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Las fallas en la selección de alumnos que reciben el Crédito con Aval del Estado

Por ~ Publicado el 12 septiembre 2010

En estos cuatro años, el Crédito con Aval del Estado se ha convertido en la principal ayuda estudiantil universitaria en cuanto a volumen de recursos públicos y privados involucrados, beneficiando alrededor de 270 mil estudiantes. Los postulantes mienten en el Formulario de Acreditación Socioeconómica (FUAS) para financiar su carrera y no está claro si este beneficio está siendo destinado a todo el que realmente lo necesite. Es una realidad asumida por todos. Salvo por Ingresa, la Comisión que entrega el crédito. “El modelo está basado en la buena fe de las personas. Por lo cual, no se han tomado medidas cuando se encuentran errores en los formularios, pues se asume que fue por comprensión equívoca de las indicaciones de la postulación”, dijo Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión. Este año, se otorgaron inicialmente 97.882 créditos, pero el terremoto del pasado 27 de febrero cambió el panorama. En junio, 2.524 alumnos más fueron beneficiados.

Estudiante

Esteban tiene 25 años, es el menor de tres hermanos y el único que vive con sus padres en un departamento de casi 53 millones de pesos, ubicado en La Reina, comuna del sector más pudiente de la capital. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos –alrededor de 2 millones de pesos mensuales- los aporta su padre, quien es propietario de una empresa de barracas que elabora maderas. Desde que salió del colegio particular pagado Subercaseaux College, ubicado en el sector El Llano de la comuna de San Miguel, dejó de manejar el auto de su padre para conducir uno propio. Ahora todos los días se dirige en su segundo automóvil, un Peugeot 206 plateado del año 2010, avaluado en 4 amillones de pesos, a la sede de Huechuraba de la Universidad Mayor, donde estudia Medicina Veterinaria cuyo arancel anual supera los tres millones de pesos. Desde  2007, Esteban tiene el Crédito con Aval del Estado. Aunque tiene los recursos económicos necesarios para pagar sus estudios, postuló al beneficio para ahorrar el dinero y ocuparlo en otros intereses como comprar los implementos necesarios en su carrera, combustible para el auto y pasatiempos como el snowboard. “Quería también, que me dieran los cheques de alimentación que entrega la Junaeb, para así no tener que sacar plata de mi bolsillo para quedarme a almorzar todos los días en la universidad”, dice.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En 2006, quedó atrás el sistema del Crédito Fiscal y nuevos beneficiados obtuvieron apoyo en el financiamiento de su carrera a través del Crédito con Aval del Estado por un monto que varía entre $200.000 y el arancel de referencia, establecido anualmente por el Ministerio de Educación para cada carrera e institución, que suele ser menor al real y cuya diferencia debe costear el alumno.

A las universidades privadas y estatales se sumaron los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Además, los alumnos que estuvieran cursando su carrera también pudieron postular al beneficio.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Sin embargo, el crédito tuvo un inicio caótico. Desde la incompatibilidad de los navegadores con la página de Ingresa para postular por Internet, la única manera de hacerlo, hasta el otorgamiento erróneo del crédito a los alumnos con menos problemas económicos. Aunque se habló de asignar hasta 40 mil, ni siquiera se duplicó la cantidad estimada inicialmente que alcanzaba los 14 mil alumnos beneficiados. El entonces Presidente Ricardo Lagos afirmó que nadie que cumpliera con los requisitos quedaría sin Crédito con Aval Estatal para terminar así con la polémica desatada por dicha cantidad. Finalmente, se asignó a 21.251 alumnos, cifra que se tradujo en más de 26 mil millones de pesos, de los cuales 5.083 créditos fueron asignados al quinto quintil, que representa al 20 por ciento de la población nacional con mayor ingreso per cápita del hogar, es decir, un monto superior a $254.627. Marigen Hornkohl, ministra de Educación a la fecha, explicó que un “error informático” causó la mala asignación del crédito universitario debido a un “ordenamiento inadecuado” de los postulantes, descartando irregularidades en los contratos con Confinsa, empresa que proveyó el programa que arrojó estos resultados.

