En los últimos años se ha producido un alza importante de doctores y profesionales de la medicina en general –del sector público y privado— que han sido demandados por negligencias o malas prácticas. “Hay situaciones en las que ciertamente hubo un error médico, pero también se dan otros factores, como la publicidad exagerada que en algunos casos reciben eventuales acciones médicas”, cuenta el doctor Luis Ciocca, Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la revista de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile.

Por una parte, esto ha devenido en el encarecimiento de la medicina, ya que algunas de las medidas que han adoptado los doctores para evitar ser llevados a tribunales es pedir una gran cantidad de exámenes —muchas veces innecesarios— antes de tomar cualquier decisión respecto del paciente. A la vez, este fenómeno tiene otra consecuencia importante: “La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Todo esto fomentó el surgimiento de un nuevo mercado sumamente atractivo. Porque no es menor que en Chile haya alrededor de 25 mil médicos, vale decir, 25 mil potenciales clientes que se pelean las compañías de seguros y los abogados del país. Además de enfermeras, odontólogos y el conjunto de profesionales de la salud que son el target de este mercado. En ocasiones las aseguradoras trabajan junto a firmas de abogados y, en otras, cada uno sale a buscar clientes por su cuenta.

La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Últimamente, el seguro de Responsabilidad Civil que más se ha extendido en Chile es el que contratan los doctores para protegerse del incremento de juicios por negligencia médica. “Efectivamente se ha producido un alza en la contratación y también en sus precios; dependiendo de la especialidad del doctor y de la siniestralidad que ésta implica”, dice Sergio Troncoso, anestesista del Hospital Exequiel González Cortés y de la Clínica Tabancura. Es así como al encarecimiento de la salud en Chile debido a su judicialización, se le suma el aumento de las primas de los seguros.

Según la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile (FALMED), las proyecciones apuntan a que la curva se acercará al mercado estadounidense, donde este tipo de seguros representa casi el 50 por ciento del total de los Seguros Generales.

Hoy, son cinco compañías las que llevan la delantera en el mercado: MAPFRE, Chilena Consolidada, Renta Nacional, Aseguradora Magallanes y RSA.

En general, los doctores contratan por opción propia, pero muchas veces tienen que hacerlo ya que es un requerimiento de su lugar de trabajo. Como les sucedió a Octavio Reyes y Sergio Troncoso. “Las instituciones no proveen asesoría jurídica y menos costear una eventual indemnización. Pero hay excepciones, ya que algunas protegen a sus empleados pagando los respectivos seguros”, cuenta Carla Robledo, abogada del Estudio Carvallo y asesora de médicos e instituciones de salud.

Hasta ahí todo bien. Puede considerarse obvio que frente al escenario judicial descrito, las clínicas y hospitales exijan que sus empleados estén protegidos. Sin embargo, existen precedentes para no desatender este punto.

En 2005, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formuló un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de este tema. El requerimiento señalaba que Integramédica S.A. obligó a los doctores que trabajaban en sus centros, bajo amenaza de desvinculación, a contratar la asesoría legal ofrecida por el estudio jurídico Carrasco y Compañía Limitada y el seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica de la Aseguradora Magallanes. Por una parte, la FNE dio cuenta de que esta institución de salud abusó de la relación de dependencia económica en que se encontraban sus empleados y, por otra, de la competencia que se ha generado en el mercado relevante de seguros de Responsabilidad Civil y asesoría legal para profesionales de la salud. “En estos casos se deben revisar los contratos, porque un acuerdo entre privados te permite muchas cosas. Ahora, hay algunos que se transforman casi en contratos de adhesión, y que si bien es cierto el médico concurre con su voluntad, se debe atener a las cláusulas que el otro ha puesto”, cuenta Paulina Milos, abogada que defiende a médicos, clínicas y hospitales.

En 2006, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó el requerimiento por considerar que Integramédica S.A. estaba en su derecho de exigir a los profesionales que contrataran asesoría legal especializada y un seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica. Sin embargo, el tribunal exhortó a esta institución a garantizar que el proceso fuera transparente, en igualdad de condiciones para los participantes y con el necesario resguardo de la libertad de cada médico para contratar estos servicios en forma independiente.

