Apenas comenzó su gestión, la ministra del Interior Izkia Siches sufrió un impasse en La Araucanía –cuando no pudo ingresar con su comitiva a la localidad de Temucuicui– y abrió una polémica con políticos argentinos tras referirse al territorio mapuche como Wallmapu. En los días siguientes, criticó la cobertura que hicieron los medios y planteó que junto a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, y la Secretaría de Comunicaciones (Secom), estudiaban la elaboración de un manual oficial sobre cómo comunicar de forma correcta y sin estigmatizaciones temas relacionados a los pueblos originarios e inmigrantes.

Más allá de la polémica que se generó en la oposición y en parte del gremio periodístico por lo que se interpretó como una intención del Ejecutivo de pautear a los medios de comunicación, lo cierto es que ya existen diversos manuales con recomendaciones y buenas prácticas para el tratamiento mediático de temáticas sensibles y comunidades vulnerables. No necesariamente como iniciativas de un gobierno específico, sino que de entidades independientes, fundaciones internacionales, la academia u organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a la libertad de expresión y las mejores maneras de comunicar sin caer en estereotipos ni estigmas sociales. De hecho, ya existe uno relacionado a temáticas mapuche, Siches lo compartió por Twitter y fue publicado en octubre de 2021.

Su nombre: Manual de buenas prácticas para la difusión de temáticas mapuche.

Es el primer manual de este tipo creado en Chile. El denominado “conflicto mapuche” es una concepción que no reconoce la reivindicación del pueblo indígena sobre sus tierras y el uso correcto que proponen sus autoras, las periodistas mapuche Paula Huenchumil (PH) y Stefanie Pacheco-Pailahual (SP), es “conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche”. Ésta y otras recomendaciones están presentes en el manual que contó con el financiamiento de la Fundación Friedrich Ebert. Además, entregan un amplio análisis a la historiografía del pueblo mapuche que han plasmado los medios de comunicación.

Las autoras se conocieron en 2016 cuando estudiaron en España: Huenchumil cursaba un magíster en Estudios Americanos en Sevilla; Pacheco-Pailahual un doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Púbicas en Madrid. El 12 de octubre de ese año se reconocieron en una manifestación por la resistencia mapuche en Madrid, y desde ese día que se hicieron amigas y comenzaron a trabajar en conjunto distintos proyectos. Uno de ellos fue el manual.

En esta entrevista con Puroperiodismo, las dos autoras repasan el trabajo que hicieron para su elaboración y los desafíos que enfrentaron, así como algunos de los principales errores y estereotipos que la prensa chilena ha perpetuado en su cobertura histórica de temas mapuche.

Presentación de las autoras en el manual.

–¿Cuánto tiempo les llevó hacer este trabajo que, además de ser una recomendación para periodistas, está basado en muchos textos académicos?

PH: Con Stefanie hacemos una clase en conjunto en la búsqueda de comunicación intercultural en la Universidad La Frontera desde 2020, entonces usamos más o menos esa misma lógica para elaborar el manual. Nos demoramos un año en construirlo y era un desafío que fuera breve, pues dentro de todo, es complejo de resumir. Por ejemplo, la deuda histórica, y nosotras queríamos incluir parte de esto. También lo pensamos para un público que quisiese entender un poco más de lo que se ha estado discutiendo ahora, como la plurinacionalidad, o sea, que también sea útil para para toda la ciudadanía.

–¿Cómo fueron organizando la construcción del manual?

PH: La Fundación Friedrich Ebert no estableció fechas de entregas de borradores, lo que nos permitió ordenarnos, tener plazos establecidos. En términos de investigación, como Stefanie tiene más especialización en temas de colonialidad, ella vio más ese tema. Y yo, como trabajo en un medio de comunicación, día a día veo más la parte del racismo en la prensa, así que me enfoque en eso. Fuimos trabajando por Zoom, íbamos escribiendo algunas cosas juntas, otras por separado y también hacíamos un buen trabajo de revisarlo. Yo le revisaba a ella y ella a mí.

–En el manual dice que las y los periodistas deben pedir permiso a las comunidades antes de ir y preguntar si se puede grabar o no, para respetar sus tradiciones. ¿Existe desconocimiento al respecto desde la prensa? ¿Debería haber vocerías indígenas? 

PH: No, yo no creo que deberían existir por deber. Es entender que nos estamos enfrentando a otro pueblo, y otro pueblo significa tener otra forma de ver el mundo, otro idioma, otra identidad, territorialidad, etcétera. Muchos periodistas enfrentan dificultades sin ser conscientes de eso. En los temas mapuche no debe haber un trato especial, para nada, pero sí se trata de entender que hay otra forma de relacionarse y que, en esa forma, por ejemplo, existe una autoridad ancestral, en un territorio existe un werkén que son los que llevan la vocería del territorio, un machi o una machi. Si un reportero va al Vaticano, yo creo que se hace todo el protocolo que corresponde para intentar hablar con el Papa o alguna autoridad.

–Con el manual uno interioriza conceptos que han sido normalizados y que la misma prensa pone en la mesa, como “conflicto mapuche” o “macrozona sur” ¿Por qué esos conceptos serían errados?

SP: Esto apunta a conceptos que son unilaterales, creados desde un sector que suele quitarse responsabilidad de la situación. El concepto “conflicto mapuche” nace desde la prensa, puntualmente en 1997 con el trabajo que hace la prensa regional en La Araucanía. Entonces, está desacertado, porque es una estereotipación de un fenómeno en concreto en que solo se le atribuye responsabilidad a una de las partes, en este caso a los mapuche, desconociendo todas las deudas del Estado.

–¿Cuál es el concepto más apropiado en reemplazo de “macrozona sur”?

