Lo que vino después del 18 de octubre de 2019 es quizás el recuerdo más patente y fresco que queda hoy de lo violenta que puede llegar a ser la represión estatal a las manifestaciones ciudadanas. La respuesta de los agentes del Estado en las horas, días, semanas y meses que siguieron a ese estallido social que puso al país de cabeza, derivó en la comisión de violaciones generalizadas a los derechos humanos que diversos organismos nacionales e internacionales registraron, documentaron y acreditaron. Al menos seis personas murieron por acción directa de la represión policial, cientos de ojos terminaron lacerados, hubo miles de heridos y más de 3.000 querellas por uso excesivo de la fuerza. A cinco años del 18-O, ¿cuánto de eso ha cambiado?

Al parecer, no mucho. El último informe anual sobre Derechos Humanos en Chile que elabora la Universidad Diego Portales (UDP), es particularmente crítico respecto a ciertas prácticas de la actuación policial en el país, en especial sobre la regulación y los estándares internacionales para el uso de la fuerza en el control de manifestaciones, y los problemas de su aplicación en la realidad local. Los intentos legislativos para establecer una regulación clara sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, aún se discuten en el Congreso (ver proyecto de ley RUF) y son objeto de varias críticas de diversos sectores. Por otro lado, iniciativas como llamada Ley Naín-Retamal, han generado interpretaciones que permiten la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales en casos que incluyen el uso de fuerza letal. Esto ha provocado preocupación por su interpretación amplia y los posibles abusos asociados, que han incidido en una creciente impunidad para aquellos casos que la justicia se encontraba investigando.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos e integrante del directorio de la Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ha monitoreado cerca de 280 marchas durante los últimos años. Y a su juicio, salvo unas pocas variantes, poco y nada ha cambiado.

En esta entrevista con Puroperiodismo, la activista se refiere a las deudas que aún persisten en cuanto a reparación y garantías de no repetición y a que las prácticas de represión que ya venían de mucho antes del 18-O, han seguido ocurriendo, con leves diferencias: 1) que ya no se ocupan los mismos balines de goma que dejaron a más de 300 personas con daño ocular y; 2) que las policías han encontrado una vía para seguir con “niveles de brutalidad que hoy son los mismos y a veces peores”, pero disminuyendo las detenciones, lo que sería “una forma de evadir la estadística”.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.

“La diferencia está en que ahora casi no hay detenidos”

–¿Cómo describiría el estado actual de la violencia policial en Chile?

El estado actual de la violencia policial me parece que sigue exactamente igual. Comparativamente, estás preguntando con el estallido, ¿no?

–Exacto, sí.

Yo diría que la forma de proceder de los agentes del Estado sigue siendo la misma. Tal vez hay dos variantes. Una es que no están usando los perdigones que se usaron contra los manifestantes para el estallido social, pero todo el armamento menos letal que utiliza la policía chilena, que es una policía militarizada, se usa para generar daño. Y no acorde con lo que establecen los estándares de uso de la fuerza del marco de derechos humanos, que es internacional. Y la otra distinción es que en algún momento dentro de la violencia policial estaban las detenciones. Y tú podías por Ley de Transparencia solicitar información para poder ir viendo cómo se daba el tema del derecho a la manifestación. Podías contrastar eso con la información de transparencia para saber la cantidad de personas detenidas en contexto de manifestaciones.

–¿Y eso ya no se puede hacer?

Todavía se puede hacer, pero la diferencia está en que ahora casi no hay detenidos. Los niveles de brutalidad son los mismos y a veces peores, pero no hay detenciones o son muy mínimas. Entonces, nosotros acá postulamos que las policías encontraron la forma de evadir la estadística.

–¿Cómo es eso?

Simple. Hay personas que son llevadas, pero no queda registro, porque te llevan, te sacan la mugre, te golpean y te largan. Nunca pasaste por una comisaría o no ingresaste como persona detenida. Eso lo hemos verificado en el monitoreo que estamos haciendo en terreno.

Problemas estructurales

–¿Qué factores estructurales considera que alimentan esta violencia excesiva en el control de las manifestaciones?

Los factores estructurales tienen que ver con la no existencia de una regulación del uso de la fuerza por ley, que esté acorde con los estándares de derechos humanos. Lo que existe en Chile son protocolos elaborados por las mismas policías y no son leyes. Otro tema estructural importante es que las policías en Chile no tienen un reglamento. Debieran tenerlo, un reglamento normado por el Estado. Y un tercer elemento importante es que las policías siguen siendo formadas dentro de la lógica de la existencia de un enemigo interno al que hay que atacar. Es la misma lógica de la doctrina de seguridad nacional que se instaura en otros países a partir del inicio de todas las dictaduras en nuestra región.