EL LIDERAZGO DE FALMED

Esta fundación fue creada en 1994 por el Colegio Médico de Chile y tiene sucursales en todo el país. FALMED trabaja sólo con doctores, no con hospitales, clínicas o centros de salud. Para acceder a la asesoría y defensa legal y al seguro de Responsabilidad Civil que tienen con MAPFRE, los afiliados a FALMED –que a su vez deben ser miembros del Colegio Médico- pagan $17.000 mensuales. “Este es un seguro flotante, porque no tiene el nombre de una persona, sino que el de un grupo, entonces se le aplica al médico que lo necesita”, señala Paulina Milos.

Hoy existen más de 10 mil médicos afiliados a la fundación, y la cifra de profesionales que los han contratado durante este año supera los mil. “Multiplicado por 17 mil pesos es una bonita cantidad. FALMED tiene casi el 50 por ciento de los médicos. Y probablemente sean los que tienen más riesgo”, dice Milos.

La fundación señala que en más del 99 por ciento de sus juicios, los resultados han sido exitosos para los médicos. “He ido a mesas redondas con Juan Carlos Bello, abogado jefe de FALMED, y él dice que están invictos porque no han perdido ningún juicio. Pero distinto es ganarlo, porque muchas veces no perder significa que éstos han quedado en el camino; ya sea porque el juicio se alarga, el paciente desiste o no se puede probar nada”, cuenta la abogada.

EL MENOR COSTO POSIBLE

Contratar un seguro de este tipo es transferir el riesgo a la compañía, para que en el caso de que haya un problema, no sea el profesional de la salud el que asuma los costos. Pero eso lleva de la mano algunas renuncias, y la principal es renunciar a la defensa. “Ninguna aseguradora permite al médico afiliado ser defendido por un abogado que no sea de la compañía, o que el doctor llegue a un acuerdo con el paciente sin que ellos lo aprueben”, asegura Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes.

De hecho, la tercera cláusula del Convenio-Mandato de FALMED indica que sólo en casos excepcionales, calificados por el Directorio, se podrá decidir que la defensa del afiliado sea asumida por abogados externos a la fundación. Asimismo, la cláusula décimo primera señala que el afiliado no tiene derecho a exigir el pago de indemnización alguna si ha llegado a un acuerdo, convenio y/o transacción extrajudicial que se genere en el marco de una mediación pública o privada en la que FALMED, en su calidad de mandatario, no haya participado.

Es cierto que son cláusulas que pueden ser consideradas típicas de un contrato cualquiera con una compañía de seguros. Pero aceptarlas va, de alguna forma, en detrimento de la dignidad o el prestigio del médico; a la vez que daña su relación con el paciente. “Muchas veces pasa que cuando van a juicio, a las compañías aseguradoras no les interesa defender al profesional; eligen más bien pagar una indemnización al paciente antes que poner a un abogado en el que se va a gastar mucha más plata. Ir o no a la mediación ya no queda en manos del médico, porque está obligado a comunicarse con las aseguradoras o de lo contrario pierde el seguro. Está bien, su negocio es el menor costo posible, pero hay que saberlo”, señala Milos.

MEDIACIÓN

En 2005 entró en vigencia en Chile la Ley 19.966 de Mediación en Salud. Es una instancia obligatoria —en teoría— antes de ir a juicio por Responsabilidad Civil. Y consiste, a grandes rasgos, en un acuerdo entre las partes asistido por un mediador; quien no toma decisiones ya que sólo actúa como facilitador del arreglo. Los profesionales e instituciones del sector público comparecen ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el servicio es gratuito. En el caso del sector privado, las mediaciones son llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, y tienen un costo de hasta $200.000.

Con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público.

En un principio, la reacción de las aseguradoras fue no ir a mediación. Sobre todo porque sus abogados están preparados para litigar, no para mediar o conversar. “Iban a juicio porque en el 90 por ciento de los casos no se pagaba ni siquiera indemnización a los pacientes. Ha sido terriblemente difícil levantar la iniciativa”, cuenta Paulina Milos.

En este sentido, Carla Robledo señala que mientras los intervinientes no comprendan que el mecanismo no pasa necesariamente por un acuerdo monetario, es poco lo que realmente se puede avanzar en este sentido.

