicios públicos- debieron paralizar sus funciones laborales y realizar cuarentenas. 

La reacción del Colegio de Periodistas de la Araucanía y de otras entidades fue realizar acciones judiciales contra la seremi Guzmán. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación por eventuales delitos contra la salud pública, bajo el artículo 318 del Código Penal. Y el Ministerio de Salud, por su parte, suspendió de sus funciones a la autoridad regional para realizar un sumario interno, del cual fue sobreseída el 2 de julio del año pasado, aunque poco después presentó su renuncia.

Este suceso es uno de los tantos casos que consigna sobre Chile el último Informe Anual de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicado a comienzos de abril. Es, entre todos los otros que recoge el reporte, quizás el que podría parecer más anecdótico. En las 19 páginas que el organismo dedica al país, el organismo da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”, todas ocurridas durante 2020.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo revisó los diferentes casos que tuvo a la vista la RELE y las observaciones que realizó al Estado chileno, bajo un contexto de crisis sanitaria y obstaculización del ejercicio del periodismo que ha afectado a gran parte de la región.

Ver informe completo:

Chile cae en el ranking

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), toda Latinoamérica se encuentra en una zona roja: “La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”.

En ese ranking, Chile está actualmente en el puesto 54, es decir, bajó tres posiciones el último año. ¿Por qué? En su análisis, RSF señala como principal argumento que en el país -al igual que en Haití, que está 33 puestos más abajo- “cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa”, aunque en general sigue entre los mejor posicionados de la región: sólo lo superan Costa Rica, que está 5º; Uruguay, en el lugar 18º; y República Dominicana, 50º. 

En eso no tienen nada que ver -al menos hasta ahora- los graves casos que se han revelado sobre espionaje realizado por el Ejército contra periodistas que investigaban casos de corrupción en sus filas o temas vinculados a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Tampoco las polémicas cartas emitidas por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas -y avaladas por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica- para criticar un programa humorístico e indicar cómo debe ejercerse la libertad de expresión. Ni los llamados telefónicos realizados desde La Moneda para intentar incidir en la línea editorial de un canal de televisión.

No, pues todo lo anterior pasó este año, en 2021, y lo que se mide en el ranking se refiere a lo ocurrido durante 2020. Entonces, si bien nada de eso alcanzó a estar cubierto, la baja sí tiene estrecha relación con lo que señala la RELE en su informe anual, donde se da cuenta de distintas dificultades que han tenido periodistas y comunicadores/as en el país para ejercer su labor informativa en un contexto que entremezcla la protesta social que se arrastra desde octubre de 2019, la pandemia, procesos de profunda transformación política como el plebiscito de octubre, la represión policial y otros actos de censura por parte de organismos tanto públicos como privados.  

Aunque el año pasado las manifestaciones ciudadanas se vieron restringidas debido a las medidas sanitarias, decenas de periodistas, camarógrafos/as y fotógrafos/as sufrieron agresiones o incluso detenciones arbitrarias mientras realizaban su tarea de informar a la población (ver artículo en Puroperiodismo). 

El reporte de la RELE recoge varios de esos casos. Entre ellos, el de un fotógrafo del Diario Atacama y un periodista independiente que fueron agredidos y detenidos mientras cubrían la protesta en un liceo de Copiapó en contra de la PSU. También mencionan el caso del camarógrafo de la agencia francesa AFP, Jaime Esquivel, quien fue golpeado y rociado con gas pimienta por un grupo de ocho personas tras de negarse a dejar de grabar lo que ocurría en una manifestación; o el de Marcelo Hernández, por entonces reportero gráfico de la Agencia ATON, que en marzo de 2020 recibió el impacto en su rostro de una bomba lacrimógena, provocándole una herida ocular.

Situaciones como las descritas se repitieron en diversas oportunidades durante 2020, y son varios los casos que se consignan en el informe internacional, aunque si se pudiera identificar las fechas -o coberturas- más conflictivas, éstas podrían ser dos: el 1 de mayo y el día del plebiscito.  

1 de mayo: una jornada de detenciones a periodistas

El Día Internacional de los Trabajadores tuvo como antecedente la irrupción de la crisis sanitaria y la recientemente promulgada Ley de Protección al Empleo, además de un aumento explosivo de la cesantía en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre de marzo a mayo de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 11,2%, “siendo la más alta en toda la serie desde 2010”.

El Presidente Sebastián Piñera en su discurso de esa jornada en La Moneda aclaró: “La situación se ha ido agravando, por lo tanto es muy posible -casi seguro-, que las cifras de desempleo verdaderas que tenemos hoy día sea mucho mayor y que esté creciendo”. Y así fue, el año pasado en la primera ola de la pandemia casi tres millones de personas perdieron sus empleos.

En tanto, mientras el Ejecutivo realizaba su discurso, en Plaza Italia -rebautizada popularmente como Plaza Dignidad- se congregaban cientos de manifestantes y, por supuesto, equipos periodísticos que cubrían lo que pasaba. 

El informe de la RELE constató que “funcionarios de Carabineros detuvieron a trabajadores de la prensa que cubrían en vivo una manifestación programada por el Día del Trabajador, e intentaron obstaculizar la protesta con carros lanzaaguas”. Al menos 57 personas fueron detenidas en aquella jornada, dentro de este total figuran dirigentes sindicales.

Además, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó que fueron 15 los profesionales “subidos a un carro celular de la policía y llevados hasta la novena comisaría de Providencia”. Dice el informe: 

“Entre los periodistas detenidos había representantes de medios internacionales, como los camarógrafos Jaime Esquivel de la agencia Agence France Presse, Luis Hidalgo de la Associated Press, e Iván Alvarado de Reuters; y también de medios locales, como el periodista Rodrigo Pérez y la productora Alejandra Pacheco de TVN (televisión pública chilena), y los periodistas Francisca Sandoval Astudillo, Gabriel Cardozo Silva, Gerardo Cortes y Gonzalo Barrido de Señal Tres La Victoria, entre otros. Algunos de ellos, incluso, pudieron registrar con sus celulares el momento en que eran detenidos y subidos al carro policial”.

El general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, ante el desempeño policial durante la jornada del 1 de mayo respondió: “No estaban todos con sus credenciales y estaban con teléfonos celulares y, por lo tanto, lo que corresponde en ese caso es cerciorarse efectivamente su calidad de periodistas”.  

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, agregó en Radio Cooperativa que “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. La respuesta de los y las periodistas ante las autoridades que destacó la oficina especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue que estos sí contaban con sus credenciales y salvoconductos para realizar su trabajo, además de respetar las condiciones sanitarias. 

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Obstáculos en la cobertura del plebiscito

Apruebo. Rechazo. Dos opciones que causaron revuelo en Chile. En plena pandemia, la población debió escoger cambiar o mantener la Constitución redactada en 1980.

Las urnas se abrieron a las 8:00 y dentro del horario de votación se estableció uno especial para proteger a los grupos de riesgo debido al contexto sanitario. A medida que transcurría el histórico 25 de octubre, la participación iba aumentando mientras transcurría el día. Ya a las ocho de la tarde terminó el horario para ir a votar.

Durante el conteo de votos, sonaron las bocinas y las cacerolas, hasta que los resultados fueron públicos. Un 78,27% de la población escogió cambiar la constitución, mientras que un 78,99% escogió la Convención Constitucional como órgano redactor de una nueva carta magna. 

En el epicentro de las protestas del estallido social, en las plazas, en las calles y en todos los rincones del país se realizaron celebraciones tras el resultado del plebiscito. Pero, detrás de esa alegría, la cobertura periodística debió enfrentar diversas complejidades para informar a la población.

Según se lee en su informe anual, la RELE “recibió información sobre amenazas y amedrentamientos a periodistas y medios días previos al Plebiscito Nacional”. Entre esos casos destacó el de la periodista, corresponsal extranjera y académica, Carolina Trejo.

