Hace diez años María Teresa Álvarez trabajaba en un colegio municipal. Estaba dando clases a un tercero básico cuando una alumna, la misma de siempre, se puso de pie y comenzó a correr por la sala preparándose para salir de ella cuando el resto de sus compañeros estaba en clases. Como era rutinario, la profesora salía a buscarla al pasillo y la tomaba de la mano para entrarla. Pero ella se resistía, le gritaba y la insultaba.

Un día, la alumna perdió el control y mientras se tiraba al suelo le lanzó patadas a la profesora lastimándole sus piernas. Fue el primero de los casos que protagonizó María Teresa. El año pasado, el episodio volvió a repetirse con una colega. Un alumno le quería pegar a una compañera, tomó unas tijeras puntiagudas y comenzaron a forcejar. Para evitar que se lastimaran, la profesora intercedió pero el alumno de sexto la empujó y cayó al suelo. Él comenzó a apretarle la mano con la tijera y la profesora se quejaba de dolor. Mientras María Teresa intentaba abrirle la mano para que soltara la tijera, el alumno aprovecho que tenía libre el resto de su cuerpo y la pateó fuertemente, dejándola nuevamente llena de moretones. Y su colega, que debido a repetidos episodios de maltrato decidió cambiarse de establecimiento educacional, se encuentra hoy en tratamiento psicológico y ha presentado durante el año más de tres licencias por depresión, sintiendo un gran rechazo por su trabajo. Todavía recuerda cómo el muchacho la insultaba y le gritaba “lo único que quiero es que te mueras”.

La violencia escolar no sólo ha aumentado con el maltrato entre los alumnos más conocido como bullying. Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores, más del doble de las contabilizadas el año pasado que alcanzó las 15 denuncias. Cantidad que los profesores creen que aumentará, pues durante los últimos tres meses de clases los alumnos y apoderados se vuelven más agresivos, principalmente porque se enfrentan a la situación académica que viven sus hijos y por el estrés acumulado durante el año.

Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores.

Para combatir esta situación, el pasado 15 de octubre durante la celebración del día del profesor, el ministro de Educación Joaquín Lavín anunció en el Colegio de Profesores una indicación a la Ley sobre Violencia Escolar más conocida como antibullying, que se espera esté aprobada antes del próximo inicio de clases. El párrafo agregado a la ley que ya fue enviado al Parlamento, establece las reprimendas a los alumnos que agredan a un profesor.

“Hay toda una escala que va desde amonestación, llamar al alumno, llamar al apoderado hasta suspensión de clases, no renovación de matrícula y expulsión inmediata. La sanción específica a aplicar, va a corresponder a los consejos escolares, según lo establece el proyecto de ley”, señaló el ministro. Además, agregó que el maltrato a un profesor no es un caso más de bullying, sino que tiene una especial gravedad ya que los profesores son la autoridad de la sala de clase.

Jaime Gajardo, el reelecto presidente del Colegio de Profesores, declaró que valora el anuncio del Ministro, pero que para erradicar de forma definitiva la violencia en las salas de clases, se deben generar políticas educacionales que prevengan y no sólo promuevan castigos y sanciones.

“Las acciones que se toman con los alumnos si no están acompañadas por una parte formativa y una campaña nacional sobre el respeto, son medidas de parche”, dijo Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores. “Necesitamos un cambio de fondo que marque los principios valóricos que queremos entregarle a nuestros alumnos. La expulsión es la peor solución, deberían integrarse a otros establecimientos y aun así la conducta podría continuar”.

Esto no significa que hasta ahora los profesores estuvieran desprotegidos. Todos los establecimientos subvencionados deben contar y dar a conocer un reglamento interno que rija las relaciones entre el profesor, los alumnos, los padres y apoderados. En teoría se deben definir los pasos y sanciones a seguir en situaciones conflictivas. Sin embargo, en general esto no se cumple. Para combatir esta situación, una cláusula señala que para todo lo que no esté contemplado en el reglamento, se tomará un acuerdo en el consejo de profesores de cada colegio, una instancia de carácter consultivo integrado por el personal directivo, el técnico pedagógico y docente, en el cual se determinan entre otros aspectos, la situación de los alumnos conflictivos.

Aunque cada comunidad tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo a los valores expresados en su proyecto educativo, hay comunas en las cuales la corporación de educación municipal está definiendo lineamientos generales como es el caso de Maipú y Pudahuel. “Yo creo que tenemos un problema de criterios. Para un profesor puede ser una falta de respeto que los alumnos se paren sin pedir permiso y para otros no. Por lo tanto, no se trata de pedir que el Ministerio de Educación se haga cargo de estos temas conductuales, porque cada establecimiento tiene un proyecto educativo propio que se ajusta con la realidad de los alumnos, sino de acordar al menos en el colegio los límites en las relaciones”, dice María Teresa Avilés, directora del Colegio Vicente Reyes Palazuelos de Maipú.

En general los manuales de convivencia, más conocidos como reglamentos internos, no contemplan específicamente la sanción en caso de agresión; sin embargo, el profesor está protegido por la Ley 18.834, que en su artículo 84 señala que los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, ya sea por el desempeño de sus funciones, o que los injurien o calumnien en cualquier forma.

“TE VOY A MATAR”

No era la primera vez que Manuel Sáez, profesor del Colegio Vicente Reyes de Maipú, escuchaba una amenaza tan explícita del alumno de séptimo, pero jamás se había sentido tan vulnerable. No le parecía bien que el mismo joven que antes había amenazado al profesor de enlaces y a él con esperarlo a la salida de clases y golpearlo, ahora quisiera causarle un daño aún menor.

El alumno había llegado al colegio el año anterior con problemas conductuales de los cuales se resaltaba la falta de respeto constante a los profesores y una amenaza con un cuchillo a un docente que detonó el cambio de establecimiento. Como la situación se estaba repitiendo, se le recomendó al apoderado —que al principio se negaba a aceptar la situación— que buscara un establecimiento especial para sus necesidades ya que el colegio, aunque contaba con apoyo psicológico, no estaba capacitado para responder de la manera necesaria por la alta demanda de estos servicios.

Sin embargo, el alumno quedó repitiendo. El colegio debió asumir la situación, y aceptarlo nuevamente para este año académico —pues como se asumió en la mesa de convivencia escolar realizada en 2001, se apoyó terminar con la expulsión o no renovación de matrícula por repitencia o mal rendimiento—, con un compromiso de cambio de conducta que nunca se cumplió. No entraba a clases, no escuchaba a los profesores y los amenazaba delante de todo el curso, conducta que sus compañeros comenzaron a imitar distrayéndose de las clases.

Terminando el primer semestre, el profesor decidió terminar con la situación y siguió el procedimiento habitual. En primer lugar, avisó de la situación a dirección. Pero los procedimientos se habían agotado. Habían citado innumerables veces al apoderado y éste había dejado de asistir. La suspensión también se había considerado y como la hoja de vida del alumno pesaba, el profesor consideró que era mejor prevenir y puso la denuncia en Carabineros, por lo cual el alumno fue detenido y trasladado a una Unidad de menores de carabineros, donde fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y entregado a sus tutores legales. “La amenaza de muerte es un delito y los menores son responsables a los 14 años. Por lo tanto, se debe decretar medidas cautelares que protejan un bien mayor, como la vida de este profesor. Para ello se pretende sacar al agresor y disminuir el riesgo”, explica el carabinero que asumió el procedimiento.

