A raíz de las situaciones de acoso sexual, asaltos e intentos de secuestro denunciados en el Barrio Universitario de Santiago durante marzo, la problemática de la violencia de género se ha intensificado en el debate público. Según datos del Ministerio de Transportes, el 93% de las denuncias por acoso sexual callejero son de mujeres.

La gravedad de las denuncias impulsó a la alcaldesa Irací Hassler a tomar acciones y aumentar la dotación policial para intentar frenar estas situaciones que, según las denunciantes, involucran desde acciones de acoso hasta intentos de secuestro. Y el 30 de marzo, los ministerios de Transportes y de la Mujer, junto con el Gobierno Regional Metropolitano que encabeza Claudio Orrego, presentaron los lineamientos del “Primer Plan contra el acoso sexual en el transporte público”, que contemplaría la propuesta de implementar vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Santiago. De inmediato ese punto llamó la atención de la ciudadanía y diversos sectores políticos.

No es idea original ni nueva. En 2011, tres diputados de la UDI presentaron un proyecto de ley que iba en esa línea y que quedó en nada. Y en 2018, un grupo transversal de parlamentarios y parlamentarias ingresó un proyecto de resolución muy similar, el cual fue ampliamente rechazado. La entonces ministra de Transportes, Gloria Hutt, argumentó que “aislar a las mujeres va justo en contra de lo que tenemos que lograr: que puedan viajar donde quieran tranquilas, y eso no implica separarlas”. Y ahora, la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, considera que avanzar por esa vía sería una forma de “normalizar el acoso”.

Puroperiodismo conversó sobre el tema con la abogada feminista Carolina Jiménez, ex presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC) y actual concejala en la Municipalidad de María Pinto. En esta entrevista, entrega sus argumentos de por qué considera que “ni en ese entonces ni hoy una propuesta así debiese prosperar” y propone otros caminos para enfrentar el problema del acoso en los espacios públicos.

–Después del último rechazo en 2018, ¿están las condiciones adecuadas para retomar el debate sobre los vagones exclusivos para mujeres?

La iniciativa esta vez viene del Gobierno Regional que encabeza Claudio Orrego, y no es primera vez que la propone él. Efectivamente, en ese año también se rechazó. Considero que ni en ese entonces ni hoy una propuesta así debiese prosperar, porque, en definitiva, separarnos como mujeres en vagones exclusivos no soluciona el problema del fondo. Lo único que hace es segregar, seguir aislando a quienes somos “potenciales víctimas” de acoso en los espacios públicos. Creo que la solución va por otro lado, por caminos más largos que las autoridades no han querido tomar en estos años, porque si hubiésemos empezado hace mucho con la perspectiva de género, tal vez estaríamos hablando de otras soluciones y de avanzar en otros temas. Una propuesta como esa no debiese prosperar porque además no sólo necesitaríamos vagones exclusivos…tendríamos que tener buses, salas de clases y hasta calles exclusivas. Un mundo exclusivo para mujeres y disidencias, además se sigue con esta lógica binaria del género.

–¿De qué manera se verían afectadas las disidencias sexuales y personas no binarias? ¿Hay mayor exposición a discriminación arbitraria?

Como tienen una manera distinta de performar el género a lo que uno ve como la manifestación de una mujer o un hombre, estarían claramente expuestes a discriminaciones. El hecho de partir desde una lógica binaria de mujer/hombre ya es una forma de violentar a las personas que se definen como no binarias, entonces, desde esa base implica una forma de violencia y también un tipo de discriminación.

Carolina Jiménez, abogada feminista, concejala de María Pinto y ex presidenta del OCAC.

Enfoque transversal para prevenir la violencia de género

–Esta propuesta (de los vagones) está pensada para implementarse dentro de la Región Metropolitana. ¿Qué ocurriría con las mujeres de otras regiones? ¿Cómo revertimos esta situación con perspectiva de género?

Creo que lo que hay que trabajar en sí es una idea desde las comunas, en los gobiernos más locales y también en los regionales, con una perspectiva de género que asuma también las distintas realidades que vivimos y una perspectiva de seguridad humana más feminista. Cuando nosotras nos enfrentamos al espacio público, vivimos distintos tipos de violencia, no solamente en el transporte. Entonces, con los vagones exclusivos estás solucionando una parte muy pequeña del gran problema. Como tú dices, no está considerado para las demás regiones y casualmente es en la RM donde existe mayor conciencia de la perspectiva y violencia de género. Cuando sales un poco del Gran Santiago, hay súper poca conciencia, y en esas zonas también existen problemas de movilidad para las mujeres.

–Claro, usted actualmente es concejala en la comuna de María Pinto…

Sí, y hay que tomar el problema de una forma mucho más amplia de coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el central para desarrollar políticas públicas que vayan con esta idea de seguridad humana para las mujeres. Por ejemplo, pensar ciudades más para las mujeres y disidencias, con mejores iluminaciones, paraderos más protegidos y mayor seguridad.  Con lo que pasa en el Barrio República, lo que están haciendo es implementar mucha más seguridad, más vigilancia. Claro, nadie quiere vivir con un carabinero al lado todo el día, pero esa parte más represiva o desde la sanción también tiene un efecto inmediato en lo que estamos sufriendo las mujeres hoy día.

–¿No es contraproducente contar con mayor presencia policial considerando que la confianza en la institución está tan baja?

