Durante 2021 y principios de 2022, una gran cantidad de inmigrantes ingresaron al país de manera irregular, generando aglomeración en las fronteras y una crisis migratoria que alcanzó su punto más álgido en Iquique. Episodios de violencia, xenofobia, toma de plazas, carpas en campamentos y en las playas se pudieron presenciar en distintos lugares de la ciudad, llamando la atención de los medios y las autoridades. Aunque en los últimos meses el tema ha disminuido en intensidad, el problema sigue latente. Puroperiodismo conversó con Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), sobre la situación actual de los migrantes en los campamentos.

Hace ya 13 años que Lorena Zambrano vive en Chile. Es Ecuatoriana y vive en Alto Hospicio, en el Barrio Transitorio Renacer, el mismo que fue reubicado luego de un desalojo producido en 2016. Para entonces, ya llevaba seis años como activista por los derechos de la población migrante del norte del país. Por eso asumió primero la vocería de su barrio –donde la mayoría de los y las vecinas son extranjeros– y hoy es la portavoz de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO).

La organización tiene objetivo defender y promover los derechos de las personas migrantes y sus familias, con presencia activa en los campamentos y trabajando con la población extranjera que en los últimos años se ha disparado el norte, principalmente a través de ingresos irregulares, generando una crisis que ha derivado en diversos episodios de violencia, xenofobia y descontrol por parte de las autoridades, además de la instalación desregulada de campamentos donde la precariedad y la vulnerabilidad campean.

Sólo en 2021, la Policía de Investigaciones (PDI) registró sobre las 56.500 autodenuncias de personas que ingresaron de forma irregular al país, un 236% más que el año anterior. La situación se ha vuelto crítica principalmente en las zonas fronterizas, y en Iquique, llegó a un punto de inflexión en septiembre del año pasado.

Fue el viernes 24 de ese mes cuando las autoridades locales desalojaron diversos espacios públicos de la ciudad donde cientos de familias completas se habían instalado ante la falta de albergues y espacios que los acogieran. Al día siguiente vino la primera marcha anti migrantes, que se tradujo en actos de violencia xenofóbica y la quema de las pocas pertenencias de personas que, en su mayoría, llegaron a Chile en busca de oportunidades que en sus países de origen no tenían. Los manifestantes quemaron carpas, mochilas, ropa e incluso coches y cunas de bebés. “Fue una imagen desoladora y que dio vueltas al mundo”, describió una publicación de BBC News.

La escena volvió a repetirse a fines de enero de este año. Así lo describió DW: “La marcha encontró a su paso a algunas personas extranjeras lo que inició encendidas discusiones. Un venezolano fue golpeado por manifestantes, pero fue protegido por la Policía. Cuando la protesta concluía, algunos atacaron un campamento de inmigrantes quienes no estaban en el lugar. La Policía dispersó a los grupos de manifestantes y trabajadores municipales se llevaron en camiones las carpas y las pertenencias que habían dejado las personas migrantes”.

Ese último episodio copó durante días las páginas de los diarios y las pantallas de los noticiarios, y aunque con el tiempo el tema fue perdiendo protagonismo, el problema sigue vigente y son miles los inmigrantes que aún siguen en un limbo. A pocos meses de ese estallido en Iquique, Puroperiodismo conversó con Lorena Zambrano, para profundizar sobre la realidad actual de los campamentos y cómo ha sido para los inmigrantes del norte este primer semestre de 2022, con cambio de gobierno incluido.

Lorena Zambrano, vocera de AMPRO.

–¿Ha cambiado algo durante los últimos meses en cuanto a la situación de la población migrante de la Región de Tarapacá?

Por primera vez se formó una mesa de diálogo, algo que se había perdido desde el comienzo del gobierno saliente. En la actualidad, estamos trabajando con un programa que se llama Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) que lo promociona la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por mandato del delegado presidencial. Se creó este programa en el cual trabajamos por mesas multisectoriales de legislación y las distintas ayudas humanitarias, lo que nos ha permitido abordar de una manera más amplia el tema, teniendo distintas miradas.

–¿Y ha funcionado?

Yo creo que vamos por buenas luces. Ha sido complicado trabajar con estas diversidades de pensamientos, pero es importante que acepten las críticas; como institucionalidad, tienen que tener autocrítica y entender que no todo lo que hacen está bien ni está mal. Hay cosas que al momento de llevarlas al papel se ven bien, pero a la hora de aplicarlas en la realidad no funcionan.