Aunque la Fiscalía determinó que el alumno debía mantenerse alejado y se le prohibió acercarse por una semana al colegio —situación respaldada por el consejo de profesores del establecimiento—, la Corporación de Educación Municipal de Maipú (CODEDUC) determinó que el alumno debía continuar sus estudios, ya que el Estado debe asegurar la educación y generar políticas orientadas a disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad y garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y sus familias en los establecimientos educacionales. Se acordó que el alumno asistiría todos los lunes para que una profesora le entregara pruebas y trabajos que él debe responder para aprobar el curso. Ella no ejerce como docente, pero es la única que ha accedido a recibirlo, pues varios docentes y auxiliares le temen al joven. Y aunque no han tenido problemas, sólo ha ido cuatro veces desde que hicieron el acuerdo y ha llegado incluso con olor a trago.

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica ‘porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado’.

Esta modalidad de trabajo se repite en varias comunas dado que la expulsión es considerada una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando se comprueba que la situación implica un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad que finalmente en la práctica no se aplica.

Sin embargo, no siempre es el establecimiento el lugar donde el alumno retira el material educativo aunque continúe como el responsable de recopilarlo. A veces, las corporaciones municipales participan e incluso cuentan con profesionales para le brinden apoyo psicológico al alumno y al profesor. De esta manera, el alumno debería asistir semanalmente para ir al ritmo del resto de sus compañeros enfrentando con una gran desventaja, la falta de un profesional capacitado con el cual consultar sus dudas. “Hay un gran vacío, ¿quién ayuda al niño? Es necesario trabajar con él y buscar las causas de su violencia. Medidas represivas hay muchas pero es el colegio el que debe hacerse cargo de su educación. El niño está en su derecho a aprender a responsabilizarse de sí mismo y el aprendizaje esencial es a tener deberes. Cambiarlos de colegio es una mala medida, los estigmatiza y finalmente no son capaces de autoresponsabilizarse por sus hechos, terminarán pensando que si repiten su conducta los cambiarán de establecimiento y nada más pasará. Es un problema de fondo, una crisis de la sociedad donde los niños sólo son el reflejo de su entorno social donde ha tenido que aprender a expresar sus necesidades a través de la violencia. Estamos más preocupados por reprimirlos que por escuchar lo que hay detrás de estas manifestaciones”, dice José Latorre, psicólogo de la Usach y especialista en violencia, intervención social en crisis, mediación, promoción de cultura y buen trato.

¿A CERRAR LA BOCA?

En general los profesores se sienten desprotegidos y poco apoyados, incluso por la dirección del colegio. “Los alumnos no te respetan. Te hacen gestos, te empujan o simplemente no obedecen. Están rompiendo una planta y uno les dice que eso no hace. Es un constante desafío entre los profesores y los alumnos. Ellos están demasiado protegidos. En cambio el profesor como es el mayor y es supuestamente el que tiene el poder en la mano, suele ser acusado de abuso. Mientras los alumnos se burlan, te desafían, te escupen, te hacen desprecios, te empujan, se arrancan de la sala y te tiran el pelo cuando pasas entre ellos”, cuenta María Teresa Álvarez.

Cuando estas situaciones ocurren, el resto del curso se asusta y se queda callado. “Los alumnos pequeños son solidarios contigo, te preguntan si necesitas que vayan a buscar al inspector. Cuando son más grandes no se interesan, a veces incluso apoyan la conducta de su compañero”, dice Jessica Reyes, profesora de educación básica. Sin embargo, las clases deben continuar aunque generalmente los alumnos aprovechan la instancia y comienzan a comentar las agresiones de las que ellos han sido víctimas y se opta por un recreo. A veces, los profesores ni siquiera pueden tomarse una pausa para asimilar la situación. Y otros prefieren no hacerlo, por miedo y vergüenza. Donde la denuncia parece un procedimiento agotador que sólo revive la situación vivida sin solucionarla realmente. Hay una sensación generalizada de que simplemente se debe aceptar esta realidad como parte de la convivencia y que quejarse implica aceptar que el profesor no cumple con el perfil del colegio, en especial cuando son en sectores de riesgo, con problemas familiares —maltrato, violencia, abuso—, alumnos que están acostumbrados a un ambiente donde se trafica drogas y hay mucha delincuencia.

“Producto de una agresión se genera un temor y miedo permanente. Hay dos víctimas, el niño es una víctima de sus propias acciones violentas aunque sea el agresor y  el profesor es víctima de la  acción directa que ejerce el niño sobre él. Necesita mucho apoyo y contención. Sin embargo, los colegios no contemplan esta situación y los docentes se deben tratar en forma particular”, argumenta José Latorre, psicólogo de la Usach.

El presidente del Colegio de Profesores se refirió al maltrato sufrido por los profesores y declaró que la municipalidad de Pudahuel habría instruido a los directores a no denunciar estas situaciones. Sin embargo, los directores se reunieron y sacaron una declaración pública donde dan a conocer que están molestos con las declaraciones de Gajardo porque está usando estos temas de otra manera y que la situación no corresponde a la realidad de Pudahuel.

“Nosotros no hemos dado ningún instructivo a no denunciar, al contrario”, aclaró Ricardo Guzmán, director comunal de educación. “Estamos abiertos a denunciar cualquier abuso deshonesto. Tenemos un el equipo de apoyo escolar de la corporación, integrado por seis psicólogos y asistentes sociales con los que vemos la situación. Si la agresión es grave, se cautela el tema médico y psicológico y apoyamos las denuncias que el profesor tiene que hacer a la fiscalía. Sólo ha habido dos agresiones a profesores durante este año. Pero ninguna ha salido a la luz pública porque hemos resuelto los problemas. Nosotros no estamos por echarle tierra a los temas. Lo que hemos dicho es que hay que cuidar el tema. Creemos que los medios de comunicación no los resuelven, sirven para informar pero se trata de seguir los procedimientos establecidos por ley. Se va a estigmatizar un colegio y un alumno, lo que es muy distinto a que nosotros no queramos que la denuncia no se haga”.

Sin embargo, se debe reconocer que el número de las denuncias es menor a los casos de maltratos reales. Pues, como se ha señalado, son pocos los que deciden denunciar.

CONCENTRACIÓN DEL MALTRATO

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica “porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado. En la educación particular subvencionada seleccionan a los alumnos y el que le ha pegado a un profesor seguramente no va estudiar”.