A partir de entonces, el número ha crecido (ver tabla). En 2007, con casi 37 mil millones se otorgaron 36.035 créditos. Al año siguiente, para paliar los efectos de la crisis económica se destinaron más de 50 mil millones para 46.696 créditos. En 2009 la cobertura aumentó casi al doble y 72.131 alumnos fueron beneficiados. La Presidenta Michelle Bachelet informó que la cobertura incluso alcanzaría hasta el cuarto quintil de los postulantes, que tienen un ingreso per cápita del hogar entre 140.665 y 254.627 pesos, situación que según los datos oficiales de Ingresa siempre ha sido así.

Este año, los beneficiados eran inicialmente 97.882, pero el terremoto del pasado 27 de febrero cambió el panorama. El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) recomendó incrementar las ayudas a los estudiantes cuyas familias se encontraran en crisis económica producto del movimiento sísmico y así evitar una deserción masiva de universitarios. Joaquín Lavín, ministro de Educación, informó que se haría una reapertura para que los alumnos pertenecientes a las zonas más afectadas que estudiaran en instituciones o sedes ubicadas en las regiones del Biobío, Maule y Libertador Bernardo O’Higgins pudieran postular al crédito. Inicialmente más de 4.500 jóvenes manifestaron interés en recibir el beneficio, pero sólo tres mil acreditaron ante las instituciones de educación superior el daño socioeconómico sufrido a causa del terremoto. Y el 18 de junio, se conoció el nombre de los 2.524 alumnos que fueron beneficiados. En estos cuatro años, el crédito se ha convertido en la principal ayuda estudiantil en cuanto a volumen de recursos públicos y privados involucrados, beneficiando a casi 270 mil estudiantes.

Asignación crédito

En Internet los alumnos postulan al crédito junto a los otros beneficios que ofrece el Estado completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). En éste los alumnos entregan información sobre la previsión social y de salud de su familia, los antecedentes educacionales y sus ingresos. Estos datos son fundamentales porque son la base de la selección de los beneficiados.

Los requisitos para postular son cinco: ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país; tener condiciones socioeconómicas del grupo familiar que justifiquen el otorgamiento del beneficio; matricularse en una carrera de pregrado en una institución de educación superior autónoma, acreditada y que participe del Sistema de Créditos con Garantía Estatal; no haber egresado de una carrera universitaria financiada con el Fondo Solidario de Crédito Universitario y/o con el Crédito Aval y tener mérito académico.

Sobre la última condición, los alumnos que ingresen a primer año deben un promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) igual o superior a 5,3 y puntaje promedio mayor a 475 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje y Matemática sin distinción de carrera. Aunque parezca bajo, el beneficio considera a centros de formación técnica e institutos profesionales, instituciones que no requieren un alto puntaje para matricularse. Se consideran válidas las PSU rendidas en el año de postulación o en los dos años anteriores. Por ejemplo, para e1 próximo año, serán válidas las PSU 2008, 2009 y 2010. Los alumnos que ya están en la educación superior deben haber cumplido el 70% del total de cursos inscritos en los últimos dos semestres de la carrera (o año, en caso de las carreras anuales) y contar con el respaldo de la institución de educación superior en la que se estudia. Esto significa que la casa de estudios debe incluir el nombre del postulante en la nómina de alumnos que acepta matricular con este beneficio, lista que es enviada por cada institución a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Ingresa) después de publicados los resultados de la postulación. Cada institución puede establecer requisitos académicos adicionales, como el caso de alumnos con ingreso especial.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

Ingresa se compone de dos comisiones. Una es la Administradora del crédito, encargada de definir sus políticas, por ejemplo la selección de los bancos que lo otorgan. Está formada por un representante de los cuatro tipos de instituciones de educación superior acreditadas (universidades estatales y privadas,  institutos profesionales y centros de formación técnica) y del Estado a través del Ministro de Educación, que preside la Comisión, el vicepresidente de Corporación de Fomento (CORFO), el Tesorero General de la República y el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. “No es necesario que exista otro organismo fiscalizador, ya que las distintas entidades que participan en el sistema están representadas en la Comisión”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. La otra es la Ejecutiva, que administra el crédito encargándose del proceso de otorgamiento.

