La semana pasada se cumplió una década desde la muerte de Daniel Zamudio y se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, dos hitos estrechamente ligados a las luchas y demandas de las disidencias sexuales en Chile contra la violencia y la discriminación. Puroperiodismo revisó los datos disponibles del Poder Judicial para ver cómo ha funcionado –o no– la Ley Antidiscriminación que existe desde 2012 y que lleva el nombre del joven asesinado por su orientación sexual. Hasta 2020, apenas el 3,7% de las causas ingresadas estaban motivadas por temas de género, lo que ratifica las críticas de organizaciones activistas de las minorías sexuales por el desuso y la poca eficacia de la también llamada Ley Zamudio.

Por Anaiz Morales y Vannia Muñoz

Dos importantes hitos para la comunidad LGBTIQ+ ocurrieron durante la última semana de marzo. El primero fue el lunes 27, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Daniel Zamudio, el joven de 24 años que en 2012 fue atacado brutalmente por tres individuos en el céntrico Parque San Borja, debido a su orientación sexual. El otro ocurrió el jueves 31, cuando se conmemoró una nueva versión del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Ambas fechas son clave para las luchas y demandas de las disidencias sexuales en Chile, pues ponen el foco en la violencia y discriminación sistémica de la que han sido históricamente víctimas sus integrantes. De ahí que, ante las dos efemérides, resulte imposible no poner atención sobre cómo ha funcionado, a casi una década de existencia, una de las principales leyes que defienden a las comunidad LGBTIQ+ contra la segregación arbitraria y la vulneración de sus derechos fundamentales.

La Ley 20.609 fue promulgada en julio de 2012, durante el primer gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Informalmente se le conoce también como Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, precisamente porque fue su asesinato el que generó un movimiento transversal para agilizar un proyecto que llevaba siete años tramitándose en el Congreso y que proponía generar medidas de protección en contra de la discriminación arbitraria de cualquier grupo vulnerable –no sólo de las disidencias sexuales– , así como sanciones penales más duras de las que establecía la legislación de la época.

Si bien la promulgación de esta ley significó un gran avance en materia de igualdad de derechos y su protección, desde sus inicios ha sido objeto de diversas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los movimientos LGBTIQ+, principalmente por su poca efectividad y subutilización, tanto en materia civil como penal.

De acuerdo con la última información publicada por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS), desde su implementación hasta diciembre de 2020, el Poder Judicial registró unas 458 causas civiles por Ley Antidiscriminación, sin embargo, tan sólo 17 de ellas corresponden a faltas en contra de la comunidad LGBTQ+. Es decir, apenas un 3,7% de esas causas corresponde a casos de discriminación por orientación sexual o identidad y expresión de género.

En cuanto a las causas penales –en los que la ley no creó una nueva tipificación de delitos, sino sólo condiciones agravantes–, los tribunales de primera instancia del país registran apenas 13 casos en que se ha invocado la Ley Zamudio, repartidas entre los años 2013 y 2019. Todas ellas con sentencias condenatorias.

El Poder Judicial no ha dado a conocer aún datos actualizados hasta la fecha.

A pesar de ello, en su XXº Informe Anual de Derechos Humanos, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) señala que durante 2021 se registraron 6.620 casos de atropello a los derechos humanos en el país, de los cuales 1.114 correspondieron a denuncias por discriminación a las disidencias sexuales.

Críticas y reformas

Matival Cortéz, actual asesor legislative de la diputada Emilia Schneider (Comunes) y ex asesor del área jurídica de la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), señala que la ley fue problemática desde un inicio: “La ley Zamudio tiene problemas desde que se aprobó. Comenzó incluso antes de la muerte de Daniel Zamudio, se pedía la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria similar a la que hay en México (CONAPRED) o la que está en Argentina (INADI), que lleva mucho más tiempo. Sin embargo, por el lobby de la derecha, el más conservador, eso no quedó en la ley. El gobierno de la época no lo incluyó. Es una demanda que ha estado permanentemente”.

Como respuesta a las críticas, actualmente se discute en el Congreso un proyecto de reforma a la ley que busca darle mayor eficacia para condenar las faltas motivadas por la discriminación. De esta forma, se podría corregir el cuerpo legal para promover y garantizar el principio de igualdad y fortalecer la prevención frente a casos de exclusión u otras vulneraciones arbitrarias de derechos. Asimismo, los puntos a cambiar son el aumento del valor de la multa por el delito, clarificar y ampliar el concepto de discriminación laboral y, por último, la redefinición de discriminación arbitraria, de acuerdo a lo estipulado en tratados internacionales. No obstante, el proyecto lleva ya casi tres años en discusión y recién en agosto de 2021 pasó a segundo trámite constitucional, desde el Senado hacia la Cámara de Diputados y Diputadas. Desde entonces que no presenta avance alguno.

A pesar del mínimo progreso durante los años anteriores, las comunidades disidentes mantienen esperanza en el futuro con el interés del nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ha levantado las demandas de igualdad e identidad de género como uno de los ejes de su programa.

Así se demostró durante el Día de la Visibilidad Trans y los diversos actos que se desarrollaron, como el que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, donde por primera vez autoridades de gobierno izaron la bandera trans. La actividad fue encabezada por la primera dama, Irina Karamanos, junto al Presidente Gabriel Boric; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; la diputada Emilia Schneider; y diversas organizaciones sociales. Ante esto, Cortéz asegura: “Es un tremendo indicio y un gesto gigantesco, siendo la primera vez que un gobierno conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans”.