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Víctimas de la Ley 20.000: el drama de ser paciente de cannabis medicinal en Chile

Por ~ Publicado el 3 agosto 2021

Desde 2019 a la fecha se han realizado 88 allanamientos a pacientes de Fundación Daya, organización chilena que presta asistencia médica a usuarios de cannabis. En los primeros seis meses de este año la cifra ya alcanzó el total de allanamientos realizados en todo 2020 a integrantes de la organización. Este aumento también coincide con el alza de 200% de incautaciones del Plan Cannabis 2021, anunciado por la Policía de Investigaciones (PDI). Durante los últimos meses, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto tres querellas por tratos vejatorios en el contexto de allanamientos: las tres personas afectadas contaban con una receta médica vigente.

Por Catalina Fernández y Joaquín Zúñiga*


*Este reportaje fue realizado para el curso Periodismo de Investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Pedro Ramírez.

 

Cuando Rosa Salazar (55) vio a los policías afuera de su casa ubicada en Chillán pensó que venían para notificar una citación por la pensión de alimentos de su hijo. Jamás imaginó que los tres funcionarios estaban a minutos de vaciar cajones e inspeccionar distintos rincones de su casa en busca de “paquetitos” de marihuana. Ella les pidió la orden correspondiente que el Ministerio Público debe emitir para autorizar allanamientos de morada, pero cuenta que la respuesta de los funcionarios fue tajante: “Si te vas a poner así de chorita, vamos a entrar igual no más”. 

Recuerda también haber visto que uno de los policías sacó una especie de fierro de la camioneta en la que se trasladaban. El objetivo eran las tres plantas de marihuana que Rosa tenía en su domicilio. Sintió miedo, así que les permitió entrar al hogar, pero dentro de todo existía una tranquilidad: contaba con una receta médica y varios documentos otorgados por la Fundación Daya que la acreditaban como paciente de cannabis medicinal. Pero no  fue suficiente. 

Los pacientes de cannabis medicinal en Chile, a raíz de vacíos legales de la Ley 20.000 -que penaliza el tráfico de drogas-, aun contando con una receta médica, están expuestos a allanamientos y a ser tratados como presuntos microtraficantes. Y si la persona les permite a los policías ingresar al domicilio, como fue el caso de Rosa, ni siquiera es necesario portar una orden emitida por el Ministerio Público. 

Los policías, cuenta Rosa, fueron claros. Le dijeron que se apurara porque debían llevársela al cuartel y que tendría que pasar la noche allí. Su mayor preocupación era qué hacer con su hija Camila (33), quien sufre de epilepsia refractaria y, al igual que ella, es paciente de Fundación Daya. 

Mientras Rosa mudaba a su hija, recuerda que un policía entró al mismo dormitorio y comenzó a revisar el closet y una cómoda. También cuenta que no le dieron el tiempo suficiente para ir a dejar a Camila con su papá o con una amiga conocida. Debió dejarla a cargo de un vecino. Por este y otros motivos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal por el delito consumado de vejación injusta y abusos. No es el único caso. Durante el último año, el INDH ha interpuesto otras dos acciones legales por casos de allanamientos a pacientes de la fundación (revise aquí la declaración del INDH por este caso).

Para la realización de este reportaje, Puroperiodismo conversó con integrantes de la dirección y equipo judicial de la Fundación Daya, representantes del primer estudio jurídico de cannabis en Chile (Legal Green), integrantes de la Defensoría Penal Pública, representantes de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público y pacientes que sufrieron allanamientos policiales por presunto microtráfico. También se realizaron cinco solicitudes de transparencia a entidades como el Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros, con el objetivo de conocer la cantidad de allanamientos totales por plantación de cannabis en Chile desde 2019 a la fecha. Además, se intentó establecer contacto con la Policía de Investigaciones (PDI), pero se negaron a participar, excusándose en que la responsabilidad por las órdenes de allanamiento le corresponde a las distintas fiscalías. 