La primera vez que Javiera, estudiante de Periodismo de la Universidad Diego Portales, postuló al crédito sus padres todavía vivían juntos en La Cisterna. Su papá era un microempresario que no recibía ingresos fijos y su mamá era profesora de un prestigioso establecimiento que también realizaba clases particulares y en un preuniversitario. Su hermano estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y sus padres financiaban la totalidad de su carrera. Sin embargo, la Comisión no le otorgó el crédito. El año siguiente, Javiera volvió a postular. En el formulario informó que sus padres estaban separados de hecho y que vivía en un departamento del sector sur de la capital. Sólo mintió al decir que su hermano vivía con ellas, pero tampoco obtuvo el crédito. Este año, el hermano de Javiera también postuló porque la situación familiar se tornó crítica. Los ingresos de su madre disminuyeron en el formulario pues Javiera omitió los trabajos extra que ella realiza. Aunque nuevamente se cambió de casa, esta vez con su hermano, mantuvo la dirección anterior pues la comuna en que vivía es considerada más pobre. La publicación de la tercera lista, compuesta por 23 mil nuevos beneficiados del crédito, los incluía.

LAS MENTIRAS “PIADOSAS” EN LA POSTULACIÓN

Cuando un formulario es recibido por la Comisión Ingresa, cinco personas de los departamentos de Informática y Asignación, encabezados por Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, trabajan en conjunto para separar la información que los alumnos dan en el FUAS. Estos antecedentes son enviados a distintos organismos públicos.

De manera simultánea se entregan los RUT de los postulantes al Registro Civil y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Ministerio de Planificación (Mideplan) y Servicio de Impuestos Internos (SII) también reciben los RUT de la familia  del postulante para corroborar la información.

Sobre las condiciones académicas, el Ministerio de Educación (Mineduc) envía el Registro de Estudiantes de Chile que contiene las notas de enseñanza media (NEM) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) provee los puntajes de la PSU.

Junaeb entrega el índice de vulnerabilidad que registra esta entidad de acuerdo al nivel socioeconómico de la familia y el entorno rural o urbano del establecimiento educacional, por ejemplo, por haber recibido alimentación en el colegio. En la misma línea, Mideplan utiliza los RUT del postulante y su familia para detectar a los alumnos que pertenecen a los programas Puente y Chile Solidario, que benefician al sector más vulnerable de la sociedad.

El manejo de esta información es confidencial y es el alumno quien autoriza la verificación de sus datos cuando completa el formulario. La mayor parte de ellos se canalizan a través del Ministerio de Educación, ya que también requieren la información para la postulación a otros beneficios, exceptuando la comprobación de la identidad que Ingresa realiza de manera particular con el Registro Civil. En el Crédito con Aval del Estado, el Ministerio funciona sólo como intermediario porque el proceso de asignación y verificación de los datos de los postulantes están a cargo de Ingresa.

El Mineduc envía los RUT de los postulantes y sus familias al SII en dos CD’s. Uno proveniente y ordenado por la Comisión Ingresa y otro correspondiente a otros beneficios educacionales, ambos con clave de seguridad y un oficio que garantiza la confidencialidad de la información. “Ni siquiera sé cuántos registros me manda Ingresa, yo simplemente me encargo de enviarlos”, dijo Ana Andrea Abarca, encargada del Proceso de Postulación y Asignación de Ayudas Estudiantiles del Mineduc. El SII trabaja con los ingresos registrados en la operación de renta de los últimos dos años. De esta manera, se hace un cruce entre la declaración de renta y los formularios para comparar que los pagos hechos por los empleadores sean los mismos que informó el alumno. Después de esto, el SII devuelve la nómina de los alumnos ordenados según el rango de ingreso familiar.