Sí, yo creo que ahí hay un tema grande en cómo a las mujeres y disidencias observamos este sistema policial y judicial. Para nosotras, a diferencia de quienes son hombres heterocis, mirar a las policías es mucho más complejo porque nos hemos enfrentado muchas veces a que no nos toman las denuncias, a que se nos revictimiza y tenemos que contar una y otra vez lo que nos pasó. Hay casos en los que nos dan un agarrón, vas a denunciar y te dicen que le estás dando color. Es contraproducente de alguna manera que te llenen de policías en el área universitaria cuando están las chicas con miedo tanto por lo que les pasa en la calle, como por denunciar.

–¿Qué se debería hacer entonces frente a esta situación?

Hay que hacer un trabajo por otro lado, desde las policías, que tengan también una perspectiva de género. La primera acogida es importante: cuando vas a denunciar, que te tomen la denuncia ya es un gran gesto. Es la primera violencia a la que nos enfrentamos cuando vamos a denunciar, y la persona no te toma la denuncia o no te toma en cuenta; o toma la denuncia como si no importara. A veces ni siquiera te mira. Esa primera acogida es importante. Por otro lado, ¿a dónde va la denuncia? Porque también hay un desincentivo cuando tu denuncia queda en nada. Ahí tienes el problema del Ministerio Público, de cuánto investigan los fiscales este tipo de delitos y cuándo pasan a conocimiento de los jueces, porque muchas denuncias quedan simplemente archivadas en fiscalía y nunca llegan a tribunales.

-En 2019 entró en vigencia la ley que tipifica el acoso sexual callejero, ¿considera que desde el Poder Judicial se ha implementado de manera correcta? A partir de lo que menciona desde los fiscales hasta el Ministerio Público…

Creo que la norma se debiese complementar, más que modificar, porque ya tenemos tipificados los delitos. Esa fue la principal función que tuvo la Ley de Respeto Callejero, que tipificó algunas conductas como delitos, específicamente los actos de acoso sexual callejero, entonces ahí estamos viendo sólo la mirada más punitivista. No podemos aspirar a que todos los acosadores se vayan a la cárcel o pasen por procesos penales, sino que eso se tiene que complementar con un trabajo previo que va de la mano con la educación y la prevención. Ahí está la importancia de las ordenanzas municipales en contra del acoso callejero que están saliendo, las cuales establecen obligaciones para los municipios en cuanto a prevención. En ese sentido, van más rápido que el Congreso en establecer ciertas legislaciones, pero claro, solo aplicables al territorio del municipio, como lo que se hace en la comuna de Santiago. Te quedas corto, porque no la puedes aplicar a todo el territorio nacional.

Punitivismo vs. educación

–Usted ha puesto especial énfasis en el trabajo que están haciendo las municipalidades. Al ser concejala, ¿cómo se podría acercar este tipo de enseñanzas (más allá de lo punitivo) a distintas comunas y realidades del país?

Lo primero que se debiese hacer para poder hacer políticas públicas que sean realmente aplicables y que recojan la realidad de cada territorio, es que a nivel de los municipios se levanten diagnósticos concretos del terreno que te arrojen qué tipo de violencia se está viviendo en el territorio. Y, por otra parte, cuáles son las necesidades reales y cómo las personas ven el problema de la violencia de género, cómo la están entendiendo. A partir de esa base puedes desarrollar medidas que realmente se traduzcan en cambios. Sin tener un diagnóstico del territorio, difícilmente van a poder hacer medidas que se apliquen bien, y ese es el problema de los gobiernos centrales: llegan poco a las distintas realidades de los territorios. Claro, Chile es un país largo y es difícil llegar a entenderlo por completo, pero por eso es importante una coordinación con los gobiernos locales, regionales, centrales.

–Con el acoso callejero fue un tema de años.

Claro, también es necesario salir y hablar con la gente. Empezar a ponerle nombre a las violencias. Con el acoso sexual callejero fue un trabajo de años para que se tratara como tal y que no se hablara de “piropos” ni se le dieran otras connotaciones más «simpáticas», más en la línea de la costumbre en Chile. Empezar a hablar de eso y que incomode es una de las vías principales.

–¿Considera que se debiese tocar dentro de este debate el proyecto de ley de Educación Sexual Integral?

Sí, es fundamental contar en los colegios con educación sexual integral, pero sobre todo hablar de consentimiento. Empezar a entender qué implica el consentimiento, qué implica que salir a la calle no significa que nuestros cuerpos sean públicos por habitar un espacio que sí lo es. Son cosas muy pequeñas que se pueden aplicar desde la primera infancia, obviamente adaptado a los tipos de desarrollo que tienen los niños, niñas y niñes, pero creo que es muy importante, porque al final es la base para prevenir futuras violencias.

Vagones exclusivos en Ciudad de México. (Fuente imagen: El sol de México)

Sensación de inseguridad

-Según datos del Ministerio de Transportes, al menos un 72% de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público. ¿Cómo podríamos revertir esta situación si la propuesta de los vagones exclusivos es segregatoria?

Una de las soluciones que se podrían trabajar sería mejorar la frecuencia y disminuir las aglomeraciones, porque mucha de la sensación de inseguridad se da cuando está la posibilidad de que un tipo se ponga atrás tuyo y te pueda acosar. Por otro lado, en los espacios más vacíos, donde puedes viajar sola, se debería aumentar la seguridad a través de cámaras, números de emergencia o algún sistema al que puedas alertar que estás viajando sola y te sientes insegura. Hay dos vías que se pueden abordar: no pensemos en vagones diferenciados, pensemos en que podamos viajar más cómodas, con menos aglomeraciones. Por ejemplo, en la comuna donde soy concejala (María Pinto) hay un problema de transporte. La gente viaja hacinada en los buses interurbanos, y ahí tienes un problema. No vamos a pedir buses exclusivos para las mujeres, vamos a pedir más frecuencia para que las personas puedan viajar sentadas, tranquilas.