Sin embargo, el maltrato a los profesores no es una realidad aislada de los establecimientos particulares subvencionados o particular pagado. Al contrario, está tan presente como en los colegios municipales. Por ejemplo, el Colegio Santa María de los Andes de Renca, particular subvencionado, ha tenido varios casos de maltrato. Aunque no todas las instancias se informan a la dirección, igual quedan consignadas en los libros de clases con anotaciones negativas o reuniones con los apoderados. Sin embargo, no se ha realizado ninguna denuncia aunque se han tomado medidas drásticas como las de sólo evaluar semanalmente a alumnos que han amenazado a los profesores, como ocurrió con una alumna de séptimo que llegó a mediados de semestre.

Pero el maltrato no sólo es psicológico. Un estudiante del mismo curso golpeó en la cara a una profesora cuando ella le insistió que bajara del mástil de la bandera porque se podía caer. Llamaron al apoderado y lo suspendieron, informándole que si la situación se repetía acudirían a carabineros. “Hemos tenido que tomar medidas porque además de las agresiones físicas y las descalificaciones influyen de mala manera en los alumnos”, cuenta Mónica Araya, directora del establecimiento.

No sólo de trata de maltrato y amenazas, también hay destrucción de la propiedad privada. Los profesores deben enfrentar y pagar de manera particular agresiones a sus vehículos, incluso cuando se identifica a los alumnos que les rompen los vidrios o los neumáticos.

“Disculpa, ¿acá se puede pagar con la tarjeta Junaeb?”, pregunta una estudiante universitaria a una cajera de un Líder. Ella extrañada le responde que no sabe qué es eso y el joven empaquetador le explica que ahora los tickets restaurant que entregaba Junaeb serán reemplazados por una tarjeta. Él saca la suya y se la muestra mientras le dice a la estudiante que puede comprar en Unimarc, Santa Isabel y Erbi, supermercados afiliados al beneficio.

A partir del primero de agosto, los alumnos de la Región Metropolitana beneficiados por la Beca de Alimentación Educación Superior (BAES) se despidieron de los tickets restaurant y recibieron una tarjeta electrónica que se carga mensualmente con $26.000. Este subsidio para la alimentación se realiza diez veces durante el año académico considerando un gasto diario de $1.300, a excepción de la Región de Magallanes, donde el monto es 1.400 pesos.

El beneficio que pertenece al Programa de Alimentación Escolar (PAE) es entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y está dirigido a los alumnos de los dos primeros quintiles que representan al 40 por ciento de la población nacional con menor ingreso per cápita del hogar; es decir, un monto igual o inferior a $90.067. Los estudiantes no postulan a este beneficio, es complementario a siete becas de arancel entregadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) como la de Excelencia Académica, Puntaje PSU o Beca Nuevo Milenio y al Crédito Solidario o con Aval del Estado.

HACIA UNA FISCALIZACIÓN EFECTIVA

Los rumores sobre la supuesta llegada de una tarjeta que reemplazaría a los tickets restaurant llevaban años circulando por las instituciones de educación. Aunque el sistema se implementó como piloto el 2007 en San Felipe y el 2008 en Puerto Montt, sólo este año se extendió al resto del país. En octubre se integrarán O’Higgins, Valparaíso y Biobío, las tres regiones que faltan.

El principal incentivo para la implementación de este nuevo sistema fueron las denuncias que hicieron los medios de comunicación y los alumnos sobre el mal uso del beneficio. Pues a pesar de las prohibiciones impuestas sobre el canje de alcohol, cigarros y medicamentos se detectaron irregularidades a nivel nacional —desde 2008— que exigieron un sistema de fiscalización más efectivo. La tarjeta permite saber quién está comprando qué, dónde y a qué hora. “El cambio no sólo tiene que ver con la tarjeta. El consumo de alcohol ha desperfilado el canje por alimentación alejándose del objetivo principal que es apoyar la educación superior en la alimentación sana de los alumnos”, dice Lorena Osorio, Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb.

Este organismo externaliza el servicio y trabaja con dos operadores: Sodexho, la pionera en el sistema de la tarjeta electrónica, y Edenred, conocida hasta junio pasado como Accor Services y que cambió de nombre debido a la separación del grupo entre hostelería y servicios prepago. Estas empresas son las encargadas de entregar la tarjeta a las entidades de educación superior, hacer los convenios y fiscalizar a los puntos de canje, sean restaurant o supermercados. “Detectamos que la situación se daba porque había locales donde se vendía sólo alcohol o papas fritas. Los operadores usaban la misma red para todos sus servicios. Junaeb necesitaba la creación de una exclusiva para tener el control real de un sistema en el que no hubiera venta de alcohol y que la alimentación entregada fuera sana. Cambiar a una tarjeta no era suficiente, también debía hacerlo la orientación del programa para ayudar a la nutrición del alumno”, explica Hernán Salgado, Director Nacional de la Región Metropolitana de Junaeb.

MENÚ SALUDABLE

En el Informe de la Comisión de Salud sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad se destacó el importante aumento del sobrepeso y la obesidad. Ésta es la enfermedad crónica más frecuente y transversal en la población chilena. El auge de la comida rápida, concentrado en las grandes ciudades, es un factor desencadenante de la enfermedad, pues su composición nutricional —alta en grasas saturadas y baja en fibra dietética— y un alto consumo pueden favorecer el aumento excesivo de peso y el desarrollo de algunas enfermedades crónicas no transmisibles que suelen acompañarla, como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus tipo 2.

En el Informe de la Comisión de Salud sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad se destacó el importante aumento del sobrepeso y la obesidad. Ésta es la enfermedad crónica más frecuente y transversal en la población chilena. El auge de la comida rápida, concentrado en las grandes ciudades, es un factor desencadenante de la enfermedad.

Junaeb exigió a los puntos de canje que ofrecieran tres menús saludables: uno casero, otro vegeteriano y para las embarazadas una alternativa reforzada en calcio con algún aporte extra como yogurt o quesillo. Por lo cual, todos los locales que no fueran capaces de proporcionar un plato de este tipo no pueden participar en el beneficio. Esto explica que los comercios que venden solamente completos no acepten la tarjeta Junaeb. “No es para imponer a los estudiantes que coman lo que nosotros queramos», aclara la Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb. «Se trata de ir generando hábitos de consumo alimenticios a largo plazo”.

No se trata del costo de la máquina de Multicaja, sino de los nuevos requisitos que tiene el sistema. Sin embargo, hay casinos que han subido su tarifa basándose en el cambio del sistema como ocurrió momentáneamente en la facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, Campus Antumapu. “Los primeros días se aprovecharon y subieron a 1.360 el almuerzo. Así no alcanza para los virtuales 20 días que asistes a la universidad. Aunque bajó, ahora nos imponen el menú”, reclama Juan Pablo Villegas, alumno de la institución.

Fijar el precio de los menús no es un requisito, pero Junaeb premiará acreditando a los locales cuando cumplen con los menús saludables y el precio fijado en $1.300. La Multicaja requiere un depósito inicial de $50.000 que se recupera con la comisión y cuya mantención mensual es 0,5UF ($10.677) y que permite la carga de teléfonos celulares.