–Entonces, se ven avances…

Por un lado, sí, hay que destacar las mesas de diálogo donde estamos todas las organizaciones, donde hemos ido avanzando en diálogos, pero por el otro, los campamentos siguen con deficiencias. A pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo,  sentimos que sigue siendo bajo una mirada asistencialista y que no se está abordando lo que se sigue presionando: no es solo dar de comer y llenar a la gente de información de los servicios de prestaciones, sino pensar qué herramientas le puedo entregar a las personas para que se integren en la sociedad y comiencen a tener vida propia, para que éstas  se deshagan de los servicios, ya que la idea no es tenerlos ahí la vida eterna. Es importante que sigan su propio camino y hacerles un seguimiento, para ver si se está avanzando o se está quedando en el camino.

Situación en campamento Lobito y Colchane

–¿Ha habido mejoras dentro de los campamentos?

Sí ha habido mejoras, pero de a poco, y esto porque se ha pedido revisión de las distintas personas que trabajan en Colchane y en Lobito, ya que no están capacitadas para trabajar con estos grupos grandes; muchas veces son personas que se graduaron y están buscando cualquier trabajo. Ahora se ha pedido que esto se revise, para ver de dónde vienen, quiénes son y se les pide un currículum. Es importante también empezar a orientar a las personas y exigir capacitaciones. También trabajadores sociales, que es lo mínimo cuando hablamos de comunidades diversas.

–Tras la crisis de enero, el gobierno anterior permitió la instalación de diversos campamentos provisorios humanitarios, siendo uno de ellos el que se instaló en un terreno de la Universidad Arturo Prat (UNAP) en el sector Playa Lobito y que quedó a cargo de una productora de eventos. ¿Cuál es la situación actual de ese campamento?

Según la última información que tenemos, Lobito no se va a cerrar, pero se cierran las negociaciones con la productora y ahí bien entra el proyecto ACNUR con unas casas que se construyeron y que estamos esperando que la Controlaría dé el visto bueno para que se pueda terminar con el Campus Lobito [de la UNAP]. Por lo que entendimos, cuando ocurra esto, todos los otros organismos pasan a ser apoyo para funcionar mejor, ya que hay mayores profesionales encargados de la materia. Seguimos teniendo roce con las personas de la interna de Lobito y, hasta ahora, el rector [de la UNAP] nunca se ha hecho presente para ver el espacio. Somos el resto de la sociedad civil quienes hemos ido. Después de mucho tiempo de negativa, hemos entrado con talleres, con cursos y distintas formas de visitarlos para así poder captar ciertas problemáticas de violencia intrafamiliar. Estas cosas con hilo finito las hemos trabajado en terreno y día a día.

Niño caminando entre carpas del Campamento Lobito (FOTO: Jois Ann /instagram: @annjois)

–¿Y qué ocurre hoy en Colchane?

Es como la puerta de llegada. Tenemos a las comunidades autóctonas, por un lado, ya que los lugares históricos de la región han sido tomado por estas instituciones sin preguntarles, por cumplir a los hermanos que vienen llegando. Y por otro lado, está la controversia de la misma región: los que quieren, los que no quieren; los que han tenido problemas con los migrantes y a los que no les ha pasado nada. Esto es una bomba de tiempo que no sabemos cuándo vuelva a estallar. Es complejo hablar de Colchane, del refugio, sin pensar en la población de ahí. Hoy vemos un Colchane lleno de basura, con una contaminación importante, la cual antes no había. Hay que entender que puede explotar porque la gente sigue pasando por pasos no habilitados, sigue existiendo el coyotaje, la trata y el tráfico, que no se dice a voces, pues las personas siguen teniendo miedo de denunciar y está como que pasa, pero no pasa; a ojo de todos, pero no pasa nada.

–¿Qué se está haciendo para mejorar esa situación puntual?

Esto se está trabajando para ver cómo se capacita a los funcionarios para trabajar estos temas. Hablar de migración no solo es tema de la gente que nos interesa: hoy en día todos tienen que aprender de migración, todas las autoridades involucradas, para que puedan guiar y no pasen a ninguna persona por encima. Hoy la Ley de Migraciones está tan frágil que en cualquier momento se puede quebrar, y se quebrará por el hilo más flaco, que son las personas que se encuentran en situación de irregularidad. Ahora, en invierno, va a haber un índice de llegada muy bajo, pero en verano empieza a llegar más gente, desde los temporeros del altiplano y otras nacionalidades que ven la pasada más fácil. Por esto ya tenemos que tener una estrategia para cuando llegue la nueva oleada.

–¿Ha mejorado la alimentación que se le está otorgando a las familias?