SP: Ese es un concepto totalmente imaginario, porque no tiene ni siquiera validez dentro de la jurisdicción del Estado de Chile. Nosotras consideramos que hay que reemplazarlo y, así como se menciona a los territorios según la denominación que el mismo Estado les da (regiones, provincias, etcétera), hay que comenzar a utilizar la geopolítica mapuche. Así como las personas tienen derecho a que se les llame por su propio nombre, también se debe hablar del territorio que corresponde, porque si somos un pueblo vivo, también tenemos un territorio vivo y el Wallmapu no solo es un espacio físico, sino también habitado por otras dimensiones.

Otras recomendaciones para abordar el tema mapuche

–¿Cuál es el punto de entrada para poder cubrir desde adentro el tema mapuche e incluir sus voces?

PH: Efectivamente hay comunidades que pueden ser más herméticas o desconfiadas, pero en base a una historia de desigualdad que ha existido en la prensa, de criminalización de la protesta, de criminalizar a un dirigente o autoridades ancestrales. Entonces, es sumamente normal cuando existe una desconfianza hacia los medios desde las comunidades. Como el caso de la machi Francisca Linconao en su actual rol en la Convención Constitucional.

–¿Creen que el enfoque tradicional en la cobertura de temas mapuche es por decisión editorial?

PH: Hay mucho de decisiones editoriales en las coberturas que se han realizado hasta hoy. Y es difícil que esa cobertura y que esas decisiones editoriales cambien mientras los dueños de los conglomerados sigan teniendo conflictos de intereses. Si son dueños de cierta empresa, además de los medios de comunicación, es complicado. O sea, el mismo noticiero de Canal 13 es auspiciado por Empresas CMPC (holding forestal y papelero del Grupo Matte), entonces las forestales son un tema. Cómo no vamos a cuestionar es esa cobertura, si los auspicios vienen de una parte fundamental del conflicto. No se trata de hacer una cobertura positiva o negativa, sino a lo que apelamos, como con cualquier tema, es a una cobertura equilibrada y contextualizada.

–¿Cuál sería la forma más apropiada para referirse a las organizaciones mapuche que realizan acciones violentas por la reivindicación de sus tierras, como por ejemplo, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)?

PH: Hay que entender que hay diferentes movimientos y manifestaciones. Si uno está cubriendo ese tema, hay que saber los nombres de las organizaciones y, obviamente, saber parte de su historia. Hay organizaciones que validan la violencia, por ejemplo, el caso de la CAM, quienes realizan acciones de sabotaje a maquinaria forestal, pero ellos son enfáticos en decir que no atentan contra la vida. Se tiene que averiguar lo más posible, porque también hay montajes. En general, estas agrupaciones se adjudican actos, lo publican y generan comunicados. Si somos periodistas y estamos reporteando, no vamos a creer en el primer panfleto que veamos en la calle, sino que vamos a reportear y vamos a ir más allá y tratar de acceder a todas las fuentes posibles.

–¿Qué medio de comunicación recomiendas para informarse sobre el tema mapuche?

SP: Dentro de los ejercicios de resistencia también hay un par de medios mapuche que vienen hace un tiempo ya ejerciendo contra información. Estamos hablando de Mapuexpress, que lleva más de una década, o los casos de Radio Kürrüf (rvrruf) y Eco TV, que hacen un muy buen trabajo local. También lo que está haciendo Interferencia es importante, pues se ha abierto dentro de las líneas de investigación directa, lo mismo que CIPER.  El Aukin es un buen medio. También las mismas organizaciones mapuche están utilizando mucho las redes sociales para contrastar información y también a veces son una fuente directa para poder saber qué es lo que está pasando.

–¿Qué piensas de la polémica en la que se vio envuelto el gobierno de Gabriel Boric con su propuesta de elaborar un manual similar al de ustedes? Algunos sectores políticos lo tildaron de censura.

PH: A mí me sorprendió un poco la polémica, pero bueno, nosotras ya teníamos planificado empezar la divulgación en marzo. Y, claro, existe esta polémica porque Izkia Siches twittea el manual. Si hubiese ganado (José Antonio) Kast, también lo habríamos publicado en marzo, y probablemente no se hubiese generado esa polémica. Paradójicamente hubo, nuevamente, una mala cobertura. Fue más bien oportunismo político.

–Dice el manual: “La simbología sobre el mapuche se origina en algunas crónicas, como las de Alonso de Ercilla, quien describe de manera fantástica y épica al mapuche, destacando sobre todo su capacidad guerrera. Dicho rasgo se halla instalado en la memoria de la sociedad chilena y los imaginarios dominantes han jugado con ese concepto, que se utiliza incluso para degradar la imagen del mapuche, subrayando esta bestialidad y violencia ‘intrínseca’, que no le permitiría alcanzar la civilización y/o la paz, propiciando ‘eternos’ escenarios de violencia y caos contemporáneo”. ¿Creen necesario terminar con esa definición del pueblo mapuche como guerrero?

SP: ¡Basta de ese imaginario, de que la única manera de responder es a través de la violencia! Es una visión primitiva y ahí hay una intencionalidad que es completamente nociva al interior del pueblo mapuche. Hoy una de las únicas vías es ser un weichafe. Y ser weichafe es sumamente delicado: implica arriesgar tu vida y también una connotación de masculinidad que yo no sé si es necesaria. No sé si todos los jóvenes mapuche tienen que arriesgar su vida, morir por la causa o ser justamente estos guerreros que resisten a todo. Nuestra gente también está fragmentada; nuestra gente resiste, pero al mismo tiempo hay serios problemas en las comunidades, en los lof, respecto a cómo significa vivir todo el momento en guerra. Eso es muy complejo a nivel de sensibilidad y, justamente, de salud mental. No es sano que un pueblo solamente se distinga por ser guerrero, que su único camino sea ser weichafe.