Incluso locales que son reconocidos por su oferta en comida rápida se han preparado. Por ejemplo, Doggis, donde se concentra el mayor número de canjes de la capital, ahora ofrece públicamente su menú Junaeb. Sin embargo, este local es uno de los pocos que lo hacen. “El menú está disponible, pero no necesariamente promocionado porque no es una exigencia. Si el alumno lo pide y no hay, puede hacer un reclamo a través del teléfono o por mail por incumplimiento de contrato”, explica el Director Nacional de la capital.

Además, durante los próximos meses se implementará el Programa de Atención Integral al Estudiante que considera visitas de especialistas para evaluar el estado nutricional de los becados y una intervención en las instituciones con ferias educativas que promocionen la alimentación sana y las actividades deportivas. También se harán sorteos de notebooks mensuales y premiaciones con platos de comida saludable a quienes la prefieran.

ESCASA COBERTURA DEL BENEFICIO

Una de las quejas más recurrentes de los alumnos ha sido justamente la evidente disminución en la cobertura del beneficio. Según las cifras oficiales de Junaeb, son 2.600 locales con cobertura en todo el país. Cada operador debe asegurar una cantidad mínima de puntos de canje. En el caso de la Región Metropolitana son alrededor de 1.100, que al sumarlos no superan los 1.500 porque muchos se repiten entre Sodexho y Endered. El problema es que cuando no es así, el alumno no puede hacer uso del beneficio y sólo al tener este problema se entera de qué empresa provee su tarjeta.

Karla Concha es alumna de Técnico en Odontología del Inacap, tiene el beneficio y está conforme con la mayoría de los cambios. A las dos semanas de recibir su tarjeta fue a comprar al Unimarc que está en Alameda, buscó lo que quería comer y cuando quiso pagar la cajera le dijo que no podía porque en ese momento sólo tenían habilitado el sistema para Sodexho y su tarjeta es de Endered. “Creo que existe poca publicidad en los locales. En la página ves miles de lugares, pero cuando tú vas pasando a veces ni siquiera está el sticker de ticket electrónico, que es diferente a de Sodexho y al de los tickets de antes”, dijo Karla. Al respecto, se debe aclarar que son pocos los comercios en que ocurre esto. “Nosotros (Edenred) no debemos tener la misma red. Sodehxo puede tener otros comercios y en la licitación se asignan los listados de las universidades a las dos empresas. En la página dice cuáles son los comercios que ofrecen el beneficio, es información que está disponible”, asegura Lorena Chandía, encargada de beca BAES de Edenred, quien agregó que el problema debió ser un tema puntual y de implementación, pues toda la cadena de supermercados Unimarc y Santa Isabel tiene convenio con su empresa.

Además quedaron fuera todos los lugares que no tuvieran su resolución sanitaria al día, que consiste en la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que certifica el funcionamiento correcto de la elaboración, mantención y distribución de alimentos, medida que incluyó incluso a casinos institucionales.

“Nosotros reducimos la cobertura intencionalmente a un 60%. Teníamos una exagerada oferta para la demanda que tenían los alumnos y decidimos concentrarnos en los lugares donde efectivamente se ofrecía servicios de canje en alimentación, que según el estudio que hicimos durante dos meses coinciden con los lugares donde más canje realizaban los alumnos, así también evitamos que el alumno terminara cambiando el vale por cualquier cosa“, dice Lorena Osorio, Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb.

No sólo se aseguró la cantidad de lugares habilitados con el sistema, sino su distribución. A través de mapas se determinó según los alumnos el número necesario de lugares para poder abastecerlos, aunque hubo lugares a los cuales no se pudo llegar porque los alrededores de la institución no tienen locales de este tipo, por ejemplo, la sede de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, ubicada en Huechuraba.

Aunque los supermercados no ofrecen menús de alimentación saludable, cerca del 30% del consumo se hace en estos locales. Otra de las quejas estudiantiles es la limitación del beneficio sólo a productos alimenticios. “Muchos alumnos nos decían que compraban otras cosas, como el detergente. Entendemos que lo necesiten, pero es una beca de alimentación y no pueden comprar con ella este tipo de productos. De hecho, Una vez tuvimos un problema con un alumno que reclamó porque no lo dejaron comprar una leche. Pero al averiguar, quería comprar Nan, leche para el hijo. Razonablemente no era un producto alimenticio para el estudiante”, cuenta el Director Nacional de la capital de Junaeb.

Con respecto a los puntos de canje que fueron sancionados, denunciados o sorprendidos faltando al contrato y vendiendo productos prohibidos, se estudió cada caso, analizando las propuestas que tienen los locales para controlar el servicio y el compromiso que asumen con él. Situación que Junaeb y los operadores fiscalizan formalmente y a través del cliente incógnito, donde intentan que un alumno compre lo que no debe. En caso de ser sorprendido en esta falta se amonesta el local y si se repite se estudia su expulsión del convenio de manera paulatina, pues se considera el ingreso de una nueva cadena para no dejar al resto de los alumnos que compran en el local sin el punto de canje.

“Hemos tenido pocas desafiliaciones, ha bajado mucho el mal uso de la tarjeta y los reclamos. Estamos en permanente control. El sistema del cliente incógnito se hacía antes, pero no de manera tan intensa. Ahora lo haremos varias veces al año e identificando los comercios riesgosos”, dijo Lorena Chandía de Edenred.

LA CARA BUENA

Pero no todo son quejas, la tarjeta tiene varias ventajas. Se acabaron las filas de los primeros días para retirar los cheques. Las instituciones educacionales sólo deberán entregar una vez la tarjeta, pues ésta se cargará mensualmente de manera automática. El primer día de cada mes, sin importar si es domingo, el alumno contará con el subsidio. Y aunque se mantiene un monto mínimo de $1.300, ya no tendrá que gastar cifras cerradas como exigía el sistema anterior. Por ejemplo, si la compra era de $2.400  el alumno tenía dos opciones, compraba algo más por el precio exacto o perdía la diferencia, pues en escasos locales la devolvían. La tarjeta le permite al estudiante hacer transacciones por el monto que quiera y dependerá del local si acepta que pague alguna diferencia en efectivo. Además, la carga mensual dura 35 días, por lo cual el alumno tendrá cinco días extra para gastar la diferencia incluso si es menor al monto mínimo, pues se acumulará con la nueva carga.

Pero no todo son quejas, la tarjeta tiene varias ventajas. Se acabaron las filas de los primeros días para retirar los cheques. Las instituciones educacionales sólo deberán entregar una vez la tarjeta, pues ésta se cargará mensualmente de manera automática. El primer día de cada mes, sin importar si es domingo, el alumno contará con el subsidio.

Por último, la tarjeta le da más seguridad al alumno, no sólo porque funciona con una clave elegida por él al activarla, sino porque en caso de pérdida puede bloquearla y recuperar el saldo que tenía en ella. “Me gustó el cambio, es más cómodo», dice Francesco Vial, estudiante de ingenería de la Universidad de Chile. «Al principio me sentía inseguro pues pensaba que no todos los lugares iban a tener la tarjeta, pero de a poco está teniendo la cobertura de los mismos lugares que antes aceptaban los cheques restaurant”.

