“La libertad de expresión es una de las manifestaciones más potentes que pueden existir de la dignidad humana. No existe un ser humano pleno si éste no puede efectivamente pensar, razonar y opinar de manera absolutamente libre. Recibir distintos tipos de información y formarse así una idea de la realidad”.

Con estas palabras, el abogado, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Alberto Precht, expresa la importancia que tiene el derecho a la información para el desarrollo de las sociedades y la gravedad que reviste cuando éste se ve amenazado. Algo que en cierta medida está ocurriendo hoy en Chile.  

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo publicó esta mañana dos artículos que dan cuenta de la preocupante situación actual del país en esta materia. En uno de ellos se muestra cómo ya son cerca de 300 los periodistas y comunicadores/as que han registrado ataques o detenciones arbitrarias e ilegales por el sólo hecho de ejercer su profesión durante el último año y medio (ver artículo). En el otro, se da cuenta de cómo Chile perdió en apenas un año tres posiciones en el ranking mundial que anualmente elabora Reporteros sin Fronteras, quedando en el puesto 54º, en el rango de naciones “con problemas significativos” en materia de libertad de expresión. 

Además, para entender en detalle el fenómeno, revisamos el duro análisis que hizo la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) en su último informe anual, donde da cuenta de graves y repetidos casos de agresiones, amenazas, censuras y diversas acciones efectuadas tanto por entes públicos como privados que vulneran el libre ejercicio de la prensa y el correcto acceso a la información pública (ver artículo). 

Es precisamente en ese último reporte que se señala que la pandemia ha afectado el acceso a información de organismos públicos, y que “el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó infracciones a la Ley de Transparencia por parte de organismos de salud y hospitales luego de haber fiscalizado a 25 de estos organismos. Según el CPLT, el 76,6% infringió la ley por ofrecer respuestas fuera del plazo determinado, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples. La fiscalización también encontró que un 87,1% de las solicitudes se registraron como vencidas y sin respuesta”. 

Ante esta información, Precht da a entender en esta entrevista con Puroperiodismo que si bien el problema existe, comparativamente la situación no es tan mala, aunque asegura que “siempre se puede hacer mucho más”.

Alberto Precht, director de Chile Transparente y académico de la cátedra de Derecho a la Información en Periodismo UAH.

—La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dedicó a Chile el capítulo más extenso y con mayor cantidad de casos de la región. Usted comentó que a pesar de la situación que vive Chile, considera que no estamos tan mal, pero cada vez son más notorios los problemas por los que atravesamos. ¿Qué lectura hace de esta situación? 

Hay que partir de la base que la RELE no hacía informes acerca de Chile, y que se empiecen a elaborar éstos con mayor profundidad demuestra que hay un resquebrajamiento del cuidado de los derechos fundamentales en nuestro país. Evidentemente, la libertad de expresión y la libertad de prensa se han visto afectadas por el abuso policial, por las señales de presión y, efectivamente, es una lástima que Chile vuelva a estar en el escenario global. 

Trabajando en una institución como Transparencia Internacional me toca ver todos los días cómo hay periodistas asesinados alrededor del mundo, y esperamos que en Chile no lleguemos a esa situación. Lo que están viviendo los periodistas, por ejemplo, de El Faro, bajo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, son señales mucho más alarmantes que las nuestras. No significa que tengamos que dejar las nuestras de lado; acá lo que tiene que pasar es que efectivamente la prensa pueda efectuar con libertad su trabajo y que el Estado no reprima su accionar, menos espiando a los periodistas. 

—El Observatorio del Derecho a la Comunicación registra cerca de 300 periodistas y comunicadores/as agredidos o detenidos desde el estallido social de octubre de 2019.

Por eso también es importante que se pueda educar mejor a la ciudadanía en el rol de la prensa. Ha habido muchos periodistas que han sufrido por el solo hecho de ir a cubrir una manifestación y por trabajar en un determinado medio, y eso también -aunque no es una violación de derechos humanos- habla de una tensión con ciertos medios de comunicación. Al final, quien está ahí es un periodista haciendo su trabajo.  

Si hablamos de libertad de expresión tenemos que saber que los grandes medios tienen esa libertad editorial, y que así como hay que cuidar la de Interferencia, La Red, la de Opal o la de cualquier medio independiente, también hay que cuidar la de Mega y Canal 13, en el sentido de que el trabajo de un periodista es casi sagrado para que efectivamente una sociedad democrática pueda funcionar de buena forma. 

—Pero la mayoría de esos casos tienen que ver con acciones vulneratorias por parte de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué efecto tiene este panorama represivo y violento sobre el ejercicio de la prensa? ¿Qué recomendación puede dar?

La Ley de Prensa permite que sea fácil constituir un medio de comunicación, por lo que les he recomendado a muchos periodistas de medios alternativos que inscriban sus medios bajo esa ley. Eso debiese hacer que el fiscal se inhiba de la persecución penal. Pero antes de la persecución penal hay una detención y represión de la prensa que es inaceptable, y cuando un periodista o un cámara está sacando fotos, Carabineros no debería caer en los abusos que ha caído. 

Más grave sería -y, lamentablemente, ha pasado- que un fiscal levante cargos contra ese periodista, cuando eso no debiese ocurrir. Por lo mismo, deberíamos formalizar todavía más el trabajo de la prensa, para que los fiscales puedan decir desde un primer minuto ‘esto no corresponde, lo archivo, y que la prensa pueda seguir haciendo su labor’. 

—¿A qué cree que se debe ese actuar policial? 

Los abusos contra la prensa no son nuevos, y eso habla de una falta formativa en Carabineros. También hay una ilusión del actuar policial que cree que se puede actuar con una determinada impunidad que ya no existe. El Estado debiera defender los derechos fundamentales, y cuando esos derechos son vulnerados, uno esperaría que tal como se ponen acciones contra alguien que quemó un edificio, se pusieran también con mayor firmeza por parte del Consejo de Defensa del Estado con aquellos carabineros que han vulnerado, en este caso, la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa.

—La RELE también pone énfasis en las denuncias sobre la falta de acceso a la información y el manejo de la pandemia en Chile. ¿Cómo considera que estamos en materia de acceso a la información vía Ley Transparencia? 

Nunca es suficiente. Hay estudios que señalan que Chile es el cuarto país con mejor acceso a la información en cuanto a la pandemia. Y efectivamente acá hay estadísticas, hay números. Eso se debió a la presión de muchos periodistas, entre ellos Alejandra Matus, que llevaron a cabo investigaciones que lograron que el Estado expusiera. 

Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que no hay información en general. Desde Transparencia Internacional hemos solicitado en más de 80 países información de acceso a la vacuna, y en todos nos han negado la información de los contratos, por ejemplo. Es bastante frustrante, porque no hablamos solamente del entorno latinoamericano; cuando le pedimos documentos a la Unión Europea, lo que se nos entrega está completamente tarjado. Entonces, por distintas razones, los estados han optado por tener mayores niveles de secreto. Claramente el acceso a la información se ha visto afectado y los plazos han sido más largos no teniendo que serlo. Ha habido una ralentización en la entrega de esa información. Sí hay que valorar que, cuando uno ve comparativamente, incluso con países grandes e importantes, la data chilena es de bastante calidad. Pero bueno, siempre se puede hacer muchísimo más, sin duda.

De transparencia, Fuerzas Armadas y espionaje a periodistas

—Usted hizo una charla en el Ejército un par de días antes del estallido social, donde se refirió a los ‘porqués’ clave en la institución que no son respondidos, ¿cómo lo sopesa ahora?

Las instituciones armadas son fundamentales en los países; que a uno le gusten o no, es otro tema. Por lo mismo, creo que uno tiene que trabajar con y no contra ellas, y esto significa ser activo vigilante y denunciante a las mismas. Claramente, para el Ejército y el mundo armado y uniformado, el paso de la opacidad a la transparencia es un cambio cultural muy duro. Es mucho más complejo de lo que vivió el Estado desde 2009 [con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia], que ya fue un cambio bastante traumático. Estos cambios toman tiempo. 

Cuando hay transparencia, lo que a primera luz se descubre son más las anomalías que las virtudes, y eso ha ocurrido en el Ejército. Por el buen trabajo de la prensa -toca sacarse el sombrero por el trabajo de Mauricio Weibel [quien destapó el llamado Milicogate]-, salieron a la luz estas cosas ocultas que permitieron develar otra serie de conductas. Eso lleva a que el Ejército tenga que tomar una decisión más bien institucional. Es una tensión permanente, y desde Chile Transparente tratamos de apoyar a que el Ejército resuelva esa tensión hacia la transparencia en su funcionamiento diario, sobre los privilegios que pueden tener y el por qué existen para así poder explicarlos de buena forma o ir eliminándolos.