–¿Creen que sería bueno establecer normas desde el Colegio de Periodistas de Chile para tratar el tema mapuche, o desde entidades públicas, como el Consejo Nacional de Televisión?

PH: No sé si establecer normas, pero sí creo que deben existir orientaciones. Bueno, así como sucede, por ejemplo, en temas de perspectiva de género, para no repetir conceptos como “crimen pasional”. Son cosas que no pueden suceder en el periodismo. Yo creo que es complicado generar sanciones, pero se debería comenzar a regular y concientizar.  No sé qué podría regular el Colegio de Periodistas, pero sin duda creo que tiene que ser un tema que se comience a hablar en las escuelas de periodismo, que se hable entre comunicadores.

*Ver y descargar el manual: 

Dando la espalda al Palacio de Tribunales y bajo la sombra que a esa hora de la mañana les hacía el ex Congreso Nacional, había cinco personas hincadas sobre sus rodillas, con los brazos cruzados por detrás de su espalda y sus manos atadas con pañuelos en las muñecas. Eran familiares de presos y presas de la revuelta social del 18 de octubre de 2019 y estaban allí a modo de protesta. Demandaban que el Estado les otorgue un indulto general. Las poleras que vestían esa mañana del lunes 18, cuando se cumplían dos años exactos del estallido, así lo evidenciaban: “Menos presxs políticos, más políticos presxs”, llevaban escrito. Habían también instalado pancartas con las fotos de sus familiares y las condenas que la justicia ha dictado en su contra, que van de tres a siete años de cárcel efectiva.

Jaquelin Gatica era una de ellas. Llevaba puesta una polera negra con el rostro de su hijo, Benjamín Espinoza, de 20 años, condenado por la quema y saqueo del Hotel Principado, apenas días después de desencadenada la revuelta. Contaba que él ya lleva casi dos años en la cárcel y que está “emocional y físicamente mal, porque ya no resiste más la prisión. La comida es mala, no come; lo único que espera es el día sábado, por la encomienda. Ha bajado mucho de peso, más o menos seis o siete kilos… Cada vez que lo voy a visitar lo veo más delgado”. 

Familiares de presos y presas de la revuelta protestando frente al Palacio de Tribunales y el ex Congreso Nacional a favor de un indulto general, a dos años del estallido social. (FOTO: Luciano Candia)

Mientras eso ocurría, adentro del ex Congreso Nacional, la conmemoración del segundo aniversario del 18-O tenía un cariz completamente distinto. En el emblemático recinto donde funciona desde julio la Convención Constitucional, la fecha coincidía con el inicio del debate de las materias que podrían pasar a ser parte de la futura Carta Fundamental; ese día partió la discusión de lo que podrá llegar a ser una nueva hoja de ruta para un nuevo Chile. 

Tras cruzar la entrada de calle Compañía, se veían a lo largo del pasillo fotografías que colgaban de un hilo con perros de ropa café, con capturas realizadas por Bastián Cifuentes –Periodista Furioso– durante los días más álgidos tras el estallido: un joven con sus manos sobre un carro lanza gases, siendo detenido en el sector de Plaza Baquedano, hoy rebautizado socialmente como Plaza Dignidad; una persona encapuchada frente a una barricada con una bandera mapuche colgada de su espalda; una mujer con una capucha roja, el puño en alto y un pañuelo morado feminista; un grupo de gente que alza una bandera mapuche entre medio de gases lacrimógenos; un hombre esquivando el chorro del carro lanzaaguas; y otras tres mujeres que no pudieron esquivarlo y que con sus manos se intentan proteger sus rostros. Con eso se encontraron varios y varias convencionales que llegaron a esa jornada cargada de simbolismos en el ex Congreso Nacional.

Las actividades en la Convención partieron ese día con una exposición organizada por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en la que el constituyente Ignacio Achurra (distrito 14), junto a su par Malucha Pinto (distrito 13) y la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, recorrieron una muestra de postales escritas y dibujadas por unas 160 niñas y niños para hacer saber a los y las convencionales sus requerimientos y anhelos para la nueva Carta Magna. En algunos mensajes se leía “no más zonas de sacrificio”, “más bosques nativos”, “más claridad en las palabras”, “acceso a remedios para mi abuelita”. Había un dibujo de una casa con chimenea y del humo salía el mensaje “acceso a la vivienda”, mientras que en otros decía “aborto legal, seguro y libre”, “todes somos migrantes” y “más arte en el colegio”, entre otros. 

“Hablan de la necesidad del arte y la cultura. Están llenos de ideas importantísimas, lo que nos confirma una vez más que tenemos que incorporar a los niños, niñas y adolescentes en esta construcción que estamos haciendo. Todo esto se está haciendo para esa generación, finalmente», dijo Malucha Pinto, mientras afuera continuaban las manifestaciones. 

Si bien todo se dio en el cronograma para que las fechas calzaran, lo cierto es que no fue casualidad que justo ese día comenzara el debate constitucional en la Convención Constitucional. La fecha fue decidida por parte de la Mesa Directiva Ampliada de las y los constituyentes, relacionado al simbolismo detrás del 18-O, que dio paso al momento político para la creación de una nueva Constitución. Fue así que  mientras en las calles de todo el país se iban generando concentraciones y manifestaciones para conmemorar los dos años del estallido social, en la Convención se daba paso a la sesión plenaria para comenzar con el debate constituyente, y partiría con los discursos de la Mesa Directiva Ampliada. 

Palabras al inicio

La primera en tomar la palabra fue Elisa Loncon, representante del pueblo mapuche y presidenta del órgano constituyente. En su discurso ante el pleno, dijo que “hoy esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos”. 