Una noticia publicada por El Periodista informó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile y el Colegio Médico de Chile interpusieron querellas criminales en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas “a la integridad física y psíquica” y recurrieron al 3° y 4° Juzgado de Garantía, con el fin de que se realizará una investigación a la participación del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad”, quienes difundieron panfletos con un símbolo de “araña” acompañado con los datos personales y fotografías de Trejo. Lo mismo habrían hecho con la doctora Carla Pellegrin y el doctor Roberto Bermúdez Pellegrin el 16 de octubre de 2020.

Además, El Periodista publicó que tanto a la periodista como a los profesionales de la salud se les “imputan delitos, y se les critica abiertamente por posturas y actividades políticas realizadas (…) Las acciones legales (fueron) declaradas admisibles”.

La RELE consignó en su informe: “Los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

Nueve días después de este suceso, la Relatoría Especial obtuvo información sobre los diversos obstáculos que enfrentó la prensa durante la cobertura del 25 de octubre. Entre otros, el informe destaca el “impedimento para acreditarse como prensa por parte de periodistas independientes, la ausencia de listados con los medios autorizados para ingresar a puestos de votación, prohibición y expulsión de periodistas de puestos de votación y durante el conteo de votos, e incluso la detención de algunos trabajadores de prensa”. Como por ejemplo, el caso de un periodista en la región de Aysén, cuyo celular fue retenido.

Pero los ataques y agresiones consignados no pararon ahí. El 12 de noviembre en Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones “habría sido detenido de manera violenta, tirado al suelo y esposado mientras un funcionario [de Carabineros] lo habría inmovilizado con una rodilla sobre su cabeza. El comunicador había grabado la detención de un grupo de rescatistas en medio de las manifestaciones de ese día. En la comisaría, el comunicador habría sido amedrentado para borrar su material. Luego de que el material no estuviera disponible para ser difundido, Carabineros dejó libre al comunicador”. 

A la semana, la policía roció con gas pimienta a un reportero gráfico del medio Libre Edición. Por esos mismos días, la periodista Alison Vivanco denunciaba un ataque con químicos desde un carro policial mientras cubría una protesta contra el Presidente Piñera y fines de ese mismo mes un fotoperiodista terminó con contusiones y su equipo destrozado luego de que Carabineros le disparara el chorro de un carro lanzaaguas directo al cuerpo a menos de 20 metros de distancia.  

Pandemia, información pública y crisis del periodismo 

“La Relatoría Especial ha registrado con preocupación los diferentes efectos que la contingencia generada por el nuevo virus COVID-19 ha tenido en la libertad de expresión en Chile”, señala el informe. 

Uno de los efectos que ha traído la pandemia, agregó la oficina de la CIDH, “(son los) obstáculos al momento de cubrir temas generales o de la pandemia específicamente”. Lo anterior se produce, debido a las “restricciones de movilización” aplicadas por las autoridades, y en diversos sucesos los periodistas han sido “detenidos por presuntamente violar esta disposición a pesar de ser eximidos de esta”, así como también han debido denunciar “hostigamiento y procedimientos de control desproporcionados para la circulación de periodistas en el contexto de la pandemia”.

Entre las observaciones que la RELE realizó respecto a Chile, destaca el “impacto” de la crisis sanitaria, que ha acrecentado la “vulnerabilidad” de los y las trabajadores de la comunicación, acompañado de “despidos masivos” por “motivos económicos” en medios estatales y privados, además el “cierre” de ediciones impresas. En esa línea, el reporte menciona más de 164 despidos en TVN ocurridos desde diciembre de 2020 a marzo de este año, al menos 61 contratos suspendidos en Publimetro, y otros tantos despidos en El Mercurio, Mega y La Red; el cierre de las ediciones impresas de La Cuarta y La Tercera durante los días de semana -lo que implicó a fines de enero el despido de cerca de 200 personas de Copesa-; y el cierre definitivo de La Discusión de Chillán y El Centro, de Talca. 

Otro aspecto destacado en el anuario de la RELE y que estaría relacionado con el contexto sanitario, es que “los periodistas también han manifestado mayor dificultad para acceder a información pública respecto de la pandemia, así como para hacer preguntas en ruedas de prensa”. 

Además, entre las complejidades que recopiló la RELE, “está la imposibilidad de contrapreguntar, el cambio de horarios para entregar la información, así como la poca gestión comunicacional”. La oficina destacó el informe emitido el 20 de octubre del 2020 por el Consejo para la Transparencia (CPTL)- entidad autónoma del Estado encargada de garantizar, fiscalizar y promover el contenido del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la función pública-, en el cual informó que aún persistían a esa fecha “deficiencias” en la información entregada en el sitio oficial del gobierno para la entrega de la información sobre la pandemia, las que ya “habían sido notificadas al gobierno”.

En dicho informe, el CPTL  agregó: “No se ofrece información sobre el número total de casos negativos, las fuentes de exposición a nuevos casos confirmados, tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles o cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando”.  Por último, el informe constató que el sitio oficial “no desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género”.

También en materia de transparencia, se consigna la demora excesiva o negativa que han tenido ciertos organismos públicos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, pasando en muchos casos por encima de lo establecido en la ley. Tal como publicó CIPER en marzo de este año, el Ministerio de Salud era el que más incumplimientos registraba a marzo de este año -, seguido por las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Economía.       

Por otro lado, la RELE también destaca casos de censura ocurridos en el país, como la querella que interpuso Carabineros en contra del colectivo LasTesis, la que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera; el fallo de la Corte Suprema contra Radio Bío Bío que la obligó a retirar de sus plataformas la grabación de una conversación entre una jueza y un operador político al considerar que se había publicado de manera ilegal; los focos de luz que intentaron borrar una proyección artística de Delight Lab a un costado del edificio de Telefónica; y la eliminación por parte de la policía de la obra de Francisco Tapia que mostraba la figura de un carabinero colgando del balcón a punto de dispararse un tiro en la boca.  

La situación actual

Durante los últimos meses, el debate sobre la situación de la libertad de expresión en Chile se ha vuelto parte central de la agenda. Por una parte, producto del “telefonazo” que realizó la asesora presidencial Magdalena Díaz al dueño del canal de televisión La Red en Miami para criticar la línea editorial que han tomado sus programas bajo la dirección del periodista Víctor Gutiérrez, en especial luego de la transmisión de una polémica entrevista realizada en prisión al ex frentista y asesino de Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro. Aunque la acción fue rechazada por los ejecutivos del canal y fue llevado hasta la CIDH, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le formuló cargos a la estación por supuestamente infringir el principio de imparcialidad.

El mismo canal fue objeto de críticas abiertas por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, las que emitieron declaraciones públicas -respaldadas por el ministro de Defensa- denunciando un programa humorístico en el que satirizaban a un general del Ejército. En sus misivas, se criticaban supuestas injurias contra la entidad castrense y se señalaba cómo debía ejercerse el derecho de libertad de expresión, lo que ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones, como el Colegio de Periodistas, por, entre otras cosas, haber pasado por el alto el mandato constitucional de no deliberación que pesa sobre las instituciones armadas y no haber hecho ninguna declaración cuando sólo un par de semanas antes se había conocido la operación de espionaje que el mismo Ejército habría emprendido en contra de al menos seis periodistas que investigaban casos de corrupción en su interior y delitos de lesa humanidad.  

Entre los periodistas que habrían sido objetos de espionaje se encuentran Mauricio Weibel, Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo, Pascale Bonnefoy, Danae Fuster y Santiago Pavlovic. Todos esos casos han generado acciones judiciales, políticas y gremiales, que incluyen, entre otros, la solicitud por parte del Colegio de Periodistas de seguimiento por parte de la RELE y una carta suscrita por distintas escuelas de Periodismo del país que este lunes 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de  Prensa,  será entregada al Presidente Piñera para exigir medidas que tiendan a reducir el intervencionismo, la censura y propender a un ambiente propicio para el buen ejercicio de la labor de los y las periodistas.    