—Respecto a los casos de espionaje por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) hacia periodistas, y que el juez Juan Antonio Poblete, que aprobó las intervenciones, tuviese conocimiento de esto, pero que ahora lo revele de forma tal para exorcizar al Ejército, ¿qué opinión tiene sobre este tema particular?

Acá el juez Poblete o fue engañado o se dejó engañar, y ambas cosas son graves. Las leyes de inteligencia existen y tienen su razón de ser, y por lo mismo los criterios tienen que ser muy exigentes para que se autorice este tipo de operaciones. Lamentablemente, en este caso y también en el Caso Huracán, hemos visto como el civil que está a cargo de dar estas autorizaciones no ha sido lo suficientemente exigente ni riguroso al otorgarlas. 

Hay muchas explicaciones que tienen que dar tanto el Ejército como el Poder Judicial. Y ha habido un silencio importante de la Corte Suprema, que uno esperaría que fuese más activa en cómo los jueces de las cortes de Apelaciones están dando este tipo de autorizaciones. Quienes hemos trabajado denunciando los casos del Ejército tenemos la duda de si el día de mañana podemos ser espiados por hacer nuestro trabajo.

—Poco después de conocerse lo del espionaje, vino la sátira de un general en un programa humorístico en La Red y la polémica por las cartas del Ejército y las otras ramas de las FF.AA. criticando el contenido e incluso indicando cómo debe ejercerse el derecho de la libertad de expresión. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, respaldó ese actuar y al día siguiente el ministro vocero, Jaime Bellolio, expresaba que el interés del gobierno era defender y promover la libertad de expresión ¿Qué señales concretas cree que ha dado el Ejecutivo en cuanto a esta materia? 

Cuando el ministro Bellolio señala que las FF.AA. pueden opinar libremente cuando se sientan ofendidas por el caso de una sátira, hay una señal que consideramos incorrecta. Las Fuerzas Armadas tienen un valor simbólico y una posición constitucional que hace que su actuar en la esfera pública deba ser totalmente cuidadosa, tratando de evitar este tipo de señales. Sin embargo, soy de los que sostienen que en Chile gozamos de una libertad de prensa y libertad de expresión a niveles comparativos bastante amplia. Tenemos que avanzar hacia el perfeccionamiento, a una mayor diversificación de los medios, y a no retroceder a estados anteriores en los que existía censura. 

—Respecto al anuncio que hizo el CNTV de levantar cargos contra La Red por la entrevista al ‘Comandante Ramiro’, acusando falta de pluralismo en la entrevista y porque ésta pudo afectar la democracia y la paz social, los mismos argumentos que se habrían esgrimido desde La Moneda para ejercer presiones al medio a través de un “telefonazo”. ¿Cómo lee usted esta formulación de cargos del CNTV?

Lo rechazamos absolutamente. Demuestra el anacronismo que tiene el Consejo Nacional de Televisión. ¡Ya tener un órgano específico que regule la TV, cuando hoy tenemos un sistema multi-medial, es bastante anacrónico! Partiendo desde ahí, ya vemos una anomalía. Además, jurídicamente no hay ninguna vulneración a las normas de la Ley de Prensa o del funcionamiento específico de los canales de televisión. El ‘Comandante Ramiro’ está en todo su derecho de poder dar la entrevista, y el canal de tomar la decisión editorial que quiera. Uno podrá criticar como televidente que la entrevista no fue incisiva o que no hubo contrapunto, pero que eso afecte a la libertad de expresión o a las normas que regulan a nuestra televisión, creo que es absolutamente incorrecto y lamento que el CNTV, con esta señal, pueda afectar las líneas editoriales de los canales de televisión.

—¿Dónde está el límite? ¿Los hay?

Los únicos límites que tiene la libertad de expresión son muy específicos y están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos: en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos límites? El discurso de odio, que es distinto del discurso odioso, es decir la promoción activa de la violación de la dignidad de una determinada comunidad; el afectar el derecho de menores como la promoción de pornografía infantil, de la pedofilia; y el incentivar la guerra. Y en este caso, estando en contra de los dichos del ‘Comandante Ramiro’, como persona y televidente, ese es el único juicio que puedo hacer, pero él no promovió ningún discurso de odio, ni que afecte la infancia ni que promueva la guerra entre chilenos.

Paulina Acevedo trabajaba esa noche en su computador cuando supo de una noticia en curso en el sector de Plaza Italia, a dos cuadras de su casa: después de haber sufrido repetidos ataques vandálicos en el contexto de las protestas ciudadanas, estaban retirando la estatua del general Manuel Baquedano. 

Eran cerca de las 23:00 del jueves 11 de marzo, en pleno toque de queda debido a la pandemia. Estando tan cerca, no lo pensó dos veces; tomó su credencial de prensa, su permiso único colectivo -que la autorizaba a trabajar a pesar de las restricciones-, se puso una mascarilla y partió a terreno para transmitir en directo para Radio Galáctika, una radio online independiente con sede en San Antonio donde Acevedo colabora en paralelo a su trabajo como periodista del Observatorio Ciudadano.

Mientras esperaba el enlace con la radio, captó para sus redes sociales registros de cómo todo se preparaba para que la enorme grúa, ya instalada, removiera de su base la imagen recién pintada de Baquedano y su caballo, y la elevara varios metros por el aire, llevándola lejos de donde nunca se había movido desde su instalación en 1928. Pero el enlace no se concretaba. Después de hora y media allí sin poder conectarse, volvió a su casa para cambiar el equipo e invitó a su hijo para que la ayudara a tomar fotos. Volvieron a la plaza y ahí estuvieron ambos junto a otros equipos de prensa, cubriendo sin problemas la noticia por al menos una hora. 

Pero en algún punto de la noche aparecieron dos manifestantes que desplegaron un lienzo. “Dignidad”, decía con letras rosadas. De inmediato fueron detenidos por Carabineros. Acevedo cuenta que se acercó para registrar con imágenes cómo los subían al carro policial, y que al darse vuelta vio que también se llevaban a su hijo. 

“Les pedí explicaciones y les señalé que yo era prensa acreditada, que él estaba conmigo haciendo registros, pero la policía no escucha. Observé cómo mi hijo era llevado con suma violencia. Uno de los policías señaló que le harían un control de identidad en la comisaría”, recuerda Acevedo.

Su hijo ya estaba arriba del carro policial mientras exigía que lo soltaran. Pero los carabineros no la escuchaban. Así que extendió su mano para que su hijo le pasara su cámara fotográfica. Fue entonces que la agarraron a ella, y mientras gritaba que era periodista, que tenía todos los permisos para ejercer su labor, a jalones la subieron también al vehículo. “Es imposible razonar con la policía”, alega. 

Una constante del último tiempo

Lo que le pasó esa noche a la periodista Paulina Acevedo está lejos de ser un caso aislado. Según antecedentes recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 se han registrado cerca de 300 casos de ataques por parte de fuerzas de orden público hacia la prensa mientras ésta ejercía su labor informativa. Esto ha ocurrido en distintas ciudades del país y ha afectado tanto a periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as como a otros/as profesionales de las comunicaciones. Las agresiones han sido principalmente con armas disuasivas y detenciones que en casi la totalidad de los casos han sido declaradas ilegales. De eso da cuenta un informe al que tuvo acceso Puroperiodismo, elaborado tras una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril representantes del Colegio de Periodistas y el presidente de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva.

Ver informe

El documento tiene por objeto exponer casos en los que la acción judicial se ha hecho presente en favor de la libertad de prensa en el contexto de las reiteradas agresiones a reporteros y periodistas, las que son definidas como “efectos restrictivos sobre la libertad de expresión”. En el informe también se expresa: “Los actos de violencia contra la prensa tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Para la realización del análisis, el ODC tomó en consideración los resultados de cuatro recursos de amparo y seis acciones de protección presentados a favor de profesionales de las comunicaciones en distintas cortes de Apelaciones del país. En la de Arica, por ejemplo, los autores se refieren a un recurso de amparo interpuesto a favor de tres periodistas que en octubre de 2019 fueron detenidas mientras ejercían en medio del toque de queda, de las cuales dos  fueron objeto de desnudamientos; de un fotógrafo que recibió el impacto de perdigones en su brazo y su abdomen, disparados por efectivos de Carabineros a menos de cinco metros de distancia; y también a un grupo de reporteros gráficos que, a pesar de mostrar sus cámaras en señal de aviso de que eran miembros de la prensa realizando su trabajo, fue reprimido con escopetas de perdigones. El recurso fue admitido parcialmente y derivó en un sumario a cargo de Carabineros y una investigación penal a cargo del Ministerio Público que fue formalizada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Arica.  

