Actualidad + Reportajes

Tiempos violentos: la crisis que quedó en evidencia en los colegios durante el primer semestre con la vuelta de la presencialidad

Por ~ Publicado el 11 julio 2022

El primer semestre de retorno a la presencialidad en colegios y liceos del país vino aparejado con un preocupante aumento de la violencia al interior de las comunidades escolares. Datos oficiales dan cuenta de un aumento en más de 60% en las denuncias por maltrato entre estudiantes respecto de años anteriores. Uso de armas, agresiones y amenazas entre estudiantes y hacia docentes y funcionarios administrativos; incluso intentos de incendios de establecimientos. ¿De dónde viene tanta violencia y cómo se ha estado manejando?

Por Rodrigo Arriagada y Rosario Varas


El 2 de marzo de 2022 comenzó el año escolar en modalidad presencial y de forma obligatoria para todos los establecimientos educacionales del país, tras dos años en formatos telemáticos o semipresenciales producto de la pandemia. Fue desde entonces que, en distintos lugares y de diferentes maneras, comenzó a quedar en evidencia una crisis que, si bien puede tener varias explicaciones, diversos expertos relacionan en parte con los efectos del encierro prolongado y la falta de socialización sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Han sido tiempos violentos.

En abril, un estudiante de 16 años salió al patio de su colegio en la comuna de Santa Cruz, sacó un arma y se disparó en la sien. En junio, una alumna de un liceo en Concepción fue apuñalada por oponerse a la continuidad de la toma del establecimiento. En marzo surgieron denuncias por abusos sexuales masivos por parte de alumnos de un liceo emblemático de Providencia y las movilizaciones en al menos dos establecimientos históricos de la comuna de Santiago terminaron con ataques incendiarios.

Los casos mencionados son quizás algunos de los que más han impactado a la opinión pública, pero son también apenas una muestra de una serie de hechos de violencia que se ha experimentado al interior y exterior de liceos y colegios del país: porte y uso de armas blancas o de fuego, riñas, agresiones, amenazas, destrucción de los espacios públicos y privados, quemas de buses y más. Todo aquello ha afectado a los y las estudiantes, pero también a los cuerpos docentes y administrativos de los establecimientos. Y aunque existen mecanismos legales para hacerle frente, durante el último semestre el fenómeno ha sido explosivo.

Datos entregados a Puroperiodismo por la Superintendencia de Educación dan cuenta de que las denuncias recibidas por casos de maltrato físico y psicológico entre estudiantes durante el primer semestre de 2022 (hasta el 7 de junio) han aumentado un 60,3% en comparación al periodo 2018-2019.

Según la Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde 2011, en Chile se reconoce el acoso escolar como “todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante (…) que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave”. También se definen los organismos que se deben encargar de una buena convivencia escolar: los consejos escolares y los comités de Buena Convivencia Escolar. Dichas instancias están encargadas de organizar un plan de gestión, y un encargado de convivencia lo llevará a cabo.

A esa normativa se sumó en 2018 la Ley Aula Segura, que estableció medidas disciplinarias y procedimientos para sancionar aquellas infracciones graves a los reglamentos de convivencia.

Para Juan Manuel Bustamante, director de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal Los Ángeles (Afdem), “no es que [estos casos] estén sucediendo ahora, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que no se notaba mucho, no había tanta preocupación sobre los temas sociales hasta el estallido social”.

La violencia escolar post pandemia

Con la pandemia, todo cambió. Durante dos años, la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes del país se vieron obligados a continuar sus estudios a distancia, desde sus casas y a través de pantallas. Eso no sólo tuvo efectos sobre sus procesos educativos, sino también sobre sobre sus vidas y su ámbito psicosocial.

En abril, la psicóloga de la Universidad de Santiago, María Elena Duarte, decía a El Mostrador que muchas familias “vivieron hacinamiento, la falta de sustento básico, violencia, entonces para algunos el único escape era conectarse a internet, consumiendo información que cambiaba y generaba ansiedad”, y que con ello se generó así un desajuste “desde la psicología y desde lo social”.