A fines de abril, El Periodista informó que la Corte de Apelaciones de Santiago “acogió de manera parcial el recurso de protección ingresado por el senador Alejandro Navarro (PRO) en favor del canal La Red (…) desestimando la denuncia contra el mandataria y estableciendo un plazo de cinco días para que (Magdalena Díaz) remita a la Corte Suprema la información referida a los hechos denunciados”. 

El sábado 1 de mayo, el mismo senador Navarro informó que en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado tratará como central la situación respecto al derecho a la información y la libertad de prensa en el país. A las 15.30 de la tarde se sesionará y participarán el ministro de Defensa, Baldo Prokurica; Mónica González, periodista y Premio Nacional de Periodismo; y los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, quienes fueron espiados vía telefónica por el Ejército.

Desde hace un tiempo advertimos un progresivo aumento de acciones civiles en contra de los medios, especialmente canales de televisión. Tales demandas se relacionaban, en general, con coberturas informativas y programas de investigaciones periodísticas que revelaban hechos delictuosos o irregularidades de personajes, tanto públicos como privados. También habíamos destacado que a dicha tendencia se habían incorporado empresas, las que comenzaron a promover pleitos en contra medios de comunicación por reportajes de investigación que denunciaban defectos en la calidad de sus productos y servicios. En esta línea, empresas como Danone, Cencosud (Jumbo), Carbonell, Ideal —Bimbo—, demandaron a Canal 13 por la emisión del capítulo “Gato por Liebre”, del programa Contacto. Recientemente, la empresa Díaz Cumsille interpuso una medida prejudicial contra el programa Esto no Tiene Nombre que emite TVN; el canal estatal había denunciado que la sociedad inmobiliaria ofrecía departamentos que tenían menos metros cuadrados que los que aparecían en su publicidad.

Pero una demanda que se interpuso recientemente en contra de Canal 13 (ver documento al final) presenta ciertos rasgos inéditos en nuestro país: cuarenta concursantes que participaron en el popular programa de cocina Master Chef demandaron civilmente por daños y perjuicios a Canal 13. Master Chef busca al mejor cocinero amateur del país y se basa en un espacio de televisión británico con el mismo título que emite la BBC de Londres desde 1990.

LOS HECHOS

En la exposición de los hechos los demandantes señalaron haber participado de un supuesto proceso que terminó con el “Macro-evento de selección” que se celebró en la Plaza Bulnes en Santiago, el 28 de septiembre de 2014. A los concursantes se les exigió que fuesen chefs amateurs, es decir, que no hubiesen pertenecido a ámbito culinario alguno, o hubiesen realizado ninguna actividad remunerada vinculada a tal rubro. El ganador obtendría 25 millones de pesos, más la publicación de un libro con las recetas propias y una beca de un año para estudiar gastronomía en INACAP.

Los concursantes aseguran que nunca conocieron las bases del programa —si es que existían— respaldadas por algún Notario Público. Para el casting debieron pasar por distintas etapas, como llenar un formulario en el sitio web, que en caso de ser elegido debían concurrir a una entrevista personal a Canal 13 y luego “emplatar” un plato frío, que podía ser dulce o salado. A mediados de septiembre se informaría a los 400 seleccionados, de diez mil participantes, para la etapa final, a través de un llamado telefónico confirmado por correo electrónico, el que también contenía los criterios de evaluación.

Por dicho mecanismo de información se les notificó que debían presentarse el 28 de septiembre a las ocho de la mañana en la Plaza Bulnes frente al Palacio de La Moneda, para que participaran en la selección final. Dicho proceso lo realizarían “profesionales de la cocina” y tres jurados que luego participarían en el programa.

Es aquí donde los demandantes comienzan a enumerar los problemas e incumplimientos que le imputan a Canal 13. Como la selección fue realizada por estudiantes del INACAP, a juicio de los postulantes esto le restó potencia, calidad y seriedad a la evaluación.

Al llegar al Paseo Bulnes, dice la demanda, los participantes constataron que no se trataba de un programa culinario, sino un casting, pues durante el concurso debían mostrar las manos arriba, gritar la frase “Master Chef”, aplaudir colectivamente, pero nada sobre los platos preparados. También denuncian que muchas personas ya estaban seleccionadas de antemano, como fue el caso de la que califican como “pseudo modelo”, María Jesús Matthei, ex miss Chile 2013, quien no estuvo en la fila, ni en la espera tediosa, pero que fue una de las primeras seleccionadas, llegando a las 13.00 con un vestido para ir a una gala y no a un concurso de cocina.

Los demandantes califican la situación como “obra de teatro, preparada y orquestada”, que tuvo como único fin exhibir una masiva participación en un show y en una selección masiva que no era tal. Los “supuestos críticos culinarios” solo eran estudiantes de cocina del INACAP que debieron probar un promedio de 10 a 12 platos en 20 minutos. Tal situación provocó que muchos de los platos que prepararon los participantes con horas de anticipación, ni siquiera fueran probados para evitar una intoxicación, al haber perdido la cadena de frío. Este aspecto fue destacado por los actores, que denunciaron que para la preparación de alimentos, Canal 13 montó una infraestructura paupérrima, que no cumplió con las condiciones mínimas para conservar adecuadamente los alimentos solicitados.

Los demandantes añadieron que el jurado de expertos no era tal, que no recibieron la puntuación por sus platos y que ellos debieron costear los alimentos. También denunciaron que había un solo baño químico para 700 personas.

ELECCIÓN DE LOS GANADORES

Luego de anunciarse por altoparlantes, los estudiantes jurados se retiraron para deliberar junto al jurado integrado por Chris Carpentier, Ennio Carota y Yann Yvin, “a quienes a esa altura del día no se les había visto probando ni seleccionando plato alguno, como era lo que se les había indicado a los participantes”.

En menos de 10 minutos, señalaron los demandantes, los jueces había supuestamente deliberado y tenían ya a los 40 seleccionados finales, evaluación que además se promediaba con el casting anterior, cuestión imposible si se considera que habían más de 400 postulantes. Para los demandantes en ese momento “comenzó el descalabro del show final”. Los tres jurados del programa, junto a la animadora Diana Bolocco, comenzaron a entregar cucharas de madera con el logotipo del programa a los seleccionados, sin control de la producción y mirando su hojita con los nombres elegidos para no equivocarse, situación que califican de escandalosa.

Para los demandantes los 40 seleccionados tenían un perfil televisivo clásico: la Miss Chile, una persona de etnia mapuche, un futbolista, un no vidente, un discapacitado. Para ellos el concurso estaba pauteado con anterioridad y creen que les vendieron una ilusión y que trabajaron en forma gratuita en el concurso culinario masivo, donde solo se les contó una parte del contrato.

Los demandantes alegaron que el actuar de Canal 13 les causó un daño imputable a su dolo o culpa, al no cumplir con lo establecido, según el correo enviado por el canal que les notificó que habían sido preseleccionados, adjuntando las instrucciones sobre la competencia masiva que se celebraría el domingo 28 de septiembre. Añadieron que al participar en el proceso de selección se estableció un contrato entre las partes “consensual” o “tácito”, y que esto no le confiere derecho en ningúno de sus acápites a Canal 13 para actuar con la negligencia demandada, “engañando a todos los participantes”, vulnerando ademas la dignidad de cada uno de ellos.

DAÑO MORAL

Luego de enumerar los requisitos de procedencia de la responsabilidad civil extracontractual, los demandantes afirmaron haber sufrido daño moral al ver afectada su reputación, prestigio e imagen, y al vulnerarse el artículo 19 N° 1 de la Constitucion Politica, que consagra el derecho a la vida y a la integridad fisica. Tal transgresión se produjo, a juicio de los participantes rechazados, al mantenerlos por más de 10 horas sin protector solar, agua, comida, ni refigerio alguno, ni baños decentes. La negativa de Canal 13 de mantener condiciones necesarias para mantener a un promedio de setecientas a mil personas en condiciones humanas básicas durante todo un día de filmacion del que es calificado de “Falso Macrocasting” fue un acto, dice la demanda, “deliberado y arbitrario” que vulneró su derecho a la vida e integridad fisica y psíquica.