También se considera, entre otros, el caso de dos fotorreporteros que cubrían las protestas sociales y que recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el cese de actividades de inteligencia policial en su contra. En su caso, aunque el recurso fue inicialmente acogido por el tribunal, la Corte Suprema lo terminó revocando por ser supuestamente improcedente, en un fallo donde -dice el informe de la ODC- no existirían los fundamentos suficientes. La decisión judicial que dejó el caso en nada derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que analizó en profundidad el caso chileno en el último informe de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde en las 19 páginas que le dedica al país se da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura” (ver artículo en Puroperiodismo).       

Concluye el reporte del ODC: “De las acciones identificadas (10) sólo en uno de los casos se acogió parcialmente la petición, el resto de recurso fueron rechazados (3), inadmitidos (5) o reconducidos (1). En términos generales cabe afirmar, que en el periodo analizado, tanto el recurso de amparo como el de protección han resultado ser acciones ineficaces para proteger a quienes realizan la labor informativa frente a restricciones por parte de agentes del Estado. Ya sea por la inadmisión o por el rechazo de las acciones interpuestas, los órganos de justicia no han ejercido ninguna de las amplias facultades de las que disponen para tutelar los derechos fundamentales, evitando declarar la vulneración de derechos o la ilegalidad de las conductas reprochadas. Solo en uno de los casos se acoge, parcialmente, las peticiones de los recurrentes, ordenando la apertura de sumarios administrativos o investigaciones, entre otras medidas”. 

De los casi tres centenares de casos registrados por el ODC entre octubre de 2019 y marzo de 2021, la mayor parte ocurrió en Santiago y, además de detenciones arbitrarias, incluyen agresiones con el uso de proyectiles, gas pimienta y carros lanza agua. El detalle desglosado considera 27 detenciones y 103 agresiones -dos de ellas con trauma ocular y pérdida de visión en uno de los ojos- entre el estallido social y diciembre de 2019; 75 detenciones y 21 agresiones durante todo 2020; y 22 detenciones y 38 agresiones en los tres primeros meses de este año.

Datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC)

La excusa del artículo 318

A las 11:45 del 29 de marzo, el periodista Javier Arroyo llegó a las afueras de la Cárcel El Manzano, en Concepción. Se había programado una convocatoria para un punto de prensa relacionado a una persona privada de libertad en el contexto del estallido social. Cuando Arroyo arribó no había nada más que dos retenes móviles y algunos policías parados alrededor de los vehículos. 

El periodista del diario Resumen llamó por teléfono para corroborar si en algún momento había alcanzado a llegar alguien. Justo en ese momento recibe un mensaje de parte del medio explicando que los asistentes habían sido detenidos en el lugar. Él iba a responder ese mensaje cuando se le acercó un capitán de Carabineros para preguntarle qué hacía allí. Arroyo le explicó que estaba reporteando y le mostró su permiso temporal-colectivo que dispuso el medio, la credencial de reportero y su cédula de identidad. El oficial le respondió que no existía un permiso para reportear y que además el giro de la empresa era “publicidad y comunicaciones”, así que bajo ningún punto de vista su presencia se justificaba ahí.

El oficial explicó además que por las condiciones sanitarias respectivas a las fase 1 del Plan Paso a Paso, el punto de prensa era imposible. Mientras tanto, Javier Arroyo comenzó a grabar un audio de whatsapp para Resumen en el que le solicitó al capitán de apellido Espinoza que le explicara qué documentos debía tener para salir a reportear, a lo que él respondió que no daba cuñas. De un momento a otro, en palabras del periodista, “la situación comenzó a escalar”, y de ello quedó el siguiente registro:

🔴 #GRAVE • Carabineros detienen ilegalmente a reportero de Resumen pese a contar con salvoconducto mientras desempeña su labor.

Uno de los responsables es el capitán C. Espinoza, Concepción.

¡No mas ataques a la prensa alternativa! @rsumen pic.twitter.com/GRhOD2WVVs

— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 29, 2021

Acto seguido: Arroyo es detenido por Carabineros. Se resiste. Llegan al lugar más efectivos que, a la fuerza, lo suben al carro policial. El reportero del diario penquista pidió las justificaciones de su arresto, ante eso le respondieron que su detención se debía al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las restricciones sanitarias. Aquel argumento esgrimido para su detención no era cierto y se los hizo notar, porque sí llevaba consigo todos los documentos al día. “Entonces, la detención es por desacato”, recuerda el periodistas que le respondieron.  

Arroyo fue llevado a la 2ª Comisaría de Concepción, donde lo tuvieron retenido cerca de cuatro horas, para luego dejarlo ir sin cargos. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Paulina Acevedo un par de semanas antes, pero en Santiago, mientras cubría la remoción de una estatua.

Cuando ella y su hijo llegaron a la 19ª Comisaría de Santiago, les incautaron sus equipos de reporteo. A él lo dejaron salir entre las 5:00 y 6:00 del viernes 12 de marzo, pero a ella, que tenía toda la documentación en regla para trabajar a pesar de las restricciones de movimiento, se lo hicieron más difícil: pasaría a control detención por supuestamente infringir el artículo 318 y resistirse a la detención, así que debía ir a constatar lesiones. Estuvo encerrada con una veintena de personas en la comisaría por cerca de 14 horas. 

Cuando fue al control de detención, ella y su abogada se percataron de que el parte había sido adulterado, y que ahora se le imputaba haber participado en las manifestaciones que ocurrieron esa noche en la llamada Plaza Dignidad. Ella lo negó tajantemente, señalando que incluso había transmisiones en directo que mostraban que en ningún momento participó de los actos que le fueron imputados. En todo caso, “incluso, las personas que participaron de esos hechos fueron sobreseídas porque estaban en su derecho a expresarse”, cuenta.

Su caso fue desestimado y Acevedo quedó sin cargo alguno.

“Hay un uso excesivo de la fuerza y un procedimiento irregular. No hubo situación que amerite mi arresto, y así lo dijo también en la audiencia el juez de detención y la misma fiscalía, al ver las pruebas que otorgaba la policía. Los cargos realizados eran inexistentes y, por lo mismo, debía ser puesta en libertad”, dice a Puroperiodismo. 

“No tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas”

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dice que la mayoría de las detenciones hacia reporteros son por desórdenes o desórdenes graves en contexto de coberturas de protestas sociales o actos en contexto de pandemia, lo que significa tener que pasar una noche entera en un calabozo. De hecho, él mismo fue formalizado por esa razón el 1 de mayo de 2020.

Ahumada expresa además que “en casos como el mío hay querellas criminales: el intendente de la Región de Valparaíso [Jorge Ramírez] se querelló contra mí por supuestos desórdenes graves y por infringir el protocolo del Covid-19. Esto generó un proceso de investigación que duró prácticamente un año. En marzo recién se determinó no seguir la investigación, por lo que quedé sin ningún cargo”. 

Por eso fue que, en su calidad de dirigente del gremio, se juntó con el fiscal nacional Jorge Abbot para solicitarle que el Ministerio Público no avanzara en investigaciones contra periodistas, salvo que existan delitos comprobados o presunción de delitos.

El abogado Carlos Reusser, profesor de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, reconoce la situación y señala que el tema se vuelve aún más complejo cuando en las detenciones arbitrarias existen violencia física o acusaciones falsas de por medio.

“Si tú me dices que un periodista que está haciendo su trabajo es detenido ilegalmente para evitar que siga ahí, esto es un delito previsto por la ley de prensa. Si estás hablando de torturas, es otro tipo de vulneración que se encuentra en el Código Penal (apremios ilegítimos), y ante eso los periodistas pueden -y deben- reclamar. Si se están cometiendo delitos contra los periodistas por la policía es porque estos no se querellan”, dice Reusser.

Ante la pregunta de si es razonable endurecer la ley contra carabineros que realizan detenciones ilegales o levantan acusaciones falsas para justificar su accionar en contra de la prensa, Reusser dice: “La ley prohíbe el apremio ilegítimo, la ley prohíbe que los funcionarios públicos impidan la labor de periodistas. Esto no tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas: de cómo se construye Carabineros, qué respaldos le das, cómo les permiten seguir haciendo lo que hacen. No tiene que ver con cambios legislativos, son temas políticos y de sus instituciones”. 

Puroperiodismo se comunicó con Carabineros para solicitar una respuesta oficial por parte de la institución respecto a los protocolos y las repetidas acciones que han tomado contra periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as durante el último año y medio, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La contraofensiva

Tras su experiencia, Paulina Acevedo tomó acciones legales contra Carabineros. Alega que haber sido detenida y esposada, trasladada a un calabozo de una comisaría y después al Centro de Justicia para su control de detención, fue una vulneración de sus derechos y algo que le afectó profundamente. “No es decir ‘ya está, fui sobreseída y la causa fue archivada’. Son horas perdidas que nadie me devuelve”, dice, y asegura que perseguirá las responsabilidades de los policías involucrados hasta que se establezca que Carabineros falsificó un documento que presentó ante el tribunal, delito que se define como falsificación de instrumento público. 

