A un mes de la denuncia por violación y abuso sexual que le costó el cargo: exsubsecretario Monsalve es detenido y formalizado

Exsubsecretario Manuel Monsalve al momento de ser detenido por la PDI.

A eso del mediodía del pasado jueves 14 de noviembre, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en su departamento en Viña del Mar. Fue exactamente un mes después de que una exasesora suya en la subsecretaría lo denunciara ante el Ministerio Público por violación y abuso sexual. Fue trasladado al cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales, en Ñuñoa, donde pasó la primera noche en un calabozo.

La orden de detención fue emitida por la jueza Isabel Correa, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Al día siguiente, Monsalve fue formalizado por violación de mayor de edad y abusos consumados, aunque de manera parcial: la audiencia se retomará este lunes 19 de noviembre. Si bien al comienzo el juez Mario Cayul permitió que esa primera jornada se realizara de manera pública, la parte que sigue será “totalmente reservada”.

«No hemos tenido acceso, en verdad, a ningún antecedente relevante de la investigación. No tenemos acceso a los videos y cámaras», afirmó el abogado Cristián Arias, miembro de equipo defensor del exsubsecretario del Interior, según consignó Cooperativa.

Hay que recordar que los hechos de la denuncia se habrían dado el pasado 22 de septiembre cuando el acusado y la victima habrían asistido a un restaurant y a un hotel del centro de Santiago, donde ambos habrían tenido una cena y bebido alcohol. Fue ahí según la victima donde Monsalve se habría aprovechado de esa situación para cometer el acto.

Incendio en Campamento Dignidad de La Florida deja más de 50 viviendas destruidas

Fue el martes 12 de noviembre: el Campamento Dignidad, ubicado en las orillas del zanjón de La Aguada, en La Florida, comenzó a arder a eso de las 6:30 am.

Según el delegado presidencial de la Región Metropolitana Gonzalo Durán, cuatro personas presentaron complicaciones de salud a causa del incendio, que según los habitantes del campamento fue iniciado a propósito –hay quienes dicen que partió con el lanzamiento de una bomba molotov–, aunque las autoridades no se han pronunciado sobre esa posibilidad.

Todo se dio en el contexto en que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, estaba tramitando un permiso de desalojo al campamento que se encuentra en Avenida Tobalaba en cercanías de la quebrada de Macul. Con respecto a ese proceso de desalojo, hubo un tenso cruce público entre el alcalde y el delegado, ya que este último propone un proceso más paulatino de abandono del campamento. El Ciudadano publicó un documento que daría cuenta de omisiones que habría incurrido Carter respecto de diversas opciones presentadas por el Serviu Metropolitano para evitar el desalojo y buscar alternativas de solución a los pobladores.

También se vivieron momentos de alta tensión, debido a que los habitantes de la toma empezaron a arrojarle cosas al alcalde e insultarlo, por lo cual Carabineros generó un cordón de seguridad para proteger a la autoridad municipal.

Tras ratificación de condena contra Cristina Fernández, gobierno de Milei le quita la pensión de expresidenta

Cristina Fernández, expresidenta argentina, condenada en segunda instancia a 6 años de prisión por casos de corrupción.

El gobierno del pais trasandino tomo la decisión luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena de 6 años de cárcel en contra de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.

Recordemos que la exmandataria argentina estaba siendo investigada por casos y denuncias de corrupción tales como: administración fraudulenta de fondos públicos y lavado de dinero. Las investigaciones del caso encontraron irregularidades en la concesión de 51 obras viales vinculadas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los 4 años de gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (esposo de la expresidenta investigada) tambien se detectaron casos iguales durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández, todo esto se habría iniciado en la austral provincia argentina de Santa Cruz, que es el bastión político del Kirchnerismo.

Según el fallo judicial, el monto total que habría sido sustraído del Estado asciende a cerca de 85.000 millones de pesos argentinos, es decir, el equivalente a cerca de 83.000 millones de pesos chilenos.

