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Lo que dicen los medios y los negociadores sobre el Acuerdo de Paz en Colombia

Por y ~ Publicado el 26 septiembre 2016

Por Camila Aranaga Hernández y Laura Tatiana Rojas. Cuatro años de diálogos formales en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más dos años de conversaciones secretas para formalizar lo que sería la agenda a tratar, se condensan hoy en 297 páginas que estructuran lo pactado alrededor de seis puntos que serán aprobados o rechazados por los colombianos el próximo 2 de octubre.

MAs de nueve mil personas marcharon en Bogota por la paz de Colombia. Crédito: CEET Fotógrafo: JUAN DIEGO BUITRAGO

Crédito: CEET. Fotógrafo: Juan Diego Buitrago.

Con el objetivo de realizar una jornada en la que los estudiantes fueran a votar informados, la Universidad Jorge Tadeo Lozano realizó el pasado 16 de septiembre el conversatorio “¿Sí o no? Ficciones y Realidades del Acuerdo de Paz”, en el que los delegados del Gobierno en las negociaciones de La Habana con las FARC, Humberto de la Calle y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; junto a los plenipotenciarios General Óscar Naranjo y Frank Pearl, respondieron las preguntas de los estudiantes y de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y politóloga Sandra Borda, mediadora del evento, ante más de mil asistentes.

A partir de lo dialogado en este espacio, analizamos y confrontamos lo dicho por los negociadores y los medios de comunicación colombianos, con la intención de reconocer el ejercicio informativo que se está realizando en el país en este momento histórico que definirá en gran medida su futuro político, social y económico.

LOS DINEROS DE LAS FARC

En La Habana se habló de la entrega del dinero, fruto de negocios legales e ilegales que ha llevado a cabo el grupo guerrillero, para utilizarlo en la reparación de las víctimas. Sin embargo, Iván Márquez, integrante y delegado de las FARC en las negociaciones, afirmó que el grupo no tenía dinero. “Se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. ¿Qué le hemos dicho nosotros al Gobierno o a sus plenipotenciarios en la mesa de conversaciones? ‘Todas las cuentas bancarias de las Farc en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación, todas’. Pero es que nosotros no tenemos”.

Como consecuencia de estas afirmaciones, un artículo de María Flórez en ¡Pacifista!, y reproducido en El Espectador, explica cuáles son los negocios base de la economía del grupo guerrillero, a partir de datos obtenidos del computador del exjefe guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”, quien fue abatido en un bombardeo del Ejército en 2010. Principalmente, se reconoce al narcotráfico y la minería ilegal como fuente de financiación, así como la extorsión a ganaderos y comerciantes de diferentes regiones del país, y el uso de tierras nacionales en labores de agricultura. “En departamentos como Meta y Caquetá han ocupado tierra del Estado para sembrar y para engordar ganado”, dice el artículo.

Las Farc también hicieron inversiones en fincas, medios de transporte y maquinaria. “Habrían establecido montos para el transporte de cocaína: $50 mil [US $17] por kilo para los embarques marítimos, $3 millones [US $1.036] por cada avión monomotor cargado, $4 millones [US $1.382] por bimotor y $6 millones [US $2.063] por avión DC-3. Pese al significativo volumen de ingresos que pudo haber generado esa estrategia, fuentes de la Fiscalía aseguran que hasta hoy no se ha detallado a fondo si cumplieron con ella ni se ha calculado la cantidad de recursos que efectivamente generó” afirma la periodista.

Humberto de la Calle aclaró que el Estado continuará buscando los dineros del grupo guerrillero. “Respecto de los bienes, textualmente dice: ‘Las Farc se comprometen a reparar materialmente’, palabra textual ‘materialmente’. Se estableció en el acuerdo que el nuevo partido político que surja de las Farc, si usa bienes ilícitos, pierde la personería. En el proyecto de ley de Amnistía se dejaron intactos todos los mecanismos para perseguir los bienes ilícitos. Ellos tienen que seguir respondiendo por sus fuentes de ingreso y el Estado no perdió ni uno solo de los mecanismos para lograrlo”.

LAS  FARC EN EL CONGRESO

De los seis puntos acordados en La Habana, el que logró acaparar en mayor medida la  atención de la oposición y los medios de comunicación fue el segundo: participación política. En el Acuerdo Final se propone un nuevo escenario en el que el grupo armado deja las armas para proponer y defender sus ideas de cara al Congreso de la República y  sus miembros. Por su parte, el Gobierno promete garantías para la participación: cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado, desde 2018 y hasta 2026.

A principios de julio de 2015, en un artículo de El País de Cali se debatió sobre la posibilidad de que los desmovilizados de un eventual acuerdo pudieran llegar a hacer política. Ahí, la líder del Partido Conservador Colombiano, Marta Lucía Ramírez, expresaba su desacuerdo con lo que hoy es una realidad. “La entrada de las Farc a hacer política debe preverse para gente que esté en mandos medios hacia abajo, porque los principales responsables de crímenes de lesa humanidad no deben participar en política, hasta tanto hayan pagado sus penas y asumido su compromiso con la justicia. Sería una bofetada seguir cediendo a las Farc”.