También los comerciantes se ven beneficiados con el sistema. Aunque deben costear la máquina  necesaria, ya no deben juntar los cheques, enviarlos y esperar 60 días como mínimo para su pago. La cuenta se hace automáticamente y pueden recibir el dinero incluso semanalmente. Pero no todos los trabajadores están conformes. En el McDonald’s del Patio Centro hay tres cajas y sólo una Multicaja de Junaeb. “No podemos tomar otro pedido mientras no terminemos con el anterior. Es muy engorroso porque tenemos que interrumpirnos. En el local queremos aumentar los validadores porque actualmente atrasa todo nuestro sistema de comida rápida”, cuenta Susan Donoso, encargada de área de McDonald’s.

La implementación en el resto del país permitió que la tarjeta llegara de mejor manera a la Región Metropolitana, incluso mejor de lo que esperaba el personal de Junaeb y Endered, aunque no sin fallas. A un mes de la inserción de la tarjeta BAES en la Región Metropolitana, en septiembre  nuevamente se pone a prueba con los nuevos beneficiados del Crédito Aval del Estado que supone el ingreso de unos 15 mil alumnos a los cuales podría complementar esta beca.

Junaeb espera hacer más modificaciones al sistema. Aspira, en un futuro no muy lejano, integrar todos los beneficios que pueda tener el alumno, como  la Beca de Mantención que considera la entrega de dinero mensual e incluso la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), más conocida como pase escolar, en una única tarjeta.

Esteban tiene 25 años, es el menor de tres hermanos y el único que vive con sus padres en un departamento de casi 53 millones de pesos, ubicado en La Reina, comuna del sector más pudiente de la capital. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos –alrededor de 2 millones de pesos mensuales- los aporta su padre, quien es propietario de una empresa de barracas que elabora maderas. Desde que salió del colegio particular pagado Subercaseaux College, ubicado en el sector El Llano de la comuna de San Miguel, dejó de manejar el auto de su padre para conducir uno propio. Ahora todos los días se dirige en su segundo automóvil, un Peugeot 206 plateado del año 2010, avaluado en 4 amillones de pesos, a la sede de Huechuraba de la Universidad Mayor, donde estudia Medicina Veterinaria cuyo arancel anual supera los tres millones de pesos. Desde  2007, Esteban tiene el Crédito con Aval del Estado. Aunque tiene los recursos económicos necesarios para pagar sus estudios, postuló al beneficio para ahorrar el dinero y ocuparlo en otros intereses como comprar los implementos necesarios en su carrera, combustible para el auto y pasatiempos como el snowboard. “Quería también, que me dieran los cheques de alimentación que entrega la Junaeb, para así no tener que sacar plata de mi bolsillo para quedarme a almorzar todos los días en la universidad”, dice.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En 2006, quedó atrás el sistema del Crédito Fiscal y nuevos beneficiados obtuvieron apoyo en el financiamiento de su carrera a través del Crédito con Aval del Estado por un monto que varía entre $200.000 y el arancel de referencia, establecido anualmente por el Ministerio de Educación para cada carrera e institución, que suele ser menor al real y cuya diferencia debe costear el alumno.

A las universidades privadas y estatales se sumaron los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Además, los alumnos que estuvieran cursando su carrera también pudieron postular al beneficio.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Sin embargo, el crédito tuvo un inicio caótico. Desde la incompatibilidad de los navegadores con la página de Ingresa para postular por Internet, la única manera de hacerlo, hasta el otorgamiento erróneo del crédito a los alumnos con menos problemas económicos. Aunque se habló de asignar hasta 40 mil, ni siquiera se duplicó la cantidad estimada inicialmente que alcanzaba los 14 mil alumnos beneficiados. El entonces Presidente Ricardo Lagos afirmó que nadie que cumpliera con los requisitos quedaría sin Crédito con Aval Estatal para terminar así con la polémica desatada por dicha cantidad. Finalmente, se asignó a 21.251 alumnos, cifra que se tradujo en más de 26 mil millones de pesos, de los cuales 5.083 créditos fueron asignados al quinto quintil, que representa al 20 por ciento de la población nacional con mayor ingreso per cápita del hogar, es decir, un monto superior a $254.627. Marigen Hornkohl, ministra de Educación a la fecha, explicó que un «error informático» causó la mala asignación del crédito universitario debido a un “ordenamiento inadecuado» de los postulantes, descartando irregularidades en los contratos con Confinsa, empresa que proveyó el programa que arrojó estos resultados.

A partir de entonces, el número ha crecido (ver tabla). En 2007, con casi 37 mil millones se otorgaron 36.035 créditos. Al año siguiente, para paliar los efectos de la crisis económica se destinaron más de 50 mil millones para 46.696 créditos. En 2009 la cobertura aumentó casi al doble y 72.131 alumnos fueron beneficiados. La Presidenta Michelle Bachelet informó que la cobertura incluso alcanzaría hasta el cuarto quintil de los postulantes, que tienen un ingreso per cápita del hogar entre 140.665 y 254.627 pesos, situación que según los datos oficiales de Ingresa siempre ha sido así.

Este año, los beneficiados eran inicialmente 97.882, pero el terremoto del pasado 27 de febrero cambió el panorama. El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) recomendó incrementar las ayudas a los estudiantes cuyas familias se encontraran en crisis económica producto del movimiento sísmico y así evitar una deserción masiva de universitarios. Joaquín Lavín, ministro de Educación, informó que se haría una reapertura para que los alumnos pertenecientes a las zonas más afectadas que estudiaran en instituciones o sedes ubicadas en las regiones del Biobío, Maule y Libertador Bernardo O’Higgins pudieran postular al crédito. Inicialmente más de 4.500 jóvenes manifestaron interés en recibir el beneficio, pero sólo tres mil acreditaron ante las instituciones de educación superior el daño socioeconómico sufrido a causa del terremoto. Y el 18 de junio, se conoció el nombre de los 2.524 alumnos que fueron beneficiados. En estos cuatro años, el crédito se ha convertido en la principal ayuda estudiantil en cuanto a volumen de recursos públicos y privados involucrados, beneficiando a casi 270 mil estudiantes.

En Internet los alumnos postulan al crédito junto a los otros beneficios que ofrece el Estado completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). En éste los alumnos entregan información sobre la previsión social y de salud de su familia, los antecedentes educacionales y sus ingresos. Estos datos son fundamentales porque son la base de la selección de los beneficiados.

Los requisitos para postular son cinco: ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país; tener condiciones socioeconómicas del grupo familiar que justifiquen el otorgamiento del beneficio; matricularse en una carrera de pregrado en una institución de educación superior autónoma, acreditada y que participe del Sistema de Créditos con Garantía Estatal; no haber egresado de una carrera universitaria financiada con el Fondo Solidario de Crédito Universitario y/o con el Crédito Aval y tener mérito académico.