Elisa Loncon, presidenta de la Convención,.da inicio a la sesión de apertura del debate constitucional. (FOTO: Luciano Candia)

Continuó el vicepresidente de la Convención, el abogado constitucionalista y académico Jaime Bassa. Él aseguró que lo que empezaba ese día era “un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles, mundos donde los espacios de diálogo, en donde estén presentes todas las voces que emergen de los diferentes espacios de crecimiento político, colectivo de la voluntad popular”.

Luego, los vicepresidentes y vicepresidentas adjuntas hablaron en la misma línea, a excepción del exdiputado, exministro y actual constituyente de la UDI, Rodrigo Álvarez (distrito 23), quien afirmó ser parte de una “minoría” dentro de la Convención, y añadió que “hubiera preferido que el inicio de este debate constituyente fuera en cualquier otro día del calendario, pero, entonces, que este 18 de octubre sea una oportunidad distinta”.

La jornada continuó con actividades dentro del ex Congreso, como la intervención de lienzos con las consignas “con fuerza de los territorios”, “Chile despertó, no te duermas nunca más, un solo pueblo”, “NO  a Pascua Lama”, además, de la presencia de Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta; Felipe Riquelme, víctima de trauma ocular por parte de agentes del Estado en medio de la represión; y Patricio Bao, adulto mayor y también víctima de la violencia policial. 

Pero no sólo hubo actos conmemorativos. Tres comisiones temáticas sesionaron durante ese día: Medio Ambiente, Sistema Político, y Principios Constitucionales. En cada una de ellas se fijaron acuerdos básicos para organizar el trabajo bajo el reglamento de la Convención, aprobado en las semanas previas. También hubo constituyentes que salieron del ex Congreso para ir hasta la llamada Plaza Dignidad y sumarse a las masivas manifestaciones que, si bien en su mayoría fueron pacíficas y muy emotivas, terminaron esa noche con actos de violencia, enfrentamientos con Carabineros y saqueos en algunos locales comerciales.

Primeras coordinaciones de comisiones temáticas

Una de las primeras propuestas que sonaron al día siguiente, ya con el debate constitucional activo, fue la del constituyente y abogado Manuel Woldarsky (distrito 10), quien llegó a la Convención como uno de los candidatos que participaron bajo el heterogéneo paraguas de la Lista del Pueblo. Él planteaba la necesidad de ampliar el plazo de redacción de la nueva Constitución, pues los nueve meses -prorrogables en tres más- definidos en la reforma constitucional que dio forma al proceso constituyente, a su juicio, no serían suficientes. Por eso propuso extenderlo a dos años, aunque no congregó mucho apoyo. 

Al respecto, dijo Bassa: 

“Creo que puede ser un poco apresurado pensar en extender el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, en estos momentos (…) Las comisiones provisorias, durante el mes de agosto, trabajaron de manera muy intensa, no solamente para producir unos 230 artículos de distintos reglamentos, sino que también para recibir de forma paralela, en audiencias públicas, a más de 800 u 820 audiencias, si no me equivoco. Entonces, el trabajo que hemos demostrado en este período de instalación, creo que da cuenta, de buena manera, de que el trabajo que se nos ha mandatado puede ser hecho en los nueve meses más los tres meses de prórroga que contempla la Constitución. Si, eventualmente, volvieran a surgir inconvenientes o imponderables, como ha pasado durante septiembre, habrá que evaluarlo en su momento, pero hoy día, con la información que tenemos hasta ahora, con los cronogramas que se están trabajando de manera preliminar, con el proceso de instalación de las comisiones y, especialmente, con la experiencia acumulada ya, me parece que no hay buenas razones para adelantar la discusión respecto a una prórroga más allá de los plazos que establece la Constitución”.

Imagen de fachada del ex Congreso Nacional (FOTO: Luciano Candia)

Durante las dos jornadas que siguieron (martes 19 y miércoles 20 de octubre) se eligieron a los coordinadores/as de las siete comisiones temáticas permanentes. Estos fueron: Adolfo Millabur (escaño reservado) y Jenniffer Mella (distrito 5) para la comisión de Forma de Estado; para la de Sistemas de Conocimiento y Cultura, la dupla elegida fue la conformada por Cristina Dorador (distrito 3) e Ignacio Achurra (Distrito 14); en Derechos Fundamentales, Damaris Abarca (distrito 14) y Matías Orellana (distrito 15); Christian Viera (distrito 17) y Vannesa Hoppe (distrito 21) harán lo mismo desde la comisión Sistema de Justicia; y en la de Sistema Político se designó a Ricardo Montero (distrito 18) y Rosa Catrileo (escaños reservados). 

En la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, se determinó que serían Camila Zárate (distrito 7) y Juan José Martin (distrito 12) los encargados de su coordinación; y, finalmente, para la de Principios Fundamentales, quedaron como coordinadoras las convencionales Ericka Portilla (distrito 4) y Beatriz Sánchez (distrito 12). Es decir, la coordinación de cinco de las siete comisiones quedó a cargo de representantes del Frente Amplio, en dos hay representantes del Colectivo Socialista y en otras dos la coordinación estará en manos de convencionales del pueblo mapuche. 

Acuerdos, discusiones y discursos

Uno de los hechos que también marcó la primera semana de debate constituyente fue el lanzamiento del Portal de Transparencia de la Convención Constitucional, como lo tiene cada institución y organismo estatal. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, señaló que para quienes están dispuestos en apoyar a la Convención, un punto clave es abrir la información “para la ciudadanía, para que sea ésta la que pida rendición de cuentas, y finalmente sea esa transparencia la que esté al servicio de la confianza y su recuperación; nos trae, por cierto, una profundización mayor de nuestra democracia”. 