Sobre la medida que tomó el gobierno de quitarle a Fernández todas sus pensiones como expresidenta, el vocero de gobierno Manuel Adorni se pronunció diciendo que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina y más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

A pesar de todo, Cristina Fernández no ira a la cárcel todavía, porque primero la Corte Suprema de la Nación debe ratificar el fallo. Y de suceder aquello, deberá enfrentar además la condena económica que implicará cubrir las costas de un juicio que se extendió por más de seis años.

Donald Trump pone a Elon Musk a cargo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental

Elon Musk junto a Donald Trump durante la campaña presidencial.

Después de días de incertidumbre, se confirmó lo que muchos esperaban: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ocupará un puesto en la segunda administración de Donald Trump. Esto se empezó a sospechar desde que el dueño de Tesla y de la plataforma X (ex Twitter) empezó a hacerle campaña activa al candidato republicano, ya que no sólo financió su carrera electoral con más de US$ 200 millones, sino que además llegó al punto de sortear 1 millón de dólares entre los votantes de Trump. Específicamente, Musk se hará cargo junto al excandidato republicano, Vivek Ramaswamy, del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Esta entidad estará a cargo, según palabras del propio Trump en un comunicado que compartió a través de su cuenta en X, de «desmantelar la burocracia gubernamental, eliminar las regulaciones excesivas, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales». Algo que, promete, «liberará la economía» y acabará con el «despilfarro y fraude» masivo actual.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2024

El nombramiento de Musk ha generado más de una inquietud por su falta de experiencia en política y por sus arriesgadas medidas que toma como empresario, lo que alimenta las dudas tanto en los demócratas como en los propios republicanos.

Este tipo de situación no es nueva, porque en 1982, el entonces presidente Ronald Reagan nombró al empresario Peter Grace en un rol muy similar al que va a ejercer Musk. El informe final conocido como el de la Comisión Grace, concluyó con sugerencias de ahorro que estimaban de hasta US$ 424.000 millones en tres años, y que impedirían el aumento disparado de la deuda pública.

Toma de rehén en las Condes generó preocupación

El lunes 11 de noviembre, en una sucursal de AFP provida ubicada en la comuna de las condes, una trabajadora fue secuestrada por un hombre de 55 años.

Esta situación que duro un total de 7 horas, desencadenó un amplio operativo por parte del GOPE e incluso se posicionaron francotiradores y se hizo uso de bombas de estruendo con el objetivo de desorientar y hacer salir al secuestrador.

Según fuentes oficiales todo se habría producido porque el secuestrador quería acceder a los ahorros acumulados de su fallecida esposa, porque su pensión de sobrevivencia de tan solo 500 pesos no cubría sus necesidades básicas y como terminaron negándole su petición, tomo esta drástica decisión para hacer presión.

Después de varias negociaciones el hombre se rindió y se entregó a Carabineros.

A esta altura, ya es sabido cómo todo se desató: las manifestaciones las iniciaron estudiantes secundarios en Santiago saltando en masa torniquetes, descontentos por el aumento de $30 en la tarifa del transporte público. Era octubre de 2019, los días previos al viernes 18.

También ya se sabe que no fue ese hecho en particular lo que hizo estallar el amplio descontento, sino que era tan solo la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde hace mucho, con demasiadas demandas ciudadanas insatisfechas por años, décadas incluso. Millones de personas terminarían uniéndose en una movilización espontánea, transversal y nacional que, entre el caos, la violencia y las incertidumbres, estaba caracterizada por la esperanza de cambios estructurales que mejoraran la vida de las personas.

Si bien ese movimiento remeció a todo el país y al sistema político por completo, y puso a Chile bajo el foco y las miradas de todo el mundo, el fenómeno no era algo exclusivamente local. Ya antes había ocurrido en Ecuador, frente un paquete de medidas económicas impulsadas por el gobierno del entonces presidente, Lenin Moreno, que se encontraron con un fuerte rechazo ciudadano y de las más poderosas organizaciones de la sociedad civil. Después, en 2021, pasaría algo similar Colombia.