Sobre la última condición, los alumnos que ingresen a primer año deben un promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) igual o superior a 5,3 y puntaje promedio mayor a 475 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje y Matemática sin distinción de carrera. Aunque parezca bajo, el beneficio considera a centros de formación técnica e institutos profesionales, instituciones que no requieren un alto puntaje para matricularse. Se consideran válidas las PSU rendidas en el año de postulación o en los dos años anteriores. Por ejemplo, para e1 próximo año, serán válidas las PSU 2008, 2009 y 2010. Los alumnos que ya están en la educación superior deben haber cumplido el 70% del total de cursos inscritos en los últimos dos semestres de la carrera (o año, en caso de las carreras anuales) y contar con el respaldo de la institución de educación superior en la que se estudia. Esto significa que la casa de estudios debe incluir el nombre del postulante en la nómina de alumnos que acepta matricular con este beneficio, lista que es enviada por cada institución a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Ingresa) después de publicados los resultados de la postulación. Cada institución puede establecer requisitos académicos adicionales, como el caso de alumnos con ingreso especial.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

Ingresa se compone de dos comisiones. Una es la Administradora del crédito, encargada de definir sus políticas, por ejemplo la selección de los bancos que lo otorgan. Está formada por un representante de los cuatro tipos de instituciones de educación superior acreditadas (universidades estatales y privadas,  institutos profesionales y centros de formación técnica) y del Estado a través del Ministro de Educación, que preside la Comisión, el vicepresidente de Corporación de Fomento (CORFO), el Tesorero General de la República y el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. “No es necesario que exista otro organismo fiscalizador, ya que las distintas entidades que participan en el sistema están representadas en la Comisión”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. La otra es la Ejecutiva, que administra el crédito encargándose del proceso de otorgamiento.

La primera vez que Javiera, estudiante de Periodismo de la Universidad Diego Portales, postuló al crédito sus padres todavía vivían juntos en La Cisterna. Su papá era un microempresario que no recibía ingresos fijos y su mamá era profesora de un prestigioso establecimiento que también realizaba clases particulares y en un preuniversitario. Su hermano estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y sus padres financiaban la totalidad de su carrera. Sin embargo, la Comisión no le otorgó el crédito. El año siguiente, Javiera volvió a postular. En el formulario informó que sus padres estaban separados de hecho y que vivía en un departamento del sector sur de la capital. Sólo mintió al decir que su hermano vivía con ellas, pero tampoco obtuvo el crédito. Este año, el hermano de Javiera también postuló porque la situación familiar se tornó crítica. Los ingresos de su madre disminuyeron en el formulario pues Javiera omitió los trabajos extra que ella realiza. Aunque nuevamente se cambió de casa, esta vez con su hermano, mantuvo la dirección anterior pues la comuna en que vivía es considerada más pobre. La publicación de la tercera lista, compuesta por 23 mil nuevos beneficiados del crédito, los incluía.

LAS MENTIRAS «PIADOSAS» EN LA POSTULACIÓN

Cuando un formulario es recibido por la Comisión Ingresa, cinco personas de los departamentos de Informática y Asignación, encabezados por Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, trabajan en conjunto para separar la información que los alumnos dan en el FUAS. Estos antecedentes son enviados a distintos organismos públicos.

De manera simultánea se entregan los RUT de los postulantes al Registro Civil y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Ministerio de Planificación (Mideplan) y Servicio de Impuestos Internos (SII) también reciben los RUT de la familia  del postulante para corroborar la información.

Sobre las condiciones académicas, el Ministerio de Educación (Mineduc) envía el Registro de Estudiantes de Chile que contiene las notas de enseñanza media (NEM) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) provee los puntajes de la PSU.

Junaeb entrega el índice de vulnerabilidad que registra esta entidad de acuerdo al nivel socioeconómico de la familia y el entorno rural o urbano del establecimiento educacional, por ejemplo, por haber recibido alimentación en el colegio. En la misma línea, Mideplan utiliza los RUT del postulante y su familia para detectar a los alumnos que pertenecen a los programas Puente y Chile Solidario, que benefician al sector más vulnerable de la sociedad.

El manejo de esta información es confidencial y es el alumno quien autoriza la verificación de sus datos cuando completa el formulario. La mayor parte de ellos se canalizan a través del Ministerio de Educación, ya que también requieren la información para la postulación a otros beneficios, exceptuando la comprobación de la identidad que Ingresa realiza de manera particular con el Registro Civil. En el Crédito con Aval del Estado, el Ministerio funciona sólo como intermediario porque el proceso de asignación y verificación de los datos de los postulantes están a cargo de Ingresa.

El Mineduc envía los RUT de los postulantes y sus familias al SII en dos CD’s. Uno proveniente y ordenado por la Comisión Ingresa y otro correspondiente a otros beneficios educacionales, ambos con clave de seguridad y un oficio que garantiza la confidencialidad de la información. “Ni siquiera sé cuántos registros me manda Ingresa, yo simplemente me encargo de enviarlos”, dijo Ana Andrea Abarca, encargada del Proceso de Postulación y Asignación de Ayudas Estudiantiles del Mineduc. El SII trabaja con los ingresos registrados en la operación de renta de los últimos dos años. De esta manera, se hace un cruce entre la declaración de renta y los formularios para comparar que los pagos hechos por los empleadores sean los mismos que informó el alumno. Después de esto, el SII devuelve la nómina de los alumnos ordenados según el rango de ingreso familiar.

Con los antecedentes verificados, la Comisión hace una evaluación socioeconómica de los estudiantes, ordenándolos de menor a mayor ingreso. El sistema computacional que utiliza Ingresa considera la corrección de información si hay errores. Por ejemplo, cuando se completa mal el formulario respondiendo con el ingreso anual en vez del mensual, Junaeb o Mideplan informan a Ingresa de la falta de concordancia en los datos. Según Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, los errores en la información entregada por el alumno en el FUAS, no necesariamente se deben a la mentira u omisión. “El alumno se equivoca bastante porque no lee. Por ejemplo, coloca el ingreso anual en vez del mensual o pone solamente sus datos cuando se piden los de toda su familia”, dice.

Marcela, estudiante de Ingenería Forestal en la Universidad de Chile, vive con sus padres y su hermano menor en un departamento en Estación Central. A veces, sale a dar una vuelta en el Honda de su papá que cuesta casi veinte millones. Le gusta toda la tecnología del vehículo que avisa incluso cuando no te has puesto el cinturón. La madre de Marcela es profesora básica y su padre es sostenedor de dos colegios particulares subvencionados en el sector poniente de la capital, entre ambos reciben alrededor de 2 millones de ingreso mensual. En el formulario Marcela declaró que vivía sin su padre en el departamento y argumentó que habría perdido contacto con él tras preveer una quiebra. Sin embargo, aunque su familia tiene problemas económicos él nunca abandonó su hogar ni a sus hijos.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario.

“No tenemos los recursos para hacer un informe socioeconómico de cada uno de los alumnos”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. El otorgamiento del crédito es bastante automatizado pues no existe un filtro de ‘factor humano’. Se rige por las bases de datos que, según señaló la Comisión, permiten verificar la veracidad de los antecedentes proporcionados por los alumnos en el formulario FUAS que están sustentados en la “buena fe”.

