Derecho a la información

El castigo civil a la cámara oculta: el caso del ex juez Calvo

Por ~ Publicado el 9 julio 2014

El caso Calvo-Chilevisión sigue dando de qué hablar. El siguiente texto analiza el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre el juicio civil iniciado por el hoy Fiscal Judicial en contra del canal. Daniel Calvo y su familia pedían 320 millones de indemnización, pero la Corte redujo la cifra a menos del 10 por ciento. Pedro Anguita explica las razones.

Daniel Calvo, ex Ministro de la corte de Apelaciones, hoy Fiscal Judicial. Foto: El Mercurio

El 26 de junio de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció sobre la demanda civil de indemnización de perjuicios que presentó el actual Fiscal Judicial Daniel Calvo, en el célebre caso de las cámaras ocultas que utilizó Chilevisión en el contexto del caso Spiniak ocurrido hace más de 10 años, el 11 de noviembre de 2003. Igual de extenso y conocido fue el caso de la doctora Cordero, en que el mismo canal de televisión introdujo un equipo periodístico con cámara escondida a su consulta, y posteriormente difundió imágenes al momento de otorgar licencias médicas a personas que simulaban enfermedades.

Tanto la Doctora Cordero como el ex juez Calvo no solo recurrieron a la vía penal, buscando castigos punitivos en contra de los periodistas de Chilevisión, sino también dedujeron demandas civiles con el fin obtener una reparación económica por el daño moral provocado por el acto intrusivo en ambas investigaciones periodísticas. El caso Cordero terminó tanto en el juicio penal y civil, y la Corte Suprema de Justicia tuvo un rol decisivo en ambos pleitos. En el juicio criminal, en que el juzgado del crimen y la Corte de Apelaciones habían condenado a cuatro periodistas de Chilevisión, la Suprema acogió un recurso de casación, anuló las condenas penales y con ello absolvió a dichos profesionales. En marzo del 2014, la Corte Suprema acogió nuevamente el mismo recurso de nulidad, esta vez respecto del juicio civil, anulando la condena a 50 millones de pesos que los tribunales de la instancia habían condenado a Chilevisión.

El caso Calvo aún se encuentra pendiente en el juicio civil, pues el máximo tribunal de justicia del país ya se pronunció en el proceso penal, en que si bien confirmó la condena a tres periodistas de Chilevisión y al que grabó la conversación —Sebastián Rodríguez—, anuló la que había recaído en el Jefe de Prensa del canal, el hoy senador Alejandro Guiller.

En el juicio civil, el 6° Juzgado de Santiago condenó a Chilevisión a pagar por concepto de daño moral de Calvo, su mujer y cada uno de sus hijos la suma de 320 millones de pesos (200 millones a Calvo y 20 millones para su cónyuge y para cada uno de sus 5 hijos: 120 millones). La Corte de Apelaciones recientemente se pronunció, y aunque confirmó el fallo, introdujo varias modificaciones y agregó razonamientos interesantes que expondremos.

Daño moral: ¿a quién?

Uno de ellos fue la impugnación de Chilevisión a la legitimación de la cónyuge y de los hijos de Calvo para haber demandado, pues en su tesis, los bienes jurídicos que supuestamente se lesionaron fueron la privacidad y la honra de Calvo y no la de sus familiares. El 27° Juzgado Civil de Santiago había desestimado dicho reclamo, pues un delito o cuasidelito —afirmó— puede dañar a personas en distintas formas, por lo que puede demandar por daño moral tanto la víctima directa —la persona en la que recae la ofensa o injuria— como aquellos que sin tener tal calidad también lo sufren en razón de que el daño inferido a aquél, los hiere en sus propios sentimientos o afectos. Así, por ejemplo, también se sanciona el ultraje a la memoria de un difunto.

Esta posición corresponde a la del famoso civilista Arturo Alessandri, que estimaba que los herederos podían demandar reparación por el daño sufrido por las ofensas o ultrajes, acción que les pertenece por derecho propio a tales personas por el daño producido, que no lo han sufrido como herederos del difunto, sino en calidad de parientes o seres que le tenían afecto.

No obstante, al reconocer tal derecho la Corte de Apelaciones distinguió los efectos de la grabación de Chilevisión respecto a Calvo y el de su mujer e hijos. La Corte destacó lo aseverado por el mismo Calvo, que reconoció que “sus actuaciones pudieron no ser las más afortunadas, y que han sido objeto de una profunda reflexión personal y familiar, a partir de la cual han podido salir adelante”. Por tales razones, para la Corte de Apelaciones en caso de haber daño moral para la cónyuge e hijos de Calvo, no se derivó de la grabación oculta, sino del conocimiento que ellos tuvieron de los hechos en que incidía la grabación.