–Si ocurre un problema por uso excesivo de la fuerza en una manifestación, ¿con quién denunciamos a estos agentes estatales, como carabineros?

Se debiera hacer una denuncia o ir a la misma institución. Eso pasa a una fiscalía especializada de los mismos Carabineros que tienen que investigar. Nuestra experiencia es que esa fiscalía no va a hacer mucho, pero ¿qué es lo importante y por qué pensamos que de todas formas hay que hacer esa denuncia? Porque esa denuncia queda en la estadística. Entonces, cuando después solicitas por transparencia la cantidad de denuncias que se han ingresado por violencia policial, ahí está la estadística. La otra instancia es directamente a la fiscalía, al Ministerio Público. Otra denuncia por violencia policial que, sí o sí se debe hacer es con la institucionalidad especializada en Derechos Humanos. Ellos están obligados a recibir esas denuncias. Y aquí estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Más allá de que ellos tienen un mandato que pueden litigar solo en casos de tortura, sí tienen que recibir estas denuncias y ver qué es lo que va a pasar ahí.

–¿Hay medidas de reparación a las personas dañadas?

Para que haya reparación, tienes que tener derecho a que se haga justicia. Tienes que tener derecho a que se establezca la verdad de los hechos. Si no ocurren estos dos elementos, por mucho que te den una indemnización, no se considera reparación, por eso hablamos de reparación integral. La reparación integral también considera que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese ser humano que fue dañado por un agente del Estado, pueda acercarse con la ayuda del mismo Estado lo más posible a la condición en la que se encontraba antes de haber tenido el abuso por parte de un agente. No se repara solo a la persona, el Estado tiene que reparar a la sociedad en su conjunto, porque cuando un agente comete un crimen contra un ser humano, no lo está cometiendo solamente contra ese ser humano, lo está cometiendo con todos, porque se abre la puerta para que cualquier agente del Estado diga que eso lo puede hacer.

Imagen de carabineros golpeando a manifestante.

Control vs. resguardo

–Hay que reconocer que las manifestaciones, en muchos casos, son efectivamente focos de violencia y riesgo para la ciudadanía. ¿Qué métodos cree usted que podrían utilizar agentes estatales para no utilizar la fuerza pero igual mantener ‘controladas’ las manifestaciones?

Primero que todo, las manifestaciones no requieren ser controladas. Ese es el primer concepto. En Chile tenemos incorporado el concepto de “control”.

–¿Por qué no debe ser controlada?

Porque la manifestación es un derecho humano que necesita ser resguardado, no controlado. El concepto es resguardar que tú puedas hacer ejercicio del derecho. Entonces, el rol de los agentes del Estado es resguardar que tú, como ciudadana, puedas hacer ejercicio de ese derecho. No necesariamente implica que tengas que pedir autorización, aunque se pretende y se espera que uno avise por deferencia para que la ciudad pueda funcionar. Pero puede ser una manifestación espontánea. El rol de la fuerza pública, en este caso, es cautelar que la manifestación sea posible, o sea, hacer los desvíos de tránsito pertinentes para que la ciudad siga funcionando. Significa no confrontar a quien se está manifestando, mantener la distancia e ir sin armas.

–¿Pero si hay violencia?

Uno tiende a pensar, o la mayoría de la gente tiende a entender, que los carabineros están ahí como para estar en contra de quienes se manifiestan. Y eso no es así: el derecho a manifestación dice que el rol de los agentes del Estado es facilitar. En el caso de que la manifestación se torne violenta, esos agentes tienen que estar entrenados para identificar quiénes son las personas violentas, porque se sobreentiende que no es la masa violenta, sino que ellos tienen que sacar a los elementos que están generando, no sé, un saqueo, por ejemplo. Porque ellos tienen entrenamiento militar. No son un ser humano cualquiera. Entonces, si pensamos en cuál es el rol de las policías, tiene que ser el resguardo y la protección para que esa manifestación sea posible.

Allanamientos, boletas falsas y renuncia a la UDI: diputado Joaquín Lavín es investigado por fraude al fisco en arista del caso Cathy Barriga

La directiva de la UDI comunicó que el diputado Joaquín Lavín León renunció el pasado martes 30 de octubre al partido, tras 11 años de militancia. Su salida se concretó un día después de que la Policía de Investigaciones (PDI) allanara su domicilio, su oficina en el Congreso y su sede distrital como parte de las diligencias de una investigación judicial en su contra por presunto fraude al fisco.