Hubo también otras movilizaciones importantes, como la llamada “Revolución de las Pititas”, en Bolivia, tras las acusaciones de fraude electoral por parte del entonces presidente Evo Morales, quien competía por un nuevo período en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, lo que terminó con su renuncia y posterior exilio. También ocurrió en Perú (2022), tras el intento de autogolpe del mandatario Pedro Castillo –quien terminaría destituido y detenido–, y allá se extendió por meses, debido a la profunda crisis institucional del sistema político peruano en su conjunto.

Esas últimas dos, si bien remecieron a sus respectivos países y coinciden con las demás experiencias en las movilizaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas públicas de orden y seguridad y la heridas y muertes de cientos de ciudadanos y ciudadanas en medio de las protestas, se diferencian de las otras en que apuntaban a hechos específicos de la política local, mientras que las de Chile, Ecuador y Colombia tienen en común algo más que la violencia: surgieron de las profundas grietas producidas por injusticias enquistadas en sus estructuras sociales.

¿Qué similitudes y diferencias tuvieron esos procesos con lo que ocurrió en Chile? ¿De qué manera el descontento ciudadano frente a sistemas que no responden de forma satisfactoria a sus inquietudes han marcado la política latinoamericana de los últimos años? Puroperiodismo revisó esos procesos y conversó con especialistas que arrojan luces sobre estas preguntas.

Ecuador, 2019: la convulsión social que antecedió al estallido chileno

Sólo unos días antes de que todo empezara a ocurrir en Santiago, el 1 de octubre de 2019, el entonces mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, dio a conocer en cadena nacional una serie de seis medidas económicas y laborales, además de 13 propuestas legislativas que buscaban impulsar la alicaída economía de su país. Lo que logró fue todo lo contrario.

Entre los principales puntos incluidos en el paquete estaban la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra, eliminando con ello un subsidio a los combustibles que, se esperaba, implicaría un ahorro público por alrededor de US$ 1.300 millones, aunque se traducía en un aumento importante en el gasto de los hogares. Proponía también un impuesto especial a empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones anuales, con el objetivo de recaudar más de 30 veces ese monto con el fin de destinarlos a seguridad, educación y salud. Se anunciaron reducciones arancelarias para maquinaria y tecnología, así como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. En el ámbito laboral, se introdujeron nuevas modalidades de contratación que afectarían a futuros empleados y se redujeron las vacaciones para funcionarios públicos de 30 a 15 días.

Eso es tan solo una muestra de lo que proponía la administración de Moreno, quien entonces enfatizó en que todo el paquete eran decisiones necesarias y “postergadas durante décadas”, que buscaban un equilibrio entre la austeridad fiscal y el apoyo social. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, anunció que 300.000 familias recibirían un bono adicional mensual de US$ 15.

Imágenes de protestas en Ecuador durante 2019 (FOTO: Diariojuridico.com)

La respuesta fue el rechazo rotundo de las principales organizaciones de la sociedad civil, además de gremios, sindicatos y algunos partidos políticos. Vinieron, entonces, marchas multitudinarias, paros generales, enfrentamientos, violencia, destrucción, como la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, entre otros. Las movilizaciones duraron hasta el 13 de octubre, y en esos 12 días hubo casi 1.200 personas detenidos, 1.340 heridas y ocho asesinadas.

A diferencia de lo ocurrido en Chile, en Ecuador se logró un acuerdo entre el gobierno y los gremios involucrados en las protestas en un plazo acotado, lo que terminó con la anulación de algunas de las medidas más polémicas y, con ello, el fin de las protestas.

Para el historiador Juan Pablo Vásquez, doctor en Estudios Americanos y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, “el caso ecuatoriano es muy especial, porque es un país que vive cada cierto tiempo convulsiones de ese tipo. Si se revisan los últimos 30 años de su historia, no te vas a encontrar con un solo evento de estos, sino que varios. Ahora, igual hay procesos y contextos en común con el caso chileno”.