La alimentación aún la tiene la Junaeb, pero seguimos con complicaciones, porque no está siendo intercultural. Se entiende como interculturalidad solo el proceso de estudio, pero no se toma en cuenta que es un concepto de lo más micro a lo más macro, y en esto seguimos sufriendo, ya que ellos no están acostumbrados a este sistema nutricional. Hay que entender que la diversidad es tanta que darle la comida de la Junaeb no está mal, ya que es basada en nutrientes, pero no es lo mismo que la comida de tu país. En otras regiones, esta mezcla ya está ocurriendo como en colegios, donde se implementan alimentos interculturales. No hay que darle manzanas todos los días si hay más fruta, o dejarlos a ellos entrar en la cocina para que las preparaciones sean distintas.

–¿Teniendo en cuenta que el campamento queda a las afueras de la ciudad, como es la locomoción?

Locomoción directa no existe. Lo que se hace es que se contratan buses que van a buscar a un grupo de personas en específico, pero no hay un vehículo constante y esto lo entendemos por varias razones: hay un conflicto interno con la misma comunidad iquiqueña, porque si ni la gente de las distintas caletas tiene locomoción, ¿por qué darle al afuerino? Hemos tenido conflictos en varias cosas, y esto sería mucho. Si alguien de las caletas se entera que hay carros para Lobito todo el tiempo y que tienen horas determinadas, que se pone por delante la situación migratoria antes de la sociedad iquiqueña, esto en sus cinco sentidos dejará la escoba; mejor tener prudencia en esto.

Consecuencias de una inmigración no controlada

–¿Ha seguido el alza en campamentos en terrenos ilegales, producto del gran ingreso de personas inmigrantes en este último tiempo?    

Hay un indicio elevado, más del que ya había, porque hay que recordar que se juntó todo: lo de la revuelta de 2019, con lo que mucha gente quedó sin empleo; la pandemia; el alza de los precios… En el caso de la población migrante fue más duro, y finalmente se juntó la nueva oleada de inmigrantes que vienen llegando y que no encuentran habitabilidad alguna, sumado a que nadie les quiere arrendar por ser inmigrantes irregulares. Si hacemos un retroceso a la fecha, ha habido un aumento. Si antes era 30%, hoy en día hay un alza del 90% viviendo en campamentos. Ha habido una creciente en el sistema y los grupos familiares no son comunes, pero ellos consideran el grupo familiar, su tío, su tía, los abuelos a diferencia de nosotros que es menos amplio. Otra de las cosas importantes son los animalitos. Los inmigrantes que están llegando, llegan con mascota, la cual también es parte de su núcleo familiar, por lo que también se vuelve una problemática muy importante.

Migrantes en el norte del país (FOTO: vaticannews.va)

–Producto de los episodios de violencia que se presentaron el año pasado y durante el verano, ¿ha aumentado la discriminación hacia ellos?

Por ahora, las cosas están calmadas y eso me da mucho miedo, porque ha habido muchos índices de violencia, desgraciadamente, por la población migrante, y sobre eso no podemos cerrar los ojos. Lamentablemente, se han unido las bandas locales con las bandas internacionales. Un caso que recién sonó ahora: unos colombianos que mataron a la compañera trans que es conocida de las caletas. Imagínate en la postura que nos pone y estas situaciones hacen que suene el migrante otra vez. Lo raro es que la memoria del chileno es tan frágil que se le olvida que en el norte siempre hubo violaciones y delincuencia; sí, ahora ha aumentado, pero antes también existía.

–¿Es violencia que llega o se genera aquí?

Si bien no se justifica ningún tipo de violencia, igual hay que tener la balanza del otro lado: si tú no tienes qué comer y por todos lados te botan, cualquiera en sus cinco sentidos va a aceptar lo que le ofrezcan, aun así si en tu conciencia sabes que es malo y en tu subconsciente sepas que es malo.

–¿Los niños inmigrantes que han llegado, han asistido a clases? ¿Se les está tratando de educar?

Hay una problemática cuando se juntan los niños extranjeros con los chilenos. Esto se habló cuando empezó a llegar la oleada. Tuvimos una reunión con el alcalde en la que le dijimos todo lo que iba a pasar si las escuelas no se preparaban para la reapertura, así que le dijimos que invirtieran. Tanto los colegios como los hospitales no dan para más. Es como si nunca se hubieran imaginado que la población iba a crecer, lo que es absurdo; deberían haber contratado más maestros, mejorar infraestructura o buscar otros espacios, ya que estos niños no están teniendo educación. Hay fundaciones que les enseñan, pero esto el Ministerio de Educación no se los va a validar.

–¿Qué responsabilidad tienen en esto las autoridades?

Esto también ha partido porque los seremis y el ministerio están con un retraso y están recogiendo un proceso abandonado al ojo de Dios, y reconstruir en pocos meses algo que tiene premura es una locura. También tenemos que ser conscientes de que hay que dar espacios para que esto ocurra, estamos recibiendo un estado que hay que volver a reconstruir.