Los demandantes evaluaron en 10 millones de pesos el daño moral que cada uno experimentó, tanto para cada participante y acompañante. La acción civil —consigna la demanda— fue por la suma de 410 millones de pesos, aunque hay un evidente error, pues son 40 personas los demandantes, de modo que se debió demandadar por 400 millones.

La justicia deberá resolver algunos aspectos interesantes que posee la demanda, como si es posible demandar daño moral por la vía de la responsabilidad extracontractual —como expusieron en su larga presentación los demandantes—, al fundar su acción en el incumplimiento de un contrato que habrían suscrito con Canal 13.

Miranda y VV Contra Canal 13 by Puroperiodismo

Foto: Daniel Oines, Flickr.

En el capítulo, denominado «Ventas inmobiliarias, promesas mal medidas», TVN afirmó que la Inmobiliaria San Nicolás —una empresa del Grupo Díaz Cumsille—, vendió departamentos en el edificio Arq. San Miguel con una superficie inferior a la comprometida. Como suele ser habitual en la televisión, el programa fue reproducido al día siguiente, 29 de julio, en “Buenos Días a Todos” y en el noticiero “Medianoche”.

La empresa Díaz Cumsille, antes de acudir a los tribunales de justicia, realizó dos acciones. La primera fue publicar una inserción a página completa en los diarios El Mercurio y La Tercera el domingo 10 de agosto en donde criticó el reportaje de investigación de TVN, acusándola de entregar información errada y de actuar negligentemente.

El inserto publicado un día domingo, donde los diarios tienen la mayor circulación, originó que TVN ejerciera el derecho de rectificación, que nuestra ley de prensa reconoce a toda persona tanto natural o jurídica que se sienta ofendida o injustamente aludida. El Mercurio publicó la respuesta en la sección “Cartas al Director”, en la que TVN desestimó las críticas al programa afirmando que fue realizado responsablemente, de acuerdo a sus estándares periodísticos, enumerando las principales fuentes documentales en la que se basó el programa.

La segunda acción efectuada por la empresa Díaz Cumsille, fue ejercer el derecho de rectificación ante TVN por el reportaje de “Esto no tiene nombre”. Después de emitir un nuevo capítulo de dicho programa, el conductor procedió a leer la rectificación enviada por la empresa.

LA EMPRESA SOLICITA ANTECEDENTES

A pesar de tales acciones, el 3 de septiembre la empresa Díaz Cumsille presentó una medida prejudicial probatoria en contra de TVN, con el objeto de obtener un conjunto de antecedentes que la empresa estimó necesario antes de presentar la demanda. Si bien la ley exige al futuro demandante exponer someramente sus fundamentos, en una extensa presentación de 27 páginas la empresa describió con detalle la acción que próximamente interpondrá en contra de TVN.

La empresa Díaz Cumsille explicó que el reportaje de “Esto no tiene nombre” afirmó que un departamento del edificio —el 701— tenía significativamente menos metros cuadrados que los ofrecidos y vendidos al cliente, al que le faltaron 9 metros cuadrados. Tales afirmaciones se basaron —según la empresa— en dos informes erróneos. El primero elaborado por una empresa llamada Limite Urbano y el segundo emitido por la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica de Chile, llamada DECON.

A juicio de la empresa Díaz Cumsille, TVN construyó un marco de escándalo y sensacionalismo en el que aparecen las empresas del grupo como abusadoras que engañan y estafan a sus clientes a sabiendas, para obtener un lucro inmerecido a costa de sus clientes. El objetivo del reportaje —infirió la empresa— fue demoler su imagen y prestigio, sin darles un apropiado derecho a réplica ni estar fundado en antecedentes técnicos bien formulados, de actuar en contra los principios y a la ética que debe guiar el trabajo del diario y de los medios.

La empresa Díaz Cumsille atribuyó a TVN un “actuar clandestino”, pues el reportaje se habría realizado sin rigor periodístico y sus responsables no respetaron aspectos sustanciales de la ética periodística, debido a que se fundó en dos estudios errados cuyas imprecisiones y faltas pudieron haber sido fácilmente descubiertas si el canal de televisión hubiese tenido el cuidado, la diligencia y el interés de validar dichos informes con la empresa en forma previa a la emisión del reportaje. La empresa indicó que TVN no le dio la oportunidad de analizarlo y de realizar un informe independiente con un organismo serio.

Según la empresa, la actuación culposa e incluso dolosa de TVN en su reportaje se infiere del hecho de que la investigación haya durado meses, y que solo se haya acercado a la empresa pocos días antes de su emisión, condicionando la participación de la empresa afectada y la exposición de sus puntos de vista a la realización de una entrevista en cámara, sin que en forma previa se  informara y entregara copia de los informes en los que se basó el reportaje, buscando a su juicio una “verdadera emboscada comunicacional”.

Uno de los aspectos que subrayó con insistencia la Empresa Díaz Cumsille fue la ausencia de ética periodística de TVN. Tal conducta se dio también —en opinión de la inmobiliaria— en la entrevista telefónica que efectuó la propietaria del departamento 701 a un ejecutivo de la Empresa Díaz Cumsille, que el equipo de investigación de TVN grabó y difundió en el reportaje, sin que el ejecutivo fuese informado y autorizara la difusión.

LA DISPUTA POR LAS DIMENSIONES

El principal punto de discordia entre la Empresa Díaz Cumsille y TVN es sobre las dimensiones del departamento 701 del edificio Arq. San Miguel. La empresa sostuvo que la superficie del inmueble corresponde a lo ofrecido y vendido a sus clientes y que para demostrarlo —-debido a que la propietaria del departamento 701 no les permitió ingresar a medirlo—, requirieron un estudio y medición al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) dependiente de la U. de Chile.

A dicha institución, la empresa Díaz Cumsille le solicitó practicar en terreno la medición de 4 departamentos del edificio Arq. San Miguel, todos con características similares y en la misma línea del departamento 701 exhibido en el programa de TVN. Los tres informes emitidos por el IDIEM según la empresa Díaz Cumsille concluyeron que los cuatro departamentos objeto del estudio cumplen con la superficie informada a sus respectivos compradores, tanto en la publicidad, como en la cotización, lo que acredita que lo vendido a cada propietario corresponde a lo ofrecido, siendo totalmente falso que se hayan vendido departamentos de menor superficie de la ofrecida a sus clientes.

FALTA DE RECTIFICACIÓN

La empresa Díaz Cumsille señaló haber ejercido el derecho de aclaración, solicitando a TVN la rectificación de los errores de hecho en que incurrieron los tres programas del canal estatal que divulgaron el reportaje.

Si bien la empresa reconoció que TVN cumplió con difundir la rectificación solicitada, añadió que solo fue en lo formal, pues en una actitud que a su juicio solo denotó falta de rigor periodístico, mala fe y ánimo persecutorio en contra de las empresas del grupo, agregó a continuación de la lectura del texto un conjunto de afirmaciones desfocalizadas del tema principal, con la clara intención de confundir al televidente, lo que volvió a afectar seriamente su prestigio.

TVN objetó que el departamento medido por el IDIEM fuese el 401 que no era el mismo medido por el reportaje, omitiendo a sabiendas que los dueños del 701 se negaron a que midieran el departamento, insinuando un actuar tramposo de la empresa Díaz Cumsille, dejando maliciosamente la impresión que se trata de departamentos muy distintos.

LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A TVN POR LA EMPRESA DÍAZ CUMSILLE

Para preparar adecuadamente su entrada al juicio la empresa solicitó a través del 26° Juzgado Civil de Santiago un amplio número de antecedentes, informes y estudios. Algunos interesantes de destacar son los siguientes:

• Copia fiel e integra de las emisiones realizadas por TVN en cualquiera de sus señales, horarios y programas promocionando el programa Esto No Tiene Nombre el reportaje “Ventas inmobiliarias, promesas mal medidas” y de todos los comentarios o alusiones efectuados por TVN con anterioridad o posterioridad a su emisión del día 28 de julio de 2014.
• Informe del rating, con detalle de sus fechas y horarios del programa Esto No Tiene Nombre emitido el 28 de julio.
• Estudios e informes de ingeniería, construcción y de cualquier naturaleza originales encargados supuestamente por el Programa Esto No Tiene Nombre titulado “Ventas inmobiliarias, promesas mal medidas”, y las metodologías y protocolos utilizados.
• Contratos celebrados por TVN con las empresas o instituciones que efectuaron los estudios en el programa individualizado y copia de las facturas o boletas que las empresas hayan emitido a TVN.
•  Copia de las pautas, instrucciones o minutas, correos electrónicos, memorándums u otras comunicaciones relacionadas con la elaboración del programa impugnado.
• Facturas emitidas a TVN de empresas o instituciones dedicadas al rubro inmobiliario en los últimos 6 meses previos a la emisión del programa objetado.

Con seguridad, TVN se opondrá a la medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos, pues algunos a mi juicio se encuentran cubiertos con la protección del secreto profesional y otros no cumplirían con la exigencia de necesariedad para preparar la entrada al juicio, sino que más bien se intenta obtener pruebas en forma anticipado al juicio.

La empresa Díaz Cumsille sugirió que TVN es parte de una campaña —lo que afirma explícitamente— junto a otras empresas del rubro para desprestigiarla, razón por la cual solicitó las facturas emitidas a dicho canal de televisión por las entidades dedicadas a la construcción. Al tenor de la presentación de la empresa Díaz Cumsille, hay escasas posibilidades de llegar a un acuerdo, por lo que se augura un largo pleito en el futuro próximo.

Foto: Juan y Diego

Valentín Daza, un ingeniero de Concepción, presentó un recurso de protección para que no se emita el capítulo de «Manos al fuego» que protagoniza. En la acción judicial presentada en la Corte de Apelaciones de Concepción —que luego por una cuestión de competencia quedó radicada en la Corte de Santiago—, explica cómo se gestó la situación.

El 20 de febrero de este año su polola Claudia Morales fue contactada por César Campos, el conductor del programa «Manos al fuego» que emite semanalmente Chilevisión. Gracias a al pago de $500 mil pesos su polola aceptó la propuesta, que consistía en preparar una situación en un lugar donde lo grabarían sin saberlo, en el que una atractiva mujer le haría “sugerentes propuestas de tipo sexual – afectivo”.

La dinámica fue la misma utilizada en otros capítulos: su polola le contó que había extraviado su celular y que requería que él fuese a buscarlo a un hostal en Quinta Normal, donde una mujer le entregaría el aparato. En el recurso de protección Daza dice que llegó a la cita a las 19 horas y que lo recibió una actriz del programa —“físicamente muy atractiva”— y que a los pocos minutos comenzó a ganarse su confianza, hablar temas personales y a formularle sugerencias amorosas.

En su defensa Chilevisión reiteró que solo emiten programas que cuentan con el consentimiento expreso de los protagonistas, y que puede ser o no remunerado.

“Como era de esperar”, dice su declaración, “ya que los diálogos de las actrices de este tipo de programas van confundiendo a las víctimas que están siendo grabadas en un momento de la conversación con la actriz de programa comencé a caer de a poco en el juego de seducción que me estaba haciendo, mientras en otro lugar cercano, mi polola escuchaba y miraba todo a través de unas pantallas de televisión que el programa le proporcionaba”.

Valentín Daza reconoció que si bien no aceptó todas las propuestas que le hizo la actriz, sí negó la existencia de su polola cuando esta lo llamó. Luego, explicó tras rechazar las otras propuestas de la actriz, vino la parte del programa donde su polola lo encaró e increpó a gritos por lo sucedido. En ese momento advirtió las cámaras que grababan la escena y las intentó tapar en todo momento. Luego de la discusión que sostuvo con su polola, ella se subió a un vehículo de la producción del programa, todo lo cual le produjo un “fuerte impacto emocional” y “mucha tensión nerviosa”.

Según Daza, el episodio gatilló una crisis de pareja que a los pocos días superaron. Además, ella se comprometió a realizar todas las acciones para evitar que el programa divulgara las imágenes. Con ese propósito, Morales devolvió los $200 mil que le habían adelantado, el medio recibió el dinero y no insistió más.

Pero a finales de mayo su polola recibió insistentes llamados para que consiguiera la autorización de Valentín Daza de difundir las imágenes. Él se negó y, a su vez, también recibió llamados de la producción —“hasta 15 veces por día”— del programa. El canal, además, envió un equipo a Talcahuano al que les reiteró que jamás iba a consentir y que no lo molestaran más.

Según Daza, la producción del programa insistió en señalar que emitirían el programa de todos modos, debido a que Claudia Morales había firmado un contrato y que algunas imágenes habían sido captadas en la vía pública. Daza reiteró que nunca había dado su consentimiento y que lo sucedido fue una discusión privada entre pololos. Según él, “Manos al fuego” le notificó que de todos modos exhibirían el programa, probablemente en julio de este año.

DERECHOS AFECTADOS

Daza alegó que la actuación de Chilevisión amenaza dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución: el derecho a la vida privada y la honra. El primero, en razón a que en el ámbito de la privacidad, los terceros solo pueden penetrar con el consentimiento de la persona afectada y que las dos únicas excepciones —delitos o hechos de relevancia pública o que afecten al bien común— no se daban en el caso: las discusiones que tuvo con su polola y tampoco las respuestas que tuvo frente a los actos de seducción recibidos.

Además, Daza explicó que la emisión del programa lesionaría su honra, pues entregaba una falsa y mala imagen suya, como una persona infiel, o que fácilmente puede cometer un acto de infidelidad o como una persona que no tiene respeto por su pareja actual, situación que además señaló, le estaba generando un enorme estrés y daño moral, pues si llega a salir en televisión le traerá problemas tales, como burlas de sus conocidos, actitudes de discriminación, o incluso imagen de poca seriedad, todo lo cual podría repercutir laboralmente en su contra.

Todo el caso descrito, señaló Daza, no fue responsabilidad suya y que si bien admitió las actuaciones de su polola no fueron las más afortunadas, indicó que el programa de televisión está preparado para hacer caer casi a cualquier persona, magnificando además cualquier falta hacia la pareja que uno pudiere cometer.

En el breve informe elaborado por Chilevisión requerido por la Corte de Apelaciones, el canal explicó el proceso de elaboración de “Manos al Fuego”, indicando, que los participantes, hombres o mujeres, luego de informarles las reglas del concurso, firman una cesión de derechos de imagen.

En su defensa formal, Chilevisión alegó que el recurso de protección debía rechazarse pues se presentó fuera de plazo, al haber trascurrido más de 30 días del hecho ilícito, que fue el día de la grabación del recurrente.

En cuanto a la defensa de fondo, Chilevisión reiteró que solo emiten programas que cuentan con el consentimiento expreso de los protagonistas, a través de la cesión de los derechos de imagen, y que puede ser o no remunerado. Por lo anterior, el medio afirmó que por no tener dicho consentimiento, no emitirá el programa, razón por la cual debía desestimarse el recurso de protección pues las garantías de Daza no se encontraban amenazadas por Chilevisión, y que no existía perjuicio alguno en su contra.

DESPUÉS DEL RECURSO, ¿QUÉ?