Contrario a lo que proponía la excandidata a la Presidencia, un artículo de opinión de Héctor Riveros, publicado en La Silla Vacía, afirma que la negociación para este punto fue poco provechosa para las FARC en consideración a acuerdos con grupos anteriormente desmovilizados. “En materia de beneficios políticos, las Farc sí que lograron poco en La Habana. Tendrán garantizada una representación equivalente a la de una de las bancadas más pequeñas del Congreso y recibirán una financiación similar a la que recibe un partido político mediano. Si se compara, por ejemplo, con lo que recibió la Corriente de Renovación Socialista en el año 1994 que fueron dos representantes a la Cámara, a cambio de poco más de 400 guerrilleros desmovilizados, las Farc lograron muy poco (10) en éste acuerdo a cambio de qué se yo, quizás 15.000 desmovilizados voluntariamente”.

Al no existir un censo se desconoce una cifra oficial sobre cuántos serán los desmovilizados en caso de que la ciudadanía refrende el Acuerdo Final con el plebiscito. Sin embargo, el Presidente Juan Manuel Santos hizo una estimación. “Yo calculo que en las Farc hay cerca de 7.500 hombres en armas y démosle una cifra muy generosa: unos 10.000 milicianos”. Mientras que la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía hace el conteo de 13.892 en total, de los cuales 6.382 (45,9 %) estarían en armas.

En el debate Humberto de la Calle manifestó la preferencia hacia la participación de los desmovilizados de las Farc en el Congreso como mecanismo de “rendición de cuentas” de sus propuestas, frente a la lucha armada. Igualmente, clarificó lo que el Gobierno se comprometió a darles. “Se discute muy duramente la idea de que haya cinco señores de las Farc en el Senado y cinco en la Cámara, pero allí también hay que hacer algunas precisiones. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones y de lo que pedían al principio las Farc, se convino que se presentan a elecciones en el año 2018 como cualquier otro. El Estado lo que les garantizó es un mínimo de presencia en el cuerpo representativo pero el compromiso de ellos es entrenarse para la democracia electoral, o sea tienen que participar en elecciones”.

LAS FARC EN LA VIDA CIVIL

Uno de los grandes retos en este acuerdo de terminación del conflicto es la reintegración de miembros de las Farc a la vida civil. Los medios de comunicación y la sociedad colombiana  se preguntan cómo va a ser el proceso de reincorporación a la vida social y política de los excombatientes.

En el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc se contempla que, dentro de los primeros 60 días, en las zonas de concentración se debe realizar un censo socioeconómico para así suministrar la información que se requiere para el proceso de reincorporación integral a la vida social de los excombatientes. Ellos recibirán una asignación única que equivale a 2 millones de pesos (US $691) para gastos personales, y para aquellos que propongan un proyecto de emprendimiento habrá la suma de 8 millones de pesos (US $2.764), con el objetivo de ejecutar dicha idea.

También contarán con una asignación mensual durante dos años y, a diferencia de los que se escuchó en algún momento del proceso de paz, no será de 1,8 millones de pesos (US $621). “Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las Farc-EP a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV (cerca de $620.000 [US $214]), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos”, señala el acuerdo final.

En un debate realizado por El Tiempo, expertos internacionales se pronunciaron frente al retorno de los combatientes a la vida civil. Uno de ellos fue Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reintegración, quien afirmó: “El modelo de reintegración que aplica Colombia es mucho más exitoso que cualquier modelo de socialización que se implementa en cárcel. La cárcel cuesta 18 millones [US $6.219] al año por persona y su tasa de éxito es de apenas 30 % y el modelo de reintegración cuesta al año cerca de 5,8 millones [US $2.000] y un éxito del 76 %”. Mitrotti también enfatizó en que para iniciar un buen trabajo de reintegración se debe “tener una visión humanista y dignificar al ser humano que fue combatiente y hoy quiere ser ciudadano”.

Durante el conversatorio, Frank Pearl, negociador del gobierno con las Farc, explicó: “Hay 600, ojo, más de 600 fundaciones y empresas que apoyan en algún momento el proceso de la reintegración en más de 600 municipios del país. Aquí no se trata únicamente  de brindar oportunidades de empleo, se trata de dar apoyo psicosocial pero sobre todo dar apoyo técnico. Aquí no estamos hablando de que también es deseable salir a buscar o pedirles a los empresarios que contraten a una persona que hizo parte de la Farc, no. Esto es un proceso complejo donde ellos vuelven a sus comunidades, se van ganando confianza en estas y en la medida que hay confianza la gente empieza a verlos como seres humanos, que vivieron una historia distinta, que tienen como no delinquir. Poco a poco lo hemos visto, se abre la oportunidad”.

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