«Como directiva y partido esperamos que la investigación se realice con la mayor objetividad y celeridad posible, a objeto de esclarecer con total veracidad y rapidez los hechos», señaló el partido a través de un comunicado.

Según publicó Radio Bío Bío, la investigación que dirige por la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, busca esclarecer la responsabilidad del parlamentario en la rendición de gastos al Congreso por informes de trabajos que en realidad estaban destinados a la Municipalidad de Maipú, donde su esposa, Cathy Barriga, fue alcaldesa entre 2016 y 2020. Hay que recordar que ella misma enfrenta una investigación por diversas irregularidades y cargos por corrupción durante su gestión y que cumple arresto domiciliario.

Este caso surgió, precisamente, en el marco de esa investigación contra Barriga. Estas supuestas facturas falsas que involucran a Lavín habrían sido gestionadas por uno de sus asesores, cuya remuneración era pagada por el Congreso.

Por otro lado, entre las acusaciones está el haber ejercido como un “alcalde en las sombras” durante el periodo alcaldicio de su esposa, con influencia y autoridad para tomar decisiones sobre contrataciones y despidos en el municipio.

Cambios en el SII: límite máximo de transferencias

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El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha realizado cambios con el fin de identificar de manera fácil a las personas que no declaran sus actividades financieras. Cabe señalar que, estos cambios no incrementarán la carga para los contribuyentes, pero sí crearán nuevas responsabilidades para los bancos.

Entre las nuevas responsabilidades para los bancos está el que estos deben informar al SII si una persona recibe o envía 50 o más transferencias de diferentes cuentas en un mes o más de 100 transferencias en seis meses. Además, la ley introduce nuevas medidas para combatir la informalidad en ciertos sectores, exigiendo el inicio de actividades para quienes posean un comercio digital, como la venta de productos o servicios en redes sociales.

Sin embargo, existen tres tipos de cuentas que quedan fuera del límite de 50 transferencias, estas son las tarjetas prepago como las cuentas “Tempo”, “Mercado pago” y “Copec Pay”, ya que son cuentas de entidades no bancarias.

Desastre natural en España: inundaciones dejan cientos de fallecidos en Valencia

España está enfrentando uno de los mayores desastres naturales en décadas, debido a las intensas lluvias, siendo Valencia la ciudad más afectada y, en particular, la localidad de Paiporta su epicentro.

Las precipitaciones comenzadas el pasado lunes, provocaron inundaciones por el este y sur de España. Ha dejado hasta el momento un total de 214 personas fallecidas, en donde 62 de ellas son de Paiporta. Además de varios desaparecidos, cifras que van en aumento. El devastador evento ha causado que carreteras y casas queden completamente inundadas, puentes destrozados y nula comunicación.

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, describió la situación como «apocalíptica», con calles bloqueadas y muchas zonas sin electricidad ni agua. Además, el medio El País, en una entrevista con la alcaldesa indicó que los primeros avisos de inundación llegaron cuando el agua ya había alcanzado dos metros y que muchos residentes no pensaron en evacuar porque el pueblo nunca se había inundado.

Según la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET) del Gobierno de España, indica que las lluvias registradas el pasado 29 de octubre. Tuvieron una acumulación enorme en la provincia de Valencia, superando los 300 l/m² entre Utiel y Chiva. En Chiva, se recogieron 491 l/m² en solo ocho horas, una cantidad equivalente a la lluvia de todo un año. La agencia añade que esta situación sigue vigente y existe un riesgo meteorológico importante, además de que la emergencia aún no ha finalizado.

El fenómeno meteorológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que provocó las inundaciones en el país europeo son debido a que, cuando una masa de aire frío queda aislada sobre la capa alta de la atmósfera y se encuentra con el aire cálido y húmedo de la superficie, genera inestabilidad y lluvias intensas en poco tiempo. Cabe señalar que, este evento es común en el Mediterraneo y usualmente sucede en otoño cuando el agua del mar está caliente.

Desde el portal del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, indican que un total de 2.400 personas de parte del Ayuntamiento, junto a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, están trabajando en la limpieza y apoyo a las personas afectadas por el temporal. Además, se ha reactivado la Oficina de Coordinación de Ayudas y se ha asignado un presupuesto de 1 millón de euros para responder a esta emergencia.

El programa Carne Cruda en su episodio «DANA: todo lo que ha fallado» aborda el impacto del desastre natural que ha golpeado la Comunidad Valenciana y otras regiones de España, causando muerte y dejando a decenas desaparecidos. A través de una serie de entrevistas, se analiza la magnitud del desastre y se examinan las fallas en la gestión de emergencias.

