Opinión

Consejo para la Transparencia y su nueva integración

Por ~ Publicado el 23 noviembre 2011

En la siguiente columna, el abogado Juan Pablo González aborda el presente del Consejo para la Transparencia y reafirma su relevancia, pese a los reparos de la clase política. “Es de esperar —escribe— que el Consejo con su nueva integración ejerza su autonomía plenamente, fortaleciendo los mecanismos democráticos de fiscalización y no incentivando una cultura de secretismo y reserva”.

Uno de los grandes logros en materia de profundización democrática en Chile ha sido la promulgación de la ley 20.285 sobre Transparencia y acceso a la información pública. Es esta normativa la que ha logrado un cambio en el Estado en cuanto permitir un paso del secretismo a la publicidad de los actos del Estado, en conformidad a los estándares internacionales en derechos humanos y especialmente, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes contra Chile.

Justamente, uno de los mayores avances de la Ley fue la creación del Consejo para la Transparencia, el cual tiene por objeto velar por el cumplimiento de la normativa, lo que implica en la práctica contar con un mecanismo que verifique que el Estado publique la información que la misma ley obliga mantener actualizada a todo el Estado en sus páginas web –transparencia activa- y que por otra parte, resuelva los conflictos que puedan surgir a partir del rechazo total o parcial por parte del Estado para entregar determinada información requerida –solicitud de acceso a la información o lo que se ha denominado
como transparencia pasiva-.

La relevancia del Consejo es enorme. La experiencia en materia del ejercicio de derechos fundamentales señala que muchas veces se reconocen los derechos humanos como meras declaraciones políticas de los Estados, pero que en la práctica se ven enfrentados a serios obstáculos para su ejercicio. Es en ese contexto que resulta fundamental el Consejo para que fiscalice que la ley de acceso a la información no sea solamente una declaración política de intenciones, sino que un derecho que como tal obligue al Estado a entregar la información.

“Aunque la clase política no lo quiera reconocer, un organismo autónomo, con facultades sancionatorias vinculantes en materia de transparencia y acceso a la información, siempre será visto con sospecha”.

En este sentido, a partir de abril de 2009 el Consejo ha cumplido en reglas generales su función. El mejor signo de esto último fue el difícil proceso de designación de los nuevos consejeros. Esto porque aunque la clase política no lo quiera reconocer, un organismo autónomo, con facultades sancionatorias vinculantes en materia de transparencia y acceso a la información, siempre será visto con sospecha. Por lo mismo, si el Consejo muestra una tendencia hacia revocar las negativas de entrega de la información, la clase política querrá nombrar personas más cercanas a los partidos políticos de manera tal de tener mayor control sobre las decisiones. En otras palabras, designar gente de confianza que no los moleste.

Esto último es una pésima noticia para la libertad de expresión y en especial para el acceso a la información. Estos derechos constituyen herramientas fundamentales en una democracia para el control ciudadano sobre sus autoridades, de manera tal que permita mayor participación y responsabilidad de las autoridades políticas sobre sus decisiones. Así, un Consejo integrado por personas cercanas a los partidos políticos, no constituye una garantía para las personas en materia de acceso. Por lo mismo, hubo un rechazo a los primeros candidatos a suceder a los salientes consejeros Juan Pablo Olmedo y Raúl Urrutia, ya que Samuel Donoso y José María Eyzaguirre, eran personas cercanas a los partidos, cuya trayectoria no daba suficientes garantías para el funcionamiento del Consejo. A tal punto llegó la presión que ambos bajaron sus candidaturas.

Finalmente, han sido designados José Luis Santa María y Vivianne Blanlot. Si bien no me parece la persona más adecuada una ex ministra de Defensa, ministerio donde toda información se presume secreta por afectar la seguridad nacional, se debe aplaudir que finalmente llegue una mujer al Consejo. Conocida es la realidad nacional con una escasa participación de la mujer en los centros de toma de decisión, por lo que este nombramiento es un hecho no menor.

No queda otra opción como sociedad que continuar nuestra labor democrática de seguir fiscalizando a las autoridades políticas mediante la solicitud de información, y es de esperar que el Consejo con su nueva integración ejerza su autonomía plenamente, fortaleciendo los mecanismos democráticos de fiscalización y no incentivando una cultura de secretismo y reserva.


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