Pero la anterior es sólo una de las razones que la motivan a iniciar una contraofensiva. Su otra motivación es que “con esta querella busco que los periodistas y comunicadores denuncien. Si las denuncias empiezan a surgir, la justicia no las podrá eludir. Mi caso reviste diferentes elementos que podrían provocar una sanción a Carabineros, y lo busco es estimular a otros colegas”. 

Acevedo aseguró a Puroperiodismo que efectuará una denuncia en la propia institución para que se haga un sumario administrativo. 

En el caso de Javier Arroyo, Carabineros expresó que él se había opuesto a la detención y que también se le había solicitado otro documento, un contrato o certificado laboral. El periodista sostiene que ese punto es falso, porque el certificado laboral lo llevaba con él el día que lo detuvieron en Concepción. Eso lo agregó al recurso de amparo que presentó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Carabineros. “El documento lo tenía en formato pdf, de hecho lo utilicé al día siguiente para ir a vacunarme”, cuenta Arroyo recordando esto último ya como una anécdota. 

Carlos Reusser reafirma esta idea: “Nadie va a abogar por la vulneración de derechos que sufres, entonces son los mismos afectados quienes deben querellarse derechamente. Si renuncian a ese ejercicio no hay nada más que hacer”.

Ante la repetición de casos en que se han vulnerado los derechos de profesionales de las comunicaciones mientras ejercen su labor informativa, el ODC elaboró un instructivo básico para comunicadores, con recomendaciones e indicaciones paso a paso para conocer los protocolos de Carabineros y saber cómo prevenir o cómo proceder ante una posible detención. El documento íntegro lo pueden encontrar a continuación:

El 8 de enero de 2020, La Tercera titulaba una nota: ¿Fin al misterio? Neumonía china sería causada por un coronavirus similar al Sars. La noticia era quizás la primera señal de una nueva realidad que aún no éramos capaces de vislumbrar. Luego de 15 días, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, tomaba las primeras medidas de resguardo ante un posible arribo del virus al país. El 7 de febrero el gobierno de Chile decretó alerta sanitaria en todo el territorio nacional. Todavía no había casos en Chile, pero era cosa de tiempo, y ese tiempo se venció el 3 de marzo, cuando se confirmó el primer infectado en el país: un médico de San Javier de 33 años que hacía poco había regresado de un viaje por el sudeste asiático. 

Así se ilustra el comienzo de la cobertura de la pandemia en el estudio “Covid-19 y los medios en Chile: La Pandemia en Redes Sociales”, que desarrolló un grupo de académicos y académicas de las universidades Católica de Valparaíso, Alberto Hurtado y Austral. En la cronología de la trama del coronavirus en Chile, esos parecieran ser los primeros eslabones. 

El informe “compara la presencia de diferentes tipos de fuentes informativas en la cobertura de Covid-19 por parte de los principales medios de información chilenos en sus redes sociales, analizando las voces que narraron la crisis a lo largo del 2020 y su relación con la propia evolución de la pandemia”. Para ello, los y las investigadoras definieron a nueve medios en distintas plataformas: televisión, radio, periódicos y sitios web de noticias, y analizaron sus redes sociales desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, revisando 168.250 posteos sobre el virus que se ha expandido por todo el mundo, dejando a la fecha un saldo de casi 133 millones de personas contagiadas y más de 2.886.000 muertes, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.  

El análisis arrojó que las fuentes predominantes para cubrir la pandemia fueron las de carácter político: seis de cada diez eran figuras relacionadas a este ámbito, también organizaciones del Estado y la administración pública o autoridades sanitarias del país. En segundo lugar, estuvieron las fuentes de salud, distanciándose de forma considerable de otra clase de voces, como las ciudadanas, académico-científicas y económicas. 

Los medios seleccionados fueron: Radio Bío Bío, Canal 13, CNN Chile, Radio Cooperativa, El Mostrador, La Tercera, Las Últimas Noticias (LUN), Mega y TVN. Respecto a este último canal, se precisa en el estudio que si bien no lidera las listas de audiencia, fue agregado por su función de servicio público y vinculación formal con el Estado.

En comparación a otros países de Latinoamérica, Chile es un país que da considerablemente más relevancia a fuentes de carácter político (con un 58%), por sobre Brasil (52%) o México (51%). Esa diferencia se hace aún más notoria con países que tienen democracias avanzadas como Estados Unidos (46%), Reino Unido (48%) o Alemania (47%).  

En la edición 2020 del informe Digital News Report, elaborado por Reuters Institute y la Universidad de Oxford (Reino Unido), los chilenos relacionan a los medios de comunicación con la élite, el poder y la difusión de noticias falsas. Además, un 70% de la población nacional dice desconfiar de lo que lee, escucha y ve en los medios (ver artículo). 

Bajo ese contexto de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia los medios de comunicación, es que este estudio se propone deshilar el espectro de voces, y así evidenciar la existencia o falta de pluralidad en la cobertura, aquellas con mayor influencia y el posible impacto en la población.

Uso de fuentes: poco espacio y la supremacía política en el relato

Las fuentes son esenciales a la hora de construir un relato, pues de éstas se pueden obtener datos y una narrativa de los hechos. Sin embargo, en las publicaciones que hubo en las redes sociales de los medios a la hora de cubrir la pandemia y que fueron analizadas para el estudio, el uso de voces fue limitado: sólo un 35,1%  de los posteos incluyeron el uso de éstas.

En esa misma línea, el mayor uso de fuentes se produjo durante el segundo trimestre de 2020, periodo que marcó el peak de contagios de la primera ola de la pandemia en el país. En el estudio explican que este resultado se debe a una mayor cobertura dada al Covid-19 por parte de los medios.

En las publicaciones de redes sociales de los nueve medios analizados, las fuentes políticas y de salud ocuparon siempre el primer y segundo puesto, respectivamente. A pesar de ese caso puntual, se mantuvieron los puestos de manera estable, independiente a los hitos que fueron marcando pauta en el acontecer noticioso. Mientras que las fuentes políticas significaron el 58% del espectro total considerado para el estudio, las voces de salud sólo representaron el 13%.

De esa forma, una de las conclusiones expuestas por parte del grupo de investigadores e investigadoras fue que la crisis sanitaria se tornó predominantemente un tema político.

A pesar de lo útil que puede ser para una sociedad en contexto de pandemia que existan voces del ámbito académico-científico, que puedan guiar e iluminar frente a ciertos temas, estas fuentes alcanzaron a ser apenas un 6% del total, la misma proporción que alcanzaron las relacionadas a la ciudadanía, mientras que las económicas aparecieron en el 5% de los mensajes analizados. 

Del resto del espectro de voces -que en el estudio se categorizan en: celebridad, deportivas, legal, policial/seguridad y sociedad civil-, ninguna supera el 3% de la presencia en la cobertura noticiosa del Covid-19 en redes sociales.   

En el estudio se precisa que la presencia de fuentes ciudadanas, académico-científicas y económicas respondieron a hitos y necesidades particulares. Por ejemplo, las fuentes ciudadanas tuvieron un peak mientras se quiso relatar las necesidades, las ollas comunes y las complicaciones sanitarias. El siguiente punto alto fue en torno al tema vacacional en diciembre y las “fiestas clandestinas en el litoral central”. Por otro lado, el momento de mayor presencia de las fuentes académico-científica fue entre los meses de abril y octubre, para luego comenzar a decaer. Por su parte, las voces económicas se alzaron en la cobertura cuando se discutían los primeros dos retiros del 10% de las AFP y cuando se evidenciaban los estragos financieros producto de la pandemia.

Diferencias entre redes y plataformas

Hay diferencias significativas entre las cuentas que utilizan los distintos medios en Twitter, Instagram y Facebook a la hora de cubrir la pandemia. Cada plataforma ofrece distintas posibilidades y cualidades en cuanto a su forma y capacidad de construir un relato. También hubo claras diferencias en las redes sociales en el espacio que los medios dispusieron a “voces autorizadas” para construir una narrativa. 

Del total de publicaciones en Twitter, solo el 21% utilizó alguna clase de fuentes; en Facebook fue el 40%; y en Instagram fue el 69%. Esta última se distanció debido al fuerte uso de imagen y porque su formato permite informaciones más detalladas.

La televisión como plataforma suele utilizar significativamente un mayor número de fuentes, pero en redes sociales son los medios online los que incluyeron proporcionalmente más espacios para sumar voces en la cobertura de la pandemia. El panorama respecto a la inclusión de voces por cada publicación -y por cada medio de forma particular- queda dispuesto así: Biobiochile.cl (30%), Canal 13 (29%), CNN Chile (47%), Cooperativa (23%), El Mostrador (48%), La Tercera (29%), LUN (27%), Mega (36%) y TVN (43%).

