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Una pandemia sin vacuna: las deudas del Estado con las víctimas de violencia de género

Por ~ Publicado el 25 noviembre 2020

La poderosa performance de Las Tesis a fines de 2019. La toma feminista de distintas universidades en mayo de 2018. Las multitudinarias marchas del 8M y más. Durante los últimos años, el movimiento feminista ha irrumpido y marcado con fuerza la agenda en Chile, denunciado las diversas precariedades y abusos que enfrentan las mujeres y niñas a diario, no sólo por hombres que las violentan, sino también por un sistema que ha sido estructurado para permitirlo, o al menos, para no ponerle coto. Con la crisis sanitaria, la desigualdad de género ha quedado nuevamente en evidencia y la violencia contra la mujer ha ido al alza. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Puroperiodismo revisó las deudas y demoras del Estado para hacerse cargo de una pandemia más extensa que la del coronavirus, la de la violencia de género, para la cual pareciera no haber vacuna.   

Por Camila Torres y Polet Herrera


 

El 29 de julio, Ámbar Cornejo salió de su casa para nunca más volver. Tras una intensa búsqueda de sus vecinos, amigos y familiares en Villa Alemana, además de una intensa campaña a través de redes sociales, finalmente la encontraron ocho días después. O más bien, lo que quedó de ella. 

La calle Covadonga, lugar donde se encontró su cuerpo, estaba llena de globos y pancartas exigiendo justicia: la condena de Hugo Bustamante. El imputado ya había sido condenado a 27 años de prisión por el asesinato y descuartizamiento en 2005 de su ex pareja y el hijo de ésta. Los restos fueron encontrados en tambores de metal. De ahí que la prensa lo apodara como el “asesino del tambor”. Sin embargo, le concedieron la libertad condicional tras cumplir 11 años de encierro. Luego, ya en la calle, volvió a matar.  

Ámbar Cornejo fue vulnerada una y otra vez durante su niñez y adolescencia. Actualmente, Manuel García, ex pareja de su madre de Ambar, se enfrenta a la justicia por producción y almacenamiento de pornografía infantil. De acuerdo a la fiscal María José Bowen, parte del material encontrado está vinculado a Ámbar. A esto se suma la formalización en curso de Bustamante y la madre de la adolescente por abuso sexual contra su hermano menor. 

Pero el caso de Ámbar no sólo impactó debido a la serie de detalles que le siguen, sino porque marca un precedente para los delitos de este tipo. En marzo de 2020 se promulgó la Ley Gabriela, la cual amplía las consideraciones en cuanto a qué es un femicidio en Chile. Debido a esto, a Bustamante se le formalizó por femicidio, además de otros delitos. 

Durante una década, el Código Penal chileno sólo consideraba la tipificación del femicidio cuando un hombre daba muerte a su ex o actual cónyuge o conviviente. Si el asesino era su pareja sin vínculo formal o sin compartir techo, no era considerado como tal. Ahí radica la importancia de la nueva ley. Hoy se considera el femicidio bajo cinco premisas, entre ellas, “ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual” y “haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación”.

En otras palabras, durante 10 años cientos de asesinatos de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres no fueron perseguidos ni juzgados bajo esa figura sólo porque no calzaban en los parámetros definidos en la legislación. 

No fue la única demora del Estado en hacerse cargo de la violencia hacia la mujer. 

18 años tardó el Senado en confirmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El 3 de diciembre de 2019 se dio el sí, pero hasta la fecha el Presidente Sebastián Piñera no promulga ni ratifica el tratado. Este acuerdo significa una serie de modificaciones en la legislatura chilena, y busca que se hagan regulaciones de parte del Estado en materia de género.  

Puroperiodismo conversó con distintas profesionales del área del Derecho y la Salud en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La otra pandemia es la violencia de género que ha ido en aumento y la falta de políticas públicas de salud que resguarden los derechos sexuales y reproductivos.

Las denuncias de delitos sexuales sin rumbo

Durante agosto se viralizó en la red social Tik Tok un video. Un hombre de 61 años fue acusado de abuso sexual de una niña debido al registro en la plataforma. El imputado, Juan Collío, pareja de la abuela de la víctima, quedó en libertad tras pagar una fianza de $8 millones. De acuerdo con lo que indicó a 24 Horas el subprefecto Francisco Ceballos, psicólogo forense de la Brigada Metropolitana de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), “es posible indicar que hay cronicidad en el tiempo, el abuso se mantuvo y es posible indicar que estaba normalizado en la familia”.

Durante 2019, el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) identificó 1.057 niños, niñas y adolescentes víctimas de violación. De ese total 894 corresponde a niñas y 163 a niños, además 409 niñas menores de 14 años, lo que corresponde al 45,7% de las víctimas. Del total de mujeres y niñas víctimas de violación en 2019, el 39,8% son menores de 18 años.