-Desde su experiencia como abogada y ex presidenta del OCAC, ¿es efectivamente el Metro de Santiago el principal medio de transporte donde las mujeres son víctimas de acoso sexual callejero?

No sé si es el principal. Diría que la sensación de seguridad en el Metro ha aumentado. Han ocurrido situaciones mucho más graves (en escala de violencia, digo) en aplicaciones cuando las mujeres viajan solas, y también en plena calle; ya tenemos el ejemplo del Barrio República: ni siquiera te tienes que meter al metro o tomar una micro para ser violentada, y en las aplicaciones de transporte se han dado casos súper graves de intentos de secuestro, abusos sexuales. Hay algunas que se han interesado un poco más en que las mujeres tengan mayor seguridad al momento de viajar, como implementando mejores canales de denuncia o la posibilidad de que conductoras escojan si quieren llevar mujeres u hombres (DiDi Mujeres). Esto te habla también de que el mundo empresarial, no por ser privado, tenemos que demonizarlo tanto, sino que tienen que ir a la par con una conciencia social y una conciencia de lo que viven las mismas usuarias; la responsabilidad social empresarial tiene que ir también orientada hacia los problemas de violencia de género.

–Orrego ha puesto de ejemplo a México, Japón y Malasia para defender su propuesta. ¿Esto se ajusta a la realidad de la mujer chilena?

Es bueno mirar las experiencias de otros países, pero es más importante mirar la realidad de los territorios nacionales, porque al final es una política pública que vas aplicar a mujeres que viven acá. Son mujeres que tienen las realidades del territorio que habitan. México tiene otros índices de violencia y se implementó esa medida, pero yo digo que es una medida parche, si consideramos la cantidad de habitantes que tiene México. Tener vagones separados también es una forma de no hacerse cargo de las aglomeraciones y de las violencias que se sufren durante las aglomeraciones también.

–La ministra Orellana ha manifestado su rechazo a esta propuesta. Aun así, continúa siendo impulsada. Como abogada y mujer feminista, ¿cuál es el diagnóstico que hace al respecto?

Es importante la labor que está haciendo la ministra de la Mujer con la transversalización del enfoque de género, lo que implica que en todos los ministerios se considere dicho enfoque al momento de desarrollar políticas públicas. En este sentido, parte de ese trabajo difícil que va a tener es golpear la mesa para ser escuchada. La tarea que está haciendo va en la línea de que el Ministerio de la Mujer sea escuchado por los demás ministerios, y creo que la línea tiene que estar clara ahí; y el Ministerio de Transportes y el Gobierno Regional tendrán que escuchar a la cartera que finalmente nos representa más, porque no se puede hacer una medida para las mujeres sin escuchar a las mujeres.

]]> https://www.puroperiodismo.cl/todas-las-caras-de-la-violencia-obstetrica/ Wed, 02 Jun 2021 11:00:58 +0000 http://www.puroperiodismo.cl/?p=30771 La violencia obstétrica o ginecológica no existe en la legislación chilena. Aun así, una encuesta realizada el año pasado a más de 4.550 mujeres reveló que el 67% reconocía haberla sufrido durante el embarazo, el parto, el post-parto, en consultas regulares y/o al momento de consultar por una esterilización. Falta de información, funcionarios de la salud que se amparan en una ley cuya vigencia expiró hace más de 20 años y malos tratos son algunos de los obstáculos que enfrentan aquellas jóvenes que, por diversos motivos, han decidido que no desean atravesar un embarazo. Les dicen que son muy jóvenes, que aún están solteras o que en el futuro van a querer ser madres y se van a arrepentir. Mientras las iniciativas legales duermen en el Congreso, miles de mujeres se siguen enfrentando a un sistema que las violenta, vulnera y discrimina. 

*Este reportaje fue realizado para el Taller de Reportajes y Perfiles de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Franco Fasola. 

Carla Bravo (23) estaba acostada en la camilla de uno de los quirófanos del Hospital de Linares, rodeada de personal médico y luces brillantes que nublaban su vista. Mentalmente se preparaba para ser madre, pero físicamente se estaba sometiendo a una cesárea. Con la anestesia, dejó de sentir sus piernas. Como Carla nunca había pasado por una experiencia como esa, sintió un miedo incontrolable y entró en crisis de pánico. Comenzó a forcejear para ponerse de pie y sentir que podía caminar. 

“¡No, se está levantando! ¡Amárrenla, amárrenla!”, habría gritado el ginecólogo a cargo de la cesárea, según recuerda Carla.

En medio del forcejeo, un enfermero la agarró con fuerza y amarró sus muñecas a la camilla para inmovilizarla. Le administraron altas dosis de anestesia inhalatoria para calmarla. Eso es todo lo que recuerda de su parto. Tenía tan sólo 15 años y fue entonces que decidió que nunca más tendría hijos; que no estaba dispuesta a vivir nuevamente esa experiencia. 

Lo sucedido a esta joven linarense, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una práctica habitual en Chile conocida como violencia obstétrica. No está regulada específicamente en la legislación chilena, y de acuerdo al Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), se define como: “un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y postparto”. 

Por otro lado, el Observatorio de Equidad de Género en Salud de Chile, conceptualiza este tipo de violencia como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. 