“Se considera mucho la información que el alumno coloca en el formulario, por algo lo hacemos postular. Lo demás está contrastado con las fuentes que han sido nombradas. Pero siempre lo hacemos a favor del alumno y cambiamos la información si la diferencia es muy grande”, agregó Gutiérrez.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario. Aunque Ingresa tiene la facultad para hacerlo y de sorprender a un alumno falseando u omitiendo información la sanción es la suspensión del crédito sin posibilidad de volver a postular.

“No se han tomado medidas cuando se encuentran errores en los formularios, pues se asume que fue por comprensión equívoca de las indicaciones de la postulación”, dijo Gutiérrez. Este año se contrató a dos asistentes sociales que trabajarán en la Comisión con la intención de comprobar que el crédito esté bien otorgado. Así, por primera vez, aunque aún no se ha determinado la fecha, habrá un encargado de cotejar los datos en la práctica y no sólo con fuentes oficiales.

Sin embargo, sólo estas dos profesionales se ocuparán de la asignación de créditos en todo Chile. “No se trata de ir por el país quitando el beneficio, sino de hacer un proceso eficiente para que se focalice en la gente que realmente lo necesita”, agregó Gutiérrez.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El proceso de apelación se ajusta al presupuesto inicial que otorga la Contraloría General de la República y comienza cuando los primeros beneficiados se han matriculado aceptando el crédito. Principalmente, los postulantes que no lo recibieron completan por Internet el Formulario de Apelación con un mensaje personalizado, indicando el tipo de causal, que puede ser social o académica, y se les entrega un código de apelación. Aunque también envían una carta o se dirigen personalmente a la Comisión para solicitar una revisión de su caso.

Ingresa contrata una empresa externa. Fernández y Salome Asociadas trabaja con ocho asistentes sociales que revisan alrededor de cuatro mil cartas e investigan estos casos. Generalmente las  razones son socioeconómicas como el error en los datos de ingresos mensuales en el formulario de postulación, la disminución de los ingresos por cesantía o muerte de los sostenedores después de la postulación, enfermedades de fuerte gasto permanente o debido a otros hermanos están estudiando en educación superior; las últimas tres situaciones deben ser acreditadas con documentación que se adjunta a la apelación y se envía a la Comisión. También existen causales académicas, como la matrícula fuera de plazo.

BANCOS: LOS QUE REALMENTE PONEN LA PLATA

Cuando las instituciones informan cuántos alumnos se matricularon y en qué carrera, Ingresa arma nóminas que se licitan en los bancos, cooperativas de crédito y seguros de vida. La Comisión hace una invitación a todas estas instituciones a participar porque mientras más sean, más créditos pueden otorgar. Las listas están compuestas aleatoria y heterogéneamente para no discriminar a los postulantes por su carrera, capacidad de pago ni ubicación geográfica. La Comisión busca acordar los intereses que sean más bajos (cifra en torno al 5 y 6%) y la Contraloría decide las condiciones de la negociación. Este año el financiamiento y la administración de los créditos quedó a cargo Santander, Itaú (institución que participa por primera vez, con un tercio de ellos) y Scotiabank, que cuenta con el 56% del total de las listas adjudicadas asignadas en 2010. Para los créditos de años anteriores que serán renovados en 2010, la tasa de interés final será de aproximadamente un 5.8% anual a 10 años y de un 6,4% anual para el pago a 15 y 20 años.

El último paso en la obtención del Crédito con Aval del Estado es la firma del alumno con el banco (a menos que sea menor de 18 años, caso en el que un apoderado o representante legal debe firmar a su nombre, manteniendo como deudor al estudiante). El contrato firmado es el mismo para todas las entidades financieras y en él se pueden cambiar datos generales relativos a la identidad como el teléfono o la dirección, pero no los antecedentes académicos ni el monto requerido, éste se solicita anualmente y es modificado en Internet o en la institución académica.

Como su nombre lo indica, este crédito no exige ningún tipo de aval pues no está condicionado a la capacidad de endeudamiento del alumno ni de su familia. La institución de educación superior y el Estado son la garantía del crédito, manteniendo al alumno como el primer responsable en el pago 18 meses después de egresado o un año después si dejó la carrera, permitiendo un pago anticipado.

Según reveló Spolmann atraer a los bancos para participar en el Crédito con Aval del Estado no ha sido una misión sencilla. La directora ejecutiva de Ingresa, Alejandra Contreras, ha realizado seminarios para explicarles el sistema y convencerlos de que finalmente van a ganar dinero con el crédito. De hecho, el Banco de Chile y Santander, que junto a BCI se lo adjudicaron el año pasado, han sido muy reticentes en las negociaciones. Sin embargo, las instituciones financieras más pequeñas han mostrado más interés en los créditos. De esta manera, Itaú, un banco conocido por la exclusividad de sus clientes, ingresó este año al negocio.

Para incentivar la participación la ley establece que el fisco puede comprarles una parte de la nómina para obtener mayores tasas. Aunque para el alumno se mantengan como las administradoras del beneficio, la garantía es fiscal antes y después su egreso.

EL CRÉDITO NO DESERTA

Otra garantía cubre la deserción académica, el abandono de los estudios durante doce meses consecutivos sin justificación, que tiene costos económicos para la familia con la pérdida del pago de arancel y para el Estado, que pierde lo invertido en becas. Pero también para las instituciones educacionales porque con este crédito los establecimientos tienen la responsabilidad de responder por los desertores morosos pagando al banco una cantidad acorde a los años cursados por el alumno. Esto es preocupante, pues en junio pasado el Consejo Nacional de Educación hizo un estudio a la generación de alumnos que ingresaron en 2004 en 55 planteles, incluyendo universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, que reveló un alto nivel de abandono de los estudios superiores: en los institutos, sólo el 33% terminó la carrera; en los CFT, lo hizo el 49% y en las universidades, sólo el 53% de los alumnos llegó al último año. Además, el 40% de los desertores indicó que el motivo eran problemas económicos.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes.

Pedro era alumno de segundo año de Traducción e Interpretariado en Inglés en la Universidad de las Ciencias de la Informática (UCINF). Su padre que vive en Coquimbo, no pagó durante tres meses las cuotas del arancel de la carrera por lo cual se vio obligado a repactar y dejó la carrera a mitad del semestre de 2008. Él vive en Recoleta con su madre, secretaria de un centro médico ubicado en Providencia donde gana 150 mil pesos, y sus abuelos quienes reciben una pensión de 90 mil mensual. Para pagar la deuda, Pedro empezó a trabajar como promotor en una multitienda y decidió postular al Crédito con Aval del Estado para continuar sus estudios en una institución acreditada. Aunque había elegido la institución donde quería terminar la carrera pensando que cumplía con los requisitos necesarios para postular al crédito, finalmente no lo obtuvo y siguió trabajando.