En tal sentido, fue el mismo Daniel Calvo el que informó de los hechos a su cónyuge e hijos, primero mediante la declaración pública que efectuó a las 9:30 horas del día 5 de noviembre de 2003 y, luego, por la difusión que hizo Chilevisión con la anuencia de Calvo, lo que no fue objeto de reproche alguno en el juicio penal.

Colisión de derechos

Una reflexión interesante efectuó la Corte en el conflicto entre el derecho a la intimidad del demandante y el derecho a la libertad de información de Chilevisión del pleito: “20° (…) en un asunto de evidente interés público, dicha tensión debe resolverse en favor de la intimidad, en tanto se utilizó para acceder a ella un medio intrusivo que no puede ser legitimado en función de la finalidad que se perseguía. El reproche entonces viene dado por la forma en que se obtuvo la información, sin cuestionar el interés público que ella revestía”.

Añadió el tribunal que no era posible reconocerle a los medios de comunicación un poder extraordinario en función de la libertad de información y el interés público comprometido, pues tal ejercicio debe darse dentro de un marco constitucional y legal, lo que no ocurrió con la grabación efectuada por el canal de televisión.

Definir el monto de la indemnización

Otro asunto destacado, que tendrá efectos en el fallo, fue la referencia de la Corte de Apelaciones a la entidad del daño moral y el monto a indemnizar a ex juez Calvo, que el tribunal de primera instancia había fijado en 200 millones de pesos.

La Corte dando por establecido el hecho ilícito atribuible Chilevisión, se refirió a la magnitud del daño acreditado por los testigos que presentó Calvo y que se refirieron a la angustia provocada por la grabación, la baja en la autoestima, la afectación a su honor y dignidad, y a que la grabación implicó un severo cuestionamiento entre sus pares y respecto de sus superiores con consecuencias nefastas en lo personal, en lo familiar y en lo profesional.

Para fijar el monto indemnizable la Corte de Apelaciones  consideró lo que en la responsabilidad extracontractual se denomina como “la exposición imprudente al riesgo” de Calvo, puesto que este sabía desde antes que algunos medios de comunicación buscaban información sobre los hechos de la grabación oculta, y que dada la connotación pública del llamado “Caso Spiniak” que investigaba como juez debía imaginar que hechos de esta especie podían ocurrir.

En segundo término, la Corte expresó la necesidad de atender al marco legal del daño moral en la judicatura chilena, considerando los montos que se suelen conceder por otras pérdidas, como en materia de violación de derechos humanos o de accidentes del trabajo, y también el fin resarcitorio de la  indemnización, no punitiva ni mucho menos lucrativa, pues debe reflejar lo más fielmente posible el daño causado. Imposibilitado de reparar lo que en el derecho civil se denomina in natura, la Corte optó por una indemnización por equivalencia, es decir, la entrega de una cantidad de dinero correspondiente al daño sufrido. En base a ambos factores, la Corte de Apelaciones rebajó los 200 millones fijados por el tribunal civil a la suma de 20 millones, un 10 por ciento de lo fijado en primera instancia. Además, desestimó la demanda de la cónyuge e hijos, que sumaba 120 millones más.

Qué queda del caso

Chilevisión tiene aún la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para que invalide dicha sentencia. En marzo de 2014 el máximo tribunal de justicia del país anuló el fallo que ordenó el pago de 50 millones a que había sido condenado Chilevisión como reparación civil en favor de la doctora Cordero, quien fue grabada en su consulta entregando licencias médicas. El argumento para desestimar su pretensión fue la falta de prueba del daño moral. Pero en el juicio penal de la doctora Cordero Chilevisión podría encontrar argumentos de defensa para el caso Calvo.

En el pleito de la doctora Cordero la Corte Suprema sostuvo que no se acreditó una intromisión no autorizada en su vida privada, en razón a que la grabación no la realizó un tercero ajeno capaz de actuar como titular de la acción intrusiva,  decidiendo no sancionar penalmente su difusión. El criterio en dicho caso fue que los interlocutores, titulares de la conversación y dueños de su contenido podían reproducirla como ocurrió, y que no existieron observadores ilegítimos de la información revelada.

Si el fundamento de la reparación civil al ex juez Calvo y hoy Fiscal Judicial fue la ilicitud de la conducta de Chilevisión de la grabación que efectuó uno de las partes que sostuvieron la conversación, ¿debería nuestra Corte Suprema aplicar el mismo criterio en el caso de la Dra. Cordero? En caso contrario, ¿cuáles serían las razones de nuestro máximo tribunal de justicia para tratar en forma tan desigual dos casos que poseen muchas similitudes?

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