Catalina Pastén, abogada penalista de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile con experiencia en casos de violencia de género, reconoce deficiencias de parte del Ministerio Público. “Los fiscales muchas veces, y sobre todo en regiones, no están capacitados. No van a cursos para especializarse en cuanto a género. En (algunas) fiscalías  tienen menos capacitaciones. Tienen esta idea antigua de que las violaciones ocurren en un callejón oscuro donde un hombre te agarra y te viola, cuando en realidad las violaciones y abusos están en el seno de las familias. Ocurre también que buscan pruebas que no van a encontrar, como la prueba biológica. Cuando no las encuentran, las denuncias se archivan”, dice.

En 2012 se suicidó Gabriela Marín. La joven técnico parvularia terminó con su vida tras ser violada por tres hombres en San Fernando, en la Región de O’Higgins. La denuncia de Gabriela no llevó a ninguna parte. La noche de la violación, Carabineros detuvo a tres sujetos, pero esta fue declarada ilegal porque la rueda de reconocimiento se realizó sin supervisión del fiscal Néstor Gómez. A esto se suma que el fiscal no asistió a la detención y tampoco hay registro de instrucciones telefónicas a Carabineros. Hasta hoy no hay detenidos por el caso de Gabriela.

Nicole Baumgartner, psicóloga clínica especialista en sexualidad y trauma de la Universidad Católica, apunta a un problema estructural respecto a los delitos sexuales: “La violencia sexual no es un fenomeno aislado: es cultural y social; hay quienes hablan de una cultura de la violación. El Estado tiene mucho que hacer al respecto. La violencia sexual se puede entender como la ruptura de un pacto social, en donde el Estado no logró proteger”.

Según datos del CEAD, del total de víctimas reportadas durante 2019, el 88,4% corresponde a mujeres, mientras que los victimarios son 97,4% hombres. Lo anterior demuestra una tendencia en base al género presente en este tipo de crímenes, los que este año, en contexto de pandemia, no han amainado. 

En septiembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, presentó la  Cuarta Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer y Delitos Sexuales, elaborada por su cartera junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. La encuesta reveló diversos puntos respecto a la violencia vivida por las mujeres, entre ellos que dos de cada cinco (41,4%) señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida, y en cuanto a la violencia general: entre 2017 y 2020, aumentó de un 38,2% a un 41,4%.

Marcha por el aborto, 25 de julio de 2018, Santiago de Chile. Por Luciano Candia.

Marcha por el aborto, 25 de julio de 2018, Santiago de Chile. Por Luciano Candia.

Reparación bajo una perspectiva de género

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como un acto de coacción contra una persona, ya sea por medio del acto sexual, comentarios o insinuaciones no deseadas, entre otras categorías. En caso de vulneración, la víctima tiene el derecho de reparación efectiva, ya que es uno de sus derechos sexuales.

¿Qué son los derechos sexuales? En 1994, la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo reconoció los derechos reproductivos como derechos humanos.  Según la OMS: “Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.  

Entre ellos destacan el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el derecho a la igualdad y la no discrminación; el derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la privacidad; y el derecho al grado máximo de salud.

Lo descrito anteriormente va enlazado con la implementación de políticas ligadas a la salud sexual, y la OMS propone que sea tratada bajo un “enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”. 

Con la llegada de la pandemia el funcionamiento de los centros de atención primaria debió cambiar su funcionamiento, mientras los hospitales públicos modificaron sus unidades para atender a los pacientes con Covid-19. La Corporación Miles, en su informe sobre Abordar la Salud Sexual y la Violencia de Género en Contextos de Crisis, consignó que tras dos meses del primer caso de Covid-19, el Ministerio de Salud “no ha elaborado ni un sólo protocolo respecto a salud sexual y reproductiva” y agregó que “tampoco ha tenido capacidad para aumentar la dotación de recursos humanos y su gestión no ha sido efectiva en asegurar stock crítico de anticonceptivos o gestión de horas para atenciones prioritarias”.

Paulina Troncoso, directora de Corporación Miles, recalcó que “la necesidad de las mujeres en pandemia persisten y más aún si están prohibidos los espacios de desplazamientos, y no pueden pedir auxilio y atención en contextos de violencia de género”.

En tanto, la académica Jovita de las Rozas, del Departamento de Promoción de la Salud y el Recién Nacido de la Universidad de Chile, explica que “al analizar los estándares generales en tiempos de pandemia, Chile tiene el acceso a la atención, pero no necesariamente garantiza los derechos sexuales y reproductivos. En la pandemia esto se agudizó porque afectó en la discontinuidad de la atención producto de los confinamientos y al temor a la consulta”.

En 2016, el Ministerio de Salud (Minsal) impulsó una Norma Técnica para la atención de Víctimas de Salud Sexual en conjunto con el Servicio Médico Legal, el Consejo Nacional de la Infancia, la Fiscalía Nacional y Unicef, y catalogaron la violencia sexual como un “problema de salud pública (…), una de las formas más extremas de violencia de género que ocurre en nuestra sociedad y afecta principalmente a mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida”.