Si bien desde 2019 se han realizado 88 allanamientos a pacientes de Fundación Daya -según señalan en la organización-, durante el primer semestre de este año ya se superó el total de procedimientos realizados durante 2020, es decir, 36 allanamientos entre enero y junio. 

El INDH se ha involucrado directamente en tres de estos casos, en los cuales las víctimas denuncian haber sufrido tratos vejatorios y degradantes en su calidad de personas, más allá de ser consumidores de cannabis medicinal, tal como se señala en el caso de Rosa Salazar, Camila Barra y Vivian Strauss. Por otro lado, existen vacíos legales en torno a la Ley 20.000 que no especifican cantidades ni causales para determinar si una persona es consumidor de cannabis medicinal y no un microtraficante o narcotraficante. A raíz de esos vacíos , los pacientes quedan finalmente expuestos a estos procesos de allanamiento.

Cogollo de marihuana en un dispensario (Foto: Freepik)

Cogollo de marihuana en un dispensario (Foto: Freepik)

Desprotección en la ley 20.000

La Ley 20.000 define los delitos y penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Esta normativa busca sancionar a quienes elaboren, fabriquen o preparen bajo cualquiera de sus formas, sustancias o drogas psicotrópicas. Es una ley orientada a detener no el consumo personal -pues éste no se encuentra prohibido-, sino su comercialización ilícita, ya sea a gran o pequeña escala. Sin embargo, no considera el auto cultivo ni a usuarios recreacionales o medicinales, y al no existir esa diferencia explícita, todos pueden ser legalmente considerados como parte de un mismo grupo. 

Por un lado, el artículo 6 de la norma tipifica penas a aquellos profesionales de la salud que receten sustancias ilícitas. “El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”. En otras palabras, la ley lo considera un crimen y lo castiga como tal, con penas que parten en los cinco años de prisión y que podrían llegar a ser 15, y multas que parten en poco más de dos millones de pesos y pueden llegar a bordear los $21 millones.

Ahora bien, dicha ley también penaliza a quienes cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis sin previa autorización y se incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años) o presidio mayor en su grado mínimo (desde cinco años y un día a diez años), a menos que justifique la exclusividad del uso personal y/o próximo en el tiempo. Pero ese punto en particular es considerado por muchos un vacío legal, puesto que la ley no regula el autocultivo. ¿Qué significa? Que como no existe tipificación alguna sobre la cantidad de plantas que un usuario puede mantener o cultivar en su domicilio para justificar su “uso personal” ni tampoco sobre cómo definir el “uso próximo en el tiempo”, todo queda sujeto a la discreción de las policías y fiscales, derivando en persecuciones legales a usuarios de cannabis medicinal. 

Para Tomás Basso, abogado litigante y director de Legal Green, el primer estudio jurídico especializado en cannabis en Chile, la situación que viven los pacientes de Fundación Daya y otras organizaciones similares se relaciona directamente con la falta de conocimiento frente a la normativa que plantea la Ley 20.000. “Cualquier médico cirujano que esté inscrito en la Superintendencia de Salud puede prescribir lo que sea, inclusive sustancias establecidas en el artículo 1 de la ley 20.000”, explica. 

Sin embargo, es enfático en señalar que una receta médica que acredite el uso de cannabis no es suficiente para detener un allanamiento de morada, pero sí es necesaria para individualizar la sustancia que consume el usuario medicinal. 

De acuerdo con lo señalado por Basso, tanto para la PDI como para Carabineros, la distinción entre traficantes y usuarios de cannabis medicinal se dificulta debido a los vacíos legales, pues no hay parámetros claros que especifiquen la cantidad de plantas o insumos que una persona debe poseer para ser considerado como consumidora y no como traficante. Sin embargo, el abogado señala la importancia de “individualizar el consumo”, es decir, rotular y/o identificar bajo el nombre del paciente, ya que cualquier elemento que no esté individualizado puede llevar a la presunción de tráfico de marihuana. 