Pese a declarar enfáticamente que no trasmitiría las imágenes, el procedimiento siguió y en pocos días se dará a conocer la sentencia. En muy probable que la Corte de Apelaciones rechace la acción de protección, debido a que dicho tribunal no tiene medidas que adoptar. Se trata —no debe olvidarse— de un procedimiento cautelar y luego del informe de Chilevisión no habría que decretar ninguna actuación.

A juzgar por el tenor tanto del recurso del afectado como del informe de Chilevisión, es muy probable que el pleito continúe en otro ámbito. ¿Cuál? Me atrevería a pronosticar que el afectado deducirá una acción civil de indemnización de perjuicios en contra de Chilevisión. Aunque veamos qué resuelve primero la Corte de Apelaciones en el recurso de protección explicado.

RECURSO DE PROTECCIÓN

Agresión sexual en la época victoriana. Foto: Paul Townsend

En enero de 2004 el diario El Centro de la ciudad de Talca —y que circula en toda la región del Maule— publicó la identidad de una mujer que había sido víctima de una violación. La justicia civil condenó al periódico al pago de 20 millones de pesos como indemnización del daño moral, es decir, por el sufrimiento que experimentó la mujer luego que se revelara no solo su identidad, sino también el lugar donde trabajaba, lo cual permitió que muchas más personas la identificaran, según consignó la sentencia.

Este caso no es aislado en Chile y refleja cómo en los últimos años las víctimas de estas malas prácticas periodísticas han optado por la reparación civil, y no penal, tras los daños ocasionados.

IDENTIDADES PROTEGIDAS

El cambio estructural más relevante que instauró el nuevo proceso penal en Chile en la década del 2000 fue la oralidad y publicidad de las audiencias, dejando en el pasado la escrituración y secreto que regían el antiguo procedimiento criminal. No obstante, ambos procesos poseían específicas restricciones respecto a la identidad de ciertas personas que debían comparecer ante los tribunales del crimen. Tales restricciones están en el artículo 33 de la Ley N° 19.733 que rige a los medios de comunicación social. Una de ellas es la prohibición de divulgar la identidad de menores de edad y de todo antecedente conducente a ellos, respecto de autores, cómplices o encubridores de delitos, la que también incluye a testigos que no han alcanzado la mayoría de edad.

La otra prohibición es respecto a la identidad, esta vez de víctimas —no de victimarios— de los delitos que describe el Libro II, Título VII del Código Penal, que son, entre otros, la violación, el estupro, incesto, corrupción de menores y actos deshonestos. La infracción a tal prohibición se castiga con una multa de 30 ($1.266.600) a 150 UTM ($ 6.333.000) que en caso de reiteración, se eleva al doble. ($2.533.200 y $ 12.666.000).

Es respecto a esta última prohibición que desde hace algunos años han comenzado a presentarse acciones en contra de los medios de comunicación. Sin embargo, los afectados han evitado perseguir la responsabilidad penal de los responsables de los medios, optando, en cambio, por la vía civil, que se aviene mejor con sus intereses, pues las multas que se aplican en el procedimiento penal son a beneficio fiscal, mientras que la reparación civil contra los medios, en caso de prosperar, ingresa a su patrimonio.

EL CASO DE LA CUARTA

No sólo la prensa talquina ha incurrido en este delito. Más recientemente tenemos también el caso de una mujer –que individualizaremos por el nombre ficticio de Patricia— víctima de una violación que en tres juicios distintos demandó al mismo número de medios de comunicación que revelaron su identidad: el canal de televisión Chilevisión y a los diarios Las últimas Noticias y La Cuarta. A mediados de julio se dictó el fallo en contra del diario La Cuarta que expondremos a continuación.

En su demanda Patricia sostuvo que La Cuarta fue el responsable de los perjuicios causados por haber publicado en forma íntegra su identidad, tanto en papel como en su sitio web, y solicitó una condena en su favor de ciento treinta millones de pesos a título de indemnización por daño moral.

En su acción la demandante explica que luego de presentar la denuncia por el delito de violación, esta información fue filtrada inmediatamente a la prensa por dos hechos relevantes: el primero por ser hija de una jueza y, segundo, por el denunciado por la violación, que tenía el rasgo de joven “famoso” al trabajar en el programa «Buenos días a todos» de TVN, y que era conocido en el medio televisivo como el «Rey de los Pokemones».

Patricia alegó que tan solo dos días después de cometido el delito en su contra, la noticia apareció en la portada de La Cuarta, lo que derivó que todo su entorno se enterase del delito del que habría sido víctima. A su juicio el diario actuó con el ánimo de lucrar a costa de su horrorosa experiencia.

La Cuarta solicitó el rechazo de la demanda por los siguientes argumentos:

• La acción estaba mal planteada debido a que la indemnización de perjuicios nacía a consecuencia de los delitos tipificados en el artículo 33 de la Ley N° 19.733, procedimiento que no se había iniciado.
• No se dio el supuesto fáctico de dicha norma —la existencia del delito de violación—, dado que al momento no existía una sentencia penal condenatoria por dicho delito.
• No se configuraban los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual, al no existir dolo ni culpa, puesto que el único ánimo de La Cuarta fue informar sobre temas de alto interés público, como la comisión de delitos, y que no se habría querido dañar o perjudicar a nadie, menos a la demandante.
• El mismo padre de la demandante dio entrevistas a medios de comunicación, relatando los hechos en forma detallada, por lo que desde tal perspectiva el medio «asumió de buena fe que la demandante y su familia querían que se publicaran y fueran conocidos por la ciudadanía».
• El medio también alegó que no podía establecerse una relación entre el daño alegado por la demandante y lo publicado por el diario, motivo por la cual debía determinarse cuándo y quién divulgó primero su identidad, ya que hubo varios medios que lo habían hecho antes.
• Por último, la defensa del diario afirmó que la demandante no tuvo perjuicios, y en caso de haberlos se exageró notoriamente su valor, por lo que la búsqueda de una indemnización revelaría un indebido afán de lucro.

Analizando las pruebas aportadas por las partes, el tribunal acreditó que La Cuarta publicó una noticia informando del proceso penal iniciado en contra del victimario de la demandante por el delito de violación, identificando a la víctima por su nombre y apellidos e indicando, además, que era hija de una juez a quien también identificó. También constató que al no existir antecedentes que acredite que la afectada consintió la publicación de su identidad, concluyó que el diario infringió no sólo la prohibición legal contenida en el artículo 33 de la Ley N° 19.733, sino también los principios normativos éticos de la actividad periodística, al incurrir en una conducta culpable o negligente al no advertir las consecuencias que ocasionaría identificar a la demandante.

El tribunal concluyó que La Cuarta incurrió en una conducta negligente, descuidada o imprudente, y que de no haber revelado la identidad el daño no se habría producido.

CÓMO SE DETERMINÓ LA INDEMNIZACIÓN

Luego, el tribunal procedió a determinar el monto de la indemnización, asunto de difícil solución, según señaló, dado que “el daño moral se produce al interior de la víctima y no existen parámetros objetivos que permitan su adecuada apreciación”. No obstante, siguió algunos criterios:

• La demandante fue la víctima directa del daño, por lo que su proximidad con el hecho lesivo le permitía al tribunal establecer que tenía derecho a una indemnización.
• Otro factor relevante era la prolongación del daño en el tiempo, pues la publicación mediante la página web de la identidad de demandante había quedado registrada y podrían eventualmente ser objeto de consulta en el futuro por quien tuviere interés o no en el tema.

Tomando en cuenta tales factores, el tribunal decidió acoger la demanda y condenó a La Cuarta a pagar una indemnización de 25 millones de pesos en favor de la mujer demandante. A la fecha Patricia ha obtenido a su favor dos fallos de las tres demandas presentadas en los tribunales de justicia: una por 20 millones en contra de Las Ultimas Noticias y la segunda que comentamos por 25 millones en contra de La Cuarta. En la tercera acción contra Chilevisión aún no se dicta sentencia definitiva.