Diagrama crédito con aval

Con los antecedentes verificados, la Comisión hace una evaluación socioeconómica de los estudiantes, ordenándolos de menor a mayor ingreso. El sistema computacional que utiliza Ingresa considera la corrección de información si hay errores. Por ejemplo, cuando se completa mal el formulario respondiendo con el ingreso anual en vez del mensual, Junaeb o Mideplan informan a Ingresa de la falta de concordancia en los datos. Según Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, los errores en la información entregada por el alumno en el FUAS, no necesariamente se deben a la mentira u omisión. “El alumno se equivoca bastante porque no lee. Por ejemplo, coloca el ingreso anual en vez del mensual o pone solamente sus datos cuando se piden los de toda su familia”, dice.

Marcela, estudiante de Ingenería Forestal en la Universidad de Chile, vive con sus padres y su hermano menor en un departamento en Estación Central. A veces, sale a dar una vuelta en el Honda de su papá que cuesta casi veinte millones. Le gusta toda la tecnología del vehículo que avisa incluso cuando no te has puesto el cinturón. La madre de Marcela es profesora básica y su padre es sostenedor de dos colegios particulares subvencionados en el sector poniente de la capital, entre ambos reciben alrededor de 2 millones de ingreso mensual. En el formulario Marcela declaró que vivía sin su padre en el departamento y argumentó que habría perdido contacto con él tras preveer una quiebra. Sin embargo, aunque su familia tiene problemas económicos él nunca abandonó su hogar ni a sus hijos.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario.

“No tenemos los recursos para hacer un informe socioeconómico de cada uno de los alumnos”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. El otorgamiento del crédito es bastante automatizado pues no existe un filtro de ‘factor humano’. Se rige por las bases de datos que, según señaló la Comisión, permiten verificar la veracidad de los antecedentes proporcionados por los alumnos en el formulario FUAS que están sustentados en la “buena fe”.

“Se considera mucho la información que el alumno coloca en el formulario, por algo lo hacemos postular. Lo demás está contrastado con las fuentes que han sido nombradas. Pero siempre lo hacemos a favor del alumno y cambiamos la información si la diferencia es muy grande”, agregó Gutiérrez.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario. Aunque Ingresa tiene la facultad para hacerlo y de sorprender a un alumno falseando u omitiendo información la sanción es la suspensión del crédito sin posibilidad de volver a postular.

“No se han tomado medidas cuando se encuentran errores en los formularios, pues se asume que fue por comprensión equívoca de las indicaciones de la postulación”, dijo Gutiérrez. Este año se contrató a dos asistentes sociales que trabajarán en la Comisión con la intención de comprobar que el crédito esté bien otorgado. Así, por primera vez, aunque aún no se ha determinado la fecha, habrá un encargado de cotejar los datos en la práctica y no sólo con fuentes oficiales.

Sin embargo, sólo estas dos profesionales se ocuparán de la asignación de créditos en todo Chile. “No se trata de ir por el país quitando el beneficio, sino de hacer un proceso eficiente para que se focalice en la gente que realmente lo necesita”, agregó Gutiérrez.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El proceso de apelación se ajusta al presupuesto inicial que otorga la Contraloría General de la República y comienza cuando los primeros beneficiados se han matriculado aceptando el crédito. Principalmente, los postulantes que no lo recibieron completan por Internet el Formulario de Apelación con un mensaje personalizado, indicando el tipo de causal, que puede ser social o académica, y se les entrega un código de apelación. Aunque también envían una carta o se dirigen personalmente a la Comisión para solicitar una revisión de su caso.

Ingresa contrata una empresa externa. Fernández y Salome Asociadas trabaja con ocho asistentes sociales que revisan alrededor de cuatro mil cartas e investigan estos casos. Generalmente las  razones son socioeconómicas como el error en los datos de ingresos mensuales en el formulario de postulación, la disminución de los ingresos por cesantía o muerte de los sostenedores después de la postulación, enfermedades de fuerte gasto permanente o debido a otros hermanos están estudiando en educación superior; las últimas tres situaciones deben ser acreditadas con documentación que se adjunta a la apelación y se envía a la Comisión. También existen causales académicas, como la matrícula fuera de plazo.