“La receta médica no es suficiente, quizás es un modo de orientación para acreditar exclusividad, pero no es suficiente. […] Los pacientes de cannabis medicinal estarán siempre expuestos a ser tratados como traficantes. Si el cultivo no está individualizado, se puede interpretar que el consumo va destinado a terceras personas, por eso en estos casos las policías suelen solicitar un permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”, añade Basso.

Cosecha en plantación autorizada de Fundación Daya en la Región del Maule (Foto: Fundación Daya)

Cosecha en plantación autorizada de Fundación Daya en la Región del Maule (Foto: Fundación Daya)

El conducto regular

Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Ministerio Público, explica a Puroperiodismo que la forma mediante la cual proceden se rige por la normativa y que, al mismo tiempo, las policías especializadas en Chile operan bajo ese criterio. Los protocolos contenidos en esta normativa hacen mención al delito de cultivo sancionado en el artículo 8 de la Ley 20.000

A partir de 2015, la Corte Suprema se encargó de reinterpretar esta ley, puesto que previamente el artículo 8 se encargaba de tipificar el cultivo, constituyéndolo como un delito por sí solo y dando paso a sanciones condenatorias o penales. Bajo esa antigua interpretación, tanto Carabineros como la Fiscalía y los tribunales tenían la potestad de perseguir y emitir penas sin mayores investigaciones. Daba lo mismo la cantidad, el volumen de las plantas y el destino que se le diera: cualquier persona que plantara cannabis podía ser considerada narcotraficante y sería perseguida como tal. 

Pero algo cambió a mediados de 2015, cuando el máximo tribunal absolvió a una mujer previamente condenada por cultivar 40 plantas de marihuana en su casa. Lo mismo ocurrió pocos meses después, con un caso de autocultivo en la comuna de Paihuano, en la Región de Coquimbo, y luego, en 2016, cuando la misma instancia sobreseyó la causa contra otra persona a la que le habían incautado 15 matas en su hogar, luego de que las respectivas defensas lograran acreditar que el fin de esos cultivos era el consumo personal y próximo en el tiempo y no su comercialización a terceros.    

Lo anterior, en la práctica, ha implicado una reinterpretación judicial del artículo 8, estableciendo que el avistamiento de cultivo en domicilios particulares no constituye un delito por sí solo, sino que deben existir elementos probatorios que demuestren la existencia de micro y/o narcotráfico. Estos elementos pueden ser grandes cantidades de dinero en efectivo, dosificadores y altas cantidades de plantas, entre otros. Sin embargo, debido a que la Ley 20.000 no está enfocada en el consumo personal y a que no ha sido modificada, esta reinterpretación sigue sin tipificar cantidades exactas permitidas y aún deja la resolución de cada caso a criterio del juez o la jueza respectiva y las policías. 

“No hay otra fórmula porque, en definitiva, la sanción está en el cultivo sin la autorización legal, esa es la base”, añade Toledo, quien además especifica que el conducto regular del allanamiento policial se debe realizar con una orden judicial previamente emitida por un juez. 

Del mismo modo, el exfiscal refrenda a Tomás Basso en el sentido de que una receta médica no es suficiente para evitar un allanamiento, puesto que no posee validez legal alguna, y que la única autorización válida es aquella emitida por el SAG. Sin embargo, dicha autorización sólo es otorgada a plantaciones con fines industriales, situación no contemplada en ningún artículo de la Ley 20.000.

“Como argumento, [la receta médica] no basta. Puede ser útil para los efectos de un juicio, para discutir la validez del procedimiento en concreto y si esa persona es o no ajusticiable (…) Nosotros somos operadores del Derecho. Cumplimos con una ley promulgada. Puedes interpretarla todo lo que quieras, pero si la ley está vigente y tiene un sentido, hay que hacerlo”, sentencia Toledo.