Se trata en todo caso de fallos de primera instancia y falta aún el pronunciamiento de las Corte de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema. Pero se podría sostener que estamos en presencia de cierta tendencia de la justicia, asunto al cual los medios de comunicación deberían prestar más atención, en particular en los pleitos ligados a la cobertura de la llamada prensa roja.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Foto: Gobierno de Guatemala

La conversación, el dialogo, la crítica, las opiniones, las manifestaciones artísticas y culturales suelen estar amparadas bajo la fuerte protección de la libertad de expresión. No obstante, las personas que interactúan socialmente, en el encuentro cara a cara, parecen estar advertidas de que estas interacciones tienen límites, razón por la cual no pueden decir todo lo que se les plazca. Con seguridad algunos cumplen con las reglas legales y sociales debido a que son personas educadas y no por la amenaza de ser objeto de un castigo estatal.

Sin embargo, en el mundo virtual que provee internet y donde existen las redes sociales, dichas normas legales o sociales parecen no regir. Todos los días y en todos los medios o portales electrónicos de nuestro país basta que se publique una noticia cotidiana, una información política o social, a veces sin mayor importancia, para que en los sitios donde existe la posibilidad de comentar se llene de garabatos, expresiones malsonantes, críticas e incluso amenazas. A veces tales comentarios se divulgan bajo identidades falsas, lo que confiere una sensación de impunidad aún mayor y con ello, un mayor calibre en el nivel de los insultos.

Dos casos en Chile

En Twitter, Facebook o Instagram ocurre el mismo fenómeno desde su creación, pero son muy pocos los casos que han llegado al conocimiento de los tribunales de justicia de Chile. Un caso que tuvo un desenlace judicial se originó por un refrán popular que subió a su Twitter una funcionaria del Consejo de la Cultura el año 2011. Escribió: “Se mata a la perra y se acaba la leva”. Los medios de comunicación asociaron la frase a la entonces dirigente estudiantil y hoy diputada Camila Vallejo. Al advertir una amenaza, sus padres presentaron un recurso de amparo en su favor, que luego acogió la Corte Suprema, no obstante que la autora del tuit alegó siempre que se refería a una situación privada y que nunca aludió a la líder estudiantil Otro caso interesante surgió cuando el abogado Rodrigo Ferrari creó la cuenta de Twitter @losluksic con la identidad del empresario Andronico Luksic, en la que escribía comentarios irónicos sobre la situación del país. Ferrari fue formalizado por el delito de suplantación de identidad, pero finalmente el pleito se sobreseyó debido a que los tribunales de justicia estimaron que la intención del imputado había sido satírica, y no hacerse pasar por otra persona.

En Costa Rica

El fenómeno de la impunidad en redes sociales ocurre en todos los países del mundo donde no existe un férreo control estatal sobre los contenidos de Internet, como es el caso de Cuba, China o Corea del Norte. A fines de julio un tribunal penal de Costa Rica resolvió un interesante caso originado por un comentario publicado en Facebook por Alberto Rodríguez, un empresario turístico de ese país, en contra de la ex Presidenta Laura Chinchilla. Titulada “Una Presidente millonaria”, la columna afirmaba: “Tenemos una presidente que terminando su mandato se nos ha convertido en toda una empresaria”. Rodríguez le atribuía haber comprado un campo por 2,5 millones de dólares y ser accionaria en una empresa de energía eólica. Decía que ella y su familia se habían enriquecido muy rápido y era “una presidente millonaria”. Aunque no le imputó directamente la comisión de un delito, el columnista sugería que era una política corrupta.

Las críticas contra quienes han ejercido altas funciones públicas deberían estar fuertemente protegidas.

Laura Chinchilla —la única mujer que ha gobernado Costa Rica— señaló que era su obligación demandar al empresario que la había criticado y que las redes sociales debían tener un límite y que, en este caso, los ataques se habían pasado de la raya dado que el comentario en Facebook le había resultado ofensivo. En el juicio quedó acreditado que no existió tal enriquecimiento. Antes de resolver el caso el tribunal expuso algunas ideas. Afirmó que el comentario podía ser agraviante, dependiendo de la interpretación que se le diera. “Decir millonario a alguien puede ser un cumplido, una adulación, o una ofensa”. Señaló, además, que si bien eran válidas las interpretaciones efectuadas por la parte querellante, no hubo una ofensa directa hacia el honor de Laura Chinchilla. “El umbral de tolerancia que se espera de la persona que detenta la Presidencia de la República es muy alto”, afirmó solemnemente la magistrada principal del Tribunal Penal de San José al presentar la sentencia, la cual podría ser apelada por Chinchilla ante una instancia superior. La ex Jefe de Estado comentó la resolución en su Facebook y expresó su preocupación por un fallo que, a su juicio, convierte a las redes sociales en un espacio donde la irresponsabilidad y la mentira se convierten en arma de quienes solo quieren hacer daño o entorpecer el sano ejercicio democrático de nuestro país”. El tribunal, a juicio de Laura Chinchilla, consideró que los servidores públicos “debían tolerar hasta las mentiras y las difamaciones, lo que significa que en otras palabras que no tenemos derecho a la defensa de nuestro honor”. Algunos críticos estimaron que el fallo legaliza el trolleo y que se multiplicarán las personas irresponsables que podrían decir cualquier brutalidad sin que tenga consecuencias.

Dos posiciones

Este caso pone nuevamente en el debate público los ataques al honor a personas públicas, el cual se puede reducir a dos posiciones.

Por un lado, están quienes creen necesario poner límites a la libertad de expresión en las redes sociales y en general en internet, espacio que ven como un paraíso del insulto, el ataque artero e irresponsable, escudado en el cobarde anonimato la mayoría de las veces, impunidad que no existe en los medios tradicionales que poseen editores y personas responsables que eliminan rápidamente comentarios ofensivos o que se alejan de sus políticas editoriales.

En el otro extremo, los defensores de la libertad de expresión ven la tierra prometida en el mundo virtud y el único lugar donde existe la posibilidad de expresarse sin ninguna restricción o límite, por lo que se oponen terminantemente a cualquier iniciativa nacional o internacional para su regulación.

De los casos comentados, me parece bien en el caso Luksic que el tribunal haya desestimado el delito que se le atribuía. No obstante, creo muy discutible proteger la libertad de expresión de una persona que se atribuye la identidad de otra, aunque sea con fines humorísticos o satíricos, pues a lo menos en redes como Twitter, el público, las audiencias, suelen carecer de la posibilidad de distinguir entre la persona real y el usurpador.

También concuerdo con el fallo absolutorio en el caso de la ex Presidenta de Costa Rica, pues tratándose de personas que hayan ejercido tan altas funciones, la crítica, los comentarios sobre su gobierno y su situación patrimonial, por el evidente interés público, deberían estar fuertemente protegidos. Con todo, creo que en nuestro país aún no hemos discutido seriamente sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Tal vez porque nos ha faltado un caso célebre. Con seguridad ese caso no tardará en llegar, razón por la cual ya deberíamos comenzar a tener argumentos en dicho debate.

Daniel Calvo, ex Ministro de la corte de Apelaciones, hoy Fiscal Judicial. Foto: El Mercurio

El 26 de junio de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció sobre la demanda civil de indemnización de perjuicios que presentó el actual Fiscal Judicial Daniel Calvo, en el célebre caso de las cámaras ocultas que utilizó Chilevisión en el contexto del caso Spiniak ocurrido hace más de 10 años, el 11 de noviembre de 2003. Igual de extenso y conocido fue el caso de la doctora Cordero, en que el mismo canal de televisión introdujo un equipo periodístico con cámara escondida a su consulta, y posteriormente difundió imágenes al momento de otorgar licencias médicas a personas que simulaban enfermedades.