Al no estar reconocida por ley, no existen en Chile datos oficiales al respecto, pero de acuerdo con una encuesta que realizó el año pasado la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica Obstétrica, en la que se consultó a más de 4.550 mujeres de todo el país, el 67% reconoció haber sufrido algún tipo de violencia ginecológica. Que los y las funcionarias de la salud las juzgaban por sus prácticas sexuales (21%); que sus preguntas no eran debidamente atendidas (34%); que recibían comentarios denigrantes sobre sus cuerpos o sus genitales, su vestimenta y su higiene (18%); que fueron regañadas y/o amenazadas por parte del personal que atendió su consulta ginecológica (26%); que les realizaron tactos o “tocaciones” inapropiadas dado el motivo de su consulta y que les hicieron sentir vulnerada su intimidad (17%); y, entre otras cosas, que les aplicaron procedimientos para causarles intencionalmente dolor (20%).  

De acuerdo con la Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los pacientes, existe la posibilidad de emitir un reclamo administrativo respecto a la atención de salud recibida, como también otorga la posibilidad de recurrir a la Superintendencia de Salud en caso de presentar insatisfacción con algún procedimiento. Pero la ley no dispone medidas de reparación ni hace énfasis en el fenómeno de la violencia obstétrica. De hecho, ni siquiera aparece mencionada.

Ligadura de trompas e imposiciones sociales

Carla define todo su proceso de parto como un hecho “sumamente traumático”. Estuvo inconsciente la mayor parte del postoperatorio a causa de la anestesia, sin poder ingerir alimentos, con dolor de cabeza y vómitos simultáneos a causa del hambre. “Desde el parto yo quedé traumada. No quiero volver a tener hijos y pasar de nuevo por lo mismo. […] Tengo pesadillas en las que estoy embarazada y me despierto llorando porque no quiero estarlo nunca más”, dice. 

Tenía claros los pasos a seguir. Una vez que se recuperara de la cesárea, agendaría una cita con su ginecólogo para concretar algo que ya tenía decidido: se ligaría las trompas uterinas para no volver a parir. De todos modos, nunca había estado en sus planes ser madre, y ahora que se veía a cargo de una hija siendo apenas una adolescente, y tras una experiencia traumática marcada por la violencia obstétrica, su decisión anticonceptiva cobró fuerza. 

“El ginecólogo que me atendió era un hombre mayor y me retó, me retó mucho. Me dijo que yo era una niña, que no podía decidir sobre estos temas. Dijo que mi guagua era muy chica todavía y que se podía morir, entonces yo me iba a quedar con las ganas de ser mamá y no iba a poder”, relata con tristeza y añade: “¿Cómo pudo decir que mi hija se podía morir? Quizás sí, yo era muy chica, pero ahora tengo 23 años y sigo con la misma mentalidad. No quiero tener más hijos y este médico me negó la esterilización”. 

La Ley 20.418 fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, y está vigente desde enero de 2010. Establece que en un caso como éste, Carla no podía acceder a un procedimiento de esterilización quirúrgica por ser menor de edad. Sin embargo, el especialista que la atendió aquella vez transgredió el Código Sanitario al negarle el derecho a la información, también comprendido como parte fundamental de esta ley. 

Según el relato de la joven, a ella simplemente se le dijo que no podía esterilizarse por dos razones: ser muy joven y por un futuro deseo de maternidad. La ley mencionada especifica que el médico debió otorgarle la información completa, y explicarle que podría solicitar este procedimiento al cumplir 18 años. Crear escenarios ficticios para intimidar a la paciente es una forma de transgresión a la normativa. Carla no sabía esto y asimiló las palabras de su médico como una verdad absoluta. No volvió a preguntar por miedo a ser cuestionada nuevamente.

Mirada legal y conservadurismo obstétrico

Javiera Canales, abogada y directora ejecutiva de Miles Chile, explica que ningún profesional de la ginecología puede negarse a realizar un procedimiento de esterilización quirúrgica utilizando argumentos que apelen a creencias personales. Las razones más comunes que escuchan las usuarias son: “No te puedo esterilizar porque eres muy joven”, “no has tenido hijos”, “estás soltera”. 

Canales aclara que aquellos profesionales que niegan el servicio bajo las razones señaladas, están incumpliendo la normativa actual del Código Sanitario que regula los procesos de fertilidad de las mujeres. 

“La antigua norma te exigía un mínimo de hijos, edad y autorización del cónyuge, pero fue exenta el año 2000. De ahí en adelante, las mujeres necesitaban autorización del director de Servicio. En 2010 entró en vigencia la Ley 20.418, que establece que el único requisito es ser mayor de 18 años. […] y un médico no puede declararse objetor de conciencia en estos procedimientos porque la ley no cubre eso. La objeción de conciencia aplica solamente en casos de Ley 21.030 (Interrupción Voluntaria del Embarazo) para aquellos funcionarios de salud que entren a pabellón”. 

La abogada afirma que, en la mayoría de los casos, las afectadas desisten en su deseo de llevar el tema a un ámbito judicial. “Las mujeres saben que demandar a los médicos puede ser un obstaculizador para su propio acceso a la salud. El médico va a seguir trabajando donde mismo, y si ella se atiende en salud pública, tendrá que seguir viéndolo. Es un gremio bastante politizado, y principalmente el gremio de la Ginecología y Obstetricia es bastante conservador”, explica.

Katiuska Rojas, matrona y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), comenta que aún sigue latente “esta mirada fundamentalista y conservadora”, marcada por el sexismo que el gremio arrastra desde el proceso educativo. 

