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En 2015, un grupo de familias afectadas por la falta de vivienda decidió tomarse el terreno ubicado debajo de la rotonda que une el camino Melipilla con Avenida Pajaritos, justo al lado de la línea del tren, en Maipú. En un principio, eran sólo familias chilenas que tenían muy pocas oportunidades y que en su mayoría llevaban años intentando optar a viviendas sociales, sin poder concretar ese sueño. Jeannette Roa Díaz era parte del grupo y junto a sus dos hijos se logró asentar en una pequeña mediagua en el lugar que llamaron “Campamento Fe y Esperanza”.

Actualmente, en el campamento viven alrededor de cien familias –más de 400 personas–. Una treintena son chilenas, mientras que las otras están compuestas por personas que migraron principalmente de Haití, aunque también hay peruanas y venezolanas, según comenta Roa, quién hace tres años es la presidenta de los vecinos de la toma ilegal.

La situación hoy es muy diferente a los años previos al estallido social del 18-O. Roa cuenta que ese hito fue el inicio de la llegada de muchas de las familias, lo que generó la sobrepoblación en el lugar y, como consecuencia, el fin de la tranquilidad que marcó la primera época del asentamiento: desde entonces, aumentaron los actos delictivos, como el uso de armas de fuego y la venta de drogas.

En el último año, acusa Roa, un grupo de colombianos se “apoderó” del campamento y venden y arriendan los pequeños terrenos o espacios disponibles entre mediaguas a migrantes que vienen llegando al sector tras ingresar al país de manera irregular, quienes cuentan con muy pocos recursos y, si no pagan, sufren las consecuencias por vías violentas.

La situación ya es conocida por las autoridades. De hecho, la Municipalidad de Maipú, en representación de su alcalde Tomás Vodanovic, presentó una querella ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago por asociación ilícita y estafa, la cual fue declarada admisible. En conversación con La Tercera, el edil señaló que “están haciendo todo lo que está a su alcance para combatir a estas mafias inescrupulosas que se dedican a hacer un negocio ilegal con el drama humanitario de inmigrantes y el déficit de vivienda que existe en nuestro país”.

En este contexto de total inseguridad para decenas de familias que temen por sus vidas y, en especial, por la población infantil que allí reside, es que el concejal Felipe Farías señala que “actualmente se están haciendo rondas de fiscalización constante en conjunto con Carabineros, PDI y seguridad ciudadana con la finalidad de reforzar y aumentar la protección en el campamento”.

Farías agrega que “se debe ser realista a la hora de querer ayudar a los afectados en este campamento que cada vez se incrementa con el pasar del tiempo. Este problema, como tal, no se solucionaría de la noche a la mañana; una solución clara y efectiva sería que el Estado facilite suelo fiscal y se pueda establecer un proyecto en conjunto con el municipio para acoger a las familias”.

Los migrantes tienen miedo de hablar

Ante la gravedad de los hechos, Puroperiodismo intentó hablar con alguno de los migrantes afectados, sin embargo, la mayoría de las veces se negaron a conversar y sólo en una ocasión un hombre haitiano que pidió reserva de su nombre nos mandó a una casa a buscar información. En dicho lugar, al parecer no había nadie o no quisieron atender.

Sebastián Millar, abogado de un grupo de migrantes en situación irregular, sobre la posibilidad de ayudar de alguna manera a las familias afectadas por la mafia de colombianos que operan en el “Campamento Fe y Esperanza”, señaló que “lo primero que deberían hacer es denunciar a estos sujetos por amenazas, para comenzar con algo y poder actuar de otra manera”.

Pero es difícil que eso ocurra. Los rostros de las personas con quienes conversamos evidenciaban temor y angustia por las represalias y amenazas que podrían llegar a sufrir si hablaban. Saben que lo más seguro para ellos –al menos por ahora– es callar.

La situación que enfrentan día a día las familias de este campamento en Maipú es la misma dura realidad que enfrentan las más de 81 mil familias que según el último Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 realizado por TECHO-Chile y Fundación Vivienda, viven en estas condiciones, la cifra más alta desde el año 1996. Ya en 2021 un reportaje de Puroperiodismo dio cuenta de las profundas e históricas fallas en cuanto a políticas públicas de vivienda que han incidido en el explosivo aumento de campamentos en Chile. Y la situación sólo ha empeorado el último con la crisis económica y la pandemia (ver reportaje).

Un supuesto pastor cobra a migrantes por estadía

En otro sector del campamento, en una construcción de dos plantas, donde se puede apreciar una pieza ubicada en el segundo piso y abajo una entrada más amplia con un letrero que se señala como templo evangélico, se encuentra una especie de albergue donde el supuesto pastor y dueño del lugar cobra a sus huéspedes tanto chilenos como migrantes por la estadía en el lugar. Víctor Escobar es vecino del campamento y fue el primero que mencionó a este sujeto y advirtió que nuestra presencia era peligrosa, como lo es para cualquier persona extraña que ingresa a ese sector del campamento.

Luego, fue la presidenta del campamento, Jeannette Roa, quien también habló de este supuesto pastor, a quien conocen como Pablo. Hace unas semanas echó a la calle a una vecina del campamento por el no pago del arriendo. Debido a esto, el pastor la amenazó a través de audios de WhatsApp, los que ella reenvió a la presidenta y a los cuales tuvimos acceso para este reportaje. Eran tan graves las amenazas que la presidenta le sugirió denunciarlo en Carabineros.

Al consultarle al concejal Farías acerca de esta grave denuncia realizada por los vecinos, respondió que “a la municipalidad no ha llegado nada relacionado con ese tema, pero investigaremos la situación a través de las rondas policiales en la zona”.