Manteniendo la jerarquía de las fuentes políticas y luego de salud, las voces privilegiadas por los medios impresos y los on-line fueron las académico-científicas. Mientras, la televisión y la radio dieron mayor espacio a las voces ciudadanas.

Resalta en el estudio la jerarquización que hizo LUN respecto a la cobertura de la pandemia y la utilización de fuentes, pues resultó ser el único medio que privilegió a voces de salud por sobre las políticas. En la investigación, se detienen en este punto para analizarlo y decir: “En particular se destaca la presencia de médicos que se volvieron figuras populares y voces autorizadas de la pandemia”, como por ejemplo el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la UCI en la Clínica Indisa.

¿Quiénes fueron los más citados?

A continuación serán desgranadas las categorías con mayor relevancia a la hora de cubrir la pandemia, y se podrá evidenciar qué organización o personalidad tuvo mayor espacio en el discurso público a través de nombres concretos. No es extraño que siete de los 10 nombres más citados correspondan a fuentes políticas, y entre ellos sólo haya una fuente de salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los 10 nombres u organizaciones más citados para cubrir la pandemia durante 2020 fueron (a partir de aquí, el orden será del más relevante al menos relevante): 

1. Ministerio de Salud (Minsal)
2. Presidente Sebastián Piñera 
3. Exministro de Salud, Jaime Mañalich 
4. OMS
5. Ministro de Salud, Enrique Paris 
6. Donald Trump (ex presidente de Estados Unidos)
7. Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza 
8. Carabineros de Chile 
9. Jair Bolsonaro (Presidente de Brasil) 
10. Colegio Médico

En las fuentes de salud más mencionadas hay ocho instituciones y solo dos personalidades y entre las menciones a centros hospitalarios destacan tres clínicas privadas y sólo un centro público. En el estudio, el equipo de autores señala que a partir de lo anterior “se devela la construcción mediática de la pandemia a partir de las élites económicas”. 

Estos son los nombres con más presencia: OMS, doctor Sebastián Ugarte, Consejo Asesor Covid-19, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Tedros Adhanom (director general de la OMS), Clínica Indisa, Clínica Alemana, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Hospital San José y Clínica Las Condes.

En el área académico-científicas de los 10 nombres más citados, cuatro pertenecen a personalidades, todos hombres (dos rectores de universidades y dos científicos reconocidos por acercar la ciencia a la cultura popular). Tres son universidades chilenas, una universidad extranjera, el Instituto Johns Hopkins que generó un sistema de monitoreo de la propagación del virus y la revista científica Lancet. Las fuentes más citadas en esta categoría son: 

1. Universidad de Oxford
2. Universidad de Chile
3. Universidad Católica
4. John Hopkins Institute 
5. El astrónomo José Maza
6. Lancet 
7. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica
8. Universidad de Concepción
9. Gabriel León
10. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. 

Entre las fuentes de carácter económicas figuran dos hombres como las únicas personalidades dentro de las 10 más citadas en la cobertura de la pandemia. En esta categoría hubo preponderancia de fuentes extranjeras por sobre las fuentes locales. La categoría se dispone así: Pzifer, Codelco, Cámara Nacional de Comercio, Netflix, Disney, Google, Astrazeneca, Bill Gates, Latam Airlines y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil.

Las fuentes ciudadanas fueron utilizadas como ejemplos para narrar a partir de ellas alguna historia. Por lo tanto, su presencia dentro del espectro de fuentes pasa a ser un concepto para hablar de desprotección social o de los efectos de la pandemia en la población. Así se configuran las fuentes: familias/familiares, pacientes, vecinos, adultos mayores, estudiantes, pasajeros/viajantes, encuestados, padres, clientes y turistas.   

Por último, están las 10 fuentes políticas más citadas. De ellas, ocho son personalidades y sólo una es mujer. Las fuentes ordenadas quedan dispuestas así: Minsal, Presidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Enrique Paris, Donald Trump, Paula Daza, Bolsonaro, ONU, Joaquín Lavín e Ignacio Briones. 

Descargue aquí el informe completo en pdf.

La noche del 15 de marzo, el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, emitió una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que cumple dos condenas de 15 años de presidio por el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) y el secuestro del dueño de El Mercurio, Cristián Edwards, ambos en 1991. En la entrevista que cedió vía Zoom desde la sección de mayor seguridad con que cuenta el sistema penitenciario chileno, habló de sus apreciaciones sobre la actualidad política, justificó las acciones delictivas que cometió en Chile tras acabarse la dictadura de Augusto Pinochet y denunció las extremas condiciones carcelarias en las que vive, con un régimen de encierro creado exclusivamente para él.

Más allá del contenido de sus dichos, el sólo hecho de que apareciera hablando en un canal de televisión bastó para generar una dura ofensiva política desde la derecha que varios expertos han considerado una afrenta contra la libertad de expresión.  

A la mañana siguiente, los diputados Javier Macaya y María José Hoffman, presidente y secretaria general de la UDI, respectivamente, golpearon las puertas de La Moneda para exigir un pronunciamiento oficial sobre la entrevista. No demoraron en hacerlo. Su correligionario y vocero de gobierno, el ministro Jaime Bellolio, en un punto de prensa condenó que se haya realizado la entrevista: “Una verdadera franja del odio y la apología a la violencia; una justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos distintos. Es inaceptable”.

🔴 AHORA | Ministro Bellolio por polémica entrevista de Hernández Norambuena: «Es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador»

Más detalles en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/T0RHw3HXCM

— CNN Chile (@CNNChile) March 16, 2021

Puroperiodismo conversó con tres expertos para intentar responder algunas preguntas que dejaron abiertas tanto la entrevista a Hernández Norambuena, el tratamiento que se hizo de la misma y la reacción que generó en el mundo político, que no sólo implicó declaraciones públicas desde la UDI y La Moneda, sino que también habría incluido una llamada hecha por una estrecha asesora del Presidente Sebastián Piñera al dueño de La Red, para manifestarle su molestia por los contenidos del canal. Por un lado, Juan Cristobal Peña periodista, director del Magíster de Escritura Narrativa del Departamento de Periodismo UAH y una de las personas que más ha investigado en Chile el rol y las dinámicas del FPMR durante las décadas del ‘80 y el ‘90 -es autor de los libros Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros-. Por el otro, Alfredo Sepúlveda, periodista, académico y escritor, quien ha impartido clases en la Universidad Alberto Hurtado sobre ética periodística. Y por último, Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas. Lo que sigue es lo que respondieron.  

¿Es pertinente entrevistar a un asesino que cumple condena?

Peña considera que el revuelo generado sobre la validez de la entrevista es desajustado, porque efectivamente es de interés público, y puntualiza: “Hernández Norambuena es de relevancia histórica por lo que hizo, por lo que protagonizó (…), y por lo que significó la violencia política de los años ochenta y noventa, que no sólo vino de los grupos subversivos, sino que también de lo que quedaba de la CNI y la DINE”.

Frente a la misma pregunta, Sepúlveda asegura que “una entrevista es sólo eso, siempre es válida si tiene relevancia pública. Sin perjuicio de todo lo anterior, antes que la ética periodística está la ética general. En este caso concreto, hay por parte del entrevistado una idea que no puede ser dejada colgada ahí, libre de cuestionamiento, que es la pertinencia del asesinato político. Discutir si en algunos casos corresponde usar el asesinato político es como discutir la pertinencia del Holocausto o de la discriminación por razones de preferencia sexual. El discurso de Hernández Norambuena no es ‘un discurso más’”.

Por su parte, Ahumada respondió que “lo de Hernández Norambuena es de interés público y merece ser retratado en los medios. Eso no significa que se haya hecho un juicio de valor sobre si lo que hizo fue correcto o no. Estas entrevistas están pensadas para generar debate ciudadano en torno a lo inmediato de su caso”.

Aunque en este punto los tres consultados estuvieron de acuerdo, no fue así respecto a la forma en la que se realizó la entrevista, dejando entrever una posible condescendencia con el exrodriguista. La pugna también tuvo su espacio en Twitter, con el hashtag #ApagaLaRed. ¿Resultado? El programa Mentiras Verdaderas, conducido por el también periodista Eduardo Fuentes, lideró el rating la noche del martes 16 de marzo.   

¿Cuánto tolera la libertad de expresión?

Mauricio Hernández Norambuena reconoció en la entrevista a Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas que el asesinato de Jaime Guzmán fue un error político, aunque reivindicó la decisión desde un punto de vista ético, definiéndola como un ajusticiamiento. 