Explicaba, además, que “un niño que ingresó a primero básico estuvo prekinder y kinder encerrado, y directamente entró a una dinámica distinta. Los que ingresan a primero medio se quedaron en séptimo básico, y los de segundo medio entraron a la universidad. Dos años de desarrollo de habilidades sociales no ocurridas, de gestión de las emociones no ocurridas, y eso explota en el contexto escolar donde tenemos a otros, también funcionarios, que les puede haber pasado lo mismo porque son seres humanos (…) No se puede seguir con la dinámica de antes de la pandemia; el encierro generó un trauma y es necesario repararlo”.

Según cifras de la Superintendencia de Educación el 31% de las denuncias que habían ingresado al 22 de marzo de 2022 estaban relacionadas con maltrato a estudiantes.

Según cifras de la Superintendencia de Educación el 31% de las denuncias que habían ingresado al 22 de marzo de 2022 estaban relacionadas con maltrato a estudiantes.

Algo similar decía por esos mismos días a Puroperiodismo la psiquiatra infanto-juvenil y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Catalina Castaño, quien también asoció el fenómeno de la violencia al exceso de exposición a las tecnologías durante el encierro. “Lo podríamos haber previsto en el sentido de que las redes sociales son agresivas también. Uno tiende a socializar de una manera distinta cuando no estás presente, y tal vez se dicen cosas más fuertes o menos empáticas. Quizás los adolescentes están replicando ese modelo de interactuar en las salas de clases”, explicaba.

Tanto Duarte como Castaño coinciden con otros tantos expertos que aseguran que la situación era previsible, y que se podrían haber tomado cartas en el asunto de forma previa. Pero eso no habría ocurrido por parte de las autoridades, según se critica desde el Colegio de Profesores.

“El gobierno no atendió a la situación en la que estaban los estudiantes y comenzaron los años escolares de la misma manera, como si no hubiese pasado nada”, señala Hugo Gerter, vicepresidente del Colegio de Profesores Metropolitano.

En noviembre de 2021 el Ministerio de Educación envió un oficio con lineamientos para el retorno obligatorio a la presencialidad a todos los establecimientos del país. El documento tiene apenas seis páginas y en ninguna de ellas se hace siquiera alusión a temas de salud mental o manejo de situaciones violentas; sólo contempla temas curriculares.

Bustamante reconoce que si bien no estaban incluidos en esos lineamientos, sí existen mecanismos legales para manejar y prevenir situaciones de violencia, y que el Consejo Escolar es sólo una parte, ya que también están las normas de convivencia y los distintos agentes educativos que se aseguran que se sigan. Pero eso no ha sido suficiente y ha habido establecimientos, como el Colegio Salesianos de Valparaíso, que incluso han considerado la instalación de detectores de metales en sus ingresos como medida preventiva.

Algo en lo que ambos profesores concuerdan es en que la sala refleja situaciones sociales del entorno. Desde hace años se realizan denuncias por la violencia en los establecimientos, por lo menos Gerter tiene registro desde el 2017. “Por varios motivos –dice–, como el resultado de una evaluación, hay amenazas constantes hacia los profesores”.

Overoles Blancos

En los liceos del centro de Santiago, la violencia y otras problemáticas asociadas han generado que establecimientos emblemáticos de la comuna, como el Instituto Nacional (IN), el Liceo Manuel Barros Borgoño (LMBB), el Liceo de Aplicación (LDA) y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), hayan tenido que suspender la presencialidad mucho antes de que acabara el primer semestre.

Los alumnos han denunciado que sus establecimientos no cuentan con las condiciones mínimas para poder realizar el proceso pedagógico con normalidad. Problemas de infraestructura, falta de docentes y de personal de aseo en los centros educacionales, son algunos de las problemáticas que los alumnos han manifestado como razones para movilizarse.

Para Hugo Gerter, el fenómeno de manifestaciones violentas es diferente a otro tipo de casos de violencia dentro de los establecimientos educacionales. “Ellos destruyen los colegios. Acá hay recursos económicos, se compran overoles; todos los colegios han dicho que vienen de afuera, que no son estudiantes”, señala el dirigente regional del gremio docente.

El 23 de mayo, durante una jornada de manifestaciones en el IN y luego de enfrentamientos con Carabineros en las inmediaciones, una oficina de inspectoría y tres salas fueron afectadas por un amago de incendio. Aunque el conflicto ya llevaba varios días, fue entonces que las autoridades de la Dirección de Educación Municipal de Santiago decidieron suspender las clases presenciales y adoptar una modalidad telemática.