“La transgresión a los derechos sexuales y reproductivos se ve desde la formación universitaria, porque consiste en una enseñanza donde la forma de hacer salud se basa en decidir por otras mujeres. Eso no corresponde. Tiene que cambiarse en las aulas de futuros profesionales. Tú debes orientarlas y mostrarles sus opciones, no imponerles  nada”, dice. 

Demostración de una ligadura de trompas (Foto: Shutterstock)

En materia de posibles riesgos, Rojas explica que existen dos tipos de esterilización femenina. La primera es una ligadura de trompas uterinas, proceso que consiste en cortarlas y cauterizarlas para que no vuelvan a unirse. Es irreversible. El segundo método, utilizado en menor medida como una alternativa anticonceptiva, es la histerectomía (extirpación total del útero), generalmente solicitada por mujeres con endometriosis, antecedentes de cáncer o inclusive, personas en proceso de transición de género. 

Una ligadura de trompas no impide la menstruación; la histerectomía sí. “Hay que tener en cuenta que parir es efectivamente un factor protector para el desarrollo de cáncer (cervicouterino o de mamas). La mujer que amamanta genera oxitocina, y esa es una hormona protectora contra células cancerígenas. Por otro lado, también tenemos mujeres con hijos y que han desarrollado cáncer de todos modos”, explica la directora ejecutiva de ASOMAT, quien sostiene que negar una esterilización y/o acceso a información de este procedimiento, consiste en una falta tanto legal como ética. 

Rojas agrega: “Ya no podemos ser las matronas que dan indicaciones u órdenes, o peor, esas matronas que ejercen violencia obstétrica y ginecológica”. 

Procedimiento en pausa

Carolina (26) es psicóloga clínica y solicitó un procedimiento de ligadura de trompas uterinas en 2019. Aún sigue en lista de espera. 

“Lo solicité durante un control sano del Cesfam. Me mandaron a hacer los exámenes de rutina, pero ocurrió el estallido social y se paralizó todo. Luego empezó la pandemia y simplemente no hubo retorno. Cada vez que llamo para preguntar, es la misma respuesta: atención paralizada”. 

Para esta joven de San Miguel, su deseo de esterilización se basa en una convicción social y política. Desea la maternidad, pero no biológica. Enumera los distintos conflictos bélicos que se han desarrollado en el mundo durante los últimos años, escasez de recursos naturales, desastres petroleros e inclusive hace mención a Chernobyl como una de las razones de su decisión. “¿A qué mundo los vas a traer? Prefiero esterilizarme yo a ser responsable de eso. Además, ya existen niños que lo están pasando pésimo siendo parte de servicios como el Sename; servicios que deberían ser protectores, pero no lo son”. 

Para la familia de Carolina, su convicción no fue motivo de discusión. Se declara feminista y a favor del aborto. Sostiene que todos en su núcleo familiar comparten un pensamiento muy similar con respecto a las maternidades biológicas. “Para mi papá fue un poco más complejo. Me dijo que para él esto era una especie de luto porque no tendría nietos sanguíneos, pero entendió desde un principio que la decisión era personal”, cuenta y añade que el deseo de esterilizarse no era reciente, pero siempre que preguntaba obtenía la misma respuesta: no se puede esterilizar a mujeres jóvenes.

Frente a esta negativa constante, Carolina empezó a recolectar toda la información y legislación vigente para defender su petición. Así aprendió que la normativa que ciertos ginecólogos utilizan como método de amparo para negar estos procedimientos, fue derogada el año 2000. Imprimió la Ley 20.418, se la aprendió de memoria y se dirigió al Cesfam Barros Luco, dispuesta a pelear si se veía enfrentada a algún tipo de traba. 

“Pensé que me iba a tocar igual que a todas, pero la matrona me dijo que estuviera tranquila porque ella siempre ha velado por los derechos reproductivos de las mujeres. Fue como un angelito”, dice. 

Tras explicarle el funcionamiento de los distintos métodos anticonceptivos, le entregaron tres copias del formulario de consentimiento para ligadura de trompas uterinas. Aquel día, Carolina regresó muy feliz a su casa. Sentía que le había ganado al sistema. Pero han pasado casi dos años y todavía está en lista de espera. El Covid-19 ha paralizado distintos tipos de atención, y una esterilización femenina no constituye prioridad en la atención primaria.

Información imprecisa

Durante la realización de este reportaje, se contactó a un total de seis encargados comunicacionales del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para obtener respuestas en torno a la paralización de estos procedimientos quirúrgicos, y al mismo tiempo abordar la poca fiscalización a médicos que incumplen la actual Ley 20.418 sobre regulación de la fertilidad. La última respuesta data del pasado 29 de abril, donde una de las encargadas de prensa admite que los organismos técnicos a cargo desconocen la definición de esterilización femenina porque, según ellos, “no existe como tal”. 

Sin embargo, esta definición se encuentra disponible en el documento del Ministerio de Salud titulado “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, publicado en 2015. Se hizo envío de esta normativa, pero no hubo más respuesta. Desde Redes Asistenciales se dijo que era un tema a cargo del Ministerio de la Mujer, a pesar de ser una problemática de salud regulada por el Código Sanitario.