Alfredo Sepúlveda dice “que el señor Norambuena reivindique el asesinato es una discusión ética abierta, y no debiese ser censurado. Pero, sí debe ser contrarrestado en la praxis periodística; es decir, si este señor dice que es justo asesinar a otra persona, un profesional de las comunicaciones debería poder cuestionarlo, respondiendo quizá: ‘¿Cómo es posible que usted sostenga esa idea?, ¿usted no pretendía derribar una dictadura que hacía lo mismo?’. La respuesta ética del periodismo no es la censura, sino que contrapreguntar”.

Juan Cristobal Peña cree que el problema de la entrevista fue que faltó confrontación hacia el exguerrillero. “Era importante indagar en las responsabilidades que le cabían al Frente -y particularmente a la dirección de la cual Hernández Norambuena formó parte- en la muerte y desaparición de Luis Arriagada Toro, acusado de alta traición. Eso es uno de los temas que habría sido importante que él diera cuenta a nivel público, como además en la muerte de muchos jóvenes en misiones que no fueron bien planificadas, que fueron improvisadas y voluntariosas”.

Una postura diferente plantea Danilo Ahumada. Él dice que definir la entrevista como condescendiente es subjetivo, que no se pueden contestar todas las preguntas y que además estaba claro el foco desde el principio. “El tono de La Red y el programa Mentiras Verdaderas, es un tono siempre condescendiente; no ponen a los personajes en formato de debate. Es importante identificar los géneros televisivos; para mí es más un talk show… Eduardo Fuentes fue un entrevistador, no buscó generar una apología a la violencia”.

Para este artículo intentamos contactamos con Eduardo Fuentes, quien declinó a emitir su opinión debido a que por decisión del canal, no podría dar declaraciones al respecto.

También se le consultó a los expertos sobre la falta de posturas contrapuestas en el panel mientras se desarrollaba la entrevista. Sobre este punto, Sepúlveda señaló que hay una mala práctica periodística, pero que fundamentalmente no hay ningún problema ético, aunque “es medio raro”, dice, y agrega: “Si lo analizas, hay un problema de sesgo, porque si no hay posturas contrarias, vas a tener un programa sesgado”. Para Peña, en cambio, no es tan así: “Hemos vivido los últimos 30 años bajo esta posición artificiosa del equilibrio político, equilibrio que no siempre es tal. No creo que los paneles deban necesariamente pretender tener equilibrios”.  

La llamada a La Red

El periodista y exdirector de El Mostrador, Mirko Macari, quien actualmente tiene un espacio regular en el programa Mentiras Verdaderas, denunció a través de su cuenta en Twitter que Magdalena Díaz, la exjefa de gabinete del Presidente Piñera que hace sólo unos días volvió a La Moneda con la misión de construir el relato que rescatará el legado de su segundo gobierno, llamó a las oficinas en Miami de Albavisión, el conglomerado de medios que encabeza el guatemalteco Remigio Ángel González y que en su red de canales que se expande por toda Latinoamérica está incluida La Red, para “quejarse por los contenidos”. 

Magdalena «la pollo» Díaz, jefa de gabinete de Piñera, llamó a la propiedad del canal La Red, en Miami, para quejarse por los contenidos. La clásica presión por arriba y en la sombra. Ahora irán por el avisaje. Dale RT para que estos hijitos de papá sepan que Chile cambió… — Mirko Macari (@mirkomacari) March 19, 2021

Macari acusa el hecho como «la clásica presión por lo alto y en la sombra». Puroperiodismo se contactó con Juan José Lagorio, subdirector de Prensa de la Presidencia, para confirmar la gestión de Díaz con los propietarios de La Red. Sin embargo, éste se excusó de responder señalando que había estado alejado de la oficina durante la última semana. 

Sepúlveda se refirió a este tema con cierta distancia: “Es feo y complicado lo que sucedió, pero los gobiernos tienen derecho a representar sus puntos de vista”. Además, señaló que sin conocer el tenor de la conversación es imposible establecer un juicio. 

“Las llamadas de los gobiernos a los medios son algo feo desde el punto de vista democrático, pero no son raras. Los medios de comunicación no son pobres damiselas que al telefonazo de un gobierno se asustan; son instituciones complejas que tienen algo que los gobiernos no: audiencias. Un editor siempre podrá recibir una llamada que marque presión, pero no es más que parte de la pega”, sentencia Sepúlveda.

Respecto a lo mismo, dice el presidente del Colegio de Periodistas: “La televisión ha sido muy parecida en cuanto a los contenidos, los entrevistados, las formas, los temas. Entonces, cuando aparece alguien que rompe el esquema, y aparece con otros discursos que fueron invisibilizados, genera estas fricciones y conflictos. La televisión ha estado siempre muy cercana a la élite política y económica. Pareciera que ellos pueden ser los únicos que tienen voz… podemos recordar el caso Spiniak”.

El periodista y escritor, Juan Cristobal Peña, considera que el principal problema es que el mundo político está dictaminando lo que es interés público, y esto queda a la vista con las presiones que está ejerciendo el gobierno contra un medio de comunicación. “Estas presiones están profundamente reñidas con una democracia sana”, concluye.

Vea a continuación la entrevista completa a Mauricio Hernández Norambuena en Mentiras Verdaderas:

“Son las cinco de la tarde… tres horas para las ocho de la noche… ¡Atención, Chile!, tres horas para las ocho de la noche”. 

En ninguna otra radio se daba la hora de forma similar. Había un mensaje “subliminal”, como lo llama el Premio Nacional de Periodismo 2011, Sergio Campos. De esta forma, Radio Cooperativa anunciaba por esos años que había una protesta en curso contra el régimen militar de Augusto Pinochet. Podía ser una marcha o un cacerolazo, pero no se decía directamente, sino que en código.

Tenían que arreglárselas para informar y eludir la censura. Pero no todo era soterrado. También informaban abiertamente de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los abusos del gobierno. Eran de los pocos que lo hacían. Esa mezcla de creatividad y valentía permitió que Radio Cooperativa quedara en el inconsciente colectivo del país como un medio que abogaba por la ciudadanía y la democracia en plena dictadura, como una plataforma informativa creíble cuando muchos otros preferían callar, y la voz de Campos, como un referente que se mantiene hasta hoy. 

Volvió la democracia y las décadas transcurrieron. Los ‘90, los 2000 y así en adelante. Durante todo ese tiempo, la radio que actualmente tiene sus estudios en el céntrico barrio Yungay, se ha mantenido entre las fuentes más confiables a la hora de entregar información. Así es hasta hoy. 

En la edición 2020 del informe Digital News Report, elaborado por Reuters Institute en conjunto con la Universidad de Oxford (Reino Unido), Cooperativa está entre los tres medios más confiables del país (ver artículo). Y es el único que ha figurado en los últimos años entre las 30 marcas que mayor confianza generan, de acuerdo con el 6º Estudio ICREO, de Almabrands.   

“No basta con ser el mejor, sino que se sepa”, decía el Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. 

A comienzos de diciembre, la Fundación Gabo -creada por el escritor-, otorgó el Premio Gabo a la excelencia periodística al equipo de Radio Cooperativa, uno de los reconocimientos más relevantes de la disciplina en habla hispana. ¿Por qué? Por el trabajo “de alta calidad que ha hecho una contribución relevante a la historia de la democracia chilena, así como por el ejercicio de un periodismo indispensable y con un claro espíritu de servicio público”, dice el comunicado.   

El galardón no sólo reconoce la trayectoria de las últimas décadas, sino también el papel protagónico que han tenido históricamente las mujeres en su equipo y “el tratamiento informativo creíble, juicioso y consistente desplegado desde octubre de 2019, cuando en Chile se inició el estallido social que desembocó un año más tarde en la convocatoria inédita a una Convención Constituyente, asumiendo en paralelo, además, desde marzo de 2020, una cobertura impecable de los hechos y efectos de la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus”.

Nunca antes el premio había recaído en una radio, y es la segunda vez que, en vez de un reconocimiento individual, el ganador es un equipo periodístico que hoy conforman 36 profesionales y que serán homenajeados en una ceremonia online a realizarse el 21 de enero de 2021.

Puroperiodismo conversó con algunos de sus integrantes para conocer cómo opera la radio que tras 85 años de existencia hoy se consagra como una de las mejores de Iberoamérica.   

Un poco de historia 

Era 2019, un viernes, 18 de octubre. Millones de personas quedaron atrapadas en Santiago entre protestas y desmanes, producto del cierre de la locomoción colectiva, a la deriva sin poder llegar a sus casas. El estallido social había comenzado. Un momento clave para la historia de Chile y también un hito para el periodismo nacional. Mientras la población cuestionaba a través de redes sociales, rayados de paredes o en señales en vivo a las distintas instituciones públicas y privadas, incluido el rol de los medios de comunicación, el equipo del Diario de Cooperativa -el noticiero que la radio transmite ininterrumpidamente desde los ‘70- volvía a reafirmar su posición con una labor sólida, inteligente y pluralista.