Tanto la Doctora Cordero como el ex juez Calvo no solo recurrieron a la vía penal, buscando castigos punitivos en contra de los periodistas de Chilevisión, sino también dedujeron demandas civiles con el fin obtener una reparación económica por el daño moral provocado por el acto intrusivo en ambas investigaciones periodísticas. El caso Cordero terminó tanto en el juicio penal y civil, y la Corte Suprema de Justicia tuvo un rol decisivo en ambos pleitos. En el juicio criminal, en que el juzgado del crimen y la Corte de Apelaciones habían condenado a cuatro periodistas de Chilevisión, la Suprema acogió un recurso de casación, anuló las condenas penales y con ello absolvió a dichos profesionales. En marzo del 2014, la Corte Suprema acogió nuevamente el mismo recurso de nulidad, esta vez respecto del juicio civil, anulando la condena a 50 millones de pesos que los tribunales de la instancia habían condenado a Chilevisión.

El caso Calvo aún se encuentra pendiente en el juicio civil, pues el máximo tribunal de justicia del país ya se pronunció en el proceso penal, en que si bien confirmó la condena a tres periodistas de Chilevisión y al que grabó la conversación —Sebastián Rodríguez—, anuló la que había recaído en el Jefe de Prensa del canal, el hoy senador Alejandro Guiller.

En el juicio civil, el 6° Juzgado de Santiago condenó a Chilevisión a pagar por concepto de daño moral de Calvo, su mujer y cada uno de sus hijos la suma de 320 millones de pesos (200 millones a Calvo y 20 millones para su cónyuge y para cada uno de sus 5 hijos: 120 millones). La Corte de Apelaciones recientemente se pronunció, y aunque confirmó el fallo, introdujo varias modificaciones y agregó razonamientos interesantes que expondremos.

Daño moral: ¿a quién?

Uno de ellos fue la impugnación de Chilevisión a la legitimación de la cónyuge y de los hijos de Calvo para haber demandado, pues en su tesis, los bienes jurídicos que supuestamente se lesionaron fueron la privacidad y la honra de Calvo y no la de sus familiares. El 27° Juzgado Civil de Santiago había desestimado dicho reclamo, pues un delito o cuasidelito —afirmó— puede dañar a personas en distintas formas, por lo que puede demandar por daño moral tanto la víctima directa —la persona en la que recae la ofensa o injuria— como aquellos que sin tener tal calidad también lo sufren en razón de que el daño inferido a aquél, los hiere en sus propios sentimientos o afectos. Así, por ejemplo, también se sanciona el ultraje a la memoria de un difunto.

Esta posición corresponde a la del famoso civilista Arturo Alessandri, que estimaba que los herederos podían demandar reparación por el daño sufrido por las ofensas o ultrajes, acción que les pertenece por derecho propio a tales personas por el daño producido, que no lo han sufrido como herederos del difunto, sino en calidad de parientes o seres que le tenían afecto.

No obstante, al reconocer tal derecho la Corte de Apelaciones distinguió los efectos de la grabación de Chilevisión respecto a Calvo y el de su mujer e hijos. La Corte destacó lo aseverado por el mismo Calvo, que reconoció que “sus actuaciones pudieron no ser las más afortunadas, y que han sido objeto de una profunda reflexión personal y familiar, a partir de la cual han podido salir adelante”. Por tales razones, para la Corte de Apelaciones en caso de haber daño moral para la cónyuge e hijos de Calvo, no se derivó de la grabación oculta, sino del conocimiento que ellos tuvieron de los hechos en que incidía la grabación.

En tal sentido, fue el mismo Daniel Calvo el que informó de los hechos a su cónyuge e hijos, primero mediante la declaración pública que efectuó a las 9:30 horas del día 5 de noviembre de 2003 y, luego, por la difusión que hizo Chilevisión con la anuencia de Calvo, lo que no fue objeto de reproche alguno en el juicio penal.

Colisión de derechos

Una reflexión interesante efectuó la Corte en el conflicto entre el derecho a la intimidad del demandante y el derecho a la libertad de información de Chilevisión del pleito: “20° (…) en un asunto de evidente interés público, dicha tensión debe resolverse en favor de la intimidad, en tanto se utilizó para acceder a ella un medio intrusivo que no puede ser legitimado en función de la finalidad que se perseguía. El reproche entonces viene dado por la forma en que se obtuvo la información, sin cuestionar el interés público que ella revestía”.

Añadió el tribunal que no era posible reconocerle a los medios de comunicación un poder extraordinario en función de la libertad de información y el interés público comprometido, pues tal ejercicio debe darse dentro de un marco constitucional y legal, lo que no ocurrió con la grabación efectuada por el canal de televisión.

Definir el monto de la indemnización

Otro asunto destacado, que tendrá efectos en el fallo, fue la referencia de la Corte de Apelaciones a la entidad del daño moral y el monto a indemnizar a ex juez Calvo, que el tribunal de primera instancia había fijado en 200 millones de pesos.

La Corte dando por establecido el hecho ilícito atribuible Chilevisión, se refirió a la magnitud del daño acreditado por los testigos que presentó Calvo y que se refirieron a la angustia provocada por la grabación, la baja en la autoestima, la afectación a su honor y dignidad, y a que la grabación implicó un severo cuestionamiento entre sus pares y respecto de sus superiores con consecuencias nefastas en lo personal, en lo familiar y en lo profesional.

Para fijar el monto indemnizable la Corte de Apelaciones  consideró lo que en la responsabilidad extracontractual se denomina como “la exposición imprudente al riesgo” de Calvo, puesto que este sabía desde antes que algunos medios de comunicación buscaban información sobre los hechos de la grabación oculta, y que dada la connotación pública del llamado “Caso Spiniak” que investigaba como juez debía imaginar que hechos de esta especie podían ocurrir.

En segundo término, la Corte expresó la necesidad de atender al marco legal del daño moral en la judicatura chilena, considerando los montos que se suelen conceder por otras pérdidas, como en materia de violación de derechos humanos o de accidentes del trabajo, y también el fin resarcitorio de la  indemnización, no punitiva ni mucho menos lucrativa, pues debe reflejar lo más fielmente posible el daño causado. Imposibilitado de reparar lo que en el derecho civil se denomina in natura, la Corte optó por una indemnización por equivalencia, es decir, la entrega de una cantidad de dinero correspondiente al daño sufrido. En base a ambos factores, la Corte de Apelaciones rebajó los 200 millones fijados por el tribunal civil a la suma de 20 millones, un 10 por ciento de lo fijado en primera instancia. Además, desestimó la demanda de la cónyuge e hijos, que sumaba 120 millones más.

Qué queda del caso

Chilevisión tiene aún la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para que invalide dicha sentencia. En marzo de 2014 el máximo tribunal de justicia del país anuló el fallo que ordenó el pago de 50 millones a que había sido condenado Chilevisión como reparación civil en favor de la doctora Cordero, quien fue grabada en su consulta entregando licencias médicas. El argumento para desestimar su pretensión fue la falta de prueba del daño moral. Pero en el juicio penal de la doctora Cordero Chilevisión podría encontrar argumentos de defensa para el caso Calvo.

En el pleito de la doctora Cordero la Corte Suprema sostuvo que no se acreditó una intromisión no autorizada en su vida privada, en razón a que la grabación no la realizó un tercero ajeno capaz de actuar como titular de la acción intrusiva,  decidiendo no sancionar penalmente su difusión. El criterio en dicho caso fue que los interlocutores, titulares de la conversación y dueños de su contenido podían reproducirla como ocurrió, y que no existieron observadores ilegítimos de la información revelada.

Si el fundamento de la reparación civil al ex juez Calvo y hoy Fiscal Judicial fue la ilicitud de la conducta de Chilevisión de la grabación que efectuó uno de las partes que sostuvieron la conversación, ¿debería nuestra Corte Suprema aplicar el mismo criterio en el caso de la Dra. Cordero? En caso contrario, ¿cuáles serían las razones de nuestro máximo tribunal de justicia para tratar en forma tan desigual dos casos que poseen muchas similitudes?