Sin embargo, con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público. Muchas veces, las personas no buscaban indemnización en dinero y quedaban tranquilas con una explicación, una disculpa, con el pago de los gastos médicos o una nueva atención. “Entonces, si disminuye el gasto a través de la mediación, las compañías van a optar por esta alternativa”, dice la abogada.

De hecho, FALMED ha incentivado la opción y se ha propuesto desjudicializar la salud; además de propiciar instancias de difusión y capacitación de los doctores sobre las áreas de riesgo profesional. “Pero tendrán que ver cómo transforman el sistema para que el médico siga pagando su seguro”, señala Milos.

LOS ABOGADOS

La judicialización de la medicina abrió, por defecto, un campo laboral atractivo para los abogados, muchos de los cuales se abocaron a defender pacientes. “Este aumento se debe principalmente a la cultura litigiosa existente en nuestra sociedad actual, que busca encontrar culpables frente a resultados adversos o no queridos en medicina”, asegura Carla Robledo. Por su parte, Cristián Wöhler, urólogo de la Clínica Santa María, sostiene que incluso hay abogados que se dedican a defender pacientes e indagan qué doctores tienen seguros contratados, y a ellos los demandan.

Fue así como también proliferaron los abogados que en la actualidad se dedican a defender doctores, clínicas y hospitales en causas por negligencias médicas o malas prácticas. A la vez, son contratados para realizar asesorías extrajudiciales y charlas preventivas sobre materias legales. Dentro de este contexto, la abogada Samanntha Carrasco lleva la delantera en el mercado: “Ella es ex FALMED y tiene un número importante de médicos en su estudio, entre dos y tres mil”, cuenta Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes. “La responsabilidad médica exige gran preparación y una alta especialización”, dice Robledo.

Paulina Milos, que también es directora del Magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes, cree que los estudios tienen abogados con buena formación en Responsabilidad Civil, pero no en Derecho Sanitario o Derecho de la Salud, una nueva rama de esta profesión. “Para un abogado es muy difícil reconocer un medio de prueba dentro de un hospital: qué estadísticas, registros, indicadores o estándares llevar a juicio. Por ejemplo, es probable que no se les ocurra utilizar la acreditación de una clínica como elemento a mostrar al juez. Y tampoco conocen que hoy todos los médicos, odontólogos y profesionales en general tienen que estar en el registro que lleva la Superintendencia de Salud; o que todas las clínicas deben contar con una autorización sanitaria”, sostiene.

Es innegable que la medicina es un excelente negocio, y que siempre se pueden encontrar nuevas formas de entrar en el mercado. En este caso, el público objetivo son los miles de profesionales de la salud que pagan para protegerse frente a eventuales demandas. Pero al mismo tiempo, este precio es “compartido” con otros: “Al final, el seguro lo paga el paciente”, concluye el doctor Sergio Troncoso.

El domingo pasado Evo Morales dio una entrevista a La Tercera en la que sostiene que la demanda marítima que el gobierno peruano interpuso contra Chile en el Tribunal de La Haya no ha hecho más que frustrar la búsqueda de un acuerdo marítimo entre Chile y Bolivia. Y a pesar de que lo primero que dijo Ignacio Walker en su charla en el Aula Magna de la UAH, fue que no se iba a referir a las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Alan García y el de Evo Morales, de una u otra manera, el ex canciller abordó el tema. Sobre todo en lo que respecta al rol histórico que Perú ha tenido en una eventual salida al mar para Bolivia. Porque en 1929 Chile y Perú firmaron un tratado en el que, entre otras cláusulas, se estipuló que nuestro país no puede ceder ningún territorio que haya pertenecido a Perú sin la aprobación del propio Perú. «Después de ese tratado la llave la tiene Perú y no hay vuelta que darle», dice Walker.

El ex canciller chileno expuso y conversó con alumnos y profesores en un encuentro inserto en el ciclo de charlas “Jueves de reporteros”, organizado por la Escuela de Periodismo de la UAH. Habló de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile desde la Guerra del Pacífico (1879) en adelante, y también se refirió a las pretensiones geopolíticas que Perú reclama frente a la Corte Internacional de Justicia. Respecto de este tema, Walker dice tener la seguridad de que la decisión del tribunal va a ratificar el tratado bilateral que sindica al paralelo del hito número uno como límite marítimo invariable.