En un pleno, el 20 de octubre se explicó el recibimiento de 27 oficios por parte del secretario de la Convención, John Smok. Uno de estos es sobre la revisión del criterio rector de paridad de género del Reglamento de la Convención, ya que en la comisión temática de Sistema de Justicia éste no se cumpliría. Sin embargo, desde la Mesa Directiva Ampliada señalaron que la integración de un varón disidencia sexual puede considerarse dentro de la paridad. 

Otro de los planteamientos que generó molestias en algunos constituyentes fue la decisión de sesionar en la región del Bío Bío, como la primera salida de la Convención -a realizarse entre el 22 y 26 de noviembre-. Así fue en el caso del constituyente del Partido Socialista (PS), Julio Álvarez (distrito 26), quien expresó que “la mesa tiene las facultades para gestionar, pero no para decidir dónde se efectuará”. Añadió: “Es cambiar una región más poblada por la segunda más poblada, es decir, un Santiago chico”. 

En esa misma línea, Pedro Muñoz (distrito 24), también PS, catalogó la decisión como un “capricho” del vicepresidente adjunto de la Convención y acusó que no se consideró la ausencia de dos integrantes de la Mesa Directiva Ampliada, él e Isabel Godoy. 

En respuesta a ello, Bassa señaló que se considerará para futuras salidas, porque faltan muchas, y que se eso se ratificará, pues “nos va a alcanzar para dos o tres salidas más en 2022”, afirmó. 

Considerando la apertura del debate constitucional, entre el miércoles 20 y el viernes 22, los y las convencionales constituyentes dieron apertura a la discusión con sus discursos, en los que expusieron antes sus pares sus expectativas, anhelos y también aprensiones sobre la próxima Carta Magna, así como vivencias personales que los motivaron a ser partícipes de la Convención.  

La constituyente más joven entre los y las 155 personas que conforman el pleno, Valentina Miranda (distrito 8), dio un emotivo discurso explicando su situación familiar y personal, que la llevó a tres intentos de suicidios: “No encontraba una salida a esos problemas. Esta historia es similar a las de millones de jóvenes que buscan las lucas a la mala para poder sobrevivir, jóvenes que no confían en la educación, en nada y en nadie”. 

Convencionales en el pleno el día de la inauguración del debate constitucional (FOTO: Luciano Candia)

“Mi convicción es que de aquí saldrá la Constitución ecologista, feminista, plurinacional e intercultural que nos permitirá un desarrollo integral de todas las personas de la sociedad”, planteó Miranda. 

Una visión muy distinta a la que planteó la constituyente de la UDI, exministra de Educación y una de las principales promotoras del Rechazo previo al plebisico de hace un año, Marcela Cubillos (distrito 11), al final de su intervención: “Quiero terminar señalando que una Constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios, que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar, no tiene destino. Es una Constitución condenada al fracaso”. 

El escritor, Jorge Baradit (constituyente por el distrito 10), dijo: “Creo que debemos darnos las condiciones para construir poder popular y herramientas para ejercerlo, porque no concibo una democracia que sólo nos permita marcar una raya en un papel cada cuatro años”.

En general, los discursos estuvieron marcados por la importancia del momento histórico que vive el país y el rol de los constituyentes de cara al futuro, la relevancia que tuvo para el proceso el estallido social del 18-O, las injusticias y desigualdades que lo provocaron y la necesidad de cambiar el paradigma de Chile como nación democrática. Se habló del Estado y del sistema político, social y económico, así como también de medioambiente, salud, educación, sostenibilidad, plurinacionalidad, inclusión e igualdad. La convencional Alejandra Pérez (distrito 9) intervino a torso desnudo, mostrando a todos y todas las presentes las cicatrices de su doble mastectomía debido a una cáncer de mamas, donde tenía escrito «Hasta que valga la pena vivir«. Con un emotivo y potente discurso, se refirió a las desigualdades en el acceso a la salud que afectan a la mayor parte de la población en Chile. 

Por su parte, Lidia González, representante en la Convención del pueblo yagán, se refirió a sus antepasados, aniquilados por colonos, subidos en barcos y exhibidos como animales en zoológicos humanos de Europa en contra de su voluntad (ver hilo que publicó en su cuenta de Twitter).

Hasta mañana, martes 26 de octubre, se extenderá el espacio para discursos de apertura en las comisiones de la Convención.

*Este reportaje, publicado originalmente en The Clinic, se hizo en el marco del curso Seminario de Titulación de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, a cargo del profesor Juan Pablo Figueroa.

Son las 9:11 de la mañana del miércoles 29 de septiembre y dos hombres venezolanos salen a comprar desayuno desde el inmueble que funciona como hostal clandestino, sin saber que desde la madrugada se está organizando su allanamiento. Nueve policías afuera y 18 carros policiales desplegados por Arica esperan romper la puerta para registrar el lugar y detener a quienes estén allí adentro. Se escucha un eco en la residencia unos segundos después. La Policía de Investigaciones (PDI) rompe la reja blanca de un solo impacto, que se abre como por arte de magia. Entran.

Tres agentes corren por el pasillo con pistola en mano gritando: “¡Policía, policía! Allá, allá, quédense todos aquí”.

Llegan al patio central de la residencia. Allí hay dos colchones desgastados y sucios de dos plazas tirados en el piso, con frazadas encima. Dos venezolanos que estaban sentados en una banca conversando ni se inmutan al ver a los policías, y siguen su plática como si nada estuviese pasando.