Crecimiento exponencial de los allanamientos

Desde 2019, la Fundación Daya comenzó a experimentar múltiples casos de allanamientos en los domicilios de sus pacientes. Lo que antes sucedía una vez al año, hoy ocurre con una frecuencia aproximada de siete allanamientos al mes, por lo que han debido establecer protocolos al respecto dentro de la organización, brindando asesorías jurídicas a la Defensoría Penal Pública o a los abogados particulares que representan los casos de los pacientes. Actualmente hay cinco pacientes privados de libertad que reciben asistencia jurídica de la entidad sin fines de lucro. Solo tres de ellos eran pacientes de la organización; los otros dos pertenecían a otras agrupaciones que no contaban con equipos jurídicos. 

“A pesar de que uno trabaje con la Defensoría Penal Pública, si uno no insuma a la Defensoría con todo lo apropiado, es muy difícil que llegue a hacer una buena defensa particular de un paciente, y eso significa un montón de trabajo y gestión que hay que hacer con el paciente y su familia, además de la contención emocional… Estamos hablando de allanamientos en el contexto de estas policías, no es el allanamiento de tres años atrás. Estamos hablando de allanamientos como nunca antes, con cinco carros policiales, chalecos antibalas, armas desplegadas y tirando a la gente al suelo en un domicilio donde hay una persona postrada. Ya hemos presentado tres querellas con el INDH, pero no porque sean tres, sino porque son las tres en las que hemos tenido el tiempo de hacer el proceso”, señala Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya. 

Esta situación no solo afecta a pacientes de Daya. Otras organizaciones como el Centro Médico Cannabimed, Greenlife Chile, Dispensario Nacional y CCM Dispensary, han acusado casos de allanamientos tanto a sus usuarios como a sus miembros directivos. Lo anterior se condice con el crecimiento exponencial que este tipo de eventos ha tenido a nivel nacional. Según información otorgada vía Ley de Transparencia por el Ministerio Público para la realización de este reportaje, la cantidad de allanamientos ocurridos en Chile entre enero y mayo de 2021 casi duplica la cantidad de los allanamientos realizados durante el mismo periodo de 2020, tal como la PDI dio a conocer en mayo: a través de su Plan Cannabis 2021, las incautaciones aumentaron este año en un 218%. 

Según Toledo, no es lo mismo tener una planta que 100, y esa situación, sumada a otros antecedentes, tiene un peso importante a la hora de justificar el consumo personal y próximo en el tiempo. Dentro de la información otorgada por el Ministerio Público se estableció que hubo 2.551 casos en que se confiscaron plantas. De ese total, un 35% corresponde a eventos en los que se confiscaron entre una y tres plantas. En un 0,81% de los casos se contabilizaron entre 1.000 y 7.000 matas de cannabis. 

También, el Ministerio Público transparentó el estado actual de un total de 3.178 causas por cultivo de marihuana. De ellas, un 50,3%  se encuentra en estado de archivo provisional, facultad para no investigar, decisión de no perseverar, sobreseimiento definitivo y sentencia absolutoria. Por otra parte, un 49,7% se encuentra en estado de agrupación a otro caso, sentencia definitiva condenatoria y otras causales de término.

Vulneración de Derechos Humanos en los allanamientos

En abril, el INDH presentó una denuncia de extrema vulneración de derechos contra los funcionarios de Carabineros de Puerto Natales y contra quienes resulten responsables en el caso de Vivian Strauss (61) y sus dos hijos, alcanzando así un total de tres acciones judiciales en las que la entidad pública  se hace parte para defender a víctimas de casos de allanamientos con características similares. 

La madrugada del 15 de abril de 2020, la luz se cortó en el sector de Puerto Natales donde Vivian Strauss vive junto a sus dos hijos, Hugo y Mario. La mujer señala padecer Síndrome de Sjögren, Colangitis Aguda, Hipomagnesemia, Osteoporosis, Mialgia Lumbar izquierda y Hernia Abdominal, y hace un par de años sus hijos comenzaron a plantar cannabis y producir aceites para disminuir los dolores causados por sus distintas patologías. Pasados unos minutos del corte de luz, se dieron cuenta del problema mayor que estaban viviendo: una bodega que tenían en el patio de su casa había comenzado a incendiarse, y las posibilidades de que el fuego se extendiera hacia su hogar eran altas. Desesperados, intentaron  apagar las llamas con un extintor, pero no fue suficiente. Mientras esperaban a Bomberos, trataron de apaciguar el incendio con baldes de agua y mangueras. 