Las instituciones, además de estar acreditadas,  deben cumplir con la Boleta de Garantía Bancaria (también llamada Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata) para ofrecer este beneficio. Esta fianza es un monto que calcula Ingresa en relación al arancel del crédito solicitado y que pagan los establecimientos por los alumnos hasta que egresan de la carrera. Si un estudiante se cambia de institución convalidando ramos arrastra la deuda anterior, para evitarlo algunas instituciones sólo reciben alumnos con crédito que ingresen a primer año porque se considera como si tuvieran dos, uno con la institución anterior y otro con la actual. Ingresa no sólo se preocupa de la boleta de garantía, también presiona a la institución para que el alumno pague. Por ejemplo, si el estado de deserción de una institución es mayor al promedio de las otras, podría rebajar los créditos asignados o dejar de otorgarlos.

Las instituciones detectan la deserción observando la asistencia a clases o el rendimiento durante el año. “Los jefes de carrera saben qué alumnos tienen el beneficio. La idea es que pongan mayor atención en ellos porque hay una garantía económica en juego”, dijo Marcela Torres, encargada nacional de becas y créditos del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional La Araucana. Además, informan a Ingresa anualmente las matrículas y la Comisión es la encargada de confirmar la deserción al no detectar al alumno estudiando en una institución de educación superior acreditada.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes. “Como la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Instituto Profesional AIEP pertenecen al mismo grupo socioeconómico, buscamos reubicar dentro de la misma institución a los alumnos que desertan por asuntos económicos porque AIEP es más barato”, dice ­Jonathan Diocares, supervisor de financiamiento estudiantil de la UNAB.

Sin embargo, según las normas que rigen al crédito no es deserción académica cuando el abandono se hace por enfermedad grave temporal del estudiante o por un accidente que origine su invalidez total o parcial. Ambas situaciones deben ser acreditadas con un certificado médico. Tampoco lo es cambiarse de carrera o de institución, siempre y cuando éste se haga sólo una vez.

La Comisión es la encargada de aprobar, certificar e informar oportunamente a la institución financiera, para que ésta dé inicio a las acciones de cobro del estudiante. Si el alumno se retira en primer año, el establecimiento tendrá que pagar el 90% al banco. Si es de segundo el 80 y de tercero en adelante el 60%. De esta manera, el fisco recupera su inversión en el crédito con esta garantía otorgada por la institución de educación superior. El sistema aún no se ha puesto a prueba, el cobro comienza sólo 18 meses después de terminar la carrera y funciona con los egresados desde 2008. El 2,2% del total de beneficiados en estos cuatro años, es decir 5.400 alumnos, ya está pagando y sólo se han cobrado 261 garantías de este tipo, según informó en junio La Tercera.

PAGO DEL CRÉDITO: NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE

Para exigir la garantía estatal o por deserción académica, el banco debe acreditar ante la Comisión el incumplimiento del alumno en el pago de al menos tres cuotas mensuales consecutivas, el agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, la presentación de acciones judiciales contra el estudiante y la notificación judicial personal del deudor o haber realizado al menos dos búsquedas del sujeto durante al menos una semana. Con estos mecanismos se intenta evitar que la institución financiera abandone la cobranza judicial y simplemente cobre al Estado. “El banco no tiene incentivo de cobrar la acción judicialmente, lo único que intentará es cumplir con los requisitos para que proceda la garantía del 90% del crédito e intereses para cobrárselos al fisco. El sistema de a poco va a ir estableciéndose y verá como se recupera el monto del alumno que no pagó”, dijo Spolmann.

Quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

La ley establece varios mecanismos por el alumno que no pague. Las mencionadas acciones judiciales que buscan localizar a los alumnos a través de sus bienes propios y las cobranzas extrajudiciales, que consiste en la insistencia del pago a través de constantes llamadas telefónicas. También, el Mandato de Descuento de Remuneraciones (documento que firma el alumno junto al Mandato de Seguro Degravamen e Invalidez y la Solicitud de Créditos con la Tabla de Honorarios de Cobranza Externa) por el monto de las cuotas hasta que lo pague por completo, incluyendo los intereses y la comisión establecida. El acreedor podrá solicitar información a la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones o a la Superintendencia de Isapres para identificar al empleador del deudor. Además, la institución podrá solicitar a la Tesorería General de la República la Retención de la  Devolución del Impuesto a la Renta y de cualquier otro impuesto de la entidad fiscal que tenga derecho a recuperar el deudor. Sin embargo, salvo la retención de impuestos, ninguno de estos mecanismos se ha llevado a cabo ya que según Spolmann han sido pocos los alumnos que han llegado a tal punto del no pago desde que se implementó el Crédito con Aval del Estado el 2006, aunque no quiso precisar la cifra.

Elisa es alumna de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Vive en la comuna de San Miguel con su mamá y su hermana quien estudia kinesiología en la Universidad Andrés Bello. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos los aporta su padre. Él es contador auditor, trabaja en un servicio público donde gana alrededor de un millón de pesos. Debido a que este año él empezó a estudiar Ingeniería Comercial como vespertino en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) los gastos aumentaron. Por lo tanto, Elisa y su hermana postularon y obtuvieron el crédito mintiendo al decir que sus padres estaban divorciados aunque no están separados. En el formulario indicaron que él ganaba 500 mil pesos de los cuales les daba una pensión alimenticia de 200 mil.

“El incentivo para burlar el sistema es distinto al que tiene un alumno para ganarse una beca. La beca es un regalo, tú no la pagas ni la devuelves nunca. Si tú quieres vulnerar el sistema, se puede hacer. Pero tienes que tener en cuenta que estás firmando un crédito con el banco en el cual tú eres el deudor y tienes que pagar”, dijo Gutiérrez. “Mientras nosotros entreguemos de menor a mayor ingreso, que es lo que exige la ley, no hay ningún problema. Entonces que un alumno cambie un numerito para estar en el tercer o cuarto quintil, para el crédito da lo mismo”, agregó.

Si bien para Ingresa los beneficiados cumplen con los requisitos para acceder el crédito, la verificación de los antecedentes de los alumnos no tan es efectiva. El cruce de datos que realiza la Comisión con la información del Servicio de Impuestos Internos y el formulario no sirve y nadie lo fiscaliza, como lo demuestran los casos de Elisa y Esteban. Los trabajos independientes como los vendedores ambulantes o las clases particulares no necesariamente boletean y por lo tanto, el SII no los registra. Por último, quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

“Nosotros no podemos desmentir que hay personas que vulneran el sistema mintiendo en sus ingresos o grupo familiar. Pero si sopesas eso con el porcentaje de asignación no es considerable para hacer un proceso que demore tres o cuatro meses antes de asignar el crédito”, añadió Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión Ingresa

Más allá de la fiscalización en el otorgamiento del Crédito con Aval del Estado y su efectividad, hay una falla en el sistema, un vacío que el jefe del Departamento Judicial de Ingresa reconoce. Según Spolmann, las fallas en el crédito se explican porque el sistema no estaba considerado para abarcar la cantidad de beneficiados que existe hoy, a pesar de que su objetivo sea otorgarlo a todo alumno que cumpla con los requisitos para que nadie se quede sin estudiar a causa de problemas económicos.