Foto: Amy Franklin

Mientras un menor asustado llama a su “papi”, otra llora en brazos de su madre. Hay un bulto de frazadas delgadas y floreadas sobre un colchón tirado en el piso, y desde una de éstas se asoma la cabeza de un niño que se destapa solo los ojos. Parece no entender mucho qué pasa y vuelve a taparse el rostro. Pero pasan unos segundos y se destapa por completo, se pone de pie y va a sentarse en la banca que está junto a él, en el patio.

Walterio Díaz, chileno, es dueño y encargado del hostal clandestino donde reciben migrantes que han ingresado de forma irregular al país, como parte del negocio que desde hace un tiempo opera una banda multinacional dedicada al tráfico de personas en la zona. Ahora tiene sus manos unidas por la espalda por unas esposas. Sin decir una sola palabra, desde una esquina observa cómo se desploma la operación ilícita de la cual forma parte y que, según la cifra mínima calculada por el encargado del operativo de la PDI, 30.000 personas ingresaron a Chile por pasos no habilitados, provenientes de Cuba, Colombia, Venezuela y Haití. En su comunicado oficial, sin embargo, la INTERPOL se refiere al tráfico de 1.000 personas.

De todas las piezas salen hombres, mujeres, niños, niñas, bebés y un perro de color blanco de estatura media que también llegó de Venezuela. Ellos no entienden qué pasa; sus caras así lo expresan. Algunas personas comienzan a llorar, otras no se conmocionan. Nueve horas deambulando por el desierto anoche. ¿Fue en vano?

Al llegar al lugar, Alex Silva, subcomisario de la Brigada de Trata de Personas de la PDI y agente a cargo del operativo, se presenta frente a las víctimas que se encontraban en la residencia. Les dice: “Acá nosotros estamos por un tema investigativo, no estamos en contra de ustedes”, explicó. Mientras él los intenta calmar, el resto de su equipo busca evidencias como boletas de transacciones bancarias y cuadernos con notas. Incautaron teléfonos celulares, para evitar que alerten a los otros miembros de la banda, ya que ese era sólo uno de tres allanamientos simultáneos.

Foto: Amy Franklin

Modus Operandi

No hay claridad ni una cifra certera de cuántas personas han cruzado de forma irregular la frontera hacia Chile en los últimos años, pues el total forma parte de una cifra negra, aunque hay referencias. Según el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) a partir de datos de la PDI, sólo durante el primer semestre de 2021 ingresaron al país 23.673 migrantes por pasos no habilitados. Muchos de ellos traídos por organizaciones criminales dedicadas a lucrar con la crisis migratoria y humanitaria, como la que caía el último miércoles de septiembre.

Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM) “hay una crisis -concretamente en Chile-, de las políticas migratorias, que hacen que un flujo incrementado de migración no se atienda conforme a lo que seria deseable, a lo que seria evitar rápidamente a lo que seria niveles de irregularidad”, explicó.

Toda la operación que llevó a la banda que operaba en Arica surgió a raíz de una denuncia por parte del Sename Metropolitano en diciembre de 2019, en la que se alertaba de cuatro menores de edad chilenos -hijos de haitianos- que estaban saliendo ilegalmente de Chile, sin ninguna explicación. Más tarde apareció información de que algunas madres de estos menores fallecieron en la selva de Darién, tras haber cruzado la frontera desde Colombia a Panamá en su trayecto para intentar llegar a Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la cifra de menores víctimas de tráfico ilícito de migrantes aumentó a ocho casos distintos, y hasta el pasado 22 de septiembre, ya se contabilizaban 280, según lo indicado por la fiscal Carolina Suazo Schwencke en la formalización. Había denuncias sobre la sustracción de niños, niñas y adolescentes durante la ruta, la pérdida de uno de sus padres en el camino y que desencadenó que hoy, en su mayoría, se encuentren en hogares en Panamá a la espera del retorno a Chile.

Foto: Amy Franklin

A diferencia de Danny (seudónimo para proteger su identidad), que sí llegó a destino, tiene 15 años e ingresó a Chile junto a Braybel, de 18, y Alejandro de 20, acompañado de su esposa embarazada de seis meses. Los cuatro viajaron desde Venezuela, pagaron 750 dólares para todos los gastos que incluían buses, tres comidas al día y alojamientos por sus pasos desde el pueblo de San Cristóbal, en el barrio de Pinto Salina en Caracas, luego por Colombia, Ecuador y Perú hasta su arribo a Chile. Inicialmente, los “asesores” de los coyotes le aseguraron 10 días, aunque esa jornada, la del allanamiento, cumplían 17 días viajando. Sus madres y familia los esperan en Santiago.

Uno de los desafíos más grandes en que Braybel, Alejandro y Danny coinciden que tuvieron que vivir fue el desierto de “Perú para acá”.

“Nos aseguraron que eran de dos a tres horas de caminata, [no fue así] sino que, fueron ocho horas, y el que supuestamente nos iba a acompañar durante el trayecto no nos acompañó. Nos dejaron ahí solos, tirados, y nosotros tuvimos que buscar la manera de tratar de salir de ahí, memorizar las indicaciones que ellos nos daban, y bueno, gracias a Dios llegamos. No todo fue como lo pintaban los supuestos asesores [de los coyotes]”, dice Danny.

Foto: Amy Franklin

Cardoza sostiene que “el gran problema acá es que se está generando inmigración ilegal sistémica, y por otro lado, esas barreras que se establecen en frontera, incrementan de manera enorme el tráfico y la trata de personas, porque de esta inmigración ilegal se hace un mercado. Uno de los mercados más lucrativos del mundo”, aseguró el secretario ejecutivo de MAM.