Bomberos logró revertir la situación antes de que las llamas comenzaran a consumir mayor parte de la construcción principal. Sin embargo, la noche no acabaría allí para la familia. Al rato llegó Carabineros, pues Bomberos había dado el aviso de que dentro del domicilio se encontraba un indoor con plantas de cannabis sativa. La familia cuenta que Carabineros dio paso a un allanamiento, sin indicarles si existía una orden previa por parte del Ministerio Público. Señalan también que fueron esposados y detenidos y, con sus ropas mojadas y sin mascarillas, debieron pasar la noche dentro del calabozo de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. 

Este fue el primero de los tres allanamientos que la familia ha enfrentado en el último año, donde Vivian denuncia haber sido empujada y golpeada en múltiples ocasiones por parte de funcionarios policiales.

“Un carabinero me empujó, y cuando le pedí que parara, volvió a hacerlo, golpeándome con la muralla. Me decía ‘tú tienes que pagar por lo que hiciste’. Fue horrible, no terminamos con el trauma del incendio y más encima estaba siendo detenida y golpeada. Tuvimos que pasar la noche en el piso del calabozo, estaba todo orinado”, cuenta Vivian. 

Marion Puga, abogada de la Defensoría Penal Pública, señala que el ingreso policial en este caso no corresponde, y ejemplifica la situación a través de un robo. “Se meten -por ejemplo- a robar a tu casa. Carabineros evidentemente, con la finalidad de que el procedimiento siga su curso, permite el ingreso a más funcionarios policiales y encuentran plantas de cannabis sativa. Si te das cuenta, se genera un hallazgo diverso a la investigación inicialmente denunciada, que es un robo. Entonces, esta circunstancia del hallazgo también es un elemento que el funcionario policial por sí solo no puede llegar y actuar. En el fondo, sería una situación de hallazgo, lo que llevaría finalmente a que nuevamente los funcionarios policiales deban tomar contacto con el Ministerio Público y dar cuenta de esta circunstancia”, dice Puga.

Durante el primer allanamiento, la familia no contaba con una receta médica que respaldara el consumo de cannabis. Luego de conseguirla a través del Centro Médico Receta Cannabis Chile, fueron allanados en dos ocasiones más. Actualmente, el caso se encuentra en investigación. Durante parte del proceso fueron representados por la Defensoría Cannabica. 

La lenta vía legislativa

En julio de 2017 fue ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ”Ley Cultivo Seguro”, que busca permitir la fabricación de especies derivadas de cannabis, cuando esté debida y legalmente autorizada, y se destine a tratamiento médico prescrito por un médico tratante mediante receta médica. 

La iniciativa que partió como una moción de la diputada Karol Cariola (PC) y que contó con el patrocinio de otros nueve parlamentarios y parlamentarias de oposición, pretende modificar no la Ley 20.000, sino que el Código Sanitario. Aunque en su versión original incluía tres artículos, durante el debate legislativo fue cambiando y quedó reducido en uno sólo que dice:

El proyecto de ley, que fue respaldado con un 88% de aprobación en la Cámara, se encuentra desde mayo de 2018 congelado, a la espera de iniciar su segundo trámite constitucional en el Senado. 

Según Marion Puga, esta circunstancia podría permitir de alguna manera evitar la cantidad de ambigüedades que la Ley 20.000 representa para los ciudadanos. “Las personas podrían tener una cantidad de plantas sin verse afectados o tener temor, porque no es solamente que vayan y te incauten, sino que hay una situación en la que el usuario se ve completamente vulnerado”, señala la abogada. 

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