 El Minsal advertía que la violencia sexual “tiene consecuencias negativas para la salud mental, física, sexual y reproductiva de la mujer (…) Los efectos psicológicos pueden ser devastadores, alterar radicalmente la vida de la mujer y afectar a varias generaciones”. 

Nicole Baumgartner recomienda que los profesionales de salud incorporen la perspectiva de género en los programas de reparación y tratamientos terapéuticos grupales con mujeres. 

“Muchas veces la violencia sexual tiende a vivirse desde el aislamiento y soledad, (además) la estigmatización se vive en manera individual (…) Lo colectivo es un lugar doloroso que ha sido herido y dañado por su condición de género, pero permite recuperar las  fuerzas para la sanación. Ante una denuncia, está la posibilidad de recibir un alivio ante el impacto del hecho o un empeoramiento por cómo el entorno reacciona en distintos niveles. El sistema de justicia y las instituciones estatales tienen mucho que aportar para que no se sume una victimización secundaria. La justicia tiene un rol en restituir el lugar de dignidad de la mujer”, concluye la psicóloga. 

Foto: Camila Medina López

Foto: Camila Medina López

Suicidio femicida: la violencia que no ves

“Tu no sabes cuanto sufrí. ¿Por qué creís que llegué al punto de querer matarme esta semana? Porque toda esta mierda que sentía, toda esta suciedad…”. Este es un extracto de la conversación entre Antonia Barra y su ex pareja. La grabación de la llamada se dio días antes de que Antonia se suicidara por la supuesta violación ocurrida el 18 de septiembre de 2019 por Martín Pradenas. Actualmente, Pradenas ha sido formalizado por seis casos de abuso sexual en su contra. 

De acuerdo con las doctoras en Psicología Social, Diana Russel y Roberta Harmes, el suicidio femicida se entiende como “aquellos cuya causa se encuentra en el único límite posible a la agresión recibida por sus convivientes, amantes, esposos, acosadores; como ‘única salida’ ante una muerte inminente”. Hoy el Codigo Penal chileno sólo tipifica el auxilio al suicidio, es decir, es sancionable la persona que entregue a otra el arma u objeto con el que este otro pueda ejecutar su muerte y ésta sea consumada. Hasta la fecha pocos países de Latinoamérica tienen tipificada la inducción al suicidio.

El Salvador, Panamá y Venezuela, están dentro de esa lista de países. 

El Salvador fue uno de los primeros, y se dio debido al caso de Irma Gracia de Leonor. El 19 de diciembre de 2019, Irma se suicidó. La investigación de las autoridades salvadoreñas reveló que Irma sufría constantes abusos sexuales y psicológicos de parte de su marido, el subinspector de la Policía Nacional, Héctor Leonor García. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en su artículo 48 indica lo siguiente:

Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:

  1. a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley o en cualquier otra ley.
  2. b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.
  3. c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

A un año de la primera presentación del colectivo Las Tesis de su famosa canción, Un violador en tu camino, mediante la cual cuestionaron directamente a la institucionalidad chilena y sus deudas con las mujeres se mantienen en espera proyectos de ley que contribuirían, en parte, a la erradicación de dicha violencia. 

En la Cámara de Diputados duerme el proyecto de Ley Antonia (Boletín N°11225-07), nombrada así por Antonia Garros, quien se suicidó el 2 de febrero de 2017 en el departamento de su pareja. El proyecto busca incorporar el tipo penal de auxilio al suicidio del articulo 14 de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, y que este contemple cuando el ejecutor de violencia se aproveche de cualquier situación de riesgo o de vulnerabiliad física o psíquica en se encontrare la víctima producto de dicho maltrato para la inducción al suicidio. El proyecto hasta hoy se mantiene en la etapa de primer trámite constitucional.

Catalina Pastén explica los factores que podrían llevar a una víctima de violencia de género al suicidio: “El problema que hay detrás es que la tipificación del auxilio al suicidio es que se considera aquella situación que lleva a una mujer a suicidarse termina siendo un asunto privado entre el victimario y la victima. Pero muchas veces la víctima también termina suicidándose por factores estructurales del Estado que hacen que ella no se sienta protegida ni auxiliada.”

De acuerdo con la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, han ocurrido tres suicidios femicidas en lo que va de 2020: Jacqueline Calfulaf (34), su acta de defunción dice que murió por ahorcamiento, pero su familia está exigiendo a la justicia una investigación extensa porque presumen que se trata de un suicidio femicida; Anaís Godoy (16) fue violada a los 15 años y se quitó la vida tras enterarse de que la fiscalía archivó su caso -actualmente, su supuesto agresor está en prisión por otros delitos-; y Daisy Compai (20), embarazada, se quitó la vida tras tres meses de denuncias contra su agresor.

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