El organigrama de la banda

Maxene Faustín, ciudadano haitiano, es indicado por la PDI como el líder de la organización y junto al peruano Raúl Pérez Gómez, coordinaban y facilitaban la entrada ilegal a Chile desde Tacna hasta Chacalluta, en Arica, por pasos no habilitados. Según constan las interceptaciones telefónicas que se mencionaron durante la formalización de los imputados en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, el día 30 de septiembre, Faustín en algunas ocasiones “proporcionó un mapa con instrucciones para evadir el control [policial]” a los migrantes,  diciéndoles que para evitar que los controlarán debían caminar “por la orilla de la playa o los campos con hierbas”. En otras ocasiones, tenían un coyote que los guiaba durante el camino.

La investigación se basó en un trabajo encubierto, de escuchas telefónicas georreferenciadas por seis meses entre coyotes, “transportistas” e integrantes de la organización. Además, utilizaban las direcciones asociadas a los permisos C19 -los pases sanitarios para trasladarse entre regiones durante la pandemia- para vincular migrantes a los domicilios utilizados para el ocultamiento de las personas, según indicó en la formalización la fiscal Carolina Suazo Schwencke, especialista en la trata de migrantes de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien estuvo a cargo de la investigación.

Entre el día 4 de enero y 17 de agosto del presente año, al menos, 903 extranjeros se encuentran vinculados a los domicilios indagados por la organización criminal, tras los análisis de registros de los pasaportes sanitarios C19, declaración jurada. Todos los domicilios asociados eran de Arica.

Jaime Winter, abogado penalista, afirma que la utilización de los C19 para la investigación policial sí cumple con el marco de la legalidad, dice que “el Código Procesal Penal establece una cooperación entre entidades estatales ante la solicitud del Ministerio Público, cualquier entidad estatal tiene que entregar la información que este lo requiere, y este sería el caso también para los C19. En la medida que no haya datos sensibles, no debería requerir autorización judicial”, señaló Winter. Y cabe recordar que los datos sensibles se refieren a información médica.

Foto: Amy Franklin

Las pesquisas determinaron cuál era el organigrama de la asociación, esta era liderada por Maxene Faustín, apodado el “moreno” o “Marcelo”, es alto -de casi un metro noventa-, delgado y la última vez que se le vio por la PDI usaba dreadlocks, esta vez -en el allanamiento- tiene el pelo corto, él es el blanco principal. Coordinaba y mantenía la activa comunicación con los nueve integrantes de la banda, en todas las etapas desde origen hasta el destino final de los migrantes, dando instrucciones de movilización en el desierto para el ingreso o salida por las inmediaciones del paso fronterizo de Chacalluta a Chile.

Además, solicita los documentos necesarios para el traslado interregional, como el pasaporte sanitario y/o certificado de residencia. Estos eran adulterados para acreditar falsamente un domicilio y así hacer viajes interregionales sin problemas, utilizando direcciones de Estación Central y Renca, entre otras comunas de la capital.  Eran solicitados fraudulentamente a Wilmer Colmenarez, ciudadano venezolano, conocido por “Wilmer”, quien también se encargaba del traslado desde y hacia la frontera hasta los alojamientos.

Estas residencias transitorias eran casas particulares cuyos dueños eran miembros de la organización. Ese era el caso de Walterio Díaz, en el inmueble ubicado en Bernardo O’Higgins N° 851, en Arica. O bien, en las residencias u hostales “Lucerito”, “Ivonne”, “Las Cruces”, “Hostal Inti”, “Hostal 911”, “San Antonio”, todos en la misma ciudad. Díaz es un chileno que, en coordinación con Colmenarez, confeccionaba los documentos de C19, para acreditar las residencias y compra de pasajes en bus hasta Santiago como último destino.

Faustín operaba a la par junto a su pareja Ruth Núñez, paraguaya, más conocida por “Leticia” -su segundo nombre-, encargada del manejo del dinero. A través del uso de su cuenta rut del Banco Estado distribuía entre quienes estaban a cargo en la entrada o salida de personas, y que se vinculó con transacciones incluso en Estados Unidos.

Más abajo secundaba Ximena Juárez Velásquez, chilena, autodenominada “Sofía”. Ella debía coordinar el traslado de los migrantes en el territorio chileno, y asegurarse de los cupos disponibles en cada residencia clandestina para así pernoctar y ocultar a los migrantes. Atribuciones que realizaba en conjunto de su cónyuge Alex Avilés, también chileno, quien era el encargado del ingreso ilegal a Perú colaborando con el punto de contacto mediante whatsapp con Raúl Fernández, ciudadano peruano.

Foto: Amy Franklin

Continúan la línea de operación, de acuerdo con el organigrama identificado por la fiscalía y la PDI, Claudio Carmona y Antonio Anardo; ambos chilenos y se encargan del traslado de salida o ingreso ilegal a Perú, coordinando por medios de chat y llamadas por internet. Anardo conocido por “don Antonio” es taxista oficial, por tanto, saca y entra migrantes en su propio vehículo.

Allanamientos

Deben esperar a que el líder sea aprehendido y luego operar con el resto de las detenciones y registros. Durante la última reunión previa a los allanamientos, 20 minutos un policía mueve su pie de arriba a abajo dando pequeños golpecitos contra el piso, sólo hasta diez minutos antes del término comienza a mover sus pies más despacio, se detiene. Amaneció en Arica.

Antes de partir, los funcionarios de la PDI locales dicen que hay tener cuidado con la residencial ubicada en cerro Chuño, un terreno habitado principalmente por extranjeros que ocuparon el sitio luego de que este fuese desalojado por insalubridad tras la contaminación de plomo y arsénico. Los habitantes de la zona hicieron socavones en el piso para evitar el paso de vehículos y así cortar el paso. Un lugar hostil.

