Derecho a la información

Redes sociales: ¿paraíso del insulto o la tierra prometida de la libertad de expresión?

Por ~ Publicado el 31 julio 2014

En nuestro país aún no se presenta un caso de alto impacto que exponga las tensiones de la libertad de expresión en las redes sociales. Un caso reciente en Costa Rica, que involucra a la expresidenta de ese país, puede arrojar algunas luces sobre un debate que se viene.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Foto: Gobierno de Guatemala

La conversación, el dialogo, la crítica, las opiniones, las manifestaciones artísticas y culturales suelen estar amparadas bajo la fuerte protección de la libertad de expresión. No obstante, las personas que interactúan socialmente, en el encuentro cara a cara, parecen estar advertidas de que estas interacciones tienen límites, razón por la cual no pueden decir todo lo que se les plazca. Con seguridad algunos cumplen con las reglas legales y sociales debido a que son personas educadas y no por la amenaza de ser objeto de un castigo estatal.

Sin embargo, en el mundo virtual que provee internet y donde existen las redes sociales, dichas normas legales o sociales parecen no regir. Todos los días y en todos los medios o portales electrónicos de nuestro país basta que se publique una noticia cotidiana, una información política o social, a veces sin mayor importancia, para que en los sitios donde existe la posibilidad de comentar se llene de garabatos, expresiones malsonantes, críticas e incluso amenazas. A veces tales comentarios se divulgan bajo identidades falsas, lo que confiere una sensación de impunidad aún mayor y con ello, un mayor calibre en el nivel de los insultos.

Dos casos en Chile

En Twitter, Facebook o Instagram ocurre el mismo fenómeno desde su creación, pero son muy pocos los casos que han llegado al conocimiento de los tribunales de justicia de Chile. Un caso que tuvo un desenlace judicial se originó por un refrán popular que subió a su Twitter una funcionaria del Consejo de la Cultura el año 2011. Escribió: “Se mata a la perra y se acaba la leva”. Los medios de comunicación asociaron la frase a la entonces dirigente estudiantil y hoy diputada Camila Vallejo. Al advertir una amenaza, sus padres presentaron un recurso de amparo en su favor, que luego acogió la Corte Suprema, no obstante que la autora del tuit alegó siempre que se refería a una situación privada y que nunca aludió a la líder estudiantil Otro caso interesante surgió cuando el abogado Rodrigo Ferrari creó la cuenta de Twitter @losluksic con la identidad del empresario Andronico Luksic, en la que escribía comentarios irónicos sobre la situación del país. Ferrari fue formalizado por el delito de suplantación de identidad, pero finalmente el pleito se sobreseyó debido a que los tribunales de justicia estimaron que la intención del imputado había sido satírica, y no hacerse pasar por otra persona.

En Costa Rica

El fenómeno de la impunidad en redes sociales ocurre en todos los países del mundo donde no existe un férreo control estatal sobre los contenidos de Internet, como es el caso de Cuba, China o Corea del Norte. A fines de julio un tribunal penal de Costa Rica resolvió un interesante caso originado por un comentario publicado en Facebook por Alberto Rodríguez, un empresario turístico de ese país, en contra de la ex Presidenta Laura Chinchilla. Titulada “Una Presidente millonaria”, la columna afirmaba: “Tenemos una presidente que terminando su mandato se nos ha convertido en toda una empresaria”. Rodríguez le atribuía haber comprado un campo por 2,5 millones de dólares y ser accionaria en una empresa de energía eólica. Decía que ella y su familia se habían enriquecido muy rápido y era “una presidente millonaria”. Aunque no le imputó directamente la comisión de un delito, el columnista sugería que era una política corrupta.

Las críticas contra quienes han ejercido altas funciones públicas deberían estar fuertemente protegidas.

Laura Chinchilla —la única mujer que ha gobernado Costa Rica— señaló que era su obligación demandar al empresario que la había criticado y que las redes sociales debían tener un límite y que, en este caso, los ataques se habían pasado de la raya dado que el comentario en Facebook le había resultado ofensivo. En el juicio quedó acreditado que no existió tal enriquecimiento. Antes de resolver el caso el tribunal expuso algunas ideas. Afirmó que el comentario podía ser agraviante, dependiendo de la interpretación que se le diera. “Decir millonario a alguien puede ser un cumplido, una adulación, o una ofensa”. Señaló, además, que si bien eran válidas las interpretaciones efectuadas por la parte querellante, no hubo una ofensa directa hacia el honor de Laura Chinchilla. “El umbral de tolerancia que se espera de la persona que detenta la Presidencia de la República es muy alto”, afirmó solemnemente la magistrada principal del Tribunal Penal de San José al presentar la sentencia, la cual podría ser apelada por Chinchilla ante una instancia superior. La ex Jefe de Estado comentó la resolución en su Facebook y expresó su preocupación por un fallo que, a su juicio, convierte a las redes sociales en un espacio donde la irresponsabilidad y la mentira se convierten en arma de quienes solo quieren hacer daño o entorpecer el sano ejercicio democrático de nuestro país”. El tribunal, a juicio de Laura Chinchilla, consideró que los servidores públicos “debían tolerar hasta las mentiras y las difamaciones, lo que significa que en otras palabras que no tenemos derecho a la defensa de nuestro honor”. Algunos críticos estimaron que el fallo legaliza el trolleo y que se multiplicarán las personas irresponsables que podrían decir cualquier brutalidad sin que tenga consecuencias.

Dos posiciones

Este caso pone nuevamente en el debate público los ataques al honor a personas públicas, el cual se puede reducir a dos posiciones.

Por un lado, están quienes creen necesario poner límites a la libertad de expresión en las redes sociales y en general en internet, espacio que ven como un paraíso del insulto, el ataque artero e irresponsable, escudado en el cobarde anonimato la mayoría de las veces, impunidad que no existe en los medios tradicionales que poseen editores y personas responsables que eliminan rápidamente comentarios ofensivos o que se alejan de sus políticas editoriales.

En el otro extremo, los defensores de la libertad de expresión ven la tierra prometida en el mundo virtud y el único lugar donde existe la posibilidad de expresarse sin ninguna restricción o límite, por lo que se oponen terminantemente a cualquier iniciativa nacional o internacional para su regulación.

De los casos comentados, me parece bien en el caso Luksic que el tribunal haya desestimado el delito que se le atribuía. No obstante, creo muy discutible proteger la libertad de expresión de una persona que se atribuye la identidad de otra, aunque sea con fines humorísticos o satíricos, pues a lo menos en redes como Twitter, el público, las audiencias, suelen carecer de la posibilidad de distinguir entre la persona real y el usurpador.

También concuerdo con el fallo absolutorio en el caso de la ex Presidenta de Costa Rica, pues tratándose de personas que hayan ejercido tan altas funciones, la crítica, los comentarios sobre su gobierno y su situación patrimonial, por el evidente interés público, deberían estar fuertemente protegidos. Con todo, creo que en nuestro país aún no hemos discutido seriamente sobre la libertad de expresión en las redes sociales. Tal vez porque nos ha faltado un caso célebre. Con seguridad ese caso no tardará en llegar, razón por la cual ya deberíamos comenzar a tener argumentos en dicho debate.

#Etiquetas:

Comentarios.