Encapuchados con overoles blancos en el Instituto Nacional.

Encapuchados con overoles blancos en el Instituto Nacional (2019).

Caso parecido ocurrió en el INBA: la decisión de adoptar un formato de clases online se tomó el 10 de junio, tras una semana de incidentes que afectaron tanto a la comunidad educativa del propio establecimiento como a trabajadores externos.

María Alejandra Benavides, rectora del establecimiento, fue quien comunicó la decisión tras ser víctima de la violencia de un grupo de encapuchados que incendió mobiliario dentro de su oficina. Lejos de ser un hecho aislado, los eventos de este tipo en el INBA se han vuelto frecuentes.

Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA, el 19 de abril, y luego de incidentes en el exterior del establecimiento que terminaron con un bus del sistema RED incendiado, denunció ante los medios de comunicación lo que sucedía en el interior del recinto educacional: “Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia”.

En el LDA, otro foco de manifestaciones violentas en los establecimientos de Santiago, han podido mantener las clases presenciales, pese a los violentos hechos registrados durante los primeros meses del año.

Los buses del transporte público también han sido uno de los objetivos de los grupos de overoles blancos. Son tres los vehículos del sistema red que han sido atacados con elementos incendiarios, y en uno de ellos, Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años vestido con la indumentaria característica y alumno del establecimiento.

Los registros audiovisuales de los hechos de violencia descritos revelan elementos en común en prácticamente todos los acontecimientos. Al actuar se le conoce como “salidas incendiarias” y se caracterizan por la utilización de overoles blancos por parte de los involucrados –no está del todo claro si son o no estudiantes de los respectivos liceos–. Un accionar rápido y en grupos de 10 a 30 individuos, y la utilización de los establecimientos educacionales para el resguardo de los involucrados una vez concretado su actuar.

En todo caso, no es algo nuevo. El modus operandi está presente en liceos de Santiago al menos desde 2014, ha operado de forma continua –salvo por la interrupción durante el periodo sin clases presenciales– y no ha logrado ser frenado por parte de las comunidades educativas ni tampoco por el trabajo policial.

La respuesta de las autoridades

Para el dirigente Hugo Gertes, la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno de los estudiantes a nivel nacional, responde no sólo a la situación epidemiológica del país, que registra en paralelo un nuevo brote de casos de Covid-19 y un aumento crítico de los virus estacionales, lo que ha llevado al borde del colapso a las unidades de cuidados intensivos pediátricas del país. El impacto de la violencia en los establecimientos ha hecho imposible sostener las clases presenciales con normalidad.

“Yo he estado en reuniones con funcionarios de los emblemáticos por el tema de los overoles blancos”, señala Gerter.

Desde la Superintendencia de Educación, sin confirmar que la violencia en los establecimientos sea una de las razones para adelantar las vacaciones, sí señalan que durante este periodo “se ha implementado una Política de Reactivación Educativa Integral, denominada ‘Seamos Comunidad’, que aborda los efectos de la pandemia en las comunidades educativas desde una mirada sistémica, integral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo”.

Para la realización de este reportaje, Puroperiodismo intentó agendar una entrevista con autoridades de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, la cual no se concretó.

Fuentes consultadas que solicitaron resguardo de su identidad, señalaron que el municipio se encuentra realizando reuniones con las distintas autoridades de convivencia de cada establecimiento para abordar esta situación y el retorno a la presencialidad una vez finalizado el periodo de vacaciones de invierno.

La administración de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y desde el actual gobierno han mostrado reparos ante la Ley Aula Segura, lo que es confirmado por fuentes consultadas al interior de establecimientos de la comuna de Santiago.

Gerter comparte esta postura, ya que señala que la expulsión de los estudiantes no soluciona el problema de la violencia. “Lo que acá hay que hacer es un plan integral de desactivación de la violencia en los colegios”, señaló, lo que incluiría mantener diálogos entre las distintas partes, reunir información y armar estrategias. Esas son, al menos, las acciones concretas que han tomado los establecimientos educativos, las entidades que las regulan y el mismo cuerpo escolar para abordar la situación actual.

#Etiquetas:

Comentarios.