Foto: Amy Franklin

Todos están haciendo los preparativos, buscan los chalecos antibalas – aunque en las intercepciones telefónicas nunca hubo indicios de tenencias de armas por parte de la organización-, cascos que pesan dos a tres kilos aproximadamente, handies, arietes para golpear las puertas y abrirlas, y algo no menos importante, cada uno lleva un lápiz y papeles administrativos para dejar registro de lo que ocurrirá. Todos salen del cuartel de la PDI.

Dos PDI de antinarcóticos -que prestaron apoyo al operativo-,  recibieron el llamado del “señor” el subcomisario Silva, quien al otro lado del celular, dijo “vente pa’ acá nomás”. Se encendió el motor del auto y rápidamente llegaron a la calle Bernardo O´Higgins -paralela donde estaban estacionados-, ahí existe un hostal clandestino donde reciben migrantes transitoriamente.

La mayoría del personal de la PDI viste ropa común y corriente, esperan pasar desapercibidos, solo un par de ellos tienen la vestimenta “5.11” como le llaman, polera institucional y pantalón de táctica, aunque todos con chalecos antibalas. Ya detuvieron al líder, Silva había ido a comprar una Coca Cola cuando ve pasar a sus espaldas al blanco principal, lo siguen unas cuadras y lo detienen.

Comienza un allanamiento, se abre la puerta con el golpe y entran los policías, en ese lugar estaba “Leticia”, la pareja del mandamás y Walterio Díaz. Todos los migrantes que se encontraban ese día eran venezolanos, y habían llegado durante la madrugada al lugar. Los que más tarde habían ingresado fueron alrededor de las seis de la mañana. No lograron estar 24 horas en Chile antes de la redada.

Foto: Amy Franklin

Braybel, que llegó alrededor de las cinco de la madrugada, dice que “a veces nos daban dos [comidas], a veces una. Nos dejaban pasando hambre y si no nosotros salíamos a resolver, prácticamente pasábamos hambre”. Explica que debían hacer filas de una o hasta una hora y media en los Western Unión para recibir lo “poco” que le enviaban sus madres para alimentarse mientras los esperaban en Santiago. Danny, otro menor que había sido ingresado por la organización que lideraba Faustín, se encontraría con su suegra que vive hace cuatro años en Chile, con sus papeles al día.

Para Jesús, de 21 años, que viajó junto a su esposa de 17 y su hija de un año, el trayecto para llegar hasta Arica, también desde Venezuela, duró siete días. No tienen la certeza del costo económico del viaje, porque aseguran que la madre de Jesús lo pagó desde Santiago. A ella tampoco la ven hace cuatro años, aunque hablan semanalmente por videollamada.

Jesús no entiende muy bien qué está pasando y explica: “Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormí afuera”, apuntando a un colchón que se encontraba en el piso con frazadas encima, en el patio de la residencia. Añade que: “Comí pan con mortadela, comí galletícas”, dice.

Tanto Jesús como su esposa coinciden que fue un viaje duro, para darle de comer a su hija afirman que “Aquí nosotros tenemos preparitas instantánea y le damos a ella, ella pasaba más tiempo durmiendo y se le daba cuando paraba”.

Todos los allanamientos fueron efectivos y se detuvo a las nueve personas que eran blanco de la investigación y tenían órdenes de aprehensión o de entrada y registro de los recintos donde vivían. Los venezolanos que se encontraban dentro de los recintos -víctimas de trata de personas-, están en una residencia sanitaria hasta el lunes 4 de octubre por protocolos de Covid, y luego podrán continuar viaje hacia su destino final: Santiago.

Braybel comenta para este reportaje, desde la residencia sanitaria, que su mamá desde la capital lo fue a buscar a Arica para sacarlo. Sin embargo, no tuvo una respuesta esperada, ya que su hijo debía cumplir con la cuarentena por protocolos sanitarios, por tanto, volvió a Santiago.

Foto: Amy Franklin

El lunes 4 de octubre, Braybel y Bárbara Monsalve, su madre, se reencontraron después de cuatro años. Bárbara estaba esperaba en el aeropuerto de Santiago desde hace 20 minutos, cuando ve a su hijo salir por la puerta abre los brazos, sacando pecho y corre hacia él. Lo primero que le dice es: “¡Hijo mío! Mi corazón. Gracias a Dios”, y lloran abrazados. Ahora viven en la comuna de Cerro Navia.

Para el caso de los integrantes de la organización criminal, todos fueron formalizados por asociación ilícita para la comisión del tráfico ilícito de migrantes, delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por afectar a menores de edad y por la existencia de riesgo en la salud e integridad de las personas afectadas. Se determinó prisión preventiva para ocho de los nueve imputados, a excepción “Leticia”, paraguaya, encargada de las finanzas, quien quedó con arresto domiciliario. Arriesgan una pena inicial mínima de 5 años hasta 20 años de cárcel efectiva, considerándose todas las agravantes. 

Ambas medidas cautelares son por los seis meses que dura la investigación. En el caso de Raúl Fernández, se encuentra detenido por el tráfico ilícito de migrantes en Perú según indicaciones de la INTERPOL.

El pasado jueves 7 de octubre, se reunieron los gobernadores del norte, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, este último, Jorge Díaz, emplazó al ministro del Interior por no asistir a la reunión para enfrentar las llega de migrantes.

El gobernador Díaz dijo que “obedece a una muestra más de que, desde el Estado Central no conocen los territorios, no conocen los flujos migratorios (…) la frontera se encuentra cerrada para turistas, sin embargo, a metros de nosotros, acá existe una serie de huellas y vestigios de miles de personas que han ingresado de manera irregular al país. No se atiende a la territorialidad y solamente se toman decisiones desde Santiago, entre 4 paredes, sin atender las necesidades reales de los territorios”, expresó.