¿Cómo afecta al rol de la prensa una norma que puede llevar a la cárcel a un periodista? ¿Qué hacer con la verdad cuando depende de terceras personas que pueden retractarse? Estas preguntas fueron parte del conversatorio “Injuria y cárcel” que se centró en el caso del periodista Javier Rebolledo —querellado por injurias—, y contó con la participación del abogado Pablo Gómez y Eliana Rozas. Esta actividad es una de las iniciativas de la Red de Periodistas Chile y se realizó el jueves 16 de agosto en la Universidad Católica.

Javier Rebolledo. Foto de Aarón Castro.

En algunos países de nuestra región, específicamente en Honduras, Guatemala, Colombia y México, el asesinato de periodistas se ha vuelto algo recurrente. En la nación norteamericana es donde se concentra la mayor cifra a nivel continental. Sólo el año pasado, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), 11 comunicadores murieron por realizar su trabajo: difundir información.

En Chile estos niveles de violencia no son frecuentes. Sin embargo, la libertad de expresión y el trabajo periodístico pueden ser amenazados de otras formas. Es lo que está viviendo actualmente Javier Rebolledo, periodista que ha escrito numerosos libros sobre la dictadura chilena, las violaciones a los derechos humanos y la complicidad de los civiles con el régimen de Pinochet.

Rebolledo es también autor del libro “Camaleón. Doble vida de un agente comunista”, publicación que hoy lo tiene en medio de un proceso judicial luego de que Carolina Quintana, hija de Raúl Quintana Salazar —coronel en retiro hoy preso en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad—, se querellara en su contra por el delito de injuria.

El jueves 16 de agosto la Red de Periodistas Chile organizó el conversatorio “Injurias y Cárcel”, el cual tuvo lugar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. En el evento participaron la periodista Eliana Rozas (moderadora); el abogado Pablo Gómez y el protagonista principal, Javier Rebolledo. El objetivo: ahondar en el caso del periodista y en las implicancias que delitos como la injuria tienen para el ejercicio profesional.

Para poner en contexto el conversatorio en cuestión, Eliana Rozas explicó cómo comenzó a forjarse la querella en contra de Rebolledo y cómo ha seguido hasta ese entonces: “Esta situación se genera a raíz de la publicación del libro ‘Camaleón’, publicado el año pasado, el 2017, que narra la historia de Mariano Jara Leopold. Un personaje bastante extraordinario, de una gran ambigüedad […] Una vez realizada la publicación, se genera esta controversia, que lo tiene querellado a Javier por injurias graves con publicidad. El querellante no es el denominado ‘camaleón’, es Raúl Quintana Salazar, teniente coronel en retiro del ejército que se desempeñó en el campo de detención y tortura de Tejas Verdes, quien es aludido en el transcurso del relato”.

Asistentes al conversatorio “Injuria y cárcel”, organizado por la Red de Periodistas Chile. Foto de Aarón Castro.

Precisamente, la querella contra Javier Rebolledo apunta a un hecho en particular. Gregorio Romero Hernández, exagente de la DINA, declaró judicialmente sobre un supuesto abuso sexual que se cometió en Tejas Verdes en contra de una joven uruguaya. En ese relato —que Rebolledo incluyó en su libro “Camaleón”— se menciona a Raúl Quintana Salazar como autor de los vejámenes. Posteriormente, Romero Hernández se retractó de esta declaración.

Carolina, hija de Quintana Salazar, se querelló en contra de Javier Rebolledo, exigió tres de reclusión en su grado menor y una multa de 20 UTM, además de solicitar la eliminación del nombre de su padre del libro “Camaleón”. Esa querella, explicó Eliana Rozas, terminó con un fallo de primera instancia del Octavo Juzgado de Garantía, el 8 de mayo de 2018, que desechó la querella ya que no se pudo sostener que existiera el delito de injuria. Sin embargo, el 13 de julio de 2018, la tercera sala de la Corte de Apelaciones revocó esa sentencia y estableció que los hechos sí podían, eventualmente, ser constitutivos de delito.