De acuerdo a los informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tener acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos, los Estados deben mantener una conducta de transparencia activa. “La usuaria no tiene que ir a pedir la información, sino que debe estar disponible de forma permanente en las páginas de los servicios de salud. Si la información no está y la mujer tiene que ir y solicitarla, hay dos derechos vulnerados: incumplimiento convencional de tratados, es decir, la falta de transparencia activa. El segundo derecho que se está vulnerando es el derecho a adquirir esta información”, aclara Javiera Canales. 

Proyectos de ley congelados en el Congreso

En el Congreso hay al menos dos proyectos de ley que han sido ingresados a trámite durante los últimos años para reconocer la violencia obstétrica y sancionarla. El primero fue presentado por un grupo de diputados y diputadas de la ex Nueva Mayoría a fines de enero de 2015 y nunca registró avance en su tramitación: fue enviado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y ahí quedó entrampado desde marzo de ese mismo año. El segundo, en cambio, partió como una iniciativa de la diputada Claudia Mix (Comunes) que contó con apoyo parlamentario transversal en octubre de 2018, y tras quedar congelado por más de dos años en esa misma comisión, en diciembre de 2020 fue requerido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara para continuar su tramitación. 

Dice la moción que impulsó Mix: “Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica muestra que 1 de cada 4 mujeres atendidas en el sector público recibieron violencia física al interior de los hospitales, y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto. Este análisis, además nos muestra las brechas que se producen en cuanto a los establecimientos de salud. Por ejemplo, en experiencias donde los estándares de buen trato, comprensión, amabilidad, respeto por la intimidad de la mujer y empatía por los dolores, no se cumplen, son entre 3 y 7 veces más altas en hospitales que en clínicas. Se observa además que estos estándares de cuidado son peores en las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y aquellas más jóvenes”. 

Además de definir qué es violencia gineco-obstétrica, qué tipo de actos son catalogados como tal y definir una serie de derechos de la madre al momento del embarazo, el parto y el post-parto, se establece que “los prestadores de salud, públicos o privados, serán responsables de los daños que causen a la mujer en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto y aborto en las causales establecidas por la ley, así como también las atenciones en torno a su salud ginecológica y sexual”.

Eso sí, desde que el proyecto pasó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara que no registra movimiento alguno. 

Mientras la discusión legislativa sigue sin avanzar, tanto Carla como Carolina -al igual que miles de mujeres- enfrentan un sistema que las sigue violentando al optar voluntariamente por la esterilización. La primera, debido a una situación traumática del pasado. La segunda, por decisión política. Pueden ser motivos distintos, pero ambas siguen a la espera. 

Carla fue duramente cuestionada por su ginecólogo en Linares y pensó que no podría hacer nada más al respecto; a Carolina le dieron el sí en Santiago, aunque desde 2019 que aguarda aquella llamada telefónica de confirmación para acercarse al Cesfam. Cree, a esta altura, que esa llamada nunca llegará. “Ya estoy analizando la posibilidad de solicitar el procedimiento a través del sistema privado, ¿te imaginas lo revolucionaria que sería esterilizándome en la Católica?”, finaliza Carolina entre risas. 

 *Esta entrevista fue realizada en el curso de Crónicas y Entrevistas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y publicada originalmente por El Desconcierto.

María José Oyarzún, matrona feminista de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa)

El 23 de septiembre se cumplen tres años desde que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE, 21.030) entró en vigencia. Esta ley contempla tres causales en las cuales una mujer puede abortar: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, ad portas del plebiscito constitucional, la discusión en torno a la despenalización total del aborto forma parte de petitorios que pretenden incorporar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en la redacción de una posible nueva Carta Magna. De acuerdo a la especialista en salud reproductiva, la ley IVE no se ha desarrollado con el cuidado que merece, dejando a la deriva a miles de mujeres y exponiéndolas a las insalubres condiciones de abortos clandestinos debido a la criminalización que conlleva el acto dentro de nuestro territorio nacional.

-Cuando entró en vigencia la ley 21.030, la ciudad de Osorno presentó una situación extrema al tener el 100% de objetores de conciencia en el área de salud, ¿cómo sería el procedimiento de una mujer que necesita acceder a un aborto en su región y no puede porque todos son objetores?

-Osorno no ha sido el único caso. Uno de los primeros fue en Chiloé con una chica de 14 años embarazada a causa de una violación. Ella y su familia decidieron recurrir a la tercera causal (violación) así que viajó desde una zona rural hasta Angol, allí les dijeron que no tenían una normativa establecida aún; normativa que emitieron casi un año después de que se promulgara la ley. Tuvo que viajar hasta Santiago para interrumpir una gestación muy, muy avanzada. Dime, ¿Cuál era la necesidad de trasladar a una menor de 14 años, dejarla sola, sin redes de apoyo cercanas y de patologizar un proceso? El aborto es normal, es un proceso reproductivo habitual. De esta forma miles de mujeres controlaron su natalidad durante siglos. Entonces que ahora se hable de hospitalizarlas para darles Misotrol es sobremedicalizar la salud, una especie de “queremos que estén acá y que las miremos porque desconfiamos”.

-Quizás también meter un poco de miedo desde este sector conservador.

-¡Exacto! Por ejemplo, el hospital de Osorno tuvo que contratar a dos médicos no objetores luego de que se viralizara lo que mencionaste. Esto fue gracias a la presión de las propias mujeres, pero el hospital se resguardó diciendo que las pacientes podían irse a la ciudad más cercana para atenderse, que en este caso habría sido Puerto Montt y ¿por qué una mujer tendría que dejar su nicho para abortar? No es un procedimiento complejo. Ahí el Gobierno tomó cartas en el asunto porque esto no podía ser. Osorno podría haberse convertido en una especie de modelo a seguir. Luego habría sido Elqui, Huasco, Antofagasta, etc…

-Claro, considerando también que hasta el día de hoy el Minsal no ha presentado un protocolo claro con respecto a los objetores de conciencia.