BANCOS: LOS QUE REALMENTE PONEN LA PLATA

Cuando las instituciones informan cuántos alumnos se matricularon y en qué carrera, Ingresa arma nóminas que se licitan en los bancos, cooperativas de crédito y seguros de vida. La Comisión hace una invitación a todas estas instituciones a participar porque mientras más sean, más créditos pueden otorgar. Las listas están compuestas aleatoria y heterogéneamente para no discriminar a los postulantes por su carrera, capacidad de pago ni ubicación geográfica. La Comisión busca acordar los intereses que sean más bajos (cifra en torno al 5 y 6%) y la Contraloría decide las condiciones de la negociación. Este año el financiamiento y la administración de los créditos quedó a cargo Santander, Itaú (institución que participa por primera vez, con un tercio de ellos) y Scotiabank, que cuenta con el 56% del total de las listas adjudicadas asignadas en 2010. Para los créditos de años anteriores que serán renovados en 2010, la tasa de interés final será de aproximadamente un 5.8% anual a 10 años y de un 6,4% anual para el pago a 15 y 20 años.

El último paso en la obtención del Crédito con Aval del Estado es la firma del alumno con el banco (a menos que sea menor de 18 años, caso en el que un apoderado o representante legal debe firmar a su nombre, manteniendo como deudor al estudiante). El contrato firmado es el mismo para todas las entidades financieras y en él se pueden cambiar datos generales relativos a la identidad como el teléfono o la dirección, pero no los antecedentes académicos ni el monto requerido, éste se solicita anualmente y es modificado en Internet o en la institución académica.

Como su nombre lo indica, este crédito no exige ningún tipo de aval pues no está condicionado a la capacidad de endeudamiento del alumno ni de su familia. La institución de educación superior y el Estado son la garantía del crédito, manteniendo al alumno como el primer responsable en el pago 18 meses después de egresado o un año después si dejó la carrera, permitiendo un pago anticipado.

Según reveló Spolmann atraer a los bancos para participar en el Crédito con Aval del Estado no ha sido una misión sencilla. La directora ejecutiva de Ingresa, Alejandra Contreras, ha realizado seminarios para explicarles el sistema y convencerlos de que finalmente van a ganar dinero con el crédito. De hecho, el Banco de Chile y Santander, que junto a BCI se lo adjudicaron el año pasado, han sido muy reticentes en las negociaciones. Sin embargo, las instituciones financieras más pequeñas han mostrado más interés en los créditos. De esta manera, Itaú, un banco conocido por la exclusividad de sus clientes, ingresó este año al negocio.

Para incentivar la participación la ley establece que el fisco puede comprarles una parte de la nómina para obtener mayores tasas. Aunque para el alumno se mantengan como las administradoras del beneficio, la garantía es fiscal antes y después su egreso.

EL CRÉDITO NO DESERTA

Otra garantía cubre la deserción académica, el abandono de los estudios durante doce meses consecutivos sin justificación, que tiene costos económicos para la familia con la pérdida del pago de arancel y para el Estado, que pierde lo invertido en becas. Pero también para las instituciones educacionales porque con este crédito los establecimientos tienen la responsabilidad de responder por los desertores morosos pagando al banco una cantidad acorde a los años cursados por el alumno. Esto es preocupante, pues en junio pasado el Consejo Nacional de Educación hizo un estudio a la generación de alumnos que ingresaron en 2004 en 55 planteles, incluyendo universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, que reveló un alto nivel de abandono de los estudios superiores: en los institutos, sólo el 33% terminó la carrera; en los CFT, lo hizo el 49% y en las universidades, sólo el 53% de los alumnos llegó al último año. Además, el 40% de los desertores indicó que el motivo eran problemas económicos.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes.