Después de esta explicación de contexto, Javier Rebolledo tomó el micrófono para contar lo que está pidiendo específicamente la parte demandante: “Hoy [16 de agosto] fue la audiencia de conciliación. Ofrecieron rebajar la pena de tres años a un año y medio, y que corrigiera, en futuras publicaciones, el error. Yo no acepté ninguna de las dos cosas, no se llegó a acuerdo. Entonces, [la decisión final del caso] se fijó para el 9 de octubre. Ahí se va a resolver todo”.

“Yo puse la declaración original [de Romero Hernández]”, dijo Rebolledo. Y explicó que muchos de los agentes represivos de la dictadura que han declarado como testigos —incluso reconociendo crímenes—, luego se han retractado de sus declaraciones, “asesorados por abogados como Juan Carlos Manns, que se dedican a asesor a violadores de derechos humanos”.

El abogado Pablo Gómez. Foto de Aarón Castro.

Luego fue el turno del abogado Pablo Gómez, quien en los últimos 14 años ha defendido a comunicadores y medios en juicios penales, civiles y constitucionales relacionados con la actividad periodística.

Eliana Rozas le preguntó cuál es el real estándar de la verdad cuando los periodistas trabajan con declaraciones que brindan terceras personas. Gómez respondió: “Esto es un tema bastante recurrente. Al realizar el ejercicio del periodismo hay un riesgo de sufrir un ataque judicial de este tipo. En todo el proceso de recopilar la información puede haber errores o imprecisiones. Hay que admitir la caída, pero no necesariamente es sinónimo de mentiras o injurias”.

El abogado comentó que en el proceso informativo pueden haber errores e imprecisiones. Dijo, en ese sentido, que el periodista está sujeto a un deber de veracidad, “que supone una intención positiva hacia la verdad pero no supone el hecho de que yo encuentre la verdad, sea dueño de la verdad”.

La veracidad admite la posibilidad de errores. En el caso de “Camaleón”, argumentó Gómez, Rebolledo se atiene a una declaración judicial —la del retractado Romero Hernández—, pero al mismo tiempo, y con otros elementos, construye otras hipótesis. “Eso es totalmente lícito, totalmente legítimo”, declaró.

Eliana Rozas le consultó al abogado sobre el derecho de aclaración y rectificación consagrado en la ley 19.733 que regula el ejercicio del periodismo y los medios en Chile. Gómez planteó que estos mecanismos —la “reparación de naturaleza”— son los más adecuados para reparar la afectación de honra o imagen. Su recomendación, por lo tanto, es que se debe descriminalizar la injuria y la calumnia, y ampliar las posibilidades de las aclaraciones y rectificaciones en medios.

Pablo Gómez también agregó que por “estrategia jurídica”, en las demandas se toma, en mayor porcentaje, el camino de la injuria por sobre el de las calumnias, porque esta última —la imputación de un delito pero falso y que es perseguible de oficio— tiene un proceso más engorroso. Por ende, es más difícil identificarla.

En la parte final del conversatorio, Javier Rebolledo habló sobre cómo se enteró de la demanda de Quintana Salazar: “Recuerdo que estaba en otra cosa, trabajando con una colega un guión de cine, en otro estado emocional. De repente me llaman de la editorial Planeta y alguien me dice: ‘Javier, llegaron unos funcionarios judiciales, dejaron esto y nosotros lo recibimos’. Empiezo a revisar, sin abogado, de forma independiente, leí los tres años de presidio, lo de la plata. Esta situación genera un amedrentamiento. Me sentí amedrentado, con susto”.

En el momento de las preguntas, Rebolledo escuchó atento las que, más que interrogantes, fueron palabras de apoyo. Él mismo, al finalizar el evento, agradeció a cada uno de los presentes, porque a pesar de haber tenido un día estresante, unos meses difíciles, dijo que siempre es grato conversar con gente “para avanzar hacia a un lugar”.

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