-Totalmente. Ser objetor es presentar un papel firmado. No tienes que ir a la notaría ni dar razones, sino que vas a la clínica donde trabajas, pides el formulario y marcas las causales que objetas. Nada más. No  hay que pagar multa ni legalizarlo en la notaría. A mí me parece una falta de respeto, sobre todo ahora que las organizaciones también pueden declararse objetoras. Por ejemplo, la Católica y Christus declararon que sus centros de atención primaria, Áncora, también son objetores. Están en La Pintana, San Ramón… ¡Poblaciones absolutamente vulnerables! La ley dice claramente que los objetores pueden ser solo aquellos que se encuentren dentro del pabellón. La Universidad de los Andes fue más allá y declaró objetor a su edificio docente, ¿qué médicos vas a formar? ¿No vas a enseñar a realizar abortos? Chile es un Estado laico, pero a raíz de estas situaciones te das cuenta del peso que sigue teniendo la Iglesia.

-En Chile son tres las ONGs autorizadas (Miles Chile, Aprofa, Chile Unido) para prestar acompañamiento psicosocial a mujeres que se acogen a alguna de las tres causales, por esto mismo la inspección de parte del Minsal debe ser importante, pero ¿existe realmente una fiscalización de parte de ellos para verificar que no haya incumplimiento a nivel protocolar? ¿Se han acercado a Aprofa para establecer un contacto fluido?

-Nada. Yo estoy a cargo del programa desde que salió (2019) y la verdad es que el Ministerio jamás nos ha contactado para preguntar, por ejemplo: “Maria José, tú desde la parte privada, ¿A cuántas mujeres has atendido? ¿Bajo qué causales?”. Tenemos todo registrado, pero el Ministerio nunca nos ha solicitado nada. No hemos recibido ninguna fiscalización de cumplimientos, menos de manera presencial. Nunca preguntaron si teníamos dudas.

-No existe fiscalización a ONGs y, por otro lado, las cifras del reporte trimestral del Ministerio de Salud están desactualizadas. El último reporte trimestral (enero-marzo 2020) fue emitido hace poco y arrojó que había un total de 142 casos divididos en las tres causales. De esas 142 mujeres, 115 decidieron realizar el acompañamiento en hospitales públicos, ¿esto se puede relacionar con el hecho de que la mayoría de objetores están concentrados en establecimientos privados?

-Hay que considerar que para efectos de esta ley, las usuarias más “beneficiadas” por decirlo de algún modo, son aquellas del sistema público. Las mujeres dentro del sistema privado tienen muchas restricciones. Por ejemplo, la usuaria de Clínica Indisa que posee un plan cerrado está imposibilitada de poder abortar porque Indisa se declaró objetora en las tres causales, entonces ahí es cuando estas mujeres deben buscar ayuda en otro lado. Las Isapres tienen eso de no dar informaciones completas. Sí, en el sistema público está la mayor cantidad porque la mayoría se traspasa al público para poder acceder. También creo que muchas de las usuarias que realizan su acompañamiento en el sector público es porque no conocen nada más y porque nadie les ha dicho que tienen más opciones, como dirigirse a una organización.

En los hospitales, los equipos de ley IVE trabajan pocas horas. Si los entes a cargo fueran más meticulosos y empezaran a fiscalizar, realizar seguimientos a estas mujeres y se detuvieran a analizar ¿cuántas sesiones tuvieron?, ¿qué profesiones estuvieron a cargo? Nos encontraríamos con muchas sorpresas. El sistema público es bueno para crear estadísticas.

-Chile posee cifras fantasmas en torno al aborto clandestino, pero de acuerdo a un reporte científico de Miles Chile publicado en la Universidad de Barcelona y también a cifras de Index Mundi, se estima que el aborto corresponde a la cuarta causa de muerte materna en Latinoamérica. Ahora, el Misotrol asegura no traer grandes complicaciones, sí posee un alto valor monetario, ¿cuál es la realidad de las mujeres de bajos recursos? Claramente no es una opción acceder al sistema público…

-La realidad de aborto en mujeres que están en una situación vulnerable la han visto los colectivos feministas; la red de “Con las Amigas y en la Casa”, Línea Aborto Libre, “Mujeres Contigo” o “Colectivo Tijeras”. Estos colectivos reciben a mujeres que no tienen un acceso a la salud de forma amigable. Mujeres que incluso estando dentro de las tres causales prefieren no hacer uso de ellas para no sentirse cuestionadas, o simplemente aquella mujer que no quiere ni puede ir a la Clínica Las Condes, pagar dos millones y que pase como quiste ovárico. Esa es la mujer que accede a los colectivos. ¿Qué han hecho los colectivos? Democratizar un poco esta situación de precariedad.

Entonces, ¿Qué pasa con este aborto tan penalizado en Chile? Una persona que va a México compra la caja de treinta comprimidos (Misotrol) a cinco mil pesos. No es un medicamento caro, pero a Chile llega inflado y ahora en pandemia el mercado negro ha crecido con esto. Me tocó ver a chicas que pagaron trescientos mil pesos por doce pastillas de Misotrol que en algunos casos resultó ser paracetamol. Se trata de un lucro que podría evitarse. Pero, ¿dónde vas a denunciar? Es ilegal. ¿Queremos seguir teniendo a las mujeres pendiendo de un hilo porque hemos decidido que la moral de algunos es más alta que la de otros? Siempre hemos visto que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, pero en esto duele porque para las mujeres el aborto no es un juego. Es una necesidad.