Independiente de las tensiones que caracterizan la historia de estos tres países, Walker sostiene que la realidad sociopolítica de Bolivia es en sí misma muy compleja. Desde su independencia (1825) este país ha tenido grandes problemas para consolidarse como nación en varios aspectos: desde el punto de vista institucional, económico, cultural, político y territorial. Con respecto a lo último, Walker apunta que Bolivia ha perdido 1.200.000 kilómetros cuadrados con sus países vecinos (Argentina, Perú, Paraguay, Brasil y Chile). De esa cantidad, solo el 10% del territorio perdido por Bolivia pasó a ser de Chile en la Guerra del Pacífico (mar incluido). «Lo de Bolivia es una historia de desgarros y dificultades serias», dice el ex canciller.

Luego de diversos desencuentros, los coletazos de la Guerra del Pacífico se zanjan jurídicamente en 1904 con Bolivia, y en 1929 con Perú. «El tratado de 1904, que fue libremente celebrado entre ambos países y que contempla la cesión territorial de Bolivia a Chile tiene una legitimidad jurídica y política que no se puede negar», sostiene Walker.

Sin embargo, en 1920 surge en Bolivia una tesis revisionista del tratado que contempla un acceso soberano al océano Pacífico. Desde ese momento hubo al menos diez conversaciones formales entre Chile y Bolivia para resolver este tema, pero ninguna prosperó. Algunas de ellas se llevaron a cabo en 1926 y 1951 e incluyeron, por ejemplo, la cesión de un corredor con acceso soberano al Pacífico, al sur de la Línea de la Concordia.

Walker dice que la conversación más importante se dio durante la dictadura, en 1975. Pinochet ofrece una salida soberana al mar (de nuevo al sur de la Línea de la Concordia) a cambio de una compensación territorial. Chile consulta a Perú y éste propone un régimen de soberanía compartida y una administración tripartita del puerto de Arica. Chile no acepta porque cree que esto sólo perpetuará el conflicto. «En el fondo Perú lo hizo para frustrar la iniciativa entre Chile y Bolivia, porque la teoría no explicitada es que quiere mantener su doctrina de limitar con Chile», dice Walker.

Sin contar el intervalo entre los años 1975-78, las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia se cortan desde 1962. Recién al final del gobierno de Eduardo Frei se suscribe un acuerdo que se define como Diálogos Bilaterales sin Exclusiones. Luego, Ricardo Lagos establece una agenda -en la que participa Ignacio Walker- que consta de trece puntos y que tiene como sexto ítem el tema marítimo. «Por eso, no es cierto que haya una obsesión por parte de Chile de no responder a la aspiración boliviana», dice Walker.

Uno de los factores importantes que ha impedido la solución del tema marítimo es la situación interna de Bolivia. «Bolivia está en una encrucijada«, dice el ex ministro, ya que aún cuando Evo Morales tiene un 67% de apoyo y ha emprendido una reestructuración democrática y cultural en su país, la situación no es fácil. Morales convive con dos oposiciones muy distintas y poderosas: la política, que tiene mayoría en el Senado, y la oposición territorial de las provincias de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz. «Sin embargo, Bolivia ha tratado con mucho realismo, inteligencia y pragmatismo el tema con Chile. Estamos en un buen pie para crear condiciones de confianza mutua», dice Walker.

Debido a la casi segura negativa del Perú a cualquier cesión de territorio a Bolivia de suelo que alguna vez fue peruano, el ex canciller dice que deben buscarse soluciones bilaterales entre Chile y Bolivia. Al mismo tiempo, es casi imposible que una cesión soberana de terrenos que alguna vez fueron de Bolivia porque se cortaría el territorio chileno en dos. Pueden ser enclaves portuarios, servidumbres, corredores, etc. «Todo lo que aguante la imaginación y el arte de la diplomacia», dice el ex ministro.

Por último, Walker se refirió a un tema muy importante, que tiene relación con el rol que juega la opinión pública chilena en las relaciones con Bolivia. Según diversas encuestas, nuestro país está mayoritariamente en contra de otorgarle una salida soberana al mar a Bolivia. Y en el caso del país vecino, su latente crisis estructural tampoco ayuda. Un eterno problema, porque para negociar, es necesario que exista legitimidad interna.