Para el lunes siguiente, ya estaban trabajando los periodistas Patricio Chacur y Paula Molina en lo que más adelante se convertiría en el podcast “Retratos de Octubre”. El propósito era tener un producto auditivo que fuese un fiel reflejo de la misión y valores periodísticos de la radio; con personajes con matices, que pudiesen exponer una visión novedosa del panorama, o casos emblemáticos del estallido por haber sufrido la violencia del Estado. Patricio Chacur dice haber invitado a los entrevistados a la radio, para que pudiesen conversar cara a cara, y así conocerse y generar un lazo de confianza.

Lo del estallido, en todo caso, es apenas una muestra reciente de todo el trabajo hecho, y que difícilmente se entiende sin mirar atrás.

Existen dos grandes momentos en los que Radio Cooperativa comenzó a definir el camino para transformarse en lo que es hoy. El primero fue en 1976, cuando la periodista Delia Vergara, junto a un grupo de periodistas y profesionales de la radio organizó y dio forma al Diario de Cooperativa, un espacio informativo que, según el acta del Consejo Rector de la Fundación Gabo que otorgó el premio, ha sabido ganarse la confianza plena de las audiencias por más de cuatro décadas y a través de las distintas crisis que el país ha atravesado, “al transitar desde la resistencia periodística con la voz de la verdad en tiempos de dictadura, al básico pero indispensable rigor informativo, equilibrado e imparcial, a partir de la recuperación de la democracia en 1990”. 

Luego, en 1980, se amplió el equipo para realizar tres ediciones diarias. A partir de ahí, Sergio Campos cree que han pasado -a groso modo- más de 500 periodistas por la radio. Por lo tanto, “en los últimos 20 años ha habido una rotación casi total del personal, sólo se han mantenido unos pocos”, señala Jorge Espinoza, el hombre ancla de Cooperativa en el Congreso. 

En los ‘90, el trabajo radial se complementó con la creación  de la plataforma web Cooperativa.cl, la expresión electrónica de todos los contenidos de la radio que existe desde 1935. 

Las historias no son unidimensionales. Chacur explica que siempre hay contradicciones y conflictos inherentes y ejemplifica esto a partir de una historia que recuerda del estallido social: 

“En la entrada del Bellas Artes había una fila de al menos dos cuadras. Me acerqué a una señora que estaba esperando, con mucho calor, secándose la frente. Le cuento que soy periodista y que me gustaría hablar con ella. Esta señora trabajaba como asesora del hogar en el barrio Bellas Artes, tenía que tomar el metro hasta el paradero 14 de Vicuña Mackenna, después una micro hasta la Plaza de Puente Alto y, de ahí, otra micro a Bajos de Mena, para llegar a su casa. Habitualmente tardaba una hora y media, durante esos días el trayecto demoraba tres horas y media. La señora no estaba enojada, al contrario. Tenía 60 años y me contó que si jubilaba ese año, su pensión iba a ser de 35 mil pesos. Y de alguna manera estaba entusiasmada con la frase ‘Chile despertó’”.

Espinoza, corresponsal en el Congreso, dice que trabajar para Radio Cooperativa es un aval de seriedad, un prestigio que exige de igual forma, “ya que no se puede andar paseando la marca”. Hay veces que no está en el radar de cierta fuente, pero que al presentarse como periodista de Cooperativa, siente que le da muchas más opciones para que lo escuchen y le quieran responder.

En cuanto a cómo Radio Cooperativa se logra configurar, Sergio Campos explica que los periodistas con más experiencia van encabezando los equipos que trabajan en distintas áreas, lo cual sirve de aprendizaje para los nuevos, que llegan con la preparación básica que da la universidad. El periodista de “Retratos de Octubre”, Patricio Chacur, dice que la calidad del equipo de prensa pasa por su formación y experiencia de trabajo, y acota que cuando se refiere a la formación no se refiere a la universidad ni la cantidad de postítulos, sino al trabajo mismo.  

Algunos conductores emblemáticos de Cooperativa: Sergio Campos, Verónica Franco, Paula Molina y Paula Bravo.

Las dificultades inherentes del periodismo en esta época

La comunicación interna dentro del equipo no siempre es la mejor. Campos asegura que lo trepidante del trabajo, sumado a las distintas plataformas en las que se envían y reciben informaciones, genera que pueda haber ciertas complicaciones. “Hay gente que pasa por alto los whatsap, o los correos. Es muy difícil la circularidad de la información”, señala. 

Aun así, Espinoza cuenta que “no es difícil trabajar con el equipo de Radio Cooperativa. El desafío es algo que debe ocurrir en la mayoría de medios de prensa, y es ‘casa de herrero, cuchillo de palo’”. La complicación que esto genera es que se derivan informaciones a personas que quizá tienen día libre, y por justas razones no van a tratar el tema. Pero ambos están de acuerdo en que son problemas coyunturales, y tampoco exclusivos de su departamento de prensa.  

Como todos en la industria, se han visto afectados económicamente por la crisis de los medios de los medios (ver reportaje). Las coberturas hoy son más acotadas, se han ido personas y sus vacantes libres no han sido repuestas. Por ejemplo, hoy no tienen a un periodista exclusivo de tribunales. Se han reducido ciertos salarios. De un equipo de 150 personas, hubo 20 despedidos en junio y 15 en enero. 

Campos explica que la pandemia fue un terremoto que los sorprendió, pero estaban bien preparados para afrontarla, pues contaban con la tecnología adecuada para transmitir de manera remota. Estos equipos especializados transmiten vía internet, lo cual no afecta la calidad de la voz, como sí lo hacen las líneas de teléfono. 

Espinoza recuerda que cuando llegó al equipo de prensa en 2001, contaban sólo con tres teléfonos fijos y un computador con internet. Hoy sería impensado. Y debido al contexto, no ha podido asistir al Congreso y trabaja desde su departamento, con dos computadores funcionando simultáneamente y haciendo llamadas de manera intermitente. Es lo que permite la tecnología y lo que exige su área.

“No hay respuestas de manual para eludir el sensacionalismo o los vicios del periodismo. El trabajo consiste en narrar historias, y para que esas historias sean escuchadas tienen que ser interesantes. Una historia puede emocionar, pero un contenido informativo no puede centrarse en eso. La mirada periodística debe estar puesta en servir al interés público”, dice Chacur. 

*Los periodistas que integran el Departamento de Prensa de Radio Cooperativa y que resultaron galardonados son: Oscar Kosucht Pastén Ramírez, director de Prensa y Programas; Eugenio Rodrigo Sierralta Bravo, editor general de Prensa; Verónica Irene Franco Montecinos, sub-editora general y conductora; Sergio Alfredo Campos Ulloa, conductor de programas; Rodrigo Vergara Muñóz, editor diario y conductor; Rafael Alejandro Pardo Velásquez, editor de prensa; Paula Bravo Concha, periodista y conductora; Paula Mariela Molina Tapia, editora general del Área Pódcast de Radio Cooperativa; Claudia Kelly Fuentes, coordinadora de producción periodística; los periodistas Jorge Fernando Espinoza Cuellar, Álvaro Lozano Pérez, Paola Elizabeth Aguillon Espinoza, María Paz López Carreño, Patricio Andrés Chacur Cantin, Gonzalo Alonso Aguirre Alarcón, María José Pizarro Cofre, Felipe Andrés Gallegos Vega, Jean Claude Penjean Díaz, Kassandra Widemann Gutiérrez, Valentina Paz Godoy Borquez, Francisca Andrea Canseco Cruz, Priscilla Alejandra Baeza Garcés, María Soledad Cortés Salinas, Francisco Sebastián Becerra Pizarro, Luis Felipe Cofre Muñóz y Mariano Ignacio Reyes Caceres; los corresponsales multimedia Carola Andrea Chávez Barahona, Claudio Patricio Arévalo Villalobos, Jaime Rodrigo Morales Amaya, Dayanne Carolina Marquez Calle y Jose Luis Pérez Flores; Gonzalo Ignacio Araya Santana, editor de Regiones multimedia; los corresponsales multimedia Cristofer Jesús Espinoza Quiroz, Jessica Daniela Esquivel Ponce y Nicolás Ignacio Urzua Bravo; Mauricio Jorge Bustamante Postel, conductor.

*Esta entrevista fue realizada para el Taller de Crónicas y Entrevistas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Juan Cristóbal Peña. 

Juan Carreño considera que la vida eterna sería el peor castigo divino, que lo más triste en la vida sería la muerte de la amada… -o que esa amada se enamore de un carabinero-, y su paranoia más recurrente es pensar caer en la locura.