Vásquez se refiere a lo que pasó en Colombia dos años después.

Colombia, 2021: la otra estructura neoliberal que se tambaleó

El experto explica que entre todos los otros movimientos ocurridos en América Latina durante los últimos años, quizás el que más se asemeja a lo ocurrido en Chile fue el estallido social de Colombia en abril de 2021.

Fue en plena pandemia por Covid-19, y se inició por el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, la cual, para muchos, iba en desmedro de la clase media, ya que aumentaba los impuestos para este sector. Las manifestaciones, que en un comienzo se enfocaron en la eliminación de esa reforma, rápidamente se expandieron para abordar una variedad de problemas sociales y económicos mucho más profundo y estructurales, incluyendo la desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos exacerbados por la crisis sanitaria.

“El caso colombiano tiene más elementos en común con el caso chileno. Ambos tienen la característica de ser países donde el modelo económico neoliberal es muy profundo, con las políticas neoliberales más profundizadas, tanto en la institucionalidad como en la cotidianidad en el sentido común de las personas”, dice Vásquez.

Paro nacional en Colombia , 2021 (FOTO: Flickr de Oxi.Ap)

Aunque el gobierno de Duque retiró en cuatro días la reforma tributaria, las protestas se prolongaron hasta diciembre de 2021, y en ellas se registraron constantemente enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con más de 70 muertes y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que, al igual que en Chile, fueron acreditados y documentados por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra similitud fue el impacto que tuvo el movimiento ciudadano para el alzamiento de figuras políticas que proponían importantes cambios estructurales. En Chile fue Gabriel Boric; en Colombia, el actual presidente Gustavo Petro.

“Ambos casos también se asemejan en que, después de la revuelta, surgen en las elecciones presidenciales personas que figuran con proyectos políticos innovadores y cercanos al clamor popular y, una vez en el gobierno, tanto Petro como Boric establecen políticas más moderadas que las que planteaban, porque se encuentran con una serie de obstáculos para poder cumplir sus objetivos”, acota Vásquez.

El 18/O en el contexto internacional

Para entender cómo surgió el estallido social en Chile hay que comprender que había desde antes un gran descontento con la clase política y los pilares del sistema político-económico imperante desde la dictadura. Así lo plantea el sociólogo e investigador de la Universidad Católica de Temuco, Jorge Baeza: “Chile venia experimentando una situación que se estaba dando en diferentes partes del mundo, que consiste en una creciente situación de malestar fruto de la desigualdad que está instalada en muchos países. Un antecedente claro es la Revolución Pingüina de 2006 y las protestas universitarias del 2011; incluso se puede comparar con el movimiento de los indignados en España que protestaban en la conocida Puerta del Sol de Madrid”.

Todo esto, según Baeza se empezó a extender en diferentes rubros y sectores de la sociedad, como la salud, el trabajo, la vivienda y la educacion, entre muchos otros.

El factor común en todos esos casos, y en muchos otros más, es la percepción y frustración de mucha gente que siente que el Estado les ha fallado y no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas. Pero, ¿esto implica que el sistema político de esos haya colapsado o está en crisis? Baeza responde que “no tengo la posibilidad de decir con completa certeza de que hay un colapso. Primero, porque el sistema político en Latinoamérica tiene una muy fuerte capacidad de defenderse, y el núcleo del centro no ha logrado ser alterado porque existe una capa fuerte que ha permitido resistir y lograr sobrellevar esta clase de movimientos sociales. Lo que sí es notorio e incluso se aprecia viendo encuestas de los últimos días, es que aparece algo preocupante como el planteamiento de una parte de la población que cree que, ante ciertas circunstancias, es mejor un gobierno autoritario que un gobierno democrático, argumentando que esto trae más tranquilidad o que le da lo mismo el tipo de gobierno que tenga porque solo le importa mantener su trabajo”.