El programa destaca la falta de respuesta por parte de las autoridades, mencionando que el presidente, Carlos Mazón, subestimó la situación, asegurando que el peligro había pasado justo antes de que comenzara la tormenta. También se critica la decisión de suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias, lo que pudo haber contribuido al mal manejo en la gestión de la crisis.

Se abordan las responsabilidades políticas y empresariales, como la presión ejercida por algunas empresas para que sus empleados trabajaran a pesar de las alertas. Además, se discute la influencia del cambio climático en relación a estos fenómenos meteorológicos extremos, con contribuciones de expertos en el tema.

Corte Suprema condena a ex agentes de la DINA por secuestro de Reinalda Pereira quien estaba embarazada

Reinalda del Carmen Pereira (FOTO: Museo de la Memoria)

Condenan a 31 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, quien era tecnóloga médica y militante del partido comunista, que tenía cinco meses de embarazo. Fue detenida de manera ilegal el 15 de diciembre de 1976 en Macul, cuando fue trasladada a un cuartel de detención clandestino en la comuna de La Reina, donde la hicieron desaparecer.

La Segunda Sala del Tribunal Supremo decidió revocar la sentencia anterior hecha por la Corte de Apelaciones de Santiago. La revocación se centró en la absolución del exagente Federico Humberto Chaigneau, a quien ahora se le condenó a 7 años de prisión efectiva. Además, será inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos y ejercer derechos políticos, ya que fue considerado coautor del delito. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Además, existen otros 18 ex agentes que fueron coautores del delito que también serán condenados a 7 años: Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña, Jorge Lientur Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Teresa del Carmen Navarro Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Manuel Antonio Montre Méndez y Jorge Hugo Arriagada Mora.

Asimismo, los acusados Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires quienes deberán cumplir 10 años, por ser autores de secuestro calificado. Mientras, que otros 14 cumplirán 4 años de presidio efectivo en calidad de cómplices. Hernán Luis Sovino Maturana, José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy.

Según el fallo de la Corte Suprema, la víctima de 29 años fue interceptada por agentes a las 20:30, mientras esperaba la micro. Los agentes la detuvieron y la llevaron al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, en donde se encontraba con otros detenidos. “En este lugar, Reinalda fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero”.

Cabe señalar que en el texto del fallo se indica que el gobierno de la época informó que la víctima había salido “a pie” una semana después de ser secuestrada. Pero esta versión se establece como falsa. También, se indica que Reinalda había sido detenida en vía pública al igual que otras trece personas, siendo once del Partido Comunista y dos del MIR, demostrando que esto no fue un hecho aislado, sino que parte una persecución política sistemática por parte de la dictadura.

COP16: biodiversidad, reconocimiento de los pueblos indígenas y Ley Lafkenche

Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, se celebró en Cali, Colombia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). Este evento es considerado el foro más relevante para la discusión y negociación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y se centró en los derechos humanos y la biodiversidad, destacando la importancia de los conocimientos ancestrales para la protección del medio ambiente.

La COP16 reunió a representantes de 196 países para discutir el Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal, un plan estratégico que se extiende hasta 2050 y tiene como objetivo la conservación de ecosistemas y el desarrollo sostenible, que establece objetivos para detener la pérdida de biodiversidad para 2030, incluyendo la conservación del 30% de las áreas terrestres, marinas y la reducción de especies invasoras, enfocado en la justicia social y los derechos humanos.

Además, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad se alcanzó un acuerdo unánime para reconocer el papel de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales en la protección y conservación de la biodiversidad. Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia y presidenta de la COP16, indicó en un tweet detalles del acuerdo.

“Con este hecho se reconoce el valor de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, se salda una deuda histórica en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 26 años”.

Por otro lado, Durante la COP16, Patricio Colivoro, representante de la comunidad Mapuche-Wapiche Yaldad Mon Fen de Chiloé, destacó la difícil situación que enfrentan los pueblos originarios en Chile en relación con los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) establecidos por la Ley Lafkenche. Colivoro afirmó que históricamente han sido excluidos de las discusiones y criminalizados por defender el medio ambiente.

Además, indica que hay cuatro propuestas en el Congreso para modificar la Ley Lafkenche, que aún no se ha implementado completamente y que la burocracia estatal ha bloqueado el avance de estas iniciativas. Añade que esto dificulta la posibilidad de desarrollar una economía que respete y conviva con la naturaleza, mientras que los pescadores artesanales son engañados con la idea de que perderán acceso al mar.