Pedro era alumno de segundo año de Traducción e Interpretariado en Inglés en la Universidad de las Ciencias de la Informática (UCINF). Su padre que vive en Coquimbo, no pagó durante tres meses las cuotas del arancel de la carrera por lo cual se vio obligado a repactar y dejó la carrera a mitad del semestre de 2008. Él vive en Recoleta con su madre, secretaria de un centro médico ubicado en Providencia donde gana 150 mil pesos, y sus abuelos quienes reciben una pensión de 90 mil mensual. Para pagar la deuda, Pedro empezó a trabajar como promotor en una multitienda y decidió postular al Crédito con Aval del Estado para continuar sus estudios en una institución acreditada. Aunque había elegido la institución donde quería terminar la carrera pensando que cumplía con los requisitos necesarios para postular al crédito, finalmente no lo obtuvo y siguió trabajando.

Las instituciones, además de estar acreditadas,  deben cumplir con la Boleta de Garantía Bancaria (también llamada Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata) para ofrecer este beneficio. Esta fianza es un monto que calcula Ingresa en relación al arancel del crédito solicitado y que pagan los establecimientos por los alumnos hasta que egresan de la carrera. Si un estudiante se cambia de institución convalidando ramos arrastra la deuda anterior, para evitarlo algunas instituciones sólo reciben alumnos con crédito que ingresen a primer año porque se considera como si tuvieran dos, uno con la institución anterior y otro con la actual. Ingresa no sólo se preocupa de la boleta de garantía, también presiona a la institución para que el alumno pague. Por ejemplo, si el estado de deserción de una institución es mayor al promedio de las otras, podría rebajar los créditos asignados o dejar de otorgarlos.

Las instituciones detectan la deserción observando la asistencia a clases o el rendimiento durante el año. “Los jefes de carrera saben qué alumnos tienen el beneficio. La idea es que pongan mayor atención en ellos porque hay una garantía económica en juego”, dijo Marcela Torres, encargada nacional de becas y créditos del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional La Araucana. Además, informan a Ingresa anualmente las matrículas y la Comisión es la encargada de confirmar la deserción al no detectar al alumno estudiando en una institución de educación superior acreditada.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes. “Como la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Instituto Profesional AIEP pertenecen al mismo grupo socioeconómico, buscamos reubicar dentro de la misma institución a los alumnos que desertan por asuntos económicos porque AIEP es más barato”, dice ­Jonathan Diocares, supervisor de financiamiento estudiantil de la UNAB.

Sin embargo, según las normas que rigen al crédito no es deserción académica cuando el abandono se hace por enfermedad grave temporal del estudiante o por un accidente que origine su invalidez total o parcial. Ambas situaciones deben ser acreditadas con un certificado médico. Tampoco lo es cambiarse de carrera o de institución, siempre y cuando éste se haga sólo una vez.

La Comisión es la encargada de aprobar, certificar e informar oportunamente a la institución financiera, para que ésta dé inicio a las acciones de cobro del estudiante. Si el alumno se retira en primer año, el establecimiento tendrá que pagar el 90% al banco. Si es de segundo el 80 y de tercero en adelante el 60%. De esta manera, el fisco recupera su inversión en el crédito con esta garantía otorgada por la institución de educación superior. El sistema aún no se ha puesto a prueba, el cobro comienza sólo 18 meses después de terminar la carrera y funciona con los egresados desde 2008. El 2,2% del total de beneficiados en estos cuatro años, es decir 5.400 alumnos, ya está pagando y sólo se han cobrado 261 garantías de este tipo, según informó en junio La Tercera.

PAGO DEL CRÉDITO: NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE

Para exigir la garantía estatal o por deserción académica, el banco debe acreditar ante la Comisión el incumplimiento del alumno en el pago de al menos tres cuotas mensuales consecutivas, el agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, la presentación de acciones judiciales contra el estudiante y la notificación judicial personal del deudor o haber realizado al menos dos búsquedas del sujeto durante al menos una semana. Con estos mecanismos se intenta evitar que la institución financiera abandone la cobranza judicial y simplemente cobre al Estado. “El banco no tiene incentivo de cobrar la acción judicialmente, lo único que intentará es cumplir con los requisitos para que proceda la garantía del 90% del crédito e intereses para cobrárselos al fisco. El sistema de a poco va a ir estableciéndose y verá como se recupera el monto del alumno que no pagó”, dijo Spolmann.

Quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

La ley establece varios mecanismos por el alumno que no pague. Las mencionadas acciones judiciales que buscan localizar a los alumnos a través de sus bienes propios y las cobranzas extrajudiciales, que consiste en la insistencia del pago a través de constantes llamadas telefónicas. También, el Mandato de Descuento de Remuneraciones (documento que firma el alumno junto al Mandato de Seguro Degravamen e Invalidez y la Solicitud de Créditos con la Tabla de Honorarios de Cobranza Externa) por el monto de las cuotas hasta que lo pague por completo, incluyendo los intereses y la comisión establecida. El acreedor podrá solicitar información a la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones o a la Superintendencia de Isapres para identificar al empleador del deudor. Además, la institución podrá solicitar a la Tesorería General de la República la Retención de la  Devolución del Impuesto a la Renta y de cualquier otro impuesto de la entidad fiscal que tenga derecho a recuperar el deudor. Sin embargo, salvo la retención de impuestos, ninguno de estos mecanismos se ha llevado a cabo ya que según Spolmann han sido pocos los alumnos que han llegado a tal punto del no pago desde que se implementó el Crédito con Aval del Estado el 2006, aunque no quiso precisar la cifra.

Elisa es alumna de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Vive en la comuna de San Miguel con su mamá y su hermana quien estudia kinesiología en la Universidad Andrés Bello. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos los aporta su padre. Él es contador auditor, trabaja en un servicio público donde gana alrededor de un millón de pesos. Debido a que este año él empezó a estudiar Ingeniería Comercial como vespertino en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) los gastos aumentaron. Por lo tanto, Elisa y su hermana postularon y obtuvieron el crédito mintiendo al decir que sus padres estaban divorciados aunque no están separados. En el formulario indicaron que él ganaba 500 mil pesos de los cuales les daba una pensión alimenticia de 200 mil.

“El incentivo para burlar el sistema es distinto al que tiene un alumno para ganarse una beca. La beca es un regalo, tú no la pagas ni la devuelves nunca. Si tú quieres vulnerar el sistema, se puede hacer. Pero tienes que tener en cuenta que estás firmando un crédito con el banco en el cual tú eres el deudor y tienes que pagar”, dijo Gutiérrez. “Mientras nosotros entreguemos de menor a mayor ingreso, que es lo que exige la ley, no hay ningún problema. Entonces que un alumno cambie un numerito para estar en el tercer o cuarto quintil, para el crédito da lo mismo”, agregó.

Si bien para Ingresa los beneficiados cumplen con los requisitos para acceder el crédito, la verificación de los antecedentes de los alumnos no tan es efectiva. El cruce de datos que realiza la Comisión con la información del Servicio de Impuestos Internos y el formulario no sirve y nadie lo fiscaliza, como lo demuestran los casos de Elisa y Esteban. Los trabajos independientes como los vendedores ambulantes o las clases particulares no necesariamente boletean y por lo tanto, el SII no los registra. Por último, quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

“Nosotros no podemos desmentir que hay personas que vulneran el sistema mintiendo en sus ingresos o grupo familiar. Pero si sopesas eso con el porcentaje de asignación no es considerable para hacer un proceso que demore tres o cuatro meses antes de asignar el crédito”, añadió Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión Ingresa

Más allá de la fiscalización en el otorgamiento del Crédito con Aval del Estado y su efectividad, hay una falla en el sistema, un vacío que el jefe del Departamento Judicial de Ingresa reconoce. Según Spolmann, las fallas en el crédito se explican porque el sistema no estaba considerado para abarcar la cantidad de beneficiados que existe hoy, a pesar de que su objetivo sea otorgarlo a todo alumno que cumpla con los requisitos para que nadie se quede sin estudiar a causa de problemas económicos.

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