-Y si las mujeres no pueden denunciar sobre este mercado negro, ¿cuál sería el protocolo adecuado para quienes están pasando por esta situación de vulnerabilidad?

-Si está dentro de sus posibilidades, acudir a un profesional. El derecho a la información de parte del profesional hacia las usuarias es un deber. Las personas tienen derecho a recibir información actualizada sobre lo que en este caso indica la OMS. No importa si yo estoy de acuerdo o no, pero debo asegurar ese acceso. La mujer pobladora que vive en La Bandera no va a tener la misma posibilidad de googlear “Aborto OMS” porque nadie le dijo cómo, porque ella cree que el aborto está mal, el Estado le dice que está mal y ella lo asume.

-¿Quizás tienen una imagen muy antigua sobre el aborto? Métodos como la mata de apio, el gancho de ropa, por ejemplo.

Sí, durante este tiempo, cuando ya se empezó a escuchar sobre la falta de Misotrol, me tocó recibir entre nueve y once mujeres que estaban abortando con ruda y hierbas. Obvio que estos casos terminaron con intoxicaciones severas hepáticas a causa de la ruda. “Pero es hierba, no me hará mal”, dicen. ¡No! La ruda tiene un poder hepatotóxico gigantesco. Estas mujeres se contactaban con Aprofa y nos decían que llevaban tres días vomitando, amarillas y con dolor de hígado. Hemos vuelto a eso; han vuelto las mujeres que abortan con sondas instaladas en sus casas o con hierbas. Afortunadamente aún no hemos visto los métodos más invasivos (ganchos de ropa o palillos en la vagina) pero quizás esté ocurriendo y yo no me he topado con eso aún. Es lógico que si abortas así, no le pedirás ayuda a la matrona.

-Tampoco podrían obligarla a revelar, como profesional, esta información ante la Justicia.

-No, además por mis convicciones tampoco lo haría. Obvio que haré valer el secreto profesional y de ahí no me saca nadie, pero también es por un tema de creencias personales. El Estado no nos acompaña, pero el Estado no acompaña a nadie a estas alturas. Chile es un país que se ha caracterizado por no ser garante de derechos. ¿En qué me apoyo yo? En las organizaciones internacionales porque dicen claramente que el aborto es un derecho reproductivo.

-Al mencionar que el Estado no nos acompaña, y que no acompaña a nadie. ¿Siente que ha abandonado totalmente a las mujeres de Chile?

-Sí, yo creo que sí. Nos abandonó desde octubre pasado cuando las mujeres eran violadas en las comisarías o violentadas sexualmente, toqueteadas al subirlas a carros policiales. Nadie dijo nada. La ministra de la Mujer (Isabel Plá) no emitió comentarios. No es que ahora sepamos que hemos sido vulneradas toda la vida, pero ahora nos dimos cuenta que si nos unimos podemos lograr cambios. Y por eso estamos visibilizando todo lo que está sucediendo. Por eso se visibiliza que se muere Antonia, que se muere Ámbar, que se mueren todas. Antes se morían, pero callábamos y decíamos: “Ojalá no me pase mí», «ojalá no le pase a mi hija», pero descubrimos que si salimos a marchar dos millones de mujeres a la Alameda, algo tendrá que quedar.

-Ya que pasamos al ámbito político y estamos a casi un mes del plebiscito, una de las demandas para la redacción de una nueva Constitución es tener como prioridad los Derechos Reproductivos y Sexuales de las mujeres que no están contemplados ni especificados en el artículo 19. Para este caso particular, ¿cree que una nueva Constitución sea el paso que falta para despenalizar el aborto en Chile?

-Yo creo que sí, pero es importante priorizar la construcción de un Estado que garantice salud, no el derecho a elegir qué tipo de salud quiero, porque hasta ahora eso hace. “O tienes salud pública o privada, tú eliges” y eso no es garantizar. Cuando esto sí se haga se debería empezar a hilar más fino y considerar la salud sexual y reproductiva, es un subconjunto al final.

-Si nos proyectamos y pensamos que gana el Apruebo, ¿Aprofa estaría sumándose a campañas pro-aborto libre en un futuro cercano? 

-Sí. Aprofa ha participado en la Mesa de Acción por el Aborto y además de nosotros hay otras organizaciones sociales y civiles. De hecho, yo creo  probable que salgan constituyentes de Aprofa o la Mesa. Eso es lo que esperamos al menos, y ojalá sean mujeres. No me gustaría votar por un constituyente hombre para que legisle sobre mis Derechos Sexuales y Reproductivos. Dentro de la Mesa de Acción por el Aborto hay grandes mujeres líderes que están hechas para ser constituyentes.

-¿Cómo quiénes?

-Por ejemplo Gloria Maira, Lidia Casas. Ambas son personas que trabajan por los derechos desde hace muchísimos años, tienen vasta experiencia en cuanto al tema. Lieta Vivaldi de las Abofem es una gran abogada. ¿Quién mejor que ella podría representar desde lo legal? O Débora Solís, nuestra directora ejecutiva en Aprofa es psicóloga y docente. No estamos hablando de gente que apareció de la nada, sino que de mujeres que llevan años dedicándose al activismo. Tienen todo el bagaje que necesitamos para poder formar una Constitución linda y que nos haga sentir orgullosos de Chile.