Mens sana in corpore sano, dice Carreño. Lo único que mata sus fantasmas es el deporte. Practica ciclismo, tenis y bádminton. Cuando se le consultó si practicaba waterpolo se molestó un poco. Actualmente su economía se basa en la venta de sus libros, los cuales va a dejar en bicicleta a cualquier comuna de Santiago.

Le gusta que la clase trabajadora disfrute sin culpa, por lo mismo le agrada Pablo Chill-e como referente cultural, “un cabro gozador y consciente de su espacio”, dice Carreño. Por otra parte le molesta el evangelismo de campus universitario y la queja sin propuestas. “Quejarse, pffff, cualquiera ¿Un buen poema de amor?, pregúntenle a Chayanne”, finaliza el escritor.

***

A Juan Carreño no le estaba resultando nada, se sentía frustrado y deprimido. Pensó que salir un rato del país sería lo mejor, entonces compró un boleto de avión con destino al DF, en México. Partiría el 21 de octubre del 2019.

¿Dónde estabas para el 18 de octubre?

Acá mismo, en el jardín de mi casa.

¿Y qué fue lo primero que pensaste?

Fue la primera vez que se empezaban a armar barricadas acá y no éramos los mismos de siempre, entonces fue… interesante.

Estábamos en la barricada, todo tranqui y familiar, y empieza a circular el video del edificio de Enel quemándose, y fue como “¡Qué chucha!” Otro hueón diciendo “¡Se está quemando el metro!” Y yo como “¡Wooo, conchetumare!” Y entonces aparece Pinochet… ¡ahh! ¡De dónde Pinochet! ¡Piñera! (risas), aparece Piñera y me dice… ¡Me dice! (risas).

(…) Todo muy qué chucha; toque de queda, los milicos.

Al día siguiente me llegó un perdigonazo en la canilla desde la comisaría que está allá enfrente. Estaba parado en la puerta, todo muy piola, no estaba haciendo nada y me llegó un perdigonazo. Los cabros no me creían, y yo: “¡No… algo me pegó, algo me pegó!”, y claro, menos mal que rebotó, pegó justo en el hueso (muestra la cicatriz), ahí me envilecí un poco.

Pero igual consultamos con los vecinos y estaban todos preocupados, porque aquí no nos convenía agarrarnos con los pacos si teníamos todas las de perder, más encima las lacrimógenas como que caen en todo este rango. Fue una hueá muy comunitaria, sin líderes. Se juntaron los vecinos, los que no se hablaban.

***

El balance realizado por la empresa Metro el 25 de octubre del 2019, indicó que hubo siete estaciones totalmente quemadas, 18 que fueron incendiadas parcialmente, 93 que presentaron múltiples daños y sólo 18 que quedaron intactas.

La red de Metro está funcionando en su 100% desde el 25 de septiembre de este año. Los daños en las estaciones y los vagones tuvieron un costo aproximado de 250 millones de dólares. La empresa tuvo que endeudarse para reinvertir la pérdida porque no había seguros de por medio.

***

¿Fuiste a la Alameda? ¿Qué impresión te dio?

Sí. Fui con los vecinos el 25 de octubre. Fue divertido porque nos tomamos una micro. Ese día no había locomoción, se habían ido a huelga. Le dispararon a un chofer del Transantiago el día anterior acá en La Pintana.

Nos habíamos decidido a salir caminando por aquí, por Serena hacia Las Industrias. Vicuña y Santa Rosa estaba copado y puta, llevábamos como cinco cuadras caminando y esas micros no pasaban por ahí, entonces cuando la vimos fue como “¡Ya cabros!” Nos cruzamos a la micro y ahí nos llevó el chofer.

Se hizo cierto reparo sobre el consumo de alcohol o drogas en las manifestaciones, ¿estás de acuerdo con esa crítica? ¿Tomaste cerveza?

¿Una cerveza? No, un pisco sour mejor (risas). El pisco sour no se entibia tan rápido, y hacía calor igual. Y los pititos, no encuentro que sea una cosa restrictiva. No se me ocurre quién podría hacer esa crítica.

Fueron frecuentes las críticas por redes sociales o en las mismas manifestaciones, incluso hubo críticas a los carritos de comida.

Pero eso es inherente po´, si por algo se quemaron los Mc Donald’s. Que emerja una nueva economía. Sus sopaipillas de la revolución (risas), si de verdad había un carrito que se tenía puesto así.

Igual me di cuenta que la protesta en Plaza Italia era más estetizada, mucho más gamer y otaku. Por ejemplo, fui a algunas de Puente Alto y esas eran masacre… era totalmente diferente. Otro público y usuario de la revolución.

Mi función en las marchas era apagar lacrimógenas, esa fue mi especialidad. Apagué 14 lacrimógenas; las conté, de hecho.

¿Qué piensas respecto al acuerdo que lograron las autoridades políticas el 15 de noviembre?

Ese 15 yo estaba en Valpo, en un festival en el que me iban a pagar. Llegué al terminal y estaba pasado a lacrimógena. Era el aniversario de la muerte de [Camilo] Catrillanca. Fue una lectura rara ese día, afuera estaba ocurriendo la media marcha y nosotros encerrados. Yo les decía “¡Cabros saquemos los parlantes para fuera!”. Y ellos “no… es que no se puede…”, y yo, medio hincha hueas –pero simpático-, decía “¡Cómo no se va a poder!”

Al otro día salí del hotel donde nos estábamos hospedando, andaba con la mansa caña, se me acercó un poeta que es amigo de todos los poetas nacionales y me dijo, “¡Buena Juan Carreño!, ¿cachaste que se firmó un acuerdo? Se firmó a las tres de la mañana y vamos a tener página en blanco”. Y yo decía “Yaaa pero…” , mientras íbamos bajando el cerro, ¿cachai? No entendía muy bien el entusiasmo del socio.

Y era como “puta hueón, pactaron la hueá. Por lo menos logramos lo del plebiscito, que era una opción”.

Está bacán que suceda lo que está pasando en el plebiscito, sobre todo porque hay un montón de nuevas organizaciones que se están fraguando desde el estallido hasta acá, y eso está bacán. Puede promover que se generen alianzas entre los mismos vecinos, pero igual se cocinó a espaldas la hueá.

De las 45 mil granadas lacrimógenas lanzadas por la policía entre octubre de 2019 y marzo de 2020, Carreño se jacta de haber atrapado 14.

¿Pero se podía hacer de otra manera?

Es que yo esperaba que ardiera todo. Igual me pueden sacar de contexto con estas palabras, después la gente se urge en el barrio alto. Imagínate “¡Poeta amenaza a la burguesía!”. (Risas) A Pasolini lo mataron, hermano.

En una entrevista con The Clinic nombras el poema El PCI para los jóvenes, de Pasolini. En ese poema se dice una verdad incómoda: que los universitarios son pequeños burgueses y el personal policial son una parte del pueblo.

Claro, y eso le trajo mansa cola. Más Pasolini para el mundo. Cuando no quiero salir llamo a mis amigos, y digo: “No cabros, estoy más atropellado que Pasolini”.

¿Pero la policía de acá te genera ese sentimiento? ¿Los llegas a comprender a ellos o a su trabajo?

El otro día estaba acá conversando con un amigo, y le decía: “El objetivo es que esa comisaría que está allá en la esquina deje de existir”. Y él me respondió: “Pero cómo, tiene que existir la policía de alguna forma”. ¡Pero qué pasa si nosotros mismos nos hacemos cargo de la seguridad comunitaria! ¿Es necesario tener pacos si existiese una rotación entre vecinos? Porque siempre hay gente mala, gente que se salva sola, domésticos, de todos los niveles. Pero la poesía, puta, la policía (se corrige y se ríe) ¡da rabia! ¿Pero quién no tiene un familiar paco si erí del proletariado?

Nuestra pega en la cultura es que los cabros no se vuelvan pacos. Por ejemplo están esos que se salieron de la institución después del 18 de octubre ¿Qué se hace con esos cabros? ¿Discriminarlos per sé porque tuvieron ese pasado?

***

Según datos obtenidos por Ley de Transparencia y expuestos en un reportaje publicado por The Clinic, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 30 de julio del 2020, 779 carabineros han pedido su retiro. De ellos 72 son oficiales y 707 suboficiales. Esteban Infante, suboficial en retiro y director de la Defensoría Solidaria Policial, explica en ese reportaje que la institución inventó, y de forma totalmente arbitraria, una sanción para que los oficiales que se retiraran a los cinco años de servicio tengan que pagar una multa de casi $30 millones. Esto antes del 18-O no existía.

***

O qué pasa por ejemplo -es más bolivariana esta hueá– si metemos elementos de izquierda en las policías. Si a cuántos pacos no castigaron o echaron por negarse a reprimir a la gente… mis vecinos van a